MODIFICACIÓN DE SISTEMA PRIVADO DE SALUD
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Corresponde proseguir la discusión general del proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Chahuán, Letelier, Rossi y Ruiz-Esquide, en primer trámite constitucional, que modifica el sistema privado de salud, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7955-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Girardi, Chahuán, Letelier, Rossi y Ruiz-Esquide):
En primer trámite, sesión 57ª, en 28 de septiembre de 2011.
Informe de Comisión:
Salud: sesión 63ª, en 18 de octubre de 2011.
Discusión:
Sesión 94ª, en 6 de marzo de 2012 (queda pendiente su discusión general).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La discusión general de este proyecto comenzó en la sesión ordinaria de ayer, y quedaron inscritos varios oradores.
Siguiendo el orden de inscripción, tiene la palabra en primer lugar el Senador, y también médico, señor Mariano Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, esta materia es de las que han generado en los últimos veinte años uno de los mayores debates en nuestro país. Porque pocos efectos pueden producir nuestras leyes que sean tan importantes, tan graves, tan propios para las personas como todo lo que diga relación con la salud.
En Chile esta discusión se generó, en la medida en que podíamos hablar en aquel entonces, antes de que asumiera el Gobierno del Presidente Aylwin. Y ella se centró, básicamente, en los dos modelos incorporados en la salud durante los años 85/86.
La primera enmienda representó la decapitación del Servicio Nacional de Salud, formado en 1952 y, a la luz del conocimiento universal en ese momento, uno de los mejores de América Latina y, tal vez, mejor que los de buena parte de Europa.
La segunda modificación importante que se hizo consistió en decapitar también todo lo que fuese la atención primaria de salud en relación con el Servicio mismo, que debía atender los llamados en aquella época "consultorios" -como hoy- y "policlínicos".
Y lo tercero fue el cambio del sistema de atención personalizada, específicamente en los niveles secundario y terciario, y con relación al establecimiento de las famosas y nunca bien ponderadas instituciones de salud previsional, denominadas "isapres".
Cuando se produce la discusión sobre la materia a partir de 1990, la situación era la siguiente.
Había un modelo de salud en el que creíamos buena parte de quienes estábamos en la Oposición y que significaba tener un servicio centralizado, pero también con regionalización en las provincias (en aquella época todavía no existían las Regiones). Y se generó una fuerte tendencia (estoy señalando los hitos -por decirlo así-, en el poco tiempo de que dispongo) a hacer que el Servicio Nacional de Salud, que tenía atención en todo el país y era dirigido por un Ministerio bastante más limitado que el propio SNS, recibiera menos recursos.
Se calcula que el déficit al año 1990 alcanzaba a entre 35 y 40 por ciento del gasto que debía hacerse por el Ministerio en relación con lo que como país veníamos invirtiendo en el sector hasta 1973.
La creación del "modelo de salud privado" -como se lo ha llamado- consistió en las isapres.
¿Cuáles han sido nuestras críticas a ese sistema desde siempre y para siempre?
Primero, no brinda una atención que permita la prevención, salvo con las modificaciones que hemos hecho en el último tiempo.
Segundo, es esencialmente un modelo de riesgo, de seguro, y no privilegia la atención de salud sino la ganancia de instituciones que median entre las personas que necesitan salud y los médicos. Y este ha sido uno de nuestros argumentos más claros para oponernos al sistema.
Tercero, se registra una atención sobre la base del riesgo, el cual es aportado por la gente que se halla enferma. A mayor riesgo de salud, mayor costo, lo que contradice esencialmente el sentido ético del concepto de salud. La salud es un derecho, no un negocio que se hace conforme a los recursos con que cuentan las personas.
Cuarto, el sistema funciona de una manera que todos conocemos y que no necesito explicitar. En definitiva, como consecuencia de lo anterior, a mayor riesgo, quien debe controlarse por la vía de los médicos, de los exámenes, en fin, ve que el costo no lo cubre la empresa sino el propio enfermo mejorando su aporte. Y eso ha significado que en el curso del tiempo, después de haber partido con el 7 por ciento, hoy estemos en un gasto de 9.8 por ciento, como promedio, en el caso de aquellos que se atienden en las isapres.
Pero está, además, la existencia de dos o tres elementos que eran y siguen siendo antiéticos, conforme a la visión universal sobre la salud.
Quiero hacerles saber a mis Honorables colegas que el sistema de isapres que tenemos en Chile no existe en ninguna otra parte del mundo. Y quienes han salido desde nuestro país a proclamar sus ventajas no han logrado éxito. Por ejemplo, Colombia, que lo utilizó por dos o tres años, se convenció de que era el peor de los sistemas que podía adoptar.
De otro lado, las personas que padecen de ciertas enfermedades se encuentran imposibilitadas de tratarse de ellas en una isapre porque, según la ley, no tienen derecho.
En seguida, el cotizante, cuando requiere licencia durante cierto tiempo, termina pagando determinada suma por eso, lo que no se condice con el concepto lógico de aquella, que es la reposición en dinero cuando alguien se enferma y falta a su trabajo.
Yo diría, en el poco tiempo que me queda, que esos son los siete u ocho cargos que le hemos hecho a un modelo que, como hemos señalado reiteradamente, no compartimos.
Ahora bien, a lo largo de 20 años, durante las Administraciones de la Concertación, aumentamos algunos efectos positivos para los pacientes. Hicimos un esfuerzo por corregir los defectos.
Cuando éramos Gobierno, quienes objetaban nuestros cambios pertenecían, lógicamente, a la Oposición, con especial distinción de algunos Senadores, quienes hoy están desempeñándose como Ministros. Pero también es verdad que, tras cambiar el signo del Gobierno, nosotros también hemos rechazado dos o tres proyectos del Ejecutivo.
Señor Presidente, nos parece que se puede avanzar más rápido en esta materia.
Ese es el planteamiento.
Y permítanme mencionar tres puntos más.
Uno: vamos a apoyar el proyecto que nos ocupa esta tarde porque constituye un avance, a nuestro juicio.
Sé que el Ministro les pidió a los señores Senadores oficialistas rechazarlo, a la espera del que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, para que acá refundamos ambas iniciativas.
¡Eso constituye una falta a la cortesía mínima que debe existir entre los Poderes Públicos! ¡Me parece grosero!
Ya ha pasado con otras iniciativas: hallándose en discusión en el Senado, dos o tres meses después, como ocurre en este caso -tengo ambos textos aquí-, el Gobierno presenta paralelamente indicaciones o proyectos especiales sobre la misma materia abordada en ellas.
Dos: el Ministro manifestó ayer que esto emanaba de una presentación hecha por una comisión de expertos donde participaban todos los partidos, incluidos los de la Oposición.
Sobre el particular, debo puntualizar que, en el caso de la Democracia Cristiana, quienes participaron allí lo hicieron a título personal, no representaban la opinión global del Partido. Y lo digo porque en su momento fuimos claros para señalar que esos personeros no nos interpretaban.
Y tres: me parece absolutamente insólito...
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Perdón, señor Senador, pero concluyó su tiempo.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Le pido once segundos, señor Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Conforme.
Le solicito al Senador señor Pizarro que presida la sesión por un momento.
El señor LARRAÍN.- Imagino que con la venia de la Sala, señor Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Por supuesto.
Para concluir su exposición, tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Muchas gracias.
Señor Presidente, lo último que quiero señalar es que me parece francamente inconveniente que no se haya aceptado en la materia el criterio que tantas veces expusimos en la Comisión de Salud en orden a llegar a un acuerdo entre todos, realmente representativo de los partidos, sin exclusiones, y no solo de los grupos en que el Ministerio señaló quién iba al comité.
La idea es poder lograr un cambio total de lo que debemos hacer en la sociedad en cuanto a la educación, a fin de contar con prevención y atención primaria adecuadas, lo que hoy requiere, por lo menos, un 50 por ciento más de inversión.
Cabe considerar una combinación entre el Estado y los privados, pero dentro de un concierto claro en el sentido de que no se puede seguir manteniendo una salud para ricos, como la que ofrecen hoy día las isapres, y otra para personas más pobres, como la del Estado, lo que creo que debemos cambiar necesariamente.
Por tal motivo, y sobre todo por las dos razones formales que he dado, voy a votar favorablemente el proyecto, que es producto de un acuerdo y una...
El señor CANTERO.- ¿Su Señoría no iba a votar en contra?
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Denantes me equivoqué y anuncié que me pronunciaría en esa forma; pero rectifico mis dichos, dada la confusión que a veces afecta al pobre Senador que habla.
Además, vamos a mantener también el respeto debido a esta Corporación, al cual creo que el Gobierno tiene que considerar cuando un asunto se encuentra en una etapa de estudio ya avanzado
.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, la verdad es que este es un debate muy importante. Sin lugar a dudas que las modificaciones al sistema privado de salud constituyen una cuestión pendiente, tal cual se ha recordado en la presente sesión y la anterior. Fue una materia propuesta y analizada durante la última campaña presidencial. Y, por lo tanto, el interés por perfeccionar el modelo de las isapres obedece, evidentemente, a una necesidad.
También comparto la inquietud que se manifestó, porque la misma situación ha tenido lugar también en otras oportunidades, cuando el Ejecutivo, en lugar de sumarse a una iniciativa en marcha, ha planteado una nueva en la otra rama del Congreso, haciendo difícil la armonización de los textos. Le hemos pedido mantener el proyecto, y espero que la cuestión se corrija en el futuro. Es algo que ya se ha registrado en otras materias. Por ejemplo, ayer veíamos, con ocasión de las disposiciones de la ley contra la violencia en los estadios, que el Ejecutivo estaba trabajando efectivamente sobre la base de mociones ya presentadas, que es el camino correcto.
Dicho lo anterior, hago presente que he estado estudiando el contenido del texto y, más allá de sus bondades o de dudas o cuestionamientos que se pudieran originar ante su propuesta, he encontrado diversas materias que me parecen exceder las atribuciones del Congreso, o sea, resultar claramente inadmisibles. Y entiendo, tratándose de una discusión en general, que el criterio de la Secretaría del Senado, cuando algunas disposiciones exhiben dicho sello, es que el proyecto adquiere el mismo carácter en esa instancia.
La primera de las modificaciones que estimo que presentan ese carácter es la quinta, referente al artículo 189, letra g), sobre enfermedades preexistentes. En la parte pertinente se expresa que "el futuro afiliado podrá, en casos calificados, solicitar por escrito, con copia a la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales en Salud, que la institución le otorgue para dichas patologías, por dieciocho meses más, la cobertura que el Fondo Nacional de Salud ofrece en la Modalidad de Libre Elección a que se refiere el Libro II de esta Ley. Lo anterior, con la finalidad de ser aceptado en la respectiva Institución de Salud Previsional.". Y a continuación se agrega: "La Superintendencia regulará, mediante instrucciones de general aplicación, la operación de lo dispuesto en este párrafo.".
Esto último implica la entrega de atribuciones a un organismo público, lo que, de acuerdo con la Constitución, se halla restringido a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Luego, con motivo de la enmienda del inciso segundo del artículo 190, en el número 8, a propósito de la homologación de prestaciones, se plantea una inquietud del mismo tenor. En la parte respectiva se expresa: "Sin consentimiento de la Institución de Salud Previsional no procederá la homologación de prestaciones, salvo que la Superintendencia lo ordene en casos excepcionales y siempre que se trate de prestaciones en que exista evidencia científica de su efectividad.".
Cabe señalar nuevamente que la Superintendencia es un organismo público. Darle atribuciones corresponde a la iniciativa del Ejecutivo.
Y, finalmente, a propósito de la modificación al inciso cuarto del artículo 199, se presenta un caso similar, referido a la tabla de factores. La norma expresa, en lo pertinente: "En todo caso, la tabla de un determinado plan de salud no podrá variar para los beneficiarios mientras se encuentren adscritos al mismo, ni podrá alterarse para quienes se incorporen a él, a menos que la modificación consista en disminuir de forma permanente los factores, total o parcialmente, lo que requerirá autorización previa de la Superintendencia;".
Aquí se está otra vez definiendo y determinando atribuciones de la Superintendencia, es decir, de un organismo público.
Como el texto constitucional se refiere en forma expresa al punto en el sentido de que es una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, me parece que nos hallamos frente a un problema distinto, respecto del cual pido un pronunciamiento de la Mesa, puesto que, de ser así, carecería de sentido continuar con el debate del proyecto, lamentablemente, por adolecer este, como digo, de una inadmisibilidad a todas luces.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Uriarte.
El señor URIARTE.- Señor Presidente, la verdad es que el Senador señor Larraín se anticipó en exponer algo que quien habla iba a plantear y que creo que goza de todo asidero, desde el punto de vista jurídico. Por desgracia -y más allá del mérito del proyecto y de su contenido, que en muchos aspectos comparto-, hay normas que no podemos modificar en una iniciativa de este tipo, las cuales son de rango constitucional, como ocurre, concretamente, con el número 6° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta, relativo a algo que no se halla resuelto: la seguridad social. Se hace referencia a "Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado.". Para ello se precisa iniciativa exclusiva, y esta solo le corresponde al Poder Ejecutivo. Y mientras la salud se encuentre incorporada en ese concepto no va a haber otro espacio, obviamente, para legislar sobre el particular.
Y la otra disposición es la del número 2° del inciso cuarto del mismo artículo, a propósito de la determinación de funciones o atribuciones. Acá nos hallamos metidos en medio de aquellas que le corresponden a la Superintendencia. Mal podríamos seguir legislando con un proyecto muy cojo en el aspecto constitucional.
Entiendo que las anteriores son razones formales. Media otra, de carácter más prudencial: parte relevante de las materias en examen están siendo tratadas en otro proyecto, iniciado en mensaje y radicado en la Cámara de Diputados, el cual, por lo que hemos podido conocer, recoge en forma importante muchas de las inquietudes a las que alude la iniciativa que nos ocupa.
Por eso, me parece fundamental que podamos pronunciarnos sobre la admisibilidad del texto en análisis, el cual, como ya hemos dicho, innova, avanza, en cuestiones que presentan mucho mérito para ser revisadas. Pensemos que el sistema viene de una reforma que parte en 1982, que va a cumplir 30 años y que bien valdría la pena examinar, con el objeto de perfeccionarla.
La iniciativa se pronuncia sobre el aumento de las coberturas mínimas; las discriminaciones basadas en el riesgo de las personas; las exclusiones y no cobertura de prexistencias; procedimientos de otorgamiento, autorización y rechazo de licencias médicas; período de carencia de licencias médicas; carácter indefinido y vitalicio de los contratos de salud; discrecionalidad en los planes cerrados, etcétera. Repito que todas ellas son materias sumamente interesantes y para ser discutidas con el único propósito de resolverlas de buena forma; pero, lamentablemente, el proyecto no reúne las condiciones formales para tal efecto. Por eso, estimo esencial un pronunciamiento previo sobre su admisibilidad.
El señor COLOMA.- Falta que el señor Presidente lo exponga.
El señor GIRARDI (Presidente).- La Mesa está evaluando el asunto.
Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimados colegas, el año 2011 fue duro para nuestro país, para su gente y, especialmente, para el Gobierno. Además de los problemas de los estudiantes, de la situación en Aysén y Magallanes, se ha enquistado un sentimiento transversal de molestia en miles de chilenos que sienten que el modelo de desarrollo que estamos llevando a cabo se preocupa demasiado del acreedor -llámese banco, financiera, isapre, AFP- y poco, muy poco, del deudor, del afiliado, del ser humano, en definitiva.
Uno de los aspectos en que experimentan esa percepción de un abuso es el de la salud, sin lugar a dudas, especialmente en el caso del sistema privado. En 2002, el Gobierno del Presidente Lagos anunció una reforma, con el objetivo de que la población lograra un mayor y mejor acceso a los tratamientos de enfermedades, de que se redujeran los tiempos de atención, de que se ampliara la red de establecimientos y no existieran impedimentos económicos para que las personas se sometiesen a procedimientos médicos complejos. Estos cambios se materializaron mediante el ingreso de varios proyectos de ley al Congreso Nacional en junio de ese año, siendo discutidos durante 2003, 2004 y 2005.
Hoy, transcurridos siete años, el consenso y avance que significó en ese minuto la reforma a la salud se agotó, tanto por razones jurídicas, como la judicialización en tribunales civiles y el fallo de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, como también políticas.
Las isapres nunca han podido remontar su mala evaluación pública, entre otros motivos por la mantención de la tarificación de precios y la selección de riesgos de su cartera sobre la base del perfil de riesgo individual de sus beneficiarios; el aumento unilateral del valor de los planes de salud por sobre el 10 por ciento, en algunos casos, y las cuantiosas ganancias de un sistema que se ha transformado en la cara visible del abuso para miles de chilenos.
El Gobierno ha mantenido una posición poco clara en la materia. Vamos haciendo memoria. En marzo de 2011 decidió ingresar en la Cámara de Diputados la iniciativa que introduce criterios de razonabilidad y solidaridad en lo que respecta a las tablas de factores y la determinación del precio base de los contratos de salud, más conocida como "proyecto de ley corta de las isapres". Al no contar esta con el consenso mínimo para que la apoyara decididamente, pasó a dormir el sueño de los justos.
Con mis Honorables colegas Pizarro y Ruiz-Esquide manifestamos nuestro respaldo, con reparos, a ese texto.
Luego, en julio de 2011, dio a conocer la creación de una Comisión de Salud, compuesta por ocho expertos, con el objetivo de diseñar la nueva reforma del sistema de salud privado. El grupo tenía como misión la entrega, en un plazo de dos meses, de una propuesta sobre un plan de salud garantizado para todos los afiliados a isapres y un mecanismo de financiamiento a través de un Fondo de Compensación Solidario.
El jueves 6 de octubre recién pasado se presentó el informe respectivo al Gobierno, contemplándose, entre otros puntos, la creación de un Plan Garantizado de Salud (PGS) obligatorio, igual para todos los beneficiarios del sistema de salud privado. A diferencia del modelo actual, debería ser ofrecido por cada isapre a un precio único, independiente del sexo, edad y condición del beneficiario. El PGS define las prestaciones y coberturas mínimas con que se debe contar e incluye las actuales del AUGE y otras de carácter hospitalario. Señala que debe existir un mínimo de un 70 por ciento de bonificación en las prestaciones de hospitalización y de un 50 por ciento para las ambulatorias. Estas son las características básicas del esquema propuesto por la Comisión.
El esquema planteado mantiene la discriminación por sexo y edad para planes de salud complementarios, cuyo financiamiento puede provenir del 7 por ciento de la cotización de salud. En mi opinión, ello se incluye dentro de las prestaciones de seguridad social y, por lo tanto, no debería existir discriminación de ningún tipo.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto e independiente de los proyectos presentados, creo que son varios los aspectos que se deben mejorar para efectuar un cambio profundo en la materia y que permita resolver los graves problemas que deben enfrentar los usuarios de las isapres. A mi juicio, la propuesta del Gobierno no aborda aspectos fundamentales de discriminación en la asignación de los planes de salud por factor de riesgo, los cuales se siguen manteniendo en el caso de los de carácter complementario. Además, tengo dudas respecto de los precios de las prestaciones y los planes de salud.
Otro punto que me parece importante destacar dice relación con el mercado de los prestadores. En mi concepto, este debe ser transparente, con precios conocidos y validados por algún organismo público que permita otorgar certeza a los ciudadanos respecto del costo efectivo de las prestaciones.
Una reforma como la que está presentando el Gobierno y que se encuentra en discusión no soluciona los problemas de salud de nuestra población y que van más allá de la situación de las isapres. Pienso que enfrentamos una dificultad al no abordar el caso de FONASA y de la salud pública. Nuestro modelo exhibe defectos que hoy ya no solo son una cuestión de las isapres, sino también del sistema de salud, en su totalidad, y que requieren modificaciones que estimamos urgentes.
Un aspecto que dice relación con ello es la necesaria transparencia en la tramitación y visación de licencias médicas, el pago oportuno del subsidio por incapacidad laboral y los días de carencia. No voy a extenderme sobre el particular, porque ya lo han hecho los colegas que integran la Comisión de Salud.
En los últimos días nos hemos encontrado con una noticia que suma más fuego a la hoguera y que incide en un descontento generalizado. Diversos medios de prensa informaron que las ganancias de las isapres en 2011 aumentaron en un 33 por ciento, respecto del año 2010, llegando a más de 67 mil millones de pesos, que se reparten en seis grandes conglomerados.
Nota aparte, señor Presidente: las industrias que más utilidades registraron en nuestro país fueron las reguladas.
Cuando se hace referencia a cifras tan abultadas es bueno llevarlas al papel y a ejemplos concretos. Lo obtenido por las isapres en dicho período es equiparable al costo de las obras del nuevo hospital de Puerto Montt, a tres veces la recaudación de la última Teletón o al Puente Bicentenario, que se levantará sobre el río Biobío para reponer la viabilidad destruida por el terremoto.
Ello, sin contar con que esas entidades cuentan con hospitales, clínicas y servicios asociados y que, muchas veces, obligan a sus afiliados a atenderse en ellos, lo que hace aumentar el nivel de las ganancias, de manera que aprenden cada vez más sobre las bondades de la integración vertical.
El margen de utilidades de las aseguradoras se explicaría por el aumento del 8,1 por ciento de los ingresos que logró el sector, producto de los casi 100 mil afiliados nuevos que registra el sistema y que elevó a 2 millones 825 mil 618 la cantidad de beneficiarios. Lo anterior significó un alza de contratos de 5,5 por ciento, frente a 2010.
Otra condicionante que explicaría el incremento sería, aunque cueste creerlo, la baja de 0,5 por ciento en el gasto por licencias médicas, al reducirse de 15,7 por ciento, en 2010, a 15,2, en 2011. La misma disminución se detectó en los gastos de administración y ventas, que cayeron de 12,6 por ciento, en 2010, a 12,1, en 2011.
Las cifras del negocio nos deben llamar a reflexión. Necesitamos contar, a fines de este mes de marzo de 2012, con un marco de referencia claro y transparente para la determinación de los precios de los planes de salud. No podemos permitir que vuelva a ocurrir lo que pasó el año pasado y el anterior, cuando todas las isapres subieron los precios de los planes de salud en un rango de 4,5 a 19,8 por ciento, según informó la Superintendencia del ramo. Que vuelva a ocurrir lo mismo en marzo de 2012 (fecha en que las isapres por ley pueden volver a subir sus planes), nos parece que es una irresponsabilidad no solo del Gobierno, sino también nuestra, como parlamentarios.
Por eso considero clave que legislemos con prontitud en este asunto.
Igualmente, creemos necesario tener una tabla de factores única para todo el sistema de isapres, que, si bien no es la solución de largo plazo, mejorará la posición de las mujeres en edad fértil, de los niños menores de un año y de las personas mayores de 65. ¡No puede ser que actualmente las mujeres en edad fértil -lo digo a pocas horas de que conmemoremos el Día Internacional de la Mujer- y los adultos mayores paguen entre cuatro a cinco veces más que el resto de la población beneficiaria del sistema de isapres sin que nadie haga nada!
La gente nos está exigiendo actuaciones de sentido común. Por eso me parece necesario un cambio sustancial en el sistema de salud chileno, que tenga como objetivo reforzar el sistema público de salud, donde se encuentra la mayoría de nuestra población. No solo deben resolverse los problemas de las isapres; también ha de modernizarse y dignificarse la atención de salud en forma integral, para todos los chilenos y las chilenas, independiente del sistema al que estén afiliados.
Lo anterior podría basarse en lo señalado en la propuesta de mayoría de la Primera Comisión de Salud, la que, en términos generales, establece la creación de un Plan Universal de Seguridad Social en Salud, idéntico para todos, con igual precio y financiamiento solidario, incluyendo aportes fiscales.
Estoy convencida de que debemos avanzar en el fortalecimiento de la salud pública; dotar de más y mejores médicos e instalaciones a nuestros hospitales, principalmente en Regiones, y, por sobre todo, garantizar a nuestros ciudadanos una atención rápida, digna y de calidad.
Me parece que en este tema, tal como en varios otros, debemos empezar a correr las fronteras. Nuestra gente está cada vez más aburrida de seguir manteniendo el empate.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, se ha planteado en la Sala la necesidad de suspender el tratamiento del proyecto en virtud de contener materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Pregunto a la Mesa cómo seguiremos discutiendo la iniciativa.
Sin perjuicio de ello, quiero precisar cuatro cosas.
Primero, la Comisión trabajó sobre la base leal de que estábamos en presencia de una aceptación del proyecto por parte de la Mesa. Reconozco que la inadmisibilidad se puede formular en cualquier trámite, pero me parece pertinente también manejar esa situación.
Segundo, desde la Secretaría no hubo un reclamo claro, preciso, en cuanto a que, por esa circunstancia, se pudiera haber detenido el estudio de la iniciativa.
Tercero, el proyecto fue firmado también -y con gran entusiasmo- por un miembro de la Alianza: el Senador Chahuán, quien hizo aportes importantes. Por lo tanto, aquí nadie puede decir que está libre de pecado o que las cosas fueron hechas por un solo sector del Senado.
Cuarto, sin perjuicio de lo anterior -quiero ser muy franco y respetuoso en mis palabras-, pido que se mande un oficio, en mi nombre, al Ministro de Salud para que nos diga si su ausencia en la Sala hoy guarda relación o no con el conocimiento previo de que este planteamiento se iba a formular. Si es así, ha habido una suerte de falta de respeto hacia este Senado -de una manera ya reiterada-, o bien, un manejo poco fraternal entre los Senadores que levantaron el punto, quienes no tienen por qué señalarnos a nosotros antes lo que se quería hacer.
Si nos atenemos a lo que está pasando, lo que se ha usado es una triquiñuela, frente a la cual estoy dispuesto a suspender el tratamiento del proyecto. Pero que quede claro: si se empiezan a usar tales armas, aprovechando, además, los elementos de preeminencia de que dispone el Ejecutivo -en definitiva, se mandó una iniciativa dos meses después de que se había presentado la nuestra, lo cual es una falta de respeto entre poderes públicos-, nosotros emplearemos el mismo mecanismo y no seremos responsables de la forma en que se vayan a efectuar los próximos debates en el Senado.
En tales condiciones, señor Presidente, deseo reclamar por la ausencia del Ministro de Salud y la de cualquier otro Secretario de Estado, y solicitar a la Mesa que nos indique cómo va a seguir el tratamiento de la iniciativa.
Gracias.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a los autores de la moción y reconocer que ella representa un intento importante por modificar algunos de los elementos de nuestro actual sistema privado de salud. Este, si bien ha sufrido algunas modificaciones, claramente muestra una serie de discriminaciones, alzas desmedidas, negación de atención cuando hay preexistencias, etcétera. Todo ello lo hemos venido presenciando y denunciando año tras año.
Además, quiero recordar la cantidad de planes diferentes que había y lo insostenible que resulta para cualquier ciudadano conocer la información. Nunca hubo transparencia al respecto. O sea, cuando uno hace una historia hacia atrás y enumera la cantidad de problemas que ha habido con el actual sistema, el que ha sido necesario ir mejorando, la verdad es que se encuentra con que ellos no han sido pocos.
Considero relevante lo que aquí se propone: aumentar las coberturas mínimas para que nadie quede excluido de los planes; impedir cualquier discriminación basada en el riesgo de las personas; obligar a las isapres a uniformar los precios, las modalidades, las condiciones; exigir mayor transparencia; terminar con las exclusiones; abordar lo relativo a la no cobertura de las preexistencias.
Por otra parte, se está llevando a cabo una discusión a propósito de otro proyecto que se ha visto en la Sala, ligado íntima pero no directamente con este, que dice relación con la eliminación del período de carencia en las licencias médicas. Es muy dramático lo que hemos tenido que presenciar: a la gente se le niega la cobertura los primeros días; o sea, las licencias se otorgan por sobre los diez u once días para que puedan ser pagadas desde el tercero o el cuarto, en fin.
Pienso que la coexistencia del sistema público-privado y del sistema privado, con las deficiencias notorias que he señalado, conocidas por todos, hace que esta situación no pueda seguir arrastrándose en el tiempo. Llegó la hora de efectuar una modificación más sustantiva.
Por cierto, no puedo menos que manifestar dolor cuando veo el debilitamiento en que ha caído el sistema público de salud, en circunstancias de que debiera ser fortalecido, pues ahí es donde se atiende el 70 por ciento de la población, el cual no tiene medios para acceder al sistema privado. Y cuando alguien se incorpora a él, se encuentra con falta de transparencia, con limitaciones en los planes, con coberturas restringidas y con un hecho que todos hemos presenciado: que cuando se presenta un mal mayor, las personas terminan endeudadas por muchos años, sacrificando el patrimonio familiar.
A todos debe producirnos malestar tal situación y el deseo profundo de que alguna vez podamos garantizar el acceso a la salud a todos los ciudadanos y no solo a quienes gozan el privilegio de poseer recursos. En todo caso, hoy son tantas las restricciones de los planes, que a veces las isapres resultan insuficientes para cubrir los gastos y se debe recurrir a seguros complementarios de salud.
Además, no puedo dejar de pensar en las tremendas dificultades que tenemos en nuestras Regiones. En Copiapó, estamos llegando casi a la fase final de la ampliación y modificación del hospital. En Vallenar, contamos con un hospital muy notable desde el punto de vista de la infraestructura. Sin embargo, faltan especialistas. Las listas de espera existen y la población sufre problemas por dicha carencia.
He conversado sobre el asunto con distintos Ministros de Salud, tanto de Gobiernos pasados como del actual. Y, en verdad, ha habido intentos por mejorar la situación, pero no han sido eficientes. Siguen faltando especialistas en las Regiones. Estos se concentran básicamente en las más grandes: la Metropolitana, la de Valparaíso o la del Biobío.
Lo anterior produce en la población un problema grave. Ello se verá acentuado en el caso de la capital de mi Región, donde, a raíz de los grandes proyectos de inversión minera que se están instalando, ha empezado a aumentar la población. Están llegando directivos, funcionarios de nivel medio y trabajadores de faena. La presión que implica tal realidad sobre los servicios de salud es mayor, con la diferencia de que en algunos casos, sobre todo a niveles medios y directivos, existe la posibilidad de contratar paquetes cerrados con las isapres. Esos ejecutivos no tendrán mayor dificultad.
Sí será un problema para quienes contratan planes de salud que estos no sean lo suficientemente amplios como para cubrir todas las necesidades.
Y los precios que cobran las escasas clínicas privadas -hay muy pocas en la Región- resultan de verdad insultantes para todo el que no esté cubierto, como dije, por uno de los programas cerrados que contratan muchas veces las grandes mineras.
Además, cabe recordar que el sistema hoy día se encuentra concentrado en cinco o seis isapres que cubren casi el 100 por ciento del mercado.
También habría que preguntarse qué ha hecho posible que las utilidades de las isapres en 2011 -las conocimos hace cuatro días- fueran superiores a 67 mil 800 millones de pesos; es decir, 33 por ciento más que el año anterior.
¡Cómo sucede eso, si el discurso que siempre se ha escuchado es que la medicina se encarece: los exámenes son más complejos, las tecnologías son más caras, la gente vive más tiempo! Tal argumento no se condice con dicha cifra.
Nosotros tenemos claro que, aparte de las dificultades para generar buenos incentivos a fin de propiciar que los profesionales médicos y de otro tipo lleguen a las Regiones más apartadas, existe un permanente desangramiento de recursos públicos hacia el sector privado en la medida en que no son cubiertas las listas AUGE con la celeridad que corresponde, según el compromiso que dicho Plan establece. Esto lo vemos a diario. ¡Es doloroso! Por eso no puedo dejar de manifestarlo acá.
Entonces, estamos en presencia de una contradicción que, en mi parecer, no da para más.
¡No es posible que el sector privado de salud, que atiende a un sector minoritario de la población y está compuesto por 5 o 6 isapres, haya obtenido ganancias en el 2011 por 67 mil 800 y tantos millones de pesos! Ello no resiste análisis. Constituye un 33 por ciento más que el año anterior.
Al mismo tiempo, existen enormes dificultades para dotar a los servicios públicos de lo necesario, no solo de elementos materiales (instrumentos, laboratorios), sino también de recursos humanos (médicos, enfermeras, auxiliares).
Por tanto, el asunto no anda bien, y ha llegado la hora de abordarlo.
El señor Ministro de Salud hizo un anuncio ayer en la Sala. Lamento mucho que no nos acompañe hoy. Él se disculpó ayer porque debía ir a la Cámara de Diputados a raíz de la votación de otro proyecto. Pero, según entiendo, se enteró de que continuaríamos hoy la discusión de la iniciativa en análisis. Por eso me asombra que no esté.
Él planteó entonces la posibilidad de establecer uniformidad en los precios mediante la fijación de una especie de tabla única, lo cual estaría muy bien. Sería una mejor forma de conocer los valores. Porque a veces las diferencias son tremendas.
Está claro que el proyecto se puede complementar con materias que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y que los parlamentarios no pueden plantear. Por lo mismo, obviamente estas no pueden estar incluidas en el texto en debate.
Como he dicho, el proyecto constituye un avance ya que trata de aumentar las coberturas, de limitar la exclusión y la discriminación, de regular la falta de transparencia, de impedir la fijación discrecional de planes cerrados de salud.
Dado que tenemos la libertad de elegir, las isapres deberían hacer pública la información sobre sus planes, y de forma legible para el común de las personas, pues muchas veces aquella -en el pasado y también hoy- resulta imposible de entender. Hay falta de información y de transparencia, y una cantidad enorme de modalidades diferentes en los programas de salud. Se sube la cobertura en un ítem, se quita en otro; se resta la posibilidad de elegir; en fin.
Todo eso hace que exista la necesidad de modificar, de una vez por todas, el actual sistema de salud.
No estamos dando respuesta adecuada al ciudadano, al 70 por ciento de la población que se atiende en el sector público, y tampoco a la gente afiliada al sector privado que tiene planes muy restringidos y sufre la discriminación que las isapres siguen aplicando. Hace menos de un mes se produjo la última alza en el valor de los planes. Porque siempre existe un factor que lo hace variar, como la edad. O se busca cualquier otra razón.
Ya es hora de avanzar en esta materia. Espero que este paso no sea el único. Ojalá, con el apoyo del Ejecutivo, demos uno más decisivo.
Con este sistema hoy día, que contiene varias deficiencias, se engaña a mucha gente.
Al ver las utilidades de las isapres -superiores a 67 mil millones de pesos- y las ampliaciones en las clínicas, empiezo a entender la fuga de recursos fiscales que se produce en todo el país hacia el mundo privado y por qué no se logra fortalecer lo suficiente al sistema público para cubrir las necesidades de la gente que legítimamente reclama atención.
He dicho.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que me reemplace en la testera el Honorable señor Navarro.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Navarro, en calidad de Presidente accidental.
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El señor NAVARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, pienso que estamos en un momento terminal respecto de un sistema que está afectando gravemente la posibilidad de que en Chile exista salud, no solo por las utilidades vergonzosas de las isapres, sino porque la mayoría de las personas cotiza el 7 por ciento; hace un prepago adicional, y después, cuando se atienden, debe efectuar copagos. Es un sistema de alto costo, pero las retribuciones no están de acuerdo a lo que los usuarios están pagando.
Estas empresas tienen un comportamiento totalmente de mercado. Han mercantilizado la vida de las personas: anteponen criterios económicos a los de salud. Y alcanzan así utilidades millonarias. Pero estas se obtienen sobre la base del abuso, del despojo de los derechos de salud de la gente.
Les pregunto: ¿cómo es posible que se acepte que las isapres no estén obligadas a hacer prevención, cuando en el mundo entero las prioridades en las políticas sanitarias son la prevención y la promoción de la salud?
Dichas instituciones no realizan prevención y promoción porque no les interesa. Estas pueden echar a los usuarios cuando quieran. Más encima, tienen integración vertical y son dueñas de los prestadores -¡cosa absolutamente inaceptable!-, todo lo cual genera un negocio perverso.
Ya la salud resulta compleja debido a la asimetría de mercado entre el conocimiento del paciente y el del que debe decidir la prestación que tomará. Es quien tiene la oferta el que define la demanda. Yo no conozco paciente que pueda ir donde un médico y decirle que no se practicará el escáner ni se hará la cirugía.
No hay transparencia ni información que eventualmente garantice una atención ética de la persona y que no esté mediada por los intereses económicos.
Este sistema ha llevado a una total perversión.
Hoy día Chile tiene un problema. Porque las enfermedades crónicas no transmisibles son los principales problemas de salud existentes, y la única vacuna para ello es la prevención; y las isapres no la realizan.
Por lo tanto, el sistema vigente está generando un daño al país y a la vida de las personas. Y se están obteniendo utilidades sobre algo que nosotros toleramos y con lo cual, en cierta manera, estamos siendo cómplices.
Por consiguiente, esta iniciativa es un intento nuevo. Espero que no se busquen, una vez más, instrumentos colaterales para impedir que se garanticen derechos.
¡Cómo no vamos a estar de acuerdo con que las tablas de factores de riesgo no se utilicen para discriminar! ¡Cómo vamos a aceptar que el plan de salud de una mujer de 30 años tenga un costo de hasta 500 por ciento más caro que el de un hombre! Es una discriminación a los principios más básicos, que viola la Constitución. Pero lo hemos ido aceptando. ¡Cómo vamos a aceptar que se la discrimine, primero por ser mujer y, en seguida, por la promoción de la natalidad!
¡Cómo vamos a aceptar un sistema que tiene cero informaciones! Y el proyecto plantea que debe haber información más clara, más visible, para que las personas puedan determinar lo que van a elegir. Les aseguro que ninguno de nosotros, ni siquiera los médicos, podemos discriminar sobre los tipos de planes que se nos ofrecen. Porque es imposible hacerlo.
¡Cómo vamos a aceptar que haya integración vertical; que un sistema asegurador sea al mismo tiempo dueño de las clínicas! Ahí no hay posibilidad de transparencia.
¡Cómo vamos a aceptar que no se regulen los excedentes! Las personas están pagando más y recibiendo menos contraprestaciones. Y eso no se traduce en beneficio para ellas.
¡Cómo vamos a aceptar los planes cerrados, que son un verdadero negocio! La isapre nació en el concepto de mantener la libre elección. Se decía que debía haber isapres, porque en los hospitales no se podía elegir.
Pues bien, hoy día nadie puede elegir en el sistema de isapres.
¿Y por qué esto es muy bueno para ellas? Porque, ante la mayoría de las patologías ambulatorias, los pacientes prefieren ver a su médico. No usan la isapre, pero van al doctor que les da garantías.
Entonces, para la isapre es un inmenso negocio: las personas le pagan, pero ella no es la que entrega la prestación.
Señor Presidente, este proyecto plantea un IPC de la salud.
¡Cómo vamos a seguir aceptando que las isapres aumenten los costos de los planes sobre estándares muy superiores al aumento de los costos reales de los insumos, de los medicamentos! ¡Hasta cuándo lo vamos a tolerar!
¡Cómo vamos a aceptar que haya un sistema de salud que aplique prexistencias o exclusiones! Es decir, alguien se enferma, y la isapre no lo afilia. ¿No es su misión atender? ¿No es su misión garantizar la salud? ¿O netamente aquí se trata de un instrumento económico, de mercado, al cual no le interesa la salud?
¡Cómo vamos a aceptar que la isapre eche a un enfermo; que aplique primas por edad, tornándose en un mecanismo para expulsar a los cotizantes cuando ya tienen edades avanzadas, en circunstancias de que estas personas le han pagado toda la vida sus cotizaciones! Pero, cuando necesitan de la isapre, ¡esta fija primas inaceptables!
¡Cómo vamos a aceptar que no se establezcan aranceles de referencia! Si alguien va a una isapre, porque tiene que tomarse un examen nuevo, allí le dicen que no tiene cobertura, pues no está el arancel de referencia FONASA. Es decir, como esta no ha fijado el precio para ese examen, la isapre le cobra como si fuera particular. Y seguimos aceptando este tipo de situaciones.
¡Cómo vamos a seguir aceptando la discriminación por sexo y edad!
En lo personal, tuve una muy mala experiencia. Cuando el Presidente Lagos hizo la reforma al sistema de salud, me pronuncié en contra de ella, en parte por este proyecto. No se entendió, y teníamos toda la razón: fuimos dos los oponentes. Las isapres hicieron lobby, y lamentablemente hubo oídos en el Parlamento que les prestaron atención.
Se llevó a cabo la reforma, la cual no cambió nada. Nosotros dijimos que la votaríamos en contra, porque después no tendríamos autoridad moral para decir que hay que cambiar todo ello.
Entonces, cuando llega al Parlamento un conjunto mínimo de reformas, nuevamente aparecen voces que sostienen que el proyecto es inconstitucional y que no se puede aprobar. De tal manera que nunca vamos a establecer derechos ni dignidad para las personas.
Señor Presidente, ni siquiera cuestionamos el sistema de salud privado. Creemos que debe existir, pero con garantías, derechos, transparencia y respeto mínimos hacia las personas y que se ponga término a los abusos.
El Parlamento está maniatado. Porque nunca podrá devolverles dignidad a las personas en materia de salud.
¡Qué más importante que la salud para la vida de los seres humanos! Y tenemos un sistema inescrupuloso, indecente, abusivo y que -todo el mundo lo sabe, por cuanto ha sido evaluado por la ciudadanía, por los propios usuarios- cuando se le necesita da la espalda.
Pero para el país representa un costo. Porque un sistema con todas esas características -que más encima no hace promoción ni prevención- produce un inmenso daño a la salud.
Entonces, desde acá me parece que la Mesa por último debiera someter a votación la admisibilidad de este proyecto. Pero es un hito más.
¿Saben qué dijo ayer el Ministro del ramo en la Sala respecto de esta iniciativa, porque no tiene otros argumentos? Que era un gran proyecto, que estaba de acuerdo con todas las medidas. Pero no se puede legislar.
A pesar de que el propio señor Mañalich expresa que es un gran proyecto y que está de acuerdo con todas las medidas propuestas, no se puede legislar.
¿Cuál es la verdad? ¿Es un gran proyecto? ¿Se quiere legislar?
Señor Presidente, el proyecto que se encuentra en la Cámara de Diputados lo voy a votar en contra. El mencionado Secretario de Estado faltó a la verdad, pues manifestó que los partidos políticos habíamos propuesto personas para integrar la comisión que se mencionó. ¡Falso! Nunca hemos sugerido a nadie para esa comisión, que es espuria porque constituye un traje a la medida justamente para que las cosas no cambien nunca.
El proyecto que está en la Cámara Baja no cambia las cuestiones sustantivas, aunque modifica algunas. Y yo por lo menos no estoy para seguir parchando la injusticia, la falta de dignidad de las personas ni el abuso, la discriminación y la injusticia más refinados.
No me parece que ello sea el rol del Parlamento. Aquí, cada vez que legislamos, nos jugamos también nuestro prestigio frente a la ciudadanía, que espera de nosotros que defendamos valores, derechos fundamentales que, como todo el mundo sabe -todos hemos tenido la experiencia-, están siendo menoscabados por estas instituciones. Y las cosas podrían ser distintas.
Nosotros no estamos planteando que las isapres no existan, sino que deben actuar correctamente. Y a eso se refiere este proyecto.
El señor NAVARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en verdad fue el propio Ministro Mañalich quien ayer se encargó de recordarnos que en el Congreso Pleno del 21 de mayo de 2010 el Presidente de la República señaló que era preciso incorporar diversos cambios de fondo al sistema privado de salud.
Por eso, de pronto, esta discusión se parece mucho a la que durante el 2011 se sostuvo en materia de educación: hacemos como que realizamos grandes transformaciones, pero, en el fondo, quedamos en el mismo lugar.
Hoy día tenemos un sistema altamente regulado, con un encarecimiento de las prestaciones de salud, con -según manifestó el señor Presidente del Senado- integración vertical (no solo de clínicas, de laboratorios) que finalmente deja al paciente-cliente completamente cautivo de estos mismos intereses económicos.
Un traslado de recursos de lo público a lo privado -como señaló ayer uno de los autores de este proyecto, el Senador Rossi- distorsiona más aún el sistema. Cualquier hospital, como el de Victoria o el de Angol, en la Región de la Araucanía, en lugar de comprar el escáner, el ecógrafo, envía a los pacientes a las clínicas privadas.
Eso es lo que hemos tenido y la manera que el Gobierno adoptó para reducir las listas de espera: fortaleciendo lo privado.
Entonces, este es un debate no menor. Por ello sorprende el giro que está tomando.
El Senador Ruiz-Esquide habló de "triquiñuela". El Honorable señor Larraín planteó que habría artículos del proyecto que serían inconstitucionales. Y yo creo que lo único inconstitucional acá es mantener la posibilidad de seguir discriminando, precisamente todo lo contrario a lo que dictaminó el año pasado el Tribunal Constitucional, al señalar que esta práctica no puede seguir llevándose adelante y que las tablas de factores claramente debían ser desechadas.
Creo que, si se trata de establecer la inconstitucionalidad de esta iniciativa, veamos qué ha pasado -como el propio Ministro de Salud nos recordó ayer- con los 21 mil fallos de las Cortes de Apelaciones en todo Chile y cómo se está discriminando en los planes.
Entonces, creo posible que en algún momento se pronuncie la Sala acerca de la eventual inconstitucionalidad.
Sin embargo, me remito a lo que el Ministro Mañalich señaló ayer -a ratos, uno incluso pensaba que era uno de los autores, porque lo notábamos muy entusiasta frente al proyecto-, en orden a que existen aspectos similares, comunes.
En lo concerniente a establecer un indicador de variación de precios del mercado de la salud, el cual regirá los reajustes en el valor de los planes, sí creo que hay similitud. ¿Cómo no? Por supuesto que, cuando aumentan los costos de los exámenes, de un hemograma, del día cama, obviamente eso se traduce en una realidad distinta, lo que puede gatillar cambios en los precios. Pero no siempre estos últimos tienen que ser en contra de los usuarios. Por eso no puede explicarse cómo estas instituciones y no otras entidades privadas registran en el transcurso de pocos meses, desde mayo hasta noviembre del año pasado, utilidades por más de 47 mil millones de pesos. Y superan en 50 por ciento a igual período del año anterior. Esto no es normal. ¿Cómo lo va a ser en materia de salud?
Por eso, la iniciativa que estamos discutiendo hoy contiene elementos nuevos, como aumentar las coberturas mínimas, que no se considera en el proyecto del Gobierno que se encuentra en la Cámara de Diputados, el cual permitirá seguir adelante con la discriminación.
Por ello, me parece extremadamente relevante que votemos la presente iniciativa, que pone fin a las exclusiones y a la no cobertura de las preexistencias; reforma nada menos que el procedimiento de otorgamiento, autorización y rechazo de licencias médicas; elimina el período de carencia. Esto se viene comprometiendo hace mucho tiempo desde el Gobierno, pero no se avanza.
En definitiva, yo he visto a los autores muy flexibles a que, en último término, el proyecto pueda ser homologado, refundido. Pero también hay que respetar la prelación con la cual las iniciativas ingresan, y se han de respetar las atribuciones de los distintos señores Senadores. No puede ser que el Gobierno presente seis meses después un proyecto y quiera que el que va adelante espere la tramitación del segundo. Eso no corresponde. Si el Ejecutivo deseaba eso, ¿por qué no planteó esa iniciativa en el Senado?
Por lo tanto, me parece que tenemos que aprobar el proyecto en análisis, porque va en la línea de mejorar en parte un sistema profundamente inequitativo, que tiene probablemente en el ámbito de la salud su principal expresión y reflejo.
Por eso, señor Presidente, vamos a aprobar la idea de legislar.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, cuesta imaginar un proyecto de ley más atractivo y más directamente relacionado con la clase media de nuestro país. Porque las isapres presentan un sistema de salud que va dirigido particularmente a la clase media, a aquellos que por sus ingresos están sobre lo exigido por FONASA -conforman el 30 por ciento de los chilenos-, que tienen acceso a salud privada. El 70 por ciento restante hoy se encuentra en el Fondo Nacional de Salud, un sistema que ha ido creciendo en el tiempo y ganando prestigio, y que efectivamente en la actualidad atiende a la mayoría de los connacionales.
Estamos hablando de reformar la ley de un sistema que atiende al 30 por ciento de las personas, puntualmente a las de ingresos medios y altos. Pero seamos francos: no nos referimos a la salud de las mayores fortunas del país, sino a la de profesionales, a la de la clase media.
Este Gobierno, cuando alcanza el poder, manifiesta que ha llegado la hora de la clase media, de que esta tan relamida referencia a ella se haga realidad. En todas las elecciones -presidenciales, parlamentarias-, la clase media constituye un referente: todos se preocupan, son solidarios, se comprometen a trabajar por ella.
Y uno se pregunta por qué esta iniciativa ha demorado tanto si hay tanta coincidencia, si el propio Ministro de Salud ha señalado en la prensa que las ganancias no son ilegales, sino lo que la ley las permite, y que está de acuerdo con la iniciativa, pero que debemos esperar el proyecto del Gobierno elaborado por esa comisión ad hoc, el sastre mismo, el terno a la medida.
Tengo en mi mano el informe. Y no creo que sea una sorpresa, porque en verdad este es un tema transversal. Ahí está la moción de los Senadores Hernán Larraín y Chahuán que crea un sistema de información comparada de los planes de salud. También se encuentran los proyectos de la Senadora Alvear y de los Senadores Bianchi, Ruiz-Esquide, Muñoz Aburto y Chahuán, relativos a las tablas de factores de planes de salud. O sea, existe una preocupación transversal, una coincidencia en orden a que hay que hacer una reforma. La pregunta es cuándo y qué reforma.
El señor BIANCHI.- El cuándo es ahora.
El señor NAVARRO.- El cuándo era ayer. La demora ha causado mucho dolor, muchos problemas, mucha insatisfacción, y uno quisiera que este proyecto se agilizara.
La tarea del Congreso es colegislar con el Ejecutivo. Y, digámoslo francamente, eso no sucede. Llega con su proyecto y quiere que ese sea el que se discuta.
Un grupo de parlamentarios presentó una iniciativa que tiene altísimas coincidencias, al menos con lo que el Ministro de Salud señala. Por tanto, el argumento de decir que hay que esperar el proyecto institucional del Gobierno no posee coherencia alguna, y más bien tiendo a pensar que la idea es discutir la iniciativa que acomoda a las isapres, para que las cosas cambien, pero sigan siendo iguales.
Dentro de las cualidades del proyecto se encuentra el aumento de las coberturas mínimas. Uno no podría en absoluto estar en desacuerdo, por el contrario. Nadie debería quedar excluido de los planes ni tener una cobertura de bonificación inferior al 80 por ciento. Hoy claramente eso no ocurre.
Respecto de terminar con las exclusiones y no coberturas de las preexistencias, escuchando a algunos amigos profesionales que pagan sus buenas lucas -porque lo hacen por los hijos, por la señora- y que les descubrieron cáncer, uno se pregunta ¿hay mala fe? No la hay, pero sí mala suerte respecto a las preexistencias. Y, por tanto, un sistema que percibe utilidades enormes también debe asumir riesgos, y estos consisten en que la gente adquiera enfermedades no estipuladas en el plan. Y allí no puede existir el abandono absoluto, la exclusión, la expulsión.
En el informe se recoge la opinión de la Vicepresidenta del Colegio Médico, doctora Magali Pacheco: "La situación actual es insostenible, ya que no es posible que sea el organismo encargado de pagar el subsidio por incapacidad laboral el llamado a calificar su procedencia, lo cual genera un incentivo perverso en orden a recortar dichos subsidios, pues su pago incide directamente en los resultados operacionales de las Instituciones de Salud Previsional. Incluso señaló que en virtud de su experiencia profesional ha tomado conocimiento de que a los contralores médicos de las ISAPRES se les exige un porcentaje determinado de rechazo de licencias médicas" -es decir, aquí no importa si está enfermo o no: tienen que cumplir con un porcentaje de rechazo- "procedimiento que se realiza sin la necesidad de un examen previo del paciente por un facultativo".
El presente proyecto -felicito a sus autores- busca justicia respecto de una situación en donde hay coincidencia transversal. Los Senadores Girardi, Chahuán, Letelier, Rossi, Ruiz-Esquide, autores de la iniciativa, han estado bien inspirados. Y no he escuchado una sola opinión en la Sala que contraríe esa inspiración o los contenidos del proyecto. La pregunta que me hago, entonces, es dónde está la diferencia para que esta iniciativa fuera rechazada o criticada, porque en verdad debemos entrar en el debate en particular del articulado.
Lamento no contar con la presencia del Ministro Mañalich en la Sala. Y de nuevo quiero recordar a nuestros colegas de la Derecha que infinitas veces fueron terriblemente duros contra los Secretarios de Estado de la Concertación cuando estos no estaban para el debate de proyectos relevantes. O esta iniciativa no es significativa para el Gobierno, o el Ministro tenía algo más importante que hacer o, en definitiva, se trata de una política de Gobierno abandonar los proyectos que no le interesan o que no cuentan con su aprobación. Yo quiero pensar que el Secretario de Estado no ha podido venir. Espero que nos dé una explicación. Porque qué más importante que el debate sobre estos temas, sobre los cuales de manera ineludible hay amplio consenso. Y no quisiera considerar su ausencia como un rechazo anticipado, porque eso significaría traicionar un compromiso adquirido por este Gobierno y por todos los Senadores con la clase media, que ya no resiste el abuso de las isapres.
Las ganancias obtenidas por dichas instituciones -aquí han sido mencionadas- aumentaron 50,1 por ciento el 2011 respecto del año anterior. CruzBlanca: 10.612 millones de pesos; Colmena: 10.098; Consalud: 8.845, y Banmédica: 8.504.
La verdad es que tales utilidades millonarias obtenidas en nueve meses llamaron la atención no de los usuarios, porque ellos saben que cuando pagan les generan grandes ganancias, sino de quienes creíamos que las utilidades de las isapres eran importantes, pero no impresionantemente abundantes, como lo hemos comprobado.
Por lo tanto, creo que este debate no se debe dar en términos de que el Gobierno quiere defender a tales instituciones y la Oposición, reformarlas.
Yo esperaría una discusión donde existiera plena coincidencia en la necesidad de realizar una profunda reforma al sistema de instituciones de salud previsional, y ello debiera generar consenso respecto de su permanencia. Si tenemos un sistema privado de educación y nadie desea terminar con él, no creo que haya en esta Sala alguien que proponga acabar con el de las isapres.
El sistema privado de salud se mantendrá en nuestro país. Lo que queremos es regularlo, para proteger a los que no pueden hacerlo por sí mismos, como los usuarios, quienes, en definitiva, se hallan en franco desmedro ante el abuso de esas instituciones.
Señor Presidente, la mayor transparencia en la publicación de los planes, en particular todo lo contenido en este proyecto de ley, debiera dar lugar a su aprobación unánime en la Sala, por todas las bancadas, y posibilitar un debate donde el Gobierno planteara sus ideas, sus observaciones.
El disponer la obligación de que las isapres hagan pública la información de sus planes por la vía de un extracto colocado en sus oficinas va a colaborar para que exista más transparencia.
El impedir el establecimiento discrecional de planes contribuirá a una mayor igualdad; y la instauración del carácter indefinido de los contratos de salud y la fijación de reglas mínimas en estos generará niveles más altos de justicia.
En definitiva, se trata de un proyecto adecuado, oportuno, y yo diría que su votación debiera resultar en su aprobación.
Anuncio que votaré a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
El señor GIRARDI (Presidente).- La opinión de la Mesa, antes de seguir la discusión, es que la admisibilidad debe votarse, por lo que se harán sonar los timbres para llamar a los Senadores.
El señor LARRAÍN.- ¿No se va a pronunciar al respecto, señor Presidente?
El señor GIRARDI (Presidente).- La Mesa, en su momento, declaró admisible la iniciativa. Por eso se está tramitando. Pasó por la Comisión de Salud, a la que concurrió el señor Ministro. Además, sus autores representan ideas políticas transversales.
Pero como se ha formulado un cuestionamiento, lo que corresponde es que la Sala lo resuelva.
Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, yo intervine ayer, pero hoy quiero entregar algunos aportes adicionales.
En primer lugar, el Senador Larraín tiene todo el derecho a plantear que él considera inconstitucional este proyecto por nacer de una iniciativa parlamentaria.
Pero me sorprende que el Poder Ejecutivo, el Gobierno, haya participado en varias sesiones en que se trató. Hay que recordar que esta moción ingresó en septiembre u octubre del año pasado y se destinaron varias sesiones a su análisis. Escuchamos a incumbentes, se formularon propuestas, y nunca se mencionó tal problema.
De hecho, ayer conversamos con el Ministro de Salud -yo, al menos, considero que de sus palabras se desprende su apoyo-, y ya que hay una iniciativa sobre la misma materia en la Cámara de Diputados, aunque mucho más restringida, la idea es justamente enriquecer ambas y tratar de lograr un solo gran proyecto.
¿Cuáles fueron los problemas fundamentales que llevaron al Gobierno a presentar su iniciativa? La indignación por las utilidades de las isapres y por sus abusos es ya crónica. Pero hubo dos cuestionamientos de dos instituciones relevantes: un Poder del Estado y el Tribunal Constitucional.
Dicho Tribunal se pronunció respecto del artículo 38 ter de la Ley de Isapres, que tiene que ver con la tabla de factores, y determinó que varios numerales de esa norma son inconstitucionales, porque la estructura de la tabla de factores no está de acuerdo con la Carta Fundamental. Ello es tremendamente importante ya que apunta al corazón del problema del sistema privado de salud.
Las isapres establecen una tabla de factores en la que se tiende a factorizar el precio de los planes en virtud de ciertas condiciones, como la edad, que es obviamente la que genera más indignación junto con los famosos planes "con útero" y "sin útero", que evidencian una discriminación hacia la mujer en edad fértil; o el padecimiento de una enfermedad crónica, que significa un precio mayor del plan.
Por eso, ese alto organismo dictaminó que no era constitucional aplicar la estructura de la tabla de factores. Pero, además, agregó que el artículo 19 del Texto Fundamental consagra el derecho no solo a la protección de la salud, que importa el acceso a una serie de prestaciones en este ámbito, sino también a la seguridad social.
Entonces, el tema de fondo radica en lo siguiente: cuando el Gobierno propone un plan garantizado de salud, que es una canasta circunscrita a un conjunto de prestaciones, ¿ello está acorde con el mandato constitucional? ¿Quién establece cuáles son las prestaciones que deben hallarse dentro de la canasta, o del paquete, o del plan de prestaciones básicas garantizadas según la Carta?
Ese es el problema de fondo, que vamos a tener que analizar con relación al proyecto en estudio.
Hoy día conversé con varios parlamentarios de mi Partido. El doctor Castro me decía que el conjunto de prestaciones del plan garantizado no se hace cargo de la mayoría de ellas y, por tanto, la discriminación persiste.
La Senadora Rincón señalaba que perdura la discriminación en todas las patologías complementarias, que también son trascendentes. No estamos hablando de que la cirugía estética queda fuera y todo el resto, lo importante, dentro. Las patologías relevantes para preservar la condición de salud están excluidas del plan garantizado.
Por lo tanto, el plan garantizado perpetúa la discriminación, que es lo que consideramos inconstitucional, porque se aleja de la seguridad social y del derecho a la protección en salud.
Ese es un primer cuestionamiento.
El segundo tiene que ver con lo determinado por las cortes de apelaciones. Ayer el propio Ministro señaló que el costo por 21 mil casos era de 90 mil pesos cada uno. Sus Señorías saben quién paga la cuenta: los pacientes. La plata sale de las cotizaciones. Las isapres les pagan a sus abogados con lo que cada afiliado cotiza mensualmente, que no es de 7 por ciento, sino de 10. El promedio de la cotización en el sector privado, a diferencia del público, es 10 por ciento.
En consecuencia, desde tal perspectiva, ¿por qué los afiliados siempre han ganado? Porque las cortes de apelaciones han señalado que el ajuste de precios no se justifica, o sea, que en el fondo no es justo, proporcional, adecuado; que no tiene justificación racional; que no existen criterios objetivos, sino más bien uno arbitrario para alzar los planes.
El Ministro de Salud también manifestó que según criterios objetivos debería haber habido un incremento de 2,3 por ciento en los planes de salud, pero subieron en 6 por ciento.
Eso explica las utilidades tan grandes obtenidas por las isapres en los últimos años, aparte del rechazo de licencias y de las exclusiones en la cobertura.
El proyecto de ley del Gobierno establece una cobertura mínima de 50 por ciento para el tratamiento de afecciones ambulatorias. ¡50 por ciento! Yo puse de ejemplo el seguro contra incendio de una casa. Si uno lo contrata y paga mensualmente, ¿cabría esperar que al incendiarse una de un valor de 15, 20, 30, 40 o 50 millones de pesos la compañía cubriera solo la mitad?
Hoy día incluso hay coberturas que llegan al 20 por ciento. Eso significa que, de una cirugía que vale un millón de pesos, el seguro cubre 200 mil pesos. ¿Y de dónde se sacan los 800 mil pesos restantes?
Todas esas cosas las debemos resolver.
Por eso, estamos convencidos de que la iniciativa del Gobierno, si bien intenta abordar estos problemas, no da respuesta satisfactoria a la inmensa indignación que existe hoy día en Chile y en nuestro Senado sobre el particular...
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminó su tiempo su tiempo, señor Senador.
El señor ROSSI.- ¿Me concede un minuto adicional, señor Presidente?
El señor GIRARDI (Presidente).- De acuerdo.
El señor ROSSI.- Debo decir que espero que se vote la admisibilidad del proyecto. Y reitero que entiendo el planteamiento formulado por el Senador Larraín. Pero quiero decirle que el Ministro de Salud, en todas las sesiones en que debatimos la iniciativa -que cuenta al Honorable señor Chahuán entre sus autores-, nunca expresó que fuera inadmisible, como línea argumental.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín; después el Honorable señor Chahuán, y a continuación procederemos a votar.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, solo quiero señalar, a propósito de su comentario, que la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en el inciso segundo del artículo 25, expresa:
"La declaración de admisibilidad puede ser hecha por el Presidente de la Cámara respectiva o de una comisión, de propia iniciativa o a petición de algún miembro de la Corporación, en cualquier momento de la discusión del proyecto".
Por lo tanto, el que no se haya hecho antes, por inadvertencia, no obsta a que en un minuto dado se revise.
Lo expreso, porque nosotros debemos hacer bien nuestro trabajo. Y aquí, según las observaciones que formulé hace un rato -creo innecesario repetirlas-, claramente se suprimen atribuciones y se le entregan a la Superintendencia. Ello, de acuerdo con lo dispuesto en el número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política, significa determinar funciones o atribuciones de un servicio público, materia que se encuentra reservada a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Ese es un dato relevante, independientemente de la bondad del proyecto, que fue a lo que se refirió el Ministro de Salud, quien es muy buen doctor pero hasta ahora -que yo sepa- no es constitucionalista ni ha realizado estudios avanzados sobre el particular.
Pienso que lo que corresponde hacer, más allá de lo que con posterioridad se decida efectuar, es revisar la admisibilidad de ciertas disposiciones.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, el proyecto que hoy se somete a nuestra consideración y que fue aprobado en general en forma unánime por la Comisión de Salud, dado el objetivo que persigue: modificar el sistema privado de salud en forma integral, se fundó, básicamente, en la necesidad de apremiar la discusión de la "ley larga" de isapres.
A la sazón, cuando se presentó esta iniciativa, había una Comisión de Expertos trabajando en una reforma del sistema privado de salud. Ya se había mandado la "ley corta" a la Cámara de Diputados e incluso, luego de hablar con el propio Ministro de Salud, enviamos este proyecto para los efectos de acelerar la elaboración de la "ley larga".
Una vez despachado el informe de la Comisión de Expertos, el Ministerio de Salud se hizo cargo del tema: estableció mesas de diálogo con los Diputados de la Concertación y de la Coalición por el Cambio y con los Senadores de la Comisión de Salud, y finalmente ingresó por el Senado un proyecto que es perfectible y que se hace cargo de gran parte de los puntos que se abordan en la iniciativa que nos ocupa.
Hemos sostenido que hay ciertos asuntos sobre los cuales es menester legislar, particularmente los relativos a las alzas unilaterales en los costos de los planes de salud. El propio Ministro del ramo se hizo eco de lo planteado en este proyecto y señaló la idea de crear un IPC de la salud, que posibilite que las alzas de los planes guarden correcta relación con los aumentos reales que experimenten las prestaciones sanitarias.
En segundo lugar, en los últimos días hemos visto publicadas en los medios de comunicación las abultadas utilidades obtenidas por las isapres. Estas se han registrado, fundamentalmente, porque respecto al Plan GES (Garantías Explícitas en Salud), en que hay prestadores determinados, no se entrega suficiente información a los afiliados. Y ello, de alguna manera, redunda en que las ganancias de esas instituciones se abulten.
Nosotros hemos reclamado que exista mayor información de las isapres a los afiliados, aspecto que también se consigna en esta iniciativa.
Asimismo, en ella nos hacemos cargo de lo relativo a las canastas de prestaciones y a las discriminaciones que se producen, esencialmente, por las tablas de factores, lo que es preciso corregir.
El Ejecutivo -este Gobierno, no los anteriores- asumió que debía solucionar tales problemas y envió al Parlamento un proyecto que se halla en plena discusión, porque en verdad se genera discriminación, sobre todo respecto de las mujeres embarazadas y los adultos mayores.
Cabe señalar que cerca del 80 por ciento de los recursos de protección que hoy día se tramitan en las Cortes de Apelaciones del país tienen que ver con las alzas unilaterales en los costos de los planes de salud. Y, en definitiva, tales acciones están siendo falladas, incluso sin alegatos, por los tribunales de alzada.
Además, ante el Tribunal Constitucional se han presentado recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y muchos han sido acogidos.
Por lo tanto, los temas de fondo que hemos incluido en el proyecto están plenamente vigentes y se relacionan con una necesidad ineludible de reformar el sistema privado de salud.
Quiero agregar algo más: este será el año de los proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo.
En efecto, el Gobierno del Presidente Piñera, mi Gobierno, presentará una reforma tributaria largamente esperada, al igual que la modificación del sistema privado de salud. Ambos asuntos se postergaron por mucho tiempo, pero en definitiva constituirán un hito en la discusión pública.
Por eso, estimados colegas, considero que hay que resolver estos asuntos; resulta insostenible mantenerlos en el tiempo. Pero mi recomendación es que esperemos el proyecto del Ejecutivo que se tramita en la Cámara de Diputados, pues guarda mucha concordancia con los problemas que hemos expuesto acá, a fin de no provocar duplicidad con la iniciativa que estamos analizando ahora y que también suscribí.
Debemos actuar con prudencia y esperar la llegada de dicho proyecto. Entonces podremos formular las indicaciones del caso y negociar -es preciso hacerlo- con el Gobierno para tal efecto.
La prudencia aconseja esperar.
Yo adhiero a ello, por cuanto si bien la iniciativa en debate establece cuestiones urgentes, necesarias, que hay que resolver como país y como Parlamento, habiendo el Gobierno del Presidente Piñera, mi Gobierno, enviado a la Cámara de Diputados un proyecto sobre la materia y mostrado su voluntad de enfrentar los problemas de cara a la ciudadanía y de zanjar lo atinente a las tablas de factores, entre otros asuntos discriminatorios, considero prudente esperar que aquel llegue al Senado en segundo trámite constitucional.
El señor LARRAÍN.- Votemos, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Presidente).- No es posible todavía, señor Senador, por un problema de justicia. Ya han intervenido casi todos los inscritos, con excepción de los Senadores señores Tuma y Carlos Larraín.
Démosles también a ellos la posibilidad de exponer su posición, y luego votamos.
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, no usaré por completo los 10 minutos que me concede el Reglamento. Solo quiero exponer mi posición sobre este proyecto.
Saludo su presentación y felicito a sus autores.
En el último tiempo hemos visto en el país un conjunto de iniciativas que en el pasado hubiese sido impensado aprobar. Hoy en día se han creado condiciones, por ejemplo, para la reforma a la educación. Tan así es que ya en el Congreso se ha debatido acerca del término del lucro, algo impensable años atrás. Por otra parte, el tema de las Regiones ya se ha instalado. Y qué duda cabe de que vamos a legislar sobre aspectos que nunca se habían tocado en favor de la descentralización, producto de las movilizaciones realizadas no solo en Magallanes y Aysén, sino también a nivel nacional, tanto a propósito de la educación cuanto a raíz del descontento ciudadano con relación al modelo de economía que nos rige; al maltrato que el Estado les da a los pensionados y a los enfermos.
Existe una enorme indignación e insatisfacción respecto de cómo el Estado resuelve, o más bien no resuelve las demandas en materia de salud.
Lo que comenzó como un sistema que sería secundario: el de la salud privada, se ha convertido en el sistema principal y, en buenas cuentas, lo financian todos los chilenos, con costos mucho más altos que si lo administrara el Estado. Este se ha desentendido de la salud de las personas.
Por eso hay tanta indignación, porque casi todo está en manos del sector privado, cuya finalidad es incrementar sus utilidades, sus rentas. Tal es el criterio con que funcionan la rentabilidad y la inversión privadas. Y eso no es malo. Lo que sí es malo es que el Estado abandone su responsabilidad de atender, con criterio de bien común, a la inmensa mayoría de los chilenos.
Asimismo, es malo que no establezcamos legislaciones ecuánimes o equilibradas para que no se abuse de los enfermos y se termine con esa discriminación odiosa. Porque, en realidad, vemos que el sistema funciona solo para atender a los sanos, y cuando la persona se enferma, entonces se aplican todas las excepciones para que las empresas no respondan.
En definitiva, sin perjuicio de aprobar el proyecto, debemos efectuar una discusión más de fondo respecto de cuál es el rol del Estado en la salud pública, el que debería ser "primerísimo", y la privada debiera actuar como un seguro complementario de salud.
La insatisfacción de los chilenos en cuanto a salud llega a límites que nos obliga a aprobar no solamente la iniciativa en debate, sino también un modelo distinto de cómo el Estado debe enfrentar la demanda de salud de la población.
Por eso, al menos considero que el proyecto es un paso importante, y voy a darle mi voto favorable.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Carlos Larraín, y a continuación, procederemos a votar.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, se está discutiendo un proyecto que incide en el sistema de salud, particularmente en el otorgado por el sector privado a través de las isapres.
Yo no puedo dejar de hacer algunos comentarios, aunque sea en general sobre la materia, porque en las intervenciones de mis colegas que me antecedieron en el uso de la palabra prima una visión muy negativa de la salud chilena y la forma en que se atiende a esa necesidad humana tan importante.
Por ejemplo, un señor Senador -a quien respeto enormemente- ha sostenido que el sistema de salud privado decapita la carrera médica, como si los médicos solo debieran trabajar en el sector público. Esa es una noción francamente exagerada, aparte del pesimismo que encierra.
Luego, se señaló que el sistema de salud privado termina con la atención personalizada de los pacientes. O sea, únicamente pueden otorgar dicha atención los funcionarios públicos. Eso va contra las comprobaciones más elementales, pues, por el contrario, a veces estos últimos no personalizan su atención y se refugian en una condición precisamente un poco funcionaria. Aunque no todos actúan de ese modo. No deseo caer en la misma generalización indebida.
Ahora, escuché decir que este sistema de salud no debe ser centralizado. Personalmente creo que la descentralización de cualquier actividad humana es algo positivo, particularmente la relativa a la salud. ¿Por qué? Porque nuestro país es muy extenso, y efectivamente es bueno que haya especializaciones distintas según las áreas. El Hospital de Valdivia, por ejemplo, ha desarrollado una experiencia muy valiosa en lo que tiene que ver con oncología. En fin. Y el Hospital del Trabajador es magnífico en lo relativo a traumatología.
En seguida se habló de que el sistema de las isapres corresponde a un seguro de salud y no a un sistema de salud, lo cual tampoco es enteramente verídico. ¡Es un sistema de salud que se basa en mecanismos de seguros! Eso es lo que permite otorgar buenos servicios a costos rebajados, porque el seguro reparte los riesgos de un modo establecido en tablas de sobrevivencias y de enfermedades.
Por su parte, es cierto que a mayor riesgo en salud debe haber un costo más elevado. Sería difícil que no fuera así; esa es la base de la salud. O sea, es un servicio que reviste un costo material inevitable.
Ahora, siempre en este plano de alcances generales, porque esta es una materia bastante especializada, se ha denunciado con mucho énfasis que el gasto en salud de las personas, particularmente de clase media, que se acogen a este sistema, ha aumentado y que estarían gastando del orden del 10 por ciento de sus ingresos en salud. ¡Pero en buena hora! Sería una lástima que no destinaran ese porcentaje para tal fin. Ahí hay una afirmación muy temeraria. Es magnífico que gasten el 10 por ciento en salud, porque de esa manera no lo gasta el sector público.
También se dice que las isapres han tenido utilidades exageradas. Y yo digo enfáticamente: ¡Enhorabuena! Porque si no obtienen ganancias, cierran el negocio y se acaba el sistema de salud privada. Y si eso ocurre, aumenta la carga del sistema de salud pública.
Entonces, ¿por qué no dar un poquito de libertad? Que cada cual elija dentro de sus posibilidades. No todos pueden acceder, y eso hay que admitirlo. Hay gente a la que no le es posible elegir un sistema de salud con toda la amplitud que quisiera.
Por lo tanto, el hecho de que existan entes que prestan servicios de salud y que los prefieran quienes pueden cotizar -¡no por nada creció el número de cotizantes de las isapres en un 8 por ciento!-, ¿será porque el servicio es malo y caro? Y eso también explica en parte el aumento de las utilidades de las isapres.
Ahora bien, se ha mencionado también aquí -tal vez con la intención de sembrar una sospecha- la disminución de las licencias médicas. ¿Será que las isapres otorgan buenos servicios de salud, lo que permite su disminución? Cuando hay más licencias, hay más enfermos, y cuando el número de estos baja, entonces se reduce la cantidad de licencias.
Me parece que en esto rige un principio de lógica general que, más bien, habría que respetar y no pasarlo a llevar.
El hecho final -"raya para la suma", podríamos decir- es que existen alrededor de 3 millones de personas que cotizan en el sistema de salud privado, y ese número va a seguir creciendo a medida que aumente el valor real de sus ingresos. Y eso les permitirá elegir el plan que consideren más conveniente. ¿Por qué vamos a presumir que esos trabajadores son incapaces de decidir sobre algo tan esencial como es la salud?
Ciertamente esta es una aplicación de la libertad de trabajo, de la libertad de elección, de lo que puede denominarse "una de las bases de la economía de mercado".
Pero la economía de mercado, hoy día, es aceptada también por la Izquierda, al menos por la Izquierda chilena, puesto que durante 20 años la cuidó como hueso de santo. ¡Qué cariño le pusieron! ¡Qué admirable fue el matrimonio liberal-socialista que presenciamos en Chile! ¡Qué niños tan rozagantes tuvo ese matrimonio! Es decir, fue un matrimonio muy fecundo que permitió que muchos chilenos vivieran mejor.
No obstante, ahora se habla de la economía de mercado, de las utilidades y de todas estas cosas. ¡Pero nunca hubo escrúpulos con las ganancias de las empresas concesionarias de las carreteras! ¡No que yo sepa!
Entonces, ¿por qué no centrar el debate un poco más en lo que efectivamente interesa a los usuarios del sistema? ¿Por qué no tomar los puntos que ha recogido el Gobierno, los que podrían desarrollarse mejor con la colaboración de los Senadores aquí presentes? Estoy seguro de que todos pueden hacer una contribución muy valiosa, especialmente quienes han estudiado medicina y economía. Porque la medicina tiene una base económica; en eso no nos engañemos.
Por otro lado, ¿cómo puede ignorarse el tremendo aumento del presupuesto en salud pública?
Por aquí escuché una voz angustiada que decía que la salud pública estaba siendo erradicada de la faz de la tierra y que todos los cañones de este Gobierno malo y reaccionario estaban orientados a destruir dicho sistema.
Pues bien, el presupuesto de salud ha crecido consistentemente desde el 2010 hasta la fecha. Entre el año 2011 y el 2012 -son las cifras que recuerdo, nada más- subió de 6 mil y tantos millones de dólares a 8 mil millones y fracción. O sea, tuvo entre 34 y 35 por ciento de aumento solo en este último Presupuesto. Entonces, esa es una manera de cubrir algo muy sustancial.
También hay preocupación por las utilidades obtenidas por el sector privado de salud. Bueno, el déficit del sector público de salud es igual el 2012: 8 mil 700 millones de dólares. ¡Eso sí debiera preocuparnos! Y no debiéramos inquietarnos porque las isapres el año pasado ganaron 67 mil millones de pesos, sobre los cuales deberán pagar impuestos que, en promedio, serán del orden de 35 por ciento, tomando en cuenta los niveles individuales y corporativos.
En resumen, solo quiero aprovechar esta oportunidad, a raíz de la discusión de un proyecto que claramente se halla reservado a la iniciativa presidencial, según lo dispuesto en el artículo 65, número 6º, de la Constitución Política -en eso no hay que perderse, ya que se ha querido dilatar y alimentar una discusión sobre si resulta posible o no tratar la iniciativa aquí- para hacer presentes estos pequeños alcances, todos de lógica general.
Yo aliento a los críticos del sistema a que no sean -como se expresaba antaño- tan cataplasmas. ¡Por Dios! Volvimos de vacaciones; el ánimo tiene que mejorar. ¡Sursum corda!
Se podría hacer una suscripción para comprar un bote de mentholatum -como se decía antes-, a fin de mejorar el ambiente.
Solo quiero manifestar eso.
No es tan malo el sistema de salud público como tampoco lo es el privado. Han mejorado los índices en salud a través de los años: disminuyó la mortalidad infantil, aumenta la longevidad, baja la mortalidad de las mujeres...
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Deme un minuto más, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Presidente).- Muy bien.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Decía que bajó también la mortalidad de mujeres en situación de parto, etcétera.
Hay numerosos indicadores provenientes de todos los sectores -de los ámbitos público y privado; del Centro, Izquierda y Derecha- respecto de los cuales deberíamos sentirnos contentos porque, si seguimos con un diagnóstico tan negativo, se nos va a disparar la tasa de suicidios en la clase política -contra lo que algunos podrán lidiar-, lo cual, en todo caso, constituiría un mal desarrollo.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Señores Senadores, pondré en votación la admisibilidad del proyecto en debate.
Deberán votar "no" los señores Senadores que estiman que la iniciativa es admisible, y "sí", quienes piensan lo contrario y adhieren al planteamiento del Honorable señor Hernán Larraín.
El señor NAVARRO.- Repita la lógica de la votación, por favor, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Presidente).- Señor Senador, quienes estén de acuerdo con que el proyecto se siga tramitando y lo consideren admisible deben votar "no", mientras que los que desean acoger el planteamiento del Senador Hernán Larraín han de pronunciarse afirmativamente.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, me permití solicitarle la palabra para fundamentar mi voto porque, si bien estamos discutiendo la inadmisibilidad o admisibilidad del proyecto, la verdad es que las últimas intervenciones han versado sobre el fondo del tema.
Yo sé que estamos todos cansados, pero alguna vez debemos discutir aquellas materias que expresamente más molestan a la comunidad chilena, como es la salud.
Por ello, seré muy breve.
En primer lugar, el Senador Chahuán hizo una lúcida defensa de su harakiri, porque es primera vez que escuchamos a un colega que votará contra su presentación en un proyecto.
Yo valoro la fuerza y la valentía que ha tenido...
El señor QUINTANA.- ¡La convicción!
El señor RUIZ-ESQUIDE.-...pero, con todo cariño, debo decirle que su actitud me parece un poco extraña y la dejaremos como uno de los elementos básicos del debate habido esta tarde.
Segundo, esta discusión no solamente versa sobre la inadmisibilidad del proyecto, por cuanto a nuestro juicio la salud no se rige, ni debería hacerlo -esa es la diferencia básica que mantenemos en esta materia-, por las leyes del mercado, sino que se enmarca dentro de los derechos humanos, del derecho esencial a la vida.
Por lo tanto, analizar lo relativo a la salud sobre la base de las leyes del mercado o de cómo les va a las isapres y sostener que eso es lo correcto, me parece que constituye la gran diferencia entre la Derecha chilena y quienes tenemos un pensamiento distinto o independiente, como el que les asiste a nuestros colegas aquí, en la Sala.
El señor CANTERO.- ¿Cuáles colegas?
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Usted, Su Señoría, a quien respeto mucho.
En tercer término, en los pocos minutos que me quedan, debo aclarar que nadie ha dicho que los dueños de las isapres son personas que corrompen la ética chilena. Eso no es necesario.
Ocurre que el sistema entero es impúdico, pues permite, en primer lugar, que se les resten días de licencia a los afiliados disminuyendo su reposo -en vez de cinco días se les dan cuatro y los médicos reciben indicaciones al respecto- para que las isapres ganen 45, 50 o 60 mil millones de pesos al año.
¡Esa es una de las tantas cosas impúdicas!
En segundo término, nuestra modalidad conserva dos elementos que resultan increíbles y que no existen en ningún otro sistema en el mundo: las carencias y las preexistencias. Si yo padezco una determinada enfermedad y me cambio de isapre, esta entidad no me otorga la cobertura prevista en la póliza por encontrarme ya afectado por esa dolencia.
¡Eso es absurdo!
Por otra parte, también son incomprensibles las carencias, que constituyen el gran debate de los últimos años. ¡Cómo es posible que a un paciente, en lugar de autorizarle los diez días de licencia que prescribió su doctor, solo se le acepten cinco porque así se le ocurrió a una persona que muchas veces ni siquiera es médico!
Entonces, señor Presidente, esas son las razones por las cuales estamos abocados fuertemente a este debate.
Nadie dice que el sistema público de salud es feliz. Pero la razón por la cual ha subido el presupuesto de dicho sector en Chile obedece, primero, a que creció la población -¡por Dios, es evidente que tiene que haber más prestación de servicios en salud-¡ y, segundo, porque en nuestra sociedad el 20 por ciento de las licencias se debe a depresiones.
Entonces, si alguien cree que en Chile tenemos un modelo de vida que es garantía de alegría, se equivoca. No es cierto. Y eso se traduce en enfermedades respecto de las cuales las isapres hacen caso omiso de una racionalidad mínima.
Por eso, señor Presidente, pensamos que la iniciativa no solo es constitucional, sino que además existen los requerimientos suficientes en el sistema jurídico chileno para que, si los señores Senadores que tienen dudas sobre la constitucionalidad del proyecto pierden la votación, ejerzan el derecho de hacer una presentación ante la instancia pertinente en el momento determinado.
Y, por último, les pido a los colegas oficialistas, con mucho respeto y cariño, que hablen con su Gobierno acerca de una cosa muy simple...
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Los problemas que vivió Chile en el pasado comenzaron de esta forma: abusando de los resquicios o de los mecanismos que se quiera.
Cuando un Gobierno usa el poder de manera abusiva, estamos poniendo en riesgo nuestra propia estabilidad y cortesía para mantener el sistema democrático.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana, y después, el Senador señor Espina.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, como Comité quiero pedir segunda discusión, independientemente del debate sobre constitucionalidad que se halla en curso.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, me referiré a dos temas.
En primer lugar, distingamos -y les pido a los Senadores atender mi punto en un tema de tanta importancia- entre las materias que pueden ser de iniciativa parlamentaria, más allá de que uno coincida o no con ellas, y aquellas que no lo son.
Recuerdo que hace tres o cuatro años, en el debate del proyecto de Ley de Presupuestos, yo voté en contra de varias indicaciones presentadas por parlamentarios de la Alianza, pues las consideré inadmisibles. Eso me generó a mí -y probablemente a varios otros; lo digo con toda franqueza- más de algún dolor de cabeza, porque en ese momento nuestro sector era Oposición y la idea apuntaba a incorporar en dicho proyecto glosas que a mi juicio significaban entrometerse en facultades que en un régimen presidencial nuestra Constitución entrega exclusivamente, para bien o para mal, al Gobierno de turno.
Yo tengo una convicción -y, al respecto, comparto absolutamente los planteamientos que hizo el Senador Hernán Larraín, con gran lucidez y certeza jurídica-: más allá de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con este proyecto, hay obviamente materias de competencia del Ejecutivo.
En tal sentido, no es bueno que empecemos a sentar el precedente de pasar a llevar nuestras leyes y nuestra Constitución porque una iniciativa nos parece buena o mala.
Hacerlo sería un tremendo error. Lo cometió la Alianza cuando ustedes eran Gobierno y lo están cometiendo ustedes ahora que son Oposición.
Pienso que si en algo tiene que prestigiarse el Senado es en el respeto a la ley y a la Carta, que son sagradas, porque contienen las reglas del juego que nos hemos dado. Y si queremos cambiarlas, disponemos de los instrumentos necesarios para presentar las reformas del caso.
Por lo tanto, señor Presidente, estoy plenamente convencido de que esta iniciativa es inadmisible en muchos de sus aspectos.
Estoy pareado con la Senadora Alvear, pero quiero dar mi punto de vista, para que no se entienda que el pareo tiene por objeto eludir responsabilidades.
Respecto del fondo, creo que este proyecto tiene cosas muy buenas.
Entre paréntesis, le agradezco al Senador Quintana por haber pedido segunda discusión, pues la iba a solicitar yo. Y les quiero explicar por qué.
La razón principal es que el Ministro Mañalich, en la reunión que los Senadores de la Alianza tuvimos el martes a la hora de almuerzo, nos señaló que, efectivamente, esta iniciativa tenía aspectos que él consideraba muy positivos y otros que le parecían erróneos, pero que había un proyecto grueso que se estaba trabajando en la Cámara de Diputados, con parlamentarios de la Alianza y de la Concertación, y que, por consiguiente, esperáramos su despacho al Senado -nos aseguró que eso iba a ocurrir muy pronto-, para que no empezáramos a legislar sobre una misma materia en dos textos en Cámaras distintas, porque eso solo conduciría a confusión.
Yo fui a la reunión de Comités correspondiente. Estaba en ella el Presidente del Senado, a quien le planteé la conveniencia de esperar -muy poco tiempo, según el Ministro Mañalich- que en la Cámara de Diputados se llegara a un acuerdo (entiendo que no vinculante para la Cámara Alta), a fin de conocer los avances registrados y fusionar ambas iniciativas o incorporar los aportes del caso por la vía de la indicación o en la forma que permitiera el Reglamento.
En consecuencia, la solicitud de segunda discusión obedece a mi deseo de, en este asunto, concretar lo que dijimos en reunión de Comités, que fue propiciado también por el Senador Zaldívar: que analicemos el fondo y no cometamos el error de empezar a discutir las formas.
Se está tratando en la Cámara de Diputados un proyecto de características similares, muy parecido, que recoge gran parte de los buenos aportes del que nos ocupa esta tarde. Se encuentra bien avanzado. Está en acuerdo en Comisión. Es un texto más global. Se halla al borde de ser votado en la Sala. ¿Por qué no esperamos que llegue acá y sacamos una buena reforma al sistema de isapres?
Por lo tanto, yo le pido al Presidente del Senado actual o al que esté en ejercicio a contar de la próxima semana -entiendo que será el Honorable señor Escalona- que asuma la misión de procurar concordar una buena ley de isapres. Y si en algún punto no tenemos acuerdo, que el país conozca claramente las discrepancias.
Pero hoy día yo siento que estamos en una camisa de fuerza. Porque el Gobierno nos dice que se está discutiendo un proyecto, cuya tramitación avanza, donde se recoge gran parte de lo planteado aquí. El Senador Chahuán suscribió este articulado -me consta, porque me lo dijo- con el objeto de apurar la iniciativa del Ejecutivo.
Entonces, ¿por qué no hacemos algo bueno para el país y señalamos: "Okay, esperemos que el Ministro nos indique cuánto demorará ese proyecto en la Cámara de Diputados?". Porque si nos dice que va a tardar seis meses, les encontraré toda la razón. Pero si nos habla del despacho dentro de una o dos semanas, ¿por qué no esperamos que llegue ese proyecto, lo fusionamos con este y vemos qué aspectos a favor o en contra tiene? Y a los autores de la iniciativa que debatimos en este momento, si se recogen muchas de las materias que aborda, les asistirá todo el derecho al reconocimiento del Gobierno por haber tomado la iniciativa en esta materia en un régimen presidencial, donde los parlamentarios habitualmente, a mi juicio de manera muy injusta, no tienen mucho protagonismo.
Y vamos ahora a la cuestión de fondo en lo de las isapres.
Durante el Gobierno del Presidente Lagos tuve la oportunidad de ser miembro de la Comisión de Salud del Senado por cuatro años. En esa época se abordó el problema de las isapres. Y, luego de una reunión con el Primer Mandatario en Cerro Castillo, se logró un gran acuerdo, que significó un enorme avance en términos de mejorar la transparencia, la información. En esa misma oportunidad se creó el AUGE y se aprobó el proyecto de ley sobre autoridad sanitaria.
No cabe la menor duda de que el sistema de isapres requiere perfecciones, mejoramientos. Hay materias que dicen relación con la manera como se fijan los precios, con las exclusiones, con las carencias. Existen también aspectos vinculados con la información a la ciudadanía; muchas veces, saber cuánto cuesta un plan de salud es más difícil que hacer -para una persona que no está habituada a ello- un crucigrama.
Aquí hay una cuestión objetiva: el sistema privado de salud tiene muchos beneficios. Es así. Por algo la gente se mantiene en él. Si no, se habría ido.
Empero, no hay duda de que debemos perfeccionarlo, en aras de proteger el legítimo derecho de la gente a contar con buena información. Y se deben buscar mecanismos que eviten que de repente existan incompatibilidades -como se señala- entre el dueño de una isapre, que en el fondo es una aseguradora, y la institución que presta el servicio de salud, que es el hospital o la clínica.
Esas son materias de fondo que tenemos que ver.
Muchos países no aceptan la integración vertical. Y no la aceptan precisamente porque se produce una deformación del sistema.
Ahora, en esta materia nosotros no abrigamos ningún temor ni defendemos interés alguno. Y lo digo con todas sus letras: si es necesario provocar cambios de fondo que mejoren el sistema privado de salud, no tenemos ningún problema en hacerlo. Porque creemos que este modelo se puede perfeccionar. Y hay que expresarlo sin complejos.
Entonces, quiero pedir que el Presidente del Senado -el actual o el futuro-, cuyo rol de liderazgo debe marcarse en estas materias, lidere los acuerdos. Y donde no se produzcan, se informa a la Sala.
Lo conversábamos ayer, entre paréntesis, con los Senadores Navarro y Quintana: discutir lo de fondo y no lo formal.
Entonces, me alegra que el colega Quintana haya pedido segunda discusión. Yo, a lo menos, me comprometo a colaborar, junto con el Senador Chahuán, nuestro representante en la Comisión, y con quienes se interesen en la materia, en la búsqueda de consensos. Y si no hay acuerdo en un punto, ventilémoslo ante la opinión pública.
Nosotros estamos abiertos a discutir sin ningún tipo de complejos (ninguno) todas las materias vinculadas con las isapres. Y si alguien cree que una persona tiene intereses, le pido que vaya a la fiscalía y la denuncie. Porque estoy un tanto aburrido de escuchar cómo los mismos parlamentarios decimos habitualmente: "Hay lobby".
¡Denúncienlo! El lobby es tráfico de influencias. El parlamentario que vota mal a raíz del tráfico de influencias comete delito. Entonces, ¡denúncienlo!
Los disparos a la bandada que hacemos nosotros mismos son lo que tiene al sector político pésimamente evaluado.
Quien cuente con información de esa naturaleza, que la diga, que la explicite. Eso es lo responsable en política. Y si no la tiene, se calla.
Nosotros hemos estudiado esta materia, y puedo garantizarles que vamos a abordarla con absoluta libertad, a fin de resolver lo mejor para Chile y los usuarios del sistema.
Señor Presidente -con esto termino-, no voy a votar la admisibilidad, porque me encuentro pareado. Pero estoy abierto, al igual que toda la Coalición, a llegar a buenos acuerdos, que mejoren el modelo, como se hizo, en un paso importante, durante el Gobierno del Presidente Lagos, quien tuvo el talento de invitarnos a Cerro Castillo y decirnos: "Lleguemos a avances".
¿No fue todo lo que se podía? Probablemente. Él tenía dudas respecto a cuánto era factible progresar. Pero había que probar.
¿Y hoy día hay que perfeccionar el sistema? No cabe duda.
Por lo expuesto, en la segunda discusión nos vamos a dar un espacio para generar un entendimiento en esta materia.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor COLOMA.- ¿No íbamos a votar de inmediato?
El señor GIRARDI (Presidente).- Hay un derecho sagrado de los Senadores a fundar el voto. No puedo impedirlo.
El señor COLOMA.- ¿Pero sobre la admisibilidad?
El señor GIRARDI (Presidente).- También.
El señor LARRAÍN.- ¡Y solo por cinco minutos...!
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, efectivamente, para hacer cambios en materia de salud se requieren acuerdos, pues los quórums constitucionales son elevados y no hay ningún bloque parlamentario que tenga por sí solo la cantidad de votos requerida. En consecuencia, el esfuerzo por coincidir en puntos importantes pasa a ser un requisito obligatorio para poder legislar.
Sin embargo, aquello no significa ocultar las diferencias.
En este aspecto quiero ser muy claro. Desde mi punto de vista, el proyecto que el Ejecutivo tiene en trámite en este momento en la Cámara de Diputados es una farsa: mantiene el esquema exactamente igual y constituye una operación cosmética para presentar un cambio que no es real.
Allí se establece una tabla de factores que debería ser utilizada por los prestadores privados en relación con sus precios o tarifas. Pero es un mecanismo exclusivamente referencial; no les impone a aquellos ninguna obligación.
Ahora, el apuro del Gobierno en la materia, a mi entender -lo señalo con mucha franqueza-, es solo comunicacional. Porque ya se están dando a conocer alzas de precios. Una institución privada anunció hoy que procedió a un aumento de 4,8 por ciento. Y la Asociación de Isapres prevé que la próxima semana se registrará un incremento en todas las instituciones de salud previsional.
¿Y qué va a responder el Ejecutivo? Ya lo sabemos: el señor Mañalich saldrá en los medios de comunicación diciendo: "No se preocupen. Tengo un proyecto en la Cámara de Diputados. Esto lo voy a arreglar en cosa de días, porque ya estoy trabajando un acuerdo que incluye a parlamentarios de la Concertación. Así que, señores, opinión pública, pacientes estafados y defraudados, no se preocupen, pues la solución está al alcance de mi mano".
O sea, se está preparando una gigantesca operación mediática con el propósito de enfrentar el alza desmesurada de los precios y las tarifas que las isapres están a punto de hacer pública.
¡Así no podemos llegar a acuerdo! ¡Con el grado de escándalo que se produce, es imposible!
Claro. A todos nos gustaría tener acceso a las loas que se generan aquí en los discursos pronunciados durante los debates. Y yo lo entiendo: muchos son aspirantes al premio nobel por la calificación de estadista.
¡Obviamente! ¡A quién no le gustaría tener esa denominación!
"¡Oh! ¡Qué grandes estadistas! ¡Se pusieron de acuerdo finalmente! ¡Aplausos!".
¿Pero para hacer de Gatopardo? ¿Para aparentar que todo cambia cuando nada cambia? ¿Cuando las isapres van a seguir haciendo lo que quieren? ¿Cuando le van a imponer a la gente los precios que a ellas se les ocurren?
¡No, pues! ¡Así no se puede!
Señor Presidente, por su intermedio, se lo quiero decir con mucha franqueza al Honorable Senador que me antecedió en el uso de la palabra. No es que no quisiéramos aparecer con él en la foto; ello no nos desagradaría. No es algo personal. Pero, así como suceden las cosas, ¡no se puede!
O sea, acá hay una actitud permisiva con las isapres en el sentido de aceptarles y aguantarles cuanto se les ocurra.
¿Qué pasa con sus rentabilidades?
El Honorable Senador Carlos Larraín decía: "¡Pero por qué se enojan porque ellas tienen dinero!".
¡Lo que pasa es que se trata del dinero de todos los contribuyentes...!
La señora ALLENDE.- ¡Pequeña diferencia...!
El señor ESCALONA.- Son rentabilidades que se han hecho sobre la base del traspaso de los pacientes del sector público al sector privado y de imponerles condiciones leoninas, sin ninguna posibilidad de que el Estado cuente con mecanismos regulatorios.
Yo entiendo, señor Presidente: efectivamente, el país necesita un gran acuerdo en materia de salud. Pero un acuerdo para solucionar los problemas, no para profundizarlos.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza el planteamiento sobre inadmisibilidad del proyecto (16 votos en contra, 10 a favor y 2 pareos).
Votaron por la negativa las señoras Allende y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide y Tuma.
Votaron por la afirmativa la señora Von Baer y los señores Coloma, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro y Prokurica.
No votaron, por estar pareados, los señores Espina y Zaldívar (don Andrés).
El señor GIRARDI (Presidente).- Para esta iniciativa se pidió segunda discusión.
En la primera discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
--El proyecto queda para segunda discusión.