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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 360ª
Sesión 38ª, en miércoles 1 de agosto de 2012
Ordinaria
(De 16:19 a 19:31)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES CAMILO ESCALONA MEDINA, PRESIDENTE,
Y ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS A DEUDORES DE CRÉDITO CON GARANTÍA ESTATAL


El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal y modifica la ley N° 20.027, con informe de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7898-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 92ª, en 31 de enero de 2012.
Informes de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 37ª, en 31 de julio de 2012.
Hacienda: sesión 37ª, en 31 de julio de 2012.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los objetivos principales del proyecto son:
-Favorecer a los estudiantes que hayan accedido al sistema de crédito con aval del Estado con anterioridad al 31 de diciembre de 2011, permitiendo rebajar la tasa de interés a la que están sujetos sus créditos a 2 por ciento real anual.
-Posibilitar que los deudores puedan pagar de manera contingente a sus ingresos.
-Incrementar el número de instituciones facultadas para entregar financiamiento al sistema de créditos y modificar la ponderación por riesgo que estipula la Ley de General de Bancos asociada a los créditos con aval del Estado.
-Asegurar a todos los alumnos que a futuro se beneficien con créditos objeto de garantía estatal que pagarán un interés anual real de 2 por ciento.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología aprobó la idea de legislar por tres votos a favor y una abstención. Se pronunciaron favorablemente los Senadores señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y señor Walker (don Ignacio), y se abstuvo el Senador señor Navarro.
Por su parte, la Comisión de Hacienda la acogió por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Rincón y señores Frei (don Eduardo), García, Lagos y Novoa.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión la idea de legislar.
Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.


El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, estamos conociendo un proyecto muy importante que busca otorgar beneficios a los deudores del crédito con aval del Estado, que es un aspecto del financiamiento de la educación superior chilena.
No está de más recordar que la cobertura en ese ámbito aumentó de 200 mil alumnos en 1990 a un millón 100 mil a fines de 2011. Por lo tanto, ha habido un esfuerzo de país en términos de cobertura, lo cual constituye un elemento de democratización de la educación superior verdaderamente sin precedentes en nuestra historia.
Uno de los problemas que afligen a los estudiantes y a sus familias, en especial de la clase media, es el tremendo endeudamiento en que han debido incurrir muchos de ellos para financiar los estudios de nivel superior.
En el mes de enero dimos un primer paso muy relevante en la dirección de aliviar esa carga, esa mochila financiera que pesa sobre la clase media chilena. Porque, más allá de la buena noticia del tremendo aumento en materia de cobertura, existe una mala noticia: el sobreendeudamiento de muchas familias.
En esa oportunidad, el Congreso despachó la iniciativa que permite la reprogramación del crédito universitario, que benefició a 110 mil deudores morosos del Fondo Solidario.
Con el proyecto que ahora discutimos estamos dando otro paso trascendente en esa dirección.
Señor Presidente, dado que los señores Senadores han formulado muchas preguntas sobre la materia, hemos separado lo relativo al crédito con aval del Estado (la situación hacia atrás de quienes están endeudados) de lo concerniente al financiamiento de la educación superior (la discusión hacia delante), iniciativa que se está analizando en la Comisión de Educación.
Por lo tanto, el texto que estamos conociendo hoy día busca resolver problemas hacia atrás, retroactivamente, a efectos de aliviar -insisto- la carga financiera de los estudiantes y sus familias.
Recordemos que la primera medida de financiamiento se adoptó en 1997, en el Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle, mediante la creación del crédito CORFO, que permitió que más de 106 mil alumnos ingresaran a la educación superior.
A pesar de que la CORFO prestaba a los bancos a 3,5 por ciento, estos daban crédito a los estudiantes y a sus familias a una tasa de interés de entre 8 y 9 por ciento. Visto en la actualidad el endeudamiento que ello implicó, se está empezando a revisar esta materia en la Comisión de Educación. Ayer asistió el Ministro de Economía y se refirió a ello.
En definitiva, en ese sistema son 4 mil 300 los morosos, un poco menos del 5 por ciento del total. Se halla pendiente la propuesta que el Gobierno se ha comprometido a enviar para aliviar la carga de esos 106 mil deudores y sus familias.
Después, en el año 2006, perfeccionando el sistema de financiamiento, se instauró el crédito con aval del Estado, el cual ha permitido que 480 mil alumnos ingresen a la educación superior. Sumados a los 106 mil deudores del crédito CORFO, tenemos una cobertura cercana a los 600 mil jóvenes. ¡Buena noticia!
¿Cuál es la mala noticia? Que las tasas de interés del crédito con garantía estatal han sido entre 5 y 6 por ciento. ¡Muy caras! Ello ha significado un sobreendeudamiento de la clase media chilena.
El proyecto que ahora discutimos -lo voy a votar a favor- permite favorecer a 365 mil beneficiarios del crédito con aval de Estado, principalmente a través de dos medidas: por una parte, reducir a 2 por ciento la tasa de interés (hoy día está entre 5 y 6 por ciento), lo que implicará un costo para el Fisco, según el informe financiero, de 94 mil millones de pesos, un esfuerzo importante del país equivalente a cerca de 200 millones de dólares, y por otro lado, permitir el pago de manera contingente al ingreso; es decir, entre un 5 y un 10 por ciento del sueldo que perciba el alumno una vez egresado. Esto último significa un subsidio estatal, que irroga un gasto de 11 mil millones de pesos adicionales.
Si sumamos ambas medidas, estamos hablando de un costo fiscal de 105 mil millones de pesos (más de 200 millones de dólares), los cuales se destinarán a aliviar la carga financiera de esos deudores.
Señor Presidente, aprovechando la presencia del Ministro de Educación, don Harald Beyer, quiero reconocer el esfuerzo que Gobierno y Oposición han hecho en esta materia.
Cada cual tendrá su juicio sobre lo que significaron esos créditos desde una perspectiva histórica. Yo me quedo con lo que son. La buena noticia es que aumentó la cobertura fuertemente; la mala es que ello fue a costa del sobreendeudamiento de esos jóvenes, de sus familias y de la clase media.
¡Este proyecto, por lo tanto, va a traer un alivio muy grande a esos estudiantes! De hecho, el representante de la Agrupación de Endeudados del Crédito con Aval del Estado reconoció en la Comisión de Educación el avance que implica la iniciativa.
Distinto es el proyecto que hemos empezado a analizar referido al financiamiento de la educación superior. Separamos las dos propuestas legislativas: la iniciativa legal que nos ocupa aliviará la situación hacia atrás; la otra buscar resolver el problema hacia delante.
Hoy en esta Sala la Comisión realizó una magnífica reunión -igual que el miércoles anterior a la semana regional-, en la que participaron los rectores de las universidades públicas, de las universidades privadas, de los centros de formación técnica, de los institutos profesionales, y los representantes de la CONFECH, entre otros.
Como Parlamento, tenemos la misión de discurrir sobre un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior hacia el futuro, lo que implica becas, créditos, arancel y acreditación. Este último factor se halla relacionado con lo financiero, aunque indirectamente. El Gobierno se comprometió a ingresar un proyecto en este ámbito durante el segundo semestre del presente año.
Las cuatro patas de esta mesa son beca, crédito, arancel y acreditación.
Bueno, la iniciativa en debate básicamente cubre lo concerniente a los créditos ya otorgados. Ello, obviamente, es una de sus limitaciones. Muchos quisiéramos que en el texto que se nos propone -lo discutimos en la mañana, y así lo planteé- se incluyera un sistema de becas -suele ser una asignación presupuestaria- que aspire a beneficiar a entre 60 y 70 por ciento de los alumnos de menores ingresos (el proyecto pertinente busca favorecer al 60 por ciento, pero algunos desearíamos que fuera al 70; ello será parte de la discusión). Con todo, no hay una referencia al respecto en la iniciativa que nos ocupa.
En estricto rigor, este no es un texto legal sobre financiamiento de la educación superior, sino una normativa acerca del crédito con aval del Estado, en la cual se incorporan dos medidas importantes: bajar a 2 por ciento la tasa de interés anual y establecer un pago contingente al ingreso de hasta 10 por ciento.
Además, se crea una agencia pública -no es la que algunos hemos soñado- para la administración del crédito. Ya no serán los bancos, ni las cajas de compensación, ni las compañías de seguros -así lo proponía el Gobierno en su proyecto inicial, pero modificó tal criterio- los que administren el sistema, sino la Tesorería General de la República con el apoyo del Servicio de Impuestos Internos. Y ahí surge otro problema: no se incluyen recursos para reforzar la capacidad administrativa de ambos organismos públicos.
Con respecto a las becas, algunos quisiéramos que se consideraran en el proyecto por lo menos los parámetros generales.
En cuanto a los créditos, se experimenta un avance importante.
En lo relativo a los aranceles de referencia, el asunto no se halla incluido en esta propuesta. Este es otro problema que hemos planteado en la mañana.
Hoy día existen cerca de 10 mil aranceles en la educación superior. Necesitamos, señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, incorporar en la norma parámetros para definir el arancel de referencia. Eventualmente, se debiera constituir un panel de expertos, que resolviera, con criterios técnicos y objetivos, el talón de Aquiles del sistema de financiamiento: la brecha entre los aranceles de referencia y los reales. Esta es otra deficiencia de la iniciativa.
Se les exige a las instituciones de educación superior hacerse cargo de esa diferencia, con la agravante de que para los dos primeros quintiles (el 40 por ciento) de los alumnos de menores ingresos se pide 100 por ciento de financiamiento. Ello se convierte, por tanto, en un desincentivo para captar a esos estudiantes.
El señor ESCALONA (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
Se le concederá un minuto adicional.
El señor WALKER (don Ignacio).- Gracias, señor Presidente.
Termino señalando que esta mesa de cuatro patas (beca, crédito, arancel y acreditación) debiera conformar un nuevo sistema de educación superior en lo financiero y en lo institucional.
En este último aspecto, se halla pendiente la fijación de un adecuado marco regulatorio para la Superintendencia de Educación Superior. Habrá que discurrir sobre ello, tal como sucedió con lo relativo a la educación escolar. En esa misma línea, se debe avanzar en resolver lo referente a las sociedades espejo y en mejorar el sistema de información y transparencia.
En resumen, la iniciativa en análisis busca solucionar solo lo concerniente al crédito con aval del Estado hacia atrás, propuesta que beneficiará a 365 mil alumnos, mediante la fijación de una tasa de interés de 2 por ciento anual y un pago contingente al ingreso de hasta 10 por ciento.
Por esa razón, voy a votar a favor de la idea de legislar.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Von Baer.


La señora VON BAER.- Señor Presidente, la primera pregunta que uno se hace al mirar este proyecto es ¿por qué estamos discutiendo un cambio a la situación actual del crédito con aval del Estado?
En el año 2005 se estableció este sistema para permitir el ingreso de muchos estudiantes que hasta ese momento no tenían la posibilidad de cursar estudios superiores. En tal sentido -y lo dijo el Senador señor Ignacio Walker-, ello fue una buena noticia, porque aumentó la cantidad de jóvenes que pudieron acceder al financiamiento necesario para estudiar.
Sin embargo, ahora que las primeras promociones de esos estudiantes están terminando sus carreras, nos hemos encontrado con que el crédito con aval del Estado ha generado algunos problemas, que debemos subsanar.
Primero, produjo una fuerte carga de deudas para los estudiantes y una pesada mochila para las familias de clase media cuyos hijos ingresaron a la educación superior por esa vía de financiamiento.
Y segundo, terminó generando un sistema discriminatorio: unos estudiantes tenían mayores beneficios y otros, menores. Hemos discutido muchas veces esta materia en la Comisión de Educación.
Por un lado, los alumnos que postulan al Fondo Solidario reciben una tasa de interés del 2 por ciento anual, y el pago del préstamo es contingente al ingreso; vale decir, cancelan una vez que salgan de la universidad solo si disponen de empleo, lo cual alivia fuertemente las preocupaciones de las familias de esos jóvenes. Ello implica una mochila mucho menor que la que se origina con el crédito con garantía estatal.
Pero al Fondo Solidario postulan solo los estudiantes de las universidades tradicionales, las que pertenecen al CRUCH.
Por otra parte, está el crédito con aval del Estado, el cual se otorga a una tasa de interés no del 2 por ciento, sino del 5 por ciento, y cuyo pago no es contingente al ingreso. O sea, hay que cancelarlo a todo evento, se tenga empleo o no. En este punto se han generado los problemas: deudas significativas que muchas veces no se logran cubrir con el sueldo y que se deben pagar aunque no se disponga de trabajo.
Pero esos no son los únicos mecanismos de financiamiento.
También se encuentra el de los créditos CORFO, a los que se les aplica una tasa del 8 por ciento y cuyo pago también carece de contingencia al ingreso. La imposibilidad de cubrir tal obligación ha terminado con el embargo de los bienes de las familias de los jóvenes que han optado por esta alternativa.
Por lo tanto, el sistema es fuertemente discriminatorio: algunos estudiantes acceden a créditos con tasas bajas y mejores condiciones de pago, y otros deben conformarse con préstamos a tasas mayores y condiciones más difíciles para cancelar.
Y ello no tiene que ver con que algunos dispongan de una mejor condición socioeconómica. Al revés, muchas veces los jóvenes que acceden al crédito con aval del Estado provienen de familias de menores ingresos. En consecuencia, el sistema no atiende a la realidad de la familia, sino al tipo de institución en donde se estudia.
Debemos hacernos cargo, por ende, de la solución a los problemas producidos.
En enero del presente año aprobamos una ley sobre reprogramación del Fondo Solidario; o sea, fuimos en ayuda de los estudiantes que no han podido pagar el crédito universitario; esto es, de los alumnos de las universidades del CRUCH.
Y creo de toda justicia que ahora nos ocupemos también de aquellos estudiantes que accedieron a la educación superior con crédito con aval del Estado, aliviándoles la carga. Se trata de 365 mil alumnos a los cuales se les está bajando la tasa y se les está aplicando que el pago de la deuda sea contingente al ingreso. Ojalá que podamos avanzar y ayudarlos, aprobando en forma unánime la iniciativa, como sucedió en la Comisión de Educación.
Y falta el otro instrumento al cual accedieron muchas familias de clase media y vulnerables: el crédito CORFO. Esperamos que se pueda avanzar igualmente en este aspecto. El Ministro señor Longueira manifestó ayer que el Gobierno busca una solución. Y nos entregó la noticia -la creo buena, y la compartimos todos en la Comisión de Educación- de que ese programa no sigue. O sea, no habrá más jóvenes con créditos a los cuales se les aplique una tasa del 8 por ciento. Por lo tanto, eso constituye de igual modo una buena noticia.
Ojalá avancemos no solo en la solución para los alumnos que tienen una pesada mochila del Fondo Solidario, sino que asimismo abordemos hoy día la situación de aquellos estudiantes con créditos avalados por el Estado. Y espero que en el futuro -ojalá muy pronto- hagamos lo mismo con quienes pudieron acceder a la educación superior con el crédito CORFO. Así estableceremos igualdad y un sistema más justo, similar para todos, donde no haya solo algunos con posibilidades de acceder a la reprogramación, a la rebaja de tasas, sino que ello alcance a los otros alumnos, que incluso tienen una carga mayor.
O sea, hoy estamos entregando una solución a quienes se les aplica una tasa del 5 por ciento. Ya otorgamos una para aquellos que cancelan una tasa solo del 2 por ciento y que es contingente al ingreso.
Pero, a mi entender, no solo nos debemos hacer cargo de los problemas hacia atrás y de alivianarles la carga a quienes ya pasaron por la educación superior -que hoy están trabajando e iniciaron el pago de sus créditos-, sino que también hemos de mejorar el sistema hacia delante y abordar la situación de aquellos que están cursando en la actualidad sus estudios de educación superior y para los que lo hagan en el futuro.
En tal sentido, aplaudo que el Gobierno haya ingresado ya hace un par de semanas el proyecto que establece un sistema único de financiamiento de la educación superior. Si tal iniciativa se aprobara, terminaríamos con la actual discriminación. Así, todos los educandos, independientemente de donde estudien y solo mirando su condición socioeconómica, podrán acceder a un sistema con iguales condiciones.
Considero que es una buena noticia para los chilenos que terminemos con esa discriminación en la educación superior. Por otra parte, se alivia la carga de las familias, porque se baja la tasa y el pago del crédito se hace contingente al ingreso. Obviamente, esto tiene que aplicarse junto con un mecanismo de becas para las familias de menores ingresos. En consecuencia, habrá un sistema único de becas y de créditos para que ningún estudiante con capacidad quede marginado de los estudios superiores. Todos sabemos que estos son un trampolín muy importante para mejorar los ingresos futuros y, por lo tanto, ser un país más igualitario y más justo.
Por consiguiente, espero que hoy en la tarde podamos dar una buena noticia a aquellos estudiantes que nos han acompañado en la Comisión de Educación, deudores del crédito con aval del Estado, quienes están atentos a que les digamos que ha bajado la tasa, que el pago del crédito será contingente al ingreso y que, por lo tanto, no seguirán con una mochila tan pesada como la que cargan actualmente. Ojalá esta buena nueva la podamos dar en forma concreta cuanto antes.
Espero que aprobemos el proyecto esta tarde y que en la Comisión avancemos rápidamente en su discusión particular.
Del mismo modo, deseo que no solucionemos únicamente el problema hacia atrás, sino que tengamos la capacidad de generar los acuerdos necesarios para contar con un sistema único de becas y de créditos y que, sobre todo, no sea discriminatorio.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.


El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, en mi opinión, el sistema educacional en general y el universitario deben experimentar una transformación total desde el punto de vista de cómo acceder a la educación superior. En tal sentido, la discusión profunda que debe efectuarse apunta a cuál es nuestra mirada respecto de la educación: si el Estado va a obligarse a que ella sea pública, gratuita y de calidad en el ámbito universitario.
Somos partidarios de universidades estatales que cuenten con recursos fiscales directos y que cumplan los fines públicos que la sociedad se proponga. Por ejemplo, tener más médicos, profesores, enfermeras y las profesiones necesarias para que en diversas partes del país, en comunas pequeñas, puedan contar con los profesionales que se requieren, como el caso de médicos especialistas en Tocopilla y en otros lugares. Ello hoy en día no sucede, por no haber de parte de quienes egresan de la universidad la decisión de aportar, como corresponde, al desarrollo del país, como sucedía antes: quienes estudiábamos en las universidades siempre entendíamos que había cierta obligación. Pero como hoy la educación es un negocio, finalmente no se da esa voluntad.
Esa es una primera discusión que debiéramos sostener.
La segunda dice relación a lo que ha pasado con la historia en cuanto a la buena noticia que mencionan algunos, consistente en el mejoramiento de las condiciones del crédito al cual accedieron los estudiantes que hoy están endeudados, cuya tasa será rebajada.
Si uno analiza las estadísticas, puede darse cuenta de que ciertos estudiantes pertenecen a familias de los quintiles bajos. Y lo razonable es que el esfuerzo del Estado se oriente a que no estén obligados a pagar la deuda. Como estamos postulando que el 40 por ciento más pobre tenga gratuidad, lo lógico es hacer alguna distinción para que no se produzca el problema que podemos experimentar en el futuro: una educación gratuita universitaria para un segmento y jóvenes y familias adeudando recursos como consecuencia de que no se consideró la posibilidad de que su deuda se cubriera en su totalidad.
El fondo de la discusión radica en establecer un criterio respecto de los recursos que el Estado va a gastar -un porcentaje alto de fondos irá a la banca, la que al final va a hacer el mejor negocio, para variar-, a fin de bajar la tasa. En mi opinión, debió haberse establecido claramente que hay personas y familias que se encuentran en los quintiles bajos y que no debieran quedar con deuda después de los pagos que el Estado realice.
Se señalaba que en el futuro tendremos una mesa con cuatro patas: beca, arancel, crédito y acreditación.
Nosotros, por lo menos, estamos convencidos de que lo que debe haber a futuro es una educación gratuita y que, en definitiva, se paguen los impuestos que corresponden. Nos asiste la convicción de que, si se cancelaran los tributos pertinentes, no habría problema en que incluso los deciles o quintiles de más altos ingresos tuvieran educación gratuita. Porque finalmente el hecho de pagar la totalidad de los gravámenes permitiría perfectamente la gratuidad en la educación.
Todos sabemos lo que pasa con el FUT, que llega a 200 mil millones de dólares, los cuales permanecen en una cuenta. Si se tributara sobre esos dineros, estaríamos hablando de alrededor de 20 mil o 30 mil millones de dólares que podría recaudar el Estado.
Obviamente, de ocurrir aquello y sabiendo nosotros que el costo de entregar educación superior gratuita no excede de mil o dos mil millones de dólares, creo que no habría problema para hablar en serio de ella.
Entonces, nosotros seguimos en la lógica de que lo propuesto en el proyecto significa un arreglo parcial desde el punto de vista de bajar las cuotas de los deudores -que es muy importante-, pero igual esas familias continuarán endeudadas y tendrán que pagar lo que les fue prestado para que sus hijos estudiaran, pese a que, en nuestra opinión, al Estado corresponde la obligación de proveer educación y no a las familias endeudarse para tener esa opción.
Respecto a esa materia en particular, debo hacer una prevención que me parece importante. El Ministro perfectamente podría haber establecido criterios de retroactividad al respecto, porque se dice aquí: "Los beneficios contemplados en este artículo comenzarán a regir a partir del 1º de enero de 2012..."; o sea, hay retroactividad. Lo preocupante es que se está dando solución a un importante número de estudiantes, pero no a los que son deudores del crédito CORFO, quienes deben más plata, porque los intereses fueron superiores.
Cuando nosotros preguntamos a uno de los Ministros de Educación -no recuerdo si al primero o al segundo- qué pasaba con los deudores CORFO, nada nos contestó. Hace poco nos respondió el actual titular que ese no era un problema del Ministerio de Educación, sino del de Economía. Nos pareció casi una ofensa a la inteligencia esa respuesta, por más que la CORFO dependa de la Cartera de Economía.
Lo razonable es que la deuda en educación se concentre en el Ministerio competente, que es el de Educación. Lo que me preocupa es que en toda esta historia quedará solo la resolución del CAE, pero respecto a los deudores CORFO no se ve solución. Porque el asunto no pasa por decir que se acabó el crédito. La cuestión es cómo solucionar el problema de los 106 mil estudiantes deudores del crédito CORFO, a cuyas familias les están embargando sus casas o rematando sus bienes. Y no hay forma de detener eso. Pero existen maneras de frenar tal situación. Debería haber voluntad en el Gobierno para resolver el asunto de inmediato. Porque los problemas que están viviendo esas familias son de hoy, no de mañana. Cuando les rematen sus casas o sus bienes, no habrá solución si con posterioridad se define qué hacer con los deudores CORFO.
En el caso particular que nos ocupa, me parece razonable la solución propuesta en la iniciativa. Pero también es necesario dar una señal clara por parte del Gobierno de que, respecto de los deudores del crédito CORFO, se compromete a resolver los inconvenientes a la brevedad.
El "compra huevos" que tuvimos con los Ministerios de Educación y de Economía, y el que hoy día estemos conversando con este último sin que se vislumbre una solución, me parece impresentable. En eso debería haber una clara convicción.
Lo razonable sería que ambos créditos se resolvieran en el mismo momento. Es perfectamente posible establecer en esta iniciativa una solución a los créditos CORFO similar a la de los créditos con garantía estatal. Porque es un problema de plata. Acabamos de aprobar el "bono bodas de oro", con votación unánime, a pesar de la situación producida sobre el particular; y también otro que entrega diversos beneficios. Sin embargo, la situación de los deudores CORFO la seguimos chuteando.
Señor Presidente, con mucho dolor anuncio que me voy a abstener en la votación. Porque hay que dar, por lo menos, una señal pública y política en el sentido de que el problema de los deudores CORFO se tiene que resolver a la brevedad. No podemos seguir esperando, mientras se da solución a las dificultades de algunos miles de estudiantes, pero no a las de otros en situación similar.
Por eso, esperamos que el Ministro de Educación, presente en la Sala, se comprometa, como corresponde, a resolver lo relativo a los deudores del crédito CORFO.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Pido la palabra, para un asunto de Reglamento.
El señor ESCALONA (Presidente).- Latiene, señora Senadora.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, solo quiero pedir la apertura de la votación.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se ha solicitado abrir la votación, entendiendo que se mantendrán los tiempos de las intervenciones.
Si le parece a la Sala, se procederá en tales términos.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.


El señor GARCÍA.- Señor Presidente, como manifestaron los Senadores señor Ignacio Walker y señora Von Baer, este es un gran proyecto de ley que -sin duda alguna- representa también un gran alivio para miles de familias chilenas -¡miles de familias!- agobiadas con un crédito obtenido para el financiamiento de la educación superior de sus hijos, según condiciones establecidas por nosotros, al discutir la iniciativa de ley respectiva.
Por lo tanto, alguna responsabilidad tenemos quienes éramos parlamentarios el año 2005 respecto de una normativa en la que, a lo mejor, nos faltó, en ese minuto, la visión para comprender los problemas que estábamos generando a las familias chilenas, particularmente a las de clase media.
Pensamos en cómo aumentar la cobertura, porque dar la oportunidad a jóvenes talentosos de continuar estudios superiores sin contar con los recursos económicos para ello era en ese minuto un desafío; y, de alguna manera, todos quienes concurrimos con nuestros votos a aprobar el crédito con aval del Estado estimamos que tal endeudamiento iba, finalmente, a ser absorbido por los egresados, o sus familias, sin generar los problemas que terminó creando.
En ese sentido, tenemos que reconocer que el Gobierno de la época que propuso tal iniciativa se equivocó, al igual que nosotros como legisladores.
Pero hoy día estamos remediando la situación.
Se trata de 365 mil alumnos a los que se les está bajando la tasa de interés de dicho crédito y, además, otorgando la posibilidad de efectuar un pago de contingencia al ingreso; y de otros 100 mil estudiantes, matriculados este año en la educación superior, que ya están pagando 2 por ciento de interés por el crédito otorgado, pero que no contaban con la opción de un pago contingente a sus ingresos al momento de cancelar las respectivas cuotas.
En definitiva, son 465 mil estudiantes de educación superior a quienes se está beneficiando -casi medio millón-, aparte de sus familias. En régimen, eso significará del orden de 200 millones de dólares que el Fisco tendrá que consignar cada año en las respectivas Leyes de Presupuestos para el financiamiento de la disminución del interés por dicho crédito, que obviamente hará bajar de manera importante las cuotas que deberán pagar mes a mes los estudiantes y sus familias.
¡Qué duda cabe de que esta no es la total solución al problema del financiamiento de la educación superior! ¡Qué duda cabe de que quedan otros problemas por resolver!
Todos hemos pedido al Ejecutivo que agote los esfuerzos para solucionar las dificultades de los deudores del crédito CORFO, quienes, como aquí se ha dicho, tienen una tasa mucho mayor al 6 por ciento. Yo he visto algunos con intereses superiores al 9 por ciento anual. Y, por supuesto, esas familias están todavía bastante más afectadas.
Yo tengo fe. Me asiste la convicción profunda de que el Gobierno del Presidente Piñera, con su Ministro de Economía -porque está involucrada la CORFO- y con su Ministro de Educación, va a encontrar las soluciones para aliviar también la situación de las familias cuyos hijos han estudiado con el llamado "crédito CORFO".
Algo así, por lo demás, anticipó el Ministro Secretario General de Gobierno ayer: que los estudiantes endeudados con el referido crédito tendrán una tasa de interés igual a la del crédito universitario, esto es, de 2 por ciento.
Pero debo puntualizar, señor Presidente y estimados colegas, que dichos estudiantes no solo debieron endeudarse en ese tipo de crédito, sino que, como este cubría solo el costo del arancel referencial y no la totalidad del arancel efectivo, además se vieron obligados a endeudarse, por lo general, con sus respectivas casas de estudios, o, en algunos casos, a través de créditos de consumo.
El conjunto de tales situaciones llevó a que hoy tengamos a miles de familias con sobreendeudamiento, con una carga financiera muy, muy difícil de sobrellevar. Y, por supuesto, gran cantidad de ellas cayó en morosidad.
En consecuencia, este proyecto es un gran avance, un gran alivio.
Sin embargo, es mucho más lo que queda por hacer. Y eso motivó la iniciativa del Presidente Piñera en orden a proponer al Congreso Nacional una reforma tributaria que permita allegar fondos del orden de los mil millones de dólares cada año, para asegurar el financiamiento en los distintos niveles de la enseñanza: prebásica, básica, media y, por cierto, superior.
La idea es no solo asegurar el financiamiento, sino también dar pasos significativos en el mejoramiento de la calidad de la educación en todos sus niveles.
Estos son los desafíos que tiene Chile; estos son los desafíos que estamos enfrentando de acuerdo con los medios que la economía y la situación económica nacional permiten, siendo un país con un ingreso per cápita de alrededor de 16 mil dólares anuales.
Pienso que, como se ha expresado aquí, la ley en proyecto es una muy buena noticia para miles de familias. Pero necesitamos seguir avanzando; necesitamos seguir dando soluciones a otras familias afectadas también por altos endeudamientos originados en la educación superior de sus hijos.
Estoy seguro de que, con la voluntad y generosidad de todos; con las iniciativas legislativas enviadas por el Presidente Piñera, y con el aporte de los parlamentarios, particularmente de los del Senado, vamos a ir creando condiciones de mucho mayor equidad y seguridad para el financiamiento de la educación de nuestros niños y jóvenes.
Gracias.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.


La señora ALLENDE.- Señor Presidente, el proyecto en debate otorga beneficios a los deudores de crédito con garantía estatal y en ese sentido modifica la ley N° 20.027, que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior.
En ese marco, favorecerá a los estudiantes que hayan accedido al sistema de crédito con aval del Estado con anterioridad al 31 de diciembre del 2011, cuyo número se ha calculado en aproximadamente 365 mil. Ello, obviamente, constituye una relevante noticia para sus respectivos grupos familiares, pues permitirá que la tasa de interés anual baje de 5 o 6 por ciento a 2 por ciento. Además, incorpora la posibilidad de que los deudores de este tipo de crédito paguen de manera contingente a sus ingresos, con un máximo mensual del 10 por ciento de sus remuneraciones.
¿Es importante este paso? ¡Seguro!
Señor Presidente, efectivamente, como aquí se recordó, el 2005 se aprobó la ley referida -por lo tanto, tenemos una responsabilidad en su gestación-, que en su momento permitió el acceso a financiamiento a todos los estudiantes de instituciones de educación superior acreditadas.
Como sabemos, hasta ese año solo los alumnos de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas tenían acceso a crédito para financiar sus estudios. Es decir, este se encontraba restringido a las 25 universidades del CRUCH. Por consiguiente, la nueva legislación significó un salto muy grande, que hoy día es reconocido.
Si al año 2007 había 39 por ciento de jóvenes en la educación superior, en 2011 esa cifra llegó a 52 por ciento. O sea, estamos hablando ni más ni menos que de una cantidad superior al millón de estudiantes. Parte de dicho crecimiento se debió al CAE, pues de otra manera muchos de ellos no habrían podido acceder a ese nivel de educación.
Sin embargo, yo comparto lo que se ha dicho -debemos reconocerlo, aunque sea doloroso- en orden a que durante la discusión de esa ley tal vez no tuvimos la capacidad de proyección en cuanto al costo que implicaría el aplicar tasas de interés anual del orden de 6 por ciento. Y, más aún, tampoco consideramos, como se ha recordado aquí, la diferencia entre el arancel real y el arancel referencial, lo cual contribuyó a que la situación se volviera más dramática todavía.
Por eso, me alegro de que hoy día estemos analizando este proyecto, el que, naturalmente, vamos a aprobar. Porque ¡qué duda cabe que de este modo vamos a ayudar a resolver la situación de sobreendeudamiento en que se encuentran todos los estudiantes que lograron acceder al crédito con garantía estatal, pero con una tasa de interés de 6 por ciento al año!
De otro lado, es necesario terminar con la discriminación que hasta ahora ha habido en relación con el crédito solidario, al que se aplica una tasa de interés anual de 2 por ciento, pero cuyos beneficiarios también han enfrentado problemas, por cuanto se han visto afectados por la diferencia existente entre el arancel real y el arancel referencial, lo que claramente ha redundado en un sobreendeudamiento de sus familias.
Señor Presidente, distintos expertos han sostenido -aquí está el señor Ministro y supongo que lo puede confirmar- que en Chile las tasas de interés de los créditos son quizás las más altas del mundo en comparación con el ingreso per cápita. Es decir, la educación universitaria, más allá de la oportunidad que en teoría les da a nuestros jóvenes, se ha convertido en una carga familiar dramática y ha puesto en cuestión el sistema.
Por lo tanto, legítimamente los estudiantes marcharon muchas veces por las calles para mostrarnos otra realidad: lo que ocurre en Argentina, en Uruguay, en Brasil (para no mencionar los países socialdemócratas europeos, cuya situación es distinta), donde la educación es gratuita, donde las familias no se ven, como sucede en Chile, sobreendeudadas o ante el hecho angustiante de que si hay tres de sus integrantes en edad de estudiar, tienen que escoger a uno o dos, como máximo, para que puedan acceder a la educación superior.
Lamentablemente, nosotros estamos empleando un filtro respecto al ingreso a la enseñanza superior: la capacidad de pago, lo cual es muy dramático, porque no se toman en cuenta las condiciones o aptitudes para el estudio.
Reitero que mediante la presente iniciativa estamos dando un paso muy importante. Sin embargo, vuelvo a recordar que han sido los estudiantes los que han puesto la nota en cuanto a avanzar hacia la gratuidad. Y nosotros estimamos razonable pensar seriamente en apuntar en esa dirección.
Creemos que la educación es un bien; creemos que es esencial; creemos que deben tener acceso a ella todos los jóvenes con aptitudes para el estudio, y creemos que podemos ir haciendo un esfuerzo en tal sentido conforme el país prospera. Hoy día todos decimos: "Tenemos un ingreso per cápita de 16 mil dólares". Bueno, es preciso hacer ese esfuerzo, al menos para el 60 por ciento de los alumnos con menos recursos. Y espero que alguna vez sea para la totalidad.
Como dije, en otros países de la región -como Argentina o Uruguay, que no necesariamente uno podría decir que son infinitamente más ricos que Chile, salvo Brasil- la educación es gratuita.
Demos más bien una mirada sobre lo que es la educación, sobre las políticas públicas y sobre cuáles debieran ser estas.
Yo nunca voy a olvidar una conversación que sostuvimos con el entonces Presidente Cardoso en su casa. Éramos una pequeña delegación. Nos invitó a cenar de manera particular, por los años que él vivió en Chile y por la relación más personal que tenía con algunos de nosotros desde hacía ya un tiempo.
Recuerdo que alguien le preguntó cómo era posible que Brasil mantuviera la gratuidad en las universidades. Y me acuerdo que su respuesta fue enfática: "Por ningún motivo revertiría una política pública que hasta ahora ha significado que en mi país el acceso a la educación superior sea gratuito para los estudiantes".
Fue tan enfática su respuesta, que no dejó de sorprendernos a quienes allí estábamos, sobre todo porque sentimos que nuestro país, desgraciadamente, había marchado en la dirección contraria.
Como lo he dicho otras veces, yo pertenezco a la generación que sí estudió en forma gratuita. ¡Y qué diferencia hay en una familia cuando existe esa posibilidad! Nadie nos preguntaba si estábamos en el decil tal o cual, si éramos del 60 o del 40 por ciento más pobre. Simplemente, estudiábamos gratis. Yo cursé cinco años de Sociología en la Universidad de Chile sin tener que pagar este tipo de aranceles, que son los más altos del mundo.
Entonces, es doloroso cuando uno ve la situación actual y entiende la legitimidad de la lucha que han dado los estudiantes.
Yo celebro que en este momento vayamos a aprobar un proyecto concreto sobre la materia. Pero esto no nos puede hacer olvidar que aún subsisten diferencias, no solo con el crédito solidario (el 2 por ciento), sino también, como aquí se ha recordado, por el alto y gravoso costo que significa el crédito CORFO. Se ha llegado a tasas increíbles del 8 por ciento y, a veces, hasta del 9 por ciento.
Por eso, me sumo a las voces que le indican al Ministro de Educación -por su intermedio, señor Presidente- que la respuesta no puede ser que esto depende de la Cartera de Economía. Francamente, no resiste mayor análisis, por mucho que ahora esté presente en la Sala -o que acaba de irse, oportunamente- el titular de esa Secretaría de Estado. Esa no puede ser la respuesta que nosotros les demos a los estudiantes.
Debemos tomar el toro por las astas. Aquí ha habido una injusticia, una equivocación, y nosotros estamos dispuestos a reconocer que nos equivocamos al no haber proyectado el costo que iba a terminar exigiendo el crédito con aval del Estado.
Hoy día, entonces, a través de esta Corporación, pido que levantemos la voz para decirle al actual Gobierno que debe tomar la iniciativa -porque solo le corresponde a él- para igualar al 2 por ciento tasas que en la actualidad oscilan entre el 8 y el 9 por ciento, las cuales tienen que terminar. Los estudiantes CORFO constituyen un grupo muy importante; son nada menos que 106 mil casos.
Finalmente, queremos manifestar algunas dudas que nos deja el CAE. Este crédito, como tal, se paga sí o sí. Y, señor Ministro, todos sabemos que casi un 50 por ciento de los alumnos deserta antes de finalizar sus estudios. Esto es una realidad. Y muchos de ellos lo hacen, por desgracia, en instituciones de muy baja calidad. Este es otro tema. O sea, los organismos que deben avalar la acreditación no han cumplido su rol, y esta es otra deuda que tenemos pendiente. El punto es que hay estudiantes que desertan de sus carreras en establecimientos de muy baja calidad.
El CAE, además, financia a instituciones bastante cuestionables. No es necesario mirar muy lejos. Basta ver lo que está pasando con la Universidad del Mar, que está prácticamente en la Justicia. No sabemos qué tipo de situación se dio con las personas que formaban parte del sistema de acreditación.
En definitiva, señor Presidente, aquí estamos dando curso a un proyecto que va a permitir beneficiar a 365 mil estudiantes con sus respectivas familias, pero creo que nos falta la información sobre los costos asociados a la contratación del crédito. Me parece una buena noticia que sea la Tesorería General de la República, con la asesoría del Servicio de Impuestos Internos, la que quede a cargo. Y ojalá dejemos a los bancos fuera. Ya han ganado suficiente. No es necesario mantenerlos. El tema de fondo es cómo lograr que el Estado sea el generador de los recursos y que un organismo estatal administre el sistema, en sintonía con el SII, tal como ocurre en Australia, en Nueva Zelandia. Esto significaría sacar del negocio a la banca. Para mí, lo mejor sería que el Fisco actuara directamente.
Asimismo, hay que modificar los criterios de asignación. No solo debe atenderse a la PSU, sino que también ha de haber una clara orientación a la excelencia académica, con universidades que cumplan los requisitos legales y financieros.
Obviamente, hay muchos más temas que no abarca este proyecto, que es muy acotado. Ellos quedan pendientes, pero nosotros debemos seguir velando por una educación de calidad.
He dicho.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Pido la autorización de la Sala para que pase a presidir la sesión el Senador señor Zaldívar.
El señor ESPINA.- Por supuesto.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Zaldívar.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.


El señor ESPINA.- Señor Presidente, cuando asumió, el Gobierno del Presidente Piñera se encontró con un sistema de becas y créditos para los estudiantes de la educación superior que era arbitrario e injusto.
En primer lugar, ese sistema de becas se limitaba a 165 mil, de una cifra superior a un millón de estudiantes universitarios. Pero, además, eran becas engañosas, porque no cubrían el total de las carreras. Por lo tanto, eran becas parciales, pues en algunos casos solo servían para el arancel referencial, que no es el que pagan los alumnos. Así, incluso los estudiantes que tenían becas -las cuales, supuestamente, se entendían como la posibilidad de estudiar en forma gratuita- debían endeudarse de acuerdo con alguna de las modalidades de crédito que voy a mencionar más adelante.
Asimismo, debo señalar que el Presidente Piñera, al término de su mandato, habrá aumentado el número de becas universitarias de 165 mil, aproximadamente, a 400 mil, lo que constituye un avance gigantesco respecto de la cifra con que recibió el Gobierno.
Por otro lado, el sistema de créditos era arbitrario e injusto. En primer lugar, porque distinguía entre el crédito con aval del Estado -cuyo beneficio podían recibir los estudiantes del CRUCH, las universidades privadas, los institutos profesionales y los centros de formación técnica y que era mucho más costoso, injusto y caro para las familias y los alumnos- y el crédito que se otorgaba con cargo al Fondo Solidario, el cual solo favorecía a los alumnos del CRUCH, como si existieran estudiantes clase A y clase B y sin considerar la situación económica de su grupo familiar.
Es decir, un estudiante de un instituto profesional estaba obligado a adquirir un crédito con aval del Estado y no tenía acceso a los beneficios del Fondo Solidario, aunque proviniera de una familia muy humilde.
Lo arbitrario del crédito con aval del Estado es que se aplica un interés del 5,8 por ciento, se paga dentro de un plazo de 10, 15 o 20 años, y se hace efectivo a los 18 meses después del egreso de la carrera. Pero, además, y como consecuencia de lo anterior, para muchos resulta impagable.
No considero acertado el argumento de que hubo necesidad de aumentar la cobertura de los alumnos y que, por esa razón, se debió recurrir al sistema administrado por los bancos, porque este se prestó, desde un comienzo, para que los estudiantes pagaran bastante más de lo que les correspondía.
Esa es la realidad con la que se encontró el Gobierno del Presidente Piñera.
Y el Presidente Piñera cumple su palabra, porque decidió reformular el mecanismo del crédito con aval del Estado respecto de los estudiantes que ya habían recurrido a él y cambiarlo absolutamente para los alumnos del futuro. En cuanto a estos últimos, se va a unificar todo el sistema de créditos. De ese modo, ninguno va a pagar más del 10 por ciento de lo que sean sus ingresos cuando trabaje como profesional, una vez titulado, y la tasa de interés nunca superará el 2 por ciento. Además, no pagará íntegramente el crédito, porque, cumplida determinada cantidad de meses, si no ha logrado enterarlo pagando el 10 por ciento de los ingresos que reciba como profesional -por ejemplo, si gana 500 mil pesos, deberá pagar, como máximo, 50 mil-, la diferencia será cubierta por el Estado.
El beneficio se extenderá al 90 por ciento de los estudiantes de Chile, exceptuados, por cierto, quienes reciban beca, que no tendrán necesidad de pedir crédito. Y solo quedarán fuera del sistema el 10 por ciento de los estudiantes de mayores recursos.
En consecuencia, la inmensa mayoría de los jóvenes va a tener, o educación gratuita, o acceso a un crédito que se pagará con solo el 10 por ciento de sus ingresos cuando se titulen y trabajen.
Señor Presidente, hoy día son 465 mil los estudiantes beneficiados con la reformulación del crédito con aval estatal. Por lo tanto, quiero pedirles a los miembros de la Comisión de Educación que este proyecto sea despachado a la brevedad posible, porque, entre otras cosas, ya lleva once meses de tramitación en el Congreso: ingresó en agosto de 2011, once veces ha tenido "suma urgencia" y tres veces "discusión inmediata". Hay 33 mil estudiantes que se encuentran en condiciones de empezar a pagar sus créditos, quienes están esperando su aprobación, porque les baja considerablemente la tasa de interés y, además, reduce el monto mensual que deben cancelar por el hecho de que incorpora una contingencia al ingreso con un tope del 10 por ciento del total de la renta cuando trabajen.
En definitiva, cada mes que el Congreso Nacional, especialmente los parlamentarios que siempre hablan defendiendo los derechos de los estudiantes, se demora en despachar la iniciativa se produce una pérdida de 323 millones de pesos para los 33 mil potenciales beneficiarios (más de 10 mil pesos mensuales por alumno). Por ello, si el Congreso se demora seis o siete meses más, quiero recordarles que quienes van a pagar el pato no son los parlamentarios, sino los estudiantes que tienen que cancelar el crédito en cuestión.
Por lo tanto, el deber nuestro no solo es hablar de los estudiantes, sino también sacar adelante este proyecto que -como digo- resuelve un problema del pasado.
La iniciativa en debate contiene básicamente dos normas de fondo. La primera disminuye la tasa de interés desde el 5,5 o 6 por ciento al 2 por ciento y la segunda -como dije- incorpora la contingencia, es decir, el pago máximo del 10 por ciento de los ingresos que el alumno obtenga: si gana 400 mil pesos, paga 40 mil pesos.
Quiero dar un ejemplo de los beneficios que conlleva el presente proyecto, cuyo propósito apunta a resolver una problemática heredada por el Presidente Piñera -no la creó él, la heredó, viene del pasado-, quien ha cumplido su compromiso de solucionarla pensando, obviamente, en un sistema distinto para el futuro.
Un estudiante de Ingeniería en Administración cursa una carrera que dura ocho semestres. Si el arancel real es de un millón 840 mil pesos y el referencial, un millón 648 mil pesos, hoy día la deuda total que adquiere ese alumno se aproxima a los 8 millones 400 mil pesos. Pero, con la aplicación de la presente iniciativa, baja casi en un 40 por ciento el monto de su deuda y disminuye de 60 mil pesos a 30 mil aproximadamente -cifras más, cifras menos- la cantidad que aquel debe pagar.
Es decir, el proyecto en debate representa un tremendo beneficio para los estudiantes que se vieron perjudicados por esta situación en el pasado y que -como digo- se generó antes que el Gobierno del Presidente Piñera asumiera su compromiso.
Me alegra mucho que esta iniciativa legal sea aprobada en forma unánime -espero- por el Congreso. Obviamente, ella no resuelve todos los problemas, pero se enmarca dentro de la política del actual Gobierno destinada a enfrentar a fondo el aumento de la educación escolar y preescolar, de manera que todos los alumnos pertenecientes al 60 por ciento de menores ingresos en Chile puedan acceder a kínder y prekínder.
También se pretende continuar los cambios de fondo que se han impulsado en la enseñanza escolar mediante la Superintendencia, que vigila cómo se gastan los recursos y, en segundo lugar, la Agencia Acreditadora para la Calidad de la Educación, cuyo objetivo es asegurar una adecuada calidad a través de un sistema de seguimiento de los establecimientos educacionales.
Y, luego, en lo que concierne a la educación superior, el Gobierno aborda la nueva Superintendencia del ramo para garantizar la transparencia y correcta utilización de los recursos; el cambio en la forma como se establecen los aranceles referenciales, los cuales deben fijarse por medio de procedimientos que aseguren mayor transparencia y claridad, a fin de que no se produzcan grandes diferencias entre el arancel referencial y el real; se modifica íntegramente el sistema de créditos no solo para extenderlo, sino además para cambiar las tasas de interés y dejar a los bancos fuera, asumiendo el Estado -esto lo hace el actual Gobierno- dicho rol y, adicionalmente, aplica una medida extraordinariamente importante consistente en aumentar las becas y obligar a las universidades a cancelar, con recursos propios, las diferencias que se produzcan entre los distintos aranceles, dependiendo del tipo de beca que el alumno tiene.
Me alegra mucho que el proyecto sea aprobado unánimemente.
Yo solo pido que todas esas iniciativas legales las despachemos a la brevedad porque son numerosos los estudiantes que, por la demora en la tramitación de ellas, dejan de recibir estos beneficios.
Por lo tanto, espero que se apruebe el paquete de proyectos de ley que está impulsando el Gobierno del Presidente Piñera, con el apoyo decidido -nobleza obliga- de algunos parlamentarios de la Concertación que también se han sumado a ellos.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.


El señor QUINTANA.- Señor Presidente, ante todo, es justo reconocer que el actual Gobierno, en este proyecto en particular, por las razones que sea, Senador Prokurica, se la ha jugado desde un comienzo y entendió que involucra un problema que se debe resolver. Incluso, a ratos uno pensaba que cuando el Gobierno hablaba del CAE se refería a la gran reforma educacional y, probablemente, muchos todavía piensan eso.
Sin embargo, ello no es así porque si uno le pregunta a cualquier miembro de la Comisión de Educación tanto del Senado como de la Cámara de Diputados qué se llama "reforma a la educación", costaría mucho escribir un ensayo de cinco o diez líneas definiendo qué es la reforma educacional.
Para algunos puede ser -insisto- el CAE. Para otros, probablemente, la Partida de Educación de la Ley de Presupuestos 2012 que, desde luego, abordó temas que guardaban relación con la contingencia del 2011. Para otros será la Superintendencia, el financiamiento, como indicó la Senadora Von Baer.
Entonces, dicha reforma puede ser cualquier cosa, porque no existe una mirada sistémica, un norte en función del cual ordenar el conjunto de cambios y transformaciones -unas más profundas que otras; algunas que esperamos sean estructurales- que debemos llevar a cabo en materia educacional, no solo por las movilizaciones, sino porque el país hoy día, claramente por las razones que aquí se han explicado, lo requiere.
Entonces, creo que se trata de un tema difícil.
Y esta pregunta no es menor porque gran parte de la discusión política de los últimos días tiene que ver con la denominada "reforma tributaria" o "perfeccionamiento tributario" -en rigor, ese es el nombre del proyecto de ley- que posibilitará el financiamiento de la reforma educacional, cuya idea de legislar como Partido Por la Democracia, por supuesto, respaldaremos -lo dijimos desde el comienzo-, pues consideramos que entre el actual impuesto a las grandes empresas o de primera categoría de 17 puntos y uno de 20 no hay por dónde perderse. Otra cosa distinta es que creamos que esa no es la gran reforma.
Entonces, me parece muy importante ponernos de acuerdo en cómo vamos a llamar a esa gran reforma, porque justamente es eso lo que el proyecto de perfeccionamiento tributario pretende financiar, y resulta indispensable saber hacia dónde realmente van a ir esos recursos ya que, a veces, no queda claro.
El Gobierno ha optado por ir avanzando proyecto a proyecto; algunos, por supuesto, tienen un efecto mayor que otro.
Yo concuerdo en que la iniciativa en debate tiene un impacto y, por eso -reitero-, valoro la disposición que ha mostrado el Ejecutivo, en un momento de bastante tensión respecto de esta materia, para descolgar este proyecto de aquel al que se refirió la Senadora Von Baer -el relativo al financiamiento-, el cual hoy día en la mañana recibió fuertes críticas tanto de los rectores de las universidades pertenecientes al CRUCH o tradicionales como también de las privadas, y no solo ha sido objeto de reparos desde nuestro sector.
Debo aclarar que también ha levantado objeciones el proyecto del Ejecutivo que crea la Superintendencia de Educación Superior que -como se sabe- busca impedir que el lucro, que se halla prohibido por ley pero todos sabemos que ocurre, siga existiendo.
Entonces, siento que debemos sincerar cómo vamos a avanzar en este debate, porque, a estas alturas, está suficientemente claro que no existe ningún afán obstruccionista. Pero, por supuesto, uno defiende también aquellas cosas en las que cree. Y en educación no hay duda de que tenemos un debate que está profundamente marcado por miradas ideológicas, desde luego muy legítimas.
En definitiva, señor Presidente, la iniciativa que se ha planteado como de financiamiento de la educación superior y que el Gobierno la separó del proyecto sobre el CAE, lo cual me parece altamente positivo, adolece, en mi opinión, de algunos problemas. Puntualmente, se halla lo relativo a la brecha. ¿Quién se va a hacer cargo del financiamiento de la brecha, en especial respecto del tercer quintil? El primer y segundo quintil están cubiertos. Las universidades tradicionales, las públicas, pero también las privadas, tendrán que realizar un esfuerzo muy grande.
Lo del tercer quintil es un tema no menor, porque hay que ver cómo se financiará la brecha, situación que hemos conversado largamente con el Ministro.
Otro problema importante que exhibe el proyecto de financiamiento dice relación con el aspecto basal. Se habla mucho de las universidades estatales, del rol que desarrollan; sin embargo, no se les proporcionan recursos especiales.
Yo recordaba esta mañana que el día lunes en la tarde, en una sesión especial de la Comisión de Educación, escuchamos un planteamiento en verdad alucinante de cuatro científicos -dos de la Universidad de esta Región, la Federico Santa María, uno de la Universidad de Chile y otro de la Universidad Católica- a propósito del bosón de Higgs. Y el hecho de que cuatro científicos chilenos estén participando en el proyecto ATLAS hace que nos sintamos orgullosos. Pero se trata fundamentalmente de universidades tradicionales, de universidades del Estado; no vemos a las privadas. No estoy diciendo que no haya universidades privadas haciendo investigación. Sí las hay. Por ejemplo, la Universidad Andrés Bello, que reconocidamente lucra pero también reconocidamente investiga, tiene un desarrollo en ese ámbito.
¿Por qué señalo eso? Porque, de pronto, se plantea que la gran solución que podría traer el proyecto sobre financiamiento de la educación superior es la creación de un sistema único integrado de créditos y becas. Y la verdad es que ello no es así, porque de becas no dice nada la iniciativa. De lo que habla es de un mecanismo de créditos, y las becas las deja incorporadas en las normas presupuestarias de carácter transitorio.
En definitiva, señor Presidente, pienso que esta discusión tiene mucho que madurar todavía. Sin embargo, lo que hoy día nos convoca es este proyecto sobre crédito con aval del Estado, el cual yo lo voy a aprobar, porque son 365 mil los estudiantes que potencialmente se beneficiarán con él. Y digo "potencialmente" porque hay un problema que también tenemos que sincerar: falta aquí un sistema de nivelación de cuotas para los deudores debido al alto costo mensual de ellas. Es bien relevante considerar ese aspecto, y el Ministerio de Educación no ha dado respuesta.
¿Quiénes van a ser los beneficiados con el proyecto que hoy día vamos a aprobar? Básicamente, los estudiantes que están egresando ahora serán los más favorecidos. A los que egresaron o, bien, desertaron -como dijo la Senadora Isabel Allende, muchos también han desertado- les está corriendo el plazo de 18 meses para poder acogerse a este sistema.
¿Quiénes no serán beneficiados? Los que ya pagaron, o, mejor dicho, los que pagaron con abuso, puesto que, por todo lo que se ha dicho acá, el mecanismo existente constituye un abuso. Pero es lo único que fuimos capaces de generar como clase política el 2005. Seamos claros en ese sentido porque aquí alguien podrá pensar que ello se les ocurrió a los Gobiernos anteriores. No fue así. Eso salió o se pudo "parir" como Parlamento aquel año. Era lo único imaginable en esa época. ¿O alguien podría suponer que el 2005 había sectores de la entonces Oposición que estaban por la gratuidad de algún quintil? ¡Por favor!
Ese sistema fue lo único posible de sacar como ley en aquella ocasión, y es la número 20.027, por lo demás. No se trató de una política pública implementada desde el Ejecutivo, sino de algo que emanó de un largo consenso. Y sería interesante, de pronto, mirar también qué dijo cada uno en aquella discusión.
Ahora bien, todos nos estamos haciendo cargo hoy día de que se debe solucionar el problema a 365 mil estudiantes. Pero ya no sería esta la cifra, porque el Banco Mundial, en un estudio realizado el 2009, nos señalaba -y el Ministro esto lo sabe como economista- que estaban en condiciones de poder cumplir o, más bien dicho, en situación de cobro 50 mil alumnos y que el 30 por ciento se encontraba en mora. Y si hacemos una proyección, nos vamos a dar cuenta de que hoy día, de esos 365 mil estudiantes, se hallan en mora alrededor de 100 mil.
Sin embargo, quienes están en mora no van a poder acceder a este beneficio, como tampoco los que han pagado con abuso.
Por lo tanto, se trata de una figura que igual es rara.
Por eso, insisto, esta no es una gran solución, ni tampoco la es para celebrar tanto, puesto que no son 365 mil estudiantes los que recibirán el beneficio. Y, por lo que señalaba recién, el Gobierno no se hace cargo aquí de la nivelación de cuotas.
Con todo, estimo que el proyecto constituirá un paliativo para un número importante de alumnos, pues se les alivianará un poco el peso de la mochila. Además -como se ha dicho-, se incorpora la contingencia del ingreso, lo cual es bastante relevante, y se dispone una caída de 6 a 2 puntos en la tasa. Esto, naturalmente, no es algo menor.
Nos hubiese gustado mejorar más esta iniciativa, pero eso es lo que se pudo lograr.
Por último, señor Presidente, no quisiera dejar de decir algo respecto del crédito Corfo. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos son tres grandes grupos de deudores. Este es el segundo al cual se le da solución, y la inmensa mayoría de ellos ya no está en el sistema (probablemente, el CAE es la excepción, mecanismo en el que permanecen). También están los estudiantes del Fondo Solidario, cuyo proyecto se aprobó este año y que permitió una rebaja, una condonación penal, a un número significativo de alumnos -más de 100 mil- que hace mucho tiempo estuvieron mayoritariamente en universidades del CRUCH. Y, luego, tenemos a los del CAE.
Yo concuerdo con el planteamiento que ha hecho la Senadora Von Baer. Creo que el crédito Corfo es, quizás, una de las demandas de los segmentos más fuertes. Son 106 mil estudiantes y no hay claridad acerca de cómo se abordará la solución para ellos. Ayer, por un lado, quedé esperanzado en la sesión con lo que manifestó el Ministro de Economía, porque dijo que iba a haber una solución política. Y si lo dice un Ministro presidenciable, uno podría pensar entonces que habrá ese tipo de salida. Pero, por otro, quedé preocupado, porque la solución hasta el momento se dibuja de manera muy confusa.
Ahora bien, se nos responsabiliza a quienes estamos en la Oposición de haber dejado en 10 pesos la partida correspondiente, la línea presupuestaria de las garantías estatales. Es una práctica que, por cierto, aprendimos de la Oposición anterior el dejar en un peso o en 10 pesos algunas partidas. Y eso lo hicimos pensando en las sanitarias, no en que esta podía ser la solución para los créditos Corfo.
En todo caso, ¡bienvenida sea la solución que venga! Yo espero que se aproxime lo más posible a lo que plantearon los estudiantes, porque hay un problema de embargo presente, entre otras cosas.
Señor Presidente, en estos 50 segundos que me quedan quisiera señalar lo siguiente.
Valoro la presencia de los estudiantes -y en esto ha habido una crítica a ciertos parlamentarios en orden a que hemos hecho nuestras algunas de sus demandas-, quienes han formulado propuestas y las han remitido al Parlamento, a la Cámara de Diputados, al Ministerio. Se trata de cinco exigencias. No le tengamos temor a lo que plantean la CONFECH, la ACES, la CONES, en fin. Hay algunas cosas que es posible abordar. Por ejemplo, lo relativo al decreto con fuerza de ley N° 2, del año 2010, para permitir la participación de estudiantes y trabajadores, académicos y funcionarios en las instancias colegiadas de cada institución.
Si hablamos de "participación", por qué no. Pienso que lo peor que nos puede pasar es que los estudiantes -quienes hoy día, en una evolución de lo que ha sido su movimiento, han optado por la vía institucional, por estar acá- se vayan defraudados. Por lo demás, la próxima semana se vota el proyecto relativo al lucro con fondos públicos en la educación general. Y aquello ya ocurrió en la Cámara de Diputados, en fin.
Me pronuncio a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.


El señor BIANCHI.- Señor Presidente, estamos discutiendo un proyecto, en segundo trámite constitucional, que, como bien se ha dicho largamente esta tarde, otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal y modifica la ley N° 20.027.
Tenemos a 365 mil estudiantes, como también padres, madres y familias, que claramente van a sentir un alivio frente a lo que significa bajar la tasa de interés que se ha aplicado a quienes han tenido que sufrir las consecuencias de una banca y de un Estado absolutamente indolentes, por el solo hecho de haber pretendido proseguir estudios técnicos o estudios superiores.
¿Es este el debate que debiéramos tener, señor Presidente? No lo es. La primera discusión que debimos llevar a cabo, y respecto de la cual aún estamos en deuda, dice relación a qué tipo de educación pública queremos en nuestro país.
¡Ese debiera ser el primer y único gran debate en este país! Y ello se encuentra pendiente.
¿Y cómo lo estamos desarrollando? Con distractores, con este tipo de beneficios, con dulces. Y decimos: "Miren, todavía no vamos a hablar de la calidad de la educación, todavía no vamos a hablar de la gratuidad de ella. Lo que estamos haciendo es bajar de 5,6-5,8 a 2 por ciento el interés que a usted se le cobra por educarse".
¡Y ojalá que ese negocio no lo sigan haciendo los bancos! De lo contrario, la situación continúa siendo absolutamente impresentable.
Espero que, al respecto, el Estado juegue un rol importante.
Entre otras cosas, señor Presidente, el Estado nunca se ha hecho cargo de la educación pública en nuestro país. A las corporaciones no se les paga el cien por ciento de sus gastos. El Estado ha tenido un brutal incumplimiento en esta materia.
Entonces, repito: ¿Este es el debate que queremos? ¿Este es el debate que esperan afuera los jóvenes, los padres? ¡No! Este es un alivio, un salvavidas: "Ustedes están endeudados a más no poder. Les vamos a bajar el interés del 5,6-5,8 al 2 por ciento".
¡Pero van a tener que seguir pagando intereses por estudiar! ¡Ese es el tema!
¡Ni hablar de los 106 mil deudores CORFO!
En todo este debate, yo -lo digo sinceramente- esperaba que nos trajeran la lucecita, la salida, y que nos señalaran: "Vamos a partir con estos 365 mil jóvenes, a quienes se les aliviará su carga. Pero los otros 106 mil tendrán esta otra vía de solución".
Desgraciadamente, no sucedió así.
Señor Presidente, voy a contar algo que a lo mejor los colegas no saben; pero el Ministro lo tiene muy claro.
Cuando discutíamos el Presupuesto de Educación, yo me negué, como lo hizo la gran mayoría; otros se abstuvieron. Y el Ministro logró negociar en la Cámara de Diputados. Ahí llegó a ciertos acuerdos. Incluso, algunos parlamentarios dijeron: "Sí, negocié mi voto". Tanto fue así que un Senador que hoy día está accidentado hizo una presentación, según entiendo, porque ahí había una situación que no era clara.
¿Saben cómo negoció el Ministro? A través del Subsecretario de Educación. Lo mandó a Magallanes. Este hizo una oda a un parlamentario y comprometió la beca Magallanes, por 50 mil pesos. Claro que los beneficiarios no podían postular a la beca Presidente de la República, que era de 70, 80 mil pesos; ni a la beca Indígena; ni a la beca Nuevo Milenio, y debían tener un ingreso de 159 mil pesos (o sea, menos que el mínimo). Pero había 400, 800 becas para la Región de Magallanes, por 50 mil pesos.
¿Sabe qué, señor Presidente? Esa no solo no es la forma de avanzar en la educación pública de calidad y gratuita que nos exige Chile, sino que, además, constituye la manera más vergonzosa de burlarse de la precariedad económica que desgraciadamente sufren aquellas familias.
¡Y claro que van a acoger la beca! ¡Claro que van a aceptarla! ¡Claro que van a decir: "Obvio. Tráigannos esa beca de 50 mil pesos"!
Las universidades, cuando suben sus aranceles, ¡se comen los 50 mil pesos!
Por lo tanto, el negocio es para la banca, para las universidades, pero no para las familias más vulnerables, para la clase media.
Estas son medidas de parche, que no contribuyen a resolver el problema de fondo.
Y hay que señalar tal situación, porque termina provocando un enorme perjuicio.
Entonces, yo espero a que, cuando debamos debatir aquí la situación de la educación, dejemos de usar estos distractores, estos fuegos de artificio, que -por cierto- encandilan, iluminan por un rato, pero no van en busca de aquello a lo que al menos algunos de nosotros aspiramos: educación de calidad y gratuita.
Esa es la discusión que nos reclaman en el país. Esa es la discusión que debiéramos tener y no estamos teniendo.
¿Esto sirve? Sí. ¿Se debió haber hecho? Sí. ¡Qué bueno que se haga! A 365 mil jóvenes les van a rebajar los intereses. Y eso, por supuesto, conlleva beneficios inmediatos.
Pero me voy a sumar a lo dicho por colegas que me precedieron en el uso de la palabra, y fundamentalmente a lo que expresó el Senador Gómez, quien inició el cuestionamiento acerca de cómo el Estado de Chile y el Gobierno se harán cargo de los deudores CORFO.
Ese es un problema urgente. Hay que resolver 106 mil casos. De lo contrario, se va a generar una enorme discriminación.
Naturalmente, yo voy a concurrir con mi voto favorable, pero formulando mis aprensiones en el sentido de que ojalá la banca no sea otra vez la que se lleve este negocio redondo. Porque el 2 por ciento puede parecer poquito; sin embargo, es "un 2 por ciento seguro". Por lo tanto, sigue siendo un tremendo negocio para las universidades, para la banca, mas no para nuestra clase media.
Señor Presidente -y a Su Señoría le pasa lo mismo en su Región-, si yo contara los casos de madres y padres que han de financiar la educación de sus hijos, tendría para escribir un libro, considerando las peripecias por las que deben pasar, por ejemplo, cuando hay dos niños estudiando (uno ya es grave; dos es gravísimo). ¡A lo que han debido llegar, de lo que han tenido que desprenderse, en el empobrecimiento en que han caído para poder educar a sus hijos!
¡De eso estamos hablando!
Por consiguiente, no es menor el que uno pregunte cuándo vamos a debatir sobre la educación en serio: de la educación de calidad, de la educación gratuita.
¡Ese es el tema que debiéramos abordar! ¡Esa es la materia que se nos exige en el país! Pero, desgraciadamente, no la estamos discutiendo.
Hoy día vamos a resolver una situación financiera. ¡Qué bueno que así sea! Participaremos favorablemente. Sin embargo, queda pendiente la verdadera discusión: educación de calidad, educación gratuita.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra al Senador señor Hernán Larraín.


El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, si bien aquí no nos hallamos discutiendo la política educacional, ni siquiera la política de financiamiento de la educación superior, estamos dando señales a mi juicio extraordinariamente positivas y valiosas para avanzar en ir configurando un nuevo esquema en ese ámbito de la enseñanza.
Es evidente -y lo hemos debatido a propósito de otras iniciativas- que nuestra educación necesita cambios bastante significativos para alcanzar la calidad requerida; para que sea accesible en forma universal a todos los sectores; para que empiece desde el momento en que el niño nace a la vida, y para que se prolongue, de distintas maneras, hasta el final de los días.
Por lo tanto, hay por delante una tarea de mucha relevancia y envergadura. Pero eso no significa que no podamos ir avanzando en distintos espacios para lograr un sistema que comience a tener coherencia.
En cuanto al financiamiento de la educación superior, está claro que el sistema se perfila, en primer lugar, buscando que los estudiantes paguen por la enseñanza que reciben.
A mí me parece que el concepto de gratuidad como posición absoluta para la educación superior, sea pública o privada, no corresponde desde el punto de vista de la justicia, pues por esa vía quienes disponen de ingresos más que suficientes para pagarla se ven injustamente beneficiados y dineros que podrían destinarse a alumnos de bajos ingresos no podrían ser recibidos por estos al estar beneficiándose también a estudiantes de altos recursos.
Esa consideración hace pensar que es conveniente establecer el sistema de financiamiento de la docencia, pero acompañado de mecanismos que permitan diferenciar la situación según los niveles socioeconómicos.
Estimo claro que los educandos ubicados en los primeros quintiles -en mi concepto, los situados en los tres primeros- deben tener ayuda económica para estudiar donde quieran: universidades públicas o privadas, institutos, centros de formación técnica.
Si deseamos ayudar a la gente, hemos de hacerlo por su condición social y no en atención a la institución en que quiera desarrollarse.
Dicho principio, si bien no se ha logrado enteramente, está avanzando en tal línea. Y los esfuerzos que hizo el Ejecutivo este año fueron un paso positivo, pues incrementamos el número de estudiantes beneficiados por aquella vía.
En consecuencia, espero que de aquí a un par de años tengamos instalado en Chile un sistema que les dé becas y gratuidad a quienes las requieran: desde mi punto de vista, los educandos situados en los tres quintiles de ingresos socioeconómicos más bajos. Y eso, porque quien está en el tercer quintil -en el nivel del 60 por ciento- tiene un ingreso familiar inferior a 600 mil pesos y porque el impacto económico de las matrículas universitarias es demasiado elevado para que pueda solventarlo una persona con entradas que van de ahí hacia abajo.
El segundo nivel corresponde, a mi juicio, al financiamiento vía préstamos.
Es razonable que quienes se hallan en mejor situación reciban apoyo crediticio para financiar sus carreras y, como corresponde, pagar el día de mañana con los mayores ingresos que les reporte la enseñanza universitaria, que son tres a cuatro veces los de aquellos que no cursan estudios de este nivel.
En los quintiles superiores no debe haber acceso al crédito. Quienes se sitúan en ellos tienen que pagar derechamente con sus recursos la matrícula, los aranceles.
Eso va perfilando un sistema. Y, por ende, cabe ir perfeccionando cada uno de aquellos niveles.
Lo que estamos haciendo hoy busca perfeccionar el nivel de los préstamos recibidos por los sectores medios, que lamentablemente, a raíz de la forma como se fueron desarrollando, para los estudiantes terminaron siendo inabordables.
En 2005 se creó el CAE (crédito con aval del Estado), complementario del anterior Fondo Solidario, de antigua data, que permitía el pago de préstamos en plazo adecuado y con tasa de interés razonable: 2 por ciento. Una tasa de 2 por ciento paga los costos de administración del crédito o poco más; mantiene los valores, pero no representa mayor utilidad a quien lo otorga. Hay, pues, un subsidio indirecto, porque para quien lo administra no reporta utilidad.
El CAE, en cambio, previó una tasa de interés de 6 por ciento. Eso, más allá de las razones que se hayan tenido, de las dificultades económicas del país, resultó francamente discriminatorio y provocó que la situación, ya difícil para los suscriptores del crédito del Fondo Solidario, se agravara para quienes se fueron incorporando al sistema en cuestión.
Un tercer nivel -se ha hecho referencia a él- es el de los préstamos CORFO, que, obviamente, reviste mayor gravedad, porque las tasas de interés son del orden del 9 por ciento. Y si el del 6 por ciento ha generado un enorme endeudamiento, difícil de abordar, el crédito CORFO, sin duda, no es tolerable.
En tal sentido, ya sofocamos el primer incendio: el del Fondo Solidario en el caso de más de 100 mil estudiantes con problemas. Hoy día estamos apagando el segundo incendio. Y, quiérase o no -no entraré a indagar responsabilidades-, está claro que se trata de problemas heredados por el actual Gobierno, que vienen de antes.
Ahora, esta Administración, escuchando a los estudiantes, ha buscado una solución. ¿Es la mejor? Siempre podrá haber mejores. Pero es una buena solución: es razonable; responsable; beneficia a aproximadamente 365 mil alumnos, y, sobre todo, favorecerá hacia el futuro a alrededor de 100 mil estudiantes por año.
De otra parte, incorpora el concepto de "contingencia". En mi opinión, ello implica que el esfuerzo que haga el día de mañana el profesional se vea beneficiado por el límite del porcentaje de su ingreso mensual que deba pagar. Por tanto, eso también se convierte en un elemento extraordinariamente valioso.
Por otro lado, se incrementa el número de instituciones facultadas para entregar el financiamiento, incorporándose a las compañías de seguros y a las cajas de compensación.
Finalmente, se faculta a la Tesorería General de la República para realizar la cobranza judicial y extrajudicial de las obligaciones, en la idea de ir teniendo un fondo rotatorio que permita, por tal vía, financiar futuros créditos de estudiantes.
Me parece que vamos avanzando, y sobre todo porque estamos cambiando las reglas del juego con efecto retroactivo.
Lamentablemente, como dijo un señor Senador, los que ya pagaron lo hicieron con las tasas existentes; y si ahora se consideran usurarias, bueno, que se responsabilicen quienes las establecieron.
Los que pagaron ya lo hicieron. Es una lástima. Pero el beneficio va a alcanzar a mucha gente que aún no ha pagado y que se encuentra seriamente afectada. Lo concreto es que la medida significará que las cuotas a cancelar por un alumno se acerquen a un rango inferior al 40 por ciento; y eso me parece muy relevante.
Entonces, independiente de cómo se vaya perfilando el sistema hacia el futuro, cuando podremos contar con nuevos beneficios y acotarlos, estamos diseñando un modelo que, si se estructura de la manera que señalé, no es malo, porque beneficiará a un porcentaje muy alto de estudiantes.
Ahora, si se complementa aquello con políticas anteriores para mejorar el acceso de niños de familias de los tres primeros quintiles a las salas cuna y a los jardines infantiles; si tenemos buena calidad en estos niveles educativos e igual sucede en las educaciones básica y media, potenciando la pública y la particular subvencionada, que son las más débiles desde el punto de vista de los resultados y el rendimiento, quienes lleguen en ese escenario a postular a la enseñanza superior van a encontrarse de nuevo con un sistema que les facilitará el ingreso y les posibilitará un futuro con mayor igualdad de oportunidades.
Por eso, señor Presidente, creo que estamos dando pasos correctos, en la buena dirección.
Siempre uno puede esperar más. Lo importante es que no vayamos dando pasos regresivos. Creo que este no lo es: es un paso positivo. Por ende, voy a apoyarlo.
Sin perjuicio de lo anterior, espero que luego podamos apagar el tercer incendio, porque, lamentablemente, es el más delicado de todos. Me refiero a los estudiantes endeudados con créditos CORFO.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, queda claro que lo urgente termina siendo enemigo de lo importante.
Nadie puede decir que el proyecto que estamos discutiendo hoy en segundo trámite constitucional no es urgente: ¡es urgente! Y debemos hacernos cargo de él.
Podríamos revisar la historia y ver quiénes concurrieron a elaborar y aprobar el actual sistema, que hoy día nos tiene enfrentados a este debate legislativo.
Sin embargo, más allá de eso, creo que la reflexión en torno a lo importante es la que debiera convocarnos.
Lo señaló quien me antecedió en el uso de la palabra: hace un tiempo se apagó un primer incendio; hoy día estamos sofocando el segundo, y viene un tercero. Pero no discutimos lo relevante: qué vamos a hacer con el sistema educacional.
Y lo digo porque, si solo analizamos las razones que se tuvieron para crear el sistema actual y cómo en Chile tanto el financiamiento cuanto el mayor esfuerzo en educación corren por cuenta de las familias, es porque no queremos discutir acerca del modelo que deseamos instalar.
Eso tiene que ver con financiamiento, por cierto, pero también con cuál es el país que queremos construir hacia adelante; qué debemos ofrecerles a los hijos de nuestros compatriotas; cuál es la sociedad que deseamos edificar; qué carreras profesionales y técnicas demanda la nación; hacia dónde hemos de expandir el desarrollo; cuáles son nuestras necesidades en investigación, ciencia y tecnología, en fin.
Es larga la lista de temas por abordar. Y uno de ellos, sin duda, se relaciona con la forma de financiar la educación.
Hay quienes sostienen, en una mirada que puede ser absolutamente razonable, que la gratuidad solo debe disponerse para aquellos que no tienen recursos. Otros pensamos que hemos de ir un poco más allá y establecer cómo se financia la educación con una forma distinta de concurrir al gasto. Si los que perciben más ingresos colaboran con una mayor carga tributaria, entonces por qué no proceder de otra manera: no por la vía de un arancel directo de una carrera técnica o profesional, sino a través de la concurrencia en los impuestos generales de la nación.
Por qué no establecer efectivamente una igualdad para todos. Por qué no aplicar un sistema que no separe, como ocurre hoy día en la enseñanza básica y la media, donde los más pobres acceden a la educación gratuita y los más privilegiados, desde el punto de vista de los recursos, a la privada. Ello segrega, dando lugar a una injusticia que violenta.
A eso estamos haciendo referencia aquí cuando revisamos cómo han concurrido padres y madres al financiamiento de la educación.
Al tratar el proyecto en la Comisión de Hacienda, teníamos presentes varias cosas. Una de ellas, por cierto, es qué pasaba con la brecha entre los aranceles reales y los referenciales. El señor Ministro y su equipo nos explicaban que estaban analizando criterios de ajuste que tenían que ver con el origen de los jóvenes. Nosotros manifestábamos que ello nos parecía interesante y que echábamos de menos la consideración del caso de aquellos que venían de Regiones donde no podían acceder a educación y cuyos padres y familias tenían que hacer un mayor esfuerzo para costear alojamiento, alimentación, traslados.
Esos aspectos también tienen que plantearse en la mesa de discusión: el acortamiento de la brecha entre el arancel referencial y el real, la situación de los jóvenes de Regiones que se trasladan a otras para acceder a educación, la transparencia en la forma de financiar esta última y poner tal debate en el centro cuando nos aboquemos a la reforma tributaria que el Presidente de la República ha enviado a la Cámara de Diputados.
Junto con eso, también salió a relucir el "tercer incendio" mencionado por mi Honorable colega Hernán Larraín y que tendremos que tratar, que es el de las deudas con la CORFO. Es cierto que en el proyecto de ley que nos ocupa vamos a hacernos cargo del compromiso de un contingente importante de familias, pero aún no lo hemos hecho respecto de otras 106 mil endeudadas a través del crédito citado. A algunas se les han rematado sus casas, sus bienes, por no cumplir con ese tipo de obligación. Estimo fundamental la urgencia asimismo en ese asunto.
Otra cuestión que también fue objeto de análisis en la Comisión de Hacienda era cómo nos hacíamos cargo del caso de numerosos jóvenes a los que se les había asignado un crédito con aval del Estado cuando no lo habían requerido. El año pasado me tocó reunirme con muchos de ellos que figuraban en DICOM por deudas que no les correspondían, y ahí la labor de fiscalización del Ministerio es fundamental. Ese aspecto tampoco se aborda desde el punto de vista de las sanciones a las instituciones financieras.
A mi juicio, es importante que nos hagamos cargo del tema de fondo y que le expongamos al país, desde el Ejecutivo, desde el Congreso, el problema de la educación en su conjunto. En resumen, es algo que tenemos que abordar en forma integral.
Lo destacaban mis Honorables colegas: es preciso garantizarla a los niños desde que nacen hasta que la terminan. Tenemos que abocarnos a la situación de las salas cunas para los hijos de padres y madres trabajadores. Tenemos que abocarnos a la situación de los jardines infantiles, vale decir, del espacio entre el término del derecho a sala cuna y el ingreso a la educación básica.
El desafío es enorme, señor Presidente, y creo que tenemos que abordarlo desde lo fundamental, desde lo que nos demandan hombres y mujeres, y familias enteras.
¿Damos hoy día un paso relevante? Sí. ¿Damos un paso urgente? Sí. Pero aún nos queda mucho por avanzar.
Por ello, concurro a aprobar la iniciativa.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.


El señor SABAG.- Señor Presidente, como todos sabemos, el proyecto otorga beneficios a los deudores de crédito con garantía del Estado y modifica la ley Nº 20.027, referente al financiamiento de estudios de educación superior.
Aquí se han hecho diversas referencias. Y la más común es que la situación fue heredada. Resulta evidente, cuando asume una nueva Administración, que se recibe todo: lo bueno y lo malo.
Fui parlamentario durante los veinte años de la Concertación y me siento orgulloso de lo que hicimos durante ese período. Deseo consignar que gracias a diversas acciones que realizamos justamente como Gobierno hay un millón 200 mil jóvenes en los planteles de enseñanza superior. Cuando, por diversas circunstancias, salieron a marchar en el último tiempo, no gritaban: "¡Queremos universidad! ¡Queremos estudiar!" Pedían que se les rebajara el arancel y se les dieran mayores facilidades, porque, muchas veces, a sus familias se les hacía insoportable el pago y a ellos el endeudamiento.
Puedo señalar que represento a numerosas comunas rurales y que he visto a padres que no saben leer ni escribir o que terminaron apenas la sexta preparatoria sentirse orgullosos de hijos médicos, ingenieros, abogados, ingenieros comerciales, asistentes sociales. ¡Y se han casado en ese ámbito! Es otra generación. Por supuesto, a lo mejor terminaron endeudados, ¡pero estudiaron!
Hoy día estamos en otra etapa, en la que podemos enfrentar el problema bajando los intereses y otorgando más becas.
Nosotros también dimos gran cantidad de ellas, y muchos de estos jóvenes a los cuales hoy día les vamos a rebajar la tasa del 6 al 2 por ciento lograron ser profesionales.
Al observar la inteligencia de los campesinos, uno se pregunta hasta dónde habrían llegado si hubieran tenido la oportunidad de estudiar. Las mujeres destacan por lo hacendosas y por sus aptitudes. Antiguamente, eran 20 mil los que llegaban a la universidad. El resto, "a picarle el poto al buey, no más, pues". ¡Ni preguntaba por esa otra posibilidad!
Hoy día se registran -repito- un millón 200 mil jóvenes estudiando. ¿Es necesario mejorarles las condiciones? ¡Estamos todos de acuerdo en hacerlo! Para eso, nosotros, durante veinte años, desde 1990 en adelante, hicimos Gobiernos serios, responsables, determinantes de que Chile sea hoy objeto de admiración para el resto del mundo.
¿Qué pasa con los países europeos que sembraron el estado de bienestar? ¡Jubilación a los 50 años! ¿Otro beneficio? ¡Otro beneficio! Pero ¿dónde estaban los ingresos para pagar el gasto? Vamos endeudando al Estado. Hasta que los Estados reventaron. Ya no hay más créditos para ellos. ¡Las naciones están quebradas!
¿Y cómo está Chile? ¡Somos acreedores del mundo! Debemos 9 mil 800 millones de dólares por créditos sin intereses que nos concedieron hace años con motivo de los terremotos. Resultaría ofensivo ir a pagarlos. Pero tenemos más de 20 mil millones depositados, por un lado, y, por otro, reservas por más de 10 mil millones. Si restamos la deuda del Estado, repito que somos acreedores del mundo.
Por eso, queremos que se siga manejando con responsabilidad y seriedad la economía. Hoy día aprobamos 33 millones de dólares para pagarles a los jubilados el bono "Bodas de Oro". Lo hicimos con agrado. ¡La plata la tenemos! ¡No estamos girando en el aire! ¡No nos estamos endeudando!
Días atrás, les dimos un bono distinto, por el alza del costo de la vida, a miles de trabajadores de nuestra patria. ¡Fue con plata del país! ¡La tenemos! ¡No nos estamos endeudando!
Y con gusto estamos apoyando ahora lo que estimo que es un buen proyecto, el cual permitirá aliviar la situación de miles de estudiantes. Les bajará ostensiblemente el monto a aquellos que todavía están endeudados.
Por mi parte, conocí el caso de alguien -y conversé al respecto con el Ministro de Educación anterior- que era titular de un crédito con aval estatal en el Banco del Estado. Para que ello opere, la institución tiene que ejecutar al deudor, tiene que hacerlo "sacar la lengua". Los bienes no eran más que dos sillas, un televisor y unas cuantas cosas -no iban a sacar ni 50 mil pesos-, pero era preciso rematar. Porque, para que el Estado le pague al banco, el sistema es: "Lo estrujé. No tiene más. Ahora usted me cancela". Eso implica el aval. Pero, previamente, se ejecuta hasta las últimas consecuencias. En eso hemos estado. ¡Qué injusticia! A la persona le faltaban seis meses para terminar. ¡Fueron implacables! Por eso recurrí al Ministerio. ¿Cómo es posible que ello suceda?
¡Esa es la gente que anda desfilando en las calles! Porque los estudiantes ya no pueden soportar los grados de iniquidad que le tocó vivir a esta familia modesta de Santiago.
En consecuencia, creo que el proyecto es bueno.
Nos quedan los deudores de CORFO, situación que también constituye una injusticia, pero ello ya vendrá en otra iniciativa.
Y ya se ha acordado que los futuros créditos va a otorgarlos directamente el Estado y que la deuda se encauzará a través de la Tesorería General de la República, con un interés de solo el 2 por ciento. Ya no va a haber ganancia de los bancos, sino que dicho porcentaje representará, a veces, los gastos administrativos para sacar adelante todo el asunto.
Por eso es que valoro el proyecto.
Ahora, creo que ha sido algo maravilloso lo que hicimos por nuestro país -¡siempre va a faltar, por supuesto!- en cuanto a la creación de jardines infantiles, prekínder y kínder. He ido a inaugurarlos ¡y los niños me han cantado en inglés! ¡Ya saben hablar dicho idioma! ¡Ese es el Chile que queremos para el día de mañana!
Habrá que seguir incrementando los prekínder y kínder. Diría que mucha gente ni sabía lo que eran. Se ingresaba a primero básico, ¡y de siete años! ¡Ahí lo permitían! Ello, cuando todos sabemos hoy que al niño, a los cuatro o cinco años, se le enciende una luz ¡y todo lo que se le enseña no lo olvida nunca más! Eso lo perdimos en el caso de muchas generaciones, ¡pero no en nuestras Administraciones, pues implantamos masivamente tales establecimientos con la Presidenta Bachelet!
Por eso considero que hicimos un muy buen Gobierno. ¡Bajamos la pobreza! ¡Realizamos muchas cosas! ¡Siempre falta! Este aspecto también había que mejorarlo, querido Senador señor Hernán Larraín. Es una herencia, pero también dejamos otras que son buenas.
Mediaron numerosas crisis, como aquella que le tocó a la Presidenta Bachelet cuando entregamos el Poder. Pero teníamos el país en orden; la cancha, pavimentadita, y el avión, listo para despegar. Se compuso la situación económica en el resto del mundo y el avión despegó inmediatamente: 5 o 6 por ciento de crecimiento.
Podría haber esperado que, a lo mejor, dijeran: "¡Qué más quieren que hagamos si nos entregaron un país arruinado, endeudado, y tenemos que empezar a batallar para levantarlo!". No. Chile está de pie, siendo objeto de una gran admiración en todas las naciones del mundo, y espero que sigamos en este mismo ritmo de progreso.
Esta es una buena iniciativa. La respaldamos. Apoyo siempre las cosas positivas para el interés nacional, con generosidad y grandeza, porque Chile se halla siempre por sobre todas las cosas.
Naturalmente, voto a favor.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¡Quedamos pocos, Su Señoría, pero íbamos a aplaudirlo por la pasión de su intervención...!
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto, por 29 votos a favor, una abstención y 2 pareos.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Kuschel, Lagos, Muñoz Aburto, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Gómez.
No votaron, por estar pareados, los señores Larraín (don Hernán) y Larraín (don Carlos).
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde fijar plazo para indicaciones, pero no hay quórum suficiente para tomar acuerdos.
Sin perjuicio de darles curso reglamentario a los oficios solicitados por los señores Senadores, se levanta la sesión.