REFORMA DE LEY N° 18.892 EN CUANTO A SUSTENTABILIDAD DE RECURSOS; PESCAS INDUSTRIAL Y ARTESANAL, E INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimados colegas, esta es una de las más importantes discusiones legislativas que hemos enfrentado en el año. Ella no solo recae sobre la administración sustentable de los recursos pesqueros: desde mi perspectiva, debe marcar la manera como los políticos que nos sentamos en el Hemiciclo demostramos, con nuestros votos y no únicamente con discursos, la posición que mantenemos respecto al régimen en los recursos naturales y el reparto de la riqueza en nuestro país.

Parto por declarar mi postura política: estoy por la sustentabilidad ambiental, social y económica en la explotación de los recursos naturales que nos pertenecen a todos.

Mucho se ha hablado en esta Corporación, en las redes sociales, en los medios de comunicación, especialmente en las últimas semanas, de la necesidad de desarrollar una "política nacional del litio" o una "política nacional del agua", en el entendido de que son elementos que nos corresponden a todos y cuya explotación, por lo tanto, también debiera beneficiarnos a todos. Espero que tengamos la oportunidad de debatir acerca de estos temas, que es lo que nos demanda la sociedad chilena. Pero hoy tenemos una oportunidad histórica de discutir y demostrar con nuestro voto qué les ofrecemos a la presente y a las futuras generaciones en materia de recursos pesqueros.

Crecí, en la Democracia Cristiana, con el orgullo de una historia en defensa de los recursos naturales, los que deben ser protegidos y administrados mediante una regulación que garantice el bien común, como expresión de justicia y equidad social. Esos fueron los fundamentos de la chilenización del cobre y la Reforma Agraria, ambas realizadas bajo el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva y expresiones políticas de un Partido dispuesto a enfrentar a los poderes económicos, en pos de la distribución de la riqueza, la generación de oportunidades y la protección del más débil. Espero que hoy estemos a la altura de los nuevos desafíos.

Una de las controversias que atraviesan toda la discusión es la de a quién pertenecen los peces. Para la Senadora que habla, no cabe duda de que son de todos los chilenos, y tanto de las actuales como de las futuras generaciones. En los diálogos que he mantenido en el país se me ha preguntado, una y otra vez, cómo es posible que el Congreso esté cuestionando tal afirmación, que alguien quiera arrogarse derechos de propiedad sobre los peces futuros o que alguien pretenda entregar a perpetuidad licencias de explotación a unas pocas familias. El sensato juicio ciudadano, ese sabio sentido común, al parecer no permea en el Gobierno ni en parte del Congreso.

Formulada esta primera definición, la explotación de los recursos que nos ocupan debiera generar ciertamente el máximo valor para todos los chilenos. Por ello, los principios que planteo para el debate son los siguientes.

Primero: si los peces son de todos los chilenos, presentes y futuros, aseguremos la sostenibilidad de la biomasa.

Señor Presidente, todos coincidimos en que uno de los principales problemas de la institucionalidad vigente es la sobreexplotación. En efecto, en 2001 se capturaba en el país un millón 400 mil toneladas de jurel, nuestro principal recurso pesquero, en tanto que durante 2012 no se podrá exceder de 260 mil toneladas. Desde 2001, los científicos del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) han declarado anualmente en sus informes, sin excepción, que se sobrepasan los límites biológicos seguros o precautorios.

Sin embargo, cada año, la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) se han pronunciado en el Consejo Nacional de Pesca por aumentar las cuotas recomendadas por los científicos. Solo para los años 2009 y 2010, ello significó que fueran 86,6 y 73,3 por ciento mayores que las planteadas para asegurar la sustentabilidad del recurso.

Por ello, celebro el avance que contiene el proyecto de ley, en términos de sacar al Consejo del sistema de determinación de la cuota global pero la solución propuesta no garantiza ni autonomía ni calidad científica para asegurarnos una toma de decisiones adecuada. Al respecto, creo que el Instituto de Fomento Pesquero debiera ser el "Banco Central del Mar", como lo han llamado sus propios funcionarios, que asegurara una rigurosidad técnica exenta de presiones políticas o empresariales y garantizase a todos los actores que el principio de conservación será respetado. Lamentablemente, no tengo iniciativa parlamentaria para ello, pero desde ya me parece que si el Gobierno no quiere abordar el punto, es algo que debe hacer el próximo.

Segundo: si los peces son de todos los chilenos, presentes y futuros, a estos les pertenece el acceso al mar para aprovechar privadamente dichos recursos.

Por razones de conservación y administración pesqueras, la ley ha cerrado el acceso libre a la captura de algunas especies. Para tal efecto, en los 20 años anteriores se han definido distintos mecanismos de política pública. El último de ellos, la asignación de cuotas a los industriales por "historia de pesca", no significa reconocerles a los "históricos" derechos "preferentes" o "mejores". Es algo que sería inaceptable e inconstitucional, ya que se traduce en una discriminación arbitraria y vulnera el principio de libertad para desarrollar cualquier actividad económica que nos corresponde a todos los chilenos.

Quiero recordar las palabras del entonces Senador señor Alejandro Foxley pronunciadas en el Hemiciclo con motivo de la discusión de la iniciativa legal de 2001: "Es importante que la ley en proyecto no se entienda como una consagración del statu quo en lo referente a cuotas de pesca. En este aspecto debe recogerse la idea de la licitación de cuotas gradualmente transferibles a través del tiempo, de tal manera que a futuro haya cierto libre acceso al sector y éste quede abierto a la competencia.".

Si los peces son de todos los chilenos, es inaceptable que un grupo de industriales reclame "derechos históricos". Una entrega a perpetuidad a ellos, mediante licencias indefinidas o con plazos que se asemejan bastante a la perpetuidad, significa crear un verdadero "latifundio" en el mar.

No puede darnos lo mismo si el que pesca hoy lo hace en virtud de una asignación legítima o una ilegítima. No es lícito decirles a todos nuestros compatriotas: "Las únicas que pueden pescar son las tres empresas que vienen aprovechando el recurso de todos desde hace décadas".

Señor Presidente, he expuesto en forma pública que el único mecanismo transparente, abierto y que no implica una discriminación arbitraria ni priva del derecho a desarrollar cualquier actividad económica es una subasta abierta de la cuota industrial. Adicionalmente, de ese modo se fija el precio justo.

Pero no solo se plantea la falta de legitimidad, sino también el hecho de que no podríamos contar con una herramienta de política pública. Esta última encuentra un excelente instrumento en la licitación, que permite determinar un tope para la concentración industrial; definir qué parte de las asignaciones se realicen conforme a criterios regionales, tales como la creación de empleos en zonas específicas; imponer cuotas para las pymes; caducar el permiso en caso de incumplimientos legales o de las bases, etcétera.

Ciertamente, y para la tranquilidad de los trabajadores del sector industrial -hoy día presentes en las tribunas-, ello debe hacerse protegiendo los empleos, de manera gradual y paulatina. Estoy disponible para buscar el mejor sistema que concilie los principios que he señalado: protección de los puestos laborales y no discriminación arbitraria.

El Ejecutivo presentó en la Cámara de Diputados una fórmula que, sin duda, no satisface los criterios consignados. Desde ya, hago reserva de constitucionalidad en relación con el proyecto de ley, ya que a mi juicio se están vulnerando los principios de libertad para desarrollar cualquier actividad económica y de no discriminación arbitraria.

La posición ciudadana y de los expertos sobre cuál es la mejor manera de asignar nuestros recursos es unánime. El único lugar donde ella no logra permear es en el Congreso y en el Ejecutivo. Y ello, señor Presidente, es preocupante. La crisis de confianza en la institución parlamentaria pasa por la diferencia entre nuestros discursos y nuestros votos.

Tercero: si los peces son de todos los chilenos, presentes y futuros, el acceso al mar debe propender a beneficiar al máximo de compatriotas y generar tanto empleo como valor.

La sustentabilidad no implica solo proteger y recuperar la biomasa, sino que también dice relación con lo social en la medida en que contribuye al fomento y desarrollo del sector artesanal y agrega valor a la producción pesquera nacional. Por ello, insisto en que el debate también se refiere a cómo se distribuye la riqueza en nuestro país.

Tenemos 80 mil pescadores artesanales que, literalmente, se "reparten la pobreza" de nuestro mar...

--(Manifestaciones en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Ruego mantener silencio a quienes se encuentran en las tribunas.

La señora RINCÓN.- Esa actividad no solo representa un empleo, sino también un modo de vida, una cultura y toda una economía local; pero las cuotas que el Congreso le concedió en el año 2001 son absolutamente insuficientes.

El Ministro señor Longueira instaló una mesa de negociación con parte de los actores del sector artesanal, los que lograron un acuerdo de fraccionamiento que se anunció como un gran logro. Para promocionar la idea, se nos ha señalado que ello significa crecer en ese ámbito en aproximadamente 34 millones de dólares.

Señor Presidente, ¿sabe usted en cuánto se valoriza la cuota que el proyecto les asigna a los industriales? ¡En más de 700 millones de dólares! ¡Y para apenas cuatro empresas, que concentran el 95 por ciento en este ámbito!

En tiempos en que hablamos de redistribución de la riqueza, de la necesidad de mayores niveles de igualdad en la sociedad chilena, tenemos en nuestras manos una herramienta concreta para avanzar en el sentido correcto. Como la materia es de iniciativa parlamentaria, llamo a mis Honorables colegas a construir un gran acuerdo que favorezca de mejor manera al sector artesanal en los próximos diez años, en forma progresiva y paulatina, y, de ese modo, no dañemos el empleo en el sector industrial. Desde ya,...

--(Manifestaciones en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Advierto a las personas que se hallan en las tribunas que me veré obligado a solicitar su desalojo si no mantienen la tranquilidad. No me hagan amenazar. Una manifestación más y así lo dispondré.

Puede continuar la Senadora señora Rincón.

Si no se le permite concluir como corresponde, se tomará la determinación que he anunciado.

La señora RINCÓN.- Desde ya, señor Presidente -y con esto voy terminando-, anuncio que presentaré indicaciones en el sentido expresado.

Y solo como un dato: desde marzo de 2010 a la fecha se han perdido 25 mil puestos laborales en la industria, según informaciones oficiales de la Dirección del Trabajo.

En el sistema actual, adicionalmente, las empresas no han pagado el costo real de las cuotas pesqueras. Hoy cancelan entre 25 y 30 millones de dólares anuales por patentes. Un estudio de los profesores Mauricio Villena, Jorge Niño y Franco Zecchetto estima que, por concepto de licitación de cuotas a diez años, se podrían recaudar entre mil 500 y mil 700 millones. En comparación, las entidades que operan en la actualidad no han pagado más de 300 millones en el mismo período. Es decir, las rentas para el Estado se podrían al menos quintuplicar.

Lamentablemente, la propuesta del Gobierno en materia de royalty es del todo insuficiente y, según sus propias cifras, las empresas cancelarán incluso menos de lo que ya enteraban por concepto de patente pesquera, lo que, a todas luces, es un regalo inaceptable.

El señor ESCALONA (Presidente).- Concluyó su tiempo, señora Senadora.

Tiene un minuto más.

La señora RINCÓN.- Gracias, señor Presidente.

Ciertamente, el proyecto de ley contempla otros aspectos, a los cuales, por una cuestión de tiempo, no podré referirme. He preferido centrarme en los puntos principales que, a mi juicio, plantea la discusión.

Finalmente, frente a la crisis de confianza de los chilenos con relación a la política y al Congreso, pienso que una de sus principales causas es que mucho se habla, pero, a la hora de votar, las voluntades son distintas. En septiembre del año recién pasado, trece Senadores, a quienes se sumaron posteriormente otros, presentamos una moción en la que fijamos nuestra posición respecto de la pesca. No he cambiado en ninguno de los aspectos que suscribí en esa época.

Como partí declarando que mi postura política en este ámbito es la sustentabilidad ambiental, social y económica en la explotación de los recursos naturales que nos pertenecen a todos, anuncio mi voto en contra del proyecto en general, ya que, en conjunto, no cumple con los objetivos que he planteado como base del nuevo desarrollo ambiental, social y económico que espero para nuestro país.