REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES NO ESTATALES, CON RELACIÓN AL LUCRO
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Escalona, Frei (don Eduardo), Gómez, Navarro y Rossi, en primer trámite constitucional, sobre requisitos de funcionamiento de las universidades no estatales con relación al lucro, informado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7760-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Escalona, Frei (don Eduardo), Gómez, Navarro y Rossi):
En primer trámite, sesión 30ª, en 5 de julio de 2011.
Informe de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 42ª, en 10 de agosto de 2011.
Discusión:
Sesiones 45ª, en 17 de agosto de 2011 (queda para segunda discusión); 48ª, en 31 de agosto de 2011 (se aplaza su votación).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La votación en general de esta iniciativa se encuentra aplazada.
Corresponde tener presente que para la aprobación de la idea de legislar se requieren los votos conformes de 22 señores Senadores.
El señor BIANCHI.- ¿Me permite, señor Presidente? Quiero plantear un punto de Reglamento.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, voy a dejar que los autores de la iniciativa den cuenta de ella. Yo solo quiero hacer una observación vinculada con el artículo 5° B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Me parece importante, en la línea de lo que deseamos transparentar y entregar como mensaje al país.
La norma referida dice textualmente:
"Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas mencionadas, tengan en el asunto.
"No regirá este impedimento en asuntos de índole general que interesen al gremio, profesión, industria o comercio a que pertenezcan, en elecciones o en aquellas materias que importen el ejercicio de alguna de las atribuciones exclusivas de la respectiva Cámara.".
Sé que la Honorable señora Alvear hizo ver su caso particular. Otros señores Senadores están en la misma línea. Y a mí me interesa despejar todo manto de duda con respecto a esta materia.
Me parece que es lo procedente.
Señor Presidente, creí que antes de las intervenciones de los autores de la moción y del inicio de la votación era necesario recordar lo preceptuado por nuestra propia Ley Orgánica en su artículo 5° B.
Muchas gracias.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Su Señoría, de acuerdo a la Ley y al Reglamento, es responsabilidad de todo Senador que tenga interés directo o personal en los asuntos puestos en discusión inhabilitarse.
Fue lo que anunció la Honorable señora Alvear en sesión de la semana pasada.
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, me he inscrito por tercera vez para hacer uso de la palabra pensando esencialmente en que este proyecto de ley ha motivado el interés de ciudadanos de la Quinta Región que nos acompañan en las tribunas.
Mi intención es precisarles a ellos que esta normativa tiene un propósito muy concreto: si las corporaciones sin fines de lucro reconocidas oficialmente por el Estado como universidades privadas llevan adelante operaciones contractuales, financieras o comerciales, con entidades que persiguen fines de lucro conformadas por personas que integran aquellas (es decir, en la jerga de los economistas, constituidas en sociedades espejo), lo que por disposición expresa del artículo 53 de la Ley General de Educación está prohibido, se pondrá término al referido reconocimiento, conforme a un artículo nuevo que se agrega mediante el proyecto en debate.
Ese es el sentido de esta iniciativa: sancionar con el término del reconocimiento oficial del Estado a las llamadas "sociedades espejo", que tienen como propósito inflar artificialmente los costos de los estudios universitarios, acción que provoca el efecto de abultar los aranceles y golpear con dureza en particular a las familias de clase media.
En la sesión anterior citamos el caso de universidades privadas que contratan sociedades de servicios con fines de aseo, por ejemplo, constituidas por integrantes de aquellas, a las cuales les pagan la cuarta parte, treinta por ciento o más del precio de mercado, con lo que se suben artificialmente los aranceles y se hace recaer el mayor costo, por completo ilegítimo y fraudulento, sobre las espaldas de las familias y, en consecuencia, de una porción muy importante de la clase media del país.
Lo propio ocurre con empresas inmobiliarias con las que se inflan de manera artificial los costos de edificación de instalaciones deportivas, de laboratorios, en fin, repitiéndose el fenómeno de capturar ganancias fraudulentas. O sea, a través del mecanismo de las sociedades espejo se encuentra el subterfugio para lograr elevadísimas utilidades que la misma Ley General de Educación vigente prohíbe.
El proyecto que presentamos agrega un artículo 53 bis que pone término al reconocimiento oficial del Estado en caso de violación de lo que preceptúa el artículo 53, esto es, que no se puede llevar a cabo ese tipo de actividades con fines de lucro.
Se trata, en consecuencia, de una iniciativa que aborda uno de los aspectos prácticos y concretos que se han puesto en el debate en el curso de los últimos meses, pero no toca el conjunto de las cuestiones planteadas por el movimiento estudiantil mediante sus movilizaciones y que, según entiendo, motivan la inquietud y la presencia de las ciudadanas y los ciudadanos que nos acompañan en las tribunas.
En este caso -repito- apuntamos a poner término a las sociedades espejo como mecanismo fraudulento para obtener rentabilidades ilegítimas.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Le solicito al Senador señor Gómez que dirija la sesión un momento para que yo pueda hablar desde el Hemiciclo.
El señor LARRAÍN.- Supongo que Su Señoría está pidiendo el asentimiento de la Sala.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Al afecto, solicito el acuerdo de la Sala.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
--El Senador señor Gómez pasa a dirigir la sesión en calidad de Presidente accidental.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, este proyecto de ley, como señalaba recién el colega Escalona, uno de sus autores, persigue hacerse cargo de una parte muy específica de lo que ocurre desde hace mucho tiempo en la educación superior: que universidades privadas están utilizando distintos subterfugios o mecanismos al objeto de transferir utilidades de manera poco transparente y por esa vía ejercer el lucro, respecto del cual hoy día existe una prohibición clara en la Ley General de Educación.
Pero eso no va a resolver los problemas estructurales de nuestra educación. Es la primera vez en 21 años que, como sociedad, tenemos la posibilidad de discutir a fondo, de manera abierta y transparente y en democracia, qué tipo de educación queremos para Chile. Y esto, gracias a las movilizaciones y los debates -todos ellos legítimos- que se están registrando.
Son múltiples las dificultades de la educación superior.
Un reciente estudio del doctor en Economía Patricio Meller señala cinco elementos preocupantes.
Primero, el costo de las universidades chilenas es el más alto del planeta: equivale a 41 por ciento del ingreso per cápita de nuestro país.
Segundo, el aumento de los aranceles -no solo su magnitud- es fortísimo: más de 60 por ciento sobre la UF en únicamente 15 años.
Tercero, un hijo universitario implica un gasto superior al 40 por ciento de la entrada familiar de los tres menores quintiles de ingresos; esto es, las familias de más bajos recursos destinan sobre 40 por ciento del ingreso familiar a pagar la universidad de un solo hijo.
Cuarto, el gasto público chileno en educación superior es de únicamente 0,5 por ciento del producto interno bruto (el más reducido del mundo). Tenemos los aranceles más altos y el aporte público más bajo del orbe, en términos relativos.
Y quinto, los estudiantes universitarios chilenos registran el mayor endeudamiento, considerados todos los países. La relación deuda total-ingreso anual es de 174 por ciento.
¿Qué quiero decir con aquello? Que este proyecto de ley va apenas a procurar que se cumpla la ley que se está vulnerando.
Recibimos en la Comisión de Educación a un número importante de universidades. Ninguna dijo perseguir fines de lucro. Pero basta ver las sociedades relacionadas: ¡los dueños de la universidad con una inmobiliaria al lado...!
Sabemos de un Ministro de este Gobierno que dice tener acciones de una universidad privada y que se trata de un fideicomiso ciego.
¿Qué importa aquello si la universidad sigue generando recursos y tal autoridad es parte de ella?
Eso es lo que hay: ¡un Ministro de este Gobierno tiene acciones de una universidad privada!
La pregunta es si esa universidad lucra de manera subrepticia o no; si actúa en forma transparente o no.
Entonces, este proyecto de ley es bien acotado y modesto. No aborda -y ello es importante para quienes nos acompañan hoy desde las tribunas- el problema de la educación escolar; no se pronuncia sobre la educación particular subvencionada ni acerca de los subsidios. Tales materias no se verán hoy día acá, en el Senado. Lo que se está analizando en esta Sala es el subterfugio de que se valen las universidades privadas para generar utilidades altísimas mientras hay estudiantes y familias sobreendeudados a raíz de los elevadísimos aranceles y del muy bajo aporte fiscal.
Es por eso, señor Presidente, que voy a apoyar entusiastamente esta iniciativa.
Por cierto, quienes nos están siguiendo por Twitter van a preguntar qué se hizo en las Administraciones anteriores.
Mi respuesta, digna y franca, es "No sé". No sé qué hicieron los Ministros de Justicia, de Educación.
Pero no se trata solo de lo que hicieron los Gobiernos, sino también de qué hicimos nosotros, de qué hicieron los medios de comunicación.
¿O acaso el libro de María Olivia Mönckeberg que denunciaba toda la situación existente no estaba circulando en Chile desde hacía cinco o seis años?
Las responsabilidades primeras son de los Gobiernos, que deben asumirlas (y tal vez por eso no estamos en el Poder). Pero no es menos cierto que acá hay una suerte de complicidad de toda la sociedad. Porque el problema estaba en el tapete, y nadie fue capaz de abordarlo. No lo hicieron las Administraciones anteriores. Pero tampoco lo hizo la Oposición de entonces. Y tampoco lo hicieron los medios de comunicación. Y tal vez las universidades no actuaron con la fuerza con que debieron hacerlo (me refiero en particular a las privadas que no lucraban, que veían a otras de la competencia que sí lo hacían).
Entonces, apuntar con el dedo a un solo responsable en una cuestión tan gruesa me parece muy injusto.
Este proyecto -insisto- no resuelve todo el problema. Sin embargo, va a ser una señal potente en el sentido de que estamos reaccionando ante la forma tan violenta en que opera el sistema y donde, además, ha habido muy poco que decir. Y eso incluye a todos los actores políticos.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Desde el punto de vista reglamentario, se halla aplazada la votación de este proyecto.
Por lo tanto, corresponde que Sus Señorías fundamenten el voto durante cinco minutos.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, este proyecto tiene como propósito abordar uno de los temas que se están debatiendo actualmente en la sociedad: cómo lograr que se respete la ley y que las universidades, sean públicas o privadas, no la violen.
Del concepto de "lucro" hay varias interpretaciones. Pero, en términos económicos, significa exclusivamente una cosa: retirar utilidades obtenidas en una sociedad.
Cuando hay retiro de utilidades el concepto se transforma en lucro. No se trata de excedentes, sino -repito- de retiro de utilidades. Y esto es válido en cualquier actividad empresarial.
Aquí no está en discusión -y tampoco en el otro debate, el relativo a los colegios particulares subvencionados- el que las universidades paguen las inversiones. No está en discusión la amortización de las inversiones. No está en discusión la cancelación de los sueldos de los profesores. No está en discusión lo relativo a solventar la mantención del establecimiento. No está en discusión el pago de administración que efectúan hoy los municipios con la unidad de subvención escolar.
¡Esos no son los temas en debate, ni en la ley en proyecto ni en la otra!
Lo que se quiere puntualmente con la iniciativa en examen es evitar el abuso; evitar que algunos se sirvan, para fines privados, de recursos destinados a la educación superior universitaria.
El sistema tuvo su origen histórico en el siglo XIX, señor Presidente, cuando la educación era solo impartida por particulares más bien vinculados a las clases dominantes, las elites y las oligarquías. Y en Francia, primero, y en Estados Unidos, después, se decidió, en tanto fue reconocida como un derecho fundamental, que el Estado financiara y garantizara el acceso a ese bien público.
A mi juicio, el tratamiento del asunto no debe causar ningún temor como el expresado por algunos planteles, si estos quieren ser universidades, educadores de nivel superior, y respetar la ley.
Aquí no se halla controvertida la importancia, no de los colleges, no de los establecimientos "de tiza y pizarrón", sino de aquellos con mayor densidad. No se encuentra en debate, por ejemplo, el trabajo del campus clínico ni de la Universidad Católica ni de la Universidad de Chile. Están al margen departamentos técnicos como el DICTUC u otros, que generan excedentes y prestan y venden servicios. Eso no es lo que se prohíbe.
¡En buena hora que se generen muchos excedentes! Lo que se está pidiendo es que se reinviertan en educación. Si se registran en un campus clínico, que se traduzcan en más inversión en el hospital o en actividades de investigación en la universidad. Ello se permite y es lo que la ley estimula y alienta, y no la vía de inmobiliarias paralelas, de sociedades espejo, con miras a sacar los recursos, como lucro, para fines particulares.
¿Por qué este principio, señor Presidente? ¿Por qué se incluye en nuestra historia como país? ¿Por qué se contempla en la Ley General de Educación?
Porque se entiende que los fondos destinados a la educación superior no son para un fin privado -ni de quien la recibe ni de quien ejerce la libertad de impartirla, sea el Estado o un particular-, sino para el ejercicio de un derecho fundamental. No es un servicio cualquiera. Probablemente, de los derechos políticos y sociales de primera categoría, el que señalo es el más relevante después de los relativos a la vida y la libertad de expresión. Por eso se encuentra en esta categoría.
Es efectivo que el Estado no ha sido capaz de controlar el fenómeno que nos ocupa. La Ministra señora Aylwin le preguntó a Impuestos Internos si podía hacerlo y la Contraloría señaló que no se contaba con la facultad de evitar el funcionamiento de sociedades espejo, sino que se requería una legislación especial.
En la historia del Congreso, las discusiones sobre temas de educación implican siempre una situación bastante álgida, bastante "animada", por decirlo suavemente. Creo que hoy existe consenso, a diferencia de antes, en orden a que tenemos que asegurar que en la educación superior universitaria se respete la ley. Ese es el sentido del proyecto en estudio.
Entiendo que se necesitan indicaciones para perfeccionar el texto. ¿Con qué propósito? No con el de obstaculizar en lo más mínimo a las universidades, sino con el de garantizar que los recursos se destinen a la educación y no se retiren para fines particulares.
Voy a votar a favor.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en la sesión anterior en que se trató la iniciativa declaré ser partidario de regular la relación entre las universidades privadas y el tipo de compañías conocidas como "sociedades espejo", pero no de prohibirlas, que es lo que se hace ahora.
Y lo digo porque son muchos los planteles de enseñanza superior que han construido sus edificios y los están pagando. Operan bajo la modalidad de recurrir al sistema financiero y conseguir fondos, y la manera de pagar los créditos es, obviamente, con el arriendo posterior a la universidad.
Estoy en completo acuerdo con que no se puede cometer un abuso, con que los arriendos no pueden ser sino en el valor comercial, en el valor de mercado, para evitar precisamente "figuras" que signifiquen sacar excedentes de mala manera. Pero impedir la existencia de las sociedades sí va a causarle un daño enorme a la proyección, crecimiento y desarrollo de las universidades privadas.
He relatado que en Temuco, por ejemplo, existe una de estas últimas, de carácter nacional, que no sé si tiene o no sociedades inmobiliarias. Sinceramente, lo desconozco. Pero sí sé que fue capaz de construir un pabellón completo con clínicas odontológicas y que todo lo que está haciendo en este último campo va en beneficio directo de las personas más humildes, más necesitadas de la comunidad.
¿Cómo vamos a prohibir que las universidades realicen ese tipo de inversiones? ¿Cómo vamos a prohibir que lleven a cabo, por citar otro caso, consultorías jurídicas? Muchas veces, la manera de verificarlas es constituyendo este tipo de entidades.
Por lo demás, las universidades públicas también lo hacen. Se llegan a constituir incluso sociedades anónimas.
Entonces, me parece que el problema de fondo son los aranceles, como aquí se ha señalado. A mí también me impacta cuando don Patricio Meller dice que registramos, en relación con el ingreso per cápita, los más caros del mundo. Tenemos que ver, por lo tanto, cómo los regulamos; cómo vamos en apoyo de la familia, de tal manera que nadie que quiera estudiar y sea talentoso se quede sin hacerlo por falta de financiamiento o en razón de la situación socioeconómica en que ella se encuentra. Todo eso tenemos que arreglarlo, mejorarlo, solucionarlo.
Pero lo único que busca el proyecto, señor Presidente, es estigmatizar a la educación privada -digamos las cosas por su nombre-, y, particularmente, en este caso concreto, a las universidades de dicho sector, por referirse a ese tipo de planteles. Y me parece que, en la mayoría de los casos, si bien habrá excepciones, tales entidades están efectuando un enorme aporte al progreso del país y, en especial, al desarrollo de los jóvenes.
Por eso, voto en contra.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Dirijo una segunda advertencia a las tribunas. Y las personas que se encuentran en ellas pueden creerme cuando afirmo que haré cumplir el Reglamento, lo que deseo expresarles con todo respeto.
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Solicito autorización para que las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, unidas, sesionen simultáneamente con la Sala a partir de las 18, con el objeto de tratar un proyecto en tabla.
--Así se acuerda.
El señor BIANCHI.- ¿De qué iniciativa se trata?
El señor LARRAÍN.- Perdón, señor Presidente. ¿Qué se acaba de resolver?
Los Senadores somos parte de lo que se determina.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Es preciso estar siempre atento, Su Señoría. La petición provino de su propia bancada.
El señor LARRAÍN.- Aunque así sea, se debe informar a quienes forman parte de la Corporación.
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, solicito que también se recabe la autorización para que las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones -este órgano técnico es presidido por el Senador señor Novoa- y de Educación, unidas, sesionen simultáneamente con la Sala a partir de las 19, a fin de iniciar la discusión en particular del proyecto sobre televisión digital terrestre.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accederá.
No hay acuerdo.
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra para fundamentar el voto el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, en los últimos meses hemos visto cómo los estudiantes han logrado llamar la atención de la opinión pública, del Congreso Nacional y del Ejecutivo sobre la grave situación por la que atraviesa la educación.
El debate ha sido largamente postergado por los Gobiernos de turno y tenemos hoy día la oportunidad histórica de enfrentarlo con una reforma, a nuestro juicio, estructural.
Esta última presenta claramente distintos aspectos, uno de los cuales dice relación con la educación secundaria. Al respecto, nosotros, aparte de salvaguardar el derecho y el deber del Estado de entregar una instrucción de carácter gratuito y laico, también hemos considerado importante que los principios de la sociedad docente y la libertad de enseñanza se incluyan en una solución tendiente a garantizar lo que debe inclinar la balanza, a nuestro parecer, entre la buena y la mala educación: la calidad.
En tal contexto, en Renovación Nacional, partido del cual soy uno de los jefes de bancada, hemos sostenido que es preciso dotar a la Superintendencia de Educación de todas las facultades pertinentes a fin de salvaguardar dicho factor, para que, en definitiva, existan colegios particulares subvencionados con infraestructura adecuada y un cuerpo docente calificado.
De igual forma, hemos señalado, respecto de la educación universitaria, que debe cumplirse la ley. Y ello tiene que ser así en caso de que un cuerpo legal prohíba el lucro en las universidades privadas hace más de 30 años. Por tanto, pedimos que no se siga mirando para el lado, como ha ocurrido en el pasado, en relación con esta materia.
Sobre esa base, un grupo de Senadores hemos presentado un proyecto de ley que apunta a comprender todos los elementos que permitan transparentar los contratos de universidades privadas con sociedades relacionadas, a fin de abocarnos a una adecuada y oportuna fiscalización.
Asimismo, conversamos con el Presidente de la Comisión, mi Honorable colega Quintana, para agregar a la iniciativa en análisis una indicación en el mismo sentido.
Deseo consignar que un grupo importante de Senadores de Renovación Nacional estima que es preciso avanzar en términos de que efectivamente se logre transparencia y, en definitiva, no se burle la ley. En consecuencia, vamos a votar a favor de la idea de legislar, pero pediremos también, tal como lo tratamos con el señor Presidente de la Comisión, que nuestra indicación sea acogida a trámite y discutida en ese órgano técnico.
Además, hemos sostenido que la redacción del proyecto debe ser reformulada, porque los rectores de las universidades de Chile y Católica de Santiago nos han señalado, en algunos contactos que hemos realizado, que la aprobación del texto impediría, por ejemplo, el funcionamiento del IDIEM o del DICTUC, pues se trata de sociedades relacionadas. Es sabido que no son organismos con fines de lucro y que reinvierten los recursos en la respectiva universidad. Lo mismo sucede con los centros clínicos.
Por eso, independientemente de aprobar la idea de legislar, esperamos que se acoja a tramitación la indicación a que he hecho referencia, como nos ha garantizado el Honorable señor Quintana.
Estimamos deseable, adicionalmente, que se pueda afinar la redacción a efectos de no perjudicar a las universidades estatales y tradicionales en lo relativo a las sociedades relacionadas que no persiguen fines de lucro.
En cuanto a las universidades privadas, la idea es que se cumpla la ley como corresponde. Creemos que no se puede seguir mirando para el lado en circunstancias de que hay una normativa vigente.
Voto a favor.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, deseo reiterar algo dicho en la Sala en el sentido de que, respecto de la iniciativa, contrariamente a lo ocurrido con otras tratadas en la Comisión de Educación, no se escuchó ni a rectores universitarios, ni a académicos, ni a estudiantes.
Hemos conocido el parecer de representantes de distintos actores de nuestro sistema educacional en relación con otros proyectos; pero, específicamente con relación al que nos ocupa, no se recibió la opinión de nadie.
En tal sentido, juzgo que en este caso se está actuando de manera rápida, repitiendo en forma fácil y sin asumir con calma la responsabilidad que significa legislar. Cabe considerar que en el Senado tenemos que ver bien qué efectos provocan nuestras decisiones en la realidad del sistema mencionado.
De hecho, la semana pasada asistió a la Comisión de Educación el rector de la Universidad Católica, quien no había sido escuchado respecto de la iniciativa y expuso su planteamiento. Manifestando su preocupación, expresó que las universidades complejas cuentan con sociedades interrelacionadas para efectuar actividades de investigación y de generación de valor.
Ello quiere decir que ese tipo de planteles de enseñanza superior -aquellos que realizan investigación, que originan valor e innovación- recurren a tales entidades para verificar dichos aportes. Doy solo algunos ejemplos. Cuando un profesor logra una patente a través de la investigación, a menudo forma una sociedad con un tercero para poder desarrollarla. Una universidad puede asociarse con un laboratorio farmacéutico a fin de elaborar vacunas. Una sociedad interrelacionada con grupos de inversión permite sostener un colegio, como también es el caso de universidades complejas.
Por lo tanto, en el proyecto se repite lo mismo que en aquel que termina con el lucro en todo nuestro sistema educacional. Porque también es necesario leer bien este último y decir las cosas como son. Si ciertos legisladores consideran que no debe existir ningún tipo de sociedad relacionada, okay. Si piensan que un colegio particular subvencionado con fines de lucro no puede recibir una subvención, okay. Pero es preciso hacerse cargo de las consecuencias de estas iniciativas. Aquella tendiente a terminar con el lucro no afecta a colegios particulares donde pagan papás que disponen del dinero suficiente, pero sí a establecimientos privados que se financian con la subvención del Estado. En efecto, les dice a los padres que esta última ya no se va a recibir. Por consiguiente, estamos afectando a alrededor de 3 mil 500 establecimientos y, directamente, a un millón 200 mil alumnos.
Tenemos que hacernos cargo, entonces, de las repercusiones que causan en la realidad las decisiones que aquí tomamos.
Si se interpreta correctamente ese texto, se advierte que prohíbe absolutamente todas las entidades interrelacionadas. Expresa que las corporaciones sin fines de lucro "no podrán sostener vínculos contractuales, societarios, financieros o comerciales con sociedades que involucren a quienes integren los órganos de dirección, administración, ejecución", etcétera.
¿Qué pasará, por lo tanto, con la investigación? ¿Qué pasará con las sociedades con terceros para desarrollar innovación? ¿Qué pasará con nuestras universidades complejas, que incluyen a algunas tradicionales como la Católica y la de Concepción? ¿Qué pasará con esos planteles de enseñanza superior que generan valor e innovación en nuestro país? ¿Queremos frenar eso?
Además, el proyecto dispone que la prohibición es absoluta y que, por tanto, "su violación será causa suficiente para poner término al reconocimiento oficial otorgado por el Estado". Ello significa que, en caso de que una persona quebrante la ley, quienes "pagarán el pato" -dicho en castellano, para que todos entiendan- serán los padres y alumnos de la universidad en cuestión.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señora Senadora.
Le doy un minuto más, para que termine de fundamentar el voto.
La señora VON BAER.- Gracias, señor Presidente.
En consecuencia, debemos hacernos cargo del efecto que provoca esta iniciativa legal.
Nosotros presentamos un proyecto que busca transparentar, por una parte, y regular, por otra, la situación de las universidades privadas, a fin de que cumplan con la ley. ¡Porque hay que cumplirla! Sin embargo, antes de enviar a tramitación cualquier materia, es preciso prever que no se produzcan efectos colaterales indeseados.
Por consiguiente, creemos que aquí tenemos que legislar en la línea de la iniciativa que presentamos varios parlamentarios de la Coalición por el Cambio.
Por último, señor Presidente, estimo que debemos actuar en forma responsable, sin originar consecuencias no buscadas, específicamente con relación a la generación de valor y al desarrollo de la investigación que realizan, muchas veces de manera muy abnegada, universidades tradicionales y también privadas.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, entiendo que estamos fundamentando el voto, y en esa condición intervengo.
A diferencia de lo que acaba de señalar la Senadora Von Baer, este proyecto ya lo hemos debatido en la Sala al menos en dos oportunidades. Su votación fue postergada, las bancas de enfrente pidieron segunda discusión, en fin, se dilató. Pero ahora nos toca votar y entiendo que esa es la razón por la cual podemos intervenir, ya que, efectivamente, esta iniciativa ya la hemos visto. Y no solo la hemos visto, sino que, al revés de lo que se acaba de expresar, la Comisión de Educación ha sido particularmente receptiva en recibir a muchísimas instituciones. Yo asistí a sesiones en las que se escuchó a actores de distinta índole: por cierto, a estudiantes de universidades y de otras entidades y, en fin, a todos aquellos quienes consideran a la educación como un tema central.
Por ello, me cuesta entender que se afirme que, una vez más, aquí estamos legislando a la rápida, que no se toman en cuenta las opiniones de los involucrados. Para mí, esas son solo buenas excusas.
Prefiero que de una vez por todas se diga con claridad: "Vamos a apoyar este proyecto para hacer cumplir la ley". Yo escuché al Presidente Piñera y al Ministro Bulnes señalar que la ley se debe cumplir. Y lo mismo acaba de repetir el Senador Chahuán. Entonces, hay que hacer un gesto, que no puede ser otro que aprobar en general esta iniciativa.
Al fundar mi voto favorable, señor Presidente, quiero recordar que, enhorabuena, gracias a tres meses de movilización de los estudiantes, hemos podido poner sobre el tapete uno de los temas centrales que afectan a nuestro país.
Hoy día en el diario "La Segunda" aparece el último informe anual sobre educación de la OCDE, donde Chile figura como el país con mayor segregación socioeconómica. Y, realmente, somos el país que tiene mayor segregación; somos, por tanto, el país que tiene menos integración; somos el país que cobra los aranceles más caros del mundo con relación al ingreso per cápita; somos el país que hace endeudarse a las familias de una manera increíble, y somos un país que tiene un sistema muy desregulado. ¡Muy desregulado!
Y aquí queremos terminar con un resquicio que ha permitido lucrar a las universidades sin fines de lucro. Y digo "lucrar" no en el sentido de pago de remuneraciones -como muchos lo han afirmado, tratando de confundir a la opinión pública-, sino de acumular ganancias, retirarlas y no invertirlas en el ámbito propiamente universitario.
Lo más terrible de todo es que en no pocos casos, desgraciadamente, la educación se ha visto como un bien de mercado y no como un bien público, no como una obligación del Estado, que debe garantizar el acceso a ella, su calidad y, en porcentaje importante -ojalá fuera en la totalidad-, su carácter gratuito.
Esos son los temas de fondo que los estudiantes han puesto sobre la mesa. ¡Y enhorabuena! Porque la verdad es que aquí hay un descontrol absoluto.
Nada se dice sobre la alta deserción estudiantil; nada se dice sobre el alto nivel de endeudamiento; nada se dice sobre el egreso de jóvenes de carreras sin ninguna relación con el mercado laboral; nada se dice de universidades que ni siquiera merecen el nombre de tales, porque lo que en realidad tienen son profesores express que corren de un lado para otro, sin contar con una trayectoria de investigación o de extensión, como corresponde.
Aquí incluso se planteó que, si se aprobara esta iniciativa, no podrían funcionar el DICTUC ni el IDIEM. Eso es un error, a mi juicio, por cuanto el proyecto es -se señala con claridad- sobre requisitos de funcionamiento de universidades no estatales en relación con el lucro. Es muy específico y muy acotado y constituye un primer paso.
Yo espero, señor Presidente, tal como señaló el Senador Chahuán, que aprobemos la idea de legislar. Si queremos ser coherentes con lo que han expresado públicamente las máximas autoridades del país, ¡debemos hacer cumplir la ley! Enhorabuena los estudiantes, con mucho sacrificio y luego de tres meses, han sido capaces de colocar en el meollo del debate el problema general de la educación.
Sin embargo, en este caso estamos analizando un proyecto específico, originado en una moción -o sea, por iniciativa parlamentaria-, mediante el cual nosotros queremos dar la señal de que nos importa solucionar lo que hoy día, desgraciadamente, ocurre: que no se está cumpliendo la ley. Reconocemos, por cierto, que en su oportunidad pudimos haber fiscalizado mucho más la situación y hay que asumir que no fuimos capaces de hacerlo. Pero ha llegado la hora, no solo de fiscalizar lo que sucede con las sociedades espejo, sino también de abordar una reforma más profunda sobre todo el sistema escolar. Porque, ¿saben?, es triste tener prácticamente el récord de segregación.
En consecuencia, señor Presidente, voto a favor de la idea de legislar.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, en el Senado hay dos proyectos de ley sobre el tema del lucro en la educación que abordan materias absolutamente distintas.
Uno, que no se ve en el día de hoy, dice relación con la prohibición que se pretende consagrar para que los colegios particulares subvencionados con fines de lucro no sigan recibiendo subvención. En la práctica, eso significa que 4 mil 500 establecimientos educacionales, donde estudian un millón 250 mil alumnos, dejarán de percibir la subvención escolar, cuyo valor es del orden de 40 mil pesos, más 30 mil pesos adicionales si se trata de la subvención escolar preferencial para el 40 por ciento de los alumnos más pobres.
Considero que ese es un mal proyecto: apunta en la dirección equivocada y perjudica gravemente a los dueños de dichos establecimientos (quienes, entre paréntesis, corresponden, en 70 por ciento, a profesores, y que, en 84 por ciento, poseen un solo colegio, de los cuales 65 por ciento son absolutamente gratuitos y los que tienen financiamiento compartido cobran, en promedio, 14 mil pesos, cifra incluso inferior a la de los colegios particulares subvencionados sin fines de lucro).
Ese es un asunto distinto que ya habrá momento de debatir. Solo quiero dejar sentado un principio. Lo importante es que, persigan o no fines de lucro, los malos establecimientos salgan del sistema y los buenos permanezcan en él, de acuerdo a las exigencias de calidad que establezcan la nueva Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación.
Ese, señor Presidente, va a ser un debate conceptual de fondo.
El otro proyecto dice relación con una materia totalmente distinta: la expresa prohibición legal de que las universidades chilenas lucren. Algunas son muy buenas y otras muy malas. Pero lo que esta iniciativa busca es que la ley se cumpla, de modo que aquellas que la han infringido gravemente y que, a través de subterfugios, han lucrado, sean sancionadas y, si han cometido delitos penales, respondan por ellos.
La fórmula para regular lo anterior es donde tenemos una diferencia. Algunos creen que no debe existir vínculo de ninguna naturaleza entre los miembros del directorio, los fundadores de la entidad, los integrantes de una universidad sin fines de lucro, y cualquier empresa que le preste servicios.
Otros -entre quienes estamos nosotros- estiman que lo razonable y correcto es que exista una adecuada regulación, donde se cuente con toda la información necesaria y se sepa exactamente el valor en que terceras sociedades arriendan sus inmuebles o prestan sus servicios, donde se tenga que levantar permanentemente antecedentes para determinar si se ha cometido algún fraude o engaño, como el arrendamiento de un bien raíz en un valor distinto al real, con el propósito de lucrar ahí donde la ley lo prohíbe.
Esas son las dos fórmulas. La primera constituye una prohibición, que también se puede prestar para mil martingalas, porque alguien puede traspasar sus inmuebles a un tercero y lucrar. Y la segunda, que apoyamos, consiste en la mayor información y transparencia posibles.
Yo voy a rechazar el otro proyecto, pero voy a aprobar el que estamos analizando, pues regula una materia que hoy no se encuentra bien normada. Discrepo de la forma como la regula, ya que estimo que no servirá para nada, pero creo que durante el debate legislativo se presentarán indicaciones que permitirán cumplir con la ley, que es más clara que el agua: las universidades no pueden lucrar. Y eso se debe acatar sin ningún tipo de vaguedades ni de ambigüedades.
Repito que voy a votar a favor de la idea de legislar respecto de esta iniciativa, por considerar que apunta en el sentido correcto, es decir, establecer una regulación para cumplir con la prohibición legal del lucro en los planteles de educación superior, sin perjuicio de mis discrepancias de fondo, ya manifestadas, en lo que dice relación con la enseñanza escolar.
Le pido que me otorgue un minuto adicional, señor Presidente, tal como lo ha hecho con otros Honorables colegas.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Por supuesto.
El señor ESPINA.- Muchas gracias.
Quiero aprovechar de hacer una observación a los parlamentarios.
Nosotros estamos perdiendo una tremenda oportunidad para generar un acuerdo en materia educacional. Tenemos a nuestro Gobierno con una evaluación positiva baja, y a la Concertación, prácticamente en el piso: 17 por ciento. Y ello se debe, en parte, a que no hemos sido capaces de alcanzar un entendimiento. Si uno fuera serio y tratara de ver a fondo los aspectos en los cuales podemos coincidir, como las tremendas injusticias del actual sistema de financiamiento, los graves problemas que existen hoy en la calidad de la educación, la legítima ganancia, que también debe ser regulada, nos daríamos cuenta de que es posible aunar voluntades.
Solo quiero pedir, señor Presidente, que la fiesta del Dieciocho sirva para refrescar las memorias, ablandar los espíritus y ser capaces de generar acuerdos como los que han hecho prestigiosa a nuestra Corporación.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, el proyecto que ahora discutimos, para su aprobación o rechazo, tiene que ver con la existencia del lucro en la educación universitaria.
Sobre el particular, bien vale la pena recordar que en la historia de Chile la educación universitaria nunca ha tenido fines de lucro, y que la actual legislación que rige la creación de nuevas universidades, que viene de 1981, mantuvo esa tradición en la esfera universitaria.
No ha ocurrido así en otros ámbitos de la educación chilena, como en la básica y la secundaria, en donde, por el contrario, desde el comienzo de la República el lucro -las posibilidades de obtener recursos y utilidades a partir de proyectos educacionales- ha estado siempre presente en instituciones que reciben subvención escolar.
Por lo tanto, es bueno recordar la historia para reafirmar los principios que han inspirado la educación chilena. Y resulta particularmente importante hacerlo a propósito de este proyecto, porque concuerdo con sus autores en que, probablemente, en más de alguna iniciativa universitaria los principios que prohíben el lucro en esas corporaciones han sido violados, alterados, y, por consiguiente, es sano corregir aquello.
Sin embargo, estamos frente a un proyecto que en su contenido específico es muy malo.
La Senadora Von Baer ha dicho, con razón, que la Comisión no estudió esta iniciativa con ningún tercero: solo tuvo discusiones internas entre sus miembros, pero no escuchó a nadie más. Y un proyecto de esta envergadura a mi juicio lo exigía.
Ese es un dato de la realidad.
Ahora, ¿por qué digo que esta iniciativa es de mala factura? En primer lugar, porque no se sabe exactamente cuál es su ámbito. Dispone que las corporaciones sin fines de lucro establecidas conforme a la ley N° 20.370 no podrán establecer sociedades espejo -para decirlo en simple-. ¿Esto excluye, entonces, a otras corporaciones universitarias sin fines de lucro, como las universidades estatales? Es decir, ¿será un proyecto que tendrá regulaciones para algunas universidades y no para otras? ¿O las incluye a todas? Si las incluye a todas, estaría cometiendo un disparate mayor, porque existen muchas universidades, como la de Chile y la Católica, que -ya se ha dicho- cuentan con entidades particulares con fines de lucro cuyas utilidades son retiradas para beneficio de la institución central y, por cierto, reinvertidas.
Sin embargo, eso, en conformidad a las normas de este proyecto, ya no estaría permitido y, en tal caso, la Universidad de Chile tendría que disolverse ipso facto.
Parece absurdo, señor Presidente.
Ahora, si ello estuviera circunscrito solo a algunas universidades, sería discriminatorio e inconstitucional.
En seguida, tampoco es correcto afirmar que la prohibición de que las sociedades relacionadas estén constituidas por quienes son parte del directorio o de la plana mayor de una universidad sea la fórmula para evitar el lucro. Si de eso se trata, aquello se puede hacer por mil otros caminos. Pero la vía elegida impide también el funcionamiento de muchas universidades sin fines de lucro que tienen sociedades con las cuales pueden relacionarse normalmente. ¡Si lo que se debe prohibir es que se utilice una universidad para obtener recursos en forma indebida!
¡Eso es lo que debe prohibirse!
Pero si alguien posee una propiedad y la arrienda bajo su valor de mercado para que allí funcione una universidad, esta no debería ser sancionada por efectuar un negocio de esas características. No hay allí ningún inconveniente desde un punto de vista moral ni legal.
En consecuencia, hay que regular esta materia, pero de distinta manera.
Ahora bien, el tema de los aranceles no tiene absolutamente nada que hacer aquí. Porque los más caros son los cobrados por universidades estatales y algunas tradicionales que, probablemente, no son las que estuvieron en la mente de los autores de esta iniciativa. De modo que tampoco puede esgrimirse tal argumento.
Por otra parte, señor Presidente, el proyecto establece una sanción francamente violenta, desproporcionada. Dispone que la violación de la ley será causa suficiente para el término del reconocimiento oficial otorgado por el Estado. Obviamente, hay una desproporción en el castigo, porque incluso puede tratarse de una situación casual. Pero, como aquí no se distingue, la sanción resulta ser gravemente desproporcionada.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Quiero recordar a los señores Senadores que se está fundando el voto.
Por lo tanto, les pido que se restrinjan a los cinco minutos reglamentarios, para que así alcancemos a ver los otros asuntos en tabla.
El señor LARRAÍN.- Muy bien.
Señor Presidente, por los antecedentes indicados, nos hallamos frente a un mal proyecto, que tiene visos de inconstitucionalidad. Si la interpretación es restrictiva, ¿a quiénes se va a aplicar?
Además, plantea una fórmula que no permitirá conseguir el objetivo buscado y que, al contrario, puede producir más daños que los que se procura evitar, fuera de imponer una sanción completamente desproporcionada.
Sin embargo, lo voy a votar a favor, porque quiero que se regule la materia que aborda. Pero quiero anticipar que si la Comisión no cambia su texto e insiste en él, lo rechazaremos cuando sea discutido en particular, quedándonos sin la posibilidad de regular como corresponde un asunto de esta naturaleza.
Así que confío en que exista un buen espíritu para lograr un acuerdo que nos ayude a todos.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, solo intervengo para reafirmar lo que tantos Honorables colegas han dicho: la idea matriz de la moción -cuestión relevante en el momento de votar la idea de legislar- es garantizar que, efectivamente, se cumpla la ley en cuanto a que, como las universidades son instituciones sin fines de lucro, se debiera eliminar la posibilidad de que por la vía del resquicio de las sociedades espejo eso se vulnere.
Es todo lo que se discute, y a eso obedece el presente proyecto de ley, que no tiene nada que ver con la educación básica ni la media, sino únicamente con hacer cumplir la ley, en su espíritu y en su letra, en materia de universidades.
Tan mala no es la iniciativa, porque estoy viendo que va a ser aprobada en general -me alegro de que así sea- por una inmensa mayoría.
En mi opinión, habrá que aclarar en el debate en particular que la moción no pretende impedir que las universidades desarrollen actividades lucrativas, como proyectos de investigación u otros -no es ese su objeto ni debiera serlo-, sino evitar que las utilidades que obtengan por ellas no se reinviertan y que se retiren a través de las sociedades espejo.
Adicionalmente, estimo relevante complementarla mediante la regulación de los llamados "precios de transferencia", a fin de garantizar que correspondan a los de mercado.
Aquí se pide transparencia. Pues bien, avancemos en ella, evitando que por la vía de abultar dichos precios se retiren excedentes de manera encubierta o subrepticia.
Es un segundo punto por aclarar.
En tercer término, considero importante establecer la obligación de que los contratos a que den lugar se informen a la Superintendencia de Educación Superior que se creará por ley -el proyecto respectivo debiera ingresar a trámite este mes-, que será la encargada de fiscalizar precisamente el cumplimiento de tal obligación.
En cuarto lugar, también es relevante tomar en consideración la experiencia del Servicio de Impuestos Internos en materia de fiscalización de precios de transferencia no ajustados entre empresas relacionadas, a fin de pagar menos impuestos.
Lo anterior debiera propender a una coordinación entre la Superintendencia de Educación Superior que se creará -según entiendo, hay unanimidad en ello- y el Servicio de Impuestos Internos, para aprovechar estas sinergias institucionales, de modo de impedir que se sigan burlando el espíritu y la letra de la ley.
Finalmente, en lo relativo a la tipificación de las infracciones que dispone el proyecto -tiendo a compartir lo último mencionado por el Senador señor Hernán Larraín-, debe establecerse una adecuada graduación de las sanciones a las infracciones sobre las cuales se apliquen. Obviamente, hay que arreglar el texto.
Por lo tanto, hay mucho trabajo que hacer en la discusión en particular, en la "ingeniería de detalle", por así decirlo. Aquí estamos aprobando a grandes rasgos, el diseño, la arquitectura.
Señor Presidente, el que está en discusión es absolutamente distinto al proyecto sobre lucro con fondos públicos, que discutiremos en su momento. Entiendo que el interés del público en las tribunas hoy día va más bien en esa dirección.
En lo que atañe a la Democracia Cristiana, partido que tengo el honor de presidir, queremos fortalecer -y lo vamos a demostrar- y no debilitar la educación particular subvencionada, como un aspecto de la libertad de enseñanza. Hay toda una historia del socialcristianismo de nuestro partido desde fines del siglo XIX y principios del XX -por ejemplo, la ley de 1951 firmada por don Bernardo Leighton Guzmán- sobre cumplimiento de esos propósitos. Y escúchenme bien: ¡aumentando y no disminuyendo, menos eliminando, el monto de la subvención dirigida a ella!
De hecho, en las próximas semanas aprobaremos en el Congreso un aumento de la subvención hasta el punto de hacer irrelevante el financiamiento compartido, en la medida en que se acreciente la ayuda -y no disminuya y menos se elimine- hacia esa modalidad de educación.
Lo anterior es muy parecido a lo que ocurrió en enero cuando, después de haberse suscrito un acuerdo entre los cuatro partidos de la Concertación, se montó una verdadera campaña del terror. Finalmente, demostramos que el proyecto sobre calidad y equidad en la educación -fue aprobado por una inmensa mayoría en este Senado- era para bien y no para mal.
Así que cada cosa a su tiempo.
Por eso, votaré a favor de la idea de legislar.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se suspende la sesión.
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--Se suspendió a las 17:46.
--Se reanudó a las 17:52.
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, el que está en debate no es un asunto fácil.
A veces uno piensa que el mundo está al revés, porque ve hundirse los corchos y flotar las piedras. ¡Todo al revés!
Acá estamos intentando, ni más ni menos, que la ley se cumpla. ¡Punto! Y algunos lo acatarán y otros, no. Es así de simple.
Por lo tanto, me hacen mucho sentido la mayoría de las intervenciones escuchadas, y muy poco las reacciones claramente intencionadas que no nos permiten avanzar en lo que todos deseamos.
Sin embargo, me veo obligado a intervenir -no pensaba pedir la palabra- después de las expresiones de la Senadora señora Von Baer -desgraciadamente, no se halla presente, lo cual lamento-, quien señaló que en esta materia había que votar con responsabilidad.
Yo comparto aquello, pero también el que debemos pronunciarnos en conciencia. Y en eso nos encontramos: emitiendo nuestro parecer en conciencia y de manera responsable, respecto de una iniciativa que se halla en su discusión general y que trata de una materia en la que todos queremos avanzar para que la situación actual se transparente.
Al respecto, algunos políticamente podrían decir: "Mire, esto no se hizo en los Gobiernos anteriores, pero sí en la actual Administración". Pero da lo mismo. Había que proponerlo. ¡Qué bueno poder progresar en la solución del asunto!
Señor Presidente, resulta positivo que se abra la posibilidad de presentar indicaciones para perfeccionar el proyecto -entre otros de sus autores figura el Senador señor Escalona- pues se refiere a una situación que debemos transparentar.
Por lo tanto, gustoso, y de manera responsable y consciente, manifiesto desde ya mi pronunciamiento favorable.
Otra cosa importante: debo recordar que no hemos dicho nada en relación con la iniciativa que figura en el sexto lugar de la tabla de hoy -se analizará en las próximas semanas-; pero, para tranquilidad de miles y miles de mamás, papás y apoderados, respecto de ella el Senado está actuando con la mayor responsabilidad. Quiero rescatar eso, porque sobre el particular tenemos una tremenda oportunidad. De ahí que me hace mucho sentido también lo dicho por el Senador Espina en cuanto a que no se debe dejar pasar la ocasión que se nos presenta hoy día para alcanzar los mejores acuerdos. Ojalá tengamos la inteligencia y la altura de miras para poder conseguirlos respecto de una cuestión que, en parte, ha logrado detener la marcha del país.
Un grupo de Senadores queremos avanzar en despejar algunas dudas en tal sentido. Y así como quien dirige en estos momentos el debate nos hizo participar del proyecto de ley que se verá en las próximas semanas, nosotros también lo hemos invitado a ser parte de otras iniciativas, como la que pretende aclarar que los establecimientos educacionales que cobijan a niños con problemas de aprendizaje o que imparten educación diferencial, tienen que recibir mayor aporte del que hoy les entrega el Estado, para aliviar la carga económica que significa para los padres el que sus hijos presenten retraso, dificultades de enseñanza, problemas de salud.
En consecuencia, queremos dar una señal potente al país diciéndole que estamos preocupados de que no sea parte de la discusión lo relativo a la educación especial, diferencial, requerida por los niños con problemas de aprendizaje. Y, en tal virtud, hemos propuesto una iniciativa mediante la cual el Estado se hace responsable y aporta lo que más puede al financiamiento de ese tipo de educación.
Ya vendrá el debate sobre el lucro propiamente tal.
Pero hoy día lo que debemos despejar no es ni más ni menos que la ley en materia de educación superior debe cumplirse. Obviamente, las universidades no pueden tener fines de lucro. ¡Punto! Y los que estamos votando a favor del proyecto lo hacemos para que la situación actual se transparente. Quienes se pronuncien en contra deberán hacerse cargo de su decisión. Lo importante es que el Senado trata de perfeccionar y supervigilar tal circunstancia, lo cual, en definitiva, nos motiva a votar favorablemente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, parece paradójico el hecho de que se debata una ley que busca hacer cumplir la ley.
El lucro está prohibido en la educación superior, según lo establece el artículo 53 de la Ley General de Educación, que dice: "Las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica estatales sólo podrán crearse por ley. Las universidades que no tengan tal carácter, deberán crearse conforme a los procedimientos establecidos en esta ley, y serán siempre corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro para el efecto de tener reconocimiento oficial".
Por lo tanto, quien no respeta la legislación vigente comete un delito, y es un delincuente por tal violación. Y en nuestro país la cárcel es para las personas que transgreden la ley.
Sin embargo, nuestras instituciones de educación superior han usufructuado del lucro a sabiendas de su prohibición legal. Y el Presidente Piñera en una de sus alocuciones al inicio del conflicto estudiantil, con el ex Ministro Lavín de edecán, inaugurando una forma muy particular de mensajes presidenciales, dijo que había que transparentar el lucro; o sea, las utilidades obtenidas de manera ilícita, en circunstancias de que esperábamos que el Gobierno señalara: "Hay que terminar con el lucro y hacer respetar la ley".
Lo que mencionó el Senador Chahuán no es lo que el Ejecutivo hace, no es lo que el Presidente manifestó. Este habló de transparentar la ley. El Senador Chahuán se refirió a que se respetara la ley. Y nosotros debemos decir que se tiene que respetar la ley. Y para que se respete estamos elaborando una nueva legislación que establece sanciones: aquel que obtenga lucro perderá el reconocimiento oficial otorgado por el Estado. Porque, como los abogados muy bien saben, cuando una norma carece de sanción puede ser violada sin ninguna consecuencia.
Fernando Atria, en su artículo "La angustia del privilegiado", sostiene: "Para el que tiene privilegio, el sistema educacional chileno es el mejor mundo posible. Por supuesto, se podría imaginar uno todavía mejor, que le garantizara legalmente el derecho a mantener sus privilegios a través de las generaciones. Pero eso (tener una clase nobiliaria y voto censitario, etc.) es claramente imposible. Y en rigor innecesario: el sistema chileno es casi perfecto para asegurarle al que tiene privilegio que lo mantendrá.".
El sistema universitario funciona como un reactor fuera de control. Se incrementa en número de alumnos a velocidades crecientes y sin pensamiento estratégico alguno. Nadie define su tamaño, su costo y su nivel de calidad real. En 2011 se contabilizan 630 mil alumnos, distribuidos en dos sistemas de universidades: el privado y el público.
Por ejemplo, hay 36 mil estudiantes de Derecho, repartidos en 180 programas o carreras; 25 mil de Psicología, y 6 mil 500 de Periodismo.
Adicionalmente, la existencia del crédito con aval del Estado, desde 2006, produce el efecto perverso de que las universidades puedan expandir su matrícula de pregrado sin riesgo financiero y sin tener que preocuparse por la empleabilidad a futuro.
En la práctica, Chile posee un sistema con casi ninguna regulación, que no coloca a la calidad en el centro ni realiza investigación. Según los rectores de las Universidades Católica y de Chile, ¿quiénes financian la investigación? Los estudiantes. ¿Cómo se financia el lucro en la educación superior privada? Con el arancel de los alumnos. ¿Y quiénes financian a estos últimos? Las familias.
Ha transcurrido tiempo; ya no está cercano el momento en que nos compramos el cuento de que la educación debe ser pagada, y nos acostumbramos a ello.
Lo repito: en Finlandia -cuna del neoliberalismo; uno de los países más neoliberales- la educación, la mejor del mundo, es cien por ciento gratuita, totalmente pública. En Chile el 85 por ciento del costo de la educación superior lo asumen las familias, proviene del bolsillo de las más humildes.
El presente proyecto busca limitar el lucro en la educación superior, es decir, persigue hacer cumplir la ley.
Por ello, nos pronunciaremos a favor. Porque creemos que las universidades que persiguen fines de lucro son malas, como lo demuestra el hecho de que las mejores instituciones de educación superior en el mundo no lo hacen.
En consecuencia, pido un debate leal y transparente.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
Voto a favor.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, esta tarde se da en la Sala una discusión en blanco y negro, porque pareciera que los buenos están a un lado de la mesa y los malos, al otro.
Al menos para mí lo referido a la educación constituye un tema valórico, de derechos de las personas. Y lo que hoy nos llama a debatir tiene que ver con algo muy profundo: la sociedad que estamos construyendo, el Chile del futuro.
El proyecto que nos convoca debe ser coherente con el respeto a las leyes vigentes. La normativa en vigor prescribe que no pueden usarse subterfugios legales en las universidades privadas para realizar retiros, muchas veces a través de sociedades inmobiliarias, con fines distintos de la reinversión en educación.
Aquí nadie está hablando en contra de los establecimientos de educación superior privados. Los hay grandes en Chile. En muchos de ellos la deserción es infinitamente menor que en las universidades estatales. En numerosas universidades privadas la calidad es inmensamente superior incluso a la de las públicas.
Eso sí, bastantes cosas le llaman la atención a la gente. Entre otras, los aranceles sorpresa, en el sentido de que se entra a una carrera pagando determinado arancel y tres o cuatro años después se termina cancelando tres o cuatro veces más. También hay alumnos y alumnas a quienes se les hace pagar un semestre entero por asistir a clases durante dos horas a la semana. Existen casos en que les exigen cancelar su titulación. Incluso ocurre que no se registran roles de matrícula.
Y eso pasa en todo tipo de universidades, no necesariamente en uno solo.
Por tal razón, la semana pasada presenté un proyecto de ley para aplicar las normas de transparencia que rigen en Chile desde abril de 2009 a todas las instituciones que reciben aportes del Estado en materia de educación, tengan fines de lucro o no.
Y ahí entran todos. En la medida que haya transparencia, acreditación de calidad de la educación -el Gobierno lo ha anunciado y se está implementando-, Superintendencia de Educación -el Ministro de Educación se encuentra trabajando para ponerla en marcha lo más pronto posible-, los jóvenes y sus padres poseerán mayor libertad para elegir de verdad. Porque los establecimientos recibirán el mismo tratamiento que las sociedades anónimas con la aplicación de la Ley sobre Transparencia y podrán acceder a información respecto de los ingresos y egresos, además de temas curriculares y de calidad, que al final son muy relevantes.
En consecuencia, obviamente votaré a favor de esta iniciativa. Porque lo que importa es seguir el espíritu de la ley. Y esta es muy clara. No se le debe torcer la nariz ni incurrir en subterfugios legales. Indudablemente, una vez aprobada la idea de legislar se tendrá que lograr, a través de diversas fórmulas, que las universidades privadas que realicen avances en materia de investigación o de becas puedan postular a fondos concursables del Estado. Habrá que ayudar a que eso suceda.
Pero seamos claros: lo que se vota es el financiamiento de las universidades no estatales con relación al lucro, es decir, se busca impedir las sociedades espejo. Es eso, ni más ni menos.
Entonces, no es posible vincular esta iniciativa con el otro proyecto concerniente al lucro, que apunta a un tema muy de fondo: ¿a qué tipo de sociedad aspiramos? ¿A una donde la educación sea un negocio o a una donde sea un derecho?
No soy de quienes creen que el mercado resuelve todo en materia de educación, como tampoco de aquellos que piensan que eso lo hace el Estado. Creo en una sociedad docente, donde los privados tienen mucho que decir, mucho que aportar, pero también donde debe haber controles cuando existen recursos del Estado involucrados y cuando los proyectos educativos poseen fines de lucro.
Por lo tanto, que no se siga insistiendo en que se intervendrán colegios y se terminarán los establecimientos particulares subvencionados.
Eso no es real. Lo que se busca es dar luz verde a la discusión de un asunto de fondo, relativo a los proyectos educativos que persiguen fines de lucro y que no reinvierten. Hay colegios particulares subvencionados con fines de lucro que lo hacen muy bien, y otros que lo hacen muy mal.
El punto radica en poner el foco en la calidad. Y una de las aristas de la discusión que se dan hoy en la sociedad chilena dice relación con la calidad, el financiamiento, el acceso, las becas, la integración y también el lucro. Se trata de un debate que, a mi juicio, no podemos esquivar.
Por lo expuesto, votaré a favor del proyecto. Y me alegra mucho oír en la Sala que habrá más Senadores de la coalición a la que pertenezco que también lo harán. Creo que es una señal coherente con el respeto a la ley vigente defendido por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, y por el Ministro de Educación, Felipe Bulnes.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, seré muy breve, porque tenemos apenas cinco minutos para referirnos a una materia excepcionalmente difícil.
En primer lugar, debo decir que me habría gustado que respecto a a la educación hubiésemos sostenido una discusión más holística y más coherente, en que fuéramos capaces de abordar todas las materias como un todo e ir elaborando proyectos parciales, pero dentro de una suerte de carta Gantt -por decirlo así-, para poder llevarlas adelante.
En segundo término, a propósito de lo sostenido por algunos colegas de la coalición de Gobierno, el Presidente de la Comisión de Educación, Senador Quintana, me ha informado que en el debate de esta iniciativa se escuchó a muchísima gente.
Por lo tanto, voy a pedirle al Presidente del Senado que le solicite a la Secretaría de ese órgano técnico que dé a conocer el listado de los participantes para saber a quiénes se invitó y a quiénes no. Porque no basta con decir que no se ha escuchado a nadie o, como indicó su Presidente, que sí se hizo. Queremos conocer los nombres de los invitados.
Respecto al asunto de fondo, señor Presidente, considero que lo que analizamos ahora es bastante más simple. No se trata de una discusión sobre el lucro, sobre la forma en que debemos organizar la educación, o sobre cómo vamos a relacionar el gasto de las universidades estatales con la inversión que realizan.
Cabe destacar que cuando nos aboquemos al otro proyecto concerniente a esta materia intentaremos ponernos de acuerdo acerca de qué se entiende por lucro; qué se entiende por lucro exagerado; qué se entiende por lucro no permitido, y qué se entiende por la lógica y natural inversión que debe hacer una universidad.
Sin embargo, señor Presidente, aquí hay un punto mucho más sencillo. Según el articulado que se propone, en las universidades no estatales que también reciben recursos del Fisco no es pertinente que sus autoridades se involucren o participen -como han señalado algunos Senadores- en las actividades que se emprendan para aumentar el patrimonio de esos establecimientos o para mejorar sus condiciones de investigación o de otro tipo.
Lo anterior ni siquiera tiene que ver con el lucro, sino, sencillamente, con la obligación de cumplir con la norma ética que señala que en tales conductas existen conflictos de interés.
No es el caso de las universidades no estatales que celebran acuerdos con un laboratorio, que abren una clínica de salud o lo que sea. ¡No! La idea es que los rectores o las directivas no puedan realizar negociaciones de naturaleza alguna con cualquier empresa para levantar un edificio o ejecutar otras obras en las que ella o las instituciones de educación superior no estatales ganen. Y, si se revierten a estas los dineros, significa que se utilizan como "palos blancos" a fin de efectuar inversiones que, a la larga, generan ganancias fuera de la norma para determinados personeros de esas universidades.
Por eso, señor Presidente, la iniciativa me parece muy simple.
Espero que en la tramitación de los otros proyectos en marcha podamos definir lo que significa "lucro". Porque uno de los problemas que nos confunde es que de ello existen diez versiones, y cada una vista desde perspectivas distintas. Por lo tanto, hay una verdadera Torre de Babel en cuanto al uso de ese término.
Voto que sí.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana y, a continuación, el Honorable señor Gómez.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, Chile vive momentos muy difíciles. Veintiún ciudadanos han partido en el último tiempo producto del episodio ocurrido en Juan Fernández, y hace poco se ha sumado una nueva víctima.
Uno de ellos corresponde al conocido animador Felipe Camiroaga, cuyos funerales se celebraron hoy. Debo decir que durante su trayectoria él ayudó en diversas campañas ambientales, sociales. Y en una de sus últimas intervenciones apoyó a los estudiantes movilizados, sumándose a las demandas por una educación pública gratuita y de calidad.
En un video difundido a través de YouTube, el animador dijo:
"Quiero aprovechar esta instancia para dar todo mi apoyo desde mi cabeza, mi corazón y mi alma a los estudiantes chilenos.". Luego, agregó: "Creo que han dado una lucha impecable, creativa, sensible, tremendamente valiente, y de verdad, como chileno, siento un orgullo gigante (...). Creo que la educación no puede ser un negocio para nadie, y también creo que la educación es lo que cambia este mundo de raíz (...). Creo que pueden lograr un cambio histórico -les dice a los estudiantes-, un cambio tremendamente necesario y que paradójicamente no nace de quienes tiene que nacer, de la autoridad, sino de ustedes: los estudiantes chilenos.".
Esa fue la declaración que formuló este conocido y querido animador, quien -repito- falleció en la tragedia de la cual todos estamos al tanto y acaba de ser sepultado.
A mi juicio, el mejor homenaje que le podemos brindar a Felipe Camiroaga es oír muy atentamente sus palabras. Porque, como recién manifestó la Senadora Von Baer, a lo mejor no escuchamos mucho. Aunque yo creo que sí oímos a la ciudadanía.
Aquí hubo un sentido de urgencia. Ello hizo posible que el presente proyecto llegara finalmente a la Sala. Hemos observado que en todas las encuestas el 80 por ciento de los chilenos manifiestan que no se puede seguir lucrando con recursos del Estado. No estamos hablando de cualquier lucro, sino del proveniente de dineros fiscales. Porque el Fisco no le entrega al panadero de la esquina la harina, ni le paga la luz, el gas, el agua o las remuneraciones de sus trabajadores para que finalmente las utilidades vayan a su bolsillo. ¡De eso estamos hablando!
Entonces, esa tremenda verdad mencionada por el desaparecido animador nos debiera permitir avanzar hacia la realización de una reforma a la educación. Porque este Gobierno anunció un gran cambio, y ahora tenemos la gran oportunidad de hacerlo. Sin embargo, no es fácil impulsar estas transformaciones, pues naturalmente muchos se resisten a ellas. Y no hablo solo del plano político, de esta Sala o del Parlamento, sino además de quienes tienen intereses reales.
Por ejemplo, no sé si algunas personas presentes en las tribunas eran apoderados. A mi juicio, más bien se trata de sostenedores que ven cómo su negocio, lucrativo y rentable durante muchos años, hoy día se transforma en algo incierto.
Ello también lo he constatado en mi Región. Parece que los sostenedores privados que lucran han anunciado una marcha para los próximos días. Y tienen todo el derecho a hacerlo.
Además, este debate ha sido difícil, porque corresponde a un asunto profundamente ideológico.
Según mis cálculos, ya se han alcanzado los 22 votos que precisa esta iniciativa para ser aprobada, lo cual representará un paso importante, histórico.
Al escuchar la intervención de la Senadora Lily Pérez recordaba cómo en las últimas tres semanas le han llovido críticas desde su sector. No obstante, hoy día diversos Senadores de su coalición han comprometido su apoyo al proyecto. Y eso no los hace menos gobiernistas.
Pienso que aquí ha habido una sabia lectura por parte de parlamentarios de Gobierno, al igual que por el colega Escalona y los Senadores que presentaron esta moción, pues han entendido con precisión el momento histórico que vive el país. De eso se trata, fundamentalmente.
Con relación a la propia iniciativa, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se persigue con el término de las sociedades espejo? Muy simple: las universidades -como han mencionado varios Senadores- no persiguen fines de lucro, pero sí las sociedades inmobiliarias, a las que apunta el proyecto.
A lo mejor, las personas que se hallaban en las tribunas no sabían -tal vez estaban pensando en otro proyecto que todavía no está en discusión- que en la gran mayoría de los casos los dueños de las universidades también lo son de las inmobiliarias relacionadas con ellas.
Estamos hablando de dos, tres, cuatro universidades que lucran y que concentran -escuche bien, señor Presidente- el 50 por ciento del crédito con aval del Estado.
Por eso, cuando los estudiantes agrupados en la CONFECH dicen: "¡Qué gran logro que el Gobierno nos dé el CAE!" -al parecer, el proyecto pertinente está en discusión en la Cámara de Diputados-, ello me preocupa, ya que esos recursos solo van a las universidades privadas que lucran. Entonces, no veo que ahí se halle la solución.
¿Qué hemos escuchado en estos días de quienes representan y defienden a las propias universidades privadas que lucran?
Que se limite la rentabilidad; que se realicen transacciones abiertas, a precios de mercado; que haya un tercero imparcial, internacional.
¿Por qué estas cosas no las impusieron ellos mismos con anterioridad?
Entonces, finalmente lo que se está haciendo con eso es reconocer que en este ámbito ha habido no solo una acción artificiosa: la de las inmobiliarias, sino múltiples subterfugios para violar la ley.
Señor Presidente, con respecto a las universidades tradicionales, estatales, a las cuales también se refirió la Senadora Von Baer, a ratos aquí la discusión y la argumentación por parte de quienes no son partidarios de terminar con las sociedades espejo ni de transparentarlas, apuntan más bien a otro asunto: al contenido de un proyecto que no estamos discutiendo hoy día...
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor QUINTANA.-...y al tema -termino en seguida, señor Presidente- de las...
El señor KUSCHEL.- Concédale un par de minutos más, señor Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Bien.
El señor QUINTANA.-...universidades complejas -como se ha dicho-, las que, en verdad, no tienen nada que ver con la iniciativa que nos ocupa.
Efectivamente, la Comisión de Educación recibió, la semana recién pasada, al Rector de la Universidad Católica. Y lo cierto es que, después de oírlo, no veo por dónde -se lo dijimos- este proyecto pueda tocar a instituciones complejas como esa.
Él ponía el caso de los spin-off, o sea, los investigadores, sociedades o empresas incubadores de desarrollo científico, los que en Estados Unidos (en Silicon Valley) y en otros países partieron con las pantallas táctiles, que son fruto de una investigación universitaria. Acá en Chile podría ser, por ejemplo, el descubrimiento de una cepa para un nuevo vino "carmenere" por algún investigador o profesor, quien es susceptible de ser parte, en una primera etapa, de la empresa que se genera. Pero yo no creo que ese investigador busque pertenecer a tal sociedad comercial o ser dueño de la viña en el futuro.
Esa es la diferencia, señor Presidente. Y, a mi juicio, a dichas universidades no les va a pasar nada con la iniciativa en estudio.
El señor KUSCHEL.- ¡Está bueno ya, señor Presidente!
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Honorable señor Quintana, le pido comprensión: nos encontramos en la fundamentación de voto. Y ya se le otorgaron dos minutos adicionales.
Si no hay objeciones, se le concederá un minuto más.
El señor PROKURICA.- Conforme.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Puede continuar Su Señoría, hasta por un minuto.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, simplemente, quiero expresar cómo voy a votar, porque parece que no está claro.
Con respecto a la indicación planteada por el Senador Chahuán, debo manifestar que, pese a que se encuentra en el límite de la admisibilidad, con el ánimo de analizar el punto en la Comisión permitiremos que se discuta. Pero yo no la comparto. Creo que desnaturaliza la iniciativa. Y, por supuesto, la Concertación la va a rechazar.
Es necesario avanzar más bien en otras líneas de control.
El proyecto de ley que ha impulsado la Senadora Lily Pérez, en orden a transparentar a todas las universidades, contribuye en mucho mayor medida al propósito que estamos buscando.
En los veinte segundos que me quedan, señor Presidente, deseo aclarar que nadie está pensando en cerrar colegios, y la normativa que figura más adelante en la tabla tampoco persigue ese objetivo.
Reitero: no se va a cerrar ningún colegio. Y si alguno llegase a tal situación, será por tener la intención de lucrar y no de educar.
Voto a favor.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, pienso que una de las peores formas de legislar, sobre todo en materia educacional, es cuando uno plantea las cosas haciendo la distinción entre buenos y malos.
Por ejemplo, la Senadora Lily Pérez, tanto respecto a este proyecto como a los otros ha mostrado una actitud de apertura. No obstante pertenecer a la coalición de Gobierno, ha buscado ampliar los criterios de discusión.
Es preciso reconocerle su capacidad de sostener su posición en una situación difícil,...
El señor CANTERO.- ¡Muy bien, colega!
El señor GÓMEZ.-...grave como la que enfrenta dentro de su propio sector.
El señor CANTERO.- ¡Bien!
El señor GÓMEZ.- Me parece relevante poner eso arriba de la mesa.
Lo digo porque, cuando se señala que hablamos entre buenos y malos, yo estoy convencido de que no hay ni los unos ni los otros, ni al frente ni acá.
El proyecto aborda un aspecto, en materia educacional, que al menos para nosotros es importante discutir en serio. Y no creo que en las bancadas oficialistas ni en las nuestras haya Senadores que estén de acuerdo en que existan establecimientos que operen al límite de la ley.
Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto que establece criterios importantes en materia de control.
Yo no soy partidario de satanizar a todas las universidades privadas, y tampoco a todos los sostenedores de instituciones que, de acuerdo a la ley, pueden recibir recursos del Estado.
Entonces, si no discutimos en serio ¿de qué estamos hablando?; ¿qué queremos hacer? Es cierto que el proyecto contiene una sanción durísima. Lo que procede es modificarlo. Y esto ¿qué significa? Que en el segundo trámite reglamentario deberemos presentar las respectivas indicaciones. A través de estas será factible resolver los problemas que planteó el Rector de la Universidad Católica. Porque entiendo que la iniciativa no comprende solo a las universidades privadas, sino también a aquellas casas de estudios superiores que ocupen la institucionalidad en forma inadecuada.
Además, no todas las corporaciones referidas son responsables. Será la institucionalidad la que lo determine. Entonces, no podemos estar en contra de la iniciativa.
¿Cuál es el problema de fondo? -y por eso he dicho que debemos analizar las cosas como corresponde, sin satanizar o utilizar palabras como esta para referirnos al lucro-: que necesariamente se cumplan las normas establecidas. ¿Para qué? Para que exista buena educación desde el punto de vista universitario; para que los recursos del Estado que se usen contribuyan a entregar una mejor educación.
En ese sentido, el problema no radica en la fiscalización, la cual se ha de realizar, sino en otra cosa: en disponer, por ejemplo, una forma de financiamiento que no impida a las familias, a los niños, a los jóvenes participar en debida forma en el actual sistema educativo.
Esa es la cuestión de fondo. ¿Y qué significa? Establecer, de alguna manera, una referencia desde la perspectiva de lo que se le cobra a cada estudiante para que pueda acceder a buenas universidades.
¿Qué tiene que hacer el Estado? Lograr, en definitiva, que las universidades sean de calidad. Y esa es la tarea que debemos enfrentar nosotros: legislar, de una vez por todas, para que las cosas se hagan bien.
Pero ¿qué se sostiene? Que unos son buenos y otros malos.
Yo estoy dispuesto -lo digo con toda claridad- a llegar a los acuerdos que sean necesarios para que en Chile exista educación pública gratuita y de calidad; para que nuestros niños y jóvenes puedan estudiar en colegios de educación básica y media y en las universidades.
Pero es menester que nos preocupemos también de la enseñanza preescolar. Es la de que menos se habla, en circunstancias de que es la más importante para conseguir que los niños tengan capacidades educacionales en el futuro.
Reitero que me hallo absolutamente disponible para analizar y llegar a acuerdos que nos lleven por ese camino; pero no para discutir si unos son buenos y otros malos. Al final lo que le importa a la gente e incluso a quienes en las tribunas se enojaron porque la mayoría del Senado iba a votar favorablemente el proyecto, es que sus hijos reciban una educación de calidad.
En ese sentido, nuestra obligación es legislar bien y tratar de que las cosas resulten de manera tal que por fin el país cuente con un sistema educacional adecuado y no segregador, donde la institucionalidad permite que los niños de familias con recursos y, por ende, bien alimentados, vayan a buenos jardines infantiles; después, a buenos colegios; en seguida, a buenas universidades; luego, a perfeccionarse fuera de Chile, y, por último, que consigan las mejores pegas.
Es fundamental romper ese círculo. ¿Y cómo se rompe? Legislando seriamente, con claridad, mejorando los proyectos que presenten dificultades; pero no destruyendo la conversación, la discusión.
Por eso, señor Presidente, los llamados que se hacen en esta Sala deben transformarse en realidad. Y, para ello, insisto en que nosotros -en este caso, hablo por el Partido Radical- estamos disponibles para conversar y alcanzar los acuerdos que vayan en el camino correcto.
Lo hago presente porque consideramos indispensable que exista educación pública en la enseñanza prebásica, básica y media.
Ese es el punto central. Ahí es donde debemos poner los esfuerzos. ¿Para qué? Para que los niños y jóvenes tengan oportunidad de seguir el camino que señalé con anterioridad. Y estamos completamente disponibles para alcanzarlo.
Creemos que lo realizado por el Gobierno y las propuestas que ha efectuado no son suficientes; no van en la dirección correcta o, al menos, en la de nuestro planteamiento. Sin embargo, no hay que cerrar las puertas a la conversación.
Es imprescindible legislar con responsabilidad, con la mirada hacia la gente, no entre nosotros para que el discurso sea más o menos, sino para que, en definitiva, se cumpla un objetivo que ha generado el movimiento estudiantil: vivir en una sociedad que permita un desarrollo equitativo, y no desigual como el que actualmente existe.
Basta revisar la última publicación de la OCDE para darse cuenta de las diferencias que hay en la educación y de la necesidad de avanzar introduciendo cambios profundos en ella.
Termino señalando que, en nuestra opinión, es imperativo legislar respecto a los problemas que la comunidad nos está pidiendo resolver. Y estoy convencido de que para ello no hay otro camino que lograr educación pública, gratuita y de calidad, con responsabilidad del Estado, sin romper la línea histórica del país: la enseñanza mixta. ¡No estamos en contra de eso! Pero sí nos oponemos a que las alternativas que elija la ciudadanía para ir a una u otra casa de estudio obedezcan a los recursos y no a la calidad.
Y, para lograr lo anterior, es indispensable el trabajo directo, serio del Senado, del Gobierno y de quienes tenemos la posibilidad de legislar, votar y avanzar sobre el particular.
Por ello, entre buenos y malos a mi juicio no existe una forma razonable ni lógica de legislar.
La Senadora Lily Pérez -y ahora sí concluyo- ha pasado por momentos difíciles. Y lo digo porque no me parece aceptable que, por sostener una posición distinta, reciba los golpes que hemos visto y escuchado en los medios de comunicación.
He dicho.
La señora PÉREZ (doña Lily).- ¡Muchas gracias, Senador Gómez!
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, hemos oído ya un sinnúmero de argumentos a favor de la idea de legislar acerca del proyecto de ley que nos ocupa y, por supuesto, también a algunos Senadores que han manifestado su intención de rechazarla.
Y eso a mí me parece delicado.
He escuchado al Presidente de la República y estoy seguro de que si él estuviera sentado en estas bancas se pondría a trabajar en cómo legislar sobre esta materia. Y lo mismo haría el Ministro de Educación, porque ambos han sostenido, y con razón, que resulta imperativo hacer cumplir la normativa. Y tanto la ley Nº 20.370 como el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2010, establecen claramente que estas universidades no pueden tener fines de lucro.
He podido constatar de parte de casi todos los sectores que, al parecer, se registran infracciones y abusos en dicho ámbito.
Entonces, si acaso existe la convicción de que se precisa cumplir la ley -el propio Presidente de la República, el Ministro del ramo y muchos Senadores de distinto signo político así lo reconocen-, votar en contra de la idea de legislar es una contradicción absoluta, inentendible.
¿Por qué? Porque es dable interpretar que quien rechaza en general el proyecto está tratando o -no deseo ser tan directo- posibilitando, a lo mejor sin querer, que se sigan cometiendo infracciones a la ley.
Indiscutiblemente aquí existe la figura llamada "elusión" que, si bien no constituye una transgresión legal plausible de ser sancionada, es una manera de impedir la aplicación de la ley o de beneficiarse de ella por la vía de un subterfugio.
Y, en el caso de la propuesta legislativa que se nos presenta, yo la entiendo en ese sentido.
¿Qué se pretende? Que no exista vinculación alguna entre los integrantes de los órganos directivos de las universidades y quienes, a su vez, celebran contratos con ellas o forman parte de sociedades que les prestan servicio. Es decir, el objetivo del proyecto es evitar lo que se denomina "conflicto de intereses". Y resulta innegable que cuando alguien pertenece al órgano directivo de un plantel de educación superior y, al mismo tiempo, aparece integrando una sociedad que le brinda asistencia de cualquier tipo se produce un conflicto de intereses.
Eso hay que evitarlo por el bien de la propia casa de estudios superiores, la cual puede ser objetada en tal sentido aun cuando realice actos totalmente lícitos. Ello queda refrendado en la conocida frase "La mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo.".
En consecuencia, debemos aprobar esta legislación, máxime cuando nos hallamos en la discusión en general. Luego, iremos a la Comisión y veremos aquellos aspectos susceptibles de corregir.
La finalidad del proyecto es evitar el conflicto de intereses; impedir que alguien pretenda beneficiarse patrimonialmente en su relación como dueño de la universidad y, a la vez, propietario o partícipe de una sociedad que le presta servicios. No se trata -como se ha dicho en la Sala- de prohibir los contratos que realizan las universidades sin fines de lucro para impulsar áreas como la investigación y otras, sino de impedir que ciertas personas se enriquezcan patrimonialmente.
Por eso me parece que la iniciativa es muy importante.
Por otro lado, debemos dejar en claro lo siguiente. Si bien puede creerse que en las universidades privadas el mercado estaría operando en favor de los estudiantes, basta leer el trabajo hecho por Patricio Meller para darse cuenta de que ello no es así por cuanto, desde los últimos nueve años, las universidades privadas -y también las públicas- subieron sus aranceles, en promedio, más de un 60 por ciento en términos reales y no han bajado pese a haber más de ellas, como debería ocurrir de acuerdo con el funcionamiento del mercado.
Por lo tanto, también resulta necesario regular a estas universidades y su sistema de aranceles. Para eso se requiere seguramente un mecanismo de regulación a través de alguna autoridad que así lo permita.
Por tal motivo, no entiendo que algunos voten en contra de la idea de legislar. Quien así lo haga puede aparecer como que estuviera tratando de impedir el cumplimiento de una ley, respecto de la cual todos reconocemos su existencia y nadie puede excusarse de acatarla.
En tal virtud, votaré a favor y espero que en la Comisión se corrijan aquellos aspectos que realmente sean necesarios para precisar el alcance del proyecto.
Gracias, señor Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, en verdad estoy sorprendido. No sé qué pasó en nuestro país, pues ahora tenemos la disposición y los votos para realizar algo que nunca hicimos.
Sin duda, ello se relaciona con los cambios registrados en nuestra realidad nacional, con las movilizaciones, no solamente de los estudiantes sino también de los ciudadanos, mediante las cuales nos piden enmendar un conjunto de normas.
La baja cotización de los partidos políticos, de la política, del Gobierno, de la Oposición deja en evidencia que hemos llegado tarde -no obstante, más vale tarde que nunca- con las modificaciones legales que la ciudadanía nos está pidiendo en una serie de ámbitos.
Yo me alegro mucho de que el Senado lleve a cabo este debate y felicito a los autores del proyecto.
Sin embargo, quiero expresar también que no hay una explicación para la ciudadanía acerca de por qué razón no efectuamos tales cambios antes, en circunstancias de que es nuestro deber como autoridades, como parlamentarios detectar y hacer la lectura de qué ocurre en el país, qué piensan nuestros compatriotas, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto.
La verdad es que este fenómeno que ha surgido con las universidades no es nuevo, sino, por el contrario, muy antiguo y conocido. No en vano este sistema comenzó a regir a partir de la publicación, en el Diario Oficial, de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza el 10 de marzo de 1990.
Ello no sucedió en esa fecha por casualidad, sino porque al día siguiente el entonces Presidente -el General Pinochet- debía entregarle al Presidente Patricio Aylwin, al nuevo Gobierno democrático, el mandato de la nación. Por lo tanto, venía avanzando la democracia y nos quedamos con el mismo sistema establecido en el mencionado cuerpo legal sobre educación, pudiendo haber hecho antes esos cambios, dadas las palabras de aquiescencia en cuanto a la necesidad de llevarlos a cabo.
Estoy muy contento de que los hagamos ahora, aun cuando -reitero- lo estamos haciendo tarde. No obstante, tiene su mérito abordar esta problemática hoy.
Debo dejar en claro que no pretendemos eliminar las universidades privadas. Al contrario, queremos que continúen funcionando, pero con transparencia.
El Ministerio de Educación se ha hecho cargo de regular estas sociedades y corporaciones sin fines de lucro, al revés de lo que ocurrió siempre, porque todas esas entidades son reguladas por el Ministerio de Justicia. Y el Consejo de Defensa del Estado tiene la obligación de perseguir a quienes violan los preceptos que prohíben realizar actividades lucrativas. Sin embargo, en este caso, cuando se trata de la educación, el Ministerio del ramo aplica un criterio diferente.
Por tanto, además de vulnerar la ley, esos establecimientos quedan exentos de impuesto a la renta y de IVA.
Entonces, es el abuso total, pues les damos exenciones y, encima, utilizan la legalidad para incurrir en ilegalidades.
Porque, en verdad, ¿tienen utilidades? No. Pero nadie les va a discutir eso, pues han celebrado contratos con sociedades espejo, con sociedades "por fuera" que generan las ganancias. Y si queremos sancionarlas, no podemos, porque su accionar no es ilegal.
En la actualidad, las universidades -algunas o muchas de ellas- siguen prestando servicios a través de terceras personas. Están haciendo algo legal; pero, en el fondo, es una ilegalidad.
¿Y por qué no lo persiguió el Ministerio Público? ¡Porque no tiene sanción en la ley! Esta dice "Se prohíbe", pero no fija penalidad.
Así pues, ahora estamos recogiendo un sentir ciudadano y estableciendo una modalidad que debe ser ejemplo de las numerosas modificaciones que deberíamos realizar, no solo en el ámbito educacional, sino en muchas áreas.
Por tanto, voy a votar favorablemente este proyecto, para iniciar un cambio profundo en nuestra sociedad.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, quiero formular cuatro planteamientos.
En primer lugar, nuestro país ha desplegado grandes esfuerzos para incorporar al sector privado en diversos ámbitos de la esfera social. Y hemos incrementado nuestra cobertura, nuestra calidad y nuestra oportunidad en muchos sectores, lo que de otra forma no habría sido posible.
Por ejemplo, en educación, salud, vivienda, obras públicas. Además de las carreteras, tenemos licitada la construcción de hospitales, cárceles y otros establecimientos que de otro modo no habríamos podido edificar, administrar o gestionar.
En el caso de la educación, si restamos la particular, se reduce a menos de la mitad la cobertura actual. Pero más importante que eso es la oportunidad. Porque gracias a la participación del sector privado se ha podido avanzar en varias décadas en cuanto a la disponibilidad de los servicios pertinentes.
En segundo término, no me parece razonable que se dicte una ley para hacer cumplir otra. ¡Tendríamos que duplicar toda la legislación...!
Como se sabe, vienen una Superintendencia y una Agencia de Acreditación de la Calidad de la Educación. Esas son las instancias que se van a encargar de tales aspectos.
En tercer lugar, en cuanto a la forma, no me parece apropiado que aquí no contemos con antecedentes. No tenemos opiniones de expertos ni de los afectados. Se nos dice que el Rector de la Universidad Católica se refirió al proyecto, pero en el informe no figura su intervención. Y, al parecer, fue el único que opinó sobre la materia.
En cuarto término, no soy partidario de seguir estigmatizando o satanizando a la educación privada o al sector privado. Si hay deficiencias, ellas obedecen a fallas de diseño o de control de parte nuestra. Y, como he dicho, espero que se vayan resolviendo con la Superintendencia y la Agencia. Pero no se debe estigmatizar ni satanizar.
Finalmente, hago un nuevo llamado a los padres y a los alumnos para que pongan atención sobre el establecimiento donde se estudia. Porque a veces se critica a tal o cual universidad, pero de los resultados son igualmente responsables esta y los educandos que concurren a ella. Hay infinidad de indicadores y de informaciones que permiten conocer el equipamiento, las salas, los laboratorios, la infraestructura, los profesores; saber cuántos de estos son doctorados, cuál es su calidad académica, en fin. Sin embargo, parece que la gente no los ve y se matricula en cualquier establecimiento.
Por todas esas razones, que son principalmente de forma (porque la idea me parece bien; y creo que la cuestión se va a resolver mejor con la Superintendencia y la Agencia), voto que no.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, durante estos meses se ha hablado de muchas cosas. Entre ellas, de "ideología".
Y, en verdad, ha habido ideología en este debate. Pero ideología en el peor sentido de la palabra. Es decir, como "falsa conciencia de la realidad". Por defender sus intereses e ideas, algunos se niegan a ver lo obvio.
Según lo ha denunciado nuestra premio nacional de periodismo María Olivia Mönckeberg, la inversión en publicidad de las instituciones de educación superior es impresionante. Anualmente gastan cerca de 60 millones de dólares solo en ese rubro, ubicándose después de las grandes tiendas y de la telefonía celular.
La pregunta obvia es quién paga eso. La respuesta: los padres de familia, quienes deben financiar una de las educaciones universitarias más caras del mundo. Y ahora tenemos que pagarla todos los chilenos, a través de becas y créditos blandos del Estado, para financiar estudios de mala calidad -muchos de ellos no se terminarán- y de incierto futuro laboral.
Agrego que la experiencia demuestra que cuando manda el lucro las medidas de selección de alumnos se reducen, aceptándose a todos los que puedan pagar; las salas de clases se amplían y los profesores se proletarizan; la investigación y la extensión desaparecen, y algunas profesiones se reproducen en forma totalmente inorgánica. Finalmente, faltan técnicos en Chile, pues los dineros que debían ir a CFT e IP, que sí pueden legalmente lucrar, se han ido a universidades que han abusado del afán profesionalizante de los chilenos y de la bondad y sacrificio de miles y miles de familias.
Ideológicos son los que se niegan a ver esa realidad, que sí es observada por el 80 por ciento de nuestros ciudadanos.
Yo apoyo este proyecto de ley, señor Presidente, porque vuelve las cosas a su lugar.
Nuestras Constituciones Políticas, desde los albores de la república, garantizaban a todas las personas la igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados.
El artículo 34 de la ley N° 18.962 establece que las instituciones de educación superior no públicas deberán constituirse en corporaciones privadas sin fines de lucro para ejercer actividades educativas.
Sin embargo, todos los chilenos -nosotros también- sabemos que altísimas autoridades educativas -se llaman "rectores", "decanos" y "consejeros universitarios"- han hecho del espíritu de la ley letra muerta.
Por eso estamos hoy día hablando sobre esta materia.
En efecto -y cito el informe que dio nacimiento a una Comisión investigadora en la Cámara de Diputados-, "En los últimos años se han implementado transacciones comerciales con recursos de inversiones extranjeras, que llaman la atención cuando estamos en presencia de un negocio que no tiene fines de lucro".
Se describen compras.
El 2009, 70 millones de dólares, por el 60 por ciento de una universidad privada.
Luego la prensa ha informado que grupos norteamericanos invirtieron 40 millones de dólares por una universidad en 2008, y otro consorcio, 250 millones de dólares en la compra de universidades en 2003, 2006 y 2009.
Ley pareja no es dura, señor Presidente. Y cuando ella no lo es y los más poderosos y educados de Chile no la respetan, la gente se indigna y sale a protestar.
No es raro que cuatro de cada cinco habitantes señale que en nuestro país no existe igualdad ante la ley.
¡El Senado no puede tolerar que haya grupos de privilegiados que eluden la aplicación de la ley!
Finalmente, no estoy de acuerdo con el lucro porque en su nombre se está envileciendo a toda la educación particular chilena.
Considero, al igual que Juan Pablo II, en su encíclica Centesimus annus, que son derechos humanos "la iniciativa, la propiedad y la libertad en el sector de la economía".
Sostengo que emprendedores particulares, buscando el bien común en el fomento de la educación, hacen ganar a Chile en pluralismo espiritual y riqueza material.
No creo en un Estado todopoderoso, del mismo modo como no creo en un mercado omnipotente.
Pienso, sí, que un Estado y un mercado fuertes deben ser acompañados siempre por una comunidad capaz y organizada. Lo estimo así porque así lo viví.
Partí estudiando en la Universidad de Concepción, creada por la comunidad penquista, aprobada por ley y motivada por la masonería chilena.
Conozco también la calidad de la Universidad Católica, pues estudié ahí. Pero no se me pasa por la cabeza ver a sus fundadores, Enrique Molina Garmendia y Mariano Casanova, frotándose las manos al final del año y destinando las utilidades devengadas a negocios privados y ajenos a sus universidades. Cuando ellos ganaban un centavo, lo reinvertían en laboratorios, libros, pupitres y salarios decentes para sus profesores.
Los que quieran lucrar, que lo hagan, pero respetando la ley y con dineros privados.
Por todo ello, digo "no" al lucro en la educación universitaria chilena y "sí" al presente proyecto de ley.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, quiero valorar el respaldo que la iniciativa que nos ocupa está teniendo tanto en las bancadas de los Senadores que la presentamos, a quienes hoy nos corresponde estar en la Oposición, cuanto en las de aquellos que, encontrándose ahora en el Gobierno, han anunciado su voto a favor.
En todo caso, si algunos colegas de enfrente van a aprobarlo, como se dijo en algunas de las intervenciones, parece que el proyecto no es tan malo.
Juzgo que el mérito de esta iniciativa, asumiendo la responsabilidad que me corresponde por haberla impulsado, lo constituye precisamente el hecho de que no afecta a la existencia del sistema mixto en la educación superior.
Es decir, habrá universidades estatales y no estatales; no se modifican las grandes vertientes del referido sistema. Y, como la Ley General de Educación lo permite, se legisla separando las universidades no estatales de las estatales. Y la iniciativa que nos ocupa se refiere a las universidades no estatales.
En consecuencia, el argumento de que el proyecto es inconstitucional por discriminar, como lo adelantó un Senador que está en contra de él, no tiene validez.
La Ley General de Educación, siendo orgánica constitucional, ya estableció una preceptiva para las universidades no estatales. Respecto de ellas determinó un conjunto de requisitos; entre ellos, el de que no tengan fines de lucro. Lo que ocurre es que no dispone la sanción aplicable cuando se rompe la normativa legal y se lucra, que es lo que ocurre hoy en la realidad.
En cuanto a la intervención mediante la cual se pretende generar un clima de miedo al señalarse que la ley en proyecto afectaría a establecimientos como la Universidad Católica, debo puntualizar que es profundamente equivocada.
El propio Rector de esa casa de estudios superiores manifestó en la Comisión de Educación del Senado que los excedentes se registran porque los institutos -tanto el DICTUC, en el caso de la Universidad Católica, cuanto el IDIEM, en el de la Universidad de Chile- tienen rentabilidades. Sin embargo, agregó que ellos no se distribuyen como ganancia personal, sino que contribuyen al desarrollo de esas propias instituciones de educación superior.
Tratándose de la Universidad Católica, su Rector lo expresó con mucha claridad: 10 por ciento queda en la Casa Central; 40 por ciento en la facultad correspondiente, y 50 por ciento en el grupo investigador, que lo recibe por ser parte de la Universidad, como retribución a su esfuerzo científico, investigativo y académico.
Es decir, no hay lucro. No existe un retiro irregular e ilícito de ganancias, al revés de lo que lamentablemente acontece en el caso de las sociedades espejo, problema que con este proyecto de ley deseamos resolver.
Por eso la iniciativa que nos ocupa tiene tal singularidad: les permite a las universidades no estatales operar, desarrollar su función; pero, lógicamente, pone término a la generación de una rentabilidad del todo especulativa y mercantilista, que irrita a la opinión pública, por cuanto ha distorsionado absolutamente el sentido original que tenía en la ley de 1981 la creación de esas corporaciones sin fines de lucro.
En consecuencia, creo que aquí se hace un esfuerzo para resolver ese problema concreto. Y este proyecto precisamente elude entrar en un debate inconducente, artificial, ideologizado, respecto a qué sería o no sería el lucro. En este caso se termina con una práctica fraudulenta que no está permitida por la ley.
Por cierto, la iniciativa se puede perfeccionar en su trámite particular. Y bienvenido todo lo que contribuya a que así ocurra. Tenemos absoluta disposición, manteniendo su idea matriz, a aceptar cuanto enriquezca el proyecto, lo perfeccione y permita que se haga realidad y cumpla el propósito para el cual lo presentamos.
Voto a favor.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que esta iniciativa merece ser tratada con la mayor altura de miras porque envuelve grados de justicia absoluta.
El artículo 53 de la ley N° 20.370 señala claramente: "Las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica estatales sólo podrán crearse por ley. Las universidades que no tengan tal carácter, deberán crearse conforme a los procedimientos establecidos en esta ley, y serán siempre corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro para el efecto de tener reconocimiento oficial.".
Es evidente que todas las universidades que están funcionando han tenido reconocimiento oficial. Sin embargo, no se ha transparentado que muchas persiguen fines de lucro y que obtienen utilidades a través de inmobiliarias, de sociedades espejo, desde donde sí retiran las ganancias que se generan.
Hay universidades privadas que no persiguen fines de lucro (muchas de ellas, de credos religiosos) y que prestan un gran servicio a la patria.
Señor Presidente, la participación de los privados en la enseñanza pública de nuestro país viene de hace muchísimos años -del siglo XIX- y ha sido relevante en la formación educacional de los chilenos. Ahora debemos transparentar su situación, para que sigan funcionando de acuerdo a las normas legales vigentes.
La Senadora Ena von Baer -me interesó mucho lo que dijo- nos señaló que no se escuchó a los sectores involucrados. Pero el informe de la Comisión, que está firmado incluso por ella, expresa que se recibió en audiencia a los representantes de la CONFECH, encabezados por uno de sus dirigentes; al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, encabezado por el Rector Víctor Pérez; a la Federación Nacional de Académicos de las Universidades Estatales de Chile, y a los Rectores de las Universidades del Desarrollo, Alberto Hurtado, Finis Terrae, de Los Andes y Andrés Bello. Y agrega que las opiniones de cada uno de los participantes están, no en dicho documento, sino en la Secretaría de la Comisión.
Por lo tanto, se escuchó a muchos de los sectores involucrados.
No sé a quiénes se refiere la señora Senadora. En todo caso, sería bueno tenerlos presentes, para que en la instancia de la discusión particular sí pudieran ser oídos. Porque lo importante es que todos los sectores expresen su opinión.
Ahora bien, aquí se trata solo de la idea de legislar. Y, por supuesto, la aprobaré, en la esperanza de que a través de las indicaciones se absuelvan las dudas surgidas y se encauce a las universidades en comento. Porque a lo mejor actuaron como lo hicieron porque el sistema lo permitía y porque nosotros, que estuvimos 20 años gobernando, nunca le colocamos el cascabel al gato.
En consecuencia, ahora no podemos hacer grandes alardes tras haber conducido los destinos del país durante dos décadas. Lo lógico es buscarle una solución adecuada al problema descrito.
Seiscientos cincuenta mil jóvenes estudian en universidades privadas, en institutos profesionales y en centros de formación técnica. Obviamente, ellos no pueden quedar sin establecimientos educacionales.
Las sociedades en cuestión han invertido ingentes recursos en infraestructura, en modernización. No podemos, de la noche a la mañana, expropiarlas ni detenerlas en su accionar. Lo razonable es, entonces, buscar una salida a través de las indicaciones.
De otro lado, nosotros nunca hemos considerado como lo hacen muchos países los ingentes gastos en que incurren los padres para educar a sus hijos en las universidades. En muchas naciones se les permite rebajar esos desembolsos de su tributación, de los impuestos que deben pagar. En cambio, aquí no se considera absolutamente nada. A mi juicio, es algo que también conviene sopesar.
Ahora bien, la educación es un servicio público. Existen muchos otros, como el agua potable, la electricidad, y como son monopólicos, el Estado les fija el precio. Creo que nosotros también debemos establecer las reglas del juego a las que es preciso ceñirse si se quiere participar como colaborador de la educación pública.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.- En primer lugar, señor Presidente, me alegro de esta situación. Voté a favor en la Comisión y expuse mis razones. Juzgo que el proyecto, como todos, es perfectible, pero su mérito principal es que pone un tema sensible en el centro del debate que se lleva a cabo donde corresponde: en el Congreso, no en las calles, no en otras instituciones, por muy dignas que sean. Es aquí donde debe darse la discusión, por la dignidad institucional y porque tenemos que cumplir nuestro rol republicano.
En segundo término, quisiera consignar que la iniciativa, en mi opinión, permite cuidar la fe pública; obviar evidentes conflictos de interés; evitar que se tuerza el espíritu de la ley, la cual se transforma, así, en algo solo declarativo que la gente sabe que se está burlando. Se regula una situación que se ha prestado para claros abusos. No es algo generalizado, pero estos han sido de conocimiento público.
Es sano que el Congreso haga un esfuerzo para que se aplique la norma legal. Y todo lo que se pretende es que las sociedades espejo o inmobiliarias no sean la vía para sacar utilidades impropias, truchas, a veces falseadas, para beneficio particular.
Ese es el sentido del asunto en análisis.
Repito que no constituye una situación generalizada, pero, con una que se dé, tenemos la obligación de corregirla.
Ahora, ¿de qué se trata en esta instancia? De legislar, es decir, de plantear en el Congreso una idea que se aprueba en general para que luego, por la vía de las aproximaciones, los perfeccionamientos, las adiciones o las sustracciones, podamos ir acotando y estableciendo un proyecto mucho más consensuado, mucho más compartido.
Por cierto, la tarea reclama la mayor humildad, disposición al diálogo y que nadie se sienta dueño de la certeza. Rechazo, en términos generales, la política del terror que he estado observando en algunos parlamentarios y, particularmente, en algunas parlamentarias. Lo de poner las cosas en blanco y negro, entre buenos y malos, entre responsables e irresponsables, entre los que se hacen cargo y los que no se hacen cargo, me suena un poco a la lógica de verdades objetivas, conforme a la cual alguien estima ser propietario de la verdad y lo que piensan los otros corresponde a algo que se aleja de ella. Lo cierto es que se ha demostrado que tal concepto se aleja de la objetividad, particularmente en cuestiones opinables como la que nos ocupa, y tiene que ver más con la subjetividad.
Responsablemente, me hago cargo de reparar en algo falso, de falsedad absoluta, y que desmiento categóricamente. Lo consigné en el primer discurso, a propósito del otro proyecto que tiene que ver con el lucro. Advertí que ese texto carece de contenido. Categóricamente, no se va a afectar a un millón 200 mil alumnos, que se anuncia que quedarán sin subvención. Declaro mentiroso ese argumento. Porque el no reconocimiento de lo que señalan en el Congreso todos los sectores me parece que se aleja del sentido del trámite legislativo, tensiona las relaciones en forma inadecuada y, en definitiva, genera un espacio de aprovechamiento, de pelea corta, que estimo inconveniente.
Quedará demostrado que no se van a cerrar 4 mil colegios particulares subvencionados. En las pocas semanas que quedan por delante se comprobará que no es así.
Hemos pedido encarecidamente al Gobierno un proyecto sustitutivo o, si lo estima pertinente, una indicación de esa índole que nos permita poner toda esta temática en un plano de discusión apropiado.
Por eso, hago un llamado en el sentido de actuar con prudencia cuando se califica el proceder de otros parlamentarios que, conforme a su propia verdad, observan las cosas desde una perspectiva distinta. Porque, si no, nos hallamos frente a una actitud absolutista y totalitaria que, francamente, no condice con los estilos en nuestro ámbito.
Por favor, le pido un minuto más, señor Presidente.
Quiero valorar, además, la actitud de Senadores como Francisco Chahuán y Lily Pérez, pionera esta en empujar aperturas para diálogos, en votar en general para lograr acuerdos y entendimiento, para abrirnos a la conversación con la gente de la Concertación, que no se encuentra en la trinchera de los malos, ni de los tontos, ni de los que abrigan malas intenciones hacia la ciudadanía. Son personas que buscan el bienestar de Chile, como todos nosotros, y es por eso que más vale pronunciarse a favor de la idea de legislar y aceptar el debate, y no simplemente atrincherarse haciendo imputaciones que, muchas veces, dificultan la interlocución más que facilitarla.
Esa es la razón por la cual me alegro de que algunos señores Senadores hayan ido cambiando de posición y sumado a los que parecen sarracenos dentro de este ámbito, que se ha puesto tan fundamentalista en el último tiempo.
Espero que ello cambie y que todos manifestemos una mejor voluntad y disposición. Soy el primero en actuar con humildad y expresar que estoy dispuesto a escuchar argumentos.
Voto a favor.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, me llama la atención a veces escuchar un discurso y leer después el proyecto de ley en análisis, sin encontrar una concordancia entre lo que se plantea y lo que se somete a votación.
La iniciativa en debate, en especial, no tiene necesariamente que ver con el lucro. Está prohibiendo una cantidad de contratos que pueden ser perfectamente legítimos entre entidades que no lo persiguen como fin. Y si se celebra uno de ellos, la universidad perderá su reconocimiento. De acuerdo con lo que leo, si un plantel de enseñanza superior sin fines de lucro contrata con un instituto sin fines de lucro y existen relaciones entre ambos, el primero perderá -repito- su reconocimiento como tal.
Entonces, me dicen: "Seamos indulgentes. Aprobemos en general y arreglemos después".
Por mi parte, mantengo un mínimo de rigurosidad, porque aquí estamos legislando. Entonces, así como un Honorable colega, al justificar su voto, dijo que quien se pronunciara en contra podría estar legitimando el fraude a la ley o la actuación ilegal, el Senador que habla también podría afirmar que quien presenta un proyecto de este tipo está realizando una maniobra política, lanzando una bengala, con el objeto de aprovechar un momento y no preocuparse de cuál es la legislación que estamos dictando.
Me parece que estamos enfrentados, como legisladores, a un proceso de elaboración de leyes que exhiban un propósito, que presenten un sentido y que persigan la corrección de errores que pueden existir, pero no crear nuevos.
Como políticos, podemos pronunciar un discurso y señalar lo que queramos. Pero si estamos legislando tenemos que cumplir con nuestra función de manera que las leyes sean razonablemente coherentes. Y no juzgo que lo sea la aprobación en general de un proyecto expresando: "Tendremos que cambiarlo entero, porque no va a servirnos".
Políticamente, tampoco estimo lógico, desde nuestro punto de vista, que la Concertación nos diga: "Dejaremos que presenten la indicación, pero vamos a votar en contra".
¿Por qué no nos vemos la cara altiro y votan a favor los partidarios del proyecto, que no considero razonable?
El señor LAGOS.- ¿Para qué formula una indicación, entonces?
El señor NOVOA.- No voy a hacerlo, Su Señoría.
Voto en contra.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra me interpretó casi plenamente. Como es obvio, ello me va a ahorrar comentarios.
Deseo hacer una breve reflexión respecto del sentido de la iniciativa, que es lo que es y no lo que sus autores dicen que es.
He escuchado que el texto ha sido denominado "de las sociedades espejo", lo que no tiene nada que ver con lo que la normativa pertinente implica respecto a la legislación bancaria.
En resumen, la idea matriz, que es la que debe interesarnos para trabajar, según el inciso tercero del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, -complementado por el fallo del Tribunal Constitucional de 26 de septiembre de 1997, que define la importancia de las ideas fundamentales o matrices-, es completamente distinta del propósito para el cual algunos señores Senadores presentaron la moción.
¿Qué plantea, básicamente, el proyecto? Establece una forma de terminar con ciertas corporaciones sin fines de lucro y dispone que cesará el reconocimiento oficial otorgado por el Estado respecto de aquellas que sostengan "vínculos contractuales, financieros o comerciales con entidades que involucren a quienes integren los órganos de dirección, administración, ejecución", etcétera.
¡Y ojo! No tiene nada que ver el que ese segundo organismo persiga o no fines de lucro. Aquí quiero corregir a un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra y aludió al IDIEM y al DICTUC. La mala noticia que le tengo al Honorable señor Escalona es que, más allá de lo que desee expresar el rector de la Universidad Católica, la disposición causa el efecto señalado, no porque se persigan o no fines de lucro, sino porque las entidades con las cuales se contrata...
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Le pido dirigirse a la Mesa, Su Señoría.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, me refiero al Senador señor Escalona, quien intervino antes. Para estos efectos, cabe retirar lo de "Senador señor Escalona" y aludir a "don Camilo"...
La norma no señala el caso de una institución sin fines de lucro que contrate con otras que sí los persiguen. No contempla la diferencia. Simplemente alude a hacerlo con entidades que involucren a quienes integren la dirección o ejecución de la corporación.
No me cabe duda de que el texto ha estado bien inspirado, pero obedeció a una lógica política del momento y no se reflexionó adecuadamente sobre los efectos -a mi juicio, indeseados- que se generaban.
De aprobarse ahora -imaginemos que ello se haga sin más-,...
El señor LAGOS.- Imaginemos lo que es.
El señor COLOMA.- Como el proyecto es de artículo único, podría ocurrir, técnicamente, la catástrofe o "tormenta perfecta" en virtud de la cual terminaríamos con todas las universidades -¡ojo!- sin fines de lucro, incluso estatales, en circunstancias de que se está intentando legislar sobre las privadas.
¿Qué se debe hacer, desde mi perspectiva, en la materia? Dos cosas básicas.
Primero, velar por la transparencia en las relaciones de los planteles de enseñanza superior privados o públicos -ya que también existe mucho por investigar en el caso de estos últimas que mantienen contratos con organismos dependientes- y por que se disponga de información en cuanto a que los contratos se verifiquen a precio de mercado, no se registre enriquecimiento ilícito ni se pueda aprovechar la estructura de una sociedad con fines distintos a los definidos.
En segundo término, se deben regular los conflictos de interés. Si el problema no radica en que existan o no en la vida. Lo importante es -repito- que se regulen, que se sancionen cuando no corresponden o que se valoren cuando sean posibles.
Entonces, desde mi punto de vista, la iniciativa en examen pasa a ser casi "histórica". Es la tercera vez que la tratamos: hubo una primera discusión, una segunda y un aplazamiento de la votación, encontrándonos ahora fundando nuestro pronunciamiento.
Al final, uno va deduciendo, más allá de la intención de sus autores, que el proyecto generaría el término, virtualmente, de toda universidad que mantenga contacto con un organismo de alguna dependencia similar, como sucede con la Universidad Católica o la Universidad de Chile.
Como se halla mal formulado, estimo que no corresponde votar a favor la idea de legislar.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (26 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido, y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el 3 de octubre.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores García, Kuschel y Novoa.
Se abstuvieron la señora Von Baer y los señores Coloma, García-Huidobro, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte.