EVENTUAL COLUSIÓN DE DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES EN FIJACIÓN DE PRECIOS
El señor ESCALONA (Presidente).- La presente sesión especial fue citada para abordar la eventual colusión de empresas distribuidoras de combustibles en cuanto a la fijación de precios, expresada en alzas y rebajas ocurridas simultáneamente en estaciones de diversas empresas en distintas Regiones.
Han sido invitados el Ministro de Energía, señor Jorge Bunster; el Gerente General de la Empresa Nacional del Petróleo, señor Ricardo Cruzat, quien ha solicitado que la Sala acepte la concurrencia, en su representación, del señor Daniel Martínez, Gerente de Refinería Aconcagua, y el Director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor, señor Juan Antonio Peribonio.
Si no hay objeciones, se accederá a la petición.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, le solicito a la Mesa recabar la unanimidad de la Sala para que puedan ingresar los asesores del señor Ministro y del señor Director a fin de que puedan proporcionar cualquier antecedente necesario.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si no hay inconveniente, ello se aceptará en esos términos.
Acordado.
Se ruega formalizar ante la Secretaría quiénes son.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se trata de la señora Consuelo Alvial, Jefa de Gabinete del Servicio Nacional del Consumidor, y del señor Sebastián Torrealba, asesor del Gabinete del mismo organismo.
La distribución de los tiempos para intervenir es la siguiente: representantes del Gobierno, 30 minutos; Comité Demócrata Cristiano, 18 minutos; Comité Renovación Nacional, 16 minutos; Comité Unión Demócrata Independiente, 16 minutos; Comité Socialista, 10,5 minutos; Comité Partido por la Democracia, 8,5 minutos; Comité Independientes, 4,30 minutos; Comité Radical Socialdemócrata, 2,30 minutos, y Comité Movimiento Amplio Social, 2,30 minutos.
Sus Señorías podrán hacer la distribución que estimen pertinente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se encuentra inscrita en primer lugar la Honorable señora Alvear, quien tiene la palabra.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, entiendo que usará de ella primero el señor Ministro, después de lo cual lo hará la Senadora que habla.
Gracias.
El señor ESCALONA (Presidente).- El señor Ministro no la ha solicitado hasta el momento.
Su Señoría puede intervenir.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, es lamentable que en la sociedad se haya instalado la convicción de que las empresas se coordinan y coluden, eventualmente, en desmedro de los consumidores.
Ya nuestra precaria institucionalidad denunció tal hecho, vía Fiscalía Nacional Económica, en relación con las farmacias, y el año pasado respecto de las empresas en el rubro avícola.
En otros casos se presenta un mercado con escasa competencia, con oligopolios que controlan la oferta, y se registran precios altísimos, en comparación con otros ámbitos más competitivos. Es lo que ocurre con la telefonía celular, si se confronta con otros países de la OCDE, con más operadores en actividad.
Lo que nos convoca hoy es la eventual colusión de las empresas distribuidoras de combustibles, situación que no es ajena o extraña para los consumidores.
Lamentablemente, es una práctica empresarial que se va repitiendo, que debemos sancionar duramente y que perjudica a los millones de personas que quieren más oferta, más competencia y, por ende, servicios de mejor calidad y más baratos.
Lo anterior no lo decimos solo acá, en la Sala del Senado, sino que diversos analistas económicos externos también empiezan a plantearlo críticamente sobre nuestra realidad, como ocurrió con el ya famoso artículo del último The Economist, donde se señaló que en Chile mantenemos una economía "cartelizada". Y, para graficarlo, el columnista citó como ejemplo el "caso farmacias", en el que un grupo de operadores que controlan la casi totalidad del mercado se coludieron para fijar precios abusivos.
No queremos que estas acciones se extiendan a otros sectores, como el de la distribución de combustibles o el de la pesca.
En el Congreso nos jugaremos para modernizar nuestra legislación económica y desincentivaremos los oligopolios.
Ello implica fortalecer de verdad a la Fiscalía Nacional Económica. Y espero que mantengamos al respecto una opinión transversal, no como ocurrió en 2006, cuando parlamentarios cuestionaron el empoderamiento de ese organismo público. Fueron estas reformas las que permitieron denunciar, por ejemplo, la colusión de las farmacias.
Tenemos que combatir permanentemente dicha práctica anticompetitiva, y, en el caso del mercado de los combustibles, debemos apoyar a quienes han presentado a la Fiscalía una solicitud para que investigue las diversas denuncias de cartelización, especialmente en la cadena de distribución. Es importante que todos los actores del sector apoyen la labor de esa entidad.
Porque los usuarios enfrentan dos problemas: por un lado, la cartelización de las empresas distribuidoras, lo que afecta los precios, y por otro, un sistema de protección de precios que no funciona, como es el SIPCO, ya que los combustibles suben finalmente en desmedro de los consumidores y el único que aparece ganando es el Fisco, cuya recaudación aumentó, señor Presidente, de mil 700 millones de dólares a más de 2 mil millones en 2011. El efecto que están causando la cartelización y un gravoso sistema impositivo en el consumo, con el impuesto específico, es una escalada de alzas de precios que solo perjudica a los consumidores.
Son perfeccionamientos en pro de estos últimos los que debemos implementar, porque los está exigiendo la mayoría de la ciudadanía, y las empresas deben cambiar sus prácticas y jugarse por la competencia.
Esa es mi voluntad política, porque quiero un país con menos abusos contra la gente común y corriente.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Sabag en el tiempo de la Democracia Cristiana.
El señor SABAG.- Señor Presidente, esta sesión especial reviste interés para la ciudadanía, ya que existe una convicción generalizada respecto a un proceder de las distribuidoras de combustible que resulta contrario al interés público.
La eventual colusión ha sido ya discutida en varias oportunidades por la Fiscalía Nacional Económica, junto a otras prácticas que, en su conjunto, tienden a establecer un carácter monopólico en el mercado, gracias a la posición dominante de pocas empresas: básicamente, Shell, Copec y Esso.
Sin embargo, ninguna denuncia de relevancia ha podido ser demostrada hasta la fecha, y la verdad es que esta situación, lejos de devolver la calma al público, ha reafirmado su impresión de que hay aspectos irregulares en la distribución de los combustibles. Lo anterior, sumado al malestar por el alto porcentaje de dinero que se paga por el impuesto específico, aunque ello no sea atingente con una eventual colusión, deriva en una mala opinión respecto al funcionamiento de un sector productivo esencial para el desarrollo de nuestra economía.
La presente sesión se origina en una denuncia formal, interpuesta en la Región del Biobío ante la Fiscalía Nacional Económica, por la eventual colusión de los distribuidores de combustibles y de petróleo, en particular. La expusieron parlamentarios locales y organizaciones regionales de transportistas, y se encuentra aún en tramitación.
La historia de los planteamientos de este tipo, en orden a pedir que se investigue la existencia de acuerdos entre las empresas distribuidoras, nos lleva a abrigar pocas expectativas respecto a que el caso pueda llegar a un desenlace distinto al de otras ocasiones.
La revisión de los dictámenes anteriores de la Fiscalía Nacional Económica lleva necesariamente a concluir que sus criterios son diferentes a los que emplea la ciudadanía para formarse una opinión en la materia. De hecho, en uno de ellos se indica que no se estima fuera de la lógica que las estaciones de servicio demoren dos días en actualizar sus precios al público cuando se trate de cambios de tarifas que favorecen a los usuarios.
Todos sabemos perfectamente bien que, cuando media un alza, la capacidad de reacción de las bencineras es casi instantánea; pero cuando se trata de una baja, reina la lentitud. Si la Fiscalía no considera eso anómalo, resultará difícil comprobar la colusión.
Se pueden dar muchas explicaciones: que el margen de utilidades es muy reducido como para hacer maniobras; que la fijación de precios por la Empresa Nacional del Petróleo tampoco permite que nadie se distancie demasiado de las tarifas de referencia, aunque no sean oficiales ni menos obligatorias. Se esgrimen muchos argumentos, pero lo concreto es que la gente abriga muchas dudas y que estas siguen sin solución, sobre todo cuando se advierte que, en una zona determinada, todas las estaciones de servicio suben o bajan los precios más o menos en los mismos montos.
Considerando el estado de cosas, cabe preguntarse, entonces, si existe la posibilidad de introducir al mercado de los combustibles reformas que aseguren una mayor competencia y, como resultado de ella, una mayor transparencia.
Está visto que en el caso de este sector, en particular, y al menos desde el punto de vista de la población, el mercado no está siendo eficiente en términos de garantizar la limpieza y claridad que se requieren en la adquisición de un producto tan determinante para las demás actividades económicas.
Cuando aumenta la inflación, se culpa a los alimentos, y, dentro de estos, a las frutas y verduras. ¿Y qué dicen los comerciantes? Simple: que ellos dependen de los costos de los fletes, es decir, de los combustibles.
Buena parte del presupuesto familiar se gasta en transporte. Una familia con un ingreso mínimo y cuatro integrantes puede gastar la mitad de sus entradas en desplazamiento. Nuevamente aparecen los combustibles, entonces, como factor de pobreza.
Ese mercado, en consecuencia, es un asunto que tenemos que tomarnos mucho más en serio de lo que lo hemos venido haciendo hasta ahora. Y creo que, en esta materia, la Fiscalía Nacional Económica no ha comprendido del todo que su propósito no es solo establecer los posibles obstáculos a la libre competencia, sino que también le cabe, en especial, la misión de asegurar la confianza de la ciudadanía en el mercado, como modelo económico.
Si a ello se suman las críticas al alto impacto que el impuesto específico causa en el bolsillo de todos, llegamos a una situación en la que un producto central para la correcta marcha de la economía está generando demasiados recelos en el público y empieza a resultar más que evidente que las explicaciones proporcionadas hasta ahora no son suficientes.
Esperamos, justamente, que con las precisiones de las autoridades de Gobierno pueda obtenerse un esclarecimiento contundente en la materia.
Gracias.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, no sé si es o no parte de una estrategia, pero lo deseable habría sido escuchar primero al señor Ministro y a las autoridades de Gobierno y luego intervenir nosotros.
Quiero dejar planteados algunos puntos que me parecen relevantes en la discusión.
Primero, hemos sido citados para abordar la eventual colusión de las empresas distribuidoras de combustibles, en lo que a fijación de precios se refiere.
Deseo llevar el debate a un punto algo distinto, para intentar buscar una solución bastante más definitiva, a mi juicio, que la situación que hoy día se está planteando sobre la base de las cadenas de distribuidores.
Para empezar, ¿qué quiere este Gobierno, qué quiere el Estado de Chile en materia de distribución? Porque, si se desea seguir, por ejemplo, con la situación actual, donde una buena parte del mercado -más del 60 por ciento- se encuentra en manos de Copec -que el Ministro conoce de cerca-, es un tema que considero necesario analizar.
Pero yo quiero llevar esto a un plano mucho más propositivo.
¿El Estado está dispuesto o no a potenciar a la Empresa Nacional del Petróleo? Porque, si desea hacerlo, uno de los aspectos que debiera abordar es la distribución de combustibles por la ENAP para, de esta manera, tener una empresa que compita en mejor forma con las empresas privadas.
La pregunta que uno debe hacerle -por su intermedio, señor Presidente- al propio Ministro, que hoy se encuentra presente, quizás en una de sus primeras asistencias, porque está recién asumido -tuve la oportunidad de sostener un diálogo con él hace unos días, cuando le expliqué algunos de los temas que para nosotros son importantes- es si se pretende o no -y esto se lo pregunto en su calidad de Presidente del Directorio de ENAP- potenciar a esta empresa del Estado. Porque uno ve que, a todas luces, lo que se busca es que, en definitiva, quede subsumida o desaparecida y sean los privados los que lleven la delantera y asuman toda la distribución, la investigación, las prospecciones, todo lo que dice relación con los hidrocarburos, con los combustibles; es decir, que esto quede en manos de privados en nuestro país y que el Estado desaparezca absolutamente, en circunstancias de que hoy la Empresa Nacional del Petróleo debiera ser el principal ente, el principal motor, el principal promotor en materia de investigación, de prospecciones de hidrocarburos y de distribución.
Entonces, lo primero que quiero preguntarle al Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, en su calidad de Presidente del Directorio de la ENAP y de Secretario de Estado propiamente tal, así como al Gobierno, si están o no por asumir la misión de potenciar a la Empresa Nacional del Petróleo.
Doy un ejemplo.
Hoy el Estado de Chile le compra gas a Indonesia. Ese gas perfectamente podría ser adquirido a Magallanes si hubiera más exploración, y a valores cercanos a un 40 por ciento menos. ¿Por qué no le compran a la Empresa Nacional del Petróleo? ¿Por qué no fortalecen a la ENAP, una empresa estatal? Copec le adquiere muy poco a la Empresa Nacional del Petróleo. También trae todo desde afuera. Si esta compañía quisiera asociarse, potenciar o trabajar en conjunto con una empresa del Estado, perfectamente podría hacerlo.
Por lo tanto, más allá de que estemos en esta discusión, aclaremos el tema, despejémoslo, hablemos con la verdad. Digamos qué es lo que se quiere hacer en materia de energía, de combustibles, en nuestro país.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- No hay más inscritos.
Se ofrece la palabra.
La tiene la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, hemos sido citados a esta reunión para "abordar la eventual colusión de las empresas distribuidoras de combustibles en lo que a fijación de precios se refiere, que se expresa en alzas y rebajas ocurridas simultáneamente en estaciones de diversas empresas, en las distintas regiones del país".
Como aquí se ha dicho, sospechosamente, cuando hay un alza, no se demoran, pero, cuando se produce una baja, tardan bastante más de 24 o 48 horas en hacerla efectiva.
Pero creo que, ciertamente, nos encontramos ante un tema mayor.
Con razón la Senadora Alvear hacía alusión a que crecientemente los ciudadanos chilenos se han ido sintiendo cada vez más impotentes al ver cómo este modelo económico de libre mercado debiera operar -como siempre se ha vendido el sistema- libremente (por eso se llama "de libre mercado") y ello no ocurre. Y resulta que cada vez somos testigos de una mayor concentración, y cada vez más se ha demostrado -el caso de las farmacias es el que mejor la refleja- la colusión; es decir, cómo empresas monopólicas -las tres que dominan el mercado- se ponen de acuerdo para fijar los precios en absoluto perjuicio del consumidor.
Aquí estamos en presencia de la posibilidad de que ello esté ocurriendo. No seremos capaces en esta sesión de determinar si existe o no. Será la Fiscalía Nacional Económica la que lo haga. Y, por lo mismo, es importante que esta última entidad cuente con suficientes recursos y potestades que le permitan investigar seriamente y concluir y demostrarnos lo que sucede. Porque lo otro le hace mucho daño a la confianza que podemos tener los ciudadanos respecto del funcionamiento del modelo, de si realmente se trata de un libre mercado.
Yo creo que queda la duda. Pero será la Fiscalía Nacional Económica la que determinará si efectivamente existe o no una eventual colusión.
Una cosa sí es clara: que todas las estaciones reflejan el mismo precio estando ubicadas en distintos puntos, con la particularidad que ya señalamos en cuanto a que existe tardanza cuando se rebaja el precio y sí mucha rapidez cuando este sube. Por eso, es razonable que la ciudadanía sienta desconfianza.
Pero, además de lo anterior, quiero señalar otra cosa.
Comparto lo que mencionaba el Senador Bianchi. Se encuentra presente el nuevo Ministro de Energía -aprovecho de saludarlo-, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente. De hecho, suspendimos la reunión de la Comisión de Minería y Energía en vista de que se celebraría esta sesión en la Sala y el Ministro debía concurrir a ella. Sin embargo, lo dejamos invitado para el primer miércoles después del 1º de mayo, a vuelta de la semana regional. Ahí tendremos el gusto de poder conversar los temas que nos interesan.
Con todo, no puedo menos que manifestar mi coincidencia en cuanto a la enorme preocupación que tenemos por la situación de ENAP. Claramente, exhibe un importante deterioro. Ha habido cinco Presidentes. Y, claramente, así no se maneja una empresa del Estado. Hasta ahora uno ve que sobrevive y que no existe una política pública clara, decidida, en orden a decir "Vamos a mejorar la gestión y haremos de ENAP el instrumento que necesitamos", lo cual significa inversiones, decisiones y no dejarla morir.
Yo creo que con justa razón los trabajadores de la ENAP se sienten muy preocupados ante su incertidumbre. Además, se les responsabiliza a ellos, lo que no necesariamente es así. Pienso que más bien ha habido una mala administración o malas decisiones.
Y nosotros tenemos que preguntarnos qué queremos hacer: si deseamos que efectivamente sea una empresa con un gobierno corporativo moderno, decisiva a la hora de desarrollar una política energética clara.
Hemos visto que se han ido enajenando yacimientos de petróleo y gas en Magallanes. Se los han entregado a empresas extranjeras a través de la modalidad de los CEOP. No se ha privilegiado una inversión propia, una exploración y una producción. Lo mismo ocurrió en geotermia, donde igualmente se produjo un abandono.
Entonces, la pregunta que uno se formula es qué quiere el Gobierno frente a esto, qué se va a resolver. Me parece que estas discusiones son mayores, y que el Senado las debe abordar. Justamente, hoy nos reuniremos con la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo. Queremos escucharlos.
En esta materia hemos de decidir qué mirada tendremos, si efectivamente vamos o no a requerir una Empresa Nacional del Petróleo cuyo eje sea un esfuerzo energético mayor. En mi concepto, el abastecimiento, la calidad, el precio de los combustibles no puede estar exclusivamente librado a los particulares, que operan la venta y la distribución sin ningún contrapeso.
Es más, estoy solicitando que se oficie al Ministro de Defensa Nacional. Como aquí se ha dicho, Copec prefiere importar el combustible. En tal sentido, quiero saber cuáles son los proveedores de los contratos que tienen las Fuerzas Armadas en materia de petróleo y otros hidrocarburos, y cuáles son los montos involucrados en ellos. ¿Por qué? Porque entiendo que por lo menos la Marina -y probablemente otras ramas- le compra a Copec, dejándose simplemente de lado a nuestra Empresa Nacional del Petróleo. ¡Tan simple como eso!
Entonces, yo me hago la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que queremos? Seamos transparentes: digámoslo. ¿Por qué estamos favoreciendo a una empresa privada como Copec, para que abastezca y provea a nuestras Fuerzas Armadas, si tenemos una situación crítica en la ENAP?
He levantado la voz esta mañana porque, así como me preocupan los consumidores frente a una eventual colusión y el daño o perjuicio que ello les provocaría, también me inquieta que no tengamos una política clara sobre ENAP y que no haya transparencia respecto de cosas que uno descubre.
Por eso, he pedido enviar un oficio al Ministro de Defensa -ojalá haya otros Senadores que adhieran a él-, pues me parece que nosotros debiéramos contar con copia de los contratos pertinentes, con sus órdenes de compra, correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012.
Aquí hemos señalado otras veces que hay conflictos de interés. Y dejo el tema hasta ahí. Pero, claramente, a mi juicio, tendría que haber mayor trasparencia sobre cuáles son los proveedores de esos contratos, los montos involucrados y cuáles han sido las respectivas órdenes de compra.
Por eso, señor Presidente, por su intermedio, estoy solicitando el envío de un oficio al Ministro de Defensa, pero lo quiero hacer público en la Sala.
Y mi preocupación...
El señor ESCALONA (Presidente).- Perdón, señora Senadora. Se ha "comido" casi todo el tiempo de la bancada socialista.
La señora ALLENDE.- Termino de inmediato, señor Presidente.
Solo agregaré que espero que alguna vez realicemos una sesión donde se permita al Senado discutir cuál será el destino de la ENAP y si vamos a promover o no para ella un gobierno corporativo, moderno, que realmente la ubique en el centro de lo que debe ser su gestión.
Gracias.
El señor ESCALONA (Presidente).- Estaba inscrito para intervenir el Honorable señor Letelier, que dispone de 3,5 minutos, pero lo hará después, al igual que el Senador señor Navarro.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, Honorable Senado, quiero en primer lugar saludar al nuevo Ministro de Energía, que por primera vez viene al Senado.
También deseo agradecer que se haya citado a esta sesión especial de la Corporación, con la finalidad de abordar la eventual colusión de las empresas distribuidoras de combustibles en lo que a fijación de precios se refiere, que se expresa en alzas y bajas ocurridas simultáneamente en estaciones de diversas empresas, en distintas partes del país.
Me parece que tal materia no necesita explicación. Varios señores Senadores se han extendido sobre el asunto, señalando que resulta curioso que las empresas distribuidoras, cuando hay alzas, rápidamente cambian los precios de los combustibles, y al revés, cuando se producen bajas -que son escasas-, se demoran mucho tiempo en materializarlas.
Además de lo anterior, es curioso que esta materia, en los análisis efectuados por el SERNAC y otras organizaciones -esperamos escuchar al Director Nacional del Servicio, un funcionario eficiente y valiente para denunciar cada vez que ha encontrado situaciones de colusión o alguna actividad contra el mercado-, por su importancia, se trate aparte de lo que es la exploración y la explotación de los hidrocarburos líquidos y gaseosos, lo cual no se puede hacer. Porque aquí debemos luchar en contra de los monopolios, de los acuerdos y de todo lo que signifique un perjuicio para el consumidor.
Lo que ocurre en nuestro país es que la Empresa Nacional del Petróleo -y aquí he escuchado discursos muy grandilocuentes alabando su gestión y diciendo que esta no es la manera en que ella debe ser administrada, por lo que daré las cifras con que este Gobierno la recibió- no tiene hoy día la capacidad para distribuir combustible. Solo está facultada por ley para refinar, importar y transportar -que también es un monopolio-, pues, de acuerdo al artículo 19, número 24º, inciso décimo, esta empresa es la única que puede explorar o explotar hidrocarburos líquidos y gaseosos.
Desde estas bancas hemos intentado terminar con ese monopolio, porque la propia ENAP nos ha dicho en la Comisión de Minería que está explorando en Argentina -con resultados por todos conocidos en estos días-, en Irán, en Colombia, en Venezuela -con pérdidas millonarias-, y nosotros le hemos preguntado por qué explora en otros lados y no lo hace en Chile.
Bueno, eso se debe a la administración llevada a cabo en vuestro período, estimados amigos. El Gobierno del Presidente Piñera recibió a la ENAP con un patrimonio de 400 millones de dólares y una deuda de 4 mil millones de dólares.
¿Esa es la forma de gestionar las empresas del Estado? ¿Esa es la forma de cuidar el patrimonio estatal?
Yo, sinceramente, no entiendo los discursos de las bancas del frente, que hablan de cuidar el patrimonio del Estado, de cuidar la administración de las empresas fiscales, de establecer una presencia de las empresas del Estado, cuando lo que han hecho ha sido destruirlas, sacarles su patrimonio. Y hoy, sin embargo, plantean algo distinto.
¿Qué hemos propuesto nosotros, desde estas bancas? Luchar contra todo lo que signifique una actuación monopólica y exclusiva, y abrirnos, como lo hizo Brasil, en el caso de Petrobras, a que la exploración y la explotación puedan efectuarlas empresas privadas.
Brasil, señor Presidente -y esta es una historia que habitualmente aparece en los medios de comunicación- gastó miles de millones de dólares en el invento de un alcohol especial para vehículos, porque Petrobras -que era una empresa del Estado, al igual que la ENAP- sostuvo por décadas que en dicho país no había petróleo. Sin embargo, se abrió a la exploración y la explotación de los hidrocarburos líquidos y gaseosos y resulta que hoy día, transcurridos 4 o 5 años, Brasil es uno de los mayores productores de petróleo, se autoabastece, y acaba de descubrir, además, cantidades enormes de petróleo y gas.
Por lo tanto, deberíamos luchar contra estos acuerdos monopólicos que destruyen al consumidor al generar, por supuesto, mayores precios.
De ahí que uno se pregunte cómo es posible que, cuando el precio internacional del barril de petróleo era de 150 dólares, la bencina costara en Chile 600 pesos por litro, y que, cuando el precio internacional bajó, aquí en nuestro país no lo hiciera, sino que, al revés, subiera.
Asimismo, hay otras explicaciones que también se nos deberían dar. Por ejemplo, ¿por qué cuando la ENAP compra combustibles se tiene de referencia el precio del golfo de México, que es el más caro y el que, al final, terminan pagando todos los consumidores chilenos?
Sinceramente, me gustaría que en las bancas del frente hubiese conciencia de lo que ocurrió con la ENAP. Cuando se habla de la Empresa Nacional del Petróleo, francamente ustedes cargan con la mochila de haber destruido una empresa del Estado, de haberla endeudado hasta el límite.
¡Es así, Senador Navarro! Vea sus balances: 400 millones de dólares de patrimonio, 4 mil millones de dólares de deuda.
¿Eso es administrar bien?
Al final, dicha empresa termina traspasando esa deuda a los consumidores, cuando el taxista, el colectivero, llega a la estación de servicio a cargar bencina. O sea, aparte de los abusos denunciados, que existen y que ojalá podamos investigar y sancionar, estamos cargando con la mala administración de una empresa del Estado que ustedes debieron haber cuidado durante sus Gobiernos.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra al Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, nos acabamos de informar, de acuerdo a lo señalado por el Senador Prokurica, que están dadas todas las condiciones para privatizar la ENAP. ¡Para que tomemos nota!
El señor PROKURICA.- ¡No dije eso!
El señor NAVARRO.- Están todas las condiciones: una empresa destruida, una empresa que solo arroja pérdidas. Es decir, está a un paso de la privatización.
Hemos escuchado la crítica, pero también me gustaría haber escuchado la propuesta, además de la garantía de que no privatizarán la ENAP, que no la van a vender, para dejar un solo monopolio en el caso de los combustibles.
Y entro al detalle.
Realizamos una sesión a propósito del litio, porque la verdad es que el Gobierno elude la ley y por decreto -decreto de la dictadura, el Nº 2.886, de 1979- dice que va a entregar este mineral a licitación. ¡No hay ley, hay decreto! Y el Ministro señor Solminihac se inhabilita, porque señala que tiene un conflicto de interés, y no viene a la Sala del Senado. Mi pregunta es: ¿los conflictos de interés se presentan solo cuando se concurre al Senado? ¿Quién va a realizar la licitación? ¿Quién va a fijar sus términos y las causales de cesación?
Por lo tanto, mi primera pregunta, con todo respeto, al Ministro que nos acompaña, señor Jorge Bunster, es la siguiente.
Habiendo sido usted Gerente General de Copec durante 19 años -¡19 años!-, y siendo hoy titular de la Cartera de Energía, con esa empresa en el centro del debate, porque el monopolio y la concentración de la distribución de combustibles en Chile están en manos de Copec (con más del 65 por ciento), Terpel, Shell y Petrobras, ¿qué hará -por eso pedí que se convocara a esta sesión- para evitar lo ocurrido, por ejemplo, en Concepción, donde de 20 puntos de venta de estas cuatro grandes empresas en 18 de ellas el precio de la gasolina de 95 octanos es el mismo: 803 pesos el litro? ¡803 pesos! ¡Cero competencia!
¿Y qué me dicen los que están a cargo de los servicentros pequeños que Copec administra a través de terceros, al igual que Terpel y el resto de esas compañías? ¡Que son intimidados! Esperamos llevar esta situación a la Fiscalía Nacional Económica, con responsabilidad. En verdad, si aquellos suben los precios, reciben el mensaje directo de que deben emparejarlos o, si no, los liquidan.
Yo no sé si esta práctica es conocida por el Directorio de Copec o si hay una explicación económica para que todas las bencineras cobren el mismo precio y no haya competencia.
La cuestión hoy día es por qué no hay competencia en el mercado de los combustibles, y no el punto -habrá que aclararlo con la ENAP en otra sesión- de por qué estos son más caros donde se producen. En efecto, en la Región del Biobío los precios son más altos que en Santiago.
Señor Presidente, claramente, existe una concentración -la denunciamos ante la Fiscalía Nacional Económica- entre Petrobras, Copec, Shell y Terpel, que tienen igualdad de precios. Yo no sé cuál es la razón de ello. La Fiscalía deberá determinarla.
A esa denuncia se le asignó...
El señor ESCALONA (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor NAVARRO.- El Comité Radical Socialdemócrata me cedió sus minutos, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede continuar entonces, Su Señoría.
El señor NAVARRO.- Aprovecho de expresarle mis agradecimientos al Senador Gómez.
Como dije, esa denuncia la hicimos ante la Fiscalía Nacional Económica, la que le asignó el Rol 00055-12. Me acompañaron el Presidente de la Confederación de Dueños de Camiones, señor Juan Araya, y el Presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos (CONATACOCH), señor Héctor Sandoval, pues tanto ellos como sus asociados se han visto afectados gravemente por tal situación.
Señor Presidente, el problema es transversal.
El Diputado Sauerbaum, de Renovación Nacional, hizo lo mismo contra 17 bencineras de la Octava Región. Y en la Radio Bio Bio manifestó -y él no me tiene lo que se llama "buena voluntad"; por el contrario, está al frente con mucha dureza-: "Esto es más que una simple coincidencia, aquí hay colusión de precios con todas sus letras".
El Senador Letelier hizo lo propio en la Sexta Región, en abril del año pasado: también pidió a la Fiscalía Nacional Económica investigar el mercado de las bencinas.
Este mercado está cada vez más concentrado. Unos pocos actores se repiten en todas las áreas: Copec -reitero- controla más del 65 por ciento de la distribución minorista de combustibles, y sobre el 70 por ciento de la mayorista. Así lo reflejan claramente los precios y el volumen de ventas.
Además, señor Presidente, el mercado es poco transparente. El valor de venta de los combustibles desde la ENAP a los distribuidores es secreto, por lo cual no se puede conocer el diferencial entre la compra y la venta con que se quedan las distribuidoras. El 21 de marzo de 2011 los gremios de dueños de camiones y de taxistas requirieron tal información al Consejo para la Transparencia, y no se les ha contestado nada. ¡Nada!
Otro aspecto es la arbitrariedad de los precios. Cuando estos disminuyen a nivel internacional, ¡no bajan en Chile! ¡Las distribuidoras los mantienen igual! Alguien podría decir: "Opera el mercado, la libre competencia". Sin embargo, la uniformidad de precios denota que efectivamente hay colusión, al igual que en las farmacias.
Yo tengo la certeza de que existe colusión. Se me replicará que debo demostrarlo. Si no es colusión el que 18 de 20 bencineras cobren el mismo precio, entonces que alguien en esta Sala me explique qué es.
Señor Presidente, en este mismo ámbito, hemos estado preocupados también de otros problemas de los consumidores, como es el funcionamiento del Sistema de Protección al Contribuyente del Impuesto Específico a los Combustibles (SIPCO). Pero la presente sesión tiene por objeto -espero- arrojar luces sobre por qué se genera la situación descrita.
Finalmente, me gustaría que el Ministro de Energía -lo expreso con el mayor respeto; no conozco mayormente al señor Jorge Bunster- nos explicara, considerando que el Ministro de Minería, señor De Solminihac, se inhabilitó cuando analizamos una materia en la que se hallaba involucrado, por qué él estima que no se encuentra inhabilitado para tratar el tema que nos ocupa, habiendo sido Gerente General de Copec durante 19 años.
He planteado reiteradamente a este Gobierno el problema de los conflictos de intereses, que lo va a perseguir hasta el último día de sus días.
Lo mejor es aclarar las cosas, mirándonos a los ojos, cara a cara, para poder respetarnos mutuamente.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra al Honorable señor Letelier, a quien el Comité Partido Por la Democracia, en una donación muy generosa, le ha cedido tres minutos.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, entiendo que estamos convocados para discutir sobre un tema de colusión, no acerca de la historia de la ENAP. Eso lo podremos realizar después.
Colusión significa "Pacto ilícito en daño de tercero".
Es a los consumidores a quienes queremos cuidar. Hoy estos, por causa del impuesto específico a los combustibles, pagan por el producto muchísimo más que su costo real: lo que se paga en 800 o 900 pesos en verdad cuesta 400. Casi la mitad del precio corresponde al gravamen.
Pero en esta sesión ese tampoco es el asunto en debate. Sin duda, también tendremos que hacer ese análisis.
Yo soy partidario de eliminar el impuesto específico a los combustibles. No somos un país productor en este ámbito y contamos con otras fuentes de recursos, entre las cuales figura el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT). Espero que los Senadores de las bancas de enfrente nos apoyen para que las empresas paguen impuesto sobre la totalidad de las utilidades y no solamente sobre las devengadas, a fin de que el sistema tributario sea más justo. Así, no será la clase media y las familias de esfuerzo las que paguen el impuesto específico, lo cual, a mi juicio, es muy injusto.
Señor Presidente, yo represento a la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, donde el fenómeno de colusión es brutal, escandaloso y comprobable. Lamentablemente, hasta la fecha, la Comisión que debería estar investigando y resolviendo este asunto no lo ha hecho, y tampoco otros órganos del Estado, a pesar de que se han presentado los antecedentes una y otra vez.
En Rancagua la bencina es más cara que en otros lugares -Santiago, por ejemplo-, pese a que en San Fernando existen algunos depósitos. ¡Es inexplicable! Y se paga más por ese combustible por una razón: las empresas distribuidoras (Copec, Shell, Terpel y Petrobras) se ponen de acuerdo en ello, porque saben que en Rancagua hay mineros, trabajadores con ingresos más altos. A ellos les cobran más caro, incluso, que en Peumo, en Rengo o en otras localidades de los alrededores.
¡Es un escándalo!
En la Sexta Región, en especial, en la provincia de Cachapoal, el combustible es mucho más caro debido a que hay personas que acceden a la minería. Aquellos osados que han instalado una empresa, un punto blanco, un lugar de distribución no vinculado a las compañías distribuidoras mencionadas duran poco.
A los concesionarios -ellos son mi fuente de información- que le compran combustibles a la Copec, les dicen a qué precio vender y con qué márgenes. Y si no respetan tales valores, les quitan la concesión.
¡Esa es la vida real de los negocios en nuestro país!
Y se afirma que aquí opera el mercado. ¡Vayan a argumentar eso a otro lado, porque es una mentira del porte de un buque!
Aquí existe colusión. Es un mercado absolutamente imperfecto, donde mandan cuatro actores, de los cuales dos controlan bastante más de la mitad del negocio.
La distorsión de precios es impresionante, señor Presidente. A los consumidores se les cobran precios abusivos dependiendo del lugar donde viven.
Es preciso avanzar a precios únicos a nivel nacional para los combustibles, tal como ocurre en el caso del tabaco, en que una cajetilla de cigarrillos cuesta igual en cualquier punto de venta del territorio. No hay razón alguna para que no suceda lo mismo respecto de los combustibles; más aún en un país con la geografía que tenemos; más aún con el nivel de concentración de los distribuidores existente; más aún cuando el Estado muestra debilidad para fiscalizar y controlar estos abusos.
Señor Presidente, una vez que asumieron las autoridades de la actual Administración, de inmediato fui a plantear los reclamos sobre la colusión. ¿Por qué? Porque el inicio de este Gobierno coincidió con la nueva legislación sobre libre competencia en Chile y con las mayores facultades que los órganos del Estado tienen para supervisar y fiscalizar estas materias.
Al final del mandato de la Presidenta Bachelet se cambiaron ciertas normas legales, a fin de que los entes fiscalizadores, los que deben garantizar la libre competencia y los responsables de llevar los casos a los tribunales en este ámbito, tuvieran mayores atribuciones. Estamos esperando que las ejerzan. Les hemos entregado los antecedentes. Dijeron que iban a estudiarlos.
Señor Presidente, debo señalar que, junto con constatar que existe colusión, amigos distribuidores de mi Región me han explicado cómo funciona el sistema. Se les cobra a las bencineras determinado precio y se les dicen a qué precio vender y cuáles son los márgenes.
¡Esa es una práctica cotidiana! ¡Afirmar otra cosa es mentir!
El problema no es de los concesionarios ni de quien vende en la bomba. ¡Es de las empresas distribuidoras, que fijan las condiciones de mercado!
¡Este es un mercado absolutamente controlado!
¿Me permite un minuto más, señor Presidente, para terminar?
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede continuar, señor Senador.
El señor LETELIER.- Gracias.
Y el Director del Servicio Nacional del Consumidor aquí presente conoce la situación, pero no dispone de los instrumentos para detenerla. Esa es mi convicción.
Cualquier persona que asuma la responsabilidad de dirigir el SERNAC se pone la camiseta de los consumidores y detecta los abusos que se cometen en el sistema económico de nuestro país, donde hay aprovechamiento de las posiciones dominantes y del poderío existente en los mecanismos de distribución.
Señor Presidente, las distribuidoras de combustible son las principales responsables de esta colusión. Lamentablemente, nuestra institucionalidad o no puede o no quiere atacarla. Lo que ocurre en las farmacias y en el transporte interprovincial de pasajeros es lo mismo que pasa en las bombas de bencina: una concentración económica abusiva.
Por ello, habrá que reflexionar en este próximo ciclo sobre cómo avanzar en mayor democracia económica.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro, en el tiempo de la UDI.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en primer lugar, deseo expresar el mayor de los éxitos al nuevo Ministro de Energía, don Jorge Bunster. Sin duda, los desafíos en esta Cartera son muy importantes y claves para el desarrollo económico y social del país.
En segundo lugar, agradezco la presencia en la Sala del señor Juan Peribonio, Director del SERNAC. Está claro el trabajo que ha efectuado en defensa de los consumidores. El esfuerzo que lleva a cabo su Servicio, con usted a la cabeza, es precisamente lo que se requiere: brindar el apoyo total con cuanto esté a su alcance para dar protección a los consumidores del país, que tanto la necesitan, sobre todo, mediante la entrega de información oportuna.
Además, es importante la labor realizada a través de la página web de dicho organismo -creo que habría que darle mayor difusión-, que sirve a la gente para que pueda optar realmente por lo más conveniente, tanto en calidad como en precio.
Por otro lado, señor Presidente, debo informar que hace más de un año solicité una investigación sobre la posible colusión de las distribuidoras de combustible en la comuna de Rancagua, siendo entonces Diputado y Presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja.
Hemos constatado la existencia de colusión. Y tal realidad es histórica; no ha ocurrido solo en los últimos años. Como dijo el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, la situación de Rancagua es realmente vergonzosa.
Pero esto no sucede únicamente en Rancagua.
Es como si las distribuidoras se dieran cuenta de que en ciertos sectores y comunas de Santiago y de otras Regiones el combustible puede tener un precio distinto del que se cobra en la comuna contigua. Por ejemplo, en la comuna de Olivar, que está más al sur de Rancagua, por lo que el costo de distribución es mayor, el precio de la bencina es 20 o 30 pesos menor que en la capital regional.
Esa es una realidad, señor Ministro y señor Peribonio, que ocurre en todo el país. Y -reitero- la situación es escandalosa en Rancagua.
Las compañías distribuidoras creen que la gente ahí tiene más recursos. El hecho de que en esa ciudad vivan algunos miles de mineros no significa que sus más de 250 mil habitantes también lo sean. En ella hay mucha pobreza y necesidades. La mayor cantidad de la población se moviliza en colectivos. Y el precio de los combustibles afecta directamente a los usuarios del transporte público menor, que en muchas partes del país -especialmente, en mi Región- corresponde al medio de transporte más usado.
En ese sentido, ojalá tenga resultados la solicitud que cursé a la Fiscalía Nacional Económica.
¡El problema es que se ha esperado una solución por mucho tiempo! ¡Mientras tanto, vemos que el precio de la bencina está llegando a cerca de mil pesos!
En el marco de una reforma tributaria, señor Ministro, los Senadores de la Unión Demócrata Independiente -y también nuestros Diputados- sostendrán que deberemos efectuar un esfuerzo adicional respecto del impuesto a los combustibles. ¡Creemos que hay que hacerlo!
Sabemos que dicho tributo corresponde a 6 UTM por metro cúbico de bencina y que un aumento del precio a nivel internacional significa un mayor precio de venta, lo que implica más ingresos para el Fisco por concepto del IVA. Es importante conocer esa diferencia y saber cuáles son los montos exactos que ingresan por mayor recaudación del IVA.
En ese sentido el Gobierno está haciendo un trabajo muy relevante, sobre todo en defensa del consumidor. Todas las investigaciones por distintos escándalos se han llevado a cabo en la actual Administración. Yo no recuerdo que lo mismo haya pasado en los producidos durante los 20 años anteriores.
Me gustaría que la Fiscalía Nacional Económica actuara con mayor celeridad. Con relación a la colusión de los combustibles, está al debe. Ojalá el Fiscal Nacional Económico entregue información respecto de lo que sucede en la Sexta Región, específicamente en Rancagua.
Por otro lado, señor Presidente, deseo formular una consulta al señor Ministro de Energía.
Quiero saber si la ENAP se va a convertir realmente en una empresa energética. Ese fue uno de los anuncios que hizo el Ministro Golborne cuando estaba al frente de las Carteras de Energía y de Minería. La idea era potenciar ese sector. Por eso pregunto al actual Secretario de Estado sobre su opinión respecto del proyecto definitivo de ENAP hacia el futuro. Es muy importante conocer su posición.
Por último, se debe tener mucho cuidado con las palabras que se utilizan para referirse a eventuales imposibilidades para ejercer ciertos cargos. Si alguien con expertise trabajó en una empresa como Copec, ¿no puede servir al país? Cabe precisar que el señor Bunster se desempeñó antes en el Ministerio de Relaciones Exteriores. No viene directamente de la Copec. Él dejó aquel trabajo.
Considero fundamental que personas con la expertise suficiente y que conozcan el mercado puedan servir a su país como ministros.
A mi juicio, ese tipo de ataques en nada ayudan a la dignidad de tales cargos y faltan el respeto a quienes los ocupan. Si se tiene algo en contra de dicha autoridad, que se diga de forma específica. En lugar de ello, aquí se dispara a la bandada.
¿Acaso se quiere en esos puestos a personas sin vinculación alguna con las áreas que deben dirigir? ¿Qué se pretende? ¿Se desea poner de ministros a ociosos, a gente que no haya tenido ninguna pega anterior? Todo lo contrario, ahí se requiere a los mejores, para que puedan conducir bien el plan de Gobierno del Presidente Piñera.
Por lo tanto, respaldo al señor Ministro de Energía.
Sin duda, en esta Sala cada uno tendrá su opinión. Pero en el Ejecutivo necesitamos a personas con capacidades como las del señor Bunster para dirigir los grandes desafíos del Gobierno y del país en cuanto al desarrollo de la energía.
¡Una deuda que dejaron los 20 años de Gobierno de la Concertación fue haberles creído a los argentinos con lo relativo al gas! ¡Vean la situación en la que estamos!
Necesitamos inversiones; necesitamos utilizar todo el potencial de nuestro país. En eso, señor Ministro, espero que le vaya muy bien. Sin duda, va a ser una tarea muy difícil para usted. La única manera de que sigamos creciendo y desarrollándonos es haciendo las inversiones en energía que el país precisa.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, en primer término, agradezco que los partidos de la Oposición hayan solicitado esta sesión, pero hasta ahora, por desgracia, no hemos escuchado ningún argumento serio que plantee algo sobre el tema de la colusión que se parezca a una prueba o a una información adicional y no a una mera conjetura. ¡Yo lamento que no se haya entregado ningún antecedente!
En segundo lugar, quiero saludar al señor Ministro de Energía y desearle mucho éxito en su trabajo. Confío plenamente en sus capacidades, por la trayectoria que aquí se ha mencionado. De ser efectivo lo que indicó un señor Senador, nos hallamos frente a una persona que conoce el mercado de los combustibles. Este es muy importante para nuestro país, tan largo y angosto, el cual presenta dificultades también en otros mercados, porque la mitad de la población se concentra en una ciudad y el resto se encuentra prácticamente abandonado en muchos aspectos.
Aquí siempre se nos dice que Calama o Copiapó tienen el combustible más caro, pero no es así. El combustible más caro -y lo repito- está en Futaleufú, en Palena, en Chaitén y en Ayacara...
El señor BIANCHI.- En Puerto Williams.
El señor KUSCHEL.-... Y en Puerto Williams, seguramente, aunque puede que llegue barato desde el otro lado de la frontera, que tiene tan bien organizado su mercado de los combustibles...
Otro tema eludido aquí, que se halla íntimamente ligado y que habremos de encarar, es la situación de ENAP. Ella la estamos pagando todos los chilenos, directa o indirectamente. ¡No es posible que -como se indicó- una empresa con un patrimonio de 400 millones de dólares deba 4.000 millones de dólares! Y, encima, se nos dice: "¡Cómprenle a esta empresa modelo!; ¡trabajen más con esta empresa modelo!". Eso a mí me parece un error y creo que tenemos que preocuparnos de esa empresa "modelo", en lugar de cargarle más la mochila, porque ahí sí que hay ineptitud.
Señor Presidente, quiero pedir, una vez más, antecedentes específicos que nos permitan abordar esta eventual colusión con datos nuevos, que hagan posible avanzar. Ya vamos a escuchar al Ejecutivo y también al señor Peribonio, cuya forma de enfrentar los problemas aplaudo, habida cuenta de las dificultades que tienen los mercados en nuestro país por los elementos que he indicado. Él ha actuado con eficiencia y valentía, como se ha dicho.
Pero yo les pido a los representantes de la Oposición que contribuyan con cosas que no sean solamente voladores de luces. Porque aquí escuchamos expresiones que una persona desinformada puede encontrar muy atractivas, pero que no nos llevan a ninguna solución. Y, al contrario, si hacemos caso a muchas de las sugerencias que aquí surgen desde la Oposición, podemos incrementar las dificultades, en circunstancias de que, comparados con otros países, en realidad nosotros las hemos superado en buena forma.
Gracias.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimados colegas, la citación a esta sesión especial señala que tiene por objeto "abordar la eventual colusión de las empresas distribuidoras de combustibles en lo que a fijación de precios se refiere, que se expresa en alzas y rebajas ocurridas simultáneamente en estaciones de diversas empresas, en distintas regiones del país".
Después de escuchar a un colega que me antecedió, dan ganas de invitarlo a "vitrinear" no a Lo Valledor, como hace el Ministro de Agricultura, sino a las distintas bombas de bencina, para ver que eso ocurre. Porque, tal como decía el Senador Bianchi, hay lugares donde los precios están altos.
Efectivamente, esta es una situación conocida por todos y por todas. Para probarlo, basta mencionar la denuncia hecha hace algunos meses por la Agrupación Maipo Contigo, que presentó ante la Fiscalía Nacional Económica una solicitud de investigación con respecto a la posible colusión de precios de las bencineras en la comuna de Buin, ya que hasta la fecha todos los centros de servicios exhiben precios totalmente similares, sin posibilidad de opción por parte de los usuarios.
El tema del precio de los combustibles ha venido cruzando la discusión de la agenda pública de Chile desde hace varios años. En general, me parece que los problemas que tenemos en esta materia son conocidos por todas y por todos: no somos un gran productor de petróleo, a diferencia de algunos de nuestros amigos latinoamericanos, como Venezuela o Argentina; importamos un porcentaje relevante de la cantidad de crudo que necesitamos para subsistir, y, a pesar de eso, el combustible, su almacenamiento y su distribución están en manos de empresas privadas. Y cuando digo "empresas privadas", en plural, desgraciadamente estoy hablando de tres o cuatro empresas, que representan casi el 100 por ciento del mercado. Nosotros hemos pasado a ser conocidos como "el país de los tres": en todo, siempre hay tres.
Frente a esta realidad, en un mercado tan concentrado y con particularidades tan propias del negocio petrolero, ¿en dónde participa el Estado? La respuesta es clara y debería llamarnos a reflexión: el Estado participa en este mercado solo a través de ENAP, en la importación y la refinación del crudo, pero no puede intervenir en la distribución, lo cual deja en pésimas condiciones para competir con sus pares a cualquier empresa del siglo XXI, por la necesaria integración vertical que requiere este negocio.
Hace un par de meses fui invitada por el Sindicato de Trabajadores de ENAP a su planta de Concón. En dicha reunión, ellos me señalaron la dura situación por la que atraviesa la empresa en lo económico y cómo durante estos años nuestros gobiernos han sido incapaces de generar políticas públicas eficaces y eficientes para evitar que nos veamos envueltos en la fluctuación del precio del petróleo.
Estos dirigentes me manifestaron su preocupación por la realidad de esta industria -vuelvo a repetir-, única herramienta con que cuenta el Estado para intervenir en el negocio del petróleo en Chile.
No quiero entrar, señor Presidente, en el manejo de ENAP. La verdad es que hay profundas y variadas explicaciones sobre el particular.
En el fondo, la única herramienta con la cual cuenta el Estado para intervenir y participar en el negocio de los combustibles es una empresa que fue creada en los años cincuenta, que no ha experimentado grandes modificaciones en su estructura orgánica y que, además, debe cargar sobre sus hombros con una serie de subsidios indirectos que debieran salir del Presupuesto de la nación y no del de ENAP, como ocurre hoy día.
Ello hace que hoy esa empresa tenga más de 4.500 millones de dólares en deudas y que, debido a los problemas del mercado de la refinación del petróleo y a los bajos márgenes de ganancia, se encuentre en una situación muy complicada, lo que nos obliga a buscar fórmulas de entendimiento para reestructurarla y dotarla de un gobierno corporativo eficiente.
Lo que se echa de menos, señor Presidente, es una mirada de largo plazo en materia de combustibles. Hoy, el precio de la gasolina de 95 octanos está en 830 pesos, casi al mismo valor que en países europeos con ingresos per cápita muy superiores a los nuestros.
Durante los gobiernos de la Concertación se creó el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados de Petróleo (FEPCO). Una vez que la Derecha asumió el Gobierno, y a pesar de las recomendaciones formuladas por el ex Presidente Frei y por mi colega Escalona, quienes hicieron ver la inconveniencia de cambiar el sistema de estabilización de precios de un elemento tan de primera necesidad para nuestra población como el petróleo, y de lo que yo misma señalé en las Comisiones unidas de Minería y de Hacienda, así como en la Sala del Senado, no fuimos escuchados.
El actual Gobierno insistió en un proyecto que cambiaba el Fondo anterior y que creaba el nuevo Sistema de Protección al Contribuyente del Impuesto Específico a los Combustibles (SIPCO), el cual, de acuerdo a lo que han dicho los analistas, no ha cumplido su rol. Incluso, tuvimos que aprobar en su momento una ley express para adelantar su entrada en vigencia. Me opuse a la reformulación votando en contra y me abstuve en el segundo caso.
Señor Presidente, estimados colegas, estoy convencida de que tenemos que realizar un estudio a fondo sobre cómo enfrentar el tema de los impuestos específicos, y en especial el de los combustibles. Creo que en esta materia debemos alcanzar tres objetivos -mañana haré pública esta propuesta, pero la adelanto-: estabilizar fluctuaciones de precios de corto plazo, reflejar los costos ambientales y de salud y promover la eficiencia energética.
El precio de los combustibles ha seguido subiendo día a día, y lo que vemos es un Ejecutivo sin claridad respecto de lo que se debe hacer y un importante número de dirigentes de uno de los partidos que lo respaldan exigiendo que se elimine el impuesto a los combustibles, pero sin señalar cuáles son las medidas que se proponen para recuperar los recursos que se irían por la rebaja de este tributo.
Señor Presidente, antes de terminar, estimo fundamental formular tres preguntas al señor Ministro de Energía, a quien no conocía hasta el día de hoy.
Primero, qué se hará con ENAP: ¿El Gobierno ha estudiado darle un rol distinto o agregarle uno más?
Segundo, ¿qué se efectuará en materia de precios y colusiones? ¿O no queremos tocar ciertos intereses y, por eso, dejamos pasar este tema?
Y, tercero, ¿qué sucederá con la renacionalización de Repsol en Argentina y qué efectos tendrá en Chile la pérdida que -según algunos- puede superar los 48 millones de dólares?
Gracias, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- En los minutos que le corresponden al Comité UDI, tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, me uno a los saludos al nuevo Ministro de Energía, don Jorge Bunster, y le deseo mucho éxito. Lo que permite pensar que así será es la experiencia que él tiene, y, a propósito de lo manifestado por el Senador García-Huidobro, queremos en los Ministerios personeros que sepan de lo que se trata en ellos, porque, cuando se nombra a gente carente de experiencia, se critica esa falta de oficio en el ramo. Aquí estamos ante una persona que cuenta con este y, por eso, le deseo gran éxito.
Asimismo, a raíz del debate que hoy día sostenemos respecto de la colusión, no puedo tampoco omitir saludar a don Juan Antonio Peribonio, Director Nacional del SERNAC, quien ha realizado una labor muy efectiva desde que asumió su responsabilidad. Pienso que ha dado señales muy positivas de lo que es factible hacer con esos instrumentos en defensa del consumidor.
El tema de fondo es este: cómo enfrentamos la colusión en general.
La primera regla para que nuestro sistema económico funcione es que exista competencia. Cuando ella desaparece, se producen dificultades muy negativas para los consumidores.
En algunas áreas, la competencia no es posible porque se trata de servicios como el agua potable, la electricidad, la energía y, en ese sentido, el Estado obviamente debe regular. Pero cuando hablamos de opciones donde existen diversas alternativas, la competencia es siempre el mejor camino. Y no existe una economía de libre mercado o una donde el mercado funcione como asignador de recursos si no hay competencia.
Parte de nuestro problema ha sido ese. El punto no radica en el mercado -como muchas veces algunos afirman-, sino en la competencia, y, por eso, siempre resulta muy importante garantizarla, facilitarla, asegurarla.
Pienso que la línea seguida por nuestro país va en la correcta dirección al potenciar el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, al fortalecer la Fiscalía Nacional Económica. Durante el actual Gobierno se incorporó un ámbito específico para la agricultura, donde también tenemos dificultades de mercado en algunos productos. Hay pocos oferentes en determinadas áreas, por lo cual algunos productores agrícolas se ven muy amenazados, como en el caso del arroz, del trigo, del maíz, y aparte de otras dificultades externas -como hemos visto en estos días-, terminan afectados por una posible colusión o, simplemente, por una limitación de la competencia.
La competencia y la información -como se dice- resultan claves para que funcione nuestro sistema. Y me parece que eso está ocurriendo. De hecho, debemos reconocer que este Gobierno ha efectuado esclarecimientos y denuncias muy fuertes. Se han investigado la eventual colusión en el mercado de los pollos y las irregularidades de precios en el transporte interurbano, entre muchas otras situaciones.
Ahora bien, en esta materia, no puedo juzgar solamente por lo que aparece en las ventas que, por cierto, es un dato. A veces, la similitud de precios no necesariamente es sinónimo de colusión. Por cierto, ellos se ponen en la página web del Ministerio de Economía y cualquiera puede bajarlos y tomarlos como referencia. En algunas oportunidades, demasiada información genera conductas similares.
No obstante, considero que lo importante es llevar estos hechos al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, a la Fiscalía Nacional Económica, asegurarse de que se realicen las investigaciones del caso y buscar otras maneras para eliminar las posibles barreras de entrada que todavía existen en el mercado. Por ejemplo, hay restricciones zonales a la instalación de nuevas estaciones de servicio como también al transporte y al almacenamiento de combustibles.
Me parece que, en la medida que despejemos estos ripios, vamos a perfeccionar el camino.
Por otro lado, hoy día existe la posibilidad de que las propias empresas importen petróleo desde el exterior. Y eso nos lleva a ENAP, porque el transporte por oleoducto en el territorio chileno solo puede hacerlo dicha empresa. Otra alternativa es llevarlo en camiones, pero ello probablemente encarece los costos. Y de ahí que la participación de ENAP tenga sentido.
Sin embargo, realizar cuestionamientos a esa empresa, en circunstancias de que se encuentra en una situación paupérrima producto de la mala gestión que tuvo durante los Gobiernos anteriores, y pretender que hoy día se convierta en la solución, me parece verdaderamente difícil de explicar.
Cuando hay tejado de vidrio se debe tener mucho cuidado en lo que se propone como solución, considerando que ENAP, por una pésima gestión, se halla en una situación de bancarrota. Pero, si algo se puede hacer para que mejore y colabore en la solución del problema de mayor competencia y, por tanto, de mayor transparencia en los mercados, bienvenido sea.
En tal sentido, todas las medidas que se adopten para asegurar la competencia y el que los antecedentes que se tengan sobre eventuales colusiones se lleven a las instancias pertinentes a fin de que se resuelvan y se sancione a las empresas involucradas contarán con todo nuestro respaldo.
Porque -repito- en la medida que nosotros amparemos la colusión estaremos destruyendo el mecanismo que garantiza a los consumidores su defensa: la competencia.
Ese es el punto central de nuestro régimen económico, y en ello el Estado cumple funciones efectivas. Esperamos que pueda seguir manteniéndolas a través de los organismos que ha diseñado en sus distintas perspectivas, desde el SERNAC hasta tribunales y fiscalías económicas, para garantizar que tales hechos no ocurran.
Así todo, eso puede resultar insuficiente, caso en el cual deberemos analizar qué cosas adicionales es posible realizar.
Pero en lo dicho hasta ahora todavía no he visto, aparte de denunciar una aparente colusión que debe ser resuelta por los organismos pertinentes, mecanismos que nos permitan ayudar en esa línea a mejorar lo que hoy día se ha dispuesto, desde el punto de vista de la institucionalidad, para proteger al consumidor.
Siempre, para resguardar al consumidor y garantizar la competencia, contarán con nuestro apoyo.
He dicho.
El señor ESCALONA (Presidente).- No hay más inscritos.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, a mí me queda un minuto.
El señor ESCALONA (Presidente).- Así es, señor Senador.
Puede hacer uso de la palabra, por un minuto.
El señor BIANCHI.- Gracias, señor Presidente.
Dentro del tiempo que me resta, deseo mencionar algo que me parece importante señalar en esta sesión especial, fundamentalmente ante la presencia del Director Nacional del SERNAC, don Juan Peribonio, a quien aprovecho de saludar muy afectuosamente.
Tengo antecedentes de que la bencina de 95 octanos no existe. Lo que se hace en las distintas distribuidoras es mezclar las de 97 y 93 octanos. Y de allí, entonces, cada servicentro saca esta gasolina.
Lo menciono -me quedó pendiente en mi intervención anterior- porque, dado que se encuentran en la Sala el Director Nacional del SERNAC y el propio Ministro de Energía, sería bueno y deseable saber si tal situación es real, quién hace la certificación y los controles de calidad de la bencina de 95 octanos que, en teoría, no se produce y se obtiene de una mezcla en los servicentros.
Si es así, estamos pagando por un producto que...
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador. Pero puede completar su intervención.
El señor BIANCHI.- Decía, señor Presidente, que, si es así, estamos frente a un producto que no existe, ante una situación bastante irregular.
En consecuencia, señor Presidente, solicito que tanto el Ministro como el Director Nacional del SERNAC pudieran responder a dicha inquietud, que es importante para todo el país.
Gracias.
El señor ESCALONA (Presidente).- Ofrezco la palabra.
El señor PIZARRO.- ¿Me permite formular una pregunta, señor Presidente?
El señor ESCALONA (Presidente).- Al Comité de la Democracia Cristiana le restan de 2,5 minutos.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor PIZARRO.- ¡Dos minutos y medio es una eternidad, señor Presidente, en medio de un terremoto...! Así que algo podré decir.
Quería aprovechar esta oportunidad para solicitarle al señor Ministro, en su condición de Presidente de la ENAP, que nos explique exactamente la situación de Enap Sipetrol en Argentina y lo que está pasando con las concesiones de explotación y los permisos de exploración que tenemos en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Digo lo anterior porque el sábado o el domingo escuchamos intervenciones del Presidente de la República desde Cartagena de Indias en las que señalaba que se produciría un daño muy complicado para el patrimonio de la ENAP a propósito de la nacionalización de la Empresa Repsol por parte del Gobierno argentino. Ello, de alguna manera, fue ratificado por el Ministro vocero de Gobierno, don Andrés Chadwick, pero rectificado el día de ayer por el señor Canciller. Es decir, se rectificó al Primer Mandatario y a dicho Secretario de Estado.
Entonces, la pregunta obvia es saber quién tiene la razón y cuál es la situación objetiva en que nos encontramos frente al proceso que se está llevando a cabo en el país vecino.
En segundo lugar, deseo expresar que este no es un tema nuevo, según entiendo, para la ENAP. Ya existían cuestionamientos de los señores gobernadores de las distintas provincias argentinas, a quienes, de acuerdo con la ley de su país, les asiste la responsabilidad de desarrollar la explotación de estos recursos naturales. Y, al respecto, pareciera que se estaban sosteniendo conversaciones y haciendo gestiones en forma directa con ellos.
Ahora bien, como este es, además, un asunto de orden político en la relación con Argentina y la forma como toma sus decisiones dicho Gobierno se relaciona con la capacidad de influencia o de presión que tengamos sobre todo con el Ministro De Vido -quien, entiendo, es uno de los que han estado a cargo de ese proceso en la nación trasandina-, quisiera saber exactamente cuáles son los pasos que se están dando y de qué manera se van a cautelar los intereses chilenos, que ya se habían visto afectados por otras normas restrictivas en el proceso de exploración.
El señor BIANCHI.- Como el diésel plus.
El señor PIZARRO.- El diésel plus, dice el Senador Bianchi.
En consecuencia, considero que lo mejor es tener una información fidedigna y lo más transparente posible. Porque, de lo contrario, las conclusiones a que llega la opinión pública o los medios de comunicación pueden ser equívocas o, incluso, terminar generando problemas en las relaciones internacionales de Chile.
Para nadie es un misterio que la situación con nuestros países vecinos siempre es un poquito candente. Y este año, con el norte, se pondrá más candente. Por consiguiente, si ahora se nos abre un flanco acá y este no puede ser explicado o aclarado de manera transparente, o manejado, sería doblemente grave.
El señor ESCALONA (Presidente).- En dos minutos y medio hizo una intervención muy condensada, señor Senador.
El señor PIZARRO.- Muchas gracias.
El señor PROKURICA.- ¡Eso es capacidad de síntesis, señor Presidente...!
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor BUNSTER (Ministro de Energía).- Señor Presidente, por su intermedio, me dirijo a todos los Senadores y Senadoras presentes en esta sesión especial, convocada para exponer acerca de la materia comprendida en la citación.
Como ya ha sido expuesto por numerosos Senadores que me precedieron, esta sesión tiene por objeto abocarse a la discusión de una eventual colusión de las empresas distribuidoras de combustibles en lo que a fijación de precios se refiere, la que se expresaría en alzas y rebajas ocurridas simultáneamente en estaciones de servicio de distintas empresas ubicadas en diferentes Regiones del país.
Al respecto, y para abordar adecuadamente el asunto, quiero referirme primero al marco institucional y legal que rige a la Cartera de Estado que tengo el honor de conducir, especialmente en lo que dice relación a su ámbito de acción en materia de libre competencia, para luego concentrarme en algunos aspectos específicos del mercado de los combustibles que inciden en el tema que se encuentra en debate en esta sesión.
Asimismo, deseo comentar también un par de consultas que se han hecho sobre la ENAP y su situación, particularmente en lo que atañe a la situación de Argentina.
1.- Marco institucional y legal que rige al Ministerio de Energía en relación con los ámbitos de libre competencia.
En cuanto al marco legal que rige al Ministerio de Energía, cabe señalar que este se encuentra contenido en el decreto ley N° 2.224, de 1978, que crea la Comisión Nacional de Energía, y en su texto modificado por la ley N° 20.402, que crea el Ministerio de Energía.
Dicho decreto ley establece en su artículo 2° que -comillas-: "Corresponderá, en general, al Ministerio de Energía, elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía.", cierre de comillas.
De la lectura del texto citado se puede observar que el asunto objeto de la presente sesión -una eventual colusión de las distribuidoras de combustibles- se relaciona de un modo amplio con las competencias entregadas por ley al Ministerio de Energía, pues a este se le ha encomendado, mediante esa vía, elaborar y coordinar planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector.
Ahora bien, inserta dicha facultad en el marco normativo general que rige a los órganos de la Administración del Estado con competencias en materias de libre competencia -dado por el decreto ley N° 211, de 1973-, el papel que juega el Ministerio de Energía en el ámbito de la normativa de libre competencia y antimonopolios resulta, como se verá, muy preciso y acotado.
El decreto ley N° 211 señala que la finalidad de dicha ley es promover y defender la libre competencia en los mercados y que los atentados contra la libre competencia en las actividades económicas serán corregidos, prohibidos o reprimidos en la forma y con las sanciones previstas en aquella.
Asimismo, dicho cuerpo legal dispone que "Corresponderá al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y a la Fiscalía Nacional Económica, en la esfera de sus respectivas atribuciones, dar aplicación a la presente ley para el resguardo de la libre competencia en los mercados.".
Tales atribuciones, que son especiales y extractivas con respecto a la facultad muy general ya reseñada acerca del Ministerio de Energía -en cuanto a que este debe velar por el buen funcionamiento del sector energía-, inhiben a esa Secretaría de Estado de actuar en estos asuntos.
En términos concretos, el Ministerio de Energía no posee facultades en el ámbito de la libre competencia.
Ahora bien, no se entienda con ello -y es muy importante recalcarlo, señor Presidente- que la Cartera de Energía es un órgano sin injerencia alguna en estos temas. Esta Secretaría de Estado sí tiene un papel muy relevante que jugar al respecto, cual es el ponerse al servicio de los órganos principales en materia de disciplina competitiva de los mercados, que son el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica, para prestarles todo el auxilio técnico que requieran, elaborando informes y evacuando información, según nos sea solicitado, y en general poniendo a su disposición todos los antecedentes que sean necesarios para velar por un correcto funcionamiento de los mercados asociados con la energía.
Este punto es relevante, señor Presidente: dado el papel que cumple la Cartera de Energía en la institucionalidad de libre competencia, no corresponde que este Ministro emita un parecer previo a los informes que puedan ser requeridos al mismo Ministerio por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, aludido recientemente.
A su turno, el Ministerio de Energía cuenta también con la atribución para elaborar y proponer normas destinadas a regular el sector, en las que no puede, por cierto, ignorarse la muy relevante dimensión de libre competencia que siempre las debe inspirar.
Otro campo de acción muy útil para aportar en lo relativo a la libre competencia viene dado por acciones específicas -algunas simples, otras complejas- que el Ministerio de Energía y sus principales órganos relacionados -la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Comisión Nacional de Energía- pueden adoptar para prevenir eventuales abusos o para, simplemente, mejorar las prestaciones de los servicios energéticos a los usuarios finales.
En el marco de estas acciones se comprende el convenio que mantiene el Ministerio con el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) sobre encuestas de precios de combustibles líquidos y gas licuado en capitales regionales, y el estrenado Sistema de Información en Línea de Precios de Combustibles en Estaciones de Servicio, implementado por la Comisión Nacional de Energía hace poco.
2.- Del Sistema de Información en Línea de Precios de Combustibles en Estaciones de Servicio.
Dicho Sistema es una herramienta de monitoreo de los precios de los combustibles, desarrollada por la Comisión Nacional de Energía para cumplir con los objetivos emanados de su ley orgánica. Y, además, es una herramienta que está diseñada para que el público, en general, pueda informarse debidamente y comparar los precios de venta de los combustibles. La creación, operación y obligatoriedad del Sistema se efectuó mediante Resolución exenta N° 60, de la Comisión Nacional de Energía, publicada en el Diario Oficial en enero de 2012.
El Sistema consiste en una plataforma electrónica a través de la cual todos los operadores de instalaciones de expendio de combustibles líquidos a público (estaciones de servicio) que estén funcionando en el país, deben informar de manera permanente a la Comisión Nacional de Energía los precios de venta de los combustibles que se expendan en sus estaciones e instalaciones, y sus modificaciones, cada vez que estas se produzcan, lo que comprende combustibles líquidos a vehículos y en envases permitidos (gas licuado para uso vehicular y gas natural comprimido).
El ingreso de los precios de los combustibles al Sistema ha de efectuarse por parte del operador de cada estación de servicio a más tardar quince minutos después de producido el cambio en la paleta de precios de la respectiva estación, independientemente del día y la hora en que este se produzca, generándose el registro y la información al público en forma inmediata una vez que este sea ingresado. Y conforme a lo dispuesto por la Resolución Exenta N° 60, ya mencionada, esta información debe ser fidedigna y actualizada.
El Sistema registra para cada estación de servicio, debidamente identificada, el cambio en el precio del o de los combustibles que expende, registrando además la fecha y la hora del cambio de acuerdo al reloj interno del servidor donde se aloja la base de datos. Para efectos del ingreso al Sistema, la Comisión Nacional de Energía le entrega a cada estación de servicio una clave de acceso única.
Asimismo, este servicio permitirá al público en general acceder a través de la página web del Ministerio y de la Comisión Nacional de Energía, o directamente a través de la página web "www.bencinaenlinea.cl", a una visualización georreferenciada, por Regiones y comunas del país, de todas las estaciones de servicios que estén operando en el territorio nacional, con sus respectivos precios de venta de los combustibles que expendan al público; a un ranquin de precios y a otra información relevante de los servicios ofrecidos por las respectivas estaciones de servicio.
El Sistema elaborado por la Comisión Nacional de Energía se gestó a fines del año 2010 con el desarrollo de la plataforma computacional y formalmente con un plan piloto con las estaciones de servicio de la comuna de Santiago a partir de julio de 2011, con el fin de detectar posibles fallas y mejoras antes del inicio definitivo en todo el país. Debido a la necesidad de monitorear detalladamente el funcionamiento de la herramienta se eligió la Región Metropolitana como punto de partida, aun cuando esta, por sí sola, captura aproximadamente un tercio de las estaciones de expendio de todo el país.
El Sistema de Información en Línea de Precios de los Combustibles tiene cobertura nacional, pero su entrada en vigencia se está efectuando de manera gradual, por regiones agrupadas en zonas geográficas. La entrada gradual del Sistema en diversas Regiones del país tiene relación con los tiempos requeridos para inscribir las estaciones de servicio y, además, crear los perfiles de administradores que realizarán la carga de información, todas ellas labores administrativas que efectúan los profesionales destinados por la Comisión Nacional de Energía para este efecto. Por estas razones se implementó un ingreso gradual de acuerdo al volumen de estaciones de servicio en cada una de las Regiones.
Hay un cronograma que establece, por ejemplo, que en la zona norte, la Primera Región de Tarapacá, la Segunda, la Tercera y la Décimo Quinta, el Sistema entrará en vigencia el 1° de julio de 2012.
Por su parte, en la zona centro-sur, que corresponde a las Regiones Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima, ya empezó a regir el 1° de abril de 2012.
En la Región Metropolitana, como ya señalé, entró en vigor el 1° de marzo.
En la zona sur (Octava, Novena, Décima y Décimo Cuarta Regiones) comienza a regir el 1° de junio de 2012.
En la zona austral, Regiones Undécima y Duodécima, regirá a partir del 1° de mayo de 2012.
Es importante destacar que siendo esta plataforma una herramienta que fortalecerá el papel del consumidor nacional, permitiéndole la adopción de mejores decisiones de compra, las eventuales conclusiones acerca del comportamiento competitivo de las empresas monitoreadas sólo se pueden extraer con una base de datos mayor para efectuar análisis económicos y econométricos. Estos últimos deben ser realizados por los órganos competentes.
A la fecha la Comisión Nacional de Energía estableció un convenio con el SERNAC para el manejo de la información y elaboración de reportes, tal como lo venía realizando sobre la base de encuestas presenciales, pero obteniendo la información desde el Sistema.
Se está en conversaciones preliminares con la Fiscalía Nacional Económica para elaborar consultas al Sistema que permitan capturar la información de precios de manera de poblar fácilmente los programas de análisis que esta institución requiere para llevar a cabo su labor.
3.- Antecedentes relativos al mercado y distribución de combustibles.
Como bien saben los Honorables Senadores que asisten a esta sesión especial, el mercado de distribución de combustibles no es un mercado regulado en sus aspectos económicos, sino uno en el que los precios de compra y venta de combustibles varían libremente por la interacción de la oferta y la demanda. En este mercado, sin fijación o regulación de precios la disciplina competitiva la aporta la misma profundidad del mercado y la accesibilidad de numerosos oferentes en ámbitos geográficos acotados.
Sabido es también en qué grado la utilización de combustibles líquidos, tales como la gasolina automotriz y el petróleo diésel, resulta hoy de primera necesidad para gran parte de la población.
Es por esto, por la combinatoria de ambos factores, que una eventual colusión de las empresas que venden combustibles en estaciones de servicio, entendiendo por colusión a los acuerdos expresos o tácitos entre competidores, o las prácticas concertadas entre ellos, que les confieran poder de mercado y que consistan en fijar precios de venta, de compra u otras condiciones de comercialización, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de mercado, excluir competidores o afectar el resultado de procesos de licitación, según la propia definición que nos entrega el decreto ley N° 211, resultaría muy grave.
El Ministerio de Energía no ignorará los antecedentes aportados por los Honorables Senadores en esta sesión especial. Y desde ya se pone a disposición de los órganos competentes para prestar toda la colaboración que sea requerida y entregar todos los antecedentes que permitan detectar cualquier abuso que se pudiere estar cometiendo en materia de libre competencia, para que adopten ellos las medidas que procedan.
Antes de concluir, señor Presidente, quisiera referirme brevemente, aun cuando no es tema de esta convocatoria, a la situación de la ENAP.
En lo que atañe a la ENAP en Argentina hay que separar dos cosas. Las dificultades que venía teniendo la empresa estatal con el petróleo plus y con la pérdida o la expropiación del bloque de exploración. Esas dos cuestiones sí que afectan la situación económica de Sipetrol. Son problemas sobre los cuales nosotros estamos trabajando. Y estoy previendo un viaje a Argentina para hacer la defensa correspondiente de los intereses nacionales. Pero eso es muy distinto de la nacionalización que acaba de decretarse respecto de YPF. Esa nacionalización afecta a activos españoles, no a activos de la ENAP.
Por lo tanto, lo que a esta última empresa le afecta son las decisiones que se tomaron en perjuicio de sus intereses respecto del bloque de exploración de la provincia del Chubut y del petróleo plus.
Esas acciones siguen presentes y nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos con las autoridades argentinas para subsanar ese perjuicio. Sin embargo, eso es un fenómeno diferente de la decisión de expropiación de las autoridades argentinas. Y esa decisión afecta a los activos españoles en esa empresa, no a los chilenos.
De otra parte, quiero reiterar nuestra preocupación por la situación financiera de la ENAP; nuestro compromiso de robustecer y avanzar en el gobierno corporativo de la Empresa y de recuperar su funcionamiento económico y vigoroso para que sea el orgullo de todos los chilenos.
Por último, señor Presidente, queda solo destacar que el Ministerio de Energía siempre mostrará preocupación por fomentar el más estricto cumplimiento de las disposiciones del ordenamiento jurídico, en cualesquiera materias de nuestra legislación cuyo reforzamiento se halle en ocasión de propiciar.
Desde luego reconocemos que es una función ineludible del Ministerio de Energía el velar porque las actividades del rubro energético, ya sean de electricidad, de hidrocarburos u otros, se desarrollen adecuadamente y en plena coherencia y armonía con la legislación vigente.
En razón de ello, son compromisos expresos de este Ministro de Energía propiciar la libre competencia en los mercados de energía; trabajar para eliminar las barreras de entrada que puedan existir en dichos mercados, y velar porque la provisión de los insumos energéticos a la población se realice sin abusos de ninguna especie y con pleno respeto a los derechos que asisten a toda la ciud
adanía.
Muchas gracias, señor Presidente.