ENTREGA DE BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, esta iniciativa, tal como lo dijo el Senador Lagos, se enmarca dentro de una decisión política del Gobierno. Sin embargo, preocupa que el mecanismo usado se transforme en una práctica.

Hace algunos días escuchábamos a Benito Baranda hablar de que la gente más pobre de nuestro país pide, no caridad, sino oportunidades; de que quiere tener la posibilidad de salir de la pobreza, no a punta de subsidios y ayudas estatales, sino a partir de la entrega de herramientas que le permitan acceder a remuneraciones justas.

Ese tema se halla instalado en el debate nacional, donde existen distintas posiciones.

Hemos escuchado al colega Carlos Larraín expresar que el ingreso mínimo debiera ser de 200 mil pesos.

La verdad es que uno, recordando las palabras de Monseñor Goic, tendría que señalar que aquello es parte de un debate que el país debe sostener; que tendríamos que ser capaces de llegar, de aquí al 2014, con un ingreso mínimo de al menos 250 mil pesos.

Y tiene que ver con esto, señor Presidente, porque el fundamento del Primer Mandatario el 21 de mayo último para anunciar el bono en comento dice relación básicamente con que a las personas más modestas de nuestro país no les alcanzan los ingresos para satisfacer sus necesidades básicas.

Para el 40 por ciento más vulnerable de los chilenos -y esto lo dice el informe de los Ministerios de Planificación y de Hacienda mostrado hoy en la Comisión- los alimentos representan 34 por ciento de su gasto total mensual. Y cuando uno observa el incremento que ha experimentado el precio de aquellos -según el Ministro de Agricultura, no debido a la sequía, sino a la colusión de los vendedores finales-, obviamente, se da cuenta de que se requiere una ayuda para esas familias. Pero -y ahí coincido con el Senador Lagos y me sumo a sus palabras- no puede ser a punta de bonos.

Eso debemos cambiarlo en nuestro país. Y tenemos que hacerlo por la vía de tener remuneraciones justas, que es algo a lo que nos invitó la Iglesia católica hace ya bastante tiempo; que es algo que ha sido tema de campaña presidencial en más de una oportunidad, y que, por cierto, es algo que obedece a las políticas públicas con que deberíamos contar.

En ese mismo sentido, echamos de menos la discusión de una reforma tributaria justa y adecuada.

Hay distintas propuestas sobre el particular. Una de ellas -la hemos trabajado con un conjunto de expertos- dice que en materia de alimentos (al menos no elaborados), de medicamentos y de herramientas en el ámbito cultural debiéramos rebajar el IVA al menos a 10 por ciento. Y lo manifiesto porque, claramente, con este proyecto de ley el Gobierno reconoce las carencias que sufre un segmento de nuestra población y pretende, a través de una decisión política, enfrentarlas con un bono.

Empero, ese problema no se resuelve con una medida por una sola vez y transitoria: la solución debe ser parte de una política pública consistente y permanente en el tiempo.

Por ello, me sumo a lo expresado por algunos colegas en cuanto a la necesidad de afrontar un ingreso mínimo decente, justo y equitativo, y dejar de lado estas políticas, que se asientan en la asistencialidad y no son parte de lo que la sociedad reclama, no como caridad, sino como justicia social.