PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2012
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, seré muy breve.
Sin perjuicio de compartir lo manifestado por el Senador señor Ruiz-Esquide, deseo recordar que la discusión respecto a este mismo punto se sostuvo ya con motivo del análisis del Presupuesto en 2010 y, probablemente -no estaba antes-, en otros años. Me parece que no puede ser que el Ejecutivo declare que lo va a seguir estudiando. Sería bueno y sano que se pronunciara de una vez por todas y explicase qué vamos a hacer al respecto, ya que el asunto es importante. Y podría fijar un plazo -el primer trimestre de 2012, por ejemplo- para una definición.
Porque, si no, garantizo que vamos a tener nuevamente al Honorable señor Navarro, con las mismas indicaciones, para el Presupuesto del año 2013.
He dicho.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, deseo hacer dos precisiones.
En primer término, la ley obliga al Congreso Nacional a cumplir diversos requisitos y a respetar el Reglamento en materia de su personal.
En el Poder Judicial, funciona una academia judicial; se realizan concursos; hay carrera funcionaria. Para llegar a ser Ministro de la Corte Suprema se debe cumplir todo un procedimiento y su designación pasa incluso por esta Corporación. En el caso de los miembros de las Cortes de Apelaciones, para ser parte de alguna de ellas, se requiere aprobar un curso de habilitación.
Entonces, no es comparable esa situación con lo que pide esta indicación a la Contraloría General de la República.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, todos quisiéramos avanzar rápido en la discusión, pero quisiera recordarles a mis Honorables colegas -a algunos de ellos en especial- que en el proyecto de Ley de Presupuestos no estamos discutiendo números, sino políticas públicas que requieren financiamiento. Y el que nos ocupa es, claramente, un asunto de política pública.
Nuestro ordenamiento democrático descansa sobre la independencia de los Poderes del Estado. Nosotros, como Poder Legislativo, somos celosos de nuestra autonomía y rol republicano. Nos preocupa que el Poder Ejecutivo haya dado señales preocupantes en relación con la necesaria independencia del Poder Judicial y que su Ministro de Justicia haya ejercido, a nuestro juicio, presiones indebidas sobre los jueces de la República.
¿Y por qué lo digo? Porque sus expresiones fueron claras.
El Ministro señor Ribera, tal como se ha expuesto y como lo expresaba el Senador señor Patricio Walker al hacer referencia al acto en San Joaquín, manifestó que el Gobierno está cansado de que responsables de desórdenes y agresores a la fuerza pública queden libres con tanta facilidad. Y explicó que, junto con el Presidente de la República, siendo los firmantes de los ascensos a Ministros de las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel, darán la misma importancia tanto al currículum como a los fallos de los magistrados.
Creo que todos los sectores de la sociedad quieren derrotar la delincuencia.
El Primer Mandatario, durante su campaña como candidato, afirmó: "Se les acabó la fiesta a los delincuentes". Y sostuvo, además, que iban a ponerle candado a la puerta giratoria. Pero, ya como Jefe del Estado, consignaba -no tengo aquí sus expresiones literales- que era muy difícil derrotar la delincuencia y que su Gobierno no iba a lograrlo.
En especial en momentos en que la ciudadanía siente que el fenómeno está aumentando y en que se suceden actos delictivos, la mayoría de ellos ligados a jóvenes que han caído en la drogadicción, este es un tema de política pública.
Derrotar la delincuencia no es cosa de mano dura, ni de populismos penales, ni de presiones a jueces.
Cuando discutamos las Partidas de los Ministerios de Justicia y del Interior -este último, con su nueva Subsecretaría-, demostraremos que en Santiago y en Regiones hay una sensación de mayor inseguridad, y eso requiere revisar los recursos y los programas.
Vemos, por ejemplo -lo señaló mi Honorable colega Alvear-, que el 90 por ciento del presupuesto de Gendarmería es para represión y solo el 5 por ciento para reinserción.
No es un problema de más dinero: es preciso rediscutir el enfoque de la política y darle un mayor énfasis a la prevención -especialmente, en la juventud- y la rehabilitación.
Se requieren adecuaciones institucionales en particular a nivel del Servicio Nacional de Menores.
¡Cuántas veces, señor Presidente, la Oposición de entonces, que hoy gobierna, criticó lo que el Gobierno de la Concertación hacía en estas materias! Pues bien, hoy día no hay más fondos para el SENAME, ni para prevención, ni para reinserción.
Pero, en el caso del Poder Judicial, debe respetarse la autonomía de los jueces, en los distintos niveles de la judicatura, para que cumplan el mandato de la ley y no el voluntarismo de algunos.
Los recursos que se le asignan apenas crecen en un 1,1 por ciento.
En el Ministerio Público, ellos se han congelado, y no hay más para fiscales y profesionales en la tarea indagatoria del delito.
La estrechez de fondos, en el Presupuesto de 2012, para un Poder del Estado independiente y un órgano autónomo revela que la labor persecutoria y la tarea de impartir justicia no son prioridades para el Ejecutivo actual.
Aunque los recursos pueden ser de continuidad, lo grave es lo ocurrido en las últimas semanas, cuando se han ejercido presiones indebidas contra la independencia del Poder Judicial, hecho que, como bancada de la Concertación, no compartimos.
Las instituciones deben funcionar, y nos interesa que así sea. El Presidente de la República tiene que hacer hincapié en ello.
Aquí se ha aseverado que no es el sector contrario al nuestro el que presiona, que las listas negras figuraban en nuestros períodos. Les recomiendo a algunos Honorables colegas que vean la serie de televisión Los Archivos del Cardenal y que recuerden que las únicas que se formaron fueron las de la época de Rosende.
Muchas gracias.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, no está el autor de la indicación, para que la explique. Pero, de acuerdo con los fundamentos que aparecen ahí, estaría bien redactada, porque habla de que los fondos de la Partida consideran el funcionamiento del juzgado que partirá en Chaitén a contar del 1° de enero de 2013. Este se trasladará, desde donde se halla actualmente, a dicha localidad ese año.
Por lo tanto, la indicación está bien redactada.