MODIFICACIÓN DE SISTEMA PRIVADO DE SALUD

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimados colegas, el año 2011 fue duro para nuestro país, para su gente y, especialmente, para el Gobierno. Además de los problemas de los estudiantes, de la situación en Aysén y Magallanes, se ha enquistado un sentimiento transversal de molestia en miles de chilenos que sienten que el modelo de desarrollo que estamos llevando a cabo se preocupa demasiado del acreedor -llámese banco, financiera, isapre, AFP- y poco, muy poco, del deudor, del afiliado, del ser humano, en definitiva.

Uno de los aspectos en que experimentan esa percepción de un abuso es el de la salud, sin lugar a dudas, especialmente en el caso del sistema privado. En 2002, el Gobierno del Presidente Lagos anunció una reforma, con el objetivo de que la población lograra un mayor y mejor acceso a los tratamientos de enfermedades, de que se redujeran los tiempos de atención, de que se ampliara la red de establecimientos y no existieran impedimentos económicos para que las personas se sometiesen a procedimientos médicos complejos. Estos cambios se materializaron mediante el ingreso de varios proyectos de ley al Congreso Nacional en junio de ese año, siendo discutidos durante 2003, 2004 y 2005.

Hoy, transcurridos siete años, el consenso y avance que significó en ese minuto la reforma a la salud se agotó, tanto por razones jurídicas, como la judicialización en tribunales civiles y el fallo de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, como también políticas.

Las isapres nunca han podido remontar su mala evaluación pública, entre otros motivos por la mantención de la tarificación de precios y la selección de riesgos de su cartera sobre la base del perfil de riesgo individual de sus beneficiarios; el aumento unilateral del valor de los planes de salud por sobre el 10 por ciento, en algunos casos, y las cuantiosas ganancias de un sistema que se ha transformado en la cara visible del abuso para miles de chilenos.

El Gobierno ha mantenido una posición poco clara en la materia. Vamos haciendo memoria. En marzo de 2011 decidió ingresar en la Cámara de Diputados la iniciativa que introduce criterios de razonabilidad y solidaridad en lo que respecta a las tablas de factores y la determinación del precio base de los contratos de salud, más conocida como "proyecto de ley corta de las isapres". Al no contar esta con el consenso mínimo para que la apoyara decididamente, pasó a dormir el sueño de los justos.

Con mis Honorables colegas Pizarro y Ruiz-Esquide manifestamos nuestro respaldo, con reparos, a ese texto.

Luego, en julio de 2011, dio a conocer la creación de una Comisión de Salud, compuesta por ocho expertos, con el objetivo de diseñar la nueva reforma del sistema de salud privado. El grupo tenía como misión la entrega, en un plazo de dos meses, de una propuesta sobre un plan de salud garantizado para todos los afiliados a isapres y un mecanismo de financiamiento a través de un Fondo de Compensación Solidario.

El jueves 6 de octubre recién pasado se presentó el informe respectivo al Gobierno, contemplándose, entre otros puntos, la creación de un Plan Garantizado de Salud (PGS) obligatorio, igual para todos los beneficiarios del sistema de salud privado. A diferencia del modelo actual, debería ser ofrecido por cada isapre a un precio único, independiente del sexo, edad y condición del beneficiario. El PGS define las prestaciones y coberturas mínimas con que se debe contar e incluye las actuales del AUGE y otras de carácter hospitalario. Señala que debe existir un mínimo de un 70 por ciento de bonificación en las prestaciones de hospitalización y de un 50 por ciento para las ambulatorias. Estas son las características básicas del esquema propuesto por la Comisión.

El esquema planteado mantiene la discriminación por sexo y edad para planes de salud complementarios, cuyo financiamiento puede provenir del 7 por ciento de la cotización de salud. En mi opinión, ello se incluye dentro de las prestaciones de seguridad social y, por lo tanto, no debería existir discriminación de ningún tipo.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto e independiente de los proyectos presentados, creo que son varios los aspectos que se deben mejorar para efectuar un cambio profundo en la materia y que permita resolver los graves problemas que deben enfrentar los usuarios de las isapres. A mi juicio, la propuesta del Gobierno no aborda aspectos fundamentales de discriminación en la asignación de los planes de salud por factor de riesgo, los cuales se siguen manteniendo en el caso de los de carácter complementario. Además, tengo dudas respecto de los precios de las prestaciones y los planes de salud.

Otro punto que me parece importante destacar dice relación con el mercado de los prestadores. En mi concepto, este debe ser transparente, con precios conocidos y validados por algún organismo público que permita otorgar certeza a los ciudadanos respecto del costo efectivo de las prestaciones.

Una reforma como la que está presentando el Gobierno y que se encuentra en discusión no soluciona los problemas de salud de nuestra población y que van más allá de la situación de las isapres. Pienso que enfrentamos una dificultad al no abordar el caso de FONASA y de la salud pública. Nuestro modelo exhibe defectos que hoy ya no solo son una cuestión de las isapres, sino también del sistema de salud, en su totalidad, y que requieren modificaciones que estimamos urgentes.

Un aspecto que dice relación con ello es la necesaria transparencia en la tramitación y visación de licencias médicas, el pago oportuno del subsidio por incapacidad laboral y los días de carencia. No voy a extenderme sobre el particular, porque ya lo han hecho los colegas que integran la Comisión de Salud.

En los últimos días nos hemos encontrado con una noticia que suma más fuego a la hoguera y que incide en un descontento generalizado. Diversos medios de prensa informaron que las ganancias de las isapres en 2011 aumentaron en un 33 por ciento, respecto del año 2010, llegando a más de 67 mil millones de pesos, que se reparten en seis grandes conglomerados.

Nota aparte, señor Presidente: las industrias que más utilidades registraron en nuestro país fueron las reguladas.

Cuando se hace referencia a cifras tan abultadas es bueno llevarlas al papel y a ejemplos concretos. Lo obtenido por las isapres en dicho período es equiparable al costo de las obras del nuevo hospital de Puerto Montt, a tres veces la recaudación de la última Teletón o al Puente Bicentenario, que se levantará sobre el río Biobío para reponer la viabilidad destruida por el terremoto.

Ello, sin contar con que esas entidades cuentan con hospitales, clínicas y servicios asociados y que, muchas veces, obligan a sus afiliados a atenderse en ellos, lo que hace aumentar el nivel de las ganancias, de manera que aprenden cada vez más sobre las bondades de la integración vertical.

El margen de utilidades de las aseguradoras se explicaría por el aumento del 8,1 por ciento de los ingresos que logró el sector, producto de los casi 100 mil afiliados nuevos que registra el sistema y que elevó a 2 millones 825 mil 618 la cantidad de beneficiarios. Lo anterior significó un alza de contratos de 5,5 por ciento, frente a 2010.

Otra condicionante que explicaría el incremento sería, aunque cueste creerlo, la baja de 0,5 por ciento en el gasto por licencias médicas, al reducirse de 15,7 por ciento, en 2010, a 15,2, en 2011. La misma disminución se detectó en los gastos de administración y ventas, que cayeron de 12,6 por ciento, en 2010, a 12,1, en 2011.

Las cifras del negocio nos deben llamar a reflexión. Necesitamos contar, a fines de este mes de marzo de 2012, con un marco de referencia claro y transparente para la determinación de los precios de los planes de salud. No podemos permitir que vuelva a ocurrir lo que pasó el año pasado y el anterior, cuando todas las isapres subieron los precios de los planes de salud en un rango de 4,5 a 19,8 por ciento, según informó la Superintendencia del ramo. Que vuelva a ocurrir lo mismo en marzo de 2012 (fecha en que las isapres por ley pueden volver a subir sus planes), nos parece que es una irresponsabilidad no solo del Gobierno, sino también nuestra, como parlamentarios.

Por eso considero clave que legislemos con prontitud en este asunto.

Igualmente, creemos necesario tener una tabla de factores única para todo el sistema de isapres, que, si bien no es la solución de largo plazo, mejorará la posición de las mujeres en edad fértil, de los niños menores de un año y de las personas mayores de 65. ¡No puede ser que actualmente las mujeres en edad fértil -lo digo a pocas horas de que conmemoremos el Día Internacional de la Mujer- y los adultos mayores paguen entre cuatro a cinco veces más que el resto de la población beneficiaria del sistema de isapres sin que nadie haga nada!

La gente nos está exigiendo actuaciones de sentido común. Por eso me parece necesario un cambio sustancial en el sistema de salud chileno, que tenga como objetivo reforzar el sistema público de salud, donde se encuentra la mayoría de nuestra población. No solo deben resolverse los problemas de las isapres; también ha de modernizarse y dignificarse la atención de salud en forma integral, para todos los chilenos y las chilenas, independiente del sistema al que estén afiliados.

Lo anterior podría basarse en lo señalado en la propuesta de mayoría de la Primera Comisión de Salud, la que, en términos generales, establece la creación de un Plan Universal de Seguridad Social en Salud, idéntico para todos, con igual precio y financiamiento solidario, incluyendo aportes fiscales.

Estoy convencida de que debemos avanzar en el fortalecimiento de la salud pública; dotar de más y mejores médicos e instalaciones a nuestros hospitales, principalmente en Regiones, y, por sobre todo, garantizar a nuestros ciudadanos una atención rápida, digna y de calidad.

Me parece que en este tema, tal como en varios otros, debemos empezar a correr las fronteras. Nuestra gente está cada vez más aburrida de seguir manteniendo el empate.