REAJUSTE DE REMUNERACIONES A TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO. TRÁMITE HABILITANTE
El señor GIRARDI (Presidente).- Corresponde ocuparse en la solicitud de insistencia del Presidente de la República respecto al proyecto que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos y otros beneficios, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8067-05) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Proyecto de ley:
Se da cuenta del oficio de la Cámara de Diputados en sesión 77ª, en 30 de noviembre de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa fue desechada en general por la Cámara de Diputados, y, en virtud del artículo 68 de la Constitución Política de la República, el Primer Mandatario le solicitó a dicha Corporación enviarla al Senado para que este lo apruebe en general por los dos tercios de sus miembros presentes.
Cabe considerar, en todo caso, que el proyecto de ley contiene normas de rango orgánico constitucional, para cuya aprobación se requieren 21 votos favorables.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Pido la palabra.
El señor GIRARDI (Presidente).- Perdón, Su Señoría, pero debo recordar que el Honorable señor Navarro pidió una reunión de Comités.
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, me parece procedente efectuar esa reunión antes de empezar la discusión de este proyecto.
El señor GIRARDI (Presidente).- ¿Habría acuerdo para suspender la sesión al objeto de que los Comités se puedan reunir?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Sí.
El señor GIRARDI (Presidente).- Se suspende la sesión.
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--Se suspendió a las 16:48.
--Se reanudó a las 17:12.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Continúa la sesión.
El señor Secretario dará cuenta de los acuerdos de Comités.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités resolvieron que el trámite habilitante de la iniciativa de ley de reajustes se discuta y vote en la presente sesión.
El quórum exigido es el dispuesto por el artículo 68 de la Constitución, que lo establece expresamente para este efecto. En consecuencia, se requieren dos tercios de los Senadores presentes para la aprobación.
Si esta tiene lugar, el proyecto volverá a la Cámara de origen, desde donde, según la votación que se registre, regresará al Senado, momento en el cual tendrán que votarse las normas de rango orgánico constitucional en la discusión particular.
A fin de llevar a cabo este último trámite, se citará a sesión especial para el lunes 12 de diciembre.
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, en primer término, creo que es necesario dejar completamente claro el acuerdo dado a conocer por el señor Secretario.
¿El debate comienza hoy -quisiera entenderlo bien, por lo cual pregunto-, pero la votación se llevará a cabo el lunes 12 de diciembre, o bien, discutiremos y votaremos ahora?
El señor CANTERO.- Tenemos que ocuparnos en la habilitación.
El señor PROKURICA.- Es preciso definir la habilitación a la Cámara de Diputados.
El señor NAVARRO.- Se habilitaría a esta última.
El señor BIANCHI.- Conforme.
El señor LARRAÍN.- Para que se vuelva al primer trámite.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, comenzaré diciendo lo mismo que en años anteriores: el Estado de Chile es el peor empleador.
--(Aplausos en tribunas).
Por años, ha mantenido a mujeres y hombres en la más absoluta de las incertidumbres. Existen el riesgo y el temor, anualmente, de perder el trabajo. Ello no puede alegrar a nadie.
Señalamos ese hecho en los Gobiernos anteriores, lo reiteramos en el actual, y ojalá no tengamos que repetirlo en los futuros. Porque la inestabilidad, la intranquilidad, la desesperación que viven esas personas en el sector público, año tras año, determinan que nos llamen, nos pidan nuestra colaboración, para poder revertir, de una buena vez, el hecho de que el Estado de Chile nunca, ¡nunca!, haya cumplido la norma del 80/20.
Y la cuestión es más grave. Porque recuerdo muy bien que, cuando le planteamos al entonces Ministro señor Velasco que permitiera que a un porcentaje mayor se le fuera abriendo la posibilidad de pasar a una situación laboral más estable, no ocurrió absolutamente nada, simplemente, más allá de los acuerdos. Y es algo que se repite en esta oportunidad.
En consecuencia, nos encontramos frente a un aspecto que hice ver en su momento y respecto del cual pretendí aportar, por lo menos, con un proyecto de ley que crea una Dirección Nacional del Trabajo, para que mujeres y hombres del sector público nunca más dependieran del ánimo de la autoridad de turno. ¡Nunca más!
--(Aplausos en tribunas).
Constituiría una instancia técnica. Así como se supervigila y se controla lo privado, el propósito perseguido es que también exista una supervigilancia del sector público. Hoy, desafortunadamente, no hay una instancia técnica que responda, que respalde, a los funcionarios.
Desde 2008 quedó planteada la iniciativa, la cual crea una figura completamente autónoma, como una contraloría, que no dependería de las autoridades políticas de turno. Pero estamos descubriendo que el ánimo necesario no concurre. No medió entonces ni ahora. Espero que la fuerza de nuestros trabajadores sea una contribución para que algún Gobierno la recoja en algún momento, de una buena vez, y no tengamos que presenciar los lamentables despidos que vemos cada año.
Como representante de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, me hago eco, obviamente, de la aspiración a la imponibilidad de la asignación de zona. Porque el problema resulta enormemente injusto.
--(Aplausos en tribunas).
Pero hay algo más, señor Presidente: los bonos, los incentivos. Es una situación tremenda. ¡Imagínese lo que está ocurriendo con los recursos en las administradoras de fondos de pensiones y la cantidad de plata que hemos perdido todos!
¡Y lo que se le paga hoy a quien quiera recibir un incentivo al retiro son migajas!
--(Aplausos en tribunas).
¡Ello no puede ser, desde ningún punto de vista, equitativo para poder...
El señor GIRARDI (Presidente).- Les recuerdo a quienes se encuentran en las tribunas que deben respetar la norma de mantener silencio y no manifestarse ni a favor ni en contra de las intervenciones.
Puede continuar el señor Senador.
El señor BIANCHI.- Gracias, señor Presidente
Pienso que la gente exterioriza en esta oportunidad, obviamente, una acumulación de preocupaciones. Y me parece legítimo que así sea, a pesar de que ello contravenga nuestras normas reglamentarias. Por eso, aunque entiendo la petición de la Mesa, creo que es preciso comprender el clamor de nuestros trabajadores.
--(Aplausos en tribunas).
Nuestros representados de la Región de Magallanes han pedido un bono por término de conflicto. ¿Sabe qué pasa, señor Presidente? Llegamos a un punto en que las necesidades del sector laboral son muchísimas. Y no pienso que se quiera jugar, pero estimo que, a ratos, se estira el elástico, y cuando intentamos llegar a un acuerdo -con prescindencia de ser el segundo, el octavo, el décimo día-, la gente que nos acompaña en las tribunas y la que está siguiendo la sesión en todo Chile, probablemente, se encuentra pendiente, por ejemplo, del bono. Con ese dinero, podrá resolver una parte de su problema de fin de año: será posible que proyecte una cena o un regalo para la familia. Entonces, no se trata de algo menor.
En Magallanes me decían que aprobara el reajuste del 5 por ciento consensuado por el Gobierno. De 14 entidades, 11 expresan: "Nosotros hemos estado de acuerdo". Pero prefiero que medie una reflexión más profunda.
Porque el país ha registrado, en efecto, un crecimiento sostenido. El precio del cobre ha tendido al alza, generalmente. Se observa una proyección al respecto. Es cierto también que se experimentan turbulencias económicas en todo el mundo. Es preciso estar preparados. ¿Y en qué momento les toca a nuestros trabajadores, señor Presidente?
Por lo que he visto, existe la disposición de lograr algún consenso o acuerdo en cuanto al reajuste. Me sumo a la voluntad manifestada tanto por el Poder Legislativo como por el Ejecutivo para que en las próximas horas o días podamos revertir de alguna forma la situación planteada.
Mientras tanto, manifiesto mi preocupación por las personas que están siendo despedidas. Ya lo señalé antes. Sería penoso tener que repetirlo.
Y he expuesto muchas veces, señor Presidente, que el peor de los ejemplos lo tenemos aquí, en el Congreso. Nuestros propios trabajadores enfrentan la misma inestabilidad laboral, lo que sigue siendo absolutamente impresentable. Ojala ello se pueda corregir cuanto antes.
He dicho.
-(Aplausos en tribunas).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, se halla en discusión el proyecto de ley de reajuste y el Gobierno, al igual que el año anterior, nos pone en una situación en la que no tenemos la capacidad de imponer lo que seguramente correspondería en justicia.
Se nos presenta hoy día, conforme al artículo 68 de la Carta, un texto que fue rechazado en general por la Cámara de Diputados, y aquí no tenemos más que determinar, por los dos tercios de los Senadores presentes, si insistimos, para que ella le dé curso.
Si no se reúne ese quórum, no habría ley en la materia. Y de acuerdo con la norma constitucional, una iniciativa que se desecha en general no se puede renovar hasta en un año más.
En ese contexto tenemos que realizar el debate.
Como Senadores de Oposición, no permitiremos que los trabajadores se queden sin reajuste. Pero no podemos dejar de levantar nuestra voz para reclamar con relación al Gobierno, no tanto en lo relativo a si el 5 por ciento es suficiente o insuficiente, sino porque, al igual que lo destacó el Honorable colega que me antecedió en el uso de la palabra, creemos que en el interior de la Administración Pública, al igual que el año pasado, se está registrando una actitud arbitraria en contra de su personal: se están verificando cientos de despidos a través de todo el país. Se está atentando contra la estabilidad misma de la labor.
Se encuentra presente la señora Ministra del Trabajo. Cuando fue Senadora, la escuché pronunciar los discursos más encendidos que he conocido para defender la estabilidad de los funcionarios públicos en su desempeño, al referirse a los contratos a honorarios o al personal a contrata. Y tenía razón, a lo mejor. Seguramente, en el país no hemos resuelto el problema.
Sin embargo, cuando el año pasado se discutió en esta Corporación el proyecto de ley de reajuste respectivo, se planteó la misma cuestión.
El señor Ministro de Hacienda asumió tres compromisos en la Sala.
El primero fue en relación con los despidos que habían ocurrido en esa oportunidad, los cuales, de acuerdo a los antecedentes que nos entregaron los dirigentes de los funcionarios públicos, superaron los 8 mil. Según la versión del Gobierno, solo ascendieron a 4 mil 300. La cifra puede ser o no correcta, pero aunque hubiera sido uno el despedido injustamente, tenemos el derecho de reclamar y de pedir protección para ese trabajador.
Me acaba de llegar un texto sobre una situación que sucedió hoy día. Y voy a darla a conocer con nombre y apellidos. La señora Laura Luza Barraza, contadora, funcionaria del Ministerio del Interior, trabaja en el Fondo Social. Se encuentra en una clínica restableciéndose de una intervención quirúrgica y fue visitada por la señora Cecilia Power, Jefa de su Departamento, lo que creyó que era para saber de su salud. Al parecer, ese era el sentido, pero esta también le comunicó que no se le iba a renovar su contrato. O sea, se ha resuelto su situación laboral por la vía de echarla. Es una persona que ha sido calificada durante seis años en lista 1, de mérito.
Esta es una de las situaciones que se presentan. Esto refleja lo que hoy día se halla en juego. No es tanto una cifra de reajuste. El punto radica en darle a la gente la seguridad de que si cumple bien sus funciones será respetada en su trabajo.
El señor Ministro de Hacienda nos dijo el año pasado que se enviarían instrucciones a los Subsecretarios y se revisarían todos los despidos. Le he expuesto varias veces que en el Senado nunca hemos recibido, a pesar de que el compromiso se tomó aquí, una información detallada de cuáles fueron los casos revisados y acogidos.
Asimismo, expresó aquí lo siguiente:
"Además, a través de quien habla, se adoptaron dos compromisos del Gobierno. En primer lugar, respecto del incentivo al retiro, quiero dejar en claro que el Gobierno lo valora como un instrumento para promover la carrera funcionaria y dignificar el retiro de los servidores públicos. Por eso, el Ejecutivo hará una propuesta a la mesa del sector público con referencia al marco de la política de incentivos al retiro, a más tardar el 15 de abril de 2011. Tal proposición, una vez analizada con dicha mesa, constituirá la base de las negociaciones posteriores con las mesas sectoriales.".
Señor Ministro, todavía estamos esperando.
Agregó: "De otra parte, nos hemos comprometido a que en la misma fecha -esto es, el 15 de abril de 2011- tengamos una propuesta sobre cómo mejorar la situación de los trabajadores que hoy se hallan contratados a honorarios en el sector público".
Señor Ministro, hasta ahora seguimos esperando.
Esta es la razón por la cual queremos hacer hoy nuestro alegato para ver de qué manera podemos solucionar realmente el problema de la estabilidad de los funcionarios públicos, sin discutir con relación a la responsabilidad de un Gobierno o de otro, porque es un asunto que amenaza la tranquilidad de un sector laboral importante en el país.
La única manera de que disponemos para reclamar es a través de esta tribuna. Quiero decirlo con toda claridad, para que lo escuche toda la gente: no tenemos otra instancia para levantar la voz. No podemos rechazar el proyecto porque dejaríamos sin reajuste a cientos de miles de funcionarios públicos.
Reclamar es nuestro único instrumento para hacer valer los derechos de esos trabajadores.
Por eso solicito al Gobierno y al señor Ministro que se cumplan los compromisos: que se traiga al Parlamento la iniciativa legal que corresponda para darle nuevo impulso a esa ley que se dictó en su momento y que ahora podría servirnos de base. Me refiero, en el caso de los empleados públicos del sector centralizado, a la famosa ley N° 20.212.
Queremos que se aborde esa legislación.
También esperamos que llegue al Congreso lo anunciado por la ex Senadora y actual Ministra del Trabajo, señora Matthei: una proposición tendiente a proporcionar estabilidad a los funcionarios que actualmente laboran a honorarios.
¡Esas son las tareas que deseamos cumplir!
Hoy día el Gobierno se va a salir con la suya: el proyecto volverá a la Cámara de Diputados. Y allá tendrá que ir a discutir cada uno de los artículos. Cuando regrese al Senado, reclamaremos de nuevo que se respeten los derechos de los trabajadores.
No estamos haciendo demagogia, sino pidiendo justicia para un sector que la requiere y la exige.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, me dirijo, por su intermedio, al señor Ministro de Hacienda y a la señora Ministra del Trabajo.
Nosotros entendemos el interés del Gobierno al pedir al Senado que habilite el proyecto de reajuste, que fue rechazado en la Cámara de Diputados.
Yo, como Senador por la Región de Los Lagos, también tengo un interés. Y no es de carácter personal, sino público.
Quiero pedirles que, en el Gobierno Regional, a la funcionaria Patricia Sschencke, se le anule su despido.
Que a la profesional de la División de Planificación Mirta Cortez, también se le anule el despido.
Que a Ximena Fuenzalida, Secretaria de la División de Finanzas, también se le anule el despido.
Que en el SENAME, a Ingrid Peralta, a Luis Bustamante y a Ricardo Moraga, se les anulen sus despidos. Los dos últimos son educadores y ganan un sueldo bajo. Posiblemente reciben mucho menos que lo que les pagarían en cualquier otro servicio. Pero ellos tratan de rehabilitar a los jóvenes delincuentes. ¿Y saben cómo les paga su Gobierno? ¡Despidiéndolos!
Les quiero pedir que a don Claudio Ferrada, Encargado Regional de Finanzas del Programa Puente, también se le anule su despido. No hay razón alguna para echarlo. Tal vez el único motivo sea su compromiso con el trabajo por los más débiles.
En el sector de la salud, que don Jimmy Pereira, Encargado del laboratorio de Marea Roja en Castro; que la señora Tania Barrera, de la Barrera Sanitaria de Chacao; que Roberto Momber, enfermero del Departamento de Salud de Poblaciones del Servicio de Salud de Osorno; que Roberto Munro, encargado de Aguas de ese mismo Servicio, también sean reincorporados a sus trabajos.
Señor Ministro y señora Ministra, ustedes saben perfectamente bien que en Regiones -en este caso, en la de Los Lagos- no son tantos los profesionales que existen.
Cuando ustedes exoneran a profesionales cometen un crimen no solo contra ellos, sino también contra el desarrollo de la respectiva Región. Porque son muy difíciles de reemplazar. No es fácil que un profesional de Santiago se vaya a otra parte del país, porque todos los estímulos están colocados para que las personas se trasladen al centro. Son pocos los que se hallan dispuestos a dedicar su vida a trabajar en esas Regiones. Y el pago que reciben es, como se dice, "el pago de Chile": los exoneran.
En privado, les he entregado antecedentes sobre otros casos.
Por ejemplo, el de un médico veterinario altamente calificado que se desempeñaba en el Servicio Agrícola y Ganadero. Lo echaron. ¿Lo pudieron reemplazar por alguien con el mismo nivel de excelencia profesional? ¡No!
Él estaba dispuesto a ser funcionario público, con un sueldo bajo. Todos los otros médicos veterinarios ganan 4, 5 o 6 veces lo que él percibía en el servicio estatal. Por eso no lo pudieron reemplazar. Porque no había quien estuviera dispuesto a sacrificarse por los demás trabajando en el aparato público.
¡Esas son las personas que ustedes despiden, Ministros, por una razón ideológica! Hay una persecución política: los funcionarios despedidos piensan distinto del Gobierno.
Esa realidad demuestra que, lamentablemente, estamos en una situación de una intolerancia inadmisible.
Y al final, el que pierde es el Estado: se queda con funcionarios de menor calidad, de más bajo nivel.
El señor Presidente del Partido Renovación Nacional, que se halla al lado de la señora Ministra en este momento, en declaraciones recientes señaló que tiene la presión de sus bases para poder acceder a cargos de Gobierno. ¡Claro! Hemos escuchado ese tipo de declaraciones de parte de los dirigentes del oficialismo.
Pero ello no es legítimo. No es válido reemplazar a profesionales competentes simplemente porque se tiene la presión -entre comillas- de las bases del respectivo partido.
Se dijo que la nueva forma de gobernar iba a superar el llamado "cuoteo" y, peor aún, lo que se denominaba "el ejército de los operadores". Resulta que ahora hay, no un ejército -entre comillas- de operadores que están siendo incorporados en el aparato público, sino personas sin calificación que están echando a perder el trabajo del Estado y de los servicios públicos.
--(Manifestaciones en tribunas).
Desafortunadamente, se me acabó el tiempo. No sé por qué se me terminó tan rápido.
Señor Presidente, pido 30 segundos más, para concluir.
El señor GIRARDI (Presidente).- Continúe.
El señor ESCALONA.- Señor Ministro, yo le pido que anule esos despidos. Si usted no tiene la atribución para ello, suspendamos la sesión para que llame al Presidente de la República, y se tome tal decisión hoy día, 30 de noviembre.
--(Aplausos en las tribunas).
He dicho.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor GIRARDI (Presidente).- Les pido a los asistentes en las tribunas que mantengan silencio, por favor, para que puedan seguir escuchando el debate.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, como se ha aludido a algunos compromisos que quien habla tomó el año pasado, me voy a referir a ellos.
Pero antes quiero comentar algunas cifras, porque el Senador Zaldívar mencionó una que no corresponde a la realidad: la relativa a más de 8 mil despidos.
Yo tengo a la vista los datos de los años 2009 y 2010, comparables. En la causal de cese de funciones "por otros motivos" -no incluye jubilaciones, renuncias voluntarias con bono de retiro, otras renuncias voluntarias ni fallecimientos- se encuentran las desvinculaciones. Y en ese ítem, en 2009 hubo 4.338 funcionarios públicos despedidos, y en 2010, 4.308.
--(Manifestaciones en tribunas).
Las cifras podrán no gustar, pero esas son.
No tengo ningún inconveniente en ponerlas a disposición de los señores Senadores, aunque ya las hemos entregado. Con todo, igual se insiste en la cantidad de 8 mil. Pero la realidad es otra.
Ese es el primer punto.
En segundo término, señor Presidente, con relación a que las desvinculaciones se producirían por motivos ideológicos, puedo relatar mi experiencia personal.
En el Ministerio de Hacienda he trabajado con diversos servicios donde laboran personas de reconocida militancia en partidos de la Concertación. Por tanto, dicha argumentación no tiene aplicación en cuanto a la experiencia que yo conozco.
Debo manifestar, de parte del Gobierno, que no hay despidos por razones ideológicas. Eso es lo que hemos dicho siempre. Yo lo reafirmo aquí.
--(Manifestaciones en tribunas).
En tercer lugar, me referiré a los compromisos que yo asumí.
Al Senador Zaldívar, a quien conozco y sé que no actúa de mala fe, le tengo que decir que está desinformado, porque, de los tres compromisos que yo tomé, los tres los he cumplido. Y los cumplió el Gobierno.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor GIRARDI (Presidente).- Por favor, les pido a las personas en las tribunas que mantengan silencio. De lo contrario, la Mesa se verá obligada a desalojarlas.
--(Manifestaciones en tribunas).
Solicito respeto para que esta sesión se pueda desarrollar. Si no, no nos quedará más alternativa que desalojar las tribunas. No es nuestra voluntad, pero debemos cumplir el Reglamento.
Señor Ministro, puede continuar.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Gracias, señor Presidente.
El primer compromiso que adopté en nombre del Gobierno consistió en establecer un procedimiento de reconsideración de las desvinculaciones.
Quiero informar que en diciembre del año pasado, luego de asumir tal compromiso, tuvimos reuniones en el Ministerio de Hacienda -en algunas participé personalmente y en otras lo hizo el entonces Subsecretario del ramo, señor Rodrigo Álvarez- con todos los Subsecretarios para definir en todos los Ministerios y reparticiones públicas procedimientos de reconsideración de los despidos, tal como había sido comprometido.
Esos procedimientos se fijaron; por lo tanto, se cumplió esa meta.
Al asunto de las revinculaciones no me referiré yo. Ese tema lo abordará posteriormente la Ministra del Trabajo.
En lo que respecta al incentivo al retiro, hay una desinformación gigantesca, señor Presidente.
El día 15 de abril envié personalmente una carta al Presidente de la CUT, don Arturo Martínez,...
--(Manifestaciones en tribunas).
...a través de la cual se estableció un procedimiento de trabajo. Nos reunimos. Y se decidió discutir en mesas sectoriales los dos temas en los cuales había compromiso. Uno de ellos era el del incentivo al retiro.
Y reitero cada una de las palabras que leyó -citándome- el Senador Zaldívar. Ese es un asunto que nos preocupa. Nos parece importante que haya condiciones de retiro dignas.
Al respecto, hemos concluido acuerdos. Tengo en mi poder los protocolos de acuerdo -los coloco a disposición de Sus Señorías- firmados por seis gremios del sector público: CONFUSAM, ASEMUCH y todos los gremios de la salud centralizada...
--(Manifestaciones en tribunas).
¡Es imposible hablar así, señor Presidente!
El señor GIRARDI (Presidente).- Yo les pido, de verdad...
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor ESPINA.- ¡Aplique el Reglamento, Presidente!
El señor GIRARDI (Presidente).- No es la intención de esta Mesa desalojar las tribunas.
Nosotros tenemos interés en que ustedes participen, pero, si no permiten el desarrollo normal de la sesión, nos vamos a ver obligados a tomar esa decisión.
El señor ESPINA.- ¡Es la quinta vez, pues, Presidente!
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
A los asistentes en las tribunas les pido guardar silencio. Aquí se puede discrepar, pero se debe tener respeto.
--(Manifestaciones en tribunas).
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Gracias, señor Presidente.
Si se me dejara concluir, pondría a disposición del Honorable Senado los antecedentes de que dispongo. Pero no se me ha permitido finalizar.
Decía que los protocolos de acuerdo sobre incentivo al retiro fueron firmados por seis gremios del sector público. Entre ellos, todos los de la salud centralizada, excepto FENPRUSS.
--(Aplausos en tribunas).
Hoy ya se encuentra en el Congreso un proyecto que mejora los incentivos al retiro, lo que discutiremos próximamente.
Por lo tanto, se organizaron mesas sectoriales con la totalidad de los gremios. Ya tenemos seis acuerdos concluidos y un proyecto de ley consensuado con cuatro de estas entidades gremiales en el Parlamento.
El tercer compromiso es el relativo a los trabajadores a honorarios.
En el mes de julio de este año -esto también se discutió en las mesas sectoriales- el Gobierno entregó un documento que contenía un análisis de la situación del personal a honorarios a diciembre de 2010.
Estoy encantado de poner dicho estudio a disposición de los interesados. La CUT lo tiene, y los distintos gremios también.
Esta materia, aparte de estar presente en las mesas de trabajo ya constituidas, lo estará en las que se formarán de acuerdo al protocolo que el Gobierno ha firmado con once de los catorce gremios del sector público.
En todo caso, seguiremos avanzando tanto en el tema de los incentivos al retiro como en el de la situación de los trabajadores a honorarios.
Por lo tanto, señor Presidente, los cargos que me hace el Senador Zaldívar no corresponden a la realidad: los compromisos han sido cumplidos íntegramente.
Gracias.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor GIRARDI (Presidente).- ¡Por favor, ruego a los asistentes guardar silencio!
Tiene la palabra el Honorable señor Eduardo Frei.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, me referiré a un punto importante que debatimos en la mañana cuando llegó el oficio pertinente desde la Cámara de Diputados.
¿Por qué tenemos que discutir estos proyectos con urgencia calificada de "discusión inmediata"? Este caso no es excepcional. Hoy día mismo en la Cuenta se informa sobre el proyecto que modifica el plazo para el reintegro parcial por concepto del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas del transporte de carga, que también viene con "discusión inmediata". Se debatió en Sala de la Cámara de Diputados sin siquiera pasar por las Comisiones respectivas.
¿Por qué no se mandó la iniciativa de reajuste hace diez o quince días para que hubiéramos discutido y analizado todos sus puntos con tranquilidad?
Me parece extraña esta forma de proceder. O es falta de prolijidad o es decisión del Ejecutivo mandar estos proyectos a última hora, a último minuto, con el fin de que no haya debate y nos veamos obligados a votar o no votar.
En segundo lugar, independiente de la decisión del Gobierno de presentar el guarismo que ya conocemos, hemos escuchado todo el año, permanentemente, que el crecimiento del país será de 5, 6,5 o 7 por ciento y la inflación estará entre 3,5 y 4 por ciento.
Todas las cifras que se anuncian en cuanto al desempleo y otras permiten dar un reajuste mayor.
Nunca hay espacio para terminar con las desigualdades permanentes.
Se ha hablado de los despidos.
En mi Región, más de 50 trabajadores del INDAP han sido despedidos hoy día.
En el INIA (Instituto de Investigaciones Agropecuarias), fueron echados casi todos los funcionarios que tenían más de 30 años de servicio, algunos incluso de reconocida capacidad internacional. Con tales medidas se ha descabezado prácticamente el INIA. ¿Para qué se hace eso? Para traspasar funciones de dicho organismo al sector privado, el cual carece de competencia para realizarlas.
Esta materia ya la discutimos el año pasado, y hoy volvemos a analizarla.
El Ministro de Hacienda dijo que se cumplieron todos los compromisos adquiridos el año pasado. La verdad es que, por lo menos en la Comisión de Hacienda, nunca hemos sido informados de ello, instancia en la cual se planteó la discusión y se conversaron estos asuntos cuando aprobamos el proyecto de reajuste para el sector público el año pasado.
¿Por qué no se informa a la Comisión de Hacienda sobre estos temas? Nunca se nos informa.
Lo mismo pasó con la recién terminada discusión del proyecto de Ley de Presupuestos. El señor Ministro nos invitó a conversar en el mes de septiembre. Le hicimos un conjunto de preguntas. No las respondió en su mayoría. Me dijo que después mandaría las respuestas a través de un oficio. Nunca llegaron. Después tuvimos que debatir largamente la iniciativa.
Al final, nos informamos por la prensa y por los foros gremiales.
Hace pocos días el Ministro anunció una serie de medidas en caso de sufrir los efectos de la recesión internacional. Tampoco conocimos en la Comisión de Hacienda esos antecedentes.
Vimos ayer la votación de la Cámara de Diputados respecto del proyecto de Ley de Presupuestos. Para aprobarlo, el Gobierno prefirió entenderse con algunos de los Diputados díscolos. Unos hoy día admitieron que les dieron no sé cuántas becas para su Región, y al día siguiente se dan vuelta la chaqueta. Sin embargo, creo que es mejor buscar los grandes acuerdos con las grandes mayorías. Siempre hemos estado dispuestos a ello.
¡No podemos seguir aceptando que el Senado sea un buzón!
Hoy día en la mañana tratamos dos proyectos con "discusión inmediata". Ahora, el que nos ocupa también. Seguramente en la próxima sesión, "discusión inmediata" otra vez para la iniciativa vinculada al impuesto específico al petróleo, lo que no dejará posibilidad alguna para hablar sobre el tema central. Ahí solamente se cambiará la fecha para que no venza el plazo, y la materia quedará despachada.
Al final, poco diálogo, poca reflexión, poca posibilidad de entenderse.
En definitiva, los proyectos llegan con "discusión inmediata"; hay que votar "sí" o "no", y no queda espacio para el debate, la reflexión y la participación de esta Cámara colegisladora.
Si se han cumplido todos los compromisos, como ha dicho el Ministro, no veo por qué no se pueda tener para el próximo año el mismo Protocolo del 2010, y seguimos caminando.
En la Comisión de Hacienda, estamos dispuestos a analizar los proyectos que lleguen.
Señor Presidente, reitero que la urgencia de "discusión inmediata" declarada en forma permanente es tremendamente negativa para el Parlamento.
Y me sumo a lo señalado sobre las Regiones. Entre ayer y hoy he recibido múltiples llamados desde mi Región de personas con treinta años de servicio en instituciones en que cuesta mucho formar a los profesionales que se desempeñan en ellas, que también han sido despedidas.
Terminemos con este sistema que, en definitiva, está envenenando el alma nacional y que no conduce a pacificar ni a dar tranquilidad en la discusión de los temas como corresponde al Parlamento. No somos un buzón y espero que ese no sea el futuro del Senado.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, en esta discusión sobre el reajuste todos los años escuchamos las mismas opiniones. No logro entender por qué el Ejecutivo, que tiene la obligación de gobernar, no busca la posibilidad de acuerdos.
A nosotros nos entregaron el Protocolo de Acuerdo sobre Estabilidad Laboral e Incentivo al Retiro para los Trabajadores del Sector Público, que es lo que están pidiendo los funcionarios. ¿Y qué dice? Que "a los funcionarios públicos se les renovará automáticamente sus contratos cuando sus calificaciones medidas por las disposiciones legales vigentes sean satisfactorias. (lista 1 y lista 2 del sistema calificatorio)".
Pareciera ser algo razonable. Según he escuchado, no lo es, porque las calificaciones no se hacen de la manera que a lo mejor quisieran los directores de los servicios. Pero esto es la ley. Y lo que se está pidiendo es que se cumpla.
Como la historia es la historia, voy a volver a leer hoy lo que leí el año pasado, la Carta Abierta a los Funcionarios Públicos de quien era entonces candidato a la Presidencia de la República, don Sebastián Piñera.
Dice, al final:
"También quiero transmitirles un mensaje de cambio, de futuro y de esperanza.
"1) En nuestro futuro gobierno todos los funcionarios públicos -ya sean de planta, a contrata u honorarios- serán respetados en sus derechos y promovidos en función de sus méritos...
--(Manifestaciones en tribunas).
"Pero no solo respetaremos su carrera funcionaria. Queremos ir mucho más allá: vamos a mejorar la situación contractual de los funcionarios públicos que realizan labores permanentes y que en más del 50% de los casos lo hacen con contratos precarios que expiran cada año y que los dejan demasiado expuestos a los abusos de las autoridades de gobierno".
--(Manifestaciones en tribunas).
Esta es una promesa electoral de quien ganó las elecciones. Yo creo que parte importante del país se preguntará qué pasó que en ese minuto se tomó la decisión de cambiar la dirección del Gobierno del país,...
--(Manifestaciones en tribunas).
...porque no tenemos respuesta a eso.
Entonces, cuando los funcionarios piden lo del punto uno, me parece que no hay razón para que el Gobierno no cumpla lo que el propio Presidente de la República, como candidato, se comprometió a hacer. No solicitan otra cosa sino no ser despedidos si cumplen los requisitos que la propia ley establece. Y eso no se respeta.
El año pasado, en un altercado que tuve con el Ministro Hinzpeter,...
--(Manifestaciones en tribunas).
... señalé que había 8 mil funcionarios despedidos. Él afirmó que no era cierto, que no había recibido la información. Yo pedí los antecedentes y me los hizo llegar el propio Ministro del Interior, al menos en lo relativo a su Cartera. En esta, el año pasado se despidió a 155 funcionarios.
Todos los Senadores hemos recibido información de distintas Regiones y de los servicios públicos, según la cual se ha pedido la renuncia a mil personas hasta el momento.
En mi concepto, es algo grave y que debe resolverse de una vez por todas. No todos los años podemos estar en esta situación de precariedad. Yo recuerdo claramente que parlamentarios de la Alianza -en esa época, de Oposición- se referían con dureza a la situación de los funcionarios públicos, señalando que había que cambiarla, lo que obviamente corresponde. Pero no hemos recibido proyecto de ley ni nada que mejore lo que hoy día estamos viviendo, que es lo mismo del año pasado: el incumplimiento de una promesa electoral del actual Presidente de la República.
No estoy hablando de algo que no esté refrendado en el punto 1) de la carta que entregó a los funcionarios públicos cuando era candidato.
Eso es indispensable, porque hoy día hablamos del reajuste, de un punto más o un punto menos, pero ese no es el tema central de la discusión. Porque uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con si sube o no el porcentaje de reajuste, pero lo grave es la inestabilidad de los funcionarios públicos, lo cual debe resolverse y no se resuelve.
El otro punto que plantean en este Protocolo los propios funcionarios públicos es que, en relación con los incentivos al retiro, se mantenga la ley N° 20.212, que ya se aplicó.
--(Aplausos en tribunas).
O sea, no es algo que vaya contra los principios del propio Gobierno dentro de su estructura ideológica. Simplemente, se solicita que, para que haya estímulo a jubilar, se mantenga la ley N° 20.212. ¡Tampoco!
Y el tercer punto, que no me parece tan grave -he escuchado al respecto a parlamentarios de las zonas extremas-, es que "la Asignación de Zona que perciben los funcionarios públicos de las regiones extremas sea declarada imponible por ley".
No considero que alguno de esos tres puntos vaya a significar la crisis, la quiebra ni la destrucción ideológica del actual Gobierno. Al revés, estoy convencido de que si fueran incluidos en un Protocolo, los funcionarios públicos disfrutarían de estabilidad en el empleo y se cumplirían los compromisos de la actual Administración.
Señor Presidente, no encuentro lógica alguna en que año a año lleguemos al final del período a discutir un punto más o un punto menos y que, finalmente, por la vía del lado, se produzcan despidos masivos. Porque, aunque digan que son 4 mil 435, ese número corresponde a familias que quedaron sin trabajo.
Nosotros podemos decir que son 8 mil, pero discutir si son pocos más o pocos menos, me parece grave. Por eso, de una vez por todas, debiera establecerse el compromiso de tener una Administración Pública con las características que requiere un país que se asoció a naciones modernas, de las cuales no estamos ni siquiera cercanos a su desarrollo en estas materias. Porque, si hay algo importante es que la Administración Pública sea fuerte y poderosa en la atención que sus funcionarios presten a aquellos que van a buscar beneficios o soluciones a sus problemas. Y para eso deben tener estabilidad y remuneraciones decentes.
A mi juicio, lo anterior es posible, porque los requerimientos que he mencionado -insisto- no van a traer la quiebra del Estado ni producir un problema de tal gravedad que impida llegar a acuerdos. Porque no se está pidiendo otra cosa que lo mencionado.
Aquí la inequidad es tremenda. Funcionarios del ámbito municipal como las educadoras de párvulos de los VTF -son las que atienden a los preescolares a raíz de la derivación de recursos a las municipalidades- nunca fueron considerados en sus demandas. Sus sueldos dependen de los recursos entregados a los municipios, en circunstancias de que debieran estar establecidos claramente. ¡Son parte de lo que significa el desarrollo de una actividad tan relevante como la municipal!
Acabamos de terminar el debate del presupuesto de Educación, con todas las dificultades que se han conocido públicamente.
Entonces, en una situación que implica despidos -porque lo que han mencionado los Senadores Región por Región es la realidad, como se publica en los medios de comunicación-, inestabilidad laboral, un protocolo planteado por los dirigentes de los empleados públicos que no significa sino la posible realización de actividades dentro del aparato público con la necesaria tranquilidad, no logro entender por qué no se buscan acuerdos. Y nos obligan hoy día a votar el trámite de habilitación de este proyecto para que más tarde lo trate la Cámara de Diputados y la próxima semana tengamos en el Senado la misma discusión, sin que se haya dado solución alguna. ¡No lo entiendo!
El Ejecutivo está para gobernar, para alcanzar la paz y conseguir que el país avance. En estas condiciones, nada de eso se logra y vamos a tener, igual que el año pasado, funcionarios públicos en precarias condiciones. Me parece que eso no es lo correcto ni tampoco la forma en que uno espera que se lleven adelante las políticas públicas.
Tenemos que permitir el avance del proyecto, porque, de lo contrario, no habrá reajuste. Pero eso lo haremos con la misma convicción del año pasado. Sin embargo, no hay respuestas concretas.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Cantero, para plantear un asunto de Reglamento.
El señor CANTERO.- Señor Presidente, atendido que la iniciativa fue desechada en general por la Cámara de Diputados y que ella dice relación a reajustes, aguinaldos y otros beneficios, y considerando que para avanzar se requiere -como señaló el colega que me antecedió- el quórum de dos tercios, solicito formalmente, como Comité Independientes, que se abra la votación a partir de este momento, sin perjuicio de que puedan intervenir los señores Senadores.
El señor GIRARDI (Presidente).- No hay acuerdo, Su Señoría.
Solicito la anuencia de la Sala para que me reemplace en la testera el Honorable señor Gómez, porque debo inaugurar el Seminario Internacional Congreso del Futuro.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Gómez, en calidad de Presidente accidental.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MATTHEI (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, con gusto yo hubiera venido...
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Ruego a los señores Senadores tomar asiento.
Al mismo tiempo, pido orden a las tribunas. No porque haya una manifestación más o una menos se logrará un resultado distinto del que ustedes podrán apreciar en la votación.
Les solicito tranquilidad para escuchar las exposiciones tanto de los Ministros como de los parlamentarios -se votará después de que terminen sus intervenciones-, y no tener que imponer algo desagradable para ustedes y para nosotros.
Puede continuar, señora Ministra.
La señora MATTHEI (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- Decía que habría venido con gusto a dar cuenta de qué ha pasado con las reconsideraciones. Pero nadie lo solicitó. En todo caso, quiero contar, a modo de ejemplo, que en el Ministerio del Trabajo, en el IPS, 53 personas fueron reconsideradas: Luz Aurora Aguirre, Miriam Judith Aguirre, Flor Irene Alvarado, Arnaldo Juan Araneda, Juan Agustín Araneda, etcétera.
Podría seguir citando si se desea.
En el Ministerio del Interior, se reconsideró a las siguientes personas: en la Intendencia de la Primera Región, Mabel Díaz; de la Segunda Región, Mario Lamely; de la Séptima Región, Luz Naranjo; en fin, podría mencionar rut por rut, nombre por nombre los casos.
En el MOP había 110 renovaciones. En una primera fase se reconsideró a 29 personas, y en un segundo proceso, a otras 9. Es decir, 38 de 110.
Y así podemos ir Ministerio por Ministerio.
En consecuencia, señor Presidente, cuando se dice que no se cumplió en ese sentido, no es cierto.
Debo señalar que efectivamente se han producido despidos. Siempre los ha habido y seguirá habiéndolos.
Eso sí, quiero puntualizar que los despidos alcanzaron una tasa de 2,1 por ciento el 2010. Y en el último año de la Presidenta Bachelet, después de 20 años de Gobiernos de la Concertación, donde tuvieron harto tiempo para poner a su gente, hubo más despidos que en el primer año...
--(Manifestaciones en tribunas).
...de mandato del Presidente Pinochet. Es decir, se produjeron más despidos que en un primer año de cambio de Administración.
--(Manifestaciones en tribunas).
Ahora bien, señor Presidente, todo el mundo sabe que a mí lo de la estabilidad y de la dignidad de los trabajadores me interesa de verdad.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡Ya pues, señor Presidente!
El señor CANTERO.- Que se ponga orden.
La señora MATTHEI (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, ¿usted va a aceptar todo esto?
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Señora Ministra, yo dirijo la sesión. Usted tiene la palabra.
--(Aplausos en tribunas).
La señora MATTHEI (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- Muy bien.
Gracias, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Pido a quienes están en las tribunas que, por favor, no realicen ningún tipo de manifestación para los efectos de que se pueda escuchar el debate.
El señor CANTERO.- Aplique el Reglamento.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Haré eso cuando lo crea necesario. Si el señor Senador tiene algo que decir, haga lo que estime pertinente.
El señor LARRAÍN (don Hernán).- Señor Presidente, ¡dirija el debate, pero aplique el Reglamento!
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Lo haré cuando lo considere conveniente.
Yo estoy presidiendo.
Si el señor Senador quiere recurrir al Reglamento, lo puede hacer.
El señor CANTERO.- ¡Esto no es dictadura!
El señor LARRAÍN (don Hernán).- Las normas no se aplican a discreción de la autoridad, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Efectivamente, y como el Reglamento lo interpreto yo, procedo según mi decisión.
En este momento, quien toma las decisiones y preside soy yo.
--(Aplausos en las tribunas).
El señor LARRAÍN (don Hernán).- ¡Muy bien, señor Presidente, trabaje para la galería! ¡No hace callar a la gente para que lo sigan aplaudiendo!
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Procederé a llamar la atención a quienes están en las tribunas cuando corresponda.
Pido al público asistente, por última vez, escuchar las exposiciones y no interrumpir, porque, de lo contrario, me veré en la obligación de desalojar las tribunas, cuando en realidad lo importante es imponerse del debate.
Por más manifestaciones que se hagan, no habrá cambio de opiniones. Lo interesante es que escuchen. Si no hay respeto, me obligarán en definitiva a desalojar las tribunas.
Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
La señora MATTHEI (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, me quedaban minutos.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Se le respetará su tiempo, señora Ministra.
Puede continuar con el uso de la palabra.
La señora MATTHEI (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, solo deseo señalar que, en verdad, me enternece que Su Señoría haya dicho que está muy preocupado por los derechos de los trabajadores del sector público. ¡Porque ustedes fueron Gobierno durante 20 años!
En las reuniones sostenidas con los gremios que firmaron el documento, convenimos en que se iniciarán conversaciones sobre cómo se deberían hacer los contratos y de qué manera realizar los despidos. ¡Pero no me pidan que en nueve meses haga lo que ustedes no hicieron en 20 años!
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, es evidente que las cosas no ocurren por casualidad. El hecho de que hoy día estemos dedicando prácticamente todo el tiempo de nuestras intervenciones a la inestabilidad laboral, a los despidos arbitrarios y a la persecución política no es porque se nos haya ocurrido.
El problema de fondo radica es que la realidad es indesmentible; y sería una gran falta de coraje y una deshonestidad el que nosotros hoy día hiciéramos caso omiso de las demandas, de las quejas, de la frustración que experimenta no solo la gente despedida, sino que cada uno de los funcionarios públicos del país.
Porque aquí no estamos hablando únicamente del problema de los despedidos. También hay funcionarios solidarios y varias instituciones que han sido golpeadas por esas determinaciones.
Me encantaría que hoy día habláramos del reajuste, de si es justo o no lo es y si se incorpora como imponible lo relativo al crecimiento económico, a la productividad. Pero no es así. Sin embargo, pensamos que es posible hacer partícipes a los trabajadores de ese crecimiento económico del que tanto habla el Presidente de la República.
Se expresa que Chile crece al 6 por ciento y que hay buenas expectativas. No obstante, los trabajadores no experimentan en sus sueldos los éxitos económicos, sobre todo cuando son tan profundamente desiguales.
Estoy convencido de que uno de los grandes problemas de Chile, que se refleja en la calle y no solo apunta a la educación, se relaciona con la frustración y la irritación, que son el resultado de la tremenda desigualdad en la distribución del ingreso.
Y el guarismo que hoy día votaremos no es indiferente, como señal política, al resto del mundo del trabajo. Es un mensaje que el Estado de Chile, el Gobierno, les da a los empresarios para que tomen en cuenta este indicador al momento de incrementar el salario de sus trabajadores.
Pero, lamentablemente, no nos concentramos en esa materia porque hay una realidad indesmentible, que no había ocurrido en 20 años. Y se lo quiero decir a los Ministros señora Matthei y señor Larraín: ¡Nunca en 20 años vimos que el tema de fondo, el punto central, fueran los despidos arbitrarios!
Y quiero manifestar otra cosa.
Estamos hablando de personas de carne y hueso que fueron bien evaluadas -¡bien evaluadas!-. Porque, si no cumplieran sus labores, si llegaran tarde al trabajo y no calificaran, nadie las estaría defendiendo.
Tengo un listado con los nombres de quienes fueron calificados con nota 6,8 a 7 y, sin embargo, el Seremi de Salud -la autoridad sanitaria de Iquique- los removió de sus cargos.
Se trata de los siguientes funcionarios: Jorge Julio, Jennifer Flores, Sergio Flores, Pedro Orchard, Ana Cerda, Sandra Araya, Ernesto García, Brenda Gutiérrez, Marco García y Mario Valverde.
Y poseo más listas, porque me llegan correos de todos los servicios públicos: de Obras Públicas, de Vialidad, de la Aduana, en fin.
Saben cuáles son los argumentos que utilizó el Seremi de Salud, don Manuel Fernández -se lo digo a los Ministros que nos acompañan-, quien fue Director del Hospital de Iquique en tiempos de la Concertación -¡en tiempos de la Concertación!-, y nadie lo persiguió por tener un color político distinto.
Les manifestó a los funcionarios públicos que despidió, estando bien evaluados por él, que no daban el ancho. Nunca he sabido que un método para evaluar a un funcionario público sea decirle: "Usted no da el ancho".
Les señaló, también, que "uno tiene que asumir que como funcionario público no se puede tener una vida separada de este rol, que uno/a siempre es funcionario/a público/a; por tanto no podemos exponernos públicamente a conflictos".
¿Sabe, señor Presidente, a cuáles conflictos a los que se vieron expuestos públicamente estos trabajadores despedidos de manera injusta se refería el señor Fernández? A tener un pensamiento distinto y a aparecer expresándolo en algunos medios de comunicación.
O sea, las 24 horas diarias por siete días a la semana se traducen en que un empleado público que cumple labores regulares, que tiene un cargo profesional, que desempeña funciones técnicas, no puede pensar diferente.
Pero esos no son cargos de confianza. Soy el primero en pensar que un funcionario de confianza tiene que dar un paso al costado cuando cambia la Administración, porque el que gana la elección gobierna. Nosotros perdimos la última que se celebró y la gente que ocupaba cargos de confianza debió irse el primer día. Eso es lo que corresponde en democracia.
Sin embargo, las personas que desempeñan trabajos y funciones permanentes y regulares (responsabilidades administrativas, técnicas y profesionales) no tienen por qué ser discriminadas y perseguidas políticamente. Y aquí hay una persecución política, una verdadera razia, como lo demuestran estas declaraciones donde el Seremi de Salud, señor Manuel Fernández, critica a los funcionarios por tener una opinión distinta y expresarla en los medios de comunicación. Porque, según él, quien lo hace en democracia es una persona conflictiva.
Entonces, hoy se evalúa a la gente porque es conflictiva o porque no da el ancho; porque tiene problemas de relaciones interpersonales que dificultan el trabajo en equipo y el ambiente laboral con sus compañeros. ¿Y por qué no dijeron todo eso en la evaluación?
Estas diez personas, estos diez seres humanos, con nombres y apellidos, con familias, fueron despedidas a pesar de estar bien evaluadas.
Por eso, nuestra discusión se concentra y enfoca en la estabilidad laboral y en los derechos humanos de los trabajadores. Porque esto tiene que ver con los derechos humanos.
Y cuando nos dicen: "En los gobiernos de la Concertación también se hizo", suena raro. Es cierto que en veinte años de gobierno nos criticaron porque el reajuste era insuficiente. Y muchas veces lo fue: cometimos muchos errores. Sin embargo, nunca vi el nivel de sectarismo, de discriminación, con que hoy opera la actual Administración.
Lamentablemente, tengo que decir estas cosas. Y no es algo que me enorgullezca o me ponga contento.
En una democracia hay que aprender a respetar a las personas y sus ideas y luchar para que puedan expresarlas, sobre todo en el ámbito laboral.
Porque esta es la génesis, el origen de la discriminación en otras esferas. Si discriminamos a la gente por su forma de pensar, el día de mañana lo vamos a hacer por su religión, por el color de su piel, por su orientación sexual. Acabamos de aprobar una ley contra la discriminación y hoy día vemos que el Estado discrimina a la gente por su forma de pensar. Y eso es absolutamente inaceptable. Tengo listados completos de personas despedidas por razones políticas en Arica y en Iquique.
Y hago el siguiente hincapié.
Si estas personas no servían, si hacían mal la pega, si no cumplían con sus responsabilidades, ¡por qué fueron bien evaluadas! En consecuencia, señor Presidente, les pido a los Ministros que nos acompañan que reconsideren estos casos. Nunca vamos a pedirle al Gobierno -sería irresponsable y deshonesto hacerlo- que mantenga en su puesto a una persona mal calificada. Pero aquí hablamos de quienes fueron bien evaluados por la misma autoridad que ahora les dice que no dan el ancho, que son conflictivos, que tienen que exhibir una conducta coherente fuera del trabajo. ¿Esa conducta coherente significa que no puedan emitir sus opiniones en democracia?
Por lo anterior, le pedimos al Gobierno que avancemos en respetar los derechos de los trabajadores y, ojalá, en discutir el tema del reajuste, así como el incentivo al retiro. Hay un compromiso para darle tiraje a la chimenea que no se ha cumplido. Porque tenemos una tasa de retorno muy baja y la gente jubila en muy malas condiciones, debido a un sistema de pensiones que, a mi juicio, hay que cambiar. Esto forma parte del modelo de desarrollo que hemos impuesto en Chile: privatizar la salud, privatizar la educación, privatizar el sistema de pensiones.
Por eso las tasas de reemplazo son inferiores al 30 por ciento.
¿Qué persona en edad de jubilar puede hacerlo hoy de manera digna?
Finalmente, respecto a la gente de zonas extremas es imprescindible que los bonos y las asignaciones les sean imponibles. Porque, al no ser así, se perjudica enormemente su jubilación, sus condiciones de vida en la vejez.
De otro lado, la base de cálculo para las zonas extremas también es tremendamente injusta. La gente de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial tiene el sueldo completo, el imponible, como base de cálculo. En cambio, a los funcionarios públicos se les considera el sueldo base. Hay una tremenda diferencia entre el sueldo base y el imponible. Son cosas en las que tenemos que ir avanzando.
Todo lo que conversamos aquí es discutible, opinable en democracia, y es legítimo que haya diferencias respecto del monto del reajuste.
¿Pero de qué sirve el guarismo? ¿De qué sirve reajustar 4, 5 o 6 por ciento si la persona quedó en la calle? Pero los trabajadores son solidarios. Algunos, a lo mejor, firmaron un compromiso, un acuerdo con el Gobierno.
Sin embargo, yo también quiero hacer un llamado a la solidaridad.
Insisto, da lo mismo que el reajuste sea de 5, 6 o 7 por ciento si un trabajador está en la calle. Por tanto, le pido al Gobierno que reconsidere los despidos, porque son injustos, arbitrarios y atentan contra la democracia.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- ¡Silencio, por favor!
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Quiero poner en conocimiento de la Sala que se ha establecido un pareo entre los Senadores señores Girardi y Cantero para esta sesión, que comenzó a regir a partir de las 18.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Recabo el asentimiento de la Sala para abrir la votación, manteniendo los tiempos.
¿Habría acuerdo?
La señora RINCÓN.- Sí, señor Presidente.
--Así se acuerda.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Cerrado el debate.
En votación.
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
--(Durante la votación).
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, deberíamos estar discutiendo el reajuste, los aguinaldos, en fin, las bonificaciones del sector público. Pero aquí se ha dicho, con justa razón, que el punto central no es la cifra del 5 por ciento, ni el bono de 230 mil pesos por el término de la negociación, ni los 113 mil pesos para los salarios que van de 600 mil a un millón 800 mil pesos, porque estamos poniendo el acento en un aspecto que, a mi juicio, es muy relevante.
No es fácil -lo hemos expresado más de alguna vez- pertenecer al sector público. Sé que hay mucha gente que tiene la camiseta puesta y eso es admirable. Y digo que no es fácil porque muchas veces tanto en esta Sala como en la Cámara de Diputados han sido denostados, maltratados, no se ha respetado su dignidad o sus derechos.
Para ser bien precisa (se lo dije esta mañana al Ministro aquí presente y lo quiero volver a repetir): me parece lamentable que incluso la Corte de Apelaciones de Santiago haya debido pronunciarse y acoger por unanimidad un recurso de protección a favor de los empleados del Ministerio de Hacienda por un instructivo para controlarlos en sus jornadas de movilizaciones.
De acuerdo a ese documento las jefaturas tenían que anotar las inasistencias de los funcionarios, registrando datos que dieran cuenta de los atrasos por consumo de café, demoras en las idas a los servicios higiénicos y otros.
Francamente, hay que tener una cara muy dura para decir que se respeta a los empleados si una jefatura del Ministerio de Hacienda es capaz de hacer algo así. No sé qué responsabilidad le cabrá al titular de esa Cartera. Pero al menos debería asumir que en su Ministerio se elaboró una circular que motivó la presentación de un recurso de protección, que afortunadamente fue acogido por unanimidad.
Con eso quiero demostrar que, como país, deberíamos adoptar una conducta radicalmente diferente, en cuanto a entender y apreciar la vocación por el servicio público, en el cual muchas veces los sueldos son inferiores a los del sector privado, y a tomar conciencia de cuánto cuesta encontrar personal idóneo, preparado, con experiencia.
Nosotros lo sabemos muy bien, porque incluso en nuestras Regiones faltan especialistas o la gente necesaria para un mejor desempeño. Es más, en la Región de Atacama -lamentablemente, hay que decirlo- se verifica la menor ejecución presupuestaria del país.
Como Senadora en representación de esa zona lo he denunciado una y otra vez. He sido prácticamente denostada por ello; me han dicho de todo. Pero no me importa, porque mi obligación es señalar que constituye una vergüenza que tengamos la menor ejecución presupuestaria, a pesar del aumento del Presupuesto. Por lo tanto, no hay ninguna excusa.
Pero no solo eso: quiero recordar que, tiempo atrás, también en la Región de Atacama -no estaba la actual autoridad regional, sino un intendente subrogante- tuvieron que echar pie atrás respecto a una circular en la cual se pedía, a pocos meses de instalado el Gobierno, informar sobre la filiación política de los funcionarios y si pertenecían a gremios.
¿Cómo se llama aquello? ¿Qué quieren decir con esa actitud?
Además esta última semana se produjeron 16 despidos en diversos organismos públicos de Atacama: 2 correspondientes al Ministerio de Transportes; 6 al Instituto de Previsión Social; 2 a la JUNJI; 5 al SENAME, y uno al FOSIS. Y se anunciaron más.
Quiero que entendamos, señor Presidente, Honorables colegas, que, si hemos puesto el acento en esta situación, es porque estamos seguros de que, más allá de la relevancia -realmente la tiene- del reajuste para el sector público, para la gente es mucho más importante la dignidad, el respeto, el buen trato y, entre otros aspectos, el contar con cierto grado de estabilidad, particularmente si ha sido bien evaluada en su calificación.
Si a alguien no le gusta cómo se aplica el sistema, habrá que resolverlo. Pero ese procedimiento se encuentra establecido en la ley y se tiene que llevar a cabo. Por lo tanto, resulta difícil para una persona aceptar que, después de ser bien calificada, le digan -como señalaba el Senador Rossi- que no da el ancho.
Pero, además, quiero decir lo siguiente: la proyección del crecimiento es de 6 por ciento; la inflación esperada hasta ahora es de 3,7. Probablemente, se mantendrá ahí o tal vez llegará a cerca de 4 por ciento. Eso significa que el reajuste real va a ser de alrededor de 1 a 1,3 por ciento.
Me pregunto: ¿Cómo se sienten con eso los empleados públicos?
Sabemos que en este país existen enormes desigualdades; que hay personas con tremendo endeudamiento en créditos de consumo y otros.
¿Cómo se sentirá la gente luego de leer en la prensa de hoy, por ejemplo, que la ganancia de la banca entre enero y octubre fue de 2 mil 842 millones de dólares?
Entonces, cuando uno ve que se debe vivir con un sueldo que obliga a endeudarse para salir adelante; que en nuestra nación -lo denunciamos tantas veces en la discusión presupuestaria a raíz del debate sobre los temas generales de educación- tenemos los aranceles más caros del mundo en proporción al ingreso per cápita, cabe preguntarse cómo se sentirá nuestra gente.
Señalo lo anterior, porque a partir de ahí uno puede calificar la propuesta del actual Gobierno, para decirlo en una sola palabra, de mezquina. No se puede señalar otro adjetivo que no sea ese.
Pero no solo eso.
Tendremos una inflación real de 3,7 por ciento. Sin embargo, los alimentos han subido 6,5 (el alza del pan llegó a 9,7 por ciento y bordea los 900 pesos el kilo). En educación, el incremento fue de 5,6 por ciento. En transporte, desde el 2009 el precio del Metro ha subido 180 pesos; y el de los buses, 160. Tan solo el 2011, cada uno de esos servicios ha sufrido un incremento cercano al 30 por ciento (60 pesos en el Metro y 60 pesos en los buses).
Por consiguiente, empiezo a preguntarme: ¿Es suficiente este reajuste?
Nosotros consideramos que a lo mejor resultan insuficientes las medidas adoptadas -ya deberíamos estar tomando otras- para hacer frente a los coletazos, que claramente vamos a recibir, de una crisis europea y mundial muy grande.
Sin embargo, el crecimiento proyectado es de 6 por ciento.
El Ministro dice que debemos ser austeros. ¡Claro! Hay que serlo, pero siempre tiene que pagar la gente que gana menos o el sector que se halla levemente más arriba.
¿Por qué? ¿Faltan recursos? Pues bien, señor Ministro, llevemos a cabo una reforma tributaria.
¿Ustedes consideran lógico que el 1 de enero la tasa del impuesto para las empresas vuelva a 17 por ciento? Bastaría mantenerla en 20 por ciento para recibir 430 millones de dólares, que era la cantidad que habíamos pedido destinar a educación para profundizar mucho más el Presupuesto que finalmente se terminó aprobando, que no nos dejó satisfechos. Porque se afirma que el 60 por ciento de los jóvenes va a recibir beca, pero no se dice que esta cubrirá solo el arancel de referencia, no el real.
Entonces, siempre empezamos con lo mismo: una letra chica que no se menciona, pero que la gente debe vivir. Eso es doloroso.
En consecuencia, nos parece legítima una demanda que diga: "Dignidad; estabilidad". ¿Por qué no podemos revisar seriamente la factibilidad de legislar, como se hizo hace poco con la ley Nº 20.212, para generar condiciones razonables y dignas de retiro? Todos sentimos y sabemos que los funcionarios públicos siguen y siguen trabajando después de los 65 años por un motivo obvio: las jubilaciones son bajísimas; la tasa de retorno, para qué decir; las pensiones, menos.
El famoso y tan cacareado sistema previsional que se nos implantó en los años ochenta le hizo daño al sector público. Además, ¿qué pasa hoy día? Vemos cuánto han disminuido cualquiera de los cinco fondos en que se encuentran los ahorros de nuestra gente.
Todos conocemos su nivel de descenso. Y no se proyecta que vayan a subir o, por lo menos, a recuperar lo invertido.
Al respecto, cabe preguntarse: ¿Cómo podrían jubilar las personas si la tasa de retorno es tan baja, si las pensiones siguen disminuyendo? Eso, sin considerar las comisiones que se cobran.
No hemos logrado meter en cintura a ese problema. Y las personas siguen trabajando.
Ya es hora de encontrar una solución.
Por eso, resulta legítimo plantear lo siguiente: ¿Por qué no retomar la ley Nº 20.212? ¿Por qué no crear mejores condiciones de retiro?
No es saludable que los funcionarios públicos tengan que seguir trabajando hasta los 75, 80 o más años. ¿Por qué lo hacen? Porque contrajeron deudas; porque tienen hijos en la universidad, donde pagan los aranceles más caros; porque no pertenecen al 10 por ciento privilegiado que sí puede darse todos los lujos que quiera en un país tan desigual.
Señor Presidente, termino diciendo que es enteramente legítimo pedir un reajuste mayor. Es más, en julio de este año aprobamos por 17 votos a favor y sin rechazos ni abstenciones un proyecto de ley que reajustó el salario mínimo en 2,5 por ciento real.
Al respecto, formulo la siguiente interrogante: ¿Por qué se propone un reajuste de 1 a 1,3 por ciento real si la inflación bordeará el 4 por ciento?
Me parece que ello no resiste análisis.
Espero un cambio de actitud del Gobierno en la Cámara de Diputados, porque tiene la oportunidad de cumplir la palabra entregada por el Presidente cuando era candidato.
Cuando se da la palabra hay que cumplirla. Y resulta doloroso ver que haya dirigido una carta en pleno período electoral, pero que, una vez asumido su cargo, no cumpla lo prometido. Eso quiere decir que se trataba solo de promesas momentáneas para ganar las elecciones, lo cual es triste.
De una vez por todas, aprendamos a actuar con altura de miras. Debemos proteger, cuidar y fortalecer a nuestros empleados públicos. De lo contrario, como país no tendremos la productividad necesaria y estaremos desechando experiencia y capacidad.
He dicho.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Sin aplausos, por favor.
Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, resulta increíble y verdaderamente paradójico que, mientras estamos discutiendo un proyecto de ley de reajuste con supuestos beneficios para trabajadores fiscales, cerca de un millar de personas hayan sido notificadas hoy de su despido, del cese de sus funciones, en el MIDEPLAN y sus servicios relacionados (FOSIS, FONADIS, INJUV, etcétera); en el Ministerio de Agricultura (INDAP, entre otros servicios), y en el Ministerio del Interior, donde una gran cantidad de funcionarios han sido desvinculados.
No sé si luego de intentar responsabilizar a los fácticos de Izquierda, a los parlamentarios, a los fiscales, a los tribunales, ahora se buscará responsabilizar del no cumplimiento de las metas de seguridad ciudadana a los propios funcionarios del Ministerio del Interior. Porque la verdad es que no se explica de otra manera.
Estamos viviendo, señor Presidente, una singular transformación, al estilo "chilensis". No me refiero al Cyber Monday, sino al ya clásico macarthismo, estilo de gobierno donde se mira a quienes no piensan como la autoridad desde la lógica del enemigo interno.
A este nuevo fenómeno podríamos denominarlo "larrainismo", dado el instructivo que desde el Ministerio de Hacienda impulsaba a funcionarios públicos de esa repartición a vigilar a sus pares en los días en que se desarrollaron paros de actividades. La idea era que los mismos compañeros delataran a quienes se ausentaban de sus labores.
No es un capítulo de "Los 80" o de "Los archivos del Cardenal". No, estimados colegas: es un instructivo del Ministro que hoy nos pide responsabilidad política, altura de miras y sentido nacional.
El documento instaba además a anotar datos, como el atraso por consumo de cafés, tiempos de demora en idas al servicio higiénico y otros.
Esta tarde, los tribunales -la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones- determinaron que este documento neomacarthista vulnera garantías constitucionales; que es ilegal, abusivo, arbitrario. Una victoria, por cierto, de la ANEF, que celebro, en estos días difíciles por los que atraviesan los funcionarios públicos de Chile.
Para eso sí, señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, había instructivo, una circular muy clara, perentoria, para los Subsecretarios. Pero no lo hay, señor Ministro -lo invito a que lo exhiba-, para establecer el procedimiento de los compromisos que usted contrajo con este Parlamento el año pasado en igual instancia. Me refiero a un instructivo de reconsideración de los casos de personas que habían sido arbitrariamente exoneradas de sus puestos de trabajo.
No hay instructivo para eso.
¡Muéstrelo, señor Ministro!
Al revés, cuando muchos trabajadores que creyeron en esta discusión, que creyeron, una vez más, en el Gobierno -a pesar del discurso presidencial al cual aludió la Senadora Isabel Allende-, concurrían a conversar con los Subsecretarios, estos se reían en sus caras y les decían que no existía tal instructivo.
O fue desoído, o el Ministro realmente no manda.
En la Región de La Araucanía, que represento, a esta misma hora va cerca de un centenar de personas despedidas. No voy a dar sus nombres. No quiero que sean calificadas como "enemigos de la patria".
Sí quiero referirme a la respuesta que sus jefes, sus superiores en el servicio, les dieron al momento de preguntarles cuál era la razón por la que las estaban exonerando. "No tenemos esa información", es la respuesta que los jefes de servicio de La Araucanía -hoy, probablemente, en todo el resto de Chile- les han dado a los trabajadores despedidos. "No tenemos esa información".
O sea, cuando no existe un motivo -ni profesional, ni técnico, ni de evaluación-, no me digan que eso tiene un nombre distinto al de una persecución política, ideológica, que es lo que, finalmente, ha ocurrido en este caso.
Hoy, efectivamente, se necesitan más cargos para lo que viene. Yo me pregunto para qué: ¿para la discrecionalidad? ¿Para las próximas elecciones municipales? ¿Para la entrega de beneficios de manera directa y arbitraria -y no me obliguen a dar ejemplos, que son muchos en la Región que represento-?
Entonces, señor Presidente, estamos dando un triste espectáculo.
Y quiero referirme también al tema del guarismo, que aquí de repente se ha soslayado. Se ha intentado decir que da lo mismo el 5 por ciento. ¡No! Efectivamente, durante todo el año nos han señalado que este es el país que más empleo está generando, pero se les olvida precisar el contexto: que nos hemos recuperado con viento de cola, con una velocidad extraordinaria, porque las cosas también se hicieron bien en materia financiera en el pasado reciente. Y por eso se han creado los empleos que se han creado, que no son de la mejor calidad.
Se nos informa, igualmente, que nuestra economía crecerá 6,5 por ciento. Pero el Gobierno decide no repartirlo, no compartirlo con quienes son sus trabajadores más cercanos.
¡Por favor! ¡Si este es el mismo discurso, el mismo debate que tuvimos hace pocos días a propósito del rol que el Estado no asume con lo propio, a raíz de lo que pasa con las universidades públicas!
Este Gobierno no quiere asumir su responsabilidad con las universidades de las cuales es dueño, que son las universidades públicas. Tampoco quiere asumir ningún rol ni compromiso especial con los trabajadores que se hallan bajo su tutela directa.
Por lo tanto, el 5 por ciento es claramente insuficiente, estimados colegas. Porque cuando existe un 3,8 acumulado, lo que tenemos, al final, es un incremento real de apenas un 1,2 por ciento.
Lo más grave, señor Presidente, es que el Gobierno no manifiesta ningún interés por fijar una política de personal, por establecer condiciones al retiro que permitan a los 4 mil 500 trabajadores de todas las asociaciones gremiales -no solo de las que suscribieron un compromiso puntual con el Ejecutivo, sino de todas- acogerse a beneficios reales y no perder derechos adquiridos. Porque con la ley que se les propone, lo que se está haciendo es, por un lado, intentar dividir a los trabajadores del Estado, y por el otro, generar condiciones de incentivo al retiro que significan un tercio de los beneficios que les entregó la ley 20.212, del año 2007, impulsada por la Presidenta Bachelet.
O sea, claramente, este Gobierno "de excelencia", este Gobierno que les prometió tantas cosas a los trabajadores, hoy les está dando una respuesta absolutamente insuficiente: ¡un tercio por debajo de lo que fue la ley 20.212!
Aquí no hay capacitación, no se están respetando derechos adquiridos. La estabilidad laboral no es prioridad para este Gobierno. De lo contrario, no estaríamos nuevamente, por segundo año consecutivo, en una situación como esta, generada por el rechazo de la idea de legislar en la Cámara de Diputados.
Creo, señor Presidente, que el Gobierno debiese hacer un esfuerzo serio y -en esto me sumo a las peticiones formales que ya se le han efectuado- dejar sin efecto el millar de despidos que ha tenido lugar precisamente en el día de hoy, y también los que, probablemente, se produzcan en las próximas horas y en los próximos días.
Después de esta sesión, ni el Gobierno ni la Derecha podrán decir que aquí hay una Oposición obstruccionista. Vamos a permitir que, desde el punto de vista de la técnica legislativa, esto no muera acá. Porque, como lo indicó claramente el Senador Andrés Zaldívar, no vamos a impedir, con nuestros votos, que los trabajadores del sector público tengan un reajuste.
¡Queremos que tengan el reajuste que se merecen!
Pero lo que sí se puede decir es que, una vez más, el Gobierno ha incumplido su palabra.
He dicho, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, me está llegando un correo electrónico de la Región de Aysén, del Presidente de la ANEF, don Julio López, señalando que hoy día fueron desvinculadas varias personas: Héctor Aguilera y Karen Zúñiga, dirigentes provinciales de la ANEF de Puerto Aysén; Ingrid Navarrete, de Coyhaique; de la Intendencia, Kathy Andrade, Juan Galindo, Luis Gallardo; del SENCE, Fabián Zúñiga; del IPS, Ricardo Ibarra, que es concejal y ex dirigente de la ANEF; Ariel Elgueta y Carolina Leiva, de Bienes Nacionales; Sibila Fernández y Patricio Díaz, del SENAME, en fin. No voy a seguir dando a conocer todo el listado, que puede ser largo.
La verdad, señor Presidente, es que estamos con una sensación de impotencia muy grande, una sensación de molestia, pues a muchos nos asiste la convicción de que estos despidos se han producido, la mayoría, por razones no de desempeño, no de trabajo, sino, básicamente, políticas.
El año pasado ya denunciamos algunas situaciones. Contamos el caso increíble de Angie Alvarado, kinesióloga de Chile Chico, una mujer de 30 años que trabajaba con la comunidad, con los adultos mayores, quien había sido despedida por haber apoyado a un candidato a Senador que no era yo -del Partido Radical-, sin encontrar ninguna explicación para ello.
Por eso, con mucho respeto, le quiero pedir al Gobierno, a los Ministros presentes, que evalúen estas situaciones.
Debo reconocer que hablé recién con la Ministra del Trabajo por el caso de Ricardo Ibarra, que depende de la Cartera que ella dirige, y me indicó que procederá a su revisión.
Yo les imploro, les ruego, les pido que por favor reevalúen estas desvinculaciones.
Conozco a algunos de los afectados. Me consta que son buenos funcionarios, buenos profesionales, que hacen bien su trabajo.
Yo le solicito al Presidente de la República que cumpla con el compromiso que adquirió con la ANEF en cuanto a respetar la carrera funcionaria y a no despedir a la gente por razones políticas.
Muchos venían del Gobierno militar y se mantuvieron durante los Gobiernos de la Concertación, no todos, probablemente, en cargos de confianza, pero sí como funcionarios públicos.
Yo pido que eso se respete, que se cautele, y que se revisen los casos de desvinculaciones injustas y arbitrarias.
Señor Presidente, quiero aprovechar esta oportunidad para referirme a dos cuestiones adicionales, que afectan a las zonas extremas.
En primer lugar, a la necesidad de establecer una asignación imponible.
Como se sabe, en la Región que tengo el honor de representar en el Senado, los funcionarios públicos tienen una asignación de zona de un 105 por ciento a un 125 por ciento, que tiende a corregir o a compensar los costos de vida, que son mucho más altos que en el resto del país: los del agua, de la luz, de la leña que se necesita. No tenemos el subsidio que existe en Magallanes, del 85 por ciento al gas; en nuestra Región la gente debe pagar la leña; carecemos de universidades, y las familias han de asumir altos costos para que sus hijos vayan a estudiar a otras Regiones.
Es decir, el costo de la vida es mucho mayor.
Y cuando jubilan nuestros funcionarios públicos, generalmente deben irse de la Región, porque las pensiones son muy bajas, en parte porque la asignación de zona no es imponible.
Por eso lo está pidiendo la ANEF, y hoy se lo solicito respetuosamente al Ministro de Hacienda, quien se encuentra con nosotros: que se estudie la posibilidad y ojalá se implemente la medida de establecer la asignación imponible.
En segundo lugar, en nuestra Región, en las zonas extremas, tenemos funcionarios públicos de primera y de segunda categorías.
A los de primera categoría, se les calcula la asignación de zona sobre los ingresos totales.
Bien por ellos, señor Presidente. Nos alegramos, es justo que sea así. Es el caso de las Fuerzas Armadas, de los médicos, de los fiscales, de los tribunales de justicia, en fin.
Pero al resto de los funcionarios públicos, teniendo el mismo costo de vida, se les calcula la asignación de zona sobre el ingreso base, no respecto de los ingresos totales.
Por ello decimos que hay una discriminación arbitraria, en que no se respeta la igualdad ante la ley.
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, durante su campaña se comprometió en nuestra Región a terminar con esta discriminación y a establecer una base de cálculo común para todos los funcionarios públicos.
Todos los dirigentes de la ANEF, como Julio López; los de la Mesa del Sector Público, por ejemplo, Alejandro Huala, han hecho presente la necesidad de que el Gobierno cumpla el compromiso del Primer Mandatario, contraído en campaña, que señalé anteriormente.
Nos hemos reunido muchas veces con el Gobierno. El ex Subsecretario de Hacienda Rodrigo Álvarez fue a la Región de Aysén, y se comprometió a que en el primer semestre de este año tendríamos la propuesta del Gobierno para el cumplimiento del compromiso del Presidente Piñera.
Seguimos esperando. Hasta el día de hoy no conocemos ninguna proposición para ver cómo se llevará a efecto aquel.
Por eso, respetuosamente les solicito a los Ministros de Hacienda y del Trabajo, que hoy nos acompañan, que nos ayuden a implementar una medida que termine con esta discriminación odiosa, arbitraria, y que se cumpla con ese compromiso.
Finalmente, señor Presidente, pido que se ocupen de los despidos que se han producido hoy día. Ello nos tiene a todos conmovidos y afecta a familias y a la ciudadanía entera.
Tenemos el caso de Ricardo Ibarra. La gente, los vecinos de Chile Chico que se atienden en el IPS, pero especialmente los adultos mayores, le han hecho un reconocimiento por su trayectoria: 30 años de servicio, máximas calificaciones, elegido varias veces mejor funcionario.
Señor Presidente, solicito formalmente que se haga una reevaluación de estos despidos, y que se ponga término a esta situación injusta y arbitraria que aflige a familias de carne y hueso y, también, a la comunidad de nuestra querida Región de Aysén.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, estimados colegas, todos los años tensionamos a los trabajadores, a sus familias, al país, al Ejecutivo, al Congreso, cuando debatimos el proyecto de reajuste de remuneraciones a los empleados públicos.
Hay naciones que resuelven esta materia a través de un mecanismo permanente, en que se calcula el índice de inflación, el crecimiento, la productividad, la tasa de equidad y se aplica una fórmula mediante la cual se establece un justo reajuste para todos los funcionarios.
Este es un asunto que debatimos todos los años, pero nunca hemos adoptado un sistema que evite esta tensión en los distintos organismos del Estado.
Sin embargo, como se señaló aquí, no vamos a referirnos por ahora a las cifras del reajuste; lo haremos cuando discutamos en esta Sala el proyecto en particular.
Hoy día estamos analizando este tema en general. No haremos mención del monto del aguinaldo, ni del conjunto de beneficios que se otorgan a los trabajadores, y que estos esperan.
Sin duda, respeto el acuerdo a que una buena parte de ellos ha llegado con el Gobierno. Pero también tengo que recoger la discordancia, el descontento, la indignación, de otros miles de trabajadores del sector público, que no están conformes con su actual situación.
No es una cuestión de porcentajes más, porcentajes menos. Se trata de la relación que el Estado tiene con esos trabajadores, los cuales hoy sufren inseguridad laboral, ahora que estamos prontos a iniciar diciembre, en que la familia se reúne, celebra la Navidad y el Año Nuevo.
Muchas familias chilenas, familias modestas, cuyos jefes de hogar son trabajadores públicos, tendrán un mal final de año: van a pasar una infeliz Navidad e infeliz Año Nuevo gracias al empeño del actual Gobierno en despedir arbitrariamente a funcionarios por pensar distinto, pero que se destacan por su desempeño, que se hallan bien evaluados por aquellos mismos que los están despidiendo, y que no obstante no son consecuentes con tal calificación.
Señor Presidente, durante el día he recibido numerosos llamados de funcionarios de la Novena Región, de Chiledeportes, de la CONADI. Tengo acá una lista, y los voy a nombrar, porque no tienen mucho que perder a estas alturas, cuando han recibido una notificación de despido: Carolina Higuera, profesional de la Unidad de Desarrollo de la CONADI; Paola Moncada, profesional de la Unidad de Planificación; Cecilia González, profesional de la Unidad Jurídica; Claudia Painemal, de la Unidad Jurídica; Evaldo Contreras, del Programa Apoyo Tierras; Manuel Vergara, profesional de Apoyo Tierras; José Calfuqueo, profesional de Apoyo Desarrollo; Lucy Inaipil, profesional de Apoyo Tierras; Hugo Salvo, técnico Conciliación; María Meliñir, administrativo Registro Comunidades; Karina Trina, de la Subdirección de Temuco, profesional de la Unidad de Administración; Cristian Bachler, de la Subdirección de Temuco, abogado del Programa Defensa Jurídica; Claudio Novoa, técnico Asistente Jurídico Comunidades; Ana María Bravo, abogado Tierras; Elsa Ñancupil, profesional Cultura; Claudio Arancibia, profesional Informática; Carlos Herrera, profesional Tierras; Margarita Calfio, profesional Desarrollo; Eusebio Reumay, Jacqueline Calvio y María Teresa Muñoz, del PIDI.
Señor Presidente, ¿acaso con estos despidos lo que se pretende es una menor capacitación técnica, de apoyo y defensa de los pueblos originarios? Tenemos un discurso para esas comunidades y una realidad absolutamente diferente, en que le estamos quitando la capacidad técnica, la experiencia, el profesionalismo a un organismo que debería seguir sirviendo de mejor modo al mundo indígena.
Yo no sé quiénes van a reemplazar a estos profesionales, qué experiencia tendrán los que ejerzan esos cargos, cómo lo van a hacer.
Durante la discusión del Presupuesto veíamos que tampoco los concursos de la Alta Dirección Pública son respetados, porque los cargos provistos a través de este organismo los piden después para emplear a personas más afines o militantes de los propios partidos de Gobierno.
Señor Presidente, a mi juicio, aquí estamos creando un sistema que les genera inseguridad e infelicidad a muchísimos funcionarios públicos.
Quiero solicitarle a la señora Ministra del Trabajo, a quien conocimos de manera muy especial como parlamentaria -sabemos, pues, de su sensibilidad-, que desempeñe su cargo defendiendo con eficacia los derechos laborales.
No es admisible que, también, hoy se cierre el Programa de Defensa Laboral.
El Congreso Nacional aprobó la creación de los tribunales laborales. Y durante el Gobierno anterior se estableció un Programa de Defensa Laboral. Sin embargo, hoy lo terminan y se despide a los funcionarios que trabajaban en él.
Eso tiene que ver con la política pública de la actual Administración en materia de derechos laborales y del respeto a ellos.
Y asimismo, con esta discusión.
Porque, a propósito del proyecto que nos ocupa, se trata de hablar no solo del reajuste para los funcionarios públicos, sino además de los derechos de los trabajadores; de la inseguridad que se ha instalado en torno a ellos; de la falta de respeto de que se los hace objeto; de cómo el Estado les ha causado un daño previsional que no se corrige; del sistema de administradoras de fondos de pensiones, que captura gran parte de sus recursos, pero no para pensiones -como lo han demostrado a lo largo de 30 años-, sino para atesorar, para afirmar la capitalización de las empresas (las del retail les piden a las AFP los recursos de los trabajadores al insignificante costo de fondo de 5 por ciento -costo de capital- para prestarlos a esos mismos trabajadores al 50 por ciento).
¡De eso estamos hablando!
Igualmente, del endeudamiento y de la falta de derechos.
¡Qué sacamos con 5 por ciento de reajuste si las platas de los trabajadores se les prestan al 50 por ciento a ellos mismos o a sus hijos en las universidades!
Estas son una reclamación y una indignación ciudadanas no solo por el reajuste sino también por los profundos cambios que requiere el sistema previsional y que no se realizan.
Hay que reparar el daño previsional.
Y eso tiene que ver con la reposición del incentivo al retiro; con el respeto a la vida laboral de personas que a los 65, 70, 75 años todavía están sirviendo al Estado porque no tienen una tasa de reemplazo adecuada, ya que el famoso sistema inventado para las empresas no les garantiza pensiones dignas.
¡De eso estamos hablando!
Señor Presidente, cuando se analiza el proyecto de ley de reajuste -y vamos a contribuir para que siga su curso en la Cámara de Diputados- también debe debatirse en torno a la actitud del Gobierno frente a sus trabajadores, a la manera como los protege o los desprotege.
Por eso, les solicito al Ministro de Hacienda y a la Ministra del Trabajo que intercedan ante los jefes de servicios por los despidos injustos que se han registrado.
Nosotros, desde el Senado, seguiremos defendiendo a los trabajadores públicos, y con mayor razón a quienes están siendo despedidos.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Silencio, por favor.
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, Gabriel Rodríguez, para "Visión del Maule", dijo ayer:
"No quiero escribir desde los principios. Resulta mejor desde la experiencia.
"El año pasado una decena de funcionarios de la Seremi de salud fuimos despedidos. Unos meses antes fuimos evaluados, como se hace cada año, por nuestras jefaturas. Casi todos, incluido este periodista," -señala Gabriel Rodríguez- "fuimos calificados con nota máxima (siete). Dichas evaluaciones son sometidas posteriormente a la revisión de una Comisión, la que ratificó las calificaciones.
"Dos meses después, sin ninguna notificación escrita, sin explicación alguna, no se nos renovó el contrato para el año siguiente. Forma elegante y cobarde de despedirte.
"Las únicas explicaciones que recibí verbalmente fue que un diputado habría pedido mi salida. El resto del comentario no vale la pena, pues mencionaba a otros miembros de mi familia. Con esa seriedad y objetividad se decide el futuro de una persona y el prestigio de una institución.
"Este año" -agrega Gabriel Rodríguez- "los despedidos son 21," (funcionarios de la Seremía de Salud del Maule; y tenemos un listado con los nombres) "no dudo que la mayoría de ellos bien evaluados, buenos funcionarios, con valiosa experiencia en la gestión de la salud pública en el Maule".
Yo quiero agregar que entre esos 21 funcionarios despedidos hay fiscalizadores, expertos en salud ocupacional, gente fundamental para desarrollar la tarea del aparato público y que no se inventa de la noche a la mañana.
Gabriel Rodríguez continúa:
"La Concertación pudo cometer muchos errores, pero jamás supe de persecuciones y despidos masivos, ni arbitrarios. Al revés, los pocos casos que conocí eran cuidadosamente evaluados y sólo se llegaba a ese extremo en situaciones justificadas.
"¿Por qué estos despidos injustificados y arbitrarios? No me cabe ninguna duda que no obedecen a razones técnicas, ni profesionales, sino a prejuicios, venganzas y persecución de un gobierno que prometió por escrito estabilidad a los funcionarios públicos. Una razón más para que los niveles de credibilidad gubernamental desciendan en picada encuesta tras encuesta. Triste rol el de los profesionales y colegas que avalan y apoyan estas injusticias. Vale la pena recordar el texto atribuido a Bertolt Brecht: `Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera defenderme'.".
"Los cupos" -concluye Gabriel Rodríguez- "serán llenados por familiares y amigos, sin concurso público, práctica instaurada por este gobierno para colocar a sus operadores y activistas.".
Señor Presidente, en el proyecto de reajuste que se está habilitando -no con nuestros votos, por cierto- a fin de que se pueda discutir en la Cámara de Diputados vienen artículos, como el 30, que le permiten al Presidente de la República llenar vacantes sin concurso público. Y eso, obviamente, no puede dejarse pasar en este debate.
Si vamos a permitir la habilitación, lo mínimo y razonable es hacer presente que lo pedido por la ANEF nos parece de toda lógica:
-Garantías de estabilidad laboral.
-Renovación de los planes especiales de retiro legislados para los distintos gremios, lo que en el caso de la ANEF supone reeditar los beneficios de la ley N° 20.212.
-Imponibilidad de la asignación de zona.
No son cosas desmesuradas ni inalcanzables. Las considero justas.
El año pasado, en este mismo Senado, con motivo de la discusión legislativa del proyecto de reajuste, dimos cuenta de despidos que se estaban llevando a cabo. Y, transcurrido un año, nos enteramos, a través de distintos correos y comunicaciones que recibimos, de que nuevamente se está materializando una acción similar hoy, último día de que dispone el Gobierno para notificar las exoneraciones.
En muchos casos mandamos oficios a los Ministros, a través de la Presidencia del Senado, a fin de que se reconsideraran los despidos.
Y aquí tengo uno de muestra.
El 1 de junio de 2011 pedí formalmente, a través del Presidente del Senado, que se revisara la situación de Beatriz Helena Vega Gutiérrez, quien trabajaba en la Unidad de Inspección y Subvenciones del Departamento Provincial de Educación de Cauquenes.
Hasta el día de hoy no existe respuesta.
Además, con los Senadores Gómez, Quintana y Zaldívar suscribimos una moción del colega Ruiz-Esquide y le solicitamos al Gobierno acogerla. El oficio se envió el 14 de diciembre de 2010. El 15 de febrero de 2011 el Ejecutivo le respondió al Presidente del Senado, a través del Subsecretario General de la Presidencia subrogante, Alberto Vergara, lo siguiente: "Al respecto, puedo informar a V.E., que con esta fecha se ha solicitado al Ministro de Hacienda que informe sobre lo requerido para resolver fundadamente sobre su petición".
¿Qué estábamos pidiendo mediante la moción en comento? Que se legislara sobre los despidos injustificados -situación largamente expuesta esta tarde-; el término de los contratos a honorarios; la revisión de los problemas derivados de las calificaciones, y la prohibición de despedir a funcionarios calificados en listas 1 o 2. Y entregamos un articulado completo y detallado.
A la fecha, no se ha dado respuesta y el Gobierno no ha dicho qué piensa acerca de nuestra moción.
Señor Presidente, concluyo señalando que una vez más, un año después, las palabras escritas por el Presidente de la República, en carta que durante su campaña repartió a todos los funcionarios públicos, son vulneradas; que nosotros, al igual que los funcionarios públicos, no creemos en las promesas de campaña ni en las reiteradas afirmaciones hechas en este Hemiciclo por los señores Ministros; que lamentablemente, por mucho que nos neguemos a aprobar el reajuste de 5 por ciento (mezquino, por cierto), no cambiará la actitud del Ejecutivo, que no respeta la palabra empeñada, ni siquiera la escrita; y que el próximo año estaremos en esta misma discusión, lo que pondrá en evidencia una vez más la prosecución de los despidos, porque para este Gobierno no prima la excelencia profesional.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, no reiteraré los argumentos dados esta tarde para hacer ver las preocupaciones existentes al momento de discutir el proyecto de ley que reajusta las remuneraciones del sector público.
Quizás la más relevante y la que ha motivado las intervenciones de muchos de los Senadores es la relativa a la estabilidad laboral en el sector público.
Se han dado suficientes razones para hacer presente en la Sala lo inquietante de esa situación y la necesidad de que se enmiende la definición adoptada al respecto a nivel del Gobierno.
Señor Presidente, este proyecto de reajuste involucra a más de 600 mil funcionarios, incluidos los de las Fuerzas Armadas. Pero, además de eso, representa una señal que se da a la sociedad en su conjunto y al mercado del trabajo respecto a los aumentos salariales que pueda haber en el mundo privado. Es solo una señal; no obliga. Pero es una señal potente.
Por ello, quiero consultar cómo se llega a la propuesta de 5 por ciento de reajuste. ¿Y por qué? Porque se nos ha señalado que, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, tendremos un crecimiento de la economía de entre 6,2 y 6,5 por ciento y la inflación para 2011 llegaría a 4 por ciento.
Al observar solo esas cifras, uno pregunta por qué el crecimiento de la economía, que con tanta razón alegra al Ejecutivo y a todos los chilenos, no les llega a los ciudadanos, incluidos los trabajadores del sector público.
Ellos también se lo preguntan, y con justificación.
De otro lado, debo puntualizar que esta propuesta solo ofrece recuperar el IPC acumulado y no les da a los trabajadores un incremento real sustantivo.
En los últimos 12 meses el IPC ya va en 3,7 por ciento y a fines de año puede terminar en 4 por ciento.
Y agrego a las aquí entregadas otras cifras, que dan cuenta de fuertes alzas: 17 por ciento en la gasolina; 12 por ciento en el Transantiago; 16,6 por ciento en el gas licuado; 7,4 por ciento en el pan.
Por consiguiente, el discurso gubernamental exitista sobre el crecimiento de 6 por ciento no se condice con el guarismo que hoy día se presenta para la discusión del reajuste al sector público.
Los trabajadores, a mi entender, deben participar de los frutos del crecimiento económico. Por eso, considerando únicamente las cifras que acabo de entregar, debiera promoverse que el reajuste salarial de las remuneraciones de los funcionarios públicos para el 2012 fuese mayor al 5 por ciento.
En consecuencia, señor Presidente, nuestra decisión como Senadores de la Concertación es que este proyecto pase a la Cámara de Diputados para que allí se discuta y haya un trabajo con el Gobierno -y lo pido especialmente- en términos de que exista apertura para escuchar y buscar las respuestas que este país necesita.
Los trabajadores del sector público lo requieren y se lo merecen.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Les pido por favor a las personas presentes en las tribunas que no hagan manifestaciones, porque ello no produce efectos ni buenos ni malos.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, tras escuchar con atención todas las intervenciones, puedo señalar en términos generales que el sector público y el de los funcionarios municipales se encuentran bastante desmejorados.
Dicho proceso viene desde hace varias décadas, a raíz de las famosas externalizaciones. Se partió con las privatizaciones -desde la de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado hasta la de la ENDESA-, y finalmente, en los últimos períodos, se continuó con el modelo (tenemos el caso de las sanitarias; el de las empresas de transportes de la zona austral; el de la ECA -hoy EMAZA-, en que hubo una suerte de privatización escondida, en fin).
En el fondo, se ha ido disminuyendo la capacidad de ejecución del Estado. Ello, para decirlo en términos didácticos, significa que a quien no hace directamente las cosas le resulta muy difícil fiscalizar al que las lleva a cabo.
En todo país desarrollado los sectores público y privado se diferencian por las áreas o ámbitos a los que se enfoca su accionar; tienen capacidad de ejecución propia, y también, tratamiento similar desde el punto de vista de los ingresos y garantías de sus trabajadores.
A eso debemos apuntar. Pero todavía estamos bastante lejos.
Por ejemplo, los bonos siempre tienen que ser imponibles. Si no, pasan a ser un alivio momentáneo.
La asignación de zona -caso que se ha mencionado en la Sala- debe ser igualmente imponible, sobre todo cuando se dan situaciones que generan desigualdad ante la ley. En las Fuerzas Armadas y en el Poder Judicial sí es imponible. ¿Por qué, entonces, no sucede lo mismo con el resto de los funcionarios públicos y municipales?
Respecto al problema existente en materia de nivelación de la asignación de zona, en su campaña el Presidente de la República se comprometió ante las organizaciones de los sectores público y municipal de la Región de Aysén a resolverlo durante 2011. Queda un mes para el término del año, pero todavía no vemos un avance claro sobre el particular.
En el caso de Aysén se está planteando una gradualidad. Esa es la Región más aislada de Chile. En ella no hay universidades y existe una serie de carencias evidentes.
También se ha trabajado con los sectores público y privado la posibilidad de empoderarlos. Es decir, que muchas de las cosas que hoy se licitan las realicen directamente ellos. Y es perfectamente posible implementar un plan piloto sobre la base del ahorro en el gasto del Estado.
Por lo tanto, estamos a la espera de la resolución pertinente.
Los Ministros han sido bastante claros y transparentes para señalar qué compromisos se han cumplido y cuáles quedan pendientes.
Indican la existencia de antecedentes sobre protocolos de acuerdo con 6 de 14 gremios.
Queda camino por andar. Pero se ha avanzado.
En cuanto a incentivos al retiro y a la situación del personal a honorarios, existen protocolos de acuerdo con 11 de 14 gremios. Por lo tanto, al respecto también ha habido un avance.
Pero lo que sí señalo como una práctica altamente beneficiosa son las evaluaciones. Los puntajes de los trabajadores del sector público y municipal tienen que ser una tarea con los dirigentes. Eso es lo más transparente del mundo. O sea, si una persona presenta, objetivamente, una situación de poca probidad o de una clara falta, el dirigente es quien tiene que aceptarlo en primer lugar, si no es posible corregirla todavía.
Hemos conversado con los Ministros -y ello se puede hacer público-, en quienes percibo una clara disposición a revisar los despidos. En este sentido, hay que ser abiertos.
Y se da la ocasión, con motivo de la situación legislativa en la que debemos dar ahora el pase para que el proyecto sea visto nuevamente por la Cámara de Diputados, de que podemos votar a fondo cada uno de los puntos antes de la sesión del 12 de diciembre. Esperaremos los antecedentes correspondientes.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, sé que nos encontramos ante un tema que despierta muchas inquietudes y justas reclamaciones en los trabajadores, quienes aspiran, con razón, siempre a más en materia de reajuste -sobre todo, los que perciben bajos ingresos-, porque el desarrollo del país pareciera no llegar a todos. Esta es una cuestión muy de fondo, la cual probablemente no se resuelve con una ley de reajuste, pero que se halla subyacente en la inquietud de muchos. Por eso, respeto su forma de actuar y de manifestarse. Solo les pido que mantengan la consideración por las personas, ya que me parece importante que ello sea siempre recíproco.
Hoy, el Senado se encuentra obligado a resolver una situación que, para mi gusto, no es la más razonable, desde un punto de vista constitucional. No lo es el que una Cámara rechace un reajuste. No lo es el que los Diputados simplemente digan que no. Porque, al final, eso termina siendo una estrategia política de mala jerarquía, que evita entrar a resolver los problemas fundamentales como corresponde.
No es la primera vez que ocurre, y es posible que no sea la última; pero no puedo dejar de manifestar que estimo un acto de irresponsabilidad política oponerse a la idea de un reajuste. Porque eso obliga -como sucede hoy- a que los parlamentarios de la Concertación no voten, para así asegurar que el proyecto vuelva a la Cámara de origen y se inicie el trámite. Lo único que se ha logrado con la acción de la otra rama del Congreso es postergar en varios días el análisis del reajuste. Y no se ha avanzado ni se avanzará un metro en el examen de su contenido.
Por eso, espero que se actúe con mayor responsabilidad, porque lo contrario a nada conduce.
Si bien vamos a volver a discutir la materia en el fondo una vez que sea despachada más adelante por la Cámara, quisiera recordar que el criterio con el cual se viene trabajando desde hace mucho tiempo es el de basarse en la inflación esperada, más un crecimiento adicional, que es variable.
El reajuste que plantea el Gobierno en esta oportunidad es más alto, en cuanto al crecimiento en términos relativos, que el promedio del otorgado en los últimos diez años. Este, en general, no llegó a 1,5 por ciento, salvo un año en que fue muy superior, de 3 a 4 puntos más, registrándose un incremento real muy elevado. Pero si se excluye esta última situación, el que nos ocupa es, lejos, el más alto que ha habido.
--(Manifestaciones en tribunas).
Todavía podrá ser bajo -y lo entiendo-, por tratarse de 2 puntos, mientras que el promedio dice relación con 1,5; pero repito que es más alto en la perspectiva de los criterios aplicados en los últimos diez años, en términos económicos, relativos.
Se podrá decir: "Pero sigue siendo muy pequeño". Ese es otro asunto. Y, por cierto, es posible discutirlo.
Por mi parte, he expuesto que deberíamos pensar en un reajuste escalonado, conforme al cual los ingresos más bajos obtuvieran un aumento mayor -si la cantidad de recursos es lo que hace difícil otorgar un porcentaje más alto, a lo mejor ello sería lo justo para ir disminuyendo la desigualdad del ingreso-, y los más elevados, uno menor. Me parece que eso permitiría hacer más justicia y, al mismo tiempo, usar mejor los fondos disponibles. Creo que ese es un punto por explorar.
Respecto de la propuesta de reajuste formulada por el Ejecutivo, quisiera destacar que es el resultado, según entiendo, de un acuerdo del Gobierno con once gremios. No se alcanzó con todos: con los catorce, como hubiera sido lo deseable. Y en especial quienes nos acompañan hoy en las tribunas comprenderán que ello nos plantea un problema muy difícil, porque no somos nosotros los que tenemos que ser los jueces de los trabajadores: son estos los que han de desarrollar, deseablemente, sus acciones en unidad. Y cuando no existe unidad, no nos pidan a nosotros resolver lo que los dirigentes no pudieron solucionar. Y lo digo con mucha responsabilidad, porque quisiéramos ver siempre a los trabajadores unidos. Creo...
--(Manifestaciones en tribunas).
...que eso es lo que les da...
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Por favor, le pido al público mantener la tranquilidad.
Puede continuar, señor Senador.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, me parece importante el respeto, aunque se piense distinto. Esto último lo acepto, porque ...
--(Manifestaciones en tribunas).
...es un derecho. Pero quiero exponer mi opinión.
Por mi parte, también represento a la gente. Intervengo...
--(Manifestaciones en tribunas).
... en representación de ella. Obtuve la primera mayoría nacional a nivel de Senadores y tengo legítima autoridad para plantear mi posición sin ser insultado por eso.
Si no aprendemos a respetar nuestras diferencias y si la única manera que tenemos de expresarlas es con insultos, ello habla mal de nuestro país. Lo digo con mucho respeto, porque sé lo que piensan los trabajadores del sector público. Y así como ustedes lo hacen en forma distinta, les pido que...
--(Aplausos en la Sala).
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Perdón, Su Señoría.
--(Manifestaciones en tribunas).
La Ministra señora Matthei debe mantener el comportamiento de una Secretaria de Estado. Sabe que no puede manifestarse con aplausos. Me parece que debe de ser la primera interesada en que el proyecto avance.
El señor PROKURICA.- ¡Pero arriba gritan y usted no dice nada, señor Presidente!
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Puede proseguir el Senador señor Hernán Larraín.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, pido que se me reponga el tiempo que duró la interrupción.
El último elemento que deseo mencionar es que en el proyecto no se encuentran contemplados -nunca se ha hecho- los trabajadores a honorarios que se desempeñan en el sector público. No hay una norma que obligue a sus empleadores, a los jefes de servicio, a incorporarlos en el reajuste.
Existen contratos a honorarios de plazo fijo: de un año, de un año y medio, de ocho meses, y entiendo que en esa situación la medida no se les aplique. Pero en muchos casos se trata de un contrato anual permanente, y pienso que ella no puede quedar entregada a la voluntad de los jefes de servicio, como de hecho ocurre. Me parece que normalmente se dispone, pero estimo que debería ser obligatoria.
Por lo tanto, le solicito al Ejecutivo considerarlo y que de alguna manera incorpore el punto en el trámite legislativo que resta.
Ahora, quisiera referirme a la cuestión más sensible y que más preocupa a los trabajadores del sector público: los despidos.
Comparto la afirmación de que el Estado es un mal empleador. Lo dije ayer, lo digo hoy y lo diré mañana si el sistema sigue igual.
El fondo del problema es el régimen de los trabajadores a contrata. El sistema ya existía con una cierta proporción, pero desde 1995 se viene aplicando en forma muy desmedida. Ese año había 35 mil; hoy son cerca de 95 mil, es decir, casi el triple.
Esas personas no son de planta y se encuentran en una situación incierta, por definición, ya que su contrato dura un año y es preciso renovarlo, independientemente de la calificación, por desgracia. Si esta sirviera como un antecedente obligatorio para ese último efecto, tendría sentido. Pero no solo hoy, sino también durante todos estos años, se ha despedido a trabajadores bien calificados. Y si no cambia la norma, ello puede seguir ocurriendo en el futuro.
Entonces, deseo que enfrentemos estos aspectos en su raíz, porque en la forma como lo estamos haciendo desahogamos nuestras pasiones, pero no avanzamos nada. Tenemos que revisar el sistema, porque no es justo, lo que genera inestabilidad e incertidumbre.
Se afirmaba que se contrata a las personas según su interés político, su amistad, en fin, criticándose el régimen a contrata. ¡Pero ese es el problema de estos trabajadores! ¡Siempre ha sido así! Se los contrata discrecionalmente, cualesquiera que sean los motivos. Pueden ser políticos o pueden no serlo. Y se los despide de la misma forma. Y no tienen los mismos derechos que los funcionarios de planta. La situación se viene arrastrando por años. ¡Es una tremenda injusticia!
Incluso, deseo que se revise el sistema de la Alta Dirección Pública, por registrarse una contradicción. Existen funcionarios contratados por esa vía, pero que pueden ser removidos al ser los cargos de confianza del Ejecutivo. Entonces, cuando se ejerce el derecho, se reclama. ¡Es absurdo! ¡O son de confianza o son permanentes! Lo híbrido no funciona.
Señor Presidente, le pido concederme un poco de tiempo, porque quisiera reflexionar un poco sobre la materia.
--(Manifestaciones en las tribunas).
¡Por favor! Sé que algunos conocen la intolerancia, pero la mayoría respeta.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- El público debe mantener silencio.
Puede proseguir, Su Señoría.
El señor LARRAÍN.- Por lo mismo que he expuesto, la modificación debe hacerse para asegurar que los funcionarios públicos no sean removidos sino de acuerdo con un mecanismo rígido y claro, como el del Estatuto Administrativo.
Porque los 100 mil, 90 mil o los que sean siempre quedarán con un grado de vulnerabilidad si no se verifica un cambio. Y todos los años se puede presentar la misma situación.
Ya ocurrió antes: en el último período de la Presidenta Bachelet se despidió a 4 mil 338 personas. Aquí se hace referencia a un millar. Y no sé a cuántos se está despidiendo en estos días. Pero, respecto a los 4 mil 338, me pregunto quién reclamó por ellos. No había nadie en las tribunas haciéndolo. Tampoco en la Sala. Esa es la realidad. Estoy mencionando hechos.
Invito al Gobierno a establecer un sistema permanente que permita evitar estas injusticias. Quiero una Administración Pública profesional, seria, de calidad, que pueda realmente ser un orgullo para Chile, como lo son nuestros funcionarios. Pero se plantea la cuestión de los trabajadores a contrata y de que el sector público no tiene derecho a negociación colectiva.
Por mi parte, presenté un proyecto de reforma constitucional en este último sentido, con derecho a huelga, pero, lamentablemente, no fue aprobado. Sin embargo, voy a insistir, porque me parece que es preciso resolver estos aspectos. Sería otra la Administración Pública, otro el sector de sus trabajadores, si existiera un mecanismo de carrera funcionaria de verdad, con procesos de evaluación, pero con estabilidad, según los méritos de los trabajadores, y con derecho a negociación colectiva y a huelga.
Por eso, pienso que es necesario cambiar el sistema para terminar con las injusticias que se viven.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, voy a consignar por qué apoyo y voy a aprobar el reajuste de 5 por ciento planteado por el Gobierno, en general, y cuáles son los criterios y contextos que, a mi juicio, justifican la cifra, aunque, obviamente, me habría gustado que fuera mucho mayor.
En Chile se registran experiencias de porcentajes superiores, con pocas consideraciones técnicas, y de las consecuencias que ello significó en nuestra historia económica.
La primera de las reflexiones pertinentes se refiere a la inflación, con la cual se relaciona la recuperación del poder adquisitivo. Se registra una cifra cercana al 3,7 por ciento.
Ahora, si no existe crecimiento económico es muy difícil que aspiremos a ganar más. En este caso, esperamos uno cercano al 6 por ciento.
La inflación y el crecimiento nos favorecen.
Respecto al rendimiento y la productividad del trabajo, durante varios años se ha verificado una baja, tanto en el sector privado como en el público. En este momento tiene lugar una recuperación y un aumento de 1,5 por ciento.
En determinados momentos económicos, la recaudación fiscal ha caído hasta en un 30 por ciento. Últimamente ha mejorado. También constituye un elemento de solidez.
La tasa de desempleo, después de bordear cerca del 10 por ciento, se halla hoy en un 7,2. Y en la Décima Región, a la cual represento, llega a un 3,7, que es -¡gracias a Dios!, nuevamente- la mejor del país.
Agradezco al Gobierno por haber considerado, en el artículo 26 de la indicación sustitutiva que reemplaza el texto que tenemos en la mesa, un reajuste especial para las zonas extremas; pero, en especial, por el artículo 27, que tiene en cuenta por primera vez el antiguo anhelo -que deben recordar muchos parlamentarios de la zona, en particular el Diputado señor Alejandro Santana, aquí presente, y el Senador señor Escalona- de contemplar la situación de 2 mil 500 trabajadores no docentes de la isla de Chiloé, siempre marginados, a quienes se incluye en un calendario de mejoramiento progresivo al cual no me referiré en detalle.
Deseo destacar otro elemento. Expresamos que el reajuste favorece a aproximadamente 600 mil personas. De ellas, alrededor de 100 mil están a contrata. Pero en este período de Gobierno se han generado también 600 mil empleos. O sea, además del sector público, se ha creado casi otro tanto en los meses de la Administración del Presidente Piñera. Y ello se afirma en casi 40 mil nuevas pequeñas y medianas empresas.
Así que estamos en un ambiente particularmente propicio. Nos preocupa, eso sí, el horizonte internacional, que puede afectar las proyecciones de nuestra economía.
Teniendo presentes todos estos factores, encuentro apropiado el reajuste.
Un porcentaje inferior no es bueno para el país, porque el sector público es demasiado importante en la actividad económica, especialmente en Regiones.
Finalmente, señor Presidente, quiero referirme a los puntos contenidos en el proyecto, porque observo que nos hemos repetido en los discursos. El principal es el reajuste general del 5 por ciento; pero a este se agregan el aguinaldo de Navidad del sector activo, de los trabajadores del sector público, de las universidades y servicios traspasados, de establecimientos particulares de enseñanza subvencionados y de educación técnico-profesional, y de colaboradores del Servicio Nacional de Menores, Corporaciones de Asistencia Judicial y Fundación de Asistencia Legal a la Familia. También se incluyen las normas de financiamiento correspondientes.
Se determinan un aguinaldo de Fiestas Patrias y las disposiciones comunes para este y el de Navidad.
A ello se suman el bono de escolaridad, la bonificación adicional al anterior, el aporte a los servicios de bienestar, el aporte a los establecimientos de educación superior, la bonificación de nivelación, el tope de remuneraciones para los aguinaldos de Navidad y de Fiestas Patrias y el bono de escolaridad, el bono de invierno para pensionados, el aguinaldo de Fiestas Patrias y el de Navidad para pensionados.
Se contemplan, asimismo, algunas normas específicas.
Por todas estas razones, señor Presidente, me parece adecuado el planteamiento del Gobierno. Y agradezco que se haya aceptado subir de 4,5 a 5 por ciento el reajuste.
--(Manifestaciones en tribunas).
Anuncio mi voto favorable.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, el Gobierno presentó a tramitación un proyecto de reajuste de remuneraciones para el sector público, el que fue rechazado en la Cámara de Diputados.
Quiero aclarar que, si bien hemos hablado de dicho reajuste en todos nuestros discursos, hoy día no se va a aprobar o rechazar el porcentaje que se propone. Lo único que se acordará es si la iniciativa vuelve o no a la Cámara de origen para comenzar su primer trámite constitucional.
Con todo, como han informado los Senadores que me precedieron en el uso de la palabra, este proyecto es fruto de un acuerdo con 11 organizaciones gremiales y contiene, entre otras cosas, el reajuste mezquino de 5 por ciento; los aguinaldos de Navidad y de Fiestas Patrias; la reajustabilidad de las bonificaciones de zonas extremas, y un bono de término de conflicto por 230 mil pesos para los funcionarios que perciban una remuneración inferior a 600 mil pesos.
Se ha sostenido que este sería un buen acuerdo. Entonces, cabe preguntarse: ¿Por qué no lo firmó la ANEF? ¿Por qué no lo firmó el Colegio de Profesores? ¿Por qué no lo firmó la FENPRUSS? Y la respuesta es muy clara -lo señaló explícitamente la ANEF-: porque no están conformes con el guarismo de 5 por ciento y, fundamentalmente, porque no se contempló la suscripción de un Protocolo de Acuerdo con relación a tres grandes temas que a ellos les preocupan.
Esas tres materias son:
1) Garantía de estabilidad laboral: que se terminen los despidos en la Administración Pública en todas las Regiones.
Me acaba de llamar la Presidenta regional de la ANEF, doña Jessica Bengoa, para comunicarme que en la tarde de hoy fueron despedidos 14 funcionarios en Punta Arenas.
Lo contrario es justamente lo que quiere la ANEF: estabilidad laboral y fin de la persecución a los empleados públicos.
2) Incentivo al retiro.
El Gobierno ha estado prometiendo este punto desde hace mucho tiempo. Sin embargo, desconocemos por qué no ha enviado al Parlamento el respectivo proyecto de ley para reponer o crear un incentivo con el propósito de que algunos funcionarios se acojan a jubilación.
3) Imponibilidad de la asignación de zona.
La actual Ministra del Trabajo, cuando era Senadora, planteó en innumerables oportunidades que todos los bonos y las asignaciones que se otorgaran a los empleados fiscales debían ser imponibles, con el objeto de que no se vieran perjudicadas sus futuras pensiones.
Por eso la ANEF ha levantado una legítima demanda: que la asignación de zona, en el caso de las Regiones extremas, y las bonificaciones y asignaciones en general sean imponibles, con la finalidad de que las pensiones no se vean afectadas, aunque ya lo están siendo por el mal manejo de las administradoras de fondos de pensiones.
Señor Presidente, si se pudieran conversar y concordar esos tres grandes temas, indudablemente no habría ningún problema para que la totalidad de los gremios suscribieran un acuerdo definitivo.
En lo personal, pienso que, al firmarse un acuerdo con 11 organizaciones gremiales dejando fuera a 3, se inocula el germen de la división entre los trabajadores. Y eso es malo, porque la división debilita el planteamiento y el logro de los objetivos comunes que deben estar presentes en todas las demandas de los trabajadores.
Hoy he recibido una gran cantidad de correos electrónicos donde la gente me pide -erróneamente- que apoye el proyecto de reajuste. Quienes los enviaron no muestran preocupación -tal vez por algún grado de desconocimiento- por el hecho de que se están produciendo despidos y de que no se está velando por la estabilidad laboral, que los funcionarios públicos vienen solicitando desde hace tiempo.
Señor Presidente, esta nueva negociación sobre reajuste de remuneraciones revela, una vez más, las falencias que presenta la legislación. Ello, por una parte, porque no está reglado el procedimiento de negociación colectiva en el sector público que evite estas conversaciones informales y, por otra, porque la ley no asegura un reajuste base equivalente al menos al IPC.
Eso nos deja a los parlamentarios sin margen de maniobra: o se aprueba la propuesta que envía el Gobierno o el reajuste es cero. Y es impensable votar para que suceda esto último.
Por ello, he propuesto modificaciones legales que apuntan a regular la negociación colectiva en el sector público y a fijar reajustes básicos equivalentes al IPC, que puedan complementarse mediante negociaciones sectoriales.
En efecto, yo presenté, al igual que el Senador Hernán Larraín, una iniciativa de reforma constitucional -está en la Comisión de Constitución- que consagra el derecho de los funcionarios públicos a negociar colectivamente y dispone un reajuste anual base, automático, de sus remuneraciones.
Ese planteamiento tiene la ventaja de que todas las dificultades pueden negociarse entre los funcionarios y el empleador (el Estado), tal como ocurre en el sector privado.
Y al reajustarse anualmente los sueldos de forma automática, no estaríamos con esta mise-en-scène todos los años, donde siempre hay un "tira y afloja" por los guarismos, que nunca satisfacen las legítimas expectativas de los empleados públicos.
En resumen, señor Presidente, esta es una negociación y un proyecto con sabor bastante amargo, porque de nuevo el Gobierno propone la entrega de un reajuste mezquino, que no es concordante con el resultado de la economía que el mismo Ejecutivo vocifera. Se sigue despidiendo a los funcionarios, muchos de ellos capaces y con buenas calificaciones. Y su único delito es pensar distinto de las actuales autoridades.
Yo espero -todavía hay margen de conversación, de negociación- que el Gobierno se allane a los planteamientos y a las reivindicaciones que está formulando la ANEF.
Al Ejecutivo no le costaría nada poner fin a los despidos, que no tienen ninguna justificación. Tal vez la única motivación, sobre todo en Regiones, sea la de acceder a las peticiones de los presidentes de los partidos de la Alianza, quienes han solicitado que en la Administración Pública estén solamente los que respalden al Gobierno de Sebastián Piñera.
¡Ese no es el aparato público que queremos para Chile!
He dicho.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, cada año uno se pregunta cuándo terminaremos con este debate esquizofrénico,...
--(Aplausos en tribunas).
... con este debate desigual,...
--(Aplausos en tribunas).
...donde se nos obliga a los parlamentarios de Oposición -y a los que hoy son de Gobierno antes les ocurría lo mismo- a discutir frente a una "monarquía presidencial" que concentra todo el poder.
No podemos subir el reajuste y, en el fondo, tampoco podemos rechazarlo, porque, de hacerlo, quedaría en cero.
Además, debemos enfrentarnos a la maldita coincidencia, como indicaba el Ministro Felipe Larraín, de realizar el debate sobre el reajuste en el momento en que terminan los contratos de los funcionarios públicos anualmente.
Durante años la anterior Oposición -hoy día en el Gobierno-, hizo una defensa férrea por cambiar la situación de los trabajadores a honorarios, quienes llevan 15, 18 años en ese régimen. Decían que debían pasar a las plantas y reclamaban por que los contratos a honorarios se extendían largamente.
Y resulta que en los dos últimos años no ha decrecido el número de funcionarios a honorarios; al contrario, ¡ha aumentado! Y no aumentan las plantas. Ello, porque hay una falla estructural del Estado. Y no veo que en el horizonte de los próximos dos años esa anomalía vaya a ser corregida.
En definitiva, lo que se reclamó durante décadas no se ha enmendado.
El reajuste de remuneraciones del sector público ha sido un regalo navideño duro, dramático.
El Gobierno debe hacerse cargo de este problema. Porque la señal que entrega al despedir trabajadores constituye el peor ejemplo que puede darse al sector privado cuando, simultáneamente, se le pide contratar gente para derrotar la cesantía. A diario los Ministros de Hacienda y de Economía hacen el llamado a los empresarios: hay que aumentar el empleo, hay que correr riesgos, hay que invertir.
Sin embargo, cuando el Estado tiene que tomar decisiones, opta por despedir a miles de sus trabajadores.
Entonces, esa pésima señal no se traduce en la denominada "nueva forma de gobernar" ni tampoco en la política de contar con los mejores. Se dijo que este Gobierno sería "la selección chilena", que entrarían los mejores. Pero hoy día echan a un personal extraordinariamente bien calificado, por motivaciones políticas.
Señor Presidente, el Gobierno debe revisar los despidos.
Le hemos dicho al Ministro de Hacienda que podemos despachar hoy día mismo el proyecto. ¿Hay acuerdo con la ANEF? ¿Hay acuerdo con la FENPRUSS? ¿Hay acuerdo con el Colegio de Profesores? Despachémoslo hoy día. Evitemos que se tenga que resolver el 12 de diciembre y que se produzcan problemas para pagar los aguinaldos y las demás dificultades que el Gobierno reconoce generará la postergación del debate.
¡Yo creo que hay espacio para el diálogo!
En las tribunas se encuentran el Presidente de la ANEF y los dirigentes de la FENPRUSS. Hemos acordado que el 12 de diciembre el Senado va a revisar el proyecto. Hay una semana para conversar.
Yo apuesto a que vamos a sensibilizar al Gobierno, particularmente al Presidente Piñera. Recuerdo que durante su campaña se reunió con todos los funcionarios públicos, y les dijo: "Ustedes no van a ser perseguidos. En mi Gobierno no habrá despidos por motivos ideológicos". Muchos trabajadores le creyeron. Hoy día están arrepentidos.
Apelo a que el Gobierno haga una evaluación sobre la situación. De lo contrario, este será un diálogo inútil. Si el conflicto llega al Parlamento y de aquí no resulta nada, entonces en verdad estamos ante un diálogo de sordos.
Aspiro a que en la semana que queda las cosas cambien, aunque el Ministro nos dice que ya ha conversado y que no firmará el Protocolo por considerarlo poco apropiado y porque ya cumplió con el anterior.
Bueno, yo lo invito al diálogo. Le hemos dicho: "Ministro, queda un poco más de una semana de aquí al 12 de diciembre, cuando el Senado reciba el proyecto de la Cámara de Diputados. Ocupemos ese tiempo para dialogar, para buscar acuerdos, para acercar posiciones".
Ojalá no tengamos que pasar por una instancia como la de hoy: demoledora, de fricciones. Al final, lo único que hacemos es enfrentarnos, en circunstancias de que debiéramos estar buscando un punto de encuentro para evaluar cómo administrar mejor el Estado.
No nos dejan otra opción que debatir y emplazar al Gobierno. Esa es la función de la Oposición.
¿Y de cuánto es el reajuste, señor Presidente? De 5 por ciento, y no es escalonado. ¿Cuánto es el 5 por ciento de 300 mil pesos? Son 15 mil pesos; o sea, ¡500 pesos diarios!
Ese es el reajuste que se propone: 500 pesos diarios para los sueldos de 300 mil pesos. Para las rentas de 5 millones, como las que percibimos en el Senado -también es la de los Ministros-, el reajuste es de 250 mil pesos.
¡El 60,8 por ciento de los trabajadores chilenos gana menos de 250 mil pesos al mes! Y el 7,2 por ciento, menos de 64 mil pesos. Esto lo dice la Primera Encuesta Nacional de Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad de Vida de los Trabajadores, realizada por el Ministerio de Salud y el Instituto de Seguridad Laboral.
En consecuencia, el reajuste para los que estamos aquí abajo, en la Sala, equivale a 250 mil pesos mensuales, que es el sueldo que recibe el 60 por ciento de los chilenos.
¡Hay inequidad!
Debiera plantearse un reajuste escalonado: un porcentaje mayor para los sueldos más bajos y uno menor para los más altos.
¿Cuánto irá a ser el reajuste para el Presidente de CODELCO o para el de ENAP, quienes perciben sobre 10, 12, 14 millones de pesos?
Siento que allí hay un espacio que debemos revisar ahora o en el próximo año.
En mi Región, por cierto, hay despidos.
Domingo Rocha, Presidente de la ANEF en el Biobío, me ha dicho que ya van 34 funcionarios despedidos. No sabemos más. Tal vez haya más en el SERVIU, en el INDAP; en fin.
En verdad, quiero pedirles al Ministro y a la Ministra que revisen la situación. Si no, en verdad la Oposición tendrá que hacer su trabajo. Si no hay posibilidad de acuerdo frente a estos hechos que consideramos arbitrarios, discriminatorios, violentos, la Oposición debe actuar. ¡Que haga su pega! En esta Sala hay 20 Senadores: 19 de la Concertación y 1 del MAS. ¡Tenemos mayoría!
¡El Gobierno tiene que entender que, si no quiere escuchar al Parlamento o a la Oposición, algún costo deberá pagar!
Y estos 20 Senadores, que constituyen mayoría, aprueban el 70 por ciento de los proyectos de ley, y no hacen valer esa mayoría. ¡No la hacen efectiva! ¡Somos mayoría en el Senado!
Entonces, cabe enviar un mensaje -entre comillas- de negociación y fuerza al Ministro: "A usted, hoy día le hemos pedido que llegue a acuerdo". ¡Si no hay acuerdo ahora, tampoco lo habrá mañana!
¡Esa es la tarea de la Oposición!
Sin embargo, hay Senadores que siempre buscan acuerdos con el Gobierno, lo cual permite aprobar todas sus iniciativas. ¿Cuál es la Oposición que existe en Chile? ¡No hay Oposición!
Debemos reflexionar acerca del tipo de oposición que vamos a hacer frente a un Ejecutivo que no quiere escuchar.
Cuando renunció la ex Intendenta del Biobío, se fueron con ella todos sus regalones. Pero regresaron a sus pegas anteriores: unos a la Municipalidad de Concepción; a otros los acomodaron en el SERVIU. Al final, todo fue más bien un show, porque esas personas volvieron donde estaban y siguen operando como regalones.
La Derecha habló siempre de "saqueo", de "botín", de "la toma del Estado" y criticó a la Concertación en este ámbito, y muchas veces con razón. ¡Por algo esta perdió el Gobierno!
Advierto que, si esta Derecha sigue actuando como la Concertación, va a perder el Gobierno,...
--(Aplausos en tribunas).
...porque entre la Concertación y la Derecha hasta ahora, en estos dos años, no es mucha la diferencia.
He dicho en ocasiones anteriores que los Ministros de Hacienda son todos iguales: estudiaron en la misma universidad -en Harvard muchos de ellos- y, al final, muestran el mismo comportamiento. ¡Cero diferencia!
Entonces, ¿en qué se distingue este Gobierno que aseguró que iba a hacer las cosas de distinta manera?
Señor Presidente, el proyecto contiene a lo menos tres artículos que me parecen inconstitucionales, respecto de los cuales hago reserva de constitucionalidad. Son los siguientes:
Primero, el artículo 28, que faculta al Presidente de la República para modificar requisitos para el ingreso y la promoción de personal. Aprovecho de preguntar a la Mesa si esta norma es de quórum especial.
Segundo, el artículo 30, que otorga al Presidente de la República la atribución de nombrar al Secretario Ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación y al Superintendente de Educación. Es decir, se nos pide que autoricemos al Primer Mandatario para nombrar a esas personas a dedo, en circunstancias de que la ley expresa que deben ser elegidos sobre la base del mérito.
Por último, el artículo 32 -esto me parece grave-, que posibilita que los funcionarios de planta ganen menos que los que se hallen a honorarios. ¿Es posible pagarles más a los trabajadores a honorarios y a contrata que a los de planta? Eso nos piden mediante esta norma.
¡Claro, los sueldos de la Administración Pública son malos! Mucha gente de excelencia que trabaja en el sector privado no quiere cambiarse al área estatal porque pierde plata.
Entonces yo digo: "Al Estado se viene a hacer servicio público, no a servirse de él".
Resulta que el Gobierno pretende poner más plata para los trabajadores a honorarios y a contrata que para los de planta. ¡Eso es una bofetada para los funcionarios públicos! ¡No puede ser! ¡Definitivamente no puede ser!
Si el artículo 32 se aprueba, varios de los nuevos asesores ganarán más que muchos empleados de planta que llevan años de sacrificio en sus cargos y tienen más experiencia. Además, tales asesores son "golondrinas": llegan por un tiempo; aprenden un poco; hacen buenos contactos, y después se van.
Señor Presidente, el artículo 33 también pide facultades extraordinarias para que el Presidente de la República cambie los requisitos de ingreso y promoción de las plantas de Profesionales y Técnicos, contenidos en el artículo 20 del decreto ley Nº 600, de 1974, que fija el Estatuto de la Inversión Extranjera.
Yo me pregunto: ¿por qué se incluyen estas facultades extraordinarias en un proyecto de ley de reajuste?
¡Se quiere cambiar el orden del Estatuto y darle facultades extraordinarias al Primer Mandatario para hacer determinados nombramientos!
Señor Presidente, este proyecto se va de vuelta a la Cámara de Diputados. Pero volverá.
Me parece que hay tiempo suficiente para el diálogo, y espero que el Gobierno ahora escuche a los trabajadores.
Ese es el deber de un Gobierno, sea de Derecha o de Izquierda. El actual no está oyendo a los trabajadores. Y si no lo hace, creo que le va a ir mal.
¡Nueva Constitución, ahora!
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, como se ha dicho acá, nos corresponde resolver esta tarde en el Senado si se posibilita nuevamente la discusión del proyecto de reajuste en la Cámara de Diputados. Es lo único que debemos definir en esta oportunidad.
Es evidente que su rechazo por la otra rama legislativa es una señal política importante, fuerte, que supuestamente tiene que ser escuchada por las autoridades de Gobierno.
También es una evaluación respecto de los contenidos básicos del proyecto. Y creo que es bueno, por lo menos, preguntarse si este es un reajuste "apropiado", como dijo un colega que me antecedió en el uso de la palabra.
Derechamente, quiero decir que no es apropiado. No solo eso: creo que es mezquino, ratón, que no se condice con el discurso con que el Gobierno nos bombardea publicitariamente día tras día, en el sentido de que Chile es un país que crece, que tiene un desarrollo espectacular, que estamos viviendo poco menos que en un mundo de Bilz y Pap.
Sostengo que es mezquino y ratón, porque el 5 por ciento cubre escasamente la inflación estimada y un 1,1 o 1,2 más.
Pero lo más preocupante es la actitud que asume el Gobierno frente a determinadas decisiones o a señales tan potentes como la de que en la Cámara de Diputados -donde es mayoría- haya habido consenso para rechazar su propuesta.
Se ha dicho con toda claridad -y lo repito al Ministro de Hacienda, acá presente- que el mayor pecado del Gobierno es la insensibilidad que tiene para escuchar las señales que le entregan los ciudadanos. Y a la insensibilidad de no escuchar a los ciudadanos, a los trabajadores, a los estudiantes, al mundo académico, a los apoderados, a los consumidores, a los jóvenes, a los ambientalistas, agrega algo doblemente peligroso para cualquier Gobierno y para cualquier país: la arrogancia y la prepotencia para tratar de imponer a su amaño lo que considera verdad.
Y creo que eso es lo que nosotros debemos analizar bien en el Congreso hoy y en los días que vienen cuando definitivamente se tramite el proyecto.
El Gobierno debe tener sensibilidad y humildad para entender que otros no piensan como él y que también pueden tener una parte importante de la verdad.
No es extraño, porque esta es la consecuencia de lo que fue el debate a propósito del Presupuesto, donde la falta de capacidad del Ejecutivo para aprovechar oportunidades y buscar acuerdos en una materia tan sensible como la educación quedó plenamente de manifiesto.
Y uno se pregunta, entonces, a qué juega el Gobierno.
¿Por qué digo que hay arrogancia y prepotencia? Porque el Ministro de Hacienda sabe que nosotros no podemos cometer la irresponsabilidad de rechazar la posibilidad de que la iniciativa vuelva a la Cámara e inicie su discusión de verdad. Porque, si lo hiciéramos, los trabajadores de Chile quedarían sin reajuste.
Por lo tanto, juegan abusivamente con que nosotros estamos obligados hoy -y tal vez mañana, deben creer- a apoyar y aprobar lo que ellos dicen, sin ningún tipo de modificación, sin diálogo o conversación.
Y lo más increíble es que, a lo mejor, quedan felices, como sucedió a propósito de la discusión del Presupuesto. Porque dicen: "Ah, lo hicimos bien; conseguimos que no nos aumentaran en nada el reajuste; conseguimos no escuchar a los trabajadores; conseguimos que ni siquiera hubiera diálogo respecto de las cosas tan elementales que piden los trabajadores del sector público".
Ya no estamos hablando ni siquiera de un aumento importante en el reajuste, sino de la posibilidad de elaborar un protocolo de acuerdo que busque garantizar un mínimo de estabilidad a los funcionarios del sector público y que no se les persiga políticamente.
Porque digamos las cosas como son: ¡ha habido una verdadera cacería de brujas en contra de funcionarios públicos por el solo hecho de pensar distinto! Y es mentira, como se ha señalado acá, que solo se ha despedido a 4 mil personas. ¡Son más de 8 mil los empleados que han cesado en sus cargos en el curso de este año! Y hoy sigue llegando información de que están echando más gente todavía. Lo han dicho todos mis colegas.
A mí también me llegó la información. En la Cuarta Región -y escúchelo bien, Ministra Matthei, ya que usted fue Senadora por mi Región- han despedido a 29 personas. Y uno se pregunta a quiénes. Son funcionarios con buenas calificaciones. Pero lo más delicado -por eso hablo de insensibilidad-, es que los despidos se concentraron nuevamente en INDAP. ¿Y por qué? Porque el Gobierno tiene la insensibilidad de creer que no es necesaria esa institución para ir en apoyo de la agricultura familiar campesina y de los más pobres del país.
Entonces, ahora entiendo por qué tuvimos que dar una batalla tremenda con el Ministro de Hacienda para recuperar los recursos del programa de la agricultura de secano, la más pobre y vulnerable de la Región. Claro, para qué querían recursos si sabían que se echaría a la gente y no les importa lo que suceda con este tipo de agricultura. Pero sí a nosotros.
Uno puede preguntar por qué no hay voluntad de diálogo y un respeto mínimo con los trabajadores del sector público para sentarse a hablar con ellos y cotejar, por último, si son efectivas las cifras que se dan. Porque los listados son fáciles de hacer. Y las diferencias que existen entre unos y otros son demasiado grandes.
Como aquí se ha recordado, ¿a quién le cree la opinión pública, al Presidente de la República que les ofreció a todos los trabajadores del sector público que no iba a exonerar a ninguno y hoy día tenemos 8 mil despedidos? ¿Al Ministro de Hacienda que nos ha dicho que no son 8 mil, sino 4 mil? ¡Por favor! ¡Una demostración de mínimo respeto hacia los trabajadores del sector público consistiría en sentarse con ellos, cotejar y ver cada uno de los casos, fijar un protocolo de acuerdo donde se les garantice estabilidad en el empleo!
No dividan más a los trabajadores, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Han jugado con la división de los estudiantes y del mundo académico, con separar a la Oposición. Pero no les va bien -y lo reflejan todos los estudios de opinión pública-, porque la gente no les cree; porque dicen una cosa y en la práctica hacen otra; porque ofrecen algo, generan expectativas y, cuando llega el momento de los "quiubos", se quedan solamente en los dichos.
Lo más grave es que no están cumpliendo con la tarea principal, que es gobernar para todos los chilenos. Porque lo contrario significa olvidar que hay ciudadanos, sindicatos, jóvenes, trabajadores, intelectuales, gente del mundo de la cultura que piensan distinto y quieren construir un Chile diferente. Y la obligación de quien rige los destinos de un país es generar condiciones de diálogo para que esos sectores también se puedan expresar, a fin de tener una sociedad con mayor tranquilidad y paz social.
A lo único que lleva la división de los trabajadores y de los estudiantes -juego que hace el Gobierno- es a polarizar el país, a la inestabilidad social, a la inseguridad, a la intranquilidad. Y cuando hay inseguridad en una sociedad, falta de confianza, carencia de dignidad, ausencia de respeta hacia las personas, todo eso se traduce en mala calidad de vida. Frente a ello lo mínimo que se puede pedir a un Gobierno, por muy de Derecha que sea, es que busque un mejor estándar de vida para los chilenos.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Terminada la votación.
--Se aprueba la solicitud de insistencia del Presidente de la República (18 votos favorables).
Votaron las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- De esta forma se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política.
Se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.