REAJUSTE DE REMUNERACIONES A TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO
El señor GIRARDI (Presidente).- Corresponde, entonces, iniciar la discusión en particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala y otros beneficios que indica, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8067-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
Se da cuenta del oficio de la Cámara de Diputados, sesión 77ª, en 30 de noviembre de 2011.
En segundo trámite, sesión 79ª, en 12 de diciembre de 2011.
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 79ª, en 12 de diciembre de 2011.
Discusión.
Sesión 78ª, en 30 de noviembre de 2011 (se aprueba la insistencia y vuelve a la Cámara de Diputados).
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión particular el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
--(Manifestaciones en tribunas).
Pido a las tribunas guardar silencio.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, alguien debe comenzar el debate, y yo no tengo ningún problema en partir señalando que, una vez más, estamos en una discusión -al igual que todos los años- que, desgraciadamente, en nada permite zanjar o construir una fórmula que haga que nuestros funcionarios públicos tengan una respuesta a sus legítimas demandas de reivindicación, como también referentes a despidos, que obviamente nadie puede compartir. Y, en tal sentido, quiero enviar un mensaje que vaya en la línea de lo constructivo, de lo que hemos venido haciendo presente tanto en el Gobierno anterior como en este.
Si me lo permite la Sala...
Le pido disculpas, señor Presidente, por interrumpirle, pero quisiera llevar adelante mi intervención. Porque con el bullicio que hay cuesta bastante hacerlo.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. Todos los señores Senadores lo están escuchando atentamente.
El señor BIANCHI.- En resumen, señor Presidente, nos hallamos frente a una situación que hemos planteado cada año.
La única manera eficiente de poder evitar los injustos despidos que de vez en cuando tienen lugar dentro del sector público es, en definitiva, mediante un proyecto de ley que presentamos el año 2008 -desafortunadamente, no fue acogido por el Gobierno anterior ni lo ha sido por el actual- para que se creara una Dirección Nacional del Trabajo encargada de defender en justicia a los afectados por los despidos arbitrarios -por ejemplo, los que se han llevado adelante en el último período- dentro del servicio público.
El establecimiento de un organismo de esa índole a nivel nacional y con carácter autónomo nos evitaría tener que presenciar todos los años la situación en comento, que hoy día, por desgracia, no será distinta.
En la misma línea, señor Presidente, hemos señalado con insistencia que los reajustes del sector público deben ser dignos y estar encaminados a la solución de un problema que se repite año tras año.
Asimismo, hemos manifestado que a lo menos cada tres años, junto con los trabajadores del sector público, debiera aplicarse la fórmula que con insistencia les hemos expuesto a los Gobiernos anteriores y al actual a fin de evitar que anualmente tengamos que estar repitiendo el mismo discurso y presenciando la misma asistencia a las tribunas.
Creo que nadie puede compartir el reajuste del 5 por ciento. Pero es un monto acordado, consensuado con una gran mayoría de los trabajadores del sector público.
--(Manifestaciones en tribunas)
Efectivamente, puede...
El señor GIRARDI (Presidente).- Perdón, Su Señoría.
Les pido a los presentes en las tribunas que guarden silencio y respeten las opiniones que expresan los señores Senadores.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, basado en la conducta que he exhibido en todos estos años y en el respeto que me merece lo que cada cual piensa en materia política, tengo libertad para señalar que los distintos gremios de la Región que me honro en representar y los del resto del país nos han pedido que de alguna forma se intente llegar a acuerdos.
Yo no me voy a apartar de una situación convenida por una gran mayoría.
Algunos pueden atreverse; otros, no. Pero hoy día tenemos solo dos opciones: votar a favor o votar en contra. Desgraciadamente, no contamos con más atribuciones que la de pronunciarnos en un sentido u otro.
Además, existen urgencias derivadas de una presión -no la comparto, y se lo he hecho ver el Ejecutivo- por el bono que esperan cientos de miles de trabajadores del sector público.
Puede que para algunos eso no sea importante. Para la gente de Magallanes, que me lo pidió, resulta extremadamente significativo.
Por ello...
--(Manifestaciones en tribunas).
Señor Presidente, yo lamento que todos los años pasemos por igual situación; que debamos pronunciar exactamente los mismos discursos; que no haya en los Gobiernos una actitud que permita llevar adelante un proceso que conduzca a reajustes dignos, mucho más dignos que el que ahora se plantea.
Eso, obviamente, todos lo compartimos.
Pero nos hallamos ante una situación que, incluso, motivó que nadie (¡cosa curiosa...!) quisiera usar de la palabra al comienzo de esta sesión.
Y aquello fue por algo.
Primero, porque existe arriba, en las tribunas, la presión de un legítimo sector de trabajadores públicos que no llegaron a acuerdo.
Pero también está la otra presión: la de aquellos trabajadores con los que sí llegamos a acuerdo.
Señor Presidente, quiero actuar en conciencia y quiero actuar en pro de la dignidad de nuestros trabajadores públicos.
El señor GIRARDI (Presidente).- Hay varios señores Senadores inscritos, pero pidió la palabra el señor Ministro, quien puede hacer uso de ella.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor GIRARDI (Presidente).- Silencio, por favor.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, seré muy breve, porque esta mañana tuve oportunidad de presentar en detalle el proyecto de reajuste para el sector público ante la Comisión de Hacienda del Senado.
Quiero, básicamente, comentar que esta iniciativa llegó acordada -lo manifestó el Senador señor Bianchi- con 11 de los 14 gremios del sector público. Ello, por primera vez desde 2007.
--(Manifestaciones en tribunas).
Eso podrá no gustarles a quienes no llegaron a acuerdo, señor Presidente. Pero es una realidad.
--(Manifestaciones en tribunas).
Se llegó a acuerdo con 11 de los...
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor GIRARDI (Presidente).- Lo reitero por última vez: este debate se va a realizar de todas maneras; y si ustedes no quieren participar, me veré obligado a hacer desalojar las tribunas.
Es la última advertencia. Lo que ocurra será de su responsabilidad.
Puede continuar, señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Decía, señor Presidente, que este proyecto llega con acuerdo de 11 de 14 gremios.
En él se contemplan un reajuste de 5 por ciento en términos nominales y un bono de éxito de negociación, ascendente a 230 mil pesos. Este último llegará a más de 800 mil funcionarios públicos; el reajuste, a sobre 500 mil. Ello, porque algunos trabajadores sí recibirán el bono, mas no el reajuste, pues se rigen por otras leyes.
Aquello es lo central.
Pero aquí se consideran, además, aguinaldo de Navidad; bonos de invierno,...
--(Manifestaciones en tribunas).
... de escolaridad, en fin. O sea, hay una cantidad significativa de beneficios para los trabajadores del sector público.
Desde ese punto de vista, la iniciativa en debate constituye lo que en el actual momento podemos otorgar responsablemente.
Estamos con toda nuestra disposición y preparados, en caso de que la aprobación se concrete, para pagar los bonos correspondientes y hacer efectivo el reajuste.
--(Manifestaciones en tribunas).
En todo caso, señor Presidente, quiero decirle que nos hallamos muy complicados con los tiempos para llegar a fin de mes. Es una realidad. Creemos que todavía podemos hacerlo, pero necesitamos un proyecto aprobado para tener todas las planillas trabajadas con los porcentajes y los ajustes correspondientes.
Debo agregar que hay otros avances y otros aspectos acordados dentro del Protocolo de Acuerdo que se firmó con los trabajadores del sector público, donde figuran una serie de materias. Por ejemplo, la vinculada con las buenas prácticas laborales y...
--(Manifestaciones en tribunas).
Gracias, señor Presidente. No existen las condiciones para exponer.
El señor GIRARDI (Presidente).- Yo les manifiesto por última vez que nuestra opinión, como Mesa, es que ustedes tienen derecho a expresar silenciosamente sus puntos de vista, pero no a intervenir ni a interferir.
La próxima vez voy a hacer desalojar las tribunas.
Es de su responsabilidad. Se han hecho todas las advertencias que corresponden.
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, primero que nada, quiero pedirles a las personas que están en las tribunas que guarden silencio, porque cualquier desorden solo nos perjudica a quienes queremos hacer una defensa de los derechos de ellas mismas.
Les ruego encarecidamente, por ende, que se mantengan calladas.
A los Ministros, cualquiera que sea su posición, les asiste derecho preferente para expresarse en el Congreso Nacional.
Estimados colegas, la mayoría de los Senadores de la Concertación acordamos no votar o votar en contra del proyecto de reajuste para el sector público, posibilitando así que no se obstruya el otorgamiento del aumento respectivo. De esa manera mostramos nuestra preocupación por los despidos y por la forma como se está llevando adelante lo que muchos consideramos una razia de carácter político contra los trabajadores fiscales.
Con la misma franqueza, informo que mi Comité me autorizó para expresar públicamente mi rechazo a esta iniciativa. Y lo hago porque mi conciencia me señala que debo informar al país y que el Gobierno ha de entender que no se puede despedir a cientos y cientos de trabajadores públicos porque sus ideologías no corresponden a las del Gobierno de turno.
Me hago cargo también de dos cosas, señor Presidente.
La primera, que el reajuste nos plantea la posición de Senadores que creen que el no legislar implica un daño para los trabajadores. Es legítima. Pero me hago cargo asimismo de que el Gobierno tiene los votos necesarios para aprobar el proyecto. Y es en esta instancia cuando debo responder en conciencia acerca del mal menor o mínimo.
Voy a votar en contra por las siguientes razones.
1. Todo reajuste concedido al sector público, a mi juicio, debe relacionarse con los demás parámetros económicos del país.
2. En Chile, el 5 por ciento de aumento salarial es inferior a los niveles de ingreso de las grandes empresas, de los bancos, de las isapres, de las financieras, de las organizaciones que trabajan con dinero, del promedio de los sectores más altos; ello significa que el peso de la inflación cae en los trabajadores.
3. Los analistas del propio Gobierno y de las entidades que trabajan para la Alianza han reconocido públicamente que en Chile existe la mayor brecha de diferencia entre los más ricos y los más pobres.
4. Sí, insistiré en decir que es un rasgo de represión al trabajador la situación descrita. Y dejo que las matemáticas nos demuestren cómo es verdad que en nuestro país hay personas que tienen un patrimonio individual de 2 mil 500 millones de dólares, por ejemplo, y que, cuando se compara el rendimiento de esos recursos con el de los de quienes perciben un salario mínimo, la conclusión es que, para llegar a tal nivel, estos necesitarían más de 2 mil años de trabajo, que equivalen a 100 generaciones.
Por eso, señor Presidente, no votaré. Son razones que molestan a mi conciencia. No me hacen sentir ni mejor ni peor que mis demás colegas. Pero respecto a los motivos de Sus Señorías para votar de otra manera no hago juicios de valor: solo realizo lo que mi conciencia me indica.
5. Sin embargo, lo que me molesta aún más es la indiferencia del Gobierno ante todos los datos presentados sobre despidos de trabajadores.
Y destaco los casos más relevantes:
-El de dos funcionarios de la Dirección del Trabajo: Edith Calisaya, con fuero maternal, y Mauricio Morales Jiménez, discapacitado.
-El de don Franklin Liencura, dirigente político y concejal de Los Álamos, despedido no obstante haber estado los últimos dos o tres años en Lista 1.
-El de 23 trabajadores del SERVIU Metropolitano ubicados en Lista 1.
-El de 27 funcionarios de la Dirección del Trabajo situados en Lista 1.
-El de 12 trabajadores del FOSIS de mi Región, 9 de ellos también en Lista 1.
Señor Presidente, le pido reponerme el tiempo que se me descontó.
El señor GIRARDI (Presidente).- Así se hará, señor Senador.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Muchas gracias.
Para conceptualizar esas palabras, me sustento en el viejo silogismo aristotélico.
En la premisa mayor, traigo a colación las palabras pronunciadas el 8 de noviembre de 2009 por el entonces candidato a la Presidencia de la República y hoy Presidente de Chile:
"Y sé también que a muchos les han dicho que, de triunfar nuestra candidatura, los servicios públicos donde laboran serán cerrados, sus plantas disminuidas o ustedes, derechamente despedidos.
"Todo ello es falso y constituye un abuso de poder y una campaña del terror...".
En la premisa menor, pese a los antecedentes de que dispone, el Ejecutivo sigue señalando que no hay despidos.
Conclusión: o el candidato no cumple lo que dijo. o el Gobierno cambia la realidad usando un eufemismo.
¡No quiero un Presidente de la República sin representatividad! ¡No quiero un Presidente de la República encriptado en sus dichos! ¡No quiero que se dañe la imagen presidencial! ¡No quiero que se debilite la figura del Primer Mandatario porque no se cree en lo que dijo!
En nombre de mi pensamiento humanista y cristiano; en nombre de la piedad pública; en nombre de una mayor democracia, debo repetir las palabras del viejo poeta: "Todo debemos hacerlo ahora".
Señor Ministro, usted es una persona de bien. Los dirigentes del Gobierno son hombres y mujeres de bien, a pesar de las bromas presidenciales.
En todo caso, de haber adoptado usted la resolución de no despedir a más gente, mi pronunciamiento habría sido distinto.
No habiendo sido así, seguiré votando que no. Y mañana presentaremos un proyecto de ley que garantice la estabilidad de los trabajadores de la Administración Pública.
En el nombre de los ideales que señalé, voto que no.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, llevamos algunas semanas tramitando en el Congreso este proyecto de ley, al cual preceden varios meses de conversaciones con el Gobierno. Y nos encontramos hoy, de nuevo, frente a un reajuste para 600 mil funcionarios públicos (incluido el personal de las Fuerzas Armadas) que nos parece insuficiente -ya lo señalamos en sesión anterior-, considerando que el crecimiento de la economía, que se espera que alcance a 6 por ciento, no llega a dichos trabajadores.
El Gobierno -lo sabemos- no se ha movido del 5 por ciento, no obstante que la Cámara de Diputados rechazó tal cifra en dos oportunidades.
Por otra parte, lo que resulta más complejo, lamentablemente, es la ocurrencia -ya lo señalaron otros colegas- de un conjunto irritante de despidos.
Estoy recibiendo en este momento un correo electrónico que habla de exoneraciones masivas en Gendarmería, a nivel nacional: auxiliares, administrativos y técnicos. No se trata de jefaturas ni de alta dirección, sino de mandos medios y bajos con buen desempeño, bien evaluados por sus superiores. Se solicitaron las respectivas prórrogas, pero igualmente fueron despedidos. Se trata de personas de 45 años hacia arriba, muchas de ellas con más de 10 años de trabajo, que se van sin un peso.
Eso está ocurriendo en distintas reparticiones públicas -en un mes, a mayor abundamiento, extraordinariamente sensible y significativo para todas las personas-: el término de los contratos de trabajadores que deben irse sin nada en los bolsillos.
Por desgracia, vamos camino, al parecer -yo abrigo esperanzas en el sentido de que no sea así-, a repetir el escenario de 2010, cuando el Ejecutivo no tuvo apertura y trasladó la presión, extraordinariamente fuerte, de dejar sin reajuste al sector público.
He recibido llamados telefónicos. He conversado con los funcionarios públicos. He atendido estos días a diversas personas: a algunas que fueron despedidas dramáticamente y a otras -debo decirlo aquí también porque me lo señalaron- que esperan un reajuste ya que sus sueldos son muy pequeños y cualquier cosa es mejor que nada.
El año anterior hubo un anuncio en cuanto a que se revisarían las desvinculaciones y se regularizarían los contratos a honorarios. Empero, no se quiso suscribir un protocolo de estabilidad laboral.
¿Qué es lo que más le preocupa al sector público? La angustia de, al término del año, quedar sin trabajo por no pensar como el Gobierno. Eso es dramático, tratándose de esta u otra Administración.
Por eso, me parece que la suscripción del protocolo de estabilidad laboral y, adicionalmente, la renovación de un plan de retiro legislado son, al menos -así lo espero-, condiciones que debiéramos tener a la vista antes de culminar la tramitación del proyecto.
Mi Honorable colega Ruiz-Esquide ha mencionado un párrafo de declaraciones del Primer Mandatario, señor Sebastián Piñera. Por mi parte, quiero consignar uno de la carta que este les envió a los funcionarios públicos en enero de 2010. Cito textualmente:
"En primer lugar, en nuestro futuro gobierno todos los funcionarios públicos -ya sean de planta, a contrata u honorarios- serán respetados en sus derechos, dignidad y promovidos en función de sus méritos. Pero no sólo respetaremos su carrera funcionaria. Queremos ir mucho más allá: vamos a mejorar la situación contractual de los funcionarios públicos que realizan labores permanentes y que en más del 50% de los casos lo hacen con contratos precarios que expiran cada año y que los dejan expuestos a los abusos de las autoridades de gobierno.".
Señor Presidente, han existido abusos de funcionarios de Gobierno y, más aún, no se ha mejorado la situación contractual de los trabajadores del sector público.
Lo que pedimos en esta ocasión -reitero- es un protocolo de estabilidad laboral y un plan de retiro legislado.
Y ojalá se piense en un guarismo mejor que el 5 por ciento ofrecido.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, creo que quien intervino por primera vez hoy en la tarde, mi Honorable colega Bianchi, fue el que expresó que la presente discusión ha tenido lugar durante muchos años. En mi caso, es la segunda vez. Hay quienes han participado en ella a lo largo de los quince o veinte años que han integrado la Corporación.
Entendiendo lo que son las legítimas demandas del sector público, lo que son las responsabilidades que puede asumir un Gobierno, que debe administrar las cuentas públicas, me permito mantener una diferencia de fondo con el señor Senador: esta no es la misma discusión de todos los años, como tampoco lo fue la del año pasado.
Es cierto: muchos de los trabajadores del sector público -representados acá junto con los de otros gremios- han estado formulando demandas que no se han satisfecho en su totalidad. Y no hay que esquivar el bulto: o no hubo deseo de hacerlo, o no se pudo, o no se quiso. Me da lo mismo el motivo. Pero es preciso hacerse cargo de que no fue posible lograr un sector público como el que algunos están requiriendo y que no dependa solo de la confianza o del Gobierno de turno.
¡Cuánto se afirmó que era preciso pasar a la planta a los trabajadores a contrata o a honorarios; contemplar una mejor carrera funcionaria; entrar al análisis del Estatuto Administrativo! Y ese debate sí se halla pendiente. ¡Tal vez por eso nos pasaron la cuenta a algunos...!
Pero la discusión no es la misma -repito- de otros años. Porque la de otros años giraba también en torno al guarismo del reajuste, al llamado "bono de término de conflicto" -hoy día denominado, eufemísticamente, "de éxito de negociación"-, al aguinaldo de Fiestas Patrias y al de Navidad, pero ¿y la estabilidad en el empleo? ¿Y la dignidad del trabajador del sector público? ¡Sobre lo que no giró nunca, en dos décadas, fue sobre despidos a fin de año por persecución política! Y esto es distinto. Esto es lo que estamos enfrentando hoy.
Uno escucha al Honorable señor Ruiz-Esquide hacer referencia a lo que ha observado en su circunscripción. Por su parte, el Senador que habla da a conocer lo que ha visto en la Región de Valparaíso: acá está lleno de cuoteo.
Perdón, me corrijo. No lo hay, porque todos pertenecen a un mismo sector. Eso no es cuoteo.
Pero aquí se ha echado gente. En el Consejo de la Cultura despidieron a 120 personas.
Insisto, entonces, en que la discusión no es igual a la de todos los años. Porque, cuando debatíamos acerca de cuánto reajustábamos, cuál era el aguinaldo, a cuánto ascendía el bono, a quién le llegaba, si se otorgaba o no un incentivo al retiro, si existía o no un bono por desempeño en zonas extremas, ello no se encontraba inserto en un cuadro de una Alta Dirección Pública "faenada" por el Gobierno; de un Consejo para la Transparencia del cual se saca a dos personas que hacían bien su pega, pero fiscalizaban al Gobierno. Ese no era el contexto. Y ahora nos hallamos en el marco de una persecución política.
No hay otra explicación. Esa es la verdad del reajuste. Y el Gobierno no hace caso de ello.
Las citas que aquí se han recordado del Presidente de la República las hicimos todos también el año pasado. Algunos incluso las publicamos en el diario "La Estrella", en un inserto, para que quedara claro lo que eran el discurso de un candidato y la realidad. Y la realidad es que se ha echado a personas por razones políticas, por pensar distinto.
El Ministro de Hacienda nos hacía presente hoy día en la Comisión: "Si todos los años se ha despedido. Aquí tengo las estadísticas: 4 mil 300 en 2009 y 4 mil 300 en 2010.".
¿Y por qué razón nadie salió a reclamar a las calles? ¿Por qué nadie realizó huelgas? ¿Por qué no se quejó la ANEF entera de que se perseguía a gente? Porque no es lo mismo. Y lo saben. Si eso es lo peor: que lo saben. Y se escudan sosteniendo: "Tenemos el derecho de poner a quienes son de nuestra confianza". Así es, pero en el nivel 1, en el 2, en el 3.
Entre paréntesis, se aplica una modalidad nueva. Aquí tengo los datos de las cancelaciones de contrato en el Hospital Van Buren. ¿Saben Sus Señorías lo que se hace ahora? De los 37 incluidos en la lista, cesan a 10 y a los otros 27 se les renueva el contrato por tres meses, con el objeto de que no figuren echados en la estadística del año. En el último caso se encuentran personas que llevan doce años trabajando en informática, por ejemplo.
Entonces, basta de vivezas. Lo digo de verdad.
Estos son los antecedentes. Los afectados no quieren hablar en público, desde luego, por encontrarse asustados. No recuerdo que los funcionarios públicos tuvieran susto. Hoy día lo experimentan.
¿Y la renovación solo por tres meses es para que el despido sea cuándo, por lo tanto? A partir de 2012. O sea, ello no entrará en la estadística del año en curso. Y el señor Ministro afirmará el año próximo: "Fueron 4 mil 300".
Repito que se ha perseguido gente. Y esta es la nueva manera de gobernar. Lo lamento.
Me hago cargo de todas las falencias que uno puede haber tenido; pero esta no es la discusión de todos los años. Han sido dos años en que se ha acosado a personas. Eso no había ocurrido nunca.
Gracias.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, estimados colegas, la iniciativa que nos ocupa ya fue tratada en esta Sala. Los Senadores de la Concertación no la votamos, en espera de que pudiera volver a la Cámara de Diputados y de que el Gobierno respondiera, en el entretanto, a las inquietudes, no solo del sector laboral, sino también de los parlamentarios.
La verdad es que los trabajadores tienen todo el derecho de llegar a acuerdo con el Gobierno, con el Ministro de Hacienda, respecto de materias relacionadas con proyectos de reajuste. Y, con todo el respeto que merecen ellos y las organizaciones que se encuentran en ese caso, los parlamentarios tenemos una función que cumplir en cuanto a analizar el texto en debate para resolver si aprobarlo o rechazarlo conforme a su mérito. Pero, como lo expresaron señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, la iniciativa se da en el marco de un debate nacional que tiene que ver con la desestabilización en el empleo por razones políticas.
Nosotros dictamos una ley de exonerados para compensar la persecución de esa índole registrada en el Gobierno militar durante 17 años, pero ello no se puede entender en un régimen democrático. Y precisamente por eso estamos llevando a cabo, en el marco de un reajuste de remuneraciones, un debate sobre la estabilidad en el cargo.
La asignación de zona puede afectar seriamente a los trabajadores en lo relacionado con el reajuste, pero, como no es imponible, también en sus pensiones, en definitiva.
¡Para qué vamos a hacer referencia a estas últimas! Cumplidos los 30 años del nuevo sistema previsional, los funcionarios del sector público tienen hoy día que jubilar y volver a buscar trabajo, porque ellas no están garantizadas.
Tampoco cuentan con un plan de incentivo al retiro.
Y han sido despedidas de la Administración Pública personas a punto de jubilar que se hallaban en una relación a contrata con el Estado.
No se ha demostrado ninguna sensibilidad. El Gobierno ha permanecido impasible ante las razones de justicia que podían mediar, no solo por hallarse los afectados en lista 1, no solo porque exhibían un buen desempeño, sino también por motivos humanitarios.
Se les dijo que apelaran. Pero ese cuento no resulta con esta Administración, en ninguno de los servicios.
Quiero consignar que no voy a votar el proyecto de ley. No puedo pronunciarme acerca de una iniciativa que esquilma, en general, no únicamente al sector público, sino, asimismo, a todos los trabajadores, porque el reajuste que se aprueba acá causa también un efecto en el del sector privado.
Nunca se presenta la ocasión para que el fruto del tan anunciado éxito de la economía, con un crecimiento del 7 por ciento -este año será de un 6,5-, sea recibido por los trabajadores. Si el reajuste tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo y la inflación será cercana al 5 por ciento -se registrará un 3,7-, a lo cual se agrega el crecimiento sobre el 6 por ciento, ¿no se consideran la equidad, la productividad, la injusta distribución del ingreso?
Por lo tanto, señor Presidente, no estoy en condiciones de votar a favor. Aunque algunos trabajadores hayan acordado una fórmula con el Ministro de Hacienda, voy a ejercer mi derecho parlamentario en tal sentido.
He dicho.
--(Aplausos en las tribunas).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, de nuevo, al igual que el año pasado, tenemos que formular nuestras observaciones respecto a la política del Gobierno sobre las remuneraciones del sector público.
A mi juicio, el reajuste no es suficiente, en efecto. Es muy inferior a la capacidad de la economía para responder a un aumento de ingresos en dicho ámbito. De acuerdo con la cifra que se entrega, el reajuste real, teniendo en cuenta un 5 por ciento nominal y descontando la inflación, hoy cercana al 3,7 por ciento -seguramente, va a bordear el 4-, será de uno por ciento. Ello es también nominal, porque no se tienen en cuenta el aumento de la productividad ni los factores de equidad, a diferencia de otros casos.
Sin embargo, por lo que les he escuchado a los dirigentes del sector público que se han acercado a conversar con nosotros, lo anterior no es lo que más les preocupa, si bien quisieran un guarismo mayor. La cuestión fundamental radica en la estabilidad laboral y la dignidad de los funcionarios.
El año pasado dejaron de prestar servicios, por despidos, cerca de 8 mil personas. El Gobierno sostiene que fueron nada más que 4 mil 500. Cualquiera que sea la cifra, el Ministro de Hacienda, aquí presente, asumió un compromiso al respecto y dictó una circular, efectivamente, para que se pudiera efectuar una revisión.
Con motivo de la discusión de este proyecto en la Sala, recibimos recién la información de que ello se habría verificado con relación a algunos casos. De 8 mil o 4 mil 500 personas, según se trate de lo señalado por nosotros o por el Gobierno, se habría repuesto a 200.
Eso no es suficiente. Porque creo que la gran mayoría de la gente desvinculada el año pasado no se halló en esa situación por razones laborales, sino políticas.
En el año en curso, conforme a la información recogida, van más de mil despidos, 120 de ellos en la circunscripción que represento. La medida ha afectado también a trabajadores en lista 1 o 2, de mérito, reconocidos, con varios años de servicio. Sin embargo, no se ha respetado su estabilidad laboral y hoy día se encuentran en la calle.
El sistema de reclamo no existe.
Entonces, ¿qué demandan los funcionarios públicos, con razón? Un trato digno y alguna norma de estabilidad objetiva por la cual se pueda poner término a su contrato.
Lo hacen, además -como se ha dicho muy bien aquí-, por el compromiso que, en la campaña electoral, contrajo respecto al sector el propio Presidente de la República y que, al parecer, olvidó y no está cumpliendo.
Aquí es necesario abordar tres puntos.
El primero es una revisión de los casos señalados. Le solicito al Ministro de Hacienda que ello tenga lugar, en forma seria y responsable, en relación con los mil y tantos despidos que se completarán en estos días, de tal manera que se pueda reponer en sus puestos de trabajo a quienes han cumplido realmente sus funciones, ya que fueron calificados en lista 1 o 2.
Lo anterior no quiere decir que no sea posible poner término a un empleo, pero es preciso indicar la razón para la medida.
En seguida, echo de menos la presencia de la Ministra señora Matthei, quien planteó en varias oportunidades, cuando fue Senadora, la necesidad de requerir un sistema más serio en el trato laboral para el sector público. Ella se refería al sistema de honorarios y de contrata afirmando que era preciso reglamentar la situación.
Por mi parte, le pido al señor Ministro el cumplimiento de las observaciones que formulamos el año pasado, cuando se comprometió a enviar proyectos de ley, no a hacer estudios. La vez pasada nos expresó en la Sala que se habían formado mesas de trabajo. Lo importante es que traiga las iniciativas concretas referentes a la materia.
Y en abril se prometió la remisión de una de ellas para dar estabilidad a los funcionarios públicos tanto a contrata como a honorarios.
Le solicito plantear un sistema de desahucio e indemnización para los trabajadores públicos equivalente al del sector privado, donde se da, en caso de despido, una indemnización por años de servicio, con un límite de 11 meses. ¿Por qué a este último se le otorga un tratamiento determinado y ello no es posible para el otro personal?
Les pido al titular de Hacienda y al Gobierno el envío de un proyecto en tal sentido, que la propia Ministra señora Matthei reclamó en la Sala cuando fue Senadora.
Por último, la tercera cuestión es el incentivo al retiro.
Se han dictado muchas leyes sobre el particular. Y la última respecto a los trabajadores del sector público centralizado fue la N° 20.212 -la de la ANEF-, que rigió hasta julio pasado.
El señor Ministro ha expresado que está estudiando con diversos gremios normas relacionadas con la materia, pero que no ha llegado a acuerdo con la ANEF.
Estimo que es necesario sentarse a trabajar. Me han informado que se quiere rebajar los beneficios del citado cuerpo legal, en cuanto a la indemnización. A mi juicio, el titular de Hacienda tiene que considerar seriamente que si los funcionarios del sector público, de la ANEF, consiguieron un determinado sistema en la materia, no es posible que se les esté ofreciendo menos.
Por otra parte, les recomiendo a los trabajadores que no piensen en jubilar en este momento, ya que, sobre la base de la caída de la rentabilidad de los fondos previsionales, las pensiones serán aún menores que en otra época. Hoy día, un funcionario público de la Salud, del sector centralizado, de alguna municipalidad, jubila con el 30 o 40 por ciento, a lo mejor, del que era su ingreso efectivo.
Por eso, concurren razones de justicia al reclamar, primero, estabilidad y dignidad para la función pública; segundo, un sistema de indemnización en el caso de ponerse término injustificado a un contrato de trabajo en el sector estatal, y, tercero, un incentivo al retiro que permita realmente a quien jubile recibir una pensión más o menos decente para vivir y gozar del fruto de su esfuerzo.
Ese es el motivo, señor Presidente, por el cual creo que el reajuste no es aceptado por la ANEF, aunque sí por otros gremios. Al Senado le queda muy poco para poder mejorarlo. Le corresponde al Gobierno tomar la iniciativa al respecto.
Gracias.
--(Aplausos en las tribunas).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, en la discusión sobre la insistencia en el proyecto de ley en examen, el 30 de noviembre recién pasado, di a conocer la comunicación de un funcionario público despedido después de 17 años de servicios, quien relataba, con angustia, lo que eso significa en lo personal y para su familia, evocando un poema de Bertolt Brecht. La nómina de hoy es mucho más extensa.
Junto con mi Honorable colega Andrés Zaldívar y los Diputados señores Sergio Aguiló, Roberto León, Pablo Lorenzini, Jorge Tarud y Guillermo Ceroni hemos preparado un oficio que le enviaremos al Ministro de Hacienda, para pedirle que nos informe respecto de cinco puntos:
Primero, acerca de los despidos masivos realizados en la Región del Maule.
Segundo, si cada uno de esos funcionarios fueron "desvinculados por ser Operadores Políticos y/o las razones en cada caso particular". Y se adjunta la nómina "en la cual se encuentran los nombres de auxiliares, técnicos y profesionales con desempeños destacados en sus respectivas funciones".
También solicitamos información sobre lo acontecido en la Secretaría Regional Ministerial de Salud, "donde hay 23 funcionarios despedidos bajo el argumento de que no cumplen con el perfil para el cargo que desempeñan, sin embargo" -como señalamos en el oficio- "en los últimos tres años han sido evaluados de manera sobresaliente".
Además, le requerimos antecedentes acerca de lo ocurrido con 18 funcionarios del INDAP, quienes fueron desvinculados aduciéndose -textualmente- "ajustes administrativos", causal inexistente en el Estatuto Administrativo.
Por último, pedimos que se revisen tales resoluciones y que se entregue un informe acerca de las "evaluaciones realizadas" en los últimos tres años sobre el desempeño laboral de cada uno de esos trabajadores.
Señor Presidente, lo dijimos en la sesión anterior y lo reiteramos hoy día: se han llevado a cabo -y se siguen sumando- despidos en la Administración Pública por parte de un Gobierno que prometió respetar la dignidad y los derechos funcionarios.
En las conversaciones con el Ejecutivo, los dirigentes de la ANEF solicitaron que se les garantizaran tres cosas. Tales materias fueron expuestas por quienes me antecedieron en el uso de la palabra.
Una de ellas tiene que ver con la estabilidad en el empleo, que, como hemos visto, no se respetó el año pasado ni lo está siendo en el actual.
Quiero ejemplificar lo anterior no con casos de mi circunscripción, como los que ya relaté, sino con otros acaecidos en la Quinta Región que fueron publicados en los diarios "El Mercurio", de Valparaíso, y "La Estrella". De hecho, nos acompañan en las tribunas funcionarias públicas exoneradas de la Gobernación de Valparaíso. A una de ellas se le notificó formalmente su despido una vez finalizado su fuero maternal. Esta información -para ilustrar a mis colegas- se encuentra en internet desde el 5 de diciembre recién pasado.
La alerta es aún mayor cuando nos enteramos de que se trata del tercer caso durante este año en que a una funcionaria se le avisa que será desvinculada luego de concluir su fuero maternal. Las mujeres despedidas tienen tres hijos cada una y llevaban 5 o 10 años de servicio.
Desgraciadamente, los problemas en la Gobernación de Valparaíso no terminan ahí. Muy por el contrario. Hace unos días hemos conocido un fallo de la justicia laboral, ratificado por la Corte de Apelaciones de la Región, que condena a dicha Gobernación a pagar 5.039.188 pesos por concepto de indemnización a María Rosa Gasca Almendras -también nos acompaña en las tribunas-, producto de su despido injustificado, por no atenerse a las disposiciones del Estatuto Administrativo.
Destaco lo anterior, en consideración a que en el Parlamento discutimos y aprobamos, hace poco, un proyecto de ley sobre extensión del fuero maternal. Y, en verdad, me parece que no podemos decir una cosa y hacer otra diferente.
¡No podemos decir que nos importan las mujeres y sus derechos, que nos importan las madres y los padres de familia trabajadores y hacer otra cosa distinta!
No puede ser, señor Presidente, que en esta negociación los funcionarios y las funcionarias...
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señora Senadora.
La señora RINCÓN.- Solicito un minuto más para terminar, señor Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Hago presente a Sus Señorías que tenemos una limitación de tiempo. La sesión está citada hasta las 19, y antes de esa hora debemos poner en votación el proyecto.
Entonces, hay que ser muy estrictos con el tiempo.
Tiene un minuto más, señora Senadora, para concluir.
La señora RINCÓN.- Gracias.
No puede ser que los funcionarios públicos se hayan visto obligados a pedirle al Gobierno que incorporara a la Ley de Presupuestos una indicación -la planteamos en este Hemiciclo- para llenar el vacío producido por la ley N° 20.545, sobre permiso posnatal parental, cuyos artículos 6º y 7º no les hace aplicable a los funcionarios del Estado el artículo 153 del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006, norma que permite a los trabajadores (madres o padres) que hagan uso de dicho beneficio percibir su remuneración completa, incluidos, obviamente, el aguinaldo y el bono por término de conflicto. O sea, estos, por no ser imponibles, en virtud de la primera ley mencionada, no serán recibidos por los funcionarios públicos que se acojan al permiso posnatal parental.
Señor Presidente, creo que no podemos seguir con un discurso y hacer otra cosa distinta, porque eso nos da mala imagen ante el país.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, se dice que el porcentaje de reajuste es insuficiente. Evidentemente, todos quisiéramos que año tras año, cuando discutimos los respectivos guarismos, estos fueran más altos. Sin embargo, quien hace la propuesta (el Poder Ejecutivo) debe tener presente, sobre todo cuando existen inestabilidades internacionales, que la situación del país amerita, como se ha dicho tantas veces, un gasto público responsable. Esto significa que tanto el reajuste como los otros beneficios se encuentren debidamente financiados.
En mi opinión, el reajuste propuesto no es tan distinto del que se ha otorgado en otros años. En todas las ocasiones anteriores el porcentaje real de reajuste ha fluctuado, aproximadamente, entre 1,2 y 1,3 por ciento.
--(Manifestaciones en tribunas).
Señor Presidente, creo que la seriedad y la responsabilidad que caracterizan al Senado han de evidenciarse con mayor razón cuando quienes nos acompañan en las tribunas usan argumentos o consignas que, naturalmente, responden a sus movimientos gremiales. Y uno no los puede criticar por ellos.
Pero es indudable que siempre debemos tener en cuenta la responsabilidad fiscal. Hemos mantenido inalterable tal principio todos los años.
Dicho eso, quiero manifestar que los Senadores de Renovación Nacional somos partidarios de un incentivo especial al retiro. Y deseamos que las conversaciones que lleva adelante el Gobierno con la ANEF tengan éxito. Entiendo que ha habido acuerdo con seis gremios con relación a dicho incentivo, y con once -entre ellos, ni más ni menos que con la CUT-, respecto del reajuste propuesto.
--(Manifestaciones en tribunas).
Señor Presidente, nosotros somos partidarios de un incentivo especial al retiro.
Sabemos que muchos funcionarios avanzados en edad no se jubilan porque existe, objetivamente, un daño previsional importante. Por lo tanto, el actual incentivo al retiro de que disponen los trabajadores agrupados en la ANEF -es de carácter permanente y corresponde a 9 meses para los varones y a 10 meses para las mujeres- no resulta suficiente, por lo que es preciso establecer uno especial.
Nosotros abogamos por ese incentivo especial y para que se llegue a acuerdo en las conversaciones del Gobierno con la ANEF, así como lo ha habido con otros gremios.
Ello obviamente requiere generosidad de todos los actores involucrados a fin de permitir que nuestros funcionarios públicos -con 35, 40, 45 o 50 años de servicio- puedan retirarse de manera más tranquila y ver cómo se suple, en parte, el daño previsional que lamentablemente han sufrido.
He dicho.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, por desgracia, la presente sesión repite la discusión que ya sostuvimos hace unos diez días.
En aquella ocasión el debate se instaló en torno a los despidos. Desafortunadamente, la situación no se resolvió y se prosiguió con ellos. Y ahora, con la agravante de que la autoridad de Gobierno sabía expresamente lo que ello produce desde los puntos de vista social y político.
Se ha hecho público hoy un documento de la Asociación Gremial de la Dirección del Trabajo. En él se da a conocer que, a los 28 despidos de 2010, se suman 27 durante el presente año, lo que arroja un total de 55 casos en dos años. Este dato desmiente la teoría de la actual Ministra del ramo y ex Senadora, señora Evelyn Matthei, en el sentido de que anteriormente el número de desvinculaciones fue mayor.
El referido documento es sumamente claro: en diez años (del 2000 al 2009) -es decir, durante dos Administraciones sucesivas- los despidos llegaron a 16. En algunos años no hubo; en otros se registraron uno o tres, pero nunca se llegó a la situación que vemos ahora.
Al mismo tiempo, tuvimos conocimiento de que los dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados de Tesorerías de Chile fueron golpeados, esposados, desnudados, vejados por las fuerzas policiales que los detuvieron a expresa solicitud y con la complicidad directa -según manifestaron ellos- del actual Tesorero General de la República. O sea, las dificultades no solo no se han resuelto, sino que se han agravado.
El señor Ministro de Hacienda -lamentablemente, en este instante no se encuentra en la Sala, pero para estos efectos no importa- pudo enterarse de manera directa de los efectos que la golpiza produjo en el Presidente de la mencionada entidad gremial.
Entonces, el Gobierno, desafortunadamente, no quiere asumir la realidad que aquella situación provoca, y abusa de la disposición mostrada por los gremios que firmaron a favor del acuerdo por el reajuste, los cuales nunca imaginaron lo que iba a ocurrir: la ola de despidos, las persecuciones, las golpizas.
Lamento que, al final, la apuesta del Ejecutivo se centre en el hecho de que el movimiento gremial se dividió. Considero que apuntar a la atomización y a la dispersión del interlocutor es una pésima manera de enfrentar los problemas sociales.
Además, se recluye en una premisa muy simple y sencilla: si el Parlamento rechaza el proyecto, no habrá reajuste y una enorme cantidad de trabajadores que necesitan el aumento, aunque sea mínimo, reaccionará en contra no del monto pequeño y ratón propuesto, sino del Congreso.
En consecuencia, en ambos casos constituye una apuesta temeraria esperar que la Oposición simplemente acepte lo que el Ejecutivo quiere imponer.
Esa manera de gobernar, como aquí se señaló, no es la que se les prometió a los empleados públicos en la famosa y ya reiterada carta del entonces candidato Sebastián Piñera.
Sin embargo, más allá de ello, pienso que esta es una pésima forma de enfrentar las dificultades que vendrán el próximo año.
El proyecto contempla un presupuesto de 202 mil millones de pesos para este mes de diciembre. Y la mayor parte de esos dineros corresponde al bono por término de negociación (el bono especial). El resto del presupuesto corresponde a 603 mil millones de pesos. Es decir, la tercera parte de los fondos contemplados se pagará en el presente mes.
¿Por qué ocurre eso, señor Presidente? Porque se hacen reasignaciones, en virtud de que el Presupuesto no se ejecutó completamente. O sea, aquí hay dineros que se les quitó a las Regiones: en obras públicas, en vivienda, en salud, en educación. Parte de estas platas...
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, no sé por qué razón se redujeron las intervenciones de diez a cinco minutos.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Estamos en el debate en particular, señor Senador.
Termine la idea.
El señor ESCALONA.- Decía que una fracción de esas platas corresponde a los 200 mil millones de pesos destinados a infraestructura educacional, de los cuales solo se ejecutó la quinta parte.
En consecuencia, el Ejecutivo -¡lógico!- abulta artificialmente los gastos durante el mes de diciembre, con el objeto de entregar un bono que le permita conseguir el apoyo de una parte de los funcionarios públicos. Sin embargo, apuesta a un reajuste mínimo, ratón, pequeño, enano que no resolverá los problemas que se presentarán el año próximo. Ello, porque el Gobierno es incapaz de generar políticas contracíclicas para enfrentar la recesión internacional.
Lamento mucho que nuestro país tenga un Gobierno tan ciego y sin capacidad para advertir los desafíos del futuro.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Hago presente que tenemos una dificultad reglamentaria, para cuya solución la Mesa necesita recabar el asentimiento de la Sala.
Formalmente, quedan dos minutos para el término del Orden del Día, y el proyecto presenta indicaciones. Por tanto, si no acordamos una forma de proceder, la iniciativa no podrá ser despachada hoy día.
El señor NAVARRO.- ¿Puede repetirlo, señor Presidente?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Reglamentariamente, la sesión está llegando a su término. Se podría abrir la votación, pero son dos las indicaciones formuladas.
He ahí el primer problema que enfrentamos.
El segundo es que, como el señor Ministro de Hacienda ha pedido hacer uso de la palabra, se requiere el acuerdo unánime de la Sala para que intervenga una vez abierta la votación.
¿Habría acuerdo en otorgar tal autorización desde ya?
Acordado.
--(Manifestaciones en tribunas).
En segundo término, para los efectos de cómo proceder a las votaciones, cabe tener presente que los Senadores señores Muñoz Aburto y Escalona han presentado dos indicaciones, cuyo contenido me da la impresión de que no es controvertido por cuanto tiene que ver con derechos de información.
Si les parece, se les dará lectura y las votaremos en primer lugar sin fundamentación de voto.
Posteriormente, se abrirá la votación respecto de las normas restantes, oportunidad en la cual los Senadores que se hallan inscritos podrán hacer uso de la palabra por el tiempo reglamentario.
¿Habría acuerdo para proceder de la manera descrita y para prorrogar el término de la sesión hasta despachar el proyecto?
--Así se acuerda.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario para leer las indicaciones.
El señor LARRAÍN.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Disculpe, señor Secretario.
Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, respecto de lo que usted ha señalado en cuanto al orden de las votaciones, cabe recordar que nos encontramos en la discusión particular del proyecto, pese a que aquí se ha producido nuevamente un debate en general. La idea de legislar ya fue aprobada en el Senado a propósito del trámite habilitante.
Por ello, corresponde votar las indicaciones de acuerdo a su orden de presentación. Pero también hay que votar sin debate las enmiendas acordadas por unanimidad en la Comisión, salvo que algún colega pida votación separada, y luego, pronunciarse respecto de las modificaciones que fueron acordados por mayoría.
Le pido que procedamos de esa manera, porque, de lo contrario, se producirá una discusión muy interesante pero exactamente igual a la que sostuvimos hace unos diez días.
Por lo tanto, tenemos que tomar decisiones respecto de las indicaciones que se han presentado y de las enmiendas aprobadas en la Comisión.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Gracias, señor Senador.
La Mesa es la encargada de dirigir la sesión y ella decidirá cómo se ponen en votación los puntos que correspondan.
Tiene la palabra el señor Secretario para leer las indicaciones...
El señor LARRAÍN.- ¡Pero cómo! ¡Usted tiene que oír a los Senadores, pues, Presidente!
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Entiendo su posición, señor Senador. Pero le pido que deje a la Mesa hacer su trabajo.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor LARRAÍN.- ¡Por favor!
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se han formulado dos indicaciones, suscritas por los Honorables señores Muñoz Aburto y Escalona.
La primera propone agregar, en el artículo 1º del proyecto, los incisos cuarto y quinto, del siguiente tenor:
"El Ministerio de Educación deberá informar durante el mes de marzo de cada año, a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado, acerca de la aplicación del reajuste de remuneraciones y demás prestaciones, tales como bonos y aguinaldos, a los trabajadores de los establecimientos particulares subvencionados y de otras instituciones colaboradoras del Estado que reciben aportes de éste, vinculados con la presente ley. Al respecto deberá singularizarse la información respecto de cada trabajador y los montos respectivos.
"Del mismo modo, el Ministerio de Hacienda entregará similar información respecto de los trabajadores de las entidades colaboradoras del Estado que reciban aportes de éste para el cumplimiento de la presente ley.".
La segunda indicación es para intercalar el siguiente nuevo artículo 31 al proyecto, pasando el actual artículo 31 a ser 32:
"Artículo 31.- Los sostenedores de establecimientos particulares de enseñanza subvencionada por el Estado, conforme al decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, y de los establecimientos de educación técnica profesional traspasado en administración de acuerdo al decreto ley 3166, de 1980, deberán informar al Ministerio de Educación, antes del 28 de febrero del 2012, la nómina y monto de los aguinaldos, bonos y reajustes de remuneraciones que reciban cada uno de los trabajadores del respectivo establecimiento. El Ministerio de Educación deberá enviar esta información a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado, antes del 30 de marzo del 2012, según lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto del artículo 1°.".
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, solicito que, si es posible, se nos haga llegar una copia de tales indicaciones. Porque, de la lectura del señor Secretario, me parece entender que se está solicitando al Ministerio de Hacienda una información que no puede comprometerse a entregar -ya que no la tiene- relativa a los colegios particulares subvencionados.
Una cosa es que dicha Cartera la requiera, pero otra distinta es que la vaya a obtener. Y a juicio mío, al menos, las dificultades para conseguir antecedentes sobre las remuneraciones en la Universidad de Chile testimonian lo difícil que es acceder a datos de este tipo.
Por lo tanto, lo que se puede pedir es que el Ministerio solicite la información, pero no podemos comprometernos a entregarla.
El señor LAGOS.- ¡Pero son recursos públicos!
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Eso ya lo comenté en su oportunidad, porque esta misma indicación fue presentada en la Cámara de Diputados a la cartera del Ministro señor Bulnes.
No es posible comprometernos a entregar esta información. Lo que podemos hacer es solicitarla. Se trata de una gran cantidad de entidades. Simplemente basta citar lo que ocurrió en la Universidad de Chile, donde la petición de datos del Consejo para la Transparencia ha originado una controversia que se encuentra en los tribunales.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Señor Ministro, a lo imposible nadie está obligado. Eso, como criterio general.
¿La indicación llegó a sus manos?
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Sí.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Entonces, si los sostenedores no entregan los antecedentes requeridos, esa será la información que harán llegar el Ministerio de Educación y, a través de él, el de Hacienda. Pero se establece la obligación.
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, a través de las indicaciones solo se solicita informar a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado acerca de los aportes que el Estado entrega a los establecimientos educacionales subvencionados y a las entidades colaboradoras, para ver si esos recursos son usados efectivamente para reajustes, bonos o aguinaldos.
Si tal tipo de información no la pueden obtener el Ministerio de Hacienda o el de Educación, se lo darán a conocer a las Comisiones respectivas del Senado o de la Cámara de Diputados. Y ahí veremos qué hacer. Pero, parece inaudito que no se pueda saber realmente cuál es el destino que se da a recursos públicos que son entregados a esas entidades.
Hemos presentado las indicaciones, porque tenemos la presunción de que los aportes que se envían a los establecimientos particulares subvencionados, entre otros, no se ven reflejados en aumentos de remuneraciones o de bonos para quienes se desempeñan en ellos.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, solo quiero expresar mi preocupación por las declaraciones del señor Ministro de Hacienda, porque -bien lo ha dicho el Senador señor Muñoz Aburto- esta información es tremendamente relevante.
Puedo citar el caso de una escuela particular subvencionada de mi Región. Allí hay una huelga legal de los profesores, quienes están pidiendo, entre otras cosas, dos días administrativos, uno por semestre -los profesores de escuelas públicas tienen seis al año-, y un reajuste en base al IPC. Y ni siquiera esto último se los ha concedido el sostenedor.
Recuerdo al señor Ministro de Hacienda que estamos hablando de recursos públicos a esos colegios.
Entonces, ambas indicaciones me parecen absolutamente obvias. Si no es el Ministerio de Hacienda, o el de Educación, el que puede recabar esta información, entonces no imagino qué organismo puede hacerlo.
En mi opinión, debemos aprobar las indicaciones, ya que son importantes.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Después de que intervenga el señor Ministro, se tomará la votación, para dar cumplimiento a lo acordado.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, es importante hacer constar que nosotros no tenemos inconveniente en entregar la información de que disponemos. Pero quiero puntualizar que la que se está pidiendo en las indicaciones no se halla a nuestro alcance.
Dice aquí: "El Ministerio de Educación deberá informar durante el mes de marzo de cada año, a las Comisiones de Hacienda (...) acerca de la aplicación del reajuste de remuneraciones y demás prestaciones, tales como bonos y aguinaldos, a los trabajadores de los establecimientos particulares subvencionados".
O sea, reajustes, bonos y aguinaldos respecto de cada trabajador y los montos respectivos. Esta es una información que el Ministerio de Educación no puede comprometerse a entregar.
--(Manifestaciones en tribunas).
Los colegios particulares subvencionados son los que no la entregan.
Y este no es un problema nuestro.
Hay que aclarar algo: el bono de término o éxito de negociación, como se quiera llamar, les llega a los funcionarios de los colegios particulares subvencionados, pero las remuneraciones y el reajuste de ellas se pacta en cada una de estas entidades en forma libre.
Por lo tanto, independiente de lo que se solicite, no podemos hacer ciertas cosas.
Me sorprende que no se tome el caso de la Universidad de Chile, que ha sido de público conocimiento. Eso no está en discusión, y no se ha reconocido acá.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación las indicaciones.
Los que estén de acuerdo con ellas, votarán sí; los que estén en contra, no.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueban las indicaciones (15 votos contra 12, una abstención y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Escalona, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte.
Se abstuvo el señor García.
No votó, por estar pareada, la señora Pérez (doña Lily).
--(Aplausos en tribunas).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Las otras votaciones, se harán en un solo acto.
Si le parece a la Sala, se va a abrir la votación. Se respetará el tiempo de uso de la palabra a los señores Senadores inscritos, que era lo que habíamos conversado anteriormente.
El señor COLOMA.- ¿Una sola votación?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Sí, señor Senador; en ella nos pronunciaremos sobre el resto del articulado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Antes de conceder la palabra al Senador señor Gómez, quiero clarificar lo siguiente.
En términos reglamentarios, la presente es una discusión en particular debido al procedimiento de la insistencia. La aprobación de la solicitud del Presidente de la República por parte del Senado la semana antes pasada, de acuerdo con la Constitución, se estima como aprobación en general del proyecto. Y, por ende, en este segundo trámite, en forma excepcional, corresponde pronunciarse en particular, lo que se llevará a cabo en un solo acto.
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, si uno pudiera reproducir lo que se discutió el año anterior, se daría cuenta de que siempre se realiza el mismo debate.
El Gobierno, en el año 2010 hizo varios compromisos en el Senado. No los cumplió, fundamentalmente respecto de algo que nos preocupa a todos y que no se relaciona con el reajuste, sino con personas, con seres humanos, con familias cuyos jefes han sido despedidos de sus trabajos por razones políticas.
¡Eso hay que decirlo con todas sus letras!
El punto no es que se pretenda cambiar al personal de confianza -¡no!-, sino que la situación afecta a funcionarios que, pese a que por años se han desempeñado en distintos Ministerios -en la Administración Pública- de la noche a la mañana se decide despedirlos. ¡Eso es completamente inhumano! ¡Ya no se trata de cifras más o de cifras menos, sino de personas!
En la Región de Antofagasta varios servidores públicos fueron despedidos, entre ellos Johanna Núñez, a quien hace pocas horas la notificaron de esa decisión.
La forma en que las personas están siendo tratadas en este Gobierno es realmente inaceptable. Y eso es algo que se debe decir con todas sus letras, porque aquí no vamos a discutir sobre el reajuste, pues, debido al mecanismo existente, el Gobierno tiene la fuerza suficiente -así lo demostró el año pasado- para hacer lo que quiera. Pero no podemos aceptar que no haya posibilidad, desde el punto de vista humano, de atender, de revisar, de considerar el futuro de aquellos que hoy día están siendo despedidos de su trabajo.
¡Me parece que eso, señor Presidente, es lo más relevante que se puede destacar!
Ojalá que, de una vez por todas, se cumpla lo que se promete. Sobre la materia hay compromisos del Presidente de la República incumplidos. ¡Y los Ministros llegan a este Hemiciclo y no dicen una sola palabra acerca de lo que el Primer Mandatario manifestó como candidato a todos los funcionarios de la Administración Pública! ¡Eso no se cumple! ¡Y da exactamente lo mismo!
Nos hablan de cifras y nombran determinadas cosas. No obstante, no hay respeto por el trabajo ni por los funcionarios de la Administración Pública, lo que, a mi juicio, es inaceptable.
La Ministra del Trabajo, el día anterior a la discusión de este proyecto, emitió una expresión. No la recuerdo exactamente, pero nos miraba como queriendo decirnos: "Ustedes, que fueron Ministros, no hicieron nada".
Hemos reiterado en varias oportunidades lo que ahora volveré a repetir: ¡En los Gobiernos de la Concertación, debimos haber solucionado el problema! No lo realizamos, y hoy día se están pagando las consecuencias.
Sin embargo, no hay duda de que lo mismo que se argumenta en esta oportunidad se hizo ver muchas veces en esta Sala: la precariedad laboral en el sistema público y lo difícil que era aceptar que hubiera cargos a honorarios y a contrata año a año. ¡Y ahora que son Gobierno no hay un planteamiento serio como para hacer los cambios que el país necesita!
Ese es el punto central. Porque el próximo año de nuevo vamos a tener en las tribunas a los funcionarios. Se presentará la misma dificultad con el guarismo del reajuste y no habrá una propuesta seria.
Eso es lo que debería hacer el Gobierno para que la Administración Pública cuente con buenas remuneraciones, con capacitación y para que, en definitiva, se la convierta en lo que el país espera del Estado: que sea eficiente, que tenga la capacidad de vigilancia y de protección hacia los ciudadanos. Para eso se requiere seguridad en el trabajo, con sueldos y funciones adecuados a los requerimientos.
No obstante, año a año seguiremos discutiendo el mismo asunto y vamos a escuchar al Ministro de Hacienda, igual que hoy, haciendo una diferencia entre 4 mil 500 y 4 mil 200 pesos, pero sin hablar de las familias, que es lo que importa.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Pido respeto a la gente en las tribunas para poder escuchar la exposición del Senador señor Gómez.
--(Manifestaciones en tribunas).
Puede continuar, Su Señoría.
El señor GÓMEZ.- Lo que estamos haciendo -por eso, a veces, hay indignación al oír los discursos-, es un emplazamiento directo al señor Ministro para que cumpla su palabra en lo que dice relación a los despidos tanto del año pasado como de este, y a que las cifras que entregue sean las correctas.
Algunos señores Senadores citaron a quienes fueron despedidos en sus respectivas Regiones. Las razones esgrimidas para ello son solo de carácter político. Tales funcionarios habían sido calificados en lista de excelencia. Sin embargo, fueron eliminados de sus cargos.
Por eso, lo que han pedido la ANEF y los servidores públicos es estabilidad en el empleo, lo que también solicitamos nosotros.
Lo del reajuste va a pasar de largo. ¡Pero no la gente que se quedó sin trabajo! Por lo tanto, es indispensable que dé respuestas correctas, exactas y verdaderas el Gobierno.
En esta Sala se encuentra presente el señor Ministro de Hacienda, y esperamos de verdad que nos responda como corresponde y no con cifras más o cifras menos; que nos diga exactamente por qué esos funcionarios fueron despedidos, y que demuestre con claridad si obtuvieron malas calificaciones, lo cual no es así, por toda la información de que disponemos.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Solicito nuevamente a las tribunas que faciliten el trabajo.
--(Manifestaciones en tribunas).
La Mesa debe garantizar a todos los señores Senadores el derecho a hacer uso de la palabra en un marco de respeto. Es lo que establece el Reglamento. Y no tendré reparos -así lo hablé con el Presidente de su Asociación- en aplicarlo.
En consecuencia, demando cooperación a los que hacen manifestaciones, que no es el caso de la mayoría.
Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, aunque esta sesión se parece a otras anteriores, es distinta y mejor, porque, en el caso de Chiloé, ahora habrá bonificaciones que nunca antes tuvo. Ellas se establecen en el marco de un período de años y se especifican particularmente en el artículo 27 del proyecto.
Además, el reajuste es diferente y superior al que tuvimos el año pasado, en términos reales y nominales. Porque, si se considera la inflación anterior, se producirá un incremento real de las remuneraciones de 1,3 por ciento; y si se toma como referente la inflación futura -que se estima llegará a 2,7 por ciento-, el aumento real para este año será de 2,3 y no de 1,3 por ciento, cifra notablemente más elevada que las observadas en los últimos 20 años.
Dudo de que en este momento haya en el mundo muchos países que estén condiciones de entregar un incremento de remuneraciones como el que se está otorgando ahora en Chile.
Me gustaría que el beneficio fuera mucho mayor. Pero estas son las condiciones en que nos encontramos hoy día. Y creo que el reajuste no es malo.
--(Manifestaciones en tribunas).
Por lo demás, señor Presidente, se trata de un porcentaje que es consecuencia de un acuerdo.
Cabe señalar que en la aprobación del reajuste es preciso tener en consideración el crecimiento económico del país. Pero este no se suma a la inflación. Como lo he señalado en otras oportunidades, el sistema es comparable a una mesa. No es que una pata de ella se ponga arriba de otra, sino al lado, para dar estabilidad a la superficie.
Y aquí he advertido algunos errores conceptuales que, aparentemente, han cometido otros países, con las consecuencias que se están observando en ellos.
Después, es muy importante la productividad.
Nosotros tenemos aumento de la productividad, alza en el crecimiento económico y un cierto incremento decreciente en la inflación. Por eso que un reajuste de 5 por ciento (el Gobierno originalmente había planteado uno de 4,5) me parece bien.
Luego, hay que considerar la recaudación tributaria: cuántos recursos ingresan y si con ellos es posible pagar o no este nuevo gasto.
Asimismo, se debe tener en cuenta el aumento o disminución de la demanda interna; si ella resulta compatible o no. Si el incremento de las remuneraciones es muy bajo, vamos a afectar nuestra demanda interna. En mi opinión, es apropiado.
Otro elemento importante son las proyecciones de la demanda externa, las que, de acuerdo a lo que está ocurriendo, podrían complicarse.
También hay que analizar, en forma general, las perspectivas, no solamente los datos. Y las perspectivas internas son razonablemente buenas, aunque las externas se vislumbran relativamente preocupantes.
En estos últimos meses se han creado en Chile 580 mil empleos nuevos y las remuneraciones reales siguen incrementándose en forma permanente.
Además, señor Presidente, el reajuste contempla otros beneficios.
Fuera del bono por fin de negociación, tenemos aporte a servicios de bienestar; aporte a las instituciones de educación superior (3 mil 214 millones de pesos); aguinaldo de Navidad; aguinaldo de Fiestas Patrias; bono de escolaridad; bonificación adicional al bono de escolaridad; bono de invierno; aguinaldo de Fiestas Patrias al sector pasivo; aguinaldo de Navidad para pensionados; bonificación extraordinaria para enfermeras, matronas y otros profesionales de los centros de salud; bonificación especial para profesionales y técnicos del Instituto de Salud Pública, y reajustabilidad de la bonificación de zonas extremas para el personal asistente de la educación, cuestión que tantas veces planteamos.
Esta discusión se parece a otras, pero, a mi juicio, es considerablemente mejor si atendemos a los aspectos en los que ella se desenvuelve.
Gracias.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- A la señora que está en las galerías -porque ya no son tribunas- le pido que se tranquilice.
Me van a perdonar, pero aquí les hemos dicho en forma insistente que debe darse un espacio al respeto. Tal como algunos creemos en la importancia del respeto a los funcionarios públicos...
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Esta es la última advertencia que hago.
Les pido disculpas a los dirigentes, y vamos a partir por ese sector.
Se los digo con mucho respeto: yo tengo que garantizar el orden.
A la próxima interrupción voy a pedir el desalojo.
Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en la discusión habilitante de este proyecto denuncié un fenómeno -el Ministro se ríe-, no sé si de "larrainismo", una especie de macarthismo al interior del Ministerio de Hacienda, del Gobierno. Y eso se explica por este estilo donde a quienes no piensan como la autoridad se los mira como verdaderos adversarios, como auténticos enemigos. Esta es, con mucha claridad, la lógica del enemigo interno. Y eso se explica, además -lo dijimos en aquella ocasión-, por el famoso instructivo que elaboró el Ministerio de Hacienda, mediante el cual se pedía a los funcionarios que vigilaran a quienes se ausentaban por distintas razones (incluso a quienes iban a tomar café o acudían al baño) cuando había paro.
A mi juicio, esa función de delatar a los compañeros no guarda relación con un Gobierno y con un Ministerio de estas características en un sistema democrático.
Este escuálido 5 por ciento de reajuste, unido a los despidos -a los cuales ya se han referido varios señores Senadores-, será la antesala de lo que ocurrirá el 2012 con los futuros conflictos sociales.
¡Para qué buscar explicaciones! ¡Está claro! El problema estudiantil y situaciones como esta van a generar ruido, conflictos sociales de gran envergadura. No hay que contratar a expertos ni a empresas que elaboran encuestas para darse cuenta de lo que viene.
Lo anterior devela que el Gobierno asumió la discusión del reajuste con al menos tres deficiencias.
Primero, no sé si fue un mandato de la Ministra del Trabajo, pero claramente hubo una estrategia de parte importante del Gobierno para dividir al movimiento social, al movimiento sindical. Eso lo han dicho acá el propio Ministro y varios actores más.
Yo creo que lo lograron, por cierto, a costa de dejar instalada la imagen de un Gobierno que más bien parece un directorio rompehuelgas, lo que, en mi opinión, resulta muy complejo para un debate de esta magnitud.
A eso agreguémosle el cambio que ha habido en la mirada de las estadísticas (de la inflación del año anterior, en fin), en uno de una serie de intentos por diferenciarse de Administraciones anteriores.
En segundo término, no ha habido diálogo con la ANEF, que es el principal organismo que representa a los trabajadores fiscales. Aquí, claramente, se ninguneó a muchas organizaciones y hasta última hora se sigue despidiendo gente. Es evidente que no se escuchó.
Y, en tercer lugar, se plantea un reajuste que no da cuenta del tremendo esfuerzo que hacen los servidores públicos a lo largo de todo el país. Sin ir más lejos, a propósito del terremoto -yo represento a la Región de La Araucanía-, he visto el gran empeño que ponen muchísimos funcionarios por cumplir cabalmente su importante función.
Sin embargo, eso no se ha tenido en cuenta acá.
Uno puede entender el intento del Gobierno en orden a llenar numerosas plazas hasta el primer año -como sostuvo el Senador Lagos Weber: primer nivel, segundo nivel, tercer nivel-, pero, claramente, esto es un ensañamiento. Aquí no hay respeto alguno por los trabajadores y esto demuestra, finalmente, que no existe una política laboral, que incluya los aspectos remuneracionales, pero que también contemple incentivos al retiro, estabilidad laboral, carrera funcionaria.
Nada de eso se ha respetado, señor Presidente.
Un señor Senador señaló recién que el efecto que esta discusión produce en el reajuste del sector privado es muy importante. Y, efectivamente, es así. Por eso que uno, haciendo un poquito de historia, podría decir que si al ingreso mínimo de 1990 le aplicásemos solo la inflación acumulada, desde marzo de ese año hasta el día de hoy, nos arrojaría un monto -escúchenme bien- de 66 mil 624 pesos.
Ahora, si efectuáramos la misma operación con el ingreso aumentado a 26 mil pesos -lo que se hizo por ley, justamente el año 90-, nos arrojaría una cifra de 93 mil 966 pesos. O sea, este sería el actual sueldo mínimo si solo se hubiera aplicado el IPC.
Hoy, como todos sabemos, el salario mínimo es de 182 mil pesos, es decir, más del doble del que habría resultado aplicando exclusivamente el IPC.
Por lo tanto, la necesidad de aumentar tanto el ingreso mínimo como el reajuste del sector público -desde luego, por sobre la inflación- es muy clara. Las dos cosas van de la mano. Se trata de un asunto que no resiste mayor análisis, pues las cifras hablan por sí solas.
Yo no me caracterizo mucho por andar defendiendo la obra de los últimos 20 años, pero al actual Gobierno le gusta bastante compararse.
Entonces, seamos claros: el aumento real, tanto del ingreso mínimo como de las remuneraciones del sector público, fue, en ese período, superior al 3 por ciento en promedio. Y como a este Gobierno le gusta compararse siempre con el anterior, yo le pido que se compare consigo mismo. El incremento real del año pasado, el primer reajuste del Presidente Piñera, fue de 2,2 por ciento, en tanto que el de hoy, sin considerar la situación de la inflación, es de apenas un 1,2 por ciento.
Finalmente, señor Presidente,..
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se agotó su tiempo, señor Senador.
El señor QUINTANA.- Le pido que me dé el minuto extra que se les ha concedido a otros colegas.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Hago presente que estamos en votación y que no se otorgarán lapsos adicionales.
En el caso del Senador señor Quintana, se permitirá que concluya su intervención, únicamente por la interrupción inicial que sufrió.
El señor QUINTANA.- Simplemente, señor Presidente, quiero decir cómo voy a votar, sin perjuicio de destacar, en forma breve, un tema de legalidad.
El artículo 38 del decreto supremo 1.825, del Ministerio del Interior, que reglamenta las calificaciones del personal afecto al Estatuto Administrativo, señala que la calificación del personal a contrata deberá ser considerada como uno de los antecedentes para resolver sobre la prórroga del respectivo empleo. Pues bien, los más de 1.300 despidos que se han producido en los últimos 30 días serían ilegales, ya que el 99 por ciento de los funcionarios desafectados están calificados en Lista 1, de Mérito.
Por todo lo anterior, señor Presidente, no voy a votar.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, en verdad, el tema de fondo, el que más nos incomoda, es el relativo a los despidos injustificados, arbitrarios.
Más allá del guarismo, acá hay personas y familias que han perdido el empleo, que han sido desvinculadas o a las que no se les ha renovado el contrato de manera absolutamente abusiva, injusta y arbitraria.
En la Región de Aysén, que tengo el honor de representar, existen 19 casos de no renovaciones o desvinculaciones por razones claramente políticas.
Y esta no es una discusión sobre cifras, sino sobre personas, sobre familias.
Estoy hablando de Juan Fuentes, Lorena Sosa, Katia Andrade, Juan Galindo, Luis Gallardo, Héctor Aguilera, Karen Zúñiga, Ingrid Navarrete, Fabián Zúñiga, David Alonso, Pamela Gallardo, Ariel Elgueta, Carolina Leiva, entre otros afectados.
Incluso, en Puerto Aysén se desvinculó a dos dirigentes de la ANEF.
Hay casos que conllevan un dolor humano tremendo, como el de Ariel Elgueta, funcionario de Bienes Nacionales de Coyhaique, quien vive una situación de salud complicada, delicada, y que estaba a un año de jubilar.
Se han utilizado resquicios mediante los cuales a las personas se les dice "Usted va a estar hasta marzo", para no señalarles, en el fondo, que las van a desvincular ahora.
Estoy hablando de casos con nombre y apellido, como el de Pedro Araya, ingeniero agrónomo del SAG, bien calificado, a quien se le comunicó que solo seguiría hasta marzo.
También hay gente que logró estudiar con un gran esfuerzo de su familia, como Pamela Aguilar, ingeniera civil informática de la Universidad Austral, jefa de departamento, con gran desempeño y máximas calificaciones, a la que se le avisó que no continuaría el próximo año. Sus parientes y los dirigentes de la ANEF de Chile Chico me hicieron presente su situación el día sábado. Reitero: con nota máxima, bien evaluada, en fin. No se entiende.
La semana antepasada reclamamos por estos despidos. Debo reconocer que uno fue reevaluado -y me alegro-: el de Ricardo Ibarra, funcionario del IPS de Chile Chico.
Ojalá ocurriera lo mismo con los otros. Lo digo por una razón ética, de meritocracia, pues estas personas no merecen ser desvinculadas por motivos ajenos a su desempeño.
Pero también -me lo han solicitado los dirigentes de la ANEF pertenecientes a la mesa del sector público de Aysén- es el momento de reiterar al Gobierno la petición de que se cumpla el compromiso del Presidente Piñera en cuanto a nivelar la asignación de zona.
En las regiones extremas existen trabajadores de primera y de segunda categoría. A los primeros dicha asignación se les calcula sobre los ingresos totales; a los segundos, sobre el ingreso base, en circunstancias de que todos enfrentan el mismo costo de vida.
El objetivo, el anhelo, la petición es que sea imponible. Mucha gente, cuando jubila, se va de Aysén, de los lugares apartados donde viven, porque el costo de la vida allí es demasiado alto. Por eso, la asignación de zona debe ser imponible.
Sin embargo, mientras se resuelven los problemas de fondo, al menos pedimos:
Primero, estabilidad en el empleo. Esto significa renovación automática, previa evaluación del desempeño.
Segundo, mejoramiento de las condiciones de retiro para los trabajadores del Estado.
Y tercero, establecer, como dije, la imponibilidad de la asignación de zona.
Señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, le quiero solicitar que se realice una reevaluación de los casos mencionados y que después se nos informe a los parlamentarios. Porque es una vergüenza que a estas personas se las despida por razones políticas.
Durante la última campaña, el ahora Presidente Piñera envió una carta a los funcionarios públicos en la que se comprometía ante la ANEF a que no se despediría a nadie por consideraciones distintas a las de su desempeño laboral; a que no habría represalias; a que no se producirían despidos por motivos políticos.
Acá no hay un tema político, sino uno ético: el respeto a la estabilidad laboral, a la dignidad funcionaria.
Por eso, pido formalmente al señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente- que las desvinculaciones a que me referí, más las otras que se han señalado, sean reevaluadas y que el Gobierno pueda resarcir, evitar el perjuicio que se está ocasionando a familias, a profesionales, a funcionarios, a administrativos de buen desempeño, con máximas calificaciones, que están siendo despedidos injustamente por razones políticas.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, estoy seguro de que si hubiéramos analizado con tiempo este proyecto podríamos haber hecho lo que muchas veces hacemos: dialogar, discutir, conversar.
Pero, una vez más, ocurrió lo contrario. Esta iniciativa ingresó a tramitación el 29 de noviembre (no es, por tanto, responsabilidad nuestra), y al día siguiente, apurados, votamos la habilitación porque, de lo contrario, no habría reajuste, considerando que la siguiente era semana regional.
Y ahora el Ministro nos dice que, si no aprobamos hoy o mañana el proyecto, no habrá reajuste ni bono de Navidad antes de fin de año.
Esta situación se repite permanentemente.
Por ejemplo, mañana y el miércoles tenemos que discutir el proyecto que modifica el plazo para el reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transportes de carga, que ya venció el 30 de noviembre.
Y lo mismo sucede con varias otras iniciativas, que siempre terminamos analizando a última hora, sin debate, y en las cuales se debe votar "sí" o "sí" porque, de lo contrario, habría una catástrofe.
Se ha hablado de despidos, de incentivo al retiro, de las zonas extremas. Al final, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace.
Durante la última campaña presidencial dijimos: "Habrá despidos y persecución a funcionarios públicos". ¿Qué respondieron? "Es una campaña del terror, del miedo".
Y aquí estamos, con el miedo de los funcionarios de nuestra Región, que no se atreven a hacer nada. Existe miedo en la gente, y lo sabemos.
Después vinieron los conflictos sociales. ¿Cómo los han combatido? Solo con represión.
En materia de seguridad ciudadana, se dijo que se acabaría la "puerta giratoria", los indultos. ¿Qué ha pasado? Suben los índices de delincuencia y la seguridad ciudadana constituye hoy un problema mucho más grave que antes.
En el área tributaria, primero se empezó a hablar de reforma; después se manifestó que era un perfeccionamiento; ahora se señala que se va a combatir la elusión y la evasión. Al final, ¿qué va a llegar en 3 o 4 meses más? No sabemos, en circunstancias de que hay Ministros que expresan: "Por favor, llevemos a cabo la reforma tributaria de una vez por todas".
El próximo 1° de enero disminuyen los impuestos a las empresas.
Y así, podríamos seguir enumerando casos de la diferencia abismante que existe entre lo que se dice y lo que se hace.
Por último, siempre se afirma: "Hay que actuar con responsabilidad". Un colega hablaba de gasto público responsable, de responsabilidad fiscal. Pero hoy todos nos percatamos del siguiente titular de prensa: "MOP, Interior, Salud y Educación aún deben ejecutar casi 50% de su inversión". ¡En dos meses!
¿Qué va a pasar? Lo mismo que el año pasado, señor Ministro, cuando en diciembre hubo una ejecución presupuestaria de 30 por ciento, mientras que en enero, febrero y marzo siguientes tuvimos otras con cifras negativas.
Esa es la realidad.
¿Por qué castigamos a nuestras Regiones? ¿Por qué en la que represento no se realiza ninguna obra pública? ¿Por qué no se han llevado a cabo las financiadas con el presupuesto del 2011?
¿Actuamos o no con responsabilidad fiscal?
Siempre nos recalcan: "Hay que actuar con responsabilidad". Pero, realmente, no se sabe qué decir. La misma discusión, como se expresó aquí, se repite una y otra vez, este año y el anterior.
Y los antecedentes se entregan cuando ya es tarde y no existe ninguna posibilidad de diálogo, de conversación o de entendimiento.
Yo espero que no sigamos con este sistema en que todos los proyectos se tratan con "discusión inmediata", a última hora, y cuando los plazos ya están vencidos; con una espada de Damocles en virtud de la cual, si no aprobamos, se produce una catástrofe, en este caso, la ausencia de reajuste.
Claramente, quiero adelantar que vamos a citar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos -se lo anticipé al Ministro con anterioridad- para que se nos aclare -supongo que el diario aludido no miente, al contrario de lo que señalan algunos- qué se ha hecho con la plata y por qué no se quiere realizar una reforma tributaria, considerando que los recursos para los próximos dos años están empozados.
Una vez más, los trabajadores no participan en la obtención de los beneficios del país. Siempre hay una explicación para dejarlos afuera.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, acá muchos se han preguntado por qué, después de poco más de una semana, seguimos con los mismos discursos, manifestando nuestra irritación por los despidos arbitrarios, injustos, sin ninguna justificación o fundamento.
El Senador Bianchi expresaba: "Estamos repitiendo los discursos". Él también lo hizo.
En verdad, uno hubiese pensado que un Gobierno que establece cierto diálogo en el Senado respecto de un proyecto de ley relevante como el del reajuste de remuneraciones al sector público sería capaz de escuchar los argumentos y los planteamientos que se le formularon en su minuto.
Me llama poderosamente la atención no haber escuchado al señor Ministro de Hacienda -quienes nos acompañan son testigos de ello- referirse al reajuste en algún momento. Y ni siquiera voy a hablar de los despidos; lo dejaré para un rato más.
¿Por qué este reajuste? Se trata de un reajuste que afecta a 600 mil personas y que, además, constituye una señal política muy fuerte que le enviamos al sector privado, en un país donde la distribución de la riqueza es tremendamente injusta.
Y, ante una materia de tanta relevancia, el Ministro de Hacienda no nos ha dado a conocer las razones para que aquel sea de 5 por ciento, y no de 4,5, 6 o 7. O sea, es muy sorprendente que no haya fundamentación ni argumentación algunas respecto de su monto, que nosotros consideramos injusto.
Y decimos que lo es, porque apenas se hace cargo del IPC, de recuperar el poder adquisitivo, máxime cuando la inflación subjetiva es mucho mayor que la registrada formalmente.
Sinceramente, señor Ministro, deseo escuchar las razones del Gobierno.
Asimismo, me da la impresión de que este es un diálogo de sordos. No tiene sentido alguno que el Ejecutivo esté presente en la Sala. Porque en todas las intervenciones referidas a los despidos arbitrarios, injustos, no he escuchado ningún argumento que diga "Sabe qué, en esta repartición pública despedimos por esta razón o por esta otra". No se menciona motivo alguno.
Por lo tanto, carece de sentido celebrar estas sesiones donde nadie escucha a nadie, donde no hay reacción de parte del Gobierno, donde llevamos una semana esperando que este recapacite.
Porque el Gobierno habla del diálogo, del entendimiento. Y todos manifestamos que lo ideal es llegar a acuerdos. ¡Porque ahora el generar acuerdos es como una consigna...! ¡Pero los acuerdos se construyen cuando uno escucha! ¡Cuando uno respeta la opinión del otro! ¡Cuando uno no atropella los derechos de los trabajadores!
Durante la semana de trabajo en Regiones -pensé que en el transcurso de ella el Gobierno recapacitaría- conversé con los trabajadores de mi Región, y en verdad lo que me señalaron es sorprendente. ¡Sorprendente! Aquí tengo el caso de don Felipe Jopia, del Servicio de Impuestos Internos, cuya evaluación por la autoridad que lo despide señala:
"Presenta un excelente cumplimiento de los reglamentos e instrucciones de la institución.
"Permanentemente se encuentra en su puesto de trabajo o desempeñando labores propias de su cargo".
También puedo dar a conocer la situación de una funcionaria que llevaba quince años trabajando en Serplac, a contrata -¡quince años!-, y fíjense ustedes que permaneció en Lista 1 durante todo ese tiempo. Ella se llama Marcela Ramírez, señor Ministro. ¡Quince años en Lista 1, y fue despedida! Hasta hace pocos meses ocupaba un cargo de dirección gremial. ¡No quiero pensar que existe persecución política a los dirigentes o ex dirigentes...!
--(Manifestaciones en tribunas).
Por si fuera poco, señor Presidente, puedo citar otro caso de la vida real, de personas de carne y hueso -como decía el Senador Gómez-, de una funcionaria del IPS, quien me dijo que contrajo algunos compromisos financieros porque el 7 de noviembre le llegó un correo que, literalmente, decía que "Se renovarán todas las contratas y a contar del 01 de enero se prorrogará automáticamente sus comisiones de servicio por un período de tres meses, renovables".
O sea, ¡más encima se juega con la gente! Porque el 7 de noviembre le dijeron que en el IPS, en la Región de Tarapacá, se iban a renovar todos los contratos automáticamente. Sin embargo, una semana después le llegó otro correo que expresaba que sería despedida.
También estaba en Lista 1.
En consecuencia, voy a votar en contra de este reajuste, porque prefiero solidarizar con los que serán despedidos, quienes no van a recibir reajuste alguno. Y celebro que haya trabajadores que no negocien para ellos, sino que piensen en el bien común de todos aquellos cuyos derechos han sido atropellados.
Voto que no.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, escuché con atención la intervención del Senador Frei.
Hay algunos que estarán muy arrepentidos, porque le creyeron al Presidente Piñera cuando manifestó que no iba a perseguir a los funcionarios públicos y les dio seguridad en tal sentido. ¡Había una promesa presidencial! ¡La palabra de los Presidentes vale cada día menos!
No sé si el Presidente Piñera sabe lo que está pasando en el sector público, si el señor Ministro Larraín le ha informado que existen despidos masivos. Porque, en verdad, esto no beneficia al Primer Mandatario.
Nada es peor que la palabra incumplida de un hombre público. Nada es peor para el desprestigio de la política y de la democracia que un Jefe de Estado no cumpla sus compromisos y que haya un Ministro de Hacienda que tome las decisiones en lugar del Presidente.
¡Quién manda en La Moneda!
¿Manda Larraín? ¿Manda Piñera?
Porque si mandara Piñera tendría la certeza de que se revisarían los despidos. Pero aquí hay un Ministro que no quiere que ello se efectúe; que ha señalado que no hay plata; que ha dado razones económicas.
Como lo expresó el Senador Frei, este es un Gobierno que no está cumpliendo las promesas. Este es un Gobierno que cuando negocia el Presupuesto de la Nación compra votos. Así, el hombre del maletín, el Ministro Bulnes, y el Ministro Larroulet fueron a la Cámara de Diputados a comprar votos. Mañana voy a interponer una querella criminal por cohecho, porque si se instala esa práctica en el Parlamento, significará la destrucción de este, la absoluta expansión de la monarquía presidencial.
--(Aplausos en tribunas).
Es decir, cuando le falten votos a este Gobierno irá con un maletín a comprar votos a los Diputados y a los Senadores.
Y cuando discute el reajuste ¿qué hace?: divide a los gremios. Les ofrece a algunos y deja fuera a otros. O sea, las peores prácticas empresariales: dividir a los gremios y comprar votos. Porque en las empresas también se compran votos.
Señor Presidente, este reajuste del 5 por ciento -lo dijimos- podría ser escalonado. Quienes nos hallamos en la Sala, incluyendo al Ministro, estamos sobre los 5 millones, por lo que el reajuste será de 250 luquitas. Los que se encuentran arriba, que ganan en promedio 500 mil pesos, recibirán 25 mil. Podría haber sido escalonado: darles 10 o 15 por ciento a los que ganan menos, y 1, 2 o 3 por ciento a quienes percibimos más. ¡Eso era posible!
--(Aplausos en tribunas).
Le dijimos al Ministro: "Si requiere tiempo, estamos disponibles para esperar y votar a favor". Porque en este tema cuesta ser Oposición, pues es delicado y hay mucho en juego. Y pensamos que en el lapso que mediaba hasta el 12 de diciembre sería factible buscar un acuerdo.
Estuve a punto de pedir segunda discusión. Y partió la votación. Porque se requiere tiempo. ¿O ya hay una decisión tomada y todo este debate es estéril?
Qué he escuchado decir a la mayoría, a la Oposición -somos 20- en el Senado. Que hay inestabilidad, falta a la ética, vergüenza, persecución, incumplimiento de promesas, represalias, despidos políticos, perjuicios, violación de la dignidad.
Yo habría esperado que la Oposición -lo expresé en mi anterior intervención- hiciera su pega. Tenemos los 20 votos requeridos para rechazar este reajuste y decirle al Gobierno: "Apruébenlo ustedes con el veto presidencial. Háganse cargo de algo que nosotros no queremos". Sin embargo, lo que viene ya no es la división de los gremios, sino de la Oposición respecto de la llamada "responsabilidad" frente a una ley de la República tan importante como esta.
¿Qué camino nos queda? Porque si rechazamos este proyecto no habría reajuste. Existe la vía del veto presidencial. ¿Cuál es la señal de dignidad que dejaremos acerca del despido de los funcionarios públicos, de la máquina que se les ha pasado? No nos queda más que votar en contra. Y, si hubiéramos tenido los 20 votos alineados, le habríamos dicho al Ministro: "Tómese el tiempo. Dígale al Presidente que no queremos sellar un acuerdo en contra del Gobierno. Queremos sellar un acuerdo a favor de los trabajadores revisando los despidos".
Al Ministro que venga -y este es mi compromiso- a la Comisión de Medio Ambiente, de Educación y a esta Sala, le vamos a presentar la lista completa de los despedidos y en cada intervención nuestra le expresaremos: "Ministro, deme cuenta de todos estos despedidos, dígame por qué los echó".
Porque la verdad, Ministro, con su negativa a dialogar aquí, usted los ha despedido. Porque el que tiene la billetera es quien despide. Los Secretarios de Estado han cumplido con un mandato del Ministerio de Hacienda.
Entonces, señor Presidente, cuándo enfrentaremos el tema de los honorarios, de la grasa. Aquí hay Senadores que hablaban de "la grasa en el Estado"; de que había que eliminar lo que sobraba. No es grasa, son funcionarios que tienen familia, que lo van a pasar pésimo esta Navidad y este Año Nuevo.
Y, de verdad, espero que el Presidente Piñera recapacite, reevalúe. Confío en que así lo hará, porque no creo que sea insensible a la promesa que les hizo a los funcionarios públicos. Lamentablemente, muchos de ellos creyeron y votaron por la Derecha, a pesar de que siempre lo habían hecho por la Concertación.
Por lo tanto, señor Presidente, voto en contra de este reajuste, porque quiero dejar en claro la dignidad de los trabajadores.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el...
--(Aplausos en tribunas).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Llamo la atención a las tribunas.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, deseo ratificar lo que expresé en la sesión pasada, hace diez días, con respecto al cumplimiento del compromiso de nivelar la asignación de zonas extremas. Particularmente, sé que en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia se está estudiando una fórmula. El plazo vence el próximo 31 de diciembre y estamos más que expectantes.
También señalé las personas que han sido cesadas, desvinculadas, de su trabajo. Hoy en día, la lista entregada por el Senador Patricio Walker es más pequeña que la que se dio a conocer hace 10 días. Sin embargo, repetimos los mismos nombres, para que sea investigado caso a caso, como realmente corresponde.
A ello quisiera agregar los tres funcionarios del Ministerio de Vivienda que fueron desvinculados con anterioridad por oponerse al proyecto HidroAysén, o por haber cumplido con su función de denunciar anomalías, en este caso en el sector público Me refiero a profesionales de esta Cartera en la Región de Aysén.
En tercer lugar, le planteamos al Ministro de Hacienda que es preciso buscar una fórmula verdaderamente transparente para evaluar a los funcionarios públicos y municipales. Y la mejor es evaluarlos con sus propios dirigentes. Mientras no se establezca una tabla o un criterio distinto, esa es una manera bastante más clara.
En esta materia también deseo señalar que en el propio Congreso, en el Senado, a través de la Comisión de Gobierno, podemos alcanzar un acuerdo con los sectores público y municipal, de manera de dignificarlos, empoderarlos y hacer el trabajo como se debe, para generar las plantas que verdaderamente merece la Administración Pública en nuestro país.
Muchas gracias.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 17 votos a favor, 7 en contra, una abstención y 2 pareos.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Debo señalarles a Sus Señorías que la Honorable señora Rincón, quien dejó su voto en contra, se retiró de la Sala, pero en la votación aparece como si estuviera pareada.
Consultado el Comité Demócrata Cristiano, me informó que el pareo es entre los Senadores señora Lily Pérez e Ignacio Walker.
Como se cometió un error, le pido a la Sala autorización para dejar constancia de que el voto de la Honorable señora Rincón es negativo.
Acordado.
--Se aprueba todo el articulado del proyecto, y queda despachado en particular (17 votos a favor, 8 en contra, una abstención y un pareo).
Votaron por la afirmativa la señora Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte.
Votaron por la negativa la señora Rincón y los señores Gómez, Lagos, Letelier, Navarro, Quintana, Rossi y Ruiz-Esquide.
Se abstuvo el señor Muñoz Aburto.
No votó, por estar pareada, la señora Pérez (doña Lily).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, se han hecho una serie de observaciones, y creo necesario que me haga cargo de ellas.
Por ejemplo, algunos Honorables Senadores han hablado de la importancia del cumplimiento de los compromisos. Y yo quiero hacer mención de tres que tomé durante la discusión del reajuste del año pasado, y comentar que estos han sido cumplidos.
El primero de ellos tenía como...
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se suspende la sesión.
)-------------(
--Se suspendió a las 19:57.
--Se reanudó a las 20:9.
)----------(
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en nombre del Comité Unión Demócrata Independiente, debo expresar nuestra más profunda molestia por la forma como la Mesa ha conducido esta sesión.
La violencia a que se expuso al Senado por la debilidad de la Mesa es simplemente inexplicable.
Por muchísimo menos, cuando discutíamos el proyecto de ley antidiscriminación se expulsó de las tribunas de esta Corporación a los pastores evangélicos.
Hoy día se ha tolerado hasta la saciedad, exponiéndose a las Senadoras y a los Senadores a la grosería, a la violencia y a la agresividad de un grupo de personas, inconductas que fueron aumentando durante el desarrollo de la sesión.
Creo, señor Presidente, que usted no tiene derecho a obrar de la manera como lo hizo.
Se amenaza, amenaza y amenaza a los manifestantes, quienes saben que no los van a echar nunca.
Me parece que eso no guarda relación alguna con el decoro que merecemos los Senadores y las Senadoras.
¡Usted ha faltado a la dignidad del cargo porque ha expuesto la dignidad del Senado!
El señor LETELIER (Vicepresidente).- No voy a entrar a polemizar con el señor Senador. Yo estoy ejerciendo las facultades que tiene la Mesa para dirigir la sesión.
Tomaremos en cuenta en sesión de Comités sus juicios, cuando corresponda.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, en nombre de Renovación Nacional, le represento mi malestar por la forma como ha conducido esta sesión
Es claro y evidente que usted tiene un doble estándar para dirigir los debates, dependiendo de si en las tribunas están unos u otros.
Las otras Mesas del Senado habidas durante los últimos 20 años aplicaron una misma tabla, un mismo rasero.
Aquí no ha ocurrido eso, señor Presidente. Usted expuso a Senadoras y a Senadores a la violencia, a que se les tiraran desde las tribunas elementos contundentes. No tomó la decisión que correspondía: solo se limitó a las amenazas. No asumió la misma actitud habida en otras oportunidades. Creo que no cumplió el Reglamento.
Además, señor Presidente, quiero recordarle algo: llevo demasiado tiempo, como Senador, esperando el informe que ustedes tienen que hacer como Mesa sobre lo que ocurrió con el Presidente de la República el 21 de mayo último, en el mismo sentido.
¡Ustedes invitaron a la gente que incita a la violencia, que agrede a la Primera Autoridad y a los Senadores!
Considero que esto va por mal camino. Y ustedes no están haciendo lo que deben hacer y a lo que los obliga el Reglamento.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Le daré la palabra al señor Ministro. Pero antes quiero dejar una constancia, porque creo que es lo que corresponde.
Hablé sobre el punto con un señor Senador -está presente aquí-, para tratar de evitar una situación cuya ocurrencia se preveía. Se formuló una sugerencia para procurar impedir lo que en definitiva sucedió: temiéndose una reacción, se dejó en manos del señor Ministro el derecho a usar de la palabra.
Solo deseo dejar constancia -no es responsabilidad del señor Ministro, ni en lo más mínimo- de que nuestro propósito era evitar una situación cuya ocurrencia se preveía, tal como se lo planteé a un señor Senador.
Es responsabilidad de la Mesa. Lo hablaremos en reunión de Comités. Pero nosotros tratamos de asegurar que no se generara el cuadro que se produjo al final, que a nadie le interesa.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, con todo respeto, quiero en primer término hacerle ver una cosa: si usted sugiere que yo no debía hablar para que la sesión pudiera concluir, me parece que eso no corresponde. Lo que corresponde es que aquí todos tengamos derecho a expresarnos y a que se nos respete como merecemos.
En segundo lugar, no creo haber dicho, en ninguna de mis intervenciones, algo ofensivo que provocara una reacción en las tribunas.
Me interesa dejar constancia de ambos aspectos.
Ahora, señor Presidente, continuaré en lo que me hallaba cuando se suspendió la sesión.
Estaba explicando que este Ministro tomó algunos compromisos el año pasado, durante la discusión del proyecto de reajuste, y que ellos se encuentran completamente cumplidos.
Primero, me comprometí, en nombre del Gobierno -porque no son compromisos personales-, a establecer un sistema para la reconsideración de las desvinculaciones.
Quiero comentar que nos reunimos con todos los Subsecretarios, y se dispuso un procedimiento de reconsideración, el cual funcionó.
En cuanto a las presentaciones de reconsideración, puedo informar de al menos 268 reincorporaciones.
Por lo tanto, el procedimiento existió; se analizaron las situaciones, y en los casos en que se juzgó que la desvinculación no era razonable, justa, en fin, se reincorporó a los afectados.
Esos 268 casos corresponden al trabajo realizado en los siguientes servicios: Subsecretaría de Relaciones Exteriores; SEGEGOB; Subsecretarías de Economía, de MIDEPLAN y de Educación; JUNJI; Subsecretarías del Trabajo, de Previsión Social, de Obras Públicas, de Salud Pública y de Redes Asistenciales; Instituto de Salud Pública; Subsecretarías de Vivienda y de Agricultura; Subdirección del SERNAM; Subdirección Nacional de Cultura; Subsecretarías de Transportes, de Telecomunicaciones, de Bienes Nacionales y del Medio Ambiente.
Ahora, las 268 reincorporaciones que efectuamos son un piso. Puede que haya más -es altamente probable, porque no hemos alcanzado a revisar todos los servicios- que las que mencioné.
Entonces, con todo lo hecho en materia de solicitudes de reconsideración y reincorporaciones, en una labor conjunta con la Ministra del Trabajo, el Gobierno cumplió lo que había planteado.
Debo expresar también, señor Presidente, que esta mañana, en sesión de la Comisión de Hacienda, adopté en representación del Gobierno el mismo compromiso: tener un sistema de reconsideración para los casos de despidos en que se hubiera cometido error, los cuales serán juzgados por los Subsecretarios. Y me voy a ocupar personalmente -o a través del Subsecretario de Hacienda- de reunirme con dichos personeros para que exista el procedimiento de reconsideración.
Se trata de algo que estamos haciendo con el mejor de los ánimos. No fue pedido, pero sí ofrecido por nosotros esta mañana.
Eso, en primer lugar.
Me referiré en segundo término a los incentivos al retiro, señor Presidente.
Se establecieron mesas sectoriales con todos los gremios del ámbito público, y ya se llegó a acuerdo con la CONFUSAM, en representación de todo el sector de la salud municipalizada; con la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH), en representación de los trabajadores municipalizados; con el sector de salud centralizado, excepto la FENPRUSS. Con todos ellos arribamos a acuerdo.
Las mesas de trabajo continúan vigentes en materia de incentivos al retiro, y esperamos llegar a consensos con más gremios del sector público.
Pero, aun así, hemos dicho que, para los casos de los gremios con los que no sea posible el acuerdo -porque para ello debe haber voluntad de ambas partes-, el Gobierno enviará, de aquí a junio próximo, un proyecto de ley sobre incentivos al retiro.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminó el tiempo de que disponía, señor Ministro.
Tiene un minuto adicional.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Ya tenemos en el Congreso una iniciativa sobre incentivos al retiro. Entre esta semana y la siguiente llegarán los proyectos relativos a los gremios con los que llegamos a acuerdo.
Al respecto, señor Presidente, debo manifestar que esos estímulos serán compatibles con el bono poslaboral de 55 mil pesos mensuales, que reviste especial importancia para los trabajadores que ganan menos.
Además, dichos incentivos tendrán efecto retroactivo. De manera que las personas que al cumplir la edad de jubilación no contaban con una ley sobre estímulo al retiro podrán pensionarse, hoy o cuando decidan hacerlo, en el margen de la nueva legislación que apruebe el Parlamento.
Por lo tanto, segundo compromiso, cumplido.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminó su tiempo, señor Ministro.
Tenemos una norma reglamentaria que regula la duración de las intervenciones. Pero puede disponer de otro minuto adicional.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Creo que estos temas son de interés. Por eso me he extendido. Y me tomaré algunos minutos más, señor Presidente, si a usted le parece.
El tercer punto se refiere a la situación del personal a honorarios.
Nosotros le presentamos a la CUT, en julio de 2011, un informe sobre el particular.
Además, dentro del Protocolo de Acuerdo a que llegamos con 11 de los 14 gremios del sector público se hallan incluidos temas como las contrataciones a honorarios y el sistema de calificaciones aplicable al personal de la Administración Pública, los cuales serán abordados en mesas sectoriales.
En ese mismo Protocolo de Acuerdo se consigna el establecimiento de mesas que abordarán las siguientes materias: igualdad de oportunidades, igualdad de remuneraciones...
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Perdón, señor Ministro.
No tengo problema para extenderle el tiempo si hay asentimiento de la Sala. Lo que ocurre es que varios señores Senadores también pidieron la palabra.
Como la votación terminó, a usted le dimos tiempo adicional.
Quiero dejar sentado el inconveniente que existe.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, de manera muy breve, quiero manifestar que -como se ha planteado acá- las decisiones sobre desvinculaciones en el sector público no son centralizadas, sino que las adopta cada servicio en forma autónoma.
Aquí se pretende hacer creer que hay al respecto una suerte de orden central. Pero esto no ocurre en la realidad.
Adicionalmente, se ha dicho que aquí se entra con un proyecto y se sale con la misma idea contenida en él; o sea, que no se escucha.
Creo que eso no es correcto. Y no lo es porque llegamos a acuerdo -insisto- con 11 de los 14 gremios del sector público.
Y quiero decir también -tengo la evidencia aquí, conmigo- que en las dos últimas oportunidades en que se llegó a acuerdo en torno al proyecto de reajuste (años 2006 y 2007) al final se salió con el mismo guarismo. Y en los casos en que se cambió el porcentaje de ingreso no hubo consenso.
Por último, señor Presidente...
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Además de otro minuto para el señor Ministro, solicito el asentimiento de la Sala al objeto de que me reemplace en la testera el Honorable señor Gómez.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Gómez, en calidad de Presidente accidental.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Ministro, por un minuto más.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Un punto final, señor Presidente.
Aquí discutimos sobre un guarismo. A todos, incluido el Ejecutivo, nos gustaría que fuera superior. Hemos actuado de manera responsable. Incluso, se me preguntó cuáles eran las razones para determinarlo. Son las mismas que tuvieron los Gobiernos de la Concertación durante los últimos 20 años. Porque el promedio del reajuste para el sector público, en términos reales, es de 1,2 por ciento. El de ahora alcanza a 1,3 por ciento; o sea, 0,1 por ciento más.
¿Y por qué esta discusión?
Es afortunado que debatamos reajustes reales, positivos, que no solo mantengan el poder adquisitivo, sino que lo mejoren. Porque en países de Europa, especialmente, y del mundo desarrollado se están disminuyendo los salarios, aumentando las edades de jubilación, cortando fuertemente los empleos en el sector público y colocando una serie de requisitos que aquí no contemplamos.
Eso se da porque hemos sido responsables. Y la responsabilidad fiscal tiene ese pago. Tal es el beneficio de actuar en la forma descrita.
Es el fruto de la responsabilidad lo que nos tiene discutiendo un aumento de remuneraciones del sector público.
Gracias, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, me siento aludido, porque fui quien le hizo ver al Ministro que los compromisos que asumió no se cumplieron.
Quizá tuvo la intención de cumplirlos. Porque en noviembre de 2010 dijo que en abril de este año habría una propuesta sobre contratos a honorarios y empleos a contrata. Pero hasta el momento no ha llegado. Y ya estamos en diciembre.
Entonces, a lo mejor existió intención; pero no hubo cumplimiento.
En el caso del incentivo al retiro, también se dijo en aquella oportunidad que se instalarían las mesas sectoriales. Ahora el Ministro señala que llegó a acuerdo con algunos gremios. Pero le he respondido que tiene que darse un plazo para presentar la propuesta del Gobierno. Porque, si no, podrá seguir discutiendo con los gremios y transcurrir todo el período de la Administración actual y no va a mandar una iniciativa por no haberse llegado a un acuerdo.
En tercer lugar, en cuanto a los despidos, el señor Ministro nos expresó en la sesión anterior en que tratamos el reajuste y ahora -y la titular del Trabajo lo reiteró- que había 200 casos de reconsideración. ¡Sin embargo, el Congreso no lo sabía! ¡Y ello se registraba en relación con 4 mil 500 exoneraciones!
Lo importante hubiera sido -es lo que corresponde y lo que debiera haberse hecho en su oportunidad- que hiciera llegar, antes de remitir el proyecto que nos ocupa, la nómina de todas las reclamaciones y las resoluciones respectivas para que el Senado tuviese conocimiento de cómo se cumplió. Pero aquí se nos dice: "Hay doscientos y tantos casos", y se nombran algunos, mas ignoramos cuántas reclamaciones se formularon y cuántas se acogieron.
Por último, quiero referirme a una cifra que el señor Ministro dio sobre el monto del reajuste, comparado con los de Gobiernos anteriores.
Tengo aquí un cuadro al respecto. En el cuatrienio 1991-1994, el reajuste real promedio fue de 4,8 por ciento; en el sexenio 1995-2000, de 2,7 por ciento; en el sexenio 2001-2006, de 1,3 por ciento; en el cuatrienio 2007-2010, de 4,8 por ciento, y en el bienio 2011-2012, de 0,3 por ciento.
Esas son las cifras, salvo que quieran desmentirme. Pero no creo que sean erróneas, porque son oficiales.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, entiendo que ya se votó.
Los que estiman que el reajuste es justo, digno, bueno, eficiente, se irán contentos de la Sala. Los que nos pronunciamos en contra mantendremos una opinión distinta.
Pero quiero decirle algo al señor Ministro.
El año pasado se contrajo un compromiso. Y como bien lo expresó mi Honorable colega Zaldívar, es preciso enterarse hoy en la Comisión de Hacienda, para el efecto de discutir el reajuste, de cómo se cumplió.
Deseo consignar, de todas maneras, que es poco consistente decir que 268 personas fueron reintegradas. Me parece bien por ellas. El año pasado se despidió a más de 8 mil. Pero lo más importante, cuando el señor Ministro da cuenta de la reincorporación, es recordarle que esta semana han sido exoneradas mil 500.
Lo que sí ayudaría, para poder apoyarlo en los esfuerzos que se supone que está haciendo, es que enviara la información, con nombre y apellidos, de qué casos fueron objeto de la medida y en qué servicios, para que cuando a uno le vengan a hacer la denuncia pueda responder: "Amigo mío, no le están contando la verdad. Fíjese que el Gobierno me acaba de dar a conocer que tuvieron lugar todas estas reconsideraciones".
Pero lo que se observa es una persecución completa. Mañana iré al Consejo de la Cultura, porque fueron con la policía de Investigaciones a incautarle un computador a una funcionaria, con la excusa de que habría pirateado la página web del organismo, razón por la cual la nueva página web exitosa del Ministro señor Cruz-Coke fracasó a la hora de asignar los concursos públicos para el Fondo de las Artes.
¡Hasta cuándo! Esa es la verdad.
Por último, voy a pedir que se oficie, señor Presidente, para que el Gobierno informe de las reincorporaciones y de los casos que se van a revisar. Porque, como se sigue despidiendo, imagino que continuarán las revisiones.
¿Sabe para qué lo hago? Para que, cuando lleguemos a discutir el punto, por ejemplo, con ocasión del ingreso mínimo, que es determinante para el reajuste al quedar fijado con anterioridad, sepamos qué terreno estamos pisando.
Ya se fueron los Senadores señores Prokurica y Hernán Larraín. Creo que tal vez habría sido posible manejar la sesión de mejor manera. Porque no es correcto, a mi juicio, sesionar si se están tirando monedas desde arriba. Pero no acepto que el primero de esos Honorables colegas venga a afirmar que nosotros estamos trayendo la violencia. Si un grupo anduvo inflándole la cambucha a ANDHA Chile para perjudicar a la Presidenta Bachelet fue de Derecha.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Han pedido la palabra tres señores Senadores y el señor Ministro.
El señor LAGOS.- ¡Estamos trabajando...!
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Estimo deseable la mayor brevedad posible al usarla, porque nos hemos excedido del tiempo reglamentario para tratar el asunto, pero no quiero dejarlos sin expresar sus puntos de vista.
Puede intervenir el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- A propósito del asunto en análisis, señor Presidente, la señora Ministra del Trabajo nos manifestó en la sesión anterior que le enviáramos todos los antecedentes que fueran del caso. De ese modo, ella y el resto del Gobierno podrían revisar lo expuesto por el Senador señor Lagos.
Le sugiero plantear a la Sala, aunque no se reúne quórum para aprobar nada, la posibilidad de que se le hagan llegar a la Mesa todas las informaciones que obren en nuestro poder y de que se le remitan a la señora Ministra o al titular de Hacienda, con el objeto de que puedan consolidarse los mismos datos que estamos pidiendo.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
Le solicito ser breve, por favor.
El señor NAVARRO.- Eso es siempre difícil, señor Presidente.
Le creo al señor Ministro cuando expresa que han disminuido los despidos. Solo quiero que se le pida, por su intermedio, que nos haga llegar, al menos respecto de la Región del Biobío -el Senador señor Ruiz-Esquide también la representa-, los datos sobre los reintegrados y los despedidos. No debiera existir problema en cuanto a la transparencia. Deseamos saber cuántos son los exonerados en cada Secretaría de Estado -esa información la debe de tener- y cuántos los reincorporados. Eso es lo único que hace posible concluir: "Es cierto, el Gobierno ha hecho una revisión y ha permitido el reintegro".
Deseo conocer tales antecedentes porque los despidos en la Octava Región han sido arbitrarios, políticos, descarados. Y, en definitiva, ello va a provocar un resentimiento difícil de paliar y una situación muy grave en las familias.
Si se contara con esa información, bienvenida. Es algo que forma parte de la transparencia. Si no, la pediremos al Ministerio y recurriremos al Consejo para la Transparencia a fin de poder obtenerla, ya que es muy necesaria.
Porque, al final, la gente puede resignarse y decir: "Vamos a tener graves problemas en 2012. Nos despidieron de manera injusta, pero quiero saber si mi caso fue reconsiderado efectivamente".
Resulta peor exonerar en forma injusta, anunciar que se va a reconsiderar el caso y no hacerlo, o sea, mentir.
A mi juicio, el Gobierno debiera entregar las cifras de un modo transparente y los nombres de los despedidos y los reincorporados, Región por Región.
Al menos, es lo que espero.
¡Nueva Constitución, ahora, señor Presidente!
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Seré muy breve, señor Presidente.
Dado que el Senador señor Zaldívar refutó una cifra que entregué, quisiera consignar que aquellas que Su Señoría expuso no corresponden a la realidad y que las correctas son las que he mencionado.
Y voy a hacer llegar una tabla sobre el particular.
Porque, claro, no es posible tomar cualquier inflación: el período es de octubre a octubre. Ello refleja el incremento, en términos reales, del reajuste. La cifra correspondiente a ese lapso es la que hemos utilizado para comparar, por ser la que se conoce al momento de ingresar el proyecto al Congreso.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor NAVARRO.- ¿Quién dice la verdad? Estamos todos confundidos.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, me parece importantísimo despejar las dudas técnicas. Porque también es bueno consignar que el Gobierno cambió los criterios de medición de estos datos. Pero creo que carece de sentido profundizar ahora en el debate. Hay cifras distintas.
Solicité la palabra a propósito de lo manifestado por el Senador señor Lagos en el sentido de que la sesión se pudo haber manejado mejor. Así es. Y quisiera expresar mi solidaridad a las bancadas de enfrente, porque rechazo las agresiones provenientes de algunas personas que se encontraban en las tribunas.
El señor NAVARRO.- De algunas.
El señor QUINTANA.- Por cierto. Fue un grupo muy reducido el que tiró monedas y otros objetos. Claramente, eso desvirtúa una sesión que debe ser conducida dándoles garantías de poder expresarse, por cierto, a todos los Senadores.
Seguidamente, quisiera referirme también a algo que me llamó la atención en el debate, a propósito de lo que aseveró el señor Ministro en orden a que han sido revisados y reconsiderados algunos casos.
Me parece que tal vez nos habría ahorrado gran parte de la discusión sobre los despidos el que se hubiera contado con algún instructivo. Este se podría haber materializado por escrito, formalmente, cuando el Gobierno se comprometió en la materia. Puede que se haya dictado. Por mi parte, no lo he visto. Y le pido al Gobierno responder si les fue impartido uno a los Subsecretarios, quienes tenían la responsabilidad de verificar casos y apelaciones. Entiendo que no existió.
Y lo siguiente que me llama la atención se relaciona con el hecho de que un señor Senador expuso que en su Región se registraba una determinada cantidad de despidos. El Honorable señor Horvath hizo presente que ello cambió y que los casos se reconsideraron. Me alegro de la gestión efectuada por ambos señores Senadores representantes de esa circunscripción.
Por mi parte, sin embargo, puedo reclamar lo mismo para La Araucanía. No daré ningún nombre en particular, porque, como lo dije el otro día, hacerlo es para que una persona quede prácticamente en la categoría de enemiga de la patria. Estimo que la situación es igualmente dolorosa para los 260 despedidos en esa Región. Entonces, le pido al señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente- que, así como se hizo una revisión especial para Aysén, se aplique en tal caso exactamente el mismo criterio.
Se encuentra presente el Senador señor García, representante también de la Novena Región.
Todos sabemos que los despidos fueron masivos en INDAP, en CONADI, entre otros organismos de la zona. ¿Por qué lo que se pudo hacer respecto de Aysén -me alegro de ello- no se extiende al resto del país? Creo que ello despejaría muchas dudas planteadas hoy día por los señores Senadores.
Lo otro sería un trato diferenciado, el cual me parece que complica las cosas.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, solo deseaba exponer que se habían empezado a revisar casos. Y como lo manifestó el propio señor Ministro, es algo que se está haciendo en todas las Secretarías de Estado.
Lo que no quiero dejar pasar es lo afirmado por el Senador señor Navarro en el sentido de que se estaba comprando, con un maletín de dinero, el voto de Diputados. Eso no se puede afirmar al calor de una discusión. No deseo calificarlo de grave ni de gravísimo: es algo impensado en Chile.
Por lo tanto, quisiera contar con todos esos antecedentes para poder revisarlos, ante el peso propio de la denuncia.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- No hay quórum para adoptar acuerdos. En consecuencia, sería importante que el señor Ministro nos hiciera llegar la información solicitada. Si no, esta se pedirá igualmente en otra sesión.
Habiéndose despachado el proyecto, se levanta la sesión.