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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 360ª
Sesión 19ª, en martes 22 de mayo de 2012
Ordinaria
(De 16:21 a 19:22)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR CAMILO ESCALONA MEDINA, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
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FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimados colegas, la normativa en discusión nace de un mensaje del Presidente Sebastián Piñera cuya idea matriz es fortalecer y actualizar el rol de la Superintendencia de Seguridad Social, para lo cual se le otorgan nuevas atribuciones y funciones con miras a mejorar las condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Para ello se crean la Intendencia de Seguridad y Salud y la Intendencia de Beneficios Sociales.
En verdad, el haber sido Superintendenta de Seguridad Social durante cinco años y no haber logrado ese propósito me llenó de frustración. Como hoy día me toca votar al respecto, creo que ello constituye un tremendo avance.
El mensaje menciona, en sus fundamentos, la tragedia que vivió nuestro país en agosto de 2010, producto del derrumbe en la mina San José, el cual dejó a 33 mineros atrampados, durante 70 días, a unos 700 metros de profundidad y puso en evidencia la necesidad de proteger la vida y salud de los trabajadores. Tuvo que ocurrir un desastre de esa magnitud para que entendiéramos que era necesario legislar. El hecho -que terminó con abrazos, aplausos y caras sonrientes- hizo posible una revisión del conjunto de atribuciones de las distintas entidades que hoy tienen responsabilidades en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo.
Con tal objetivo, y a fin de avanzar en la actualización de los mecanismos existentes, el Primer Mandatario formó una Comisión Asesora Presidencial, durante 2010, a la que se solicitó preparar un diagnóstico del sistema de seguridad y salud laborales y elaborar propuestas que permitieran su perfeccionamiento. A partir de dicho análisis se planteó, entre otras materias, el fortalecimiento del rol de la Superintendencia de Seguridad Social en dicho ámbito.
Este último organismo es tan antiguo como la Superintendencia de Bancos o la Contraloría General de la República, pero se había quedado rezagado en el avance de su normativa.
Se expuso la necesidad, entonces, de crear una Intendencia de Seguridad y Salud laborales, al objeto de que se ocupe en coordinar la elaboración de propuestas de estándares en la materia. Asimismo, se destacó la conveniencia de que prepare normas y realice estudios y campañas de prevención, además de conservar la función de fiscalizar a los organismos administradores de la ley Nº 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Por otra parte, la Comisión estimó adecuada la elaboración de un Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo, con miras a registrar e integrar información de todas las entidades administradoras e incorporar antecedentes sobre trabajadores independientes, enfermedades profesionales, gestión de entidades fiscalizadoras, prevención y capacitación.
Señor Presidente, estimados colegas, en la Comisión aprobamos la idea de legislar, pero con varias dudas que aún nos asisten respecto de los verdaderos alcances de la iniciativa legal que nos ocupa.
En mi opinión, esta última sólo le otorga a la Superintendencia la facultad de coordinar, pero sin un sustento legal suficiente. Tampoco le entrega atribuciones para dictar normativas y fiscalizar. Deja fuera de la definición y actualización constante de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo al ente que en la actualidad posee tales potestades.
El proyecto otorga a la SUSESO solo la facultad de sistematizar y proponer la estandarización de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo que no resuelve la cuestión de fondo. Esta última dice relación, a mi juicio, con cuál es el organismo público encargado de esos rubros. Distintos Ministerios. Diferentes criterios. Al final, más burocracia.
En cuanto a la fiscalización de los sistemas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y de servicios sociales, ciertos artículos serán "letra muerta" si no se modifica el gobierno corporativo de Mutuales y cajas de Compensación de Asignación Familiar.
Aquí tenemos un problema, y de los grandes. Pongo el caso, por ejemplo, del artículo 57 de la ley Nº 16.395, sobre las sanciones. Todos estamos de acuerdo con aumentar su monto. No obstante, ellas serán aplicadas a cajas de Compensación, a mutuales, a corporaciones de derecho privado sin fines de lucro. Así, las multas se pagarán con cargo al Fondo Social, a las cotizaciones de trabajadores y pensionados, según corresponda. Eso se refiere a los beneficiarios. Y los directores de mutuales y cajas de Compensación responderán sobre la base de su patrimonio. El problema es que sus dietas, fijadas por ley, no condicen con las eventuales multas ni con los riesgos que están asumiendo. En tal escenario, será más difícil encontrar personas capacitadas que quieran investir esa calidad.
Peor es el caso de los directores laborales, quienes, por lo general, ni siquiera poseen un patrimonio para responder por las multas que se les impongan.
Para que las sanciones sean justas, se requiere un cambio en los gobiernos corporativos de mutuales y cajas de Compensación.
Otro asunto que preocupa es el de los organismos filiales de esas entidades, lo que se contempla en el artículo 32 de la ley Nº 16.395.
Actualmente, dichas instituciones son "dueñas" de empresas en porcentajes menores al 50 por ciento de la propiedad, por la vía de inversiones a través de la compra de acciones de entes relacionados.
Es menester precisar que las inversiones, para el caso de las mutuales, respaldan los capitales representativos, vale decir, los fondos con los que se puede sustentar el pago de las pensiones.
Resulta necesario transparentar el asunto, ponerlo sobre la mesa y consensuar una propuesta, ya que dejar a la Superintendencia de Seguridad Social con facultades sólo para fiscalizar sociedades filiales en que cajas y mutuales tengan el 50 por ciento o más de participación puede constituir un riesgo.
Actualmente, la Asociación Chilena de Seguridad y la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción son socias en sociedades que fueron autorizadas siempre y cuando -lo digo porque me correspondió verlo- tuvieran como mínimo un 50 por ciento de participación. Con el tiempo, pareciera que ese porcentaje fue disminuyendo, y, por lo tanto, la Superintendencia habría quedado fuera en materia de fiscalización.
Otra cuestión que estuvo presente en la discusión de la Comisión de Trabajo fue la cobertura territorial de la Superintendencia de Seguridad Social. Nunca logramos que tuviera más oficinas que la que posee a nivel central. Creo que, por la complejidad de los asuntos, por las distancias de las comunas apartadas, se requieren más esfuerzos sobre el particular. Sé que se han realizado en el último tiempo y se han creado oficinas regionales, pero no todas las que se necesitan.
Este proyecto de ley solo confiere a la Superintendencia de Seguridad Social la facultad de sistematizar y proponer la estandarización de la normativa en esta materia. Ello no resuelve la problemática relativa a la necesidad de establecer un organismo público especializado que se ocupe de garantizar la aplicación de medidas en su ámbito de competencia.
Tratándose de las funciones de fiscalización del sistema de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, algunos artículos de la iniciativa legal podrían resultar ineficientes, particularmente en lo concerniente a los gobiernos corporativos.
Señor Presidente, estimados colegas, el día de hoy se registró un accidente en la mina Teresita, en el sector Las Pintadas, comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama. Dicho accidente le costó la vida al minero don René Gabriel Inostroza Muñoz.
Según la información entregada por la Fiscalía de Copiapó, el hecho se generó en la faena cuando dos trabajadores sacaban una tapa de contenedor de aproximadamente una tonelada, y, debido a la acumulación de gas hidrógeno, se produjo una explosión que lanzó la tapa y esta aplastó a ese minero, de tan solo 42 años.
Ayer, en su Mensaje Presidencial, el Primer Mandatario mostraba su alegría por la disminución de accidentes fatales, de 245 a 180, durante el año 2011. Avanzar en la disminución total del flagelo de la accidentabilidad en el trabajo es un imperativo ético; avanzar en una legislación acorde a los tiempos que corren resulta fundamental.
Creemos que este proyecto va en el sentido correcto; lo aplaudimos y lo respaldamos. Pero estimamos que en la discusión particular se deberá mejorar, con el objeto de dar a la Superintendencia las facultades que requiere para cumplir su rol, y proteger así a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
He dicho.