CREACIÓN DE INGRESO ÉTICO FAMILIAR
El señor ESCALONA (Presidente).- En virtud de los acuerdos recién señalados, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el ingreso ético familiar, con informe de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7992-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 8ª, en 10 de abril de 2012.
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas: sesión 13ª, en 18 de abril de 2012.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de esta iniciativa es crear el Subsistema de Protección y Promoción Social denominado "Seguridades y Oportunidades", destinado a personas y familias vulnerables por encontrarse en situación de pobreza, con el propósito de brindarles posibilidades para promover su acceso a mejores condiciones de vida.
Las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas, aprobaron la idea de legislar por cinco votos a favor (Senadores señores Bianchi, García, Novoa, Orpis y Rossi) y cuatro abstenciones (Senadores señores Sabag y Zaldívar, como integrantes de ambos órganos técnicos).
Las Comisiones unidas dejan constancia de que el Ejecutivo propuso un protocolo de acuerdo donde se compromete a ciertos puntos con relación al documento entregado por los equipos técnicos de la Concertación acerca del proyecto.
El texto que se sugiere aprobar en general se transcribe en las páginas 29 a 45 del primer informe de las Comisiones unidas y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición en los computadores.
El señor ESCALONA (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para permitir el ingreso de la Subsecretaria de Desarrollo Social, señora Soledad Arellano.
--Se autoriza.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión general el proyecto.
El primer inscrito para intervenir es el Senador señor Rossi, quien tiene la palabra.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, entregaré algunos datos de contexto acerca del proyecto en debate, que crea el ingreso ético familiar.
Esta iniciativa busca atacar la extrema pobreza. En Chile, hoy día 170 mil familias, con un total de 640 mil personas, se encuentran en esa situación.
Simplemente, quiero señalar que cuando hablamos de extrema pobreza nos estamos refiriendo a las familias con un ingreso per cápita inferior a 32 mil pesos mensuales, que sería el equivalente a lo requerido para garantizar una dieta de al menos 2 mil calorías diarias a cada integrante del núcleo familiar.
Así que se trata de una cifra importante.
Como porcentaje, uno dice: "Es bajo". Pero -insisto- hay 640 mil personas que se hallan en una condición que ni siquiera les permite satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos, expresados en calorías per cápita.
Por otro lado, un dato bien relevante -lo conversábamos en las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, unidas, que se constituyeron con el propósito de analizar en general este proyecto- es el de que la pobreza y la extrema pobreza tienen rostro de niño y rostro de mujer.
Las cifras que nos entregaron indican que 24 por ciento de la población de entre 0 y 3 años está en situación de pobreza y que 48 por ciento de todos los hogares donde se vive bajo la línea de la pobreza (prácticamente la mitad) tienen como jefa a una mujer.
Por eso señalo que la pobreza tiene rostro de niño y rostro de mujer. Y eso explica por qué el énfasis del proyecto de ley sobre el ingreso ético familiar se ha puesto, básicamente, en esta última, especialmente en su capacidad de obtener empleo y de preservarlo a través de una capacitación continua y permanente.
Se dieron a conocer en la Comisión, también, algunos elementos determinados por el panel de expertos que se conformó en la materia y se señalaron cuatro factores de una gran incidencia en relación con la pobreza y la extrema pobreza: el precio de los alimentos, que provocó un incremento de ese sector entre 2006 y 2008; el empleo; el ingreso, por cierto, y las políticas sociales. Hoy día estamos haciendo referencia justamente a una de ellas que presenta dos antecesores: Chile Solidario y el Programa Puente, y la asignación social.
Lo importante, asimismo -y ello se discutió en el órgano técnico-, es que no sacamos nada con diseñar una política social solo sobre la base de transferencias monetarias, porque, al final, ese tipo de asistencialismo tiende más bien a perpetuar la condición de pobreza. Muy por el contrario, lo que se busca, como lo contempla el mensaje -a través de una intervención sociolaboral, psicosocial, con transferencias monetarias condicionadas y otras no condicionadas, lo que voy a explicar-, es sacar a las familias de la extrema pobreza y entregarles herramientas que les permitan salir adelante de manera permanente y no encontrarse en una situación precaria de vulnerabilidad.
Desde esa perspectiva, insisto en que a la mujer le corresponde un papel central y en que el empleo cumple un rol tremendamente importante.
Se ha discutido mucho en la Comisión el nombre de la iniciativa: creación del ingreso ético familiar. Quizás ello no refleja íntimamente lo que representa y provoca cierta confusión en la ciudadanía, que lo asocia al planteamiento de un salario ético por la Iglesia Católica hace dos años -en particular, por Monseñor Goic-, como una necesidad imperiosa en nuestro país. Entonces, tiende a suscitarse una confusión.
En definitiva, el proyecto exhibe tres pilares: el de la dignidad, constituido por las transferencias que mencioné como no condicionadas, las cuales se le entregan a la familia de acuerdo con el número de cargas; el que tiene que ver con ciertos deberes, y el relativo a los logros.
En el primer caso se trata de una transferencia no condicionada al cumplimiento de ningún deber ni logro. La transferencia familiar asciende a 13 mil pesos mensuales, y posteriormente, por cada integrante, a 6 mil mensuales, en promedio. Por eso, se estima que una familia de dos adultos y dos niños representaría unos 38 mil pesos mensuales.
Después se contempla un pilar con dos deberes estimados relevantes, en cuanto a la participación de los más pequeños: el control del niño sano en el consultorio, en la atención primaria, y la asistencia a clases. Las transferencias respectivas son condicionadas. Se trata de 8 mil pesos por hijo, que se suman a las del pilar anterior, no condicionadas.
Y finalmente se halla el pilar de los logros, relacionados con la educación y el empleo de la mujer.
Ahí se establece un bono al trabajo de esta última. Se considera un subsidio al empleo que va más allá de la extrema pobreza, pero que se focaliza fundamentalmente en este ámbito, y ha sido objeto de debate qué porcentaje se le entrega a la trabajadora y qué porcentaje al empleador. En el caso de los jóvenes, es de 20 por ciento para estos y de 10 para el empleador, en tanto que aquí se trata de 15 y 15 por ciento, cuestión que puede ser debatida, obviamente. Y también existe un bono a la excelencia académica.
Esos son los logros de más largo plazo.
Resulta significativo consignar igualmente, como dije en un comienzo, que se llevarán a cabo una intervención sociolaboral y otra psicosocial, y se efectuará un seguimiento de al menos 24 meses.
Se realizaron debates respecto de varios temas durante la discusión de la idea de legislar, pero se planteó con mucha fuerza -diría que por la mayoría de los miembros de la Comisión- la relevancia de que se determine como una garantía explícita, nítida, el derecho a acceder a estos beneficios si se cumplen ciertos requisitos. El órgano técnico, en general, manifestó cierta preocupación, porque las exigencias no quedarían claramente establecidas en la ley, sino más bien en un reglamento. Y se hace referencia, asimismo, a los recursos que se destinen en la Ley de Presupuestos. Entonces, como este es un programa dentro de un subsistema de seguridad y de oportunidades que forma parte del sistema intersectorial de protección social, lo importante es que se señale con total transparencia cuáles son las condiciones para poder gozar de la cobertura de los beneficios y que ello no quede al arbitrio de la autoridad de turno o del Presupuesto anual.
Es algo así como lo que ocurre en el AUGE, respecto del cual todos sabemos que, de presentarse una enfermedad en un paciente de ciertas características, este va a gozar de toda la protección necesaria, tanto financiera como desde el punto de vista de la oportunidad y la calidad de la atención. Lo mismo estamos pidiendo en este caso.
Diría que eso es lo más relevante del proyecto.
El señor BIANCHI.- Es un buen resumen.
El señor ROSSI.- Gracias.
La idea de legislar fue aprobada por los Senadores señores Bianchi, García, Novoa, Orpis y quien habla, con la abstención de los Honorables señores Sabag (dos votos) y Zaldívar (dos votos).
Eso es cuanto puedo informar, señor Presidente.
)------------(
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento han llegado a la Mesa dos oficios de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que dio su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley sobre derecho a defensa de los imputados (boletín N° 7.854-07).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con el segundo comunica que aprobó el informe de la Comisión Mixta que resolvió las divergencias con relación al proyecto que modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad (boletín N° 5.838-07).
--Queda para tabla.
)-------------(
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Ministro de Desarrollo Social, señor Joaquín Lavín.
El señor LAVÍN (Ministro de Desarrollo Social).- Señor Presidente, desde el punto de vista del Ejecutivo, esta es una iniciativa muy importante, porque apunta, esencialmente, a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Tal como lo expresó el Presidente de las Comisiones unidas, Senador señor Rossi, la última encuesta CASEN -de ahora en adelante es anual, pero la última data de 2009- estableció que 640 mil personas, lo que equivale a 170 mil familias, viven en situación de pobreza extrema.
Esta última definición es bastante similar en todos los países, y, en el fondo, dice relación con la cantidad de dinero que requiere un individuo para comprar, durante un mes, los alimentos equivalentes a dos mil calorías al día. Ello supone que familias y personas en pobreza extrema únicamente subsisten, porque la cantidad de dinero con que cuentan les alcanza solo para el efecto señalado.
Se podría pensar que en Chile no las hay, pero no es así. Repito que 640 mil personas se encuentran en esa condición, lo que representa 170 mil familias y un 3,7 por ciento de la población.
La meta presidencial es que ese porcentaje baje a cero o a lo más cerca posible de cero -cero coma algo, pero no tres coma siete, como hoy- de aquí al año 2014. Y el llamado "ingreso ético familiar" esencialmente apunta hacia dicho sector. Algunos aspectos del proyecto se dirigen a otra población, a lo mejor no en extrema pobreza, mas sí pobre o de clase media vulnerable; pero su esencia apunta al mencionado 3,7 por ciento.
El ingreso ético familiar se construye sobre las políticas sociales anteriores, en especial el Chile Solidario, aun cuando agrega elementos nuevos. Básicamente, se compone de transferencias monetarias -o sea, entrega dinero-, en alguna parte condicionadas al cumplimiento de ciertos deberes o a ciertos logros, y en alguna otra no condicionadas, que se reciben solo por tratarse de una familia en pobreza extrema.
Y, simultáneamente -a nuestro juicio, es algo que reviste igual importancia-, se consideran las que podríamos llamar "habilitación social" y "habilitación laboral", es decir, una labor directa con las familias para que alcancen determinadas aptitudes sociales y para que alguno de sus miembros encuentre después un trabajo.
Hoy día, Chile Solidario, como Sus Señorías bien saben, incluye transferencias monetarias no condicionadas y habilitación social. El ingreso ético familiar agrega transferencias monetarias condicionadas y habilitación laboral.
La iniciativa que nos ocupa incorpora tres experiencias claves de las políticas sociales en el mundo y en Chile.
Las explicaré muy brevemente.
Primero, se va más allá del asistencialismo. Es claro que este, solo, no basta para sacar a una familia de la pobreza. Se requiere que ella salga adelante con su propio esfuerzo.
Segundo, se reconoce un rol central de la mujer. Esta es el elemento clave de la política social. Si se quiere llegar con dinero a una familia, entre entregarlo a la mujer o al hombre es mejor optar por ella, porque está comprobado que así un mayor porcentaje llegará al hogar y a los hijos.
Entre paréntesis, el 49 por ciento de las familias en pobreza extrema se hallan a cargo de una jefa de hogar. Pero el proyecto le asigna el dinero a ella aun cuando exista una pareja.
Tercero, no hay manera de salir de la pobreza si la persona no consigue finalmente un trabajo. Por lo tanto, se incorpora un Subsidio al Empleo de la Mujer, en virtud del cual, si una de ellas en condición de pobreza extrema logra un empleo -diría que es hoy el caso de menos del 20 por ciento en ese estrato, si bien la participación laboral femenina está llegando al 50 por ciento a nivel nacional-, el Estado complementa su remuneración, como lo expuso el Senador señor Rossi, en un 15 por ciento. Y se otorga al empleador, al mismo tiempo, un subsidio por otro tanto. Por ejemplo, si la mujer es contratada por el ingreso mínimo de 182 mil pesos, se le agregará un 15 por ciento, con lo cual sumará un poco más de 200 mil, y se le restará el mismo porcentaje al empleador, quien pagará 160 mil, en definitiva.
Obviamente, los porcentajes pueden ser discutibles. De hecho, hay conversaciones sobre el punto. Pero lo central es que se premia el trabajo femenino.
El ingreso ético para una familia promedio de dos adultos y dos niños se calcula sobre la base de los pilares de dignidad y de deberes. El primero dice relación con las transferencias monetarias no condicionadas, por tratarse de una familia en situación de extrema pobreza, y el segundo corresponde a una cantidad de dinero que se entrega por hijo, en la medida en que este cumpla ciertos requisitos: si es chico, el control de niño sano al día, y si es más grande, una asistencia a clases de 90 por ciento en la enseñanza básica y de 85 por ciento en la enseñanza media. En la Cámara de Diputados se consideró cierta flexibilidad pensando en el invierno de zonas rurales, como en la Región de La Araucanía, donde no es tan fácil registrar esos porcentajes. Si se cumplen esas condiciones, se recibirá un promedio de 53 mil pesos.
Ahora, si la mujer trabaja, es preciso añadir el subsidio a que hice referencia, equivalente al 15 por ciento del sueldo, sobre la base de una escala.
Al mismo tiempo, se contempla un premio al desempeño escolar. Todos los alumnos correspondientes al mejor 30 por ciento del curso conseguirán un reconocimiento. Si se encuentran dentro del mejor 15 por ciento, obtendrán 50 mil pesos por una vez en el año -es algo que depende del ranking de educación-, y si se hallan en el 15 por ciento siguiente, 30 mil.
La iniciativa determina que el elemento de los logros, es decir, el Subsidio al Empleo de la Mujer y el reconocimiento del "logro escolar", digámoslo así, se extiende más allá de la pobreza extrema, e incluso, de la pobreza, ascendente al 15,1 por ciento de los chilenos. Son dos millones y medio de personas, según la última encuesta CASEN. Los premios llegan hasta el 30 por ciento de la población más vulnerable.
Para terminar, debo hacer presente que se ha hecho un trabajo importante en las Comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda y que se han verificado, a mi juicio, avances relevantes, los cuales se van a materializar en los próximos días en indicaciones del Ejecutivo.
Hemos tratado de alcanzar acuerdos con relación a tres puntos donde se han registrado diferencias.
En primer lugar, se nos pidió dejar menos elementos en los reglamentos e incorporar más en la ley en proyecto. Eso se ha acogido en parte, porque se requiere cierta flexibilidad. Por ejemplo, especificar en el texto legal que se va a premiar el control del niño sano es algo muy discutible. Ya el Ministro de Salud nos señala ahora que deberíamos incorporar el control del joven sano o determinados exámenes. Entonces, se quiere dejar cierta elasticidad con relación a determinados elementos. Como la pobreza se medirá todos los años, la idea es ir ajustando las políticas sociales a ello.
Por lo tanto, para no tener que cambiar la ley a cada rato, algunos aspectos están quedando en los reglamentos; pero estamos tratando de llegar a acuerdos para dejar lo más posible en la primera.
Un segundo motivo de discusión ha sido el de la lógica de los derechos garantizados. Aquí procuramos llegar a un consenso utilizando la misma que inspira el sistema del AUGE...
El señor ESCALONA (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor Ministro.
Dispone de un minuto más.
El señor LAVÍN (Ministro de Desarrollo Social).- Ya estoy concluyendo, señor Presidente.
Como decía, la idea ha sido utilizar la misma lógica del sistema del AUGE, es decir, definiéndose qué es una población en pobreza extrema y expresándose que en su totalidad tiene garantizado el derecho a quedar comprendida en el ingreso ético familiar, aun cuando no en forma simultánea. ¿Por qué razón? Porque no es posible atender al mismo tiempo a 170 mil familias que requieren habilitación social y habilitación laboral. Por eso, tiene que haber un flujo de entrada al sistema, entendiéndose que todas ellas quedarán comprendidas en este, finalmente, dentro de un plazo razonable.
Por último, también estamos tratando de avanzar, respecto del Subsidio al Empleo de la Mujer, en lo relativo a qué porcentaje le corresponde a ella y cuánto al empleador. Hemos planteado un 15 por ciento para cada uno y se ha registrado asimismo una discusión. Estamos tratando de llegar a un acuerdo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede redondear la idea, señor Ministro.
El señor LAVÍN (Ministro de Desarrollo Social).- Muchas gracias.
Solo deseo agregar que se han registrado avances suficientes, a mi juicio, no solo para la votación de la idea de legislar, sino también para pensar que el proyecto puede ser despachado en particular lo antes posible. Y ese sería nuestro deseo.
Gracias.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, creo que las intervenciones del Presidente de las Comisiones unidas, Senador señor Rossi, y del Ministro nos entregan una versión bastante clara de la materia en debate.
El tema de la presente iniciativa se viene discutiendo incluso desde antes de la asunción de este Gobierno. Fue afrontado en la Administración del Presidente Lagos con el proyecto denominado "Chile Solidario". Y luego, durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, hubo perfeccionamientos al sistema. Fue ahí cuando se produjo una discusión provocada por la intervención del Obispo Goic relativa al establecimiento o reconocimiento en el país de lo que se llamaría un "ingreso ético".
Esta materia fue recogida en la última campaña por los candidatos, incluido, por supuesto, por el que resultó elegido, que es el actual Presidente de la República.
Fue él precisamente, en su mensaje del 21 de mayo, quien nos habló de un compromiso en el sentido de establecer un ingreso ético familiar. Y nos señaló que era necesario considerar un ingreso ético familiar que él estimaba -seguramente, de acuerdo con los expertos que lo asesoraban- en 180 mil pesos. El que se había planteado en su momento, como aspiración, era del orden de los 250 mil pesos mensuales por familia, no como ingreso personal. No hay que confundir el ingreso ético familiar con el ingreso o salario mínimo.
Pues bien, me parece que la iniciativa que hoy se somete a conocimiento del Senado se enmarca dentro de esa filosofía y dentro de ese objetivo.
Yo planteé en las Comisiones -y lo reitero aquí, en la Sala- que hablar de "ingreso ético familiar" significa crear expectativas que van más allá de lo que ofrece realmente el proyecto. Este es positivo, pero también es bastante modesto. Las cifras entregadas respecto de los subsidios que recibirán las familias en extrema pobreza son muy bajas como para lograr el ingreso ético familiar del que se ha hablado tanto en el ámbito de la sociedad civil como en el propio Parlamento y el Ejecutivo.
Con todo, constituye un avance. Lo ha manifestado aquí el Ministro.
En las Comisiones nos abstuvimos con el Honorable señor Sabag -representando a los Senadores señor Frei y señora Rincón, quienes nos delegaron sus mandatos-, no porque estuviéramos en contra, sino porque le planteamos al Ministro que era necesario corregir el proyecto. Y se le hicieron doce observaciones, que habían sido formuladas también durante la tramitación en la Cámara de Diputados.
Para avanzar en esa materia, pusimos a trabajar a los grupos de expertos que nos asesoraban junto con los funcionarios del Ministerio. Y, efectivamente, se han logrado progresos.
Principalmente, se han sacado del proyecto varias normas que hacían referencia al reglamento y que dejaban mucho el otorgamiento de los beneficios a la discrecionalidad de la autoridad y no a razones más bien objetivas. Hemos llegado a bastantes acuerdos en ese sentido. Sin embargo, aún quedan temas pendientes. Nosotros dijimos que nos abstendríamos mientras no viéramos indicaciones concretas en las cuales se pudiera apreciar el logro de los objetivos que habíamos planteado.
El principal no es, por supuesto, el cambio de nombre. En mi concepto, esta iniciativa perfectamente podría llamarse "Chile Solidario 2" y no proyecto sobre "ingreso ético familiar". Pero no es lo más importante.
El tema más relevante radica, primero, en que los derechos estén garantizados.
Acabamos de sostener una conversación con el Ministro donde le planteamos que todavía no tenemos claridad en cuanto a que estos derechos vayan a estar garantizados, como sucede con el AUGE. ¿Por qué? Porque la iniciativa viene propuesta sobre la base de cupos que se tendrían que otorgar a 170 mil familias. Creo que hablábamos del orden de 100 mil cupos para llevar adelante el proyecto.
El Ministro se ha abierto a conversar el punto a fin de encontrar una manera de lograr aquello. El Ejecutivo estaría redactando una indicación para establecer que el ingreso ético familiar pasaría a ser efectivo, en forma progresiva -al igual que en el AUGE-, para todas las personas, por razones objetivas, al contrario de lo que sucedía antiguamente con las pensiones asistenciales. Debemos recordar que estas tenían determinados cupos, distribuidos por las intendencias y las gobernaciones. Y así, mientras algunas personas lograban el beneficio, un gran número de familias quedaba sin él. Ello se corrigió con la reforma previsional llevada adelante durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, donde se estableció el derecho universal a la pensión asistencial para todas las personas que cumplieran ciertas condiciones.
Queremos que la entrega del ingreso ético familiar no quede a la discrecionalidad de la autoridad o a la distribución de cupos, sino que realmente se otorgue cuando se cumplan los requisitos necesarios para que las familias tengan acceso a este tipo de apoyo o subvención.
Esperamos que el Ministro entregue la redacción de esa indicación en las próximas horas. Sin perjuicio de ello, me ha manifestado que estaría elaborándose un pequeño protocolo, sobre el cual podríamos trabajar para avanzar en esa dirección.
También se ha hecho un planteamiento en lo concerniente al subsidio al empleo de la mujer, donde se dispone el beneficio de bonificación de 15/15, que es diferente al establecido en el caso de los jóvenes, que es 20/10: 20 por ciento para el joven, 10 por ciento para el empleador. En el caso de la mujer, como señalé, es 15/15. Y le hemos manifestado al Ministro la posibilidad de hacer equivalentes ambos sistemas.
Igualmente, hemos insistido en la necesidad de efectuar mayores aportes a capacitación, a fin de que las personas puedan tener un mejor acceso al mundo laboral.
Respecto a muchos temas que hacían referencia al reglamento, efectivamente se ha avanzado. Ya ha habido acuerdo en tal sentido y se han eliminado varias de las materias que se entregaban al reglamento, sin impedir la flexibilidad que el Ministro ha mencionado. Creemos que debe haber cierta flexibilidad dentro de un sistema de bastante objetividad en el otorgamiento de los beneficios.
Esperamos que, con todo esto, el proyecto pueda ser aprobado. Nuestra abstención la habíamos manifestado con el sentido indicado. Y pienso que se ha avanzado.
Ojalá que el Ministro nos entregue un protocolo que disponga que este será un mecanismo progresivo según el cual, en tres años, partiendo de determinado número de cupos, estará funcionando un sistema garantizado de derecho al ingreso ético familiar en una forma equivalente al Plan AUGE.
Esas son, señor Presidente, las razones por las cuales consideramos positivo aprobar en general el proyecto y abrir un espacio de indicaciones razonablemente breve, esperando -se lo digo al Ministro con toda franqueza- que los textos del protocolo y de las indicaciones anunciadas sean satisfactorios. Eso lo veremos, por supuesto, de aquí al próximo lunes, fecha comprometida para su conocimiento, a fin de darle curso al proyecto y que este se convierta en ley en el más breve plazo.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, luego de escuchar al Presidente de la Comisión de Gobierno, Senador señor Rossi, y al Honorable señor Zaldívar, uno no puede sino alegrarse de que este proyecto de ingreso ético familiar vaya a contar, seguramente, con el apoyo unánime de la Sala. Y creo que debe ser así, porque se trata de una iniciativa que nos tiene que convocar a todos en la reducción y ojalá en la eliminación de la extrema pobreza de aquí al 2014, como lo ha propuesto al país el Presidente Sebastián Piñera.
Terminar con la extrema pobreza significa incluir en las potencialidades de desarrollo que tiene nuestro país a 620 mil personas que, como se ha dicho, no alcanzan a recibir un ingreso de 1.000 pesos diarios -¡1.000 pesos diarios!- para atender todas sus necesidades: de alimentación, de vestuario, de educación, de salud, de vivienda, consumos básicos, etcétera.
Este proyecto crea el Subsistema de Seguridades y Oportunidades, destinado a las familias en situación de pobreza y, al mismo tiempo, crea el Bono por Esfuerzo, para quienes pertenezcan al 30 por ciento socioeconómicamente más vulnerable de la población, y el Subsidio al Empleo de la Mujer, para trabajadoras dependientes e independientes que se ubiquen dentro del 40 por ciento socioeconómicamente más vulnerable.
Como lo han destacado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, este es un esfuerzo del Estado chileno, pero que necesaria e inevitablemente tendrá que contar con la voluntad decidida de las familias que quieran salir de su situación de pobreza extrema. Si estas familias no contribuyen con su voluntad -cualesquiera que sean las razones-, desgraciadamente el fin no se va a lograr. Y habrá que avanzar con aquellas que sí muestren interés, que sí deseen salir, que sí quieran darles a sus hijos mejores oportunidades.
Porque, como lo explicaba muy bien el Ministro Lavín, aquí no se trata solo de una transferencia de subsidios monetarios; se trata de una transferencia en función de logros, en función de la capacidad que vaya exhibiendo la familia para enviar a sus niños al colegio, para que estos obtengan altos rendimientos escolares; de la posibilidad de que la mujer jefa de hogar consiga un trabajo, formal o informal, pero remunerado, de tal manera que cuando algún día estas ayudas terminen, las familias integradas al programa del ingreso ético que hayan dejado atrás la extrema pobreza sean capaces de mantenerse fuera de ella y de sostenerse por sí mismas.
Por eso, señor Presidente, porque este es un proyecto convocante, que invita a la unidad nacional, en que el Estado hará un esfuerzo, pero donde, sin duda, el mayor esfuerzo provendrá de las propias familias a quienes se busca beneficiar, los Senadores de Renovación Nacional manifestamos con entusiasmo nuestro respaldo y anunciamos nuestros votos favorables.
Muchas gracias.
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra al Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, Honorable Senado, tal como se ha señalado en el curso del debate, se trata de 620 mil chilenos, agrupados en 170 mil familias, los que se encuentran en situación de pobreza extrema, lo cual se traduce, en la práctica, en que viven con menos de 1.000 pesos diarios por persona.
Eso nos debería golpear fuertemente.
De ahí que esta iniciativa sea tremendamente oportuna, porque de manera prioritaria apunta a focalizar este esfuerzo del ingreso ético familiar en aquellos compatriotas que se hallan en la extrema pobreza.
La pobreza es un concepto relativo; la "extrema pobreza", en cambio, es un concepto duro, que debería sacudir fuertemente nuestras conciencias.
Colocando en perspectiva el proyecto que nos ocupa, debo señalar que históricamente ha existido la tentación de dar al problema de la extrema pobreza una visión de carácter más bien asistencialista, es decir, concentrando el grueso del esfuerzo en transferencias de carácter monetario. Sin embargo, ahora se hace algo diferente, porque se sale de esa concepción asistencialista.
Creo que la normativa en estudio está muy bien pensada, muy bien estructurada, porque apunta a establecer dos elementos adicionales. Cuando solo se trata de transferencias monetarias, las personas no tienen ningún incentivo para salir de la extrema pobreza, porque al conseguirlo dejan de percibir esa ayuda.
¿Qué hace este proyecto de ley, marcando una diferencia? Primero, sin excluir las transferencias monetarias, consagra la entrega de subsidios por dignidad. Yo creo que ahí está el reconocimiento a la condición de extrema pobreza.
Pero, paralelamente a lo anterior, establece un conjunto de transferencias por deberes, pues lo mínimo que se debe asegurar es que las personas participen en programas de acompañamiento psicosocial, en áreas como la educación, la salud u otras, y que sus hijos cumplan, por ejemplo, con los controles del niño sano, con la asistencia a los establecimientos educacionales, para acceder a los beneficios.
O sea, se exigen ciertos deberes. Y creo que las políticas sociales chilenas llegaron, en general, hasta aquí: transferencias monetarias más deberes.
El mérito de este proyecto, entonces, radica en que, desde el punto de vista de su arquitectura, va más lejos, pues apunta al establecimiento de incentivos, es decir, a transferencias de bonos por cumplimiento de logros: en materia de educación, en materia de salud y en materia de empleo.
Y ese es, a mi juicio, el enfoque correcto de una política social: dignidad, deberes e incentivos. Yo resumiría este proyecto de ley, señor Presidente, en torno a estos tres conceptos.
Aquí se pone un desafío tremendo: superar la extrema pobreza, a partir de este proyecto y de otras políticas sociales, de aquí al 2014. Eso significa que esta iniciativa, más allá de su carácter permanente, va a concentrar su esfuerzo de aquí hasta ese año, pues, atendiendo a la denominación del proyecto, no es ético que 170 mil familias o 620 mil personas vivan en la extrema pobreza.
Por eso creo que el foco planteado por el Ministerio de Desarrollo Social en esta iniciativa, cuya arquitectura contempla los tres elementos ya mencionados (dignidad, deberes e incentivos), resulta prioritario. Por muchos años no contamos con una Cartera capaz de avanzar en el tema de las políticas sociales. Ahora estamos viendo un proyecto tremendamente bien concebido -una de las primeras iniciativas a partir de la creación de dicha Secretaría de Estado-, en el que, en mi opinión, existe bastante acuerdo para avanzar en la discusión particular.
Este proyecto -repito-, de la manera en que fue ideado, representa un hito en materia de políticas sociales, por los tres conceptos que acabo de señalar.
Por eso, me alegro de que esta iniciativa se vaya a aprobar, ojalá por unanimidad, y no tengo la menor duda de que en el análisis de su articulado se avanzará en aquellos aspectos en que ha habido diferencias.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).-Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, es indudable que este proyecto va dirigido a favorecer a las 640 mil personas -620 mil han dicho por ahí, pero, según los datos entregados por el Ministerio de Desarrollo Social, son 640 mil- que se hallan bajo la línea de pobreza, es decir, que viven con menos de 32 mil pesos mensuales.
Este proyecto crea lo que se denomina "ingreso ético familiar". Pero nosotros no concordamos del todo con este nombre, porque cuando, en su oportunidad, monseñor Alejandro Goic habló de ingreso ético familiar, el entonces Senador Longueira lo tomó muy a pecho e hizo claras propuestas con respecto a cómo llegar a determinarlo.
Ahora el Gobierno envió esta iniciativa que, a nuestro juicio, debería llamarse "Chile Solidario 2", porque es la continuación del Programa Chile Solidario 1.
No abundaré en lo que significa el articulado, pues ya lo hizo, muy detalladamente, el señor Ministro de Desarrollo Social y también el Presidente de las Comisiones unidas, Senador señor Rossi, sino que me referiré a otros aspectos que todavía no se han mencionado ahora.
Los beneficios que involucra el proyecto implican una inversión total, para el año 2012, de 195 mil millones de pesos, equivalentes a más o menos 412 millones de dólares, de los cuales ya en el Presupuesto del presente año, a través del Programa Chile Solidario, se consideran 212 millones de dólares. En consecuencia, el incremento será de solo 200 millones de dólares.
Por eso, en el año en curso, los Programas Chile Solidario 1 y Chile Solidario 2 se incrementarán en conjunto en 200 millones de dólares. Y al año 2015 habrá un aumento adicional total de 211 millones de dólares.
Lo anterior es, por supuesto, muy beneficioso. Va dirigido -como ya se señaló- a las familias más pobres y se condiciona al cumplimiento de ciertos deberes en educación y en salud. La idea es no tan solo apoyar a las personas y que estas sigan o no haciendo nada, o ni siquiera preocupándose de la salud y de la educación de sus hijos.
Por lo tanto, ese es un hecho muy relevante.
En las Comisiones unidas se hicieron presentes al señor Ministro algunas observaciones, varias de las cuales él, después de una pequeña interrupción de la sesión pertinente, acogió -diría- con muy buena voluntad. Y el resto quedó para verse, después de aprobada la idea de legislar por el Senado, en el trámite de segundo informe. Entonces, junto con las indicaciones que se formulen, se analizarán los demás aspectos que todavía nos merecen dudas a los Senadores de la Concertación.
Cabe expresar también que el texto propuesto constituye un esfuerzo que, si bien no es tan relevante en cuanto a la inversión que hará el Estado para favorecer a las familias más pobres, sí es importante.
Aprovecho la oportunidad para destacar que Chile es una de las pocas naciones que destinan más del 70 por ciento de su Presupuesto a programas de desarrollo social en áreas como educación, salud, vivienda, a través del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio del Interior. Lamentablemente, ninguno de los relevantes aportes destinados a la gente más pobre, a las familias más necesitadas, se toma en cuenta al establecer la distribución de la riqueza en el país. Y siempre vemos una brecha muy ancha entre los más pobres y los más ricos. ¿Por qué? Porque, de acuerdo con el sistema Gini, solo se consideran los ingresos producto del trabajo de las familias y no los subsidios ni los aportes fiscales.
En efecto, el Estado entrega a los pobres casas de 12 o 15 millones de pesos; les da a los niños educación, salud y alimentación gratis en las escuelas, y, en fin, otorga muchos otros subsidios, pero ninguno se considera al medir la desigualdad en los ingresos, a pesar de que -repito- destinamos a ellos prácticamente el 70 por ciento del Presupuesto de la nación. Si en el sistema Gini se incluyeran todos estos beneficios dirigidos a las familias más necesitadas, la brecha entre los más ricos y los más pobres se reduciría de manera ostensible.
En todo caso, señor Presidente, junto con el Senador Andrés Zaldívar -como ya lo explicó él mismo- nos abstuvimos en la votación general del proyecto en las Comisiones unidas; pero ahora lo respaldaremos votándolo favorablemente. Y ojalá se fije un plazo corto para formular indicaciones, a fin de despacharlo a la mayor brevedad, por cuanto la gente más vulnerable requiere con urgencia estas ayudas y todos deseamos favorecer a los más necesitados.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, Chile se ha caracterizado y destacado en el Cono Sur y en el mundo entero por sus buenos resultados en el manejo macroeconómico, con cifras que otros países no han alcanzado.
De hecho, hoy día en Europa todo el mundo mira con preocupación la situación de crisis que la afecta. Y Estados Unidos también enfrenta un problema crucial desde el punto de vista de las finanzas, como asimismo, del desempleo.
Sin embargo, nosotros hemos sido exitosos en materia de economía fiscal en los últimos 15 o 20 años. Por eso la OCDE nos invitó a participar en ese club de países distinguidos.
Pero existe una contradicción, señor Presidente: las familias chilenas, en su mayoría, no son felices.
¿Qué ocurre para que Chile muestre tan buenos resultados macroeconómicos y tan malos desde la perspectiva de la satisfacción ciudadana?
Ese es un tema que tiene que ver, entonces, con la desigualdad del ingreso, con políticas públicas que no atienden adecuadamente lo que las personas desean.
Cabe precisar que uno de los éxitos de la Concertación en sus años de Gobierno fue reducir la pobreza de 45 a 15 por ciento. Pero ese 30 por ciento de chilenos que dejaron de ser pobres y pasaron a integrar la clase media tenían ya demandas de naturaleza distinta de las que requerían los instrumentos que ofrecían el Programa Puente o el Chile Solidario. Y creo que ese fue el motivo por el cual se decidió restar apoyo para la renovación de un Gobierno de la coalición que había logrado tanto éxito, sobre todo, en materia de superación de la pobreza.
No obstante, persiste la pobreza dura: más de medio millón de chilenos y chilenas viven angustiados bajo la línea de la pobreza, porque todavía no se cuenta con políticas públicas que permitan superarla. Quizás los instrumentos de que disponíamos fueron útiles para aquellos que estaban en la línea superior, pero no para los ubicados en la inferior.
Bueno, se han ido perfeccionando los programas. Y me alegro de que abordemos hoy uno que puede atender con eficacia o con mejor resultado las necesidades de la pobreza dura, poniendo incentivos de manera correcta, radicados especialmente en la mujer, que es la que lleva el peso de la mantención del hogar. Tal vez ella consiga mejores resultados. Y por esta razón se consignan allí los instrumentos y los incentivos en materia de capacitación, de búsqueda de plazas de trabajo o de oportunidades de obtener mayores ingresos o alguna entrada.
En definitiva, creo que el país está apuntando en la dirección correcta para atender a ese sector, lo que debe ser prioritario. Porque, a pesar de los resultados macroeconómicos que exhibimos y que son bien valorados en el ámbito internacional, la situación de estas familias, para nosotros y para toda la ciudadanía, debe ser un tema preferente.
Señor Presidente, junto con celebrar la presentación de la iniciativa y el análisis desarrollado por los colegas en las Comisiones unidas, quiero exponer algunas inquietudes que me embargan.
Mi primera preocupación es que los recursos destinados a este proyecto no se usen discrecionalmente; que puedan llegar a las familias que más los necesitan en la forma establecida y con el espíritu no solo con que el Ejecutivo lo presentó, sino también con el que se ha efectuado su debate, el que continuará para hacer las correcciones.
Esperamos que el articulado se perfeccione mediante las indicaciones que se formularán en la discusión particular, luego de que lo aprobemos en general, ojalá por unanimidad.
Mi segunda preocupación tiene que ver con los derechos garantizados: que los beneficios pudieren estar condicionados a la disponibilidad de recursos y de cupos.
Otros señores Senadores y representantes del Ejecutivo ya se han referido a esta situación y a cómo resolver el tema de los derechos garantizados. Pero, en todo caso, la resolución correspondiente se hará de manera gradual, con una meta y en un plazo razonable. Espero que en el intertanto podamos establecer prioridades y destinar recursos, especialmente, donde haya mayor concentración de población en extrema pobreza.
Debemos, entonces, recoger el planteamiento de regionalizar la priorización de recursos, porque hay sectores con mayor cantidad de familias en extrema pobreza. Es muy probable que, si no se considera el planteamiento de regionalización y de actuar donde se concentran los más pobres, estos esperarán hasta el fin del período para que les llegue la oportunidad de hacer uso de los beneficios.
Por eso, he solicitado al señor Ministro poner atención en el destino y ejecución de este programa y en lo que ocurre con los bolsones de pobreza en determinadas Regiones.
Mi tercera preocupación dice relación a la expectativa que se crea con el título del proyecto -"Crea el Ingreso Ético Familiar"-, porque podría relacionarse -como ya lo han señalado algunos señores Senadores- con lo que manifestó la Iglesia, en orden a que aquel debería tener un piso de 250 mil pesos. De modo que con el título de la iniciativa podría ocasionarse una distorsión en la percepción de los ciudadanos en cuanto a lo que estamos aprobando, a lo que significa y a sus alcances.
Por esa razón, sin prejuicio de que, en general, carece de mucha importancia el nombre del proyecto, porque lo que la gente quiere es solución a sus problemas, estimo que, desde el punto de vista de la percepción -y la política son percepciones-, es imprescindible corregir y precisar que los beneficios de la iniciativa no llegarán a 250 mil pesos y que esta no tiene que ver con lo que la ciudadanía entendió por Ingreso Ético Familiar. Por tanto, al programa debiéramos darle el nombre que corresponde.
Estamos ante un gran programa que requiere un enorme esfuerzo, ya que está destinado a ayudar a las familias más necesitadas a salir de la pobreza dura, tarea en la cual la mayoría de la sociedad no les ha dado las oportunidades que otras sí han tenido.
En consecuencia, señor Presidente, con entusiasmo voy a aprobar la idea de legislar. Las indicaciones que se presenten -como han dicho algunos señores Senadores en las Comisiones unidas- van a mejorar el proyecto. Ojalá lo aprobemos en el más breve plazo, a fin de que la ley sea una realidad para las más de 600 mil personas que viven en la extrema pobreza en Chile.
El señor ESCALONA (Presidente).- Me alegra mucho el entusiasmo con que Su Señoría apoya la iniciativa.
Tiene la palabra el Senador Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, se recordaban acá las palabras que años atrás emitió sobre el particular Monseñor Goic, quien fue un visionario.
Desgraciadamente, en el fondo, el hecho de que tengamos 600 mil chilenos -170 mil familias- en situación de extrema pobreza o en la indigencia, es un escándalo, una vergüenza. Por lo tanto, que el proyecto de ley aborde tal problema nos parece muy importante.
¡Cómo es posible que, pese al actual nivel de desarrollo del país, todavía haya niños que no reciban 2 mil calorías al día para alimentarse, sobrevivir o vivir dignamente!
A mi juicio, resulta relevante esta iniciativa legal. Algunos sostienen que la solución que entrega puede crear dependencia, desincentivo a la superación personal, al esfuerzo. Sin embargo, considero muy trascendente destacar que aquí hay un pilar que concede recursos garantizados, asegurados. En ese sentido, cabe recordar las palabras del ex Presidente de Brasil, Lula da Silva, quien señaló que es muy fácil criticar las transferencias monetarias cuando no se ha tenido hambre, porque entonces, naturalmente, la situación es distinta.
De manera que es interesante entregar, incondicionalmente, a esas 170 mil familias -640 mil personas-, 13 mil pesos al mes, más 6 mil por integrante.
También es positiva la existencia de incentivos, "zanahorias", verdaderos estímulos para que las familias se superen. Siempre se habla del "garrote" y la "zanahoria". En este caso, se trata de la zanahoria para que aquellas logren una superación real.
Entonces, es muy relevante incentivar la asistencia escolar, y exigir 90 por ciento de ella a la enseñanza básica y 85 por ciento a la enseñanza media. Si embargo, debemos pedir al Ejecutivo que considere la realidad de las zonas rurales y, también, la de sectores aislados. Porque en Aysén, por ejemplo, debido a la lluvia, la nieve y las inclemencias del tiempo, muchas veces los niños, no obstante caminar horas para ir a la escuela, no alcanzan a llegar. Naturalmente, las cifras tienen que flexibilizarse en función de la realidad de cada Región.
Me parece esencial no dejar fuera a la clase media empobrecida. Por eso destaco las transferencias condicionadas dirigidas al 30 por ciento de las familias de menores ingresos; es decir, a la clase media vulnerable que, ante cualquier contingencia, pasa a ser pobre y requiere apoyo adicional.
No voy a dar detalles de los ingresos que se establecen en el proyecto.
Solo cabe resaltar que el centro de esta política social es la familia, especialmente la mujer. Todos sabemos que esta, si recibe transferencias monetarias, esos recursos los destina a los niños, a la alimentación, a la familia, y no a otro tipo de gastos. Por lo tanto, deseo destacar ese hecho en el análisis del proyecto en debate.
Sin embargo, debemos tomar en cuenta lo sostenido por los especialistas. Me refiero a personas con autoridad en la materia, los señores Benito Baranda y Rodrigo Jordán.
Ellos señalaron que si se opta por una política de ingresos complementarios a través de transferencias monetarias, estas deben responder a los estándares propuestos por las Naciones Unidas, pues se corre el riesgo de provocar importantes externalidades negativas, como es el desincentivo para buscar trabajo, la sensación de inseguridad, la dependencia o el debilitamiento del capital social comunitario. Tal política -decían-, en caso de implementarse, deberá cumplir con exigentes estándares de transferencia, de no discriminación, duración, oportunidad, calidad, simplicidad, adaptación, reclamo, participación y actualización, en un marco normativo institucional y presupuestario adecuado, y en condiciones claras y estructuradas hacia el núcleo del sistema de políticas de superación de la pobreza.
Es decir, algo que no puede quedar al azar. Para ello se debe establecer una política de Estado en una ley y no en un reglamento.
Todos estamos de acuerdo en que este sistema opere gradualmente, como ocurre con el Plan Auge. Como dijo el Senador Andrés Zaldívar, nos parece razonable un plazo de 3 años, pero con criterios objetivos y que ojalá figuren en la ley y no en un reglamento, porque se puede prestar para abusos por parte de la autoridad política de turno.
Por eso, señor Presidente, anuncio mi voto favorable, esperando que las indicaciones que se presenten recojan buena parte de los planteamientos entregados en esta discusión.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se ha solicitado a la Mesa abrir la votación.
El señor BIANCHI.- ¿Cuántos faltan por intervenir?
El señor ESCALONA (Presidente).- Quedan varios inscritos todavía.
¿Habría acuerdo en acceder a lo solicitado?
Acordado.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, las intervenciones de los Honorables colegas que me han antecedido en el uso de la palabra y lo sostenido por el propio señor Ministro me ahorran muchos comentarios.
Por mi parte, entre otras cosas, valoro la extraordinaria disposición de la señora Subsecretaria y del Ministro señor Lavín por establecer una mesa de trabajo donde la Concertación, representantes de la Alianza y parlamentarios ligados al mundo independiente, trabajamos en conjunto con el fin de intentar llegar cuanto antes a acuerdos y, de esa manera, avanzar velozmente en lo que nos convoca: la búsqueda de mecanismos que nos ayuden a superar la extrema pobreza en el país.
Escuché atentamente lo mencionado respecto a las jefas de hogar, a las mujeres, a los niños. Pero acá falta referirse a algo tremendamente importante. ¿Qué pasa con nuestros adultos mayores que viven en situación de pobreza y de extrema pobreza? Porque ellos no pueden quedar ausentes de este debate que llevamos a cabo hoy día, donde lo que preocupa al Gobierno y al Parlamento es, precisamente, encontrar mecanismos para superar la extrema pobreza. Y, por desgracia, en nuestro país hay miles de adultos mayores en esa condición, con la agravante de que no pueden buscar trabajo y no disponen de alternativas para poder mitigar en parte la situación de dolor, de hambre, de pobreza por la que atraviesan.
En esa línea, señor Presidente, el Ministro se allanó absolutamente a perseguir la forma de explicitar en el texto del proyecto las garantías al adulto mayor, a fin de que pueda determinar libremente su participación en el ámbito socio-laboral, sin que eso afecte su ingreso final, con el objeto de no hacer taxativos los casos de mayor aporte con cargo a la transferencia fija.
En seguida, la iniciativa de ley promueve el trabajo de la mujer. Y se dan porcentajes que permiten entregar, tanto al empleador como a la trabajadora, incentivos económicos, tema que nosotros hemos venido reclamando en la Región de Magallanes, en la Patagonia y en otras Regiones extremas por mucho, mucho tiempo. De hecho, el llamado "ex decreto ley N° 889", que incentiva la contratación de mano de obra, el cual se halla detenido aún en la Cámara de Diputados -no se sancionó para este año-, es uno de los instrumentos más importantes para que se registren los bajos índices de cesantía que se observan en las Regiones extremas, como la que represento.
Sin embargo, se da un hecho muy particular. Aquí el incentivo -y me alegro de que así sea- va directamente a la trabajadora, a la mujer: un 15 por ciento. Estamos discutiendo si se da un 20 por ciento a ella y un 10 al empleador. Pero la idea es que el beneficio sea de 30 por ciento en total. Según el proyecto, un 15 por ciento va directo a la trabajadora, en sintonía con lo que hemos venido sosteniendo durante largo tiempo. A nuestro juicio, los incentivos del ex decreto ley N° 889 deben ir a los trabajadores, no solo al empleador. De esa manera, se puede lograr que existan sueldos diferenciados, fundamentalmente para las Regiones extremas.
Por lo tanto, me alegra que el articulado que estamos votando hoy apunte a eso: a que el incentivo del Estado vaya directamente a la trabajadora y, luego, también al empleador, de modo de superar la situación de extrema pobreza que afecta a más de 170 mil familias en nuestro país.
Otro de los temas que hemos venido trabajando y donde alcanzamos -yo diría- importantes acuerdos con el Ministerio y con la gente ligada a él es la situación del trabajador informal. Hay muchas personas que no van a tener la posibilidad de acceder a los incentivos del 15 y 15 por ciento, porque trabajan de manera informal. Venden productos -empanadas, tortas, en fin- o realizan otras actividades, pero lo hacen de manera informal, y, por lo tanto, no van a recibir ningún incentivo estatal.
Por eso, le pedí al Ministro que viera la forma de que el Estado acompañe a esa trabajadora, a ese trabajador, a esa familia en el camino hacia la formalidad; vale decir, que motive a esas personas a tener un ahorro previsional. Pero la idea es que este sea, a lo menos el primer año, de cargo del Estado, para que esa trabajadora que se encuentra en la informalidad formalice su situación y adquiera el hábito, la costumbre de realizar cotizaciones previsionales, tema que, sin lugar a dudas, vamos a lograr consensuar dentro del trabajo que estamos efectuando en conjunto con el Ministerio.
Otro aspecto importante es distinguir una doble dimensión en el ámbito de la educación: no solo debe hacerse un aporte al mejor alumno, al más destacado, incentivo que nos parece realmente extraordinario, sino también a aquel que es capaz de mantener un comportamiento social relevante, de tal suerte que sea parte de nuestra sociedad, que no se sienta ajeno a ella. Y es otra de las indicaciones que estamos formulando en el trabajo con el Ejecutivo a que he hecho mención.
Eso sí, hay un tema que nos preocupa a todos: lo que ocurre con la Ficha de Protección Social. Sinceramente, es un problema grave. El Ministro lo sabe. La Ficha está congelada al alza. Puede bajar, no subir. Así nos lo ha explicado él. Pero llama la atención que en muchos de estos proyectos sociales no participe todo el gran universo que debiera hacerlo. Y la razón es una sola: a mucha gente se les ha disparado los puntajes de la Ficha de Protección Social y ha quedado fuera de todos los programas.
Entonces, es necesario revisar qué ocurre con estos porcentajes que se han elevado de manera extraordinaria; en algunos casos, pasaron de 4 mil puntos a 14 mil. Porque, si bien por un lado existen los programas, por el otro las personas no pueden acceder a ellos porque quedan fuera de los puntajes de postulación, lo que, por supuesto, llama poderosamente la atención. Dentro de algunos días, le haré llegar en persona al Ministro, en un próximo encuentro que espero tener, los antecedentes con que cuento para poder demostrarle, con las fichas y los nombres de los afectados, cómo, sin explicación alguna, se les han disparado los puntajes, con el claro perjuicio que eso conlleva para la gente que desea postular a muchos de estos programas sociales y que queda absolutamente al margen de ellos.
Estamos avanzando. Me alegro de haber votado a favor en la Comisión. Y hoy día, por supuesto, aprobaré la idea de legislar en la Sala. Felicito el que haya habido un trabajo armónico, en conjunto entre el Ministro, la Subsecretaria, el grupo de profesionales que los asesoran y la gente nuestra. Veo un ánimo y una voluntad positivos, lo que nos invita a tener listas las indicaciones lo antes posible, para despachar el proyecto en particular y disponer pronto de buenas noticias para las familias de extrema pobreza en nuestro país.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la verdad es que se ha trabajado arduamente en esta iniciativa de ley y se han conformado equipos técnicos para revisar cada uno de los puntos que preocupaban a los Senadores integrantes de las Comisiones unidas. Y es bueno escuchar en las intervenciones de los colegas y del propio Ministro que se avanza en el perfeccionamiento de un proyecto que obviamente es importante para nuestro país.
Quizás una de las preocupaciones más relevantes que compartían los Senadores en las Comisiones unidas tenía que ver con la posibilidad de que se estableciera este beneficio no como una política asistencial desde el Gobierno, sino como un derecho garantizado, algo que durante los últimos años se había venido haciendo en las distintas políticas públicas y que recogía la lógica de fijar parámetros, requisitos, condiciones para asegurar a la población diversos beneficios.
Eso se le hizo ver al Ministro. Yo, en particular, se lo señalé porque me tocó durante mis años como Superintendenta de Seguridad Social conocer el manejo de la administración de las pensiones asistenciales, las famosas PASIS, que se conformaban en los distintos municipios a través de listas de espera que eran remitidas al nivel central y que se respondían de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que cada mes existiera en el país. Obviamente, ello se transformaba en algo casi odioso para el alcalde, que era quien recibía las solicitudes; para los intendentes, que las recopilaban, y para la autoridad a nivel central, sin ningún tipo de garantía ni certeza para la población. Había gente que pasaba meses y años postulando en estos listados y, a pesar de hallarse en una situación de precariedad, muchas veces no calificaba y, literalmente, moría esperando.
Ese punto se le hizo ver al Ministro, y entiendo que existe un acuerdo para recoger tal inquietud. Obviamente, esto nos parece importante, y se va a hacer bajo la lógica utilizada en otras iniciativas legales, en el sentido de entregar el beneficio en forma escalonada hasta llegar a determinado porcentaje de cobertura en la población beneficiaria.
Creo que, sin lugar a dudas, eso es relevante.
Sé que se han acortado diferencias en otras materias; por cierto, el tema de la discrecionalidad es importante, e incorporar tales aspectos en este debate resulta tremendamente significativo.
En atención a ello, señor Presidente, vamos a aprobar la idea de legislar, con el objeto de abrir un plazo para formular las indicaciones necesarias -la mayoría son resorte, única y exclusivamente, del Ejecutivo, dada la materia de que se trata- y despachar en el menor tiempo posible esta iniciativa.
Asimismo, quiero dejar consignado en la presente discusión un punto no menor: el nombre del proyecto. Lo digo porque, lamentablemente, entre todos creamos expectativas -Gobierno y Oposición- y, al final, si no somos capaces de explicitar de manera adecuada los beneficios que creamos a través de la legislación, se generará frustración.
Sobre el tema del ingreso ético habló Monseñor Goic hace ya bastantes años en el país. Este se entendió, en el contexto en que él lo dijo, como la remuneración adecuada al trabajo. Y hoy día, con el correr de los años, después de la última campaña presidencial, cuando el Presidente Sebastián Piñera se pronunció al respecto, no es admisible dar una idea falsa.
En esta iniciativa no estamos hablando de un sueldo mínimo ni de la remuneración justa del trabajador, sino de un ingreso asegurado para las familias, lo cual es distinto. Por ello, a fin de evitar confusiones y frustraciones, pido que eso quede claramente establecido. Nosotros hicimos ver el problema del nombre del beneficio, justamente para impedir equivocaciones y frustraciones en la ciudadanía.
Por todo lo dicho, señor Presidente, vamos a respaldar la idea de legislar respecto de este proyecto.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, en forma muy breve, deseo destacar tres aspectos del proyecto que me parecen sumamente importantes.
En primer lugar, la iniciativa pone énfasis en el empleo. Lo que interesa es que las personas que se hallan en el círculo de la extrema pobreza superen, en lo posible autónomamente, esa situación; que estén capacitadas para obtener empleos estables y dignos y, de esa forma, salgan de manera permanente del círculo de la extrema pobreza.
En segundo término, y en la misma línea, se estimulan y se dan más condiciones para que la mujer obtenga empleo. En nuestro país, el índice de empleabilidad es bajo, particularmente en el caso del trabajo femenino, el cual es inferior al promedio de América Latina (no nos estamos comparando con los países desarrollados, sino con los de nuestro continente). Y resulta evidente que la falta de posibilidades y de capacidad para enfrentar el mundo laboral afecta fundamentalmente a las familias más pobres.
Y el tercer punto -a mi juicio el más importante- es que el proyecto pretende favorecer el desarrollo del capital humano, al orientarse esencialmente a establecer exigencias para que los niños de las familias en extrema pobreza cumplan con su ciclo educacional.
Quiero destacar que tales aspectos -promoción del empleo y, de alguna forma, incremento del desarrollo educacional, del capital humano de los niños que hoy día viven en extrema pobreza- resultan fundamentales.
Nosotros nos conmovemos y nos preocupamos frente a la desigualdad existente en Chile, pero muchas veces no reparamos de manera adecuada en el principal origen del problema que, en los tiempos actuales, radica en la diferente capacidad para generar ingresos, en las distintas posibilidades que tienen las personas para enfrentar el mundo moderno y en su disímil nivel educacional. Y, si no corregimos esa situación -en el caso de los niños que viven en extrema pobreza debemos tratar de abordarla desde la cuna-, será imposible superar los índices de desigualdad.
En esta materia, más efectivos que las políticas redistributivas son los mecanismos que tienden a generar empleos estables, a mejorar la educación que reciben los alumnos y, fundamentalmente, a poner a los niños de las familias que viven en extrema pobreza en un pie de igualdad con relación a aquellos que pertenecen a sectores sociales más beneficiados y que han tenido la suerte de nacer en hogares donde se les ha brindado un mayor nivel educacional.
Por eso, señor Presidente, creo importante que este proyecto sea aprobado en general, por cuanto significa un avance significativo, sin perjuicio, por supuesto, de los perfeccionamientos que se le puedan hacer durante la discusión en particular.
Voto que sí.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, quiero partir manifestando que no votaré a favor de esta iniciativa, porque no soy partidario de que se apruebe un proyecto que puede resultar inconducente considerando la imagen que se ha formado la gente a su respecto.
Aquí no se garantiza un ingreso mínimo ético para los pobres ni tampoco el término de la extrema pobreza, menos de aquí al 2014. ¡Y aquel que así lo sostenga se autoengaña!
El problema de la pobreza dura, como fenómeno social, constituye un desafío que la humanidad en su conjunto no ha logrado resolver. Y todos los que estamos en esta Sala queremos enfrentarlo. No deseo, por tanto, poner en discusión las voluntades, sino los instrumentos que aquí se proponen.
Esto no es un ingreso ético familiar, sino el "Programa Puente 3.0". Inicialmente, fue el Programa Puente; después, el Chile Solidario, y ahora es la tercera versión de un sistema de protección social que, en tanto fija un plazo de 24 meses para resolver los problemas de la extrema pobreza, no hace más que anunciar anticipadamente el hecho de que no seremos capaces de solucionarlos.
Después de veintitantos años como parlamentario, conociendo mi Región y los fenómenos de la pobreza dura, al igual que el Senador García, quien en el oficialismo siempre se ha preocupado de estos temas, quiero dejar constancia de que este instrumento no me convence, por lo siguiente:
Primero, porque si habláramos de ingreso per cápita en nuestro país y hubiera una verdadera igualdad, se debería garantizar a cada familia de cuatro integrantes un ingreso mensual de 2 millones 425 mil pesos. Si dicho indicador llevara a una distribución real entre las chilenas y chilenos, un grupo familiar compuesto por cuatro miembros recibiría ese monto.
Lo que ocurre es que existen -como se ha dicho aquí- más de 600 mil personas en extrema pobreza. Y este programa, por la forma como se plantean los cupos, no alcanzará a cubrir a todos en los próximos dos años.
Este no es un sistema de derechos garantizados.
A mí me gustaría saber cuál es la cifra que se invierte en gastos de operación versus el costo de la transferencia efectiva. Yo tengo la impresión de que este es un programa caro en lo que respecta al personal que se contratará y a los instrumentos que se utilizarán.
Pero, a la vez, señor Presidente, tengo dificultades con ciertos conceptos que figuran en el proyecto. En particular, me surgen tremendas inquietudes con la expresión "deberes-logros". No creo que haya que premiar a las madres que llevan a sus hijos al control de niños sanos, pues considero que esa es su obligación. Y porque es su obligación muchas veces los tribunales de familia les quitan los niños a aquellas que no son capaces de cumplir con un requisito mínimo.
No estoy llamando a que dichos órganos les quiten los hijos a esas madres. Sin embargo, no me parece que esa sea una señal correcta, que el Estado tenga que decir: "Mire, porque usted no lleva a su niño la voy a bonificar para que lo haga". Eso, a mi juicio, no es correcto, así como tampoco lo es respecto del tema de los estudios.
Si hay algo de lo que yo me arrepiento, en particular con normativas que he votado en el Congreso, cuando fui Diputado, tiene que ver con aquel proyecto donde no se determinó como sanción o falta el que los niños no permanecieran en clases y estuvieran libres en la calle. En ese momento hubo una razón que no entendí del todo y que hoy día entiendo mejor: que debía contemplarse en una ley de la República que era responsabilidad de Carabineros, si pillaba a un niño en la calle, llevarlo a clases obligadamente.
En la actualidad, el Estado no tiene ese instrumento, y no se sanciona a los padres que no mandan a sus hijos al colegio, ¡no se los sanciona!
Por eso, considero que los hábitos que aquí se pretenden construir, por desgracia, hay que repensarlos. Pero no como se está haciendo: bonificar a la mamá que mande a sus hijos al colegio, o a la que los lleve al control de niños sanos.
Tengo dificultades con el concepto inserto en ese sentido.
De la misma forma, si bien comparto que pueda haber una transferencia de ingresos para las mujeres jefas de hogar que caen dentro de índices de pobreza y que ganan el sueldo mínimo, ¡no entiendo por qué -y lo digo siendo yo un representante de una zona rural, donde a ellas muchas veces se les paga el salario mínimo- se le va a abaratar la mano de obra al empresario que contrate mujeres! ¡Por qué crear ese incentivo cuando está demostrado que las mujeres, de acuerdo con muchos estudios internacionales, son más productivas que los hombres y menos falleras que estos!
¡No entiendo por qué se requiere generar un subsidio para aquellas empresas que las contraten!
Lo que debe hacerse es sancionar a las empresas que no contratan a mujeres o que no les pagan los mismos sueldos que reciben los hombres cuando desarrollan igual trabajo.
Tengo una dificultad con la lógica que aplica este proyecto sobre el particular.
Señor Presidente -reitero: no estoy discutiendo lo relativo a la voluntad para enfrentar el tema-, no sé si la lógica con la cual se ha construido esta iniciativa, los incentivos o ciertas transferencias que se consignan, en algo va a cambiar el problema de la pobreza dura que existe en Chile. Yo no tengo esa convicción. No sé si lo que se necesita es, en verdad, un debate más a fondo.
A mí me molesta que se hable de "ingreso mínimo solidario" en este proyecto, porque no es eso lo que se establecerá; no es lo que dijo Monseñor Goic. Al respecto, debo señalar que me siento muy honrado ante lo expresado por el Obispo que pertenece a la Región que represento acá. Su postura era que resultaba inmoral que una familia percibiera un ingreso de menos de 250 mil pesos. Asimismo, se refirió a otro aspecto que no se ha mencionado aquí y que algunos lo hemos escuchado: ¡que es igualmente inmoral que en nuestro país haya personas que ganen los niveles de sueldo que a veces se observan y que, junto con el salario mínimo ético, debería establecerse también un sueldo máximo ético!
A esa parte no se alude mucho.
Yo, señor Presidente, tengo dudas sobre cómo está construida esta iniciativa. El Programa Puente o el Programa Chile Solidario 2.0 no consagran un ingreso mínimo garantizado per secula para nadie, solo generan una transferencia durante dos años como plazo máximo. No se asegura que después de ese lapso se va a salir de la extrema pobreza, ni está claro que el otorgamiento de incentivos -a las madres se les va a dar un premio porque lleven a sus hijos al consultorio o porque los manden al colegio- sea correcto.
Me he ido convenciendo de que, más que estímulos, se deben contemplar sanciones para quienes no lo hacen.
Considero que traer un niño al mundo constituye una tremenda responsabilidad. Y a las personas que deciden traerlo es preciso enseñarles que asuman su responsabilidad y no premiar la irresponsabilidad.
Esto lo he preguntado en numerosas reuniones que he celebrado con familias de trabajo, ¡en muchas! No creen que sea una buena señal premiar a las madres que lleven a sus hijos a control o que los envíen al colegio.
Señor Presidente, junto con lo anterior -y, por su intermedio, le pido al señor Ministro que, por lo menos, pueda compartir un oído, una oreja, pues sé que el Senador Larraín está hablando cosas muy importantes con él-, deseo señalar que, en relación con la Ficha de Protección Social y en materia de políticas sociales, lo que está haciendo el Gobierno es reducir el ámbito donde ellas se focalizan. El ejemplo más claro es Vivienda. En el decreto supremo número 49, siendo un país que privilegiaba y tenía como beneficiarios de la vivienda social a los dos quintiles de más esfuerzo, eso lo redujeron al primer quintil, ¡al primer quintil! Al segundo quintil lo transformaron en clase media y ahora las personas comprendidas en él requieren de un ahorro de 650 mil pesos para postular al subsidio.
Este proyecto no sé a quién va a apuntar,...
El señor ESCALONA (Presidente).- La Mesa le concede un minuto más, señor Senador.
El señor LETELIER.- Gracias, señor Presidente.
... porque el Ministro hablaba de que los premios eran hasta el 30 por ciento de la población o para quienes se hallan en el sistema. Pero, ¿con qué ficha de protección social? ¿Con la que se aplica a la gente a quien yo represento, que quedó terremoteada, que ahora está viviendo en mediaguas y a la que automáticamente le aumentó el puntaje sin que se cambiara de casa? ¡Perdón: de mediagua!
No sé cómo vamos a medir cuál va a ser el público objetivo a ese efecto.
En todo caso, hay algo que nos inquieta a todos: que los recursos públicos se utilicen bien. Y en esto no responsabilizo ni a la Cartera del ramo que encabeza el Ministro Lavín, ni a la Subsecretaria. Pero tenemos un problema de focalización de las políticas sociales, debido a la distorsión en la Ficha de Protección Social, lo que es gravísimo a nivel de las comunas, ¡gravísimo!
Y tengo el temor de que este instrumento termine en lo mismo.
Siento, a veces, que en otros países los programas han sido más eficaces para enfrentar ciertas dificultades, y con un costo per cápita de solución menor del que puede significar este.
Estoy muy interesado en saber cuánto cuesta este programa, más allá de las transferencias, de toda la burocracia que se va a mantener. No tengo la convicción de que sea barato. Me da la impresión de que determinados programas hechos en Brasil han sido más económicos.
Por todas esas dudas, señor Presidente, no votaré a favor de esta iniciativa.
Hay problemas más estructurales respecto a la extrema pobreza, que tienen que ver con que en nuestro país no se permite la sindicalización ni existe un instrumento de redistribución que sea eficaz.
Como dije, tengo mis dudas en ese sentido, más aún cuando el Gobierno ha insistido en mantener el concepto de "ingreso solidario mínimo", que esta iniciativa no garantiza.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, compartiendo gran parte del razonamiento que hizo el Senador Letelier, anuncio que me pronunciaré a favor de la idea de legislar, principalmente porque este es un proyecto que el Gobierno comprometió en su campaña. Y, por lo tanto, cuando se gana un Gobierno legítimamente, se tiene el derecho a implementar las cosas que se prometieron. Distinto es el caso de aquellos temas acerca de los cuales no se formuló un compromiso durante la campaña, como puede ser la reforma tributaria, que se ha anunciado mucho estos días. Al respecto, se llama "reforma tributaria" a algo que, en mi opinión, es una adecuación tributaria -podríamos, incluso, hablar de una "ilusión óptica"- que no responde a la esencia de un cambio en el esquema de la carga tributaria.
En consecuencia, voy a votar a favor por lo que estoy señalando.
Al Gobierno le asiste el derecho a implementar esta política, más todavía porque se trata de los pobres. Y si los pobres no pueden esperar, menos aún les es dable hacerlo a los extremadamente pobres (la extrema pobreza). Tal como han señalado varios colegas -entre ellos la Senadora señora Rincón y el Honorable señor Letelier-, aquí tenemos un problema serio de expectativas, pues lo que se planteó durante la campaña claramente no es lo que hoy día se halla expresado en un proyecto de ley. Lo que se dijo entonces, obviamente, sedujo a muchos chilenos, porque se pensaba que los 250 mil pesos -los cuales no tenían nada que ver con lo manifestado por Monseñor Goic, que por sí solo ya originaba confusión, ni tampoco con lo que ahora señala la CUT, cuando pide un ingreso mínimo por dicho monto- eran para todas las familias pobres. Y esto generó confusión, porque en su oportunidad el actual Gobierno (la Alianza de la época) dijo en su campaña que se iban a conceder los 250 mil pesos a las familias pobres.
La verdad es que siempre se sostuvo: "Vamos a derrotar la pobreza". Así como en mi zona se señaló: "Vamos a poner de pie la agricultura", también se dijo claramente: "Vamos a derrotar la pobreza". Ahora se habla de la extrema pobreza, pero en lo que respecta a esta tampoco alcanzan las fuerzas, la energía, ni los recursos para enfrentarla. Y me refiero a 170 mil familias u hogares pobres.
Coincido con lo que señaló el Senador Letelier, porque el proyecto en comento tiene mucho parecido con la filosofía del Programa Puente, del Programa Chile Solidario: ¡Es idéntico! Detrás se encuentra la misma filosofía. Por eso es que nombres más, nombres menos, o bastante grandilocuencia dan lo mismo. Eso sí, hay mucho ingenio de parte de los asesores del Ministerio de Desarrollo Social. Y yo espero que no sea esa la razón por la cual tuvieron que contratar a tanto personal. Pero hay mucho ingenio: ponen frases muy atractivas.
En definitiva, aquí existe una meta autoimpuesta que es bastante alta: abordar a estas familias en el plazo de dos años. Tengo serias dudas de que vayamos a resolver el problema de la extrema pobreza en ese lapso, porque se trata de una cuestión más bien estructural. De ahí, entonces, lo que mencionó el Senador Tuma con relación a la Región que represento, la de La Araucanía. Y me sumo a lo que se le pidió al Ministro Lavín, en el sentido de que como esto va a ser gradual que se considere a aquellas Regiones donde existe pobreza estructural originada por diversas causas para que, efectivamente, esos territorios sean incorporados desde el comienzo.
También quiero reiterar lo que mencionó el Senador Zaldívar, en cuanto a que aquí no puede haber espacio alguno para la discrecionalidad. ¡Perdónenme, pero en años electorales como los que se nos vienen cualquiera se pone mal pensado!
Convengo en que es preciso incorporar en la ley en proyecto lo que más se pueda, todas aquellas cosas vagas de la reglamentación para que quede muy claro cuáles serán las familias beneficiadas y cómo pueden incorporarse a estos programas.
Insisto: me parece bien el pilar de dignidad, así como también el de los deberes y el de los logros, que han sido cuestionados. Respecto de este último debo señalar que no es nuevo, pues data de hace mucho tiempo.
La tercera razón que da el Gobierno -entiendo que la entregó el Ministro- para postergar la entrada en vigencia de esta normativa tiene que ver con que se agregan otros componentes. Se habla de la habilitación social, de la habilitación laboral. Pero eso es del ámbito de los asistentes sociales -el señor Ministro lo sabe- que deben visitar a las familias. Y los resultados de aquello quedan un poco a la suerte. Nunca se sabe. Es bastante subjetivo el trabajo que se va a realizar ahí.
Y lo anterior tampoco es nuevo, porque se implementó en el Programa Chile Solidario, dependiente del Ministerio de Vivienda, que tuvo como propósito ayudar a superar la pobreza con relación a los espacios de habitabilidad y optimizar las viviendas que carecían de servicios básicos.
Voy a votar a favor del proyecto por las razones que he dado a conocer y porque los pobres no pueden esperar. No obstante, debo hacer presente que mis expectativas, al igual que la de cientos de miles de chilenos, son bastante bajas acerca de esta iniciativa, porque si uno se remite al anuncio, verá que hay letra chica: no es lo que se prometió -¡es mucho menos de lo que se prometió!- más allá de la grandilocuencia de las expresiones y del fraseo.
Respecto del 15 por ciento del subsidio, tanto a la trabajadora como al empleador, en el caso del incentivo a la contratación de mano de obra femenina, me parece bien. Sin embargo, tampoco es algo nuevo porque ya se hallaba consignado en el subsidio que se daba a la Contratación de Mano de Obra Joven de los programas del SENCE, donde un 20 por ciento era para el trabajador y un 10 por ciento para el empleador. Yo pediría que volviéramos a este último umbral.
En definitiva, señor Presidente, echo de menos que este debate no lo hayamos vinculado -me hubiese gustado- con el tema de la reforma tributaria, con lo que se conoce como reforma tributaria. Porque cuando se habla de una reforma tributaria en cualquier país del mundo, lo que se persigue también es lograr efectos distributivos. Y una razón por la cual tengo serias dudas para aprobar lo que se plantea como reforma tributaria es porque no hay tales efectos distributivos, no se va a mejorar en nada la equidad con las medidas que se proyectan para la clase media, según la entiende el Gobierno, que es la que gana cinco millones de pesos. Claramente, esa no es la clase media en Chile.
Entonces, creo que el proyecto que nos ocupa no constituirá la panacea ni el remedio que va a curar todos los males, pero va a permitir que el Estado cuente con instrumentos, con herramientas, para seguir atendiendo a los sectores más pobres de Chile, tal como lo inició el Presidente Lagos en su oportunidad, con la creación del Programa Puente, del Programa Chile Solidario, y como lo hizo en general la Concertación, que hoy tiene muchas dificultades por cosas que no se hicieron bien. Sin embargo, durante 20 años -y de eso no hay ninguna duda- propició la ostensible baja de la pobreza y la superación de la extrema pobreza.
Por eso, señor Presidente, y además por la convicción que ha puesto el Ministro Lavín en su actuar con relación a esta materia, vamos a respaldar el proyecto en general.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, este proyecto de ley, que es de suma importancia y que forma parte del programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, pretende dotar a las familias más pobres del país con recursos y herramientas que les permitan superar en forma permanente su condición de pobreza.
El Ingreso Ético Familiar posibilitará terminar con la indigencia, también denominada "pobreza dura", en un plazo relativamente breve, sin necesidad de que dicho sector tan postergado y vulnerable siga dependiendo del asistencialismo.
Se basa en los principios de seguridades y oportunidades, y en ese contexto su diseño es totalmente acertado, al fundarse en dos ejes. Por una parte, las transferencias monetarias a las personas que viven en la extrema pobreza, y por otra, en el fomento del desarrollo de diversas habilidades para que las familias que se encuentran en esta situación la superen por sí mismas y en forma estable.
No deja de ser importante el rol que esta iniciativa le atribuye a la mujer, pues se le va a permitir que reciba las transferencias premiándose su inserción en el mercado laboral, lo que constituye un estímulo por la obtención de este logro.
Las transferencias que se proponen en el proyecto en examen se pueden dividir en las que se efectúan por motivos de dignidad, las que se entregan por cumplimiento de deberes y las que se otorgan por obtención de logros.
De acuerdo a lo que nos plantea la iniciativa, es esperable que al incentivar el empleo de las personas menos calificadas logremos importantes avances en la calidad de vida de las familias de menores ingresos y mejoras sustantivas en materias de desigualdad.
Es necesario destacar, por otra parte, que el espíritu que anima al proyecto que se nos propone es ir en ayuda de las familias de los sectores más vulnerables, pero con el objetivo de que una parte del ingreso que obtengan sea generado por ellas mismas, y no solo por ayudas del Estado, lo cual reducirá la dependencia y evitará perpetuar su situación de vulnerabilidad.
Durante su debate en general, en las Comisiones de Hacienda y de Gobierno, unidas, se han suscitado dudas y generado inquietudes, todas muy atendibles, las cuales fueron acogidas por el Ministro de Desarrollo Social -quiero felicitar, por su intermedio, señor Presidente, al señor Joaquín Lavín-, con el objeto de mejorar sus disposiciones e, incluso, se ha suscrito un compromiso que consta en el informe que hoy se nos presenta.
De esta forma, resulta indudable que muchas de sus disposiciones podrán ser mejoradas durante el debate en particular, mediante las indicaciones pertinentes.
Sin embargo, lo importante es que estas medidas que se introducen en nuestra legislación van en el sentido correcto de obtener una real y efectiva superación de la pobreza. Porque como bien se nos señala en el mensaje, después de dos siglos de vida independiente, con un país de extenso territorio, fértil en recursos naturales, que ha obtenido importantes avances en materias económica y de desarrollo en el marco de un Estado de Derecho plenamente consolidado, ¿cómo es posible que aún no nos sea factible desprendernos del flagelo de la injusta distribución de la riqueza en nuestro país, que afecta a tantas familias?
Señor Presidente, la pobreza dura es una realidad indesmentible. Solo como ejemplo, debo mencionar que en la ciudad de Viña del Mar (la represento en el Senado), la de mayor carácter turístico de Chile, existen aún muchos campamentos, los cuales no están a la vista de los turistas que nos visitan constantemente. Las familias viven allí en condiciones infrahumanas, y deben salir cuanto antes de tal situación, que atenta contra su dignidad.
La Región de Valparaíso congrega a un tercio de los campamentos de Chile. Yo me relaciono a diario con ellos. Hemos estado trabajando con esa realidad desde los 14 años. En definitiva, debemos hacernos cargo de ese problema. Es una misión de carácter ético insoslayable para el Gobierno del Presidente Piñera.
Como legisladores, estamos obligados a ayudar a que quienes viven en extrema pobreza salgan de esta condición. De otro modo no se cumpliría el mandato constitucional de igualdad en derechos y dignidad.
La brecha aún es muy grande, y se hace necesario no solo disminuirla, sino cerrarla definitivamente, para terminar con la desigualdad.
El proyecto que nos ocupa esta tarde constituye, sin lugar a dudas, un avance significativo en tal sentido. De modo que, estando orientado en la dirección correcta, debemos darle nuestro respaldo, sin perjuicio de procurar perfeccionar sus normas durante la discusión particular.
Tal como dijo el Papa Juan Pablo II en su recordada visita a Chile, hace exactamente 25 años -y así lo recoge el mensaje en su fundamentación-, "Los pobres no pueden esperar".
Por lo tanto, felicito por esta iniciativa a mi Gobierno, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y, por supuesto, al Ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín. Y espero que sea realidad cuanto antes esta normativa, tan anhelada por los sectores que viven bajo la línea de la pobreza.
Por consiguiente, daré mi voto favorable a la idea de legislar.
Es en extremo necesario y urgente terminar con los tres Chiles que coexisten: el de las cifras macroeconómicas; el de la tremenda y penosa desigualdad en la distribución del ingreso, y ese otro al que ni siquiera le alcanza para sentirse Chile: el de las zonas extremas, las que también viven con gran desigualdad.
Por ello, señor Presidente, voto a favor de la iniciativa en general. Y anuncio el pronunciamiento afirmativo de los Senadores de la Coalición por el Cambio.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Voy a votar que no, señor Presidente. Y lo haré porque me parece que existe una contradicción brutal entre el contenido del proyecto y su título.
Alguien podrá decir que es irrelevante que haya o no concordancia entre el título de una iniciativa y su contenido. Sin embargo, a mí me gusta que sobre el particular exista coincidencia plena, para que, en política, las palabras sean lo que realmente son.
No me parece, pues, adecuada la forma como se presentó este proyecto.
Además, señor Presidente -y trataré de ser lo más breve posible en mis comentarios-, en él no se pone el énfasis en lo que debe entregárseles a las personas más vulnerables, sino en decirles: "Se les dará tal beneficio, siempre y cuando cumplan determinadas condiciones".
He conversado al respecto con el señor Ministro de Desarrollo Social. Le he manifestado que, en mi opinión, esa es una manera inadecuada de tratar la materia, pues implica imponerles requisitos a quienes menos tienen, a aquellos que sufren la pobreza dura por no haber conseguido lo que lograron muchas otras personas.
Violenta a mi conciencia el que mediante determinados artículos se le diga a alguien: "Si usted se compromete y le va bien en el colegio, se le dará lo que necesita, porque es un premio".
¡Aquí no estamos tratando con personas susceptibles de ser premiadas o no!
Pero la concepción de dar conforme al rendimiento de las personas llega hasta la exageración cuando se aborda lo concerniente a la salud.
Señor Presidente, la mamá debe llevar a sus niños a los controles sanitarios. Pero en algunas ocasiones no lo hace, entre otras cosas porque muchas veces no hay centros suficientes para atenderlos o porque viven lejos de los existentes.
Ahora, no se trata de un problema del actual Gobierno: es un problema de Chile desde tiempos inmemoriales. Y todos hemos participado en la búsqueda de soluciones.
Pero a esa persona vulnerable se le dice en la parte pertinente del articulado: "Si cumple con esto, le doy la plata. Si no cumple, no se la doy".
Señor Presidente, cuando observamos la diferencia de ingresos existente en nuestro país; cuando se presenta una reforma tributaria; cuando les hemos clamado a muchos Ministros diciéndoles "Por favor, financien cosas que el país requiere con un exceso de utilidades de instituciones que no es tolerable porque en su obtención ha mediado la usura", cabe preguntar por qué no se toca el punto aludido ni en la reforma que viene ni en el proyecto que nos ocupa en este momento.
Cuando les damos garantías a esos sectores, claro, estamos construyendo para que haya productividad y empleo.
Pero "Si no hace eso, usted no tiene derecho a recibir el beneficio".
Señor Presidente, aquello es antiético. Y lo digo con mucho dolor.
Yo no quiero que este Gobierno fracase -se lo he expresado con mucha franqueza a todos los Ministros y al Presidente de la República-, porque si tal ocurre fracasa la democracia en Chile.
Tengo certeza al respecto. Esa es mi impresión. Por lo tanto, no quiero que aquello suceda.
No obstante, tampoco puedo aprobar algo que me revienta y que repugna a mi conciencia.
Y lo he hecho saber, y he actuado en consecuencia, y lo he dicho, y he dado mi firma, y he votado desde que estoy en el Parlamento.
Tuve dificultades con mi Gobierno. En su momento dije que había cosas que no me gustaban. Y lo he repetido. Creo que cometimos errores. Quizá, si no los hubiéramos cometido, podría haber pasado lo mismo. Pero no es ese el punto.
Aquí no estoy adhiriendo a determinada manera de proceder. No se trata de si lo hizo o no lo hizo el Gobierno de la señora Bachelet o el de cualquier otro Presidente. Simplemente estoy diciendo que esto de que para darle un beneficio a una familia se le exija que se comporte de determinada manera no lo habíamos visto en ningún proyecto, por lo menos desde el año 90 en adelante.
¡Si lo que estamos haciendo con esta iniciativa es entregarles recursos a esas personas porque no han podido conseguir nada más!
Ahora, si me dijeran "Para financiar el beneficio vamos a reducir de alguna manera la diferencia de ingresos que hay en Chile; vamos a tocar en cierto modo las ganancias que -repito-, en porcentajes usurarios, perciben 6, 7 u 8 instituciones", yo podría hacer caso omiso a mi conciencia.
A veces en política tenemos que proceder así. Pero no es este el caso.
Señor Presidente, hay un argumento que me parece razonable aducir para votar que no: la notoria diferencia existente en el país en materia de ingresos.
Tal vez haya que pedir un esfuerzo a quienes pueden -y podemos- pagar más. De hecho, hemos pagado caras algunas cosas.
Eso es posible, señor Presidente. Porque en Chile algunas personas tienen un patrimonio de 5 mil millones de dólares, mientras otras no reciben más que un salario exiguo.
El Gobierno, por boca de la señora Ministra del Trabajo, declaró que no se puede llegar a un sueldo mínimo de 250 mil pesos.
Eso puede ser razonable.
¿Pero por qué no hacemos en este proyecto cambios que nos permitan al menos en el 2014, como se ha expresado aquí, terminar con la pobreza?
La fórmula propuesta no me parece adecuada. Es insuficiente, y no toca los altos ingresos.
Por eso, tengo un problema real de conciencia, de diferencias en cuanto a las tareas que deben llevarse a cabo para enfrentar la pobreza. Porque la solución no reside solo en dar más.
Me alegra que se entreguen los beneficios en comento.
¡Por favor! ¡Si no podemos ser tan torpes como para no entender que hay que hacerlo! Pero a la hora de votar, sopesando que eso equipararía los errores de que adolece el articulado, voy a pronunciarme en contra, porque mi planteamiento en términos económicos nunca ha sido el que se contiene en este proyecto.
Voto que no.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, a diferencia de quien me antecedió en el uso de la palabra, voy a votar a favor.
A decir verdad, no me pronunciaría nunca en contra de un proyecto que tendiera a ayudar a la reducción de la pobreza; más todavía, de la extrema pobreza.
Cuando uno vota, el dilema entre alcanzar siempre lo óptimo o, de lo contrario, rechazar las iniciativas resulta políticamente inviable.
Lo mejor es enemigo de lo bueno. Por tanto, cuando existe algo bueno, no cabe la menor duda de que hay que apoyarlo.
Eso se aplica también a otras materias, que veremos más adelante. Pero en esta, al menos, considero importante reafirmar ciertos criterios que se están planteando.
Porque no cabe duda de que la reducción de la pobreza, y sobre todo de sus márgenes más extremos, requiere soluciones cada vez más complejas.
Quienes están en la extrema pobreza se encuentran muy lejanos del mundo cultural, del ámbito educativo, de la forma como se va desarrollando la sociedad; e incorporarlos a esta resulta extremadamente difícil.
De un lado, los casos que uno conoce en la zona por la cual es Senador son siempre motivo de escándalo. Pero de otro, cuando uno piensa en la solución del problema, ella nunca se ve fácil. Y no se trata solo de la entrega de mayores recursos económicos.
Por eso, la combinación de elementos que trae la propuesta que nos ocupa -realización de intervenciones que estimulen la búsqueda de empleo, que incentiven el desarrollo educativo del grupo familiar, que se ocupen en cuestiones de salud-, en mi concepto, invita a mirar el problema en una dimensión múltiple, más variada.
Ahora, uno piensa, por una parte, en si los tiempos que acompañan a este proyecto son suficientes -probablemente se requiere que sean mayores-, y por otra, en si los montos de los beneficios van a ayudar. Porque si una persona tiene empleo y gana el sueldo mínimo, obviamente, con los recursos complementarios va a percibir una renta superior a los 250 pesos mensuales que se han mencionado aquí como ingreso ético familiar. Pero si está desocupada, simplemente obtendrá del orden de los 53 mil pesos, con lo cual no se resolverá su problema central.
Por eso, aquí hay algo que probablemente se podrá estudiar y discutir más, para asegurar los objetivos del proyecto.
El Presidente Piñera, cuando era candidato, se comprometió a que en cuatro años se iba a eliminar la extrema pobreza. Y este es el principal instrumente para lograr esa finalidad.
Queda la mitad de su Gobierno. Por lo tanto, se necesita un esfuerzo especial. El año pasado ya se hizo uno de carácter económico que complementó los ingresos de los sectores más pobres. Y el de ahora está llamado a ayudar a alcanzar aquel objetivo, tarea que, sin duda -repito-, resulta bastante difícil, pues el problema es extremadamente complejo.
La multivariedad de situaciones que viven las personas que se encuentran en la condición señalada hace pensar que el esfuerzo debe ser muchísimo más grande.
Como aquí ya se ha señalado, se necesita no solo mayor desarrollo económico del país, sino además ir a la raíz de los problemas que afectan a nuestra sociedad. Y eso pasa por educación y por trabajo digno y decente.
Mientras no tengamos estabilidad en esos dos factores, será difícil pensar que Chile va a superar los actuales niveles de dificultades socioeconómicas que tocan a muchas familias.
En esta normativa se está haciendo un esfuerzo que, por cierto, ha tenido en consideración el programa Puente y, en general, los programas de Chile Solidario. Pero se trata de un esfuerzo distinto, renovado, que requiere nuestro respaldo para lograr que con la intervención social y con las transferencias que se proponen se les haga un aporte significativo a quienes se encuentran en aquellos niveles de dificultades.
Yo no sé si va a ser suficiente. Al cabo de algún tiempo podremos evaluar cuán suficiente ha sido. Pero no podemos dejar de realizar todos los esfuerzos posibles para erradicar de Chile la pobreza, y en forma prioritaria, la extrema pobreza.
Así que, en tal sentido, y esperando que logre fructificar el trabajo efectuado por el Ministerio de Desarrollo Social, que le ha asignado especial primacía a esta iniciativa, vamos a aprobar la idea de legislar.
Sí, invitamos al propio Ejecutivo a una evaluación bastante pormenorizada para ver el avance en la consecución de los logros, tanto más cuanto que muchas veces, por tratar de resolver demasiadas variables simultáneamente, se termina yendo un poco más adelante que la asistencialidad. Fue quizás lo que les pasó a los programas de Chile Solidario, como el programa Puente: al final, fueron muy asistencialistas.
Necesitamos salir del asistencialismo, para llegar a caminos que les permitan a las personas, por sí mismas, ser autosuficientes.
En esta iniciativa hay un intento por potenciar esos factores. Ojalá los resultados sean favorables.
A la espera de que así ocurra, vamos a darle nuestro respaldo.
Voto que sí.
El señor ESCALONA (Presidente).- Estaba inscrita la Senadora señora Allende, pero no se halla en la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, trataré de ser bien breve, pues creo que, en general, todas las intervenciones apuntan a resaltar las bondades del proyecto y su dirección correcta.
Esta iniciativa tiene como objetivo, a corto plazo, derrotar la pobreza extrema, y a mediano y largo plazos, sentar las bases para terminar con la pobreza en Chile.
Sin embargo, y dejando de lado la cuestión del nombre del proyecto -puedo entender al Senador Mariano Ruiz-Esquide y a otros colegas-, debo señalar que el ingreso ético familiar sí genera una dificultad.
Esa idea surge el año 2009, en medio de las campañas presidencial y parlamentaria.
Durante los comicios de tal índole existe la tendencia a plantear propuestas que capturen la atención de la ciudadanía; ni siquiera digo que se hagan de mala fe.
Pues bien, en el contexto de una movilización social creciente en Chile, una persona muy respetada, con mucho ascendiente, dijo que en nuestro país debería haber un ingreso ético familiar de 250 mil pesos. Y tuvo la gracia de ponerle una cifra.
Todos hablábamos de la necesidad de que existieran mejores ingresos. Pero Monseñor Goic tuvo la valentía o el tino político (dirán unos u otros; una Senadora que se sentaba en las bancas de enfrente y que hoy día es Ministra del Trabajo expresó: "Obispo Goic no tiene idea de economía") de colocar un guarismo, con lo cual capturó la atención de la ciudadanía.
Eso hizo que durante la campaña presidencial, legítimamente, alguien manifestara: "Yo me propongo terminar con la extrema pobreza y seguir reduciendo la pobreza en Chile". Y para eso planteó el ingreso ético familiar.
Sin embargo, la gran mayoría de los chilenos, y sobre todo quienes están en condiciones muy vulnerables, entienden que a los beneficiarios les va a entrar un cheque por 250 mil pesos o se les procurará un empleo -a ellos, no a sus familias- por tal cantidad.
Eso hay que decirlo. Y es responsabilidad nuestra aclararlo. Porque la clase política cae en descrédito cuando ofrece algo que después no se lleva a cabo. La ciudadanía se confunde. Y somos todos responsables cuando no se hacen las cosas bien.
Quiero asociar esto, además, con otra promesa de campaña (lo recuerdo cada vez que puedo al Ministro Lavín, a los demás Secretarios de Estado de este Gobierno y al oficialismo): simultáneamente con plantear el ingreso ético familiar, se habló del bono de marzo. En junio de 2009, cuando todavía había optimismo para pensar que se ganaba la elección, catorce meses antes, se expresó: "Se va a requerir un bono de emergencia", acto de populismo completamente abyecto en el cual se "patinaron" 400 millones de dólares que después se necesitarían para reconstruir Chile. Porque, claro, cuando se promete, con catorce meses de anticipación...
El señor LARRAÍN.- Nueve.
El señor LAGOS.-... -o nueve-, un bono representativo de 400 millones de dólares, un terremoto posterior deja corto de recursos y es preciso desarrollar toda una inventiva para recolectar más. ¿Por qué? Porque nadie en su sano juicio puede plantear, ocho o nueve meses antes, que se precisará un bono para marzo.
Dicho esto, y dejando de lado la cuestión del nombre, que motiva una confusión -y ese sí que es un descrédito para la clase política, porque los chilenos vulnerables van a creer que existirá un sueldo de 250 mil pesos para cada uno de los que se encuentren en situación más precaria, en circunstancias de que no constituye una transferencia monetaria-, anuncio que votaré a favor de la idea de legislar, porque no se trata sino de lo que realizamos durante los últimos quince años de la Concertación: políticas públicas focalizadas, que pasaban de un mero asistencialismo a buscar cada vez más cómo reducir la pobreza y la extrema pobreza.
El Programa Puente y el Chile Solidario no solo descansaron entonces en la idea de que el crecimiento económico iba a sacar a las personas de dicha situación como efecto del chorreo. Lo que hicimos con tales proyectos fue acercarnos a esos chilenos, ya pobres de completa solemnidad, y manifestarles a cada uno: "Usted, mi amigo, va a estar en el sistema. Usted no cuenta ni con carné de identidad. ¡Qué va a tener ficha de protección social, si carece de todo!". Lo que se haría ahora es profundizar aquello, y, con razón, hay que apoyarlo.
Otra cosa es, como se le ha expuesto al Ministro de Desarrollo Social en múltiples oportunidades, si la forma en que se halla estructurada la iniciativa corresponde a la mejor política pública a la que podemos aspirar, dados nuestro nivel de desarrollo y nuestros recursos. Por eso se planteó la cuestión del diseño, de cómo asegurarnos de quiénes son los beneficiarios, de cuál es la cobertura, de los recursos necesarios.
Al ingresar el proyecto, ¿qué señala el informe financiero en enero? Solo se hace referencia al financiamiento para el año en que se apruebe, para el primer año. No se sabe lo que ocurre después.
A mi Honorable colega Orpis, señor Presidente, cuya presentación escuché atentamente y compartí en buena parte, le formulo solo un alcance, no una corrección. En lo relativo al presupuesto y al derecho garantizado, se registra precisamente una profundización, como nunca, de las políticas públicas. Porque asistencialismo significa: "En la medida en que tenga recursos, pago"; pero un derecho garantizado requiere una visión de más largo plazo y plantearse financiamientos permanentes para hacerse cargo de una situación que, eventualmente, terminará en el tiempo. Mas es preciso ponerse en el universo de lo máximo por obtener.
Eso es lo que hizo el AUGE. Eso es lo que hace la pensión básica solidaria. Y hay que incorporarle al proyecto ese elemento para mejorarlo, no para boicotearlo.
Y me alegro de que, en conversaciones que están teniendo lugar con el Ministro señor Lavín, se haya planteado la posibilidad, según entiendo -y no sé si es algo secreto, o reservado, o se tiene que confirmar con alguien-, de ponernos en el caso de asegurar que se va a disponer de los recursos necesarios por un plazo equis, el cual no tiene por qué ser de un año, ya que podemos darnos tres o cuatro. Así, todo el universo de las 170 mil familias, o sea, de 640 mil chilenos, van a quedar comprendidas en la propuesta. Y, en consecuencia, se va a contar con financiamiento y sí va a ser un derecho garantizado.
Le encuentro sentido, señor Presidente, a lo expresado por el Senador señor Ruiz-Esquide respecto a las exigencias que se les pueden hacer a quienes se desea favorecer. ¿Por qué lo digo? Porque muchos beneficios implican contraprestaciones o condiciones para ser otorgados. En el caso de algunos subsidios, no es posible vender la casa de inmediato, por ejemplo. Se contemplan ciertas restricciones. Pero aquí se trata de chilenos que no están en el sistema. Por lo tanto, comprendiendo el sentido que se halla detrás de decir: "Generemos un incentivo para que la persona lleve a los hijos a vacunarse o para que estos saquen buenas notas a fin de obtener 50 mil o 30 mil pesos, según su ubicación entre los mejores alumnos del curso", creo que, cuando es gente tan desamparada, es difícil exigirle siquiera un comportamiento determinado. A mi juicio, sería necesario garantizarle un mínimo civilizatorio.
Y, por último, me llamó la atención que mi colega de circunscripción, Pancho Chahuán, con quien estamos trabajando mucho en la Región de Valparaíso y conocemos bien la situación de los campamentos, dijera algo que no quiero, en buena, dejar pasar. Expresó: "Desde los 14 años trabajo en relación con la extrema pobreza, y ahora, con el Gobierno del Presidente Piñera, se le va a poner término".
Le recuerdo a Su Señoría, quien nació en 1971 y tiene, por lo tanto, 41 años, que hace como 26 años, cuanto tuvo 14, la pobreza era superior al 47 por ciento y la extrema pobreza rondaba el 20 por ciento. Deseo hacerle presente, entonces, que con la actual Administración nos queda únicamente reducir el 3 por ciento de la extrema pobreza y el 14 o 15 por ciento de la pobreza. O sea, su contribución de los 14 años ha operado. Pero han sido políticas focalizadas, y no solo crecimiento económico, lo que nos ha permitido dar cuenta del problema.
El proyecto se encuentra muy bien encaminado, de modo que lo vamos a apoyar, pero es preciso mejorarlo para terminar con la discrecionalidad y tener derechos garantizados a firme.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, me viene a la memoria que, cuando se discutía la Escuela Nacional Unificada y en la primera página se señalaba que esta tenía que formar al hombre nuevo, ahí terminó el debate. Y no se llevó a cabo debido a que, en la época de los setenta, se desató un enfrentamiento.
Porque, en definitiva, en el título se expresaba algo que muchos interpretaban de un modo diverso. ¿Qué era el hombre nuevo? ¿Cómo la educación iba a estar a su servicio? ¿Era el hombre revolucionario? ¿Era el hombre de fe?
La verdad es que el señor Ministro o todos debiéramos hacer un esfuerzo por aclarar el concepto de "ingreso ético familiar". Porque no constituye un ingreso: será un subsidio; será un regalo; será una transferencia, en un lenguaje macroeconómico brutal para los que tan poco tienen. Pero el empleo de la expresión va a confundir mucho. Y estimo que ello tendrá que ser corregido en el estudio que se lleve cabo y en la manera como informamos a la ciudadanía de lo que estamos aprobando. Porque esto es cualquier cosa menos un ingreso. No es fruto de un esfuerzo de la familia para un tercero por un servicio prestado. No. Es un subsidio estatal directo.
Si se pretende ligar el ingreso ético a una remuneración de 250 mil pesos, vamos a meternos en un gran lío. Porque he percibido de la ciudadanía que muchos están pensando en ello. Lo ha expresado el Senador señor Lagos. Y vamos a tener que hacer un esfuerzo para explicar que este no es el salario ético planteado por Monseñor Goic, lo que llevó a la actual Ministra del Trabajo a señalarle que no sabía nada de economía. Ello, cuando lo que hizo Monseñor Goic al plantear los 250 mil pesos fue un acto de contrición desde el ámbito de la fe, de la Iglesia. Fue una manifestación de un deseo, de una voluntad positiva. Allí no mediaba la economía, sino una demanda social.
Entonces, señor Presidente, me parece que para el señor Ministro sería muy bueno que pudiéramos clarificar el concepto en lo venidero, y si no, que lo hiciésemos desaparecer, ya que si permanece -y es algo que expuso el Senador señor Ruiz-Esquide- solo nos va a acarrear dificultades. Porque ingreso no es.
El proyecto se refiere a un acompañamiento psicosocial y un acompañamiento sociolaboral. Y encontré que el informe define lo que ello significa. Porque es la base de las transferencias. Se expresa que el primero consiste en "la realización de un número determinado de sesiones de trabajo con la familia en su domicilio por parte de un profesional o técnico especializado, además de actividades grupales.".
Me preocupa la expresión. Porque, en definitiva, las familias que se encuentran en ese caso requieren acompañamiento de gente que sepa, no de egresados que mantengan sus propios problemas. Y no sé cuánto es el dinero que se va a destinar a profesionales capaces de enfrentar el drama psicosocial al interior de los hogares pobres, que no se resuelve con estudiantes de servicio social, de psicología, sino con una intervención fuerte, decidida, permanente y altamente profesional. Cuando median situaciones de violación, de alcoholismo, de subsistencia, ello no se supera con una charla grupal. Por lo tanto, tendremos que aclarar la definición durante el debate de la iniciativa.
A su vez, el acompañamiento sociolaboral es "la construcción de un vínculo sistemático de confianza, orientación a la acción y reflexión conjunta entre el usuario y un funcionario calificado, en sesiones individuales y grupales de trabajo y con actividades aplicadas de desarrollo de la empleabilidad".
Estimo que aquí se requerirá también una opinión de los empresarios.
El acompañamiento sociolaboral se va a interpretar como que vamos a conseguirle una pega a la persona. Eso nos piden a diario a los parlamentarios: que le proporcionemos una a la hija, al marido. Si vamos a manifestar que se construirá "un vínculo sistemático de confianza", si aludiremos a una "orientación a la acción y reflexión conjunta entre el usuario y un funcionario calificado", digámoslo claro: ello no significará conseguir trabajo. Se trata de generar lo que la educación no ha hecho, lo que el medio no ha dado.
Conozco las capacidades del Ministro señor Lavín, quien es un gran comunicador, pero, cuando el texto se refiere a "Transferencias Monetarias", ello suena a transacciones bancarias, a lenguaje de la macroeconomía.
Y en el informe se explica que ellas -¡"monetarias"!- se crean de tres tipos. Incluyen las que dicen relación con la dignidad -no sé cómo vamos a asimilarlas a ese otro concepto-: transferencia base, bono de protección y otros subsidios; las correspondientes a deberes, y las concernientes a logros.
Me quiero detener en estas últimas, porque creo en la meritocracia, en que el esfuerzo es la base del desarrollo; pero se menciona un Bono por Egreso Anticipado del Programa Sociolaboral y completar 4° medio de enseñanza para mayores de 25 años.
Integré durante 12 años la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados y, cuando aprobamos los esfuerzos para poder financiar la conclusión del 4° medio, ¿qué pasó con la ficha social? Se dispararon los puntajes. Me han reclamado permanentemente que cuando la gente egresa tiene lugar ese efecto y queda fuera de todos los subsidios. Eso es así. Y aquí estamos diciendo que tendrá lugar una transferencia por logros para poder terminar ese nivel de la enseñanza, y no hemos resuelto el hecho de que, en esa medida, suben los puntajes y cae, entonces, el acceso a beneficios.
Si eso se mantiene, será un incentivo perverso, porque se estará diciendo: "Saca el 4° medio y después pierde los subsidios que entregamos sobre la base de que ello se encuentra pendiente.".
Resulta claro que el señor Ministro tiene que dictar un conjunto de reglamentos importantes. He leído el informe y se contempla una orientación general, pero prestaría mucha atención en que esas normativas interpretaran el sentido de la ley y no la desvirtuasen.
El empleo para la mujer está creciendo, pero requiere políticas focalizadas, no solo el presente programa.
Recuerdo haber llegado hasta el Ministerio del Trabajo para hacer presente que la Federación de Taxibuses de la Región del Biobío ofrecía 300 cupos de ocupación inmediata para conductoras y nos costó "un kilo" convencer al Gobierno anterior -y también al actual- de que había que generar subsidios a través del SENCE para la capacitación femenina.
El programa que nos ocupa va a fracasar -y nadie lo quiere así- si solo se dedica a los subsidios que se contemplan. Tiene que existir una política integrada de todo el sector público destinada a fortalecer estos vínculos.
El presupuesto no queda del todo claro, por cuanto es de duración anual y con un máximo de 24 meses.
Deseo advertir sobre algo que deberemos resolver en el transcurso del debate. Cuando en Lota, Coronel, Arauco, Lebu entregamos un subsidio de cesantía, un empleo del Estado, lo que hacemos es establecer una ocupación permanente, y la iniciativa en debate fija un máximo de 24 meses. ¿Después de ese lapso vamos a dejar sola a la persona? ¿Vamos a abandonarla? Si no se han cumplido los objetivos, ¿vamos a decirle que cesan todos los subsidios?
Es obvio que en muchos casos se va a requerir más de 24 meses. Ese término tendrá que ser revisado. No puede haber un plazo, sino el cumplimiento de una meta, de un objetivo, que es la resolución del problema sociofamiliar, de la empleabilidad. Porque, a medio camino, el abandono solo agravará la situación.
Del mismo modo, las características regionales son muy distintas. Me parece que, en materia de apoyo del empleo estatal, es preciso un reestudio, y los planes y programas que hemos arrastrado tienen que ser corregidos. En algunos lugares de la Región que represento hay gente que no quiere abandonar los cupos -lo digo con dolor y preocupación- y trasladarse al trabajo que ofrece un empresario, por el ingreso mínimo. Y ello pasa a configurar una conducta permanente.
Juzgo que un programa como este tiene que superar la experiencia que ya registramos en las plazas de empleo del Estado. Y si vamos a efectuar una transferencia desde aquí hacia allá, se registrará un fracaso. El gran éxito, tratándose de un Gobierno con una afinidad mayor respecto de los empresarios, radicaría en que muchos de los programas de acompañamiento psicolaboral pasaran al área privada para que se brindasen más oportunidades.
Voy a votar a favor del proyecto, con las aprensiones que he mencionado, en la esperanza de que podamos determinar cuándo se cumplirán los 170 mil cupos. Como estamos entregando un subsidio y no un ingreso, con una cantidad eventual, pero no asegurada en el tiempo, y por un máximo de 24 meses, todos aspiramos a que el programa siga en el próximo Gobierno, que no está garantizado que sea del mismo signo.
Por lo tanto, ¿cuándo se cumplen los plazos y cuántos son los recursos anuales que se van a destinar? Ello no se contempla en la reforma tributaria. Cuando la discutamos, muchos vamos a plantear el asunto, porque es preciso asegurar que el programa, si queremos su éxito, sea permanente.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
¡Nueva Constitución, ahora!
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Seré muy breve, señor Presidente, porque entiendo que quedan importantes asuntos en tabla.
Simplemente, quiero felicitar al Gobierno por la iniciativa legal en debate: al Presidente Piñera, al Ministro Lavín, y también a los parlamentarios de la Concertación que han contribuido a que se pueda perfeccionar.
A mi juicio, el proyecto apunta en la dirección correcta de cómo un Estado moderno, solidario, debe ir en auxilio y ayuda de las familias que viven en pobreza extrema, porque, en el fondo, plantea una alianza estratégica entre ambos. Creo que este es un giro de extraordinaria importancia para lograr que ellas se sientan parte del apoyo que el Estado les está brindando.
Cuando consideramos los tres pilares a que han hecho referencia algunos señores parlamentarios: dignidad, deberes y logros, nos damos cuenta de que, en virtud del primero de ellos -básicamente, consiste en la entrega de 13 mil pesos mensuales por familia, más 6 mil pesos por integrante, de tal manera que un hogar de dos adultos y dos niños recibe cerca de 38 mil pesos por ese solo concepto-, se proporciona una suma de dinero, sin otra exigencia o condición dramática que vivir en extrema pobreza.
Y cuando pasamos a los deberes, la realidad es que estos contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias. Al contemplarse, en el área de la salud, el carné de niño sano para el menor de seis años, les estamos creando la conciencia de la necesidad del control médico de sus hijos. Es completamente razonable que se pueda perfeccionar la norma, pero me parece que constituye un eje muy positivo en el debate que ellas se involucren, asimismo, en colaborar para que las condiciones de salud de sus niños sean buenas.
En educación, cuando se señala que se requerirá un 90 por ciento de asistencia en educación básica para los mayores de 6 años y un 85 por ciento en enseñanza media, lo cual significará un aporte de 8 mil pesos por hijo, esa también constituye una forma de comprometer a la familia con otro de los aspectos básicos de la manera como se derrota la pobreza: la educación. Ello se suma a lo anterior.
Si vamos a los logros, podemos observar un avance de suma importancia. Porque, en materia de educación, ya no solo se beneficiará a las familias más pobres, sino igualmente al 30 por ciento de las más vulnerables. Es decir, se entra a un segmento mayor que "las más pobres" del país.
En cuanto al subsidio al empleo de la mujer, este dice relación derechamente con un segmento de la clase media en el que se halla involucrado el 40 por ciento de las familias más vulnerables.
Por lo tanto, señor Presidente, estimo que el proyecto es de una enorme relevancia, porque representa una carta de navegación de cómo el Estado debe enfrentar la cuestión de ayudar en la derrota de la pobreza.
Uno de los caminos es decirles a las personas que viven en extrema pobreza que el Estado les va a entregar los recursos sin ningún compromiso de su parte en cuanto a cumplir ciertas metas y objetivos que se encuentran al alcance de la mano, en la medida que se exija un mínimo de sentido de responsabilidad. Una cosa es ser una persona humilde, pobre, que vive en extrema pobreza, y otra es ser una persona sin capacidad de tener conciencia de que ella debe colaborar para salir del estado dramático en que se halla.
Por esas consideraciones, señor Presidente, creo que nos encontramos ante un muy buen proyecto. Me alegra mucho que gran parte del debate que he escuchado se haya hecho en un tono constructivo, propositivo. Me parece que estas son políticas que se han ido perfeccionando con los años, como lo fueron el Chile Solidario o el programa Puente. Aquí se hace un giro importante respecto de ellos, porque compromete a las familias para los efectos de recibir estos beneficios de parte del Estado, y genera, como dije, una alianza estratégica.
Por esas razones, nuestro voto es a favor. Y esperamos que la iniciativa pueda ser despachada a la mayor brevedad, pues su aplicación práctica, desde que se apruebe en el Parlamento, tomará un tiempo que tenemos que acortar al máximo.
Y finalmente, una consideración, señor Presidente.
En el Congreso -y esto deberíamos analizarlo en detalle en los Comités- se nos está produciendo una situación que no se vivía años atrás. Esta consiste en que los tiempos ciudadanos no están coincidiendo con los tiempos legislativos. En un mundo globalizado, donde la información llega a toda velocidad, a una cantidad de ciudadanos muy superior a la de hace poco tiempo -hablamos de millones de personas-, la reacción del Parlamento a los temas legislativos ha de ser mucho más rápida que en la actualidad.
Hay expectativas generadas por la ciudadanía respecto de iniciativas legales de enorme importancia, como la que estamos debatiendo. Pero pasan y pasan las semanas y los meses y no las despachamos. Entonces, aun cuando después saquemos una buena ley, la ciudadanía va a criticar la tardanza y la demora en hacerlo.
No estoy señalando que las leyes deban tramitarse en forma improvisada, sin estudio, sin análisis y de manera irresponsable. Pero creo que sufrimos un desfase gigantesco. Mientras hoy día existen Internet, las comunicaciones globales, nosotros seguimos con un mecanismo de trabajo que no se encuentra a la altura de la velocidad que la ciudadanía espera para el despacho de las iniciativas.
Vemos lo que ocurre con este proyecto, así como con los relativos a la violencia en los estadios; con la iniciativa contra la discriminación; con el proyecto sobre primarias; con el atinente al brazalete electrónico, y tantos otros que se demoran meses y meses en salir.
Por lo tanto, uno de los procesos de modernización que tenemos que llevar adelante en el Congreso apunta a agilizar la tramitación de los proyectos de ley. Ello no significa no discutirlos a fondo. Pero a veces una buena ley pierde sentido de oportunidad -lo que es clave para la ciudadanía- cuando se arrastra por meses y a veces por años sin ser despachada.
Siento que este es un tema -se lo planteo a usted, señor Presidente, que conduce el Senado- que debiera ser objeto de análisis. No tengo una solución concreta. Pero creo que tendría que efectuarse un estudio por parte de los Comités, que Su Señoría encabeza como titular de la Corporación, para llegar a un proceso legislativo donde se puedan debatir las ideas abiertamente, exponer los puntos de vista, reflexionar, pero a una velocidad muy superior a la actual. Porque nos estamos quedando desfasados respecto a las expectativas y a la celeridad que la ciudadanía espera del Parlamento para aprobar o rechazar una iniciativa. Insisto: para aprobarla o rechazarla.
Por las razones expuestas, señor Presidente, y sin perjuicio de la consideración final, voto a favor del proyecto.
El señor ESCALONA (Presidente).- Ofrezco la palabra a la Senadora señora Allende.
No se encuentra en la Sala.
No hay más inscritos.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos a favor y uno en contra).
Votaron a favor las señoras Allende, Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó en contra el señor Ruiz-Esquide.
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde fijar plazo para presentar indicaciones. Existe un acuerdo con el Ejecutivo en orden a establecerlo hasta el término del lunes 7, de manera que todo ese día esté disponible para formular indicaciones y así la Comisión de Hacienda pueda tratar la iniciativa el martes.
¿Habría acuerdo en tal sentido?
Acordado.