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OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS A DEUDORES DE CRÉDITO CON GARANTÍA ESTATAL


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, queda claro que lo urgente termina siendo enemigo de lo importante.
Nadie puede decir que el proyecto que estamos discutiendo hoy en segundo trámite constitucional no es urgente: ¡es urgente! Y debemos hacernos cargo de él.
Podríamos revisar la historia y ver quiénes concurrieron a elaborar y aprobar el actual sistema, que hoy día nos tiene enfrentados a este debate legislativo.
Sin embargo, más allá de eso, creo que la reflexión en torno a lo importante es la que debiera convocarnos.
Lo señaló quien me antecedió en el uso de la palabra: hace un tiempo se apagó un primer incendio; hoy día estamos sofocando el segundo, y viene un tercero. Pero no discutimos lo relevante: qué vamos a hacer con el sistema educacional.
Y lo digo porque, si solo analizamos las razones que se tuvieron para crear el sistema actual y cómo en Chile tanto el financiamiento cuanto el mayor esfuerzo en educación corren por cuenta de las familias, es porque no queremos discutir acerca del modelo que deseamos instalar.
Eso tiene que ver con financiamiento, por cierto, pero también con cuál es el país que queremos construir hacia adelante; qué debemos ofrecerles a los hijos de nuestros compatriotas; cuál es la sociedad que deseamos edificar; qué carreras profesionales y técnicas demanda la nación; hacia dónde hemos de expandir el desarrollo; cuáles son nuestras necesidades en investigación, ciencia y tecnología, en fin.
Es larga la lista de temas por abordar. Y uno de ellos, sin duda, se relaciona con la forma de financiar la educación.
Hay quienes sostienen, en una mirada que puede ser absolutamente razonable, que la gratuidad solo debe disponerse para aquellos que no tienen recursos. Otros pensamos que hemos de ir un poco más allá y establecer cómo se financia la educación con una forma distinta de concurrir al gasto. Si los que perciben más ingresos colaboran con una mayor carga tributaria, entonces por qué no proceder de otra manera: no por la vía de un arancel directo de una carrera técnica o profesional, sino a través de la concurrencia en los impuestos generales de la nación.
Por qué no establecer efectivamente una igualdad para todos. Por qué no aplicar un sistema que no separe, como ocurre hoy día en la enseñanza básica y la media, donde los más pobres acceden a la educación gratuita y los más privilegiados, desde el punto de vista de los recursos, a la privada. Ello segrega, dando lugar a una injusticia que violenta.
A eso estamos haciendo referencia aquí cuando revisamos cómo han concurrido padres y madres al financiamiento de la educación.
Al tratar el proyecto en la Comisión de Hacienda, teníamos presentes varias cosas. Una de ellas, por cierto, es qué pasaba con la brecha entre los aranceles reales y los referenciales. El señor Ministro y su equipo nos explicaban que estaban analizando criterios de ajuste que tenían que ver con el origen de los jóvenes. Nosotros manifestábamos que ello nos parecía interesante y que echábamos de menos la consideración del caso de aquellos que venían de Regiones donde no podían acceder a educación y cuyos padres y familias tenían que hacer un mayor esfuerzo para costear alojamiento, alimentación, traslados.
Esos aspectos también tienen que plantearse en la mesa de discusión: el acortamiento de la brecha entre el arancel referencial y el real, la situación de los jóvenes de Regiones que se trasladan a otras para acceder a educación, la transparencia en la forma de financiar esta última y poner tal debate en el centro cuando nos aboquemos a la reforma tributaria que el Presidente de la República ha enviado a la Cámara de Diputados.
Junto con eso, también salió a relucir el "tercer incendio" mencionado por mi Honorable colega Hernán Larraín y que tendremos que tratar, que es el de las deudas con la CORFO. Es cierto que en el proyecto de ley que nos ocupa vamos a hacernos cargo del compromiso de un contingente importante de familias, pero aún no lo hemos hecho respecto de otras 106 mil endeudadas a través del crédito citado. A algunas se les han rematado sus casas, sus bienes, por no cumplir con ese tipo de obligación. Estimo fundamental la urgencia asimismo en ese asunto.
Otra cuestión que también fue objeto de análisis en la Comisión de Hacienda era cómo nos hacíamos cargo del caso de numerosos jóvenes a los que se les había asignado un crédito con aval del Estado cuando no lo habían requerido. El año pasado me tocó reunirme con muchos de ellos que figuraban en DICOM por deudas que no les correspondían, y ahí la labor de fiscalización del Ministerio es fundamental. Ese aspecto tampoco se aborda desde el punto de vista de las sanciones a las instituciones financieras.
A mi juicio, es importante que nos hagamos cargo del tema de fondo y que le expongamos al país, desde el Ejecutivo, desde el Congreso, el problema de la educación en su conjunto. En resumen, es algo que tenemos que abordar en forma integral.
Lo destacaban mis Honorables colegas: es preciso garantizarla a los niños desde que nacen hasta que la terminan. Tenemos que abocarnos a la situación de las salas cunas para los hijos de padres y madres trabajadores. Tenemos que abocarnos a la situación de los jardines infantiles, vale decir, del espacio entre el término del derecho a sala cuna y el ingreso a la educación básica.
El desafío es enorme, señor Presidente, y creo que tenemos que abordarlo desde lo fundamental, desde lo que nos demandan hombres y mujeres, y familias enteras.
¿Damos hoy día un paso relevante? Sí. ¿Damos un paso urgente? Sí. Pero aún nos queda mucho por avanzar.
Por ello, concurro a aprobar la iniciativa.