Regulación de cierre de faenas e instalaciones mineras
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional e iniciado en mensaje, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, con informe de la Comisión de Minería y Energía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6415-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 2ª, en 17 de marzo de 2009.
En tercer trámite, sesión 27ª, en 21 de junio de 2011.
Informes de Comisión:
Minería y Energía: sesión 82ª, en 13 de enero de 2010.
Minería y Energía (segundo): sesión 1ª, en 15 de marzo de 2011.
Hacienda: sesión 1ª, en 15 de marzo de 2011.
Minería y Energía (tercer trámite): sesión 32ª, en 12 de julio de 2011.
Discusión:
Sesiones 84ª, en 20 de enero de 2010 (queda para segunda discusión); 86ª, en 9 de marzo de 2010 (se aprueba en general); 5ª, en 23 de marzo de 2011 (se aprueba en particular).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue objeto de varias enmiendas en la Cámara de Diputados, las que Sus Señorías pueden consultar en el boletín comparado contenido en los computadores. Fueron todas aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes en la Comisión, Honorables señora Allende y señores Cantero, Gómez y Orpis.
Cabe consignar que las correspondientes a los artículos 4°, 13, 26, 33, 37, 44, 45, 48, 49, 50, 55 y cuarto trasitorio requieren para su aprobación el voto conforme de 21 señores Senadores.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, el proyecto apunta a regular el cierre de faenas e instalaciones mineras para prevenir, minimizar o controlar los riesgos o efectos negativos que pueden generarse para la salud y la seguridad de las personas o del medioambiente con ocasión del cese de operaciones o que continúen presentándose con posterioridad a este y como consecuencia.
Se trata de evitar lo que sucede hoy día. Las Regiones mineras, en especial las del norte, han sido las que aportan importantes recursos al país y se han ido quedando con todos los despojos de la actividad: los relaves, los desmontes, la contaminación química y otros, con los cuales conviven. Ciudades completas, como Chañaral, Arica, Antofagasta, al ir creciendo, han terminado con la gente viviendo encima de esos materiales, con la contaminación que eso significa.
La iniciativa tiende a establecer un procedimiento a través del cual, cuando se inicie una faena minera, ya esté asegurado, en lo económico y legal, un determinado cierre. A la autoridad respectiva se le entregan facultades con la finalidad de que pueda aplicar multas o cobrar las garantías para el caso de que la empresa no cumpla.
Es necesario aprobar las indicaciones al proyecto, que ha sido trabajado por ambas Cámaras durante más de dos años. Ello ha contado con la participación activa de los actores involucrados, con consensos y puntos de acuerdo logrados en la mayoría de los aspectos.
Esperamos poder contar en el corto plazo con la normativa que nos ocupa, la cual, especialmente para Regiones como la que represento, la de Atacama, es extraordinariamente importante, tanto para la salud como para el medioambiente.
Las principales modificaciones que serán votadas hoy dicen relación con agregar el concepto de protección del medio ambiente en los artículos 2° y 3°; incorporar la coordinación con las autoridades medioambientales para el plan de cierre, en el artículo 5°; disponer el pago de multas dentro de los 10 días siguientes a aquel en que la resolución se encuentre ejecutoriada, en el artículo 43; contemplar una boleta de garantía para su cumplimiento en los casos de construcción y plan de cierre de tranques de relave, en el artículo 50, e incluir el resguardo de la vida, salud y seguridad de las personas en el artículo 55, entre otras que no alteran en profundidad el texto, pues son de carácter formal. Ello, con excepción de la relativa al artículo 48, con la cual el Ejecutivo no concordó, referente al procedimiento de cierre para faenas en que la capacidad de extracción por yacimiento fuera superior a 600 metros cúbicos diarios de petróleo o un millón de metros cúbicos diarios de gas natural.
En los últimos 35 años, señor Presidente, se ha construido en nuestro país una industria de vanguardia mundial en tamaño y calidad, envergadura tecnológica y capital humano de gran nivel. Sin embargo, no se cuenta hoy con una legislación que regule el cierre de faenas e instalaciones mineras a fin de prevenir, minimizar y controlar los riesgos o efectos negativos que se generan, como lo expresé anteriormente, para la salud de las personas y su seguridad.
La iniciativa establece también que la aprobación del plan de cierre, según la capacidad de extracción de mineral de la faena o instalaciones, tendrá que realizarse de acuerdo a un sistema de aplicación general o a un procedimiento simplificado, donde la aplicación de uno u otro dependerá del tonelaje involucrado en la obra respectiva.
Todo plan de cierre de faenas o instalaciones mineras sometido al procedimiento de aplicación general debe rendir una garantía con el objeto de asegurar la disponibilidad de recursos financieros para cubrir en forma exclusiva los costos que ello involucra, ante el evento de que la empresa incumpla total o parcialmente las obligaciones contempladas en el proyecto. Para tal efecto se establecen el dinero efectivo, la boleta bancaria y también otros instrumentos financieros que en algún minuto fueron reclamados por las empresas medianas y grandes como alternativa a los anteriores.
Como se desprende de la normativa, al momento de desarrollarse un plan de cierre no solo se consideran las normas relacionadas con el reglamento de seguridad minera, sino que también se deben incluir las de carácter sectorial y asumirse los compromisos adquiridos durante la etapa de aprobación ambiental, los cuales conforman el plan de cierre conceptual.
En relación con los costos asociados a un programa de esa índole, se impondrá además la necesidad de estimarlos de manera tal que sean auditables y aceptados por la autoridad competente.
Finalmente, también se considera a las empresas mineras. Debido a los montos involucrados, las actividades de cierre deberán ser planificadas con anticipación para estimar costos precisos y reales, lo cual permitirá evitar desviaciones que conlleven un riesgo financiero para la empresa y el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales y fiscales.
Cabe destacar, señor Presidente, que la mayoría de los países mineros, como Australia, Estados Unidos y Perú, cuentan, según la legislación comparada, con normativas en la materia, a fin de evitar que una vez terminada la actividad minera extractiva queden abandonados elementos que puedan dañar la salud de las personas o el medioambiente.
El proyecto contempla dos procedimientos de aprobación: uno, de aplicación general, que describí anteriormente, para faenas e instalaciones cuya capacidad de extracción de mineral sea superior a 10 mil toneladas mensuales; y otro, simplificado, para aquellas cuya capacidad de extracción sea inferior.
El modelo que se plantea y que se ha mejorado con la introducción de las indicaciones mencionadas no afectará en caso alguno, en lo referente al plan de cierre de faenas previsto por la iniciativa, el cumplimiento de las medidas y condiciones contenidas en las resoluciones de calificación ambiental.
Desde fines de los años noventa, distintos gobiernos, junto con actores como asociaciones de pequeña y mediana minería, se habían propuesto analizar y estudiar diversos proyectos referidos a la necesidad de la existencia de una legislación sobre cierre de faenas mineras, ya que con ello el país se nivelaría a la altura de naciones mineras modernas de primer orden que ya cuentan con una normativa regulatoria de dicho proceso, que además constituye uno de los avances que en materia económica deben considerar los países que explotan sus recursos cupríferos y mineros en general como parte de la competencia y estándares mínimos que los productores tienen que cumplir para no caer en competencia desleal o en la adopción de medidas proteccionistas de la producción nacional.
Gracias.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, la Comisión de Minería unánimemente aprobó las modificaciones de la Cámara de Diputados a que ya ha hecho referencia el Honorable señor Prokurica. Estamos hablando, por cierto, del proyecto de ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras.
En forma breve, me parece importante recordar a la Sala que esta iniciativa es de antigua data -fue presentada durante el mandato de la Presidenta Bachelet- y que el actual Gobierno mandó una indicación sustitutiva que, en verdad, no nos dejó satisfechos, ya que nosotros pensamos que era mucho más restrictiva. Por eso, se hizo algo que ojalá siente un buen precedente: al final, concordamos con el Gobierno en poner a disposición sus asesores y los nuestros para efectuar un trabajo conjunto, gracias al cual se pudo realizar una magnífica labor entre el equipo gubernativo y los de los integrantes de la Comisión de Minería, que concluyó con el texto aprobado en el Hemiciclo durante el primer trámite constitucional.
Ahora han llegado las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, consistentes en introducir el concepto de protección del medio ambiente; especificar que la estabilidad química se refiere a agua, aire y suelo; precisar el ámbito de aplicación de la ley en el caso de los hidrocarburos; eliminar la expresión "refinerías" y agregar las de "baterías, equipamientos, ductos, oleoductos, gasoductos de hidrocarburos", detallándose así en mejor forma los aspectos técnicos y de infraestructura que pueden provocar impacto ambiental.
El concepto de protección del medio ambiente es muy importante. Desde luego, se establece que el plan de cierre de las faenas mineras debe ser elaborado en conformidad con la resolución de calificación ambiental. De esta manera, se asegura que cada acción de reparación, mitigación o compensación sea coherente con la aplicación de la ley respecto de predios superficiales y, sobre todo, con toda la normativa medioambiental existente.
A mi juicio, señor Presidente, las enmiendas de la Cámara Baja, aprobadas por unanimidad en nuestra Comisión, son correctas.
Aunque ya se ha dicho y no quiero alargarme, no puedo dejar de mencionar cuán relevante es para un país minero como Chile una normativa de esta naturaleza. De una vez por todas, hemos regulado y legislado esta materia. Ahora el plan de cierre deberá presentarse junto con el proyecto respectivo, de modo que durante la explotación del yacimiento ya se sabrá que a su conclusión habrá un plan y un proceso para su cierre, lo cual permite hacer el seguimiento de dicho plan, a fin de evitar lo que hoy ocurre en Regiones mineras como la de Atacama, que tengo el honor de representar, las que, a pesar de entregar muchísimos recursos, no solo no reciben parte de la riqueza que generan, sino que además deben convivir en forma dramática con los pasivos ambientales que quedan en ellas.
Ha llegado a la Sala el Ministro Golborne -aprovecho de saludarlo-, quien puede ratificar lo que he señalado. El Parlamento y el Gobierno hicieron un excelente trabajo conjunto con el equipo que lograron armar, gracias al cual se pudo combinar una serie de criterios que dieron paso a una muy buena normativa, la cual -repito- fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Minería.
Mi bancada está dispuesta a aprobarla, porque constituye un avance para el país. Se necesitaba regular y legislar este aspecto, pues en un país minero como el nuestro, donde existen numerosos proyectos de inversión, hay que proteger el medio ambiente.
En principio, se han anunciado varios de ellos y, en ese sentido, resulta bastante relevante contar con un instrumento de esta naturaleza, que de alguna manera prevenga, minimice o controle los riesgos o los efectos negativos que muchas veces se producen en materia de salud, seguridad y medio ambiente, sobre todo cuando las faenas terminan. Hasta ahora eso era "territorio de nadie", ya que las operaciones concluían y no pasaba nada; las empresas se retiraban sin ninguna obligación legal de hacerse cargo de lo que implica el cierre.
Por lo tanto, junto con celebrar que hayamos podido avanzar de esta manera y despachar un proyecto de estas características, mi recomendación es que la Sala lo apruebe.
Sin embargo, deseo plantear una prevención, que ya hice presente en el primer trámite constitucional: necesitamos un SERNAGEOMIN más potenciado. El Ministro sabe que eso es fundamental. No le podemos seguir entregando más responsabilidades. Debemos avanzar en seguridad laboral en las minas. Todos conocemos los accidentes que hemos tenido que lamentar, que generalmente son de mucha gravedad. Cuando se producen, sus consecuencias son muy serias. Por fortuna, parece que están disminuyendo.
Pero no le podemos seguir aumentando las atribuciones, las tareas y las responsabilidades al SERNAGEOMIN si a la par no le entregamos más personal, más recursos, más capacidad para que pueda cumplir a plenitud sus funciones. Porque no queremos que esta normativa se transforme en algo que quede muy bien en el papel, pero que solo constituya una mera declaración de intenciones que en la práctica no pueda llevarse a cabo por falta de recursos, por falta de personal especializado, por falta de una fiscalización que acompañe este proceso de evaluación -simplificado o no, dependiendo de la cantidad de mineral- que contiene el proyecto.
Por lo tanto, deseo transmitir una vez más esa preocupación, sobre todo considerando que el Ministro se halla presente. Él sabe muy bien que es tremendamente importante, fundamental, que dicho servicio disponga de las condiciones necesarias para cumplir bien sus funciones.
Por cierto, hay que tener conciencia de que será obligación darle todas las facilidades cuando esté evaluando un plan de cierre y entregarle toda la información que sea necesaria, ya sea que se trate de una persona natural o de una persona jurídica. Esto, que antes no se contemplaba, significa un avance. Ahora será indispensable proporcionar todos los antecedentes que existan al respecto.
Con lo expresado, señor Presidente, creo que queda claro que vale la pena aprobar el proyecto.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor WALKER (don Patricio).- ¿Es posible abrir la votación, señor Presidente?
El señor BIANCHI.- Yo quiero pedir votación separada del artículo 48.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, me parece importante mencionar que este es uno de los pocos proyectos que vamos a aprobar sin haber tenido un enfrentamiento público. Solo se produjeron diferencias en el inicio.
Esta iniciativa se presentó en el Gobierno de la Presidenta Bachelet. Luego se incorporó una indicación sustitutiva respecto de la cual algunos manifestamos discrepancias. Me refiero a los Senadores de Oposición señoras Allende y Rincón y el que habla. A raíz de eso se conversó con el Ministro y se generó una comisión de trabajo. Aprovecho de agradecer a Sara Larraín, al señor Astorquiza, a Neftalí Carabantes...
La señora ALLENDE.- Marcelo Rojas.
El señor GÓMEZ.- ... y a Marcelo Rojas, como me indica la Senadora Allende, quienes nos representaron en la discusión interna que llevó finalmente a aprobar un proyecto de ley tan relevante como este, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras.
Chile es un país minero y en una gran cantidad de sus Regiones y comunas ocurría que al terminarse los procesos sus pasivos quedaban para los habitantes de los lugares aledaños donde ellos se desarrollaban.
Por eso, finalmente acordamos establecer en el proyecto, por ejemplo, que el objeto del plan de cierre es "la ejecución de las medidas y acciones de la manera antes señalada" -se refiere a las normas técnicas-, las cuales "deberán otorgar el debido resguardo a la vida, salud, seguridad de las personas y medio ambiente, de acuerdo a la ley".
Se dispuso, además, que el "plan de cierre original deberá ser elaborado en conformidad con la resolución de calificación ambiental previamente aprobada, de forma tal de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de reparación, mitigación o compensación diversas a las prescritas por esta ley, respecto de los predios superficiales", etcétera.
En fin, hay una cantidad importante de normas que, conjuntamente con el establecimiento de garantías, aseguran que las empresas cumplirán con el objetivo de terminar bien una faena minera. Creo que es un gran paso desde el punto de vista del país.
Cabe agregar, señor Presidente, que gracias a la globalización nuestras opiniones son conocidas por mucha gente en el mundo. A mí me llegó el aporte de don Martin Elton, chileno que se encuentra profundizando sus estudios en estas materias en la Universidad de Cambridge, quien plantea algunos juicios que sería interesante abordar con el Ministro en algún momento y que podrían significar una ayuda.
Él dice lo siguiente:
"Si se quiere realmente buscar la sustentabilidad, es necesario no tan solo defender los aspectos económicos y medioambientales. También debemos incorporar variables sociales y buscar un equilibrio entre estas tres.
"1.- Reconocer el efecto social que se produce una vez que se cierra una mina. Lota es un claro ejemplo de cómo un cierre puede generar problemas sociales en nuestro país".
Y es cierto: acá nos hemos preocupado de lo que los cierres implican para el medioambiente, para las personas, pero en algún momento habría que preocuparse también de definir criterios y destinar recursos para lograr mitigar los efectos sociales que ellos producen.
Martin Elton agrega que un segundo punto que se debiera incluir -por supuesto, no en la ley en proyecto, cuya tramitación está concluyendo, sino en un perfeccionamiento posterior- es "una participación ciudadana del cierre tal como se hace para el SEIA (sistema de evaluación de impacto ambiental). No puede ser que solo tenga posibilidad de dar su opinión la ciudadanía al inicio del proyecto y luego 40 años después no pueda opinar de cómo se planea ir cerrando de forma paulatina una operación".
Enseguida, opina que se "debe detallar más exhaustivamente en la ley cómo pueden ser reutilizadas las instalaciones, como edificios, bodegas, pozos u otros para beneficio de la comunidad".
Estos son los aportes que desde Inglaterra hace don Martin Elton, interesado en este debate y en las decisiones que adoptamos en el Parlamento. Los pongo en conocimiento del señor Ministro, a ver si alguno de los planteamientos de este chileno en el extranjero pueden ser recogidos con posterioridad.
Un elemento relevante, señor Presidente -y también se lo hago presente al señor Ministro- es el rápido desarrollo de un plan de fortalecimiento del SERNAGEOMIN, al cual se le dan mayores responsabilidades. Conocemos algunas ideas y planteamientos públicos, pero entendemos que hasta la fecha no se ha realizado dicho reacondicionamiento, el trabajo de potenciación de que debe ser objeto el Servicio con motivo de las diversas actividades y responsabilidades que irá asumiendo no solo con esta ley, sino también con otras que se aprueben en el futuro.
Queda pendiente algo que hemos planteado varias veces y que volveré a repetir en la Sala aprovechando la presencia del Ministro Golborne. Se refiere, no al plan de cierre de faenas e instalaciones, sino a los pasivos mineros.
Sin duda, esta será una buena ley para el futuro. Ahora tendremos una normativa que permitirá cerrar bien las actuales faenas. Pero las antiguas, que constituyen los pasivos mineros, están afectando fuertemente a las Regiones: a la de Antofagasta, a la de...
La señora ALLENDE.- Atacama.
El señor GÓMEZ.-... Atacama, a la de Coquimbo. Hay un catastro muy importante elaborado por el Ministerio de Minería que, además, advierte acerca del peligro que significa mantener esos pasivos mineros sin solución.
Seguramente, el país tendría que asumir un costo enorme si debiera subsanar esos pasivos mineros solo con los recursos del Estado. Sin embargo, aún existen elementos que permiten identificar a los antiguos dueños. Por lo tanto, perfectamente se podría evitar hoy la contaminación de napas de agua y otros recursos medioambientales a consecuencia de los pasivos que están afectando a las comunidades de las Regiones mencionadas.
Por eso, señor Presidente, sería conveniente que se le diera curso rápido a la misma comisión que llevó a cabo, con mucho éxito, el estudio del proyecto sobre cierre de faenas e instalaciones mineras, cuya tramitación culminamos hoy en el Senado.
Y por último, aprovechando su presencia, deseo informarle al Ministro de Minería que en un rato más se va a votar un proyecto de acuerdo en que le solicitamos al Presidente de la República que proceda a ratificar el Convenio N° 176 de la OIT, sobre seguridad y salud en las minas.
Se trata de un instrumento internacional cuya ratificación hemos solicitado en varias oportunidades -ojalá que ahora se pueda concretar por la vía indicada-, con el objeto de establecer en Chile lo que las normas internacionales imponen a todos los países para garantizar la seguridad y la salud en las minas, sobre todo teniendo en consideración lo sucedido con los 33 mineros en el yacimiento San José, lo que hoy sigue ocurriendo y lo que pasará mañana con la seguridad minera.
Se han producido varios accidentes fatales, por lo que considero importante que, de una vez por todas, regularicemos lo relativo a las normas internacionales en nuestro país.
Según entiendo por lo que he leído y analizado en los documentos que me han llegado del Ministerio de Minería, no hay razón alguna para no concurrir a la ratificación de dicho Convenio.
Ojalá que el mensaje correspondiente sea enviado pronto al Parlamento.
Anuncio mi voto a favor, señor Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, desde que asumió el Presidente Sebastián Piñera, se nos ha acusado de que somos una Oposición obstruccionista, que no ha permitido el despacho de proyectos de ley claves para el Gobierno,
Hoy estamos dando despacho definitivo a una iniciativa legal sobre cierre de faenas mineras -presentada por la Presidenta Bachelet en 2009-, lo que muestra de manera patente que, cuando hay disposición de las partes, se considera la opinión de la Oposición y se trabaja en igualdad de condiciones, podemos avanzar decididamente en pro de la gente y de la solución de sus necesidades más inmediatas.
Me parece bueno hacer memoria de la tramitación del proyecto en debate.
Durante 2010, el Ejecutivo decidió darle urgencia y presentar una indicación sustitutiva para eliminar aspectos claves de la iniciativa original de la Presidenta Bachelet, ante lo cual, junto con los colegas señora Allende y señor Gómez, señalamos no estar de acuerdo en esas modificaciones y que, por ello, no podíamos aprobarla.
Frente a lo anterior, el Ministro señor Golborne -quiero agradecer el hecho- llegó a un acuerdo para trabajar con asesores especializados de los Senadores representados en la Comisión, con el objeto de destrabar aquellos asuntos que nos parecían perjudiciales. Así lo resolvimos con los Senadores señora Allende y señores Orpis, Prokurica y Gómez.
El proyecto que hoy aprobaremos es fruto de ese acuerdo, el cual permitió que una iniciativa clave para el futuro de la minería de Chile pudiera ver la luz de manera definitiva y en un tiempo récord.
Señor Presidente, creemos que, siendo Chile una potencia minera y habiendo desarrollado una de las legislaciones más atractivas para la inversión en el sector, le falta todavía contar con una normativa que permita evitar los efectos negativos que deja la actividad minera en el territorio.
Durante los 200 años de vida independiente, nunca hemos contado con un instrumento que obligue a todas las empresas, públicas y privadas, a tomar algún tipo de medida para evitar que Chile se convierta en un país semejante al queso suizo, con muchos hoyos, y sin que nadie se preocupe efectivamente de generar condiciones para que tal situación no constituya un pasivo.
Cuando uno viaja en avión desde Santiago hacia el norte, se da cuenta de que hay cerros absolutamente escudriñados por el hombre, sin que se hayan adoptado medidas destinadas a impedir las condiciones negativas generadas por el entusiasmo minero que se da en algunos lugares.
Como muy bien saben los Senadores señora Allende y señor Prokurica, en Atacama se generan graves daños ambientales, provocados hace ya 50 años y que son difíciles de revertir. Lo mismo ocurre en las Regiones que representan los Senadores señores Gómez, Orpis y Cantero, este último Presidente de la Comisión de Minería.
Por consiguiente, el proyecto que hoy aprobaremos constituye un paso muy importante, pues obliga a todas las empresas, públicas o privadas, a contar con planes de cierre.
Todos sabemos que una faena minera puede durar 25, 30, 40 y hasta 50 años, y que las labores para su cierre pueden abarcar dos generaciones. Por eso, es necesario que las empresas tengan la obligación de ir generando desde ya condiciones financieras para que, llegado el momento, sus actividades no produzcan impactos ambientales significativos en su entorno.
La iniciativa básicamente incorpora las mismas líneas matrices de la del 2009; es decir, obliga a toda empresa minera, actual o futura, a desarrollar un plan que regule el cierre de sus faenas, el cual deberá presentarse al SERNAGEOMIN o a la institución que lo reemplace, con el objeto de desarrollarlo.
Asimismo, se genera un modelo de garantía de cumplimiento, de garantía financiera, que establece primordialmente que el sector privado, las empresas mineras y las sociedades responsables de ellas serán los que deberán garantizar en todo momento el financiamiento del cierre de las faenas.
El ámbito de aplicación del proyecto se extiende a las actividades mineras que superan las 10 mil toneladas mensuales de extracción.
Igualmente, se incorporó toda la cadena de valor de la industria asociada a explotación, prospección y explotación mineras.
En el fondo, una norma de carácter general que obliga a todas las faenas de más de 10 mil toneladas de extracción mensual de mineral a acogerse, en virtud de la ley, a un procedimiento general y a las auditorías relacionadas.
Cada auditoría vinculada a un plan de cierre, que no existía en el pasado, deberá realizarse cada cinco años; también cada vez que se produzca una modificación sustancial del proyecto y cuando el SERNAGEOMIN así lo disponga. Las auditorías deberán ser efectuadas por personas competentes, con más de 10 años de experiencia en el rubro.
Otro eje fundamental que también consideró el Gobierno anterior es la garantía financiera, que evitará en todo momento que el Estado tenga que recurrir a recursos públicos para solventar el plan de cierre de una faena minera, el cual ha de ser financiado íntegramente por el sector privado.
La garantía tiene carácter obligatorio, y su monto se determinará a partir de la estimación periódica del valor presente de los costos del plan de cierre. Equivaldrá a dos tercios de la vida útil de la faena cuando el plazo sea menor a 20 años; y cuando lo exceda será de 15 años como máximo.
Los instrumentos elegibles como garantía son de tres tipos: A1 (depósitos a la vista, boletas bancarias, etcétera); A2 (instrumentos financieros representativos de captación o deuda comprendidos en el decreto ley N° 3.500), y A3 (instrumentos de mayor riesgo).
La garantía -reitero- asegura que en todo momento sea el sector privado el que lleve a cabo los procesos de cierre de las faenas.
Agradezco que la iniciativa haya sido consensuada en las Comisiones de Minería y de Hacienda. Y, al respecto, hago un público reconocimiento al aporte del Ministro señor Golborne; a los Senadores miembros de las Comisiones de Minería y de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, quienes participaron en la discusión del proyecto y facilitaron un consenso casi pleno en todo su articulado.
Deseo reconocer también a quienes asesoraron a los integrantes de la Concertación en la Comisión: Neftalí Carabantes, Sara Larraín, Gonzalo Astorquiza y a los técnicos del Ministerio de Minería. Su aporte fue fundamental para despejar la iniciativa que hoy día tenemos a la vista y que debemos votar. Y me parece justo que sea parte de la historia de una ley tan importante para el desarrollo minero nacional.
En estas materias, señor Presidente, estamos dando cumplimiento a una deuda del país.
¿Quedan temas pendientes? Obviamente que sí.
Los pasivos ambientales mineros actuales siguen creando graves perjuicios para las Regiones mineras, respecto de las cuales nadie se hace cargo. Seguimos esperando el proyecto de seguridad laboral en faenas mineras y la reestructuración del SERNAGEOMIN, prometida por el Gobierno durante el rescate de los 33 mineros de Atacama el 2010.
Como se observa, quedan tareas pendientes. Pero, junto con reconocer que las tenemos, justo es reconocer cuándo avanzamos. Y este proyecto me parece un paso muy significativo.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Señores Senadores, se ha pedido abrir la votación, para lo cual anteriormente hubo problema.
El señor CANTERO.- Ya no, señor Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, sin duda esta es una de las grandes iniciativas legales que le ha tocado abordar al Senado, en una etapa en que la cuestión medioambiental es cada vez más importante en el desarrollo de cualquier proyecto. Adicionalmente, por ser Chile un país minero y con gran desarrollo en el sector, no solo en el pasado sino también en la actualidad -de acuerdo a todas las proyecciones, también lo será en los próximos años- era muy importante tratar lo relativo a los pasivos ambientales, a fin de evitar su existencia en el futuro.
A mi juicio, este proyecto, que se encuentra en su tercer trámite, debía abordarse transversalmente, como política de Estado. Finalmente así ocurrió.
Hoy día nos corresponde pronunciarnos en este trámite. Y aquí me gustaría profundizar en una materia analizada en la Comisión, la cual constituye la modificación más sustancial en esta etapa de la tramitación, y que fuera introducida por la Cámara de Diputados.
El proyecto sobre cierre de faenas mineras tiene dos tipos de procedimientos: uno general y otro simplificado. La gran diferencia entre ambos es que el primero de ellos debe garantizar el cierre de faenas mineras con una serie de instrumentos de carácter financiero, establecidos en la iniciativa, y apunta a las grandes faenas; en cambio, el simplificado se enfoca básicamente en las medianas y pequeñas.
En el caso de los hidrocarburos, no se había hecho diferencia, por lo que el procedimiento general se aplicaba a las pequeñas, medianas y grandes faenas.
Sin embargo, la Cámara de Diputados introdujo correcciones al respecto -de manera adecuada, a mi juicio-, y estipuló, en definitiva, que en materia de hidrocarburos se emplease el mismo criterio utilizado respecto del resto de las faenas mineras, en que solo se aplica el procedimiento general a los medianos y grandes proyectos.
Para ello, se modifican en la iniciativa los artículos 48 y 49, al señalar que en los hidrocarburos, solo a partir de una extracción superior a un millón de metros cúbicos por día, se aplica el procedimiento general, al cual estará asociado el tema de las garantías. Bajo ese umbral se usa el procedimiento simplificado, como ocurre en el resto de las faenas con capacidad de extracción igual o inferior a 10 mil toneladas.
En resumen, de esa cantidad hacia arriba rige el procedimiento de aplicación general, con garantías; y si la cifra es igual o inferior, el simplificado.
No obstante lo anterior, por lo menos para la historia de la ley, quiero referirme a una materia no menor, respecto de la cual el Senador señor Bianchi tenía una observación acerca de lo que ocurrirá con los contratos de explotación, porque los CEOP, concretamente, en el caso de ENAP, en general producen 500 mil metros cúbicos, por lo tanto no serán asimilables a lo dispuesto en este proyecto de ley.
La exploración y explotación petroleras (de hidrocarburos) no son objeto de concesión. En consecuencia, solo las puede ejecutar directamente el Estado o los CEOP. Y el artículo 19, número 24, de la Constitución es tremendamente claro al señalar que corresponde al Presidente de la República fijar, para cada caso, mediante decreto supremo, en negociación directa con la empresa, las condiciones a que deberá sujetarse el contrato específico.
En términos prácticos, a los CEOP no se les aplica la disposición planteada en la iniciativa, porque su regulación tiene carácter constitucional. Por ende, debería haberse modificado la Carta Fundamental, porque es el Jefe de Estado el que debe, en cada caso, negociar las condiciones de los contratos.
En definitiva, o introducimos a futuro una enmienda constitucional que exija al Presidente de la República someterse a la disposición relativa al cierre de faenas mineras, o en el intertanto, mientras se negocian los CEOP, se pide al actual Primer Mandatario -y a los que vendrán- que establezca las condiciones de cierre de esas faenas.
Porque nos puede suceder que el día de mañana, de acuerdo al texto constitucional, el resto de las faenas mineras se encuentren sometidas a las normas de este proyecto -ya en su última etapa de tramitación-, incluidas las de las empresas del Estado que trabajan con hidrocarburos. Y resulta que a los contratantes de CEOP no se les aplicará ningún tipo de exigencia en cuanto al cierre de faenas mineras.
Por lo tanto, no descarto presentar una reforma constitucional para incorporar dentro de las facultades del Presidente de la República la obligación de establecer garantías también respecto de los CEOP.
Lo anterior, señor Presidente, quería dejarlo consagrado en la historia de la ley, porque, eventualmente, se puede producir un vacío legal en la aplicación de la norma de cierre de faenas mineras respecto de los contratos especiales de exploración y de explotación petroleras.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.- Señor Presidente, a estas alturas del análisis del proyecto, me ahorran entrar a su detalle la exposición clarísima del Senador señor Prokurica y las aclaraciones formuladas por el colega señor Orpis.
En efecto, la iniciativa que nos ocupa significa un avance muy positivo en materia de protección del medioambiente y de resguardo de las normas que permitan efectivamente cautelar las externalidades derivadas del cierre de faenas mineras.
Me parece que el alto nivel de respaldo obtenido por esta normativa en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Minería del Senado, que la aprobó por unanimidad, da cuenta de un trabajo bien hecho.
En cuanto a las correcciones introducidas en la Cámara de Diputados -ya señaladas por el Senador Orpis-, puedo señalar que tuvieron por objeto distinguir entre el criterio general aplicado a las medianas y grandes faenas en el caso de la extracción superior a diez mil toneladas/mes por faena; a 600 metros cúbicos/día, tratándose de petróleo; y a un millón de metros cúbicos/día, respecto de gas natural, y lo que deben incluir adicionalmente a la entrega de una garantía en el plan de cierre de faenas.
¿Qué significa en la práctica lo sugerido? ¿Por qué llevó tranquilidad a los señores parlamentarios que plantearon el asunto como prioritario? Porque se está cautelando la operación de pequeñas faenas, que no tendrán que incurrir en un gasto mensual de intereses bancarios por la boleta de garantía.
Quiero valorar el esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Minería y los parlamentarios.
Además, debo destacar que el clima logrado enaltece al Parlamento. He visto en tantos proyectos la confrontación, la descalificación, la tensión generada y la violencia verbal, incluso en declaraciones de prensa, todo lo cual no ha hecho otra cosa que generar un contexto tan inadecuado, que ha conducido a una evaluación o percepción ciudadana muy negativa respecto a la gestión del Congreso.
Esta iniciativa, altamente positiva para el país, pese a que sufrió tensiones y confrontaciones, la hemos podido sacar adelante en un clima muy positivo, en un ambiente de diálogo y entendimiento, abriendo espacio a la opinión de nuestros técnicos, y cuenta, finalmente, con un amplio apoyo en el trabajo parlamentario.
Me siento muy contento y optimista por el hecho de haberse podido crear las situaciones descritas. Ojalá que en próximas iniciativas legales -como la relativa a educación, que se nos viene encima y que reviste tanta complejidad- seamos capaces de generar ese tipo de ambiente.
Entiendo perfectamente que -no es una imputación a ningún sector- para lograr ese clima debe existir buena disposición de las partes involucradas. A veces, el Gobierno imputa mala voluntad a la Concertación, y viceversa. Pero lo cierto es que, para que se produzca esa atmósfera -que ha dejado contentos a todos los sectores-, debe haber buena actitud y ánimo de ambos interesados.
En consecuencia, anuncio mi voto a favor y expreso mis felicitaciones por el resultado logrado, que nos pone muy contentos.
Hay detalles que habrá que corregir, pero vendrán otras iniciativas que nos permitirán hacerlo.
El trabajo, fruto de este encuentro de voluntades, resultó altamente positivo.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, me sumo a lo dicho por los Senadores señores Cantero y Orpis en el sentido de que se trata de un proyecto tremendamente convocante y positivo.
También, debo hacer un reconocimiento a los autores de la moción, Senadores señoras Rincón y Allende y señor Gómez; al Presidente de la Comisión, Honorable señor Cantero, por haber efectuado un aporte enorme, y al Senador señor Prokurica, que siempre ha trabajado intensamente en todo lo relacionado con la minería.
Al respecto, solo quiero dar una breve mirada como Senadora de una Región que muchas veces no es vista como minera, pero que sí lo es: la Quinta Región Cordillera, que represento junto con el Senador señor Ignacio Walker. Ella está constituida por 26 comunas. En las provincias de Petorca y de Marga Marga hay, sobre todo, pequeña minería, y en la de Los Andes, gran minería. De hecho, en esta última se encuentra CODELCO Andina.
Este tipo de proyectos son muy positivos, convocantes, transversales y relevantes, como se ha dicho, porque obligan a las empresas, una vez cerradas las faenas, no solo a entregar los terrenos, sino también a dejarlos -usaré las palabras del Senador señor García- casi como una "mesa de billar", para devolver adecuadamente a la comunidad lo que aquellas han explotado durante muchos años.
Además, hago presente que la iniciativa dice relación con la seguridad laboral. Tal aspecto es algo que recogió el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
Una de las cosas que he conversado con el Ministro Laurence Golborne, quien nos acompaña esta tarde en la Sala, es que en la Región que represento nunca ha habido un Seremi de Minería. Ello resulta insólito, existiendo una vasta zona minera. Pedí uno apenas asumí como Senadora. Y el nuevo Gobierno ha dispuesto la designación de un coordinador regional para tal efecto, con el compromiso de establecer a futuro una Seremía de Minería.
Además, a fines de 2010 se aprobaron fondos para contar con más fiscalizadores del SERNAGEOMIN. Porque, desgraciadamente, en nuestra zona murieron cuatro personas producto de accidentes laborales en faenas mineras, unas autorizadas y otras no. Claramente, la falta de fiscalización impide desarrollar con mayor propiedad una actividad tan relevante como la minería.
Por lo tanto, una vez más felicito a los autores del proyecto y a quienes han trabajado en su estudio. Agradezco a nuestro Gobierno y al Ministro.
La iniciativa es muy positiva, no solo para los trabajadores y las trabajadoras -cada día son más las mujeres que laboran en minería-, sino también para las comunidades donde se desarrollan estas faenas, pues una zona que fue intervenida, muchas veces en forma muy dura, ahora será devuelta a la comunidad en buenas condiciones y con todos los elementos que corresponden.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, yo también valoro el proyecto en debate.
La materia que aborda demoró cerca de 17 años en aprobarse. Ello, porque operaron lobbys, y la discusión política fue rehén de ellos durante mucho tiempo. Además, estos se ejercían de manera transversal: sobre los Gobiernos, las autoridades.
Por lo menos desde 1993 se viene madurando esta idea. Y es muy importante que finalmente la iniciativa se haya aprobado como un avance y un aporte.
Tal normativa será muy relevante para el país, porque uno de nuestros grandes problemas es que existen cierres absolutamente anómalos, riesgosos, de faenas mineras, en particular a lo largo de todo el norte y, en menor escala, también en el sur. Chile es un verdadero depositario de residuos tóxicos, de residuos mineros masivos abandonados.
De hecho, todas las tortas de tierra que rodean Copiapó son residuos mineros masivos. La mayoría de ellos, tóxicos. En algunos casos se ha aplicado análisis de lixiviación, y se ha demostrado una toxicidad muy grave, que contamina napas de agua e, incluso, los vegetales que se cultivan en la zona, los que incorporan en su metabolismo arsénico y metales pesados, generando graves daños a la salud de las personas.
Lo mismo pasa en la Segunda Región. Hace unos años tuve una controversia muy dura con CODELCO, a propósito de una grave contaminación en el río Loa. Por desgracia, la empresa estatal en ese momento negó tal contaminación, la que después se comprobó.
Todo ello se debe al depósito o vertimiento de residuos mineros tóxicos y, fundamentalmente, al cierre inadecuado de faenas mineras.
Chile tendrá que pensar en tratar lo relativo a tales depósitos abandonados, pues constituyen un riesgo potencial no resuelto para las comunidades, por la contaminación del agua y de los alimentos. Dado que la normativa se aplicará de aquí en adelante, la deuda ambiental es enorme en este país. Porque los residuos tóxicos se vienen acumulando por mal cierre de faenas mineras durante décadas.
Este es un punto sumamente relevante.
Aprovechando la presencia del Ministro de Minería, le planteo la necesidad de efectuar un mapeo de todas las zonas donde existen residuos mineros tóxicos masivos, para saber dónde se encuentran. Así, en esos sectores se podrá impedir el desarrollo de asentamientos humanos y de cultivos. Además, sirve para proteger napas de aguas superficiales y profundas que estarían en riesgo de contaminación.
Creo que el país necesita al menos saber dónde se localizan tales depósitos.
En algún momento habrá que enfrentar el tratamiento de los residuos. Con las técnicas tradicionales es casi imposible. Significa a veces sacar 50 centímetros de suelo para procesarlo, lo que implica un costo imposible de cubrir. Sin embargo, las tecnologías de uso de bacterias y de biorremediación son mucho más eficientes. En un tiempo más estarán a nuestro alcance.
Reitero: lo que sí cabe hacer desde ya es el levantamiento de la información, el mapeo de los residuos, los estudios analíticos, para saber en qué zonas se ubican los depósitos con elementos tóxicos y dónde los cierres inadecuados de faenas mineras dejaron situaciones complejas.
Ahora bien, hay una materia muy importante, señor Ministro, que debiera considerarse. De hecho, se presentó un proyecto en el Congreso sobre el particular. Hablo del establecimiento del delito ambiental.
Todas las sociedades modernas, todos los países desarrollados, respecto de sustancias tóxicas y residuos masivos, han instaurado el delito ambiental. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una ley llamada "De la cuna a la muerte", que persigue a quien deja un residuo peligroso desde que lo produce. Y aunque la empresa pertinente lo trate, sigue siendo responsable si el tratamiento fue inadecuado, así pasen cien años. Y se establecen sanciones penales por el incumplimiento.
Lo anterior me parece muy importante.
Estimo que los desincentivos contenidos en la ley en proyecto, que pueden ser razonables pero que son fundamentalmente multas, resultan del todo insuficientes. No basta una sanción penal solo cuando hay muerte o daño evidente a la salud de las personas. Debemos castigar los riesgos. Es decir, el solo vertimiento de una sustancia tóxica al medioambiente (al agua o al aire) en forma inadecuada, ilegal, premeditada y no casual, debe constituir un delito ambiental.
Chile tiene que homologarse a los derechos y a las garantías que posee la sociedad en todas las naciones del planeta y no ser una especie de paraíso, como lo es, para la violación y el incumplimiento de normas ambientales.
El presente proyecto es un avance. Pero se desarrolla en el contexto de una legislación ambiental totalmente precaria.
Quiero recordar que, en el último trámite de mejoramiento de la normativa ambiental, con el Senador señor Navarro presentamos mil indicaciones, que fueron rechazadas una por una. ¡Una por una! Hoy echamos de menos muchas de ellas. Y les aseguro que las extrañaremos más en el futuro. Tengo la convicción de que la mayoría de esas indicaciones terminará transformándose en leyes de la República, porque el país así lo va a demandar.
Por lo tanto, valoro la iniciativa, señor Ministro. Pero creo que nos queda todavía mucho por hacer.
Nos encontramos ante un problema heredado. Hay una falta de conciencia histórica al respecto y una visión desarrollista transversal en Chile.
De una vez por todas se requiere que la sociedad entienda que aquí se está jugando una parte del proyecto país.
Si Chile, entre otras cosas, desea ser una potencia alimentaria, no lo logrará si recursos como el agua y el suelo están llenos de arsénico o metales pesados, o si tenemos la huella de carbono más alta del mundo. Naciones como Australia ya empezaron a gravar y a rotular los productos en esa dirección y a exigir que se indique la huella de carbono de ellos. Y se aplicarán barreras paraarancelarias ligadas precisamente a la emisión per cápita de carbono.
Lamentablemente, Chile, con esta política brutal donde solo priman los intereses económicos -estos definen las estrategias energéticas y no un proyecto o una apuesta país-, se está convirtiendo en una nación tremendamente vulnerable.
A mi juicio, más allá de los colores políticos, es necesario cambiar la estrategia ambiental que ha regido en los últimos 20 años y reflexionar sobre la materia.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, quiero hacer algunos comentarios sobre el proyecto.
El primero es que, sin duda, constituye un avance. Para lograrlo, en el debate se pusieron en una balanza los distintos intereses en juego.
En un momento escuché decir que no era conveniente subir demasiado los requisitos en este ámbito, porque, de hacerlo, se generaría una desventaja: habría que pagar mucho por cuidar el medio ambiente al obligar a las empresas a realizar un trabajo de calidad en el cierre de faenas mineras.
Hoy se ha llegado a consenso respecto del punto de equilibrio, lo cual indudablemente es un paso adelante.
Sin embargo, queda pendiente lo relativo a los pasivos ambientales.
Se ha dicho que habrá una ley sobre el particular. Cabe preguntarse: ¿Por qué siempre necesitamos una normativa legal para hacer cosas obvias? ¿Por qué la principal empresa del Estado, CODELCO, que acumula una enorme cantidad de residuos de diferente naturaleza, no comienza desde ya, aprovechando el alto precio del cobre, a tratar sus residuos y pasivos ambientales?
Si solo se dedicara a procesar los diferentes relaves y no siguieran acumulando residuos, se ganaría mucha plata. ¡Muchísima plata! Ello significaría importantes ingresos para el país.
Varios nos preguntamos: ¿Por qué no se ataca el problema con mayor agresividad? ¿Por qué el Senado no logra enviarle una señal clara -por su intermedio, señor Presidente- al señor Ministro de Minería para que transmita esta necesidad a CODELCO, más allá de los conflictos y las discusiones habidas en la minera estatal?
En esto debiera haber consenso. Se precisa abordar con mayor celeridad el objetivo de tratar desde ya los pasivos ambientales, sin que sea necesaria una ley que lo imponga.
Hoy es más viable, precisamente por los altos precios del cobre, enfrentar tales asuntos.
Se dice que existe acuerdo para dictar una ley sobre la materia. Yo no he escuchado nada oficial. Quizás estoy equivocado, o bien, no se ha señalado con claridad en qué plazos se presentaría la iniciativa pertinente para tratar los pasivos ambientales.
Por último, señor Presidente, hay dos maneras de evaluar el impacto del proyecto en discusión.
La primera es sostener que, gracias a esta futura ley, ingresarán al país cerca de 10 mil millones de dólares. Ese podría ser el costo estimativo de cerrar las faenas mineras de aquí en adelante.
La otra forma de enfocar el impacto es señalar que ese ha sido el costo -demasiado grande, a mi juicio- que Chile ha debido cargar durante muchos años, a causa de la acción de empresas privadas transnacionales que nos han dejado un pasivo ambiental tremendo, que ellas ahora no asumen ni abordan. Pese a ello, es importante que a futuro sí lo hagan.
Se podrá valorar positivamente, como algunos plantean, el ingreso al país de esos 10 mil millones de dólares y lo que ello significa para la generación de empleos, por ejemplo. Esa es una forma de mirar la situación.
La otra sería considerar que hacerse cargo de los pasivos ambientales es una obligación mínima para los que explotan recursos que son de todos los chilenos y que se entregan mediante un sistema de concesión que muchos de nosotros no compartimos o del que cuestionamos su modalidad actual.
Señor Presidente, espero que algún día se discuta sobre la institucionalidad minera en nuestro país. Lo hemos hecho a veces; por ejemplo, cuando se trató el royalty, que terminó convirtiéndose en un impuesto específico; o cuando analizamos proyectos como el que nos ocupa.
Asimismo, ojalá en algún momento podamos generar un acuerdo sobre cómo se deben explotar recursos que pertenecen a todos los chilenos. Porque el sistema de concesiones, pese a que algunos lo defienden mucho, no es compartido por todos en su actual modo de funcionamiento. Hay quienes pensamos que debería haber una presencia pública mucho más activa en la explotación de nuestros recursos naturales. Parte de las tremendas utilidades -sin duda, son enormes riquezas- de las empresas mineras debería quedar en el país, en lugar de salir a otros destinos.
Señor Presidente, vamos a votar a favor.
Nos gustaría sí saber cuándo nos haremos cargo de los pasivos ambientales históricos; en particular, cuándo lo hará CODELCO.
Además, no perdemos la esperanza de que el sistema político sea capaz de escuchar lo que la gente dice en la calle, lo cual es un llamado de atención a nuestro trabajo pendiente.
El señor GIRARDI (Presidente).- No hay más inscritos.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI (Presidente).- El señor Ministro ha solicitado hacer uso de la palabra. Se la concederé después de concluir el procedimiento de votación.
Terminada la votación.
--Se aprueban las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados (33 votos a favor), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido, y queda despachado el proyecto.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor GOLBORNE (Ministro de Minería).- Señor Presidente, por su intermedio, agradezco a los señores Senadores que, por unanimidad, han aprobado el proyecto. Y en especial, a los miembros de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta por su trabajo: a las señoras Allende y Rincón y a los señores Gómez, Prokurica -la integró buena parte de la tramitación de la iniciativa-, Orpis y, en particular, a su Presidente, señor Cantero.
Este proyecto se originó en mensaje enviado al Senado por el Gobierno anterior; pero el actual lo modificó a través de una indicación sustitutiva que, como expresó el Senador señor Gómez, generó algunas diferencias de opinión. Sin embargo, supimos avanzar por el camino del diálogo y del entendimiento, estableciendo comisiones técnicas que abordaron el tema en detalle, de manera seria, con mucha profundidad, y logramos concordar un texto que fue aprobado unánimemente primero en la Comisión especializada y luego en la Sala.
La Cámara de Diputados introdujo algunas enmiendas y perfeccionamientos a la iniciativa y la aprobó por amplísima mayoría. Ahora ha sido ratificada por esta Corporación.
Quiero destacar y agradecer la forma en que hemos tramitado el proyecto, que, en mi concepto, muestra el camino adecuado para buscar consensos y, además, la manera de resolver problemas en lugar de crear otros nuevos.
Tenemos muchas más cosas que nos unen, especialmente en estas materias, para avanzar. Y así continuaremos adelante también -como se ha manifestado en algunas de las intervenciones- en otros tópicos: de seguridad minera, de cuidado del medio ambiente, en el tema energético.
En términos de seguridad minera -variable mencionada por dos o tres oradores-, se han adoptado medidas importantes, en el corto plazo, para evitar y mitigar la cantidad de accidentes fatales que ocurren en la minería.
Las cifras nos avalan. En 2011 llevamos menos de la mitad de accidentes que el año pasado a la misma fecha, lo que constituye un avance. Pero no es un avance del cual podamos sentirnos orgullosos, porque el fallecimiento de cualquier persona, de cualquier compatriota, de cualquier trabajador en una faena minera debe avergonzarnos y preocuparnos.
Sin embargo, se está progresando y así tenemos que seguir.
Espero que próximamente el Presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgue la ley en proyecto que se acaba de aprobar aquí y envíe al Parlamento una iniciativa en materia de seguridad minera y que también cambie la institucionalidad del sector. Ojalá entonces exista el mismo nivel de colaboración y de capacidad de entendimiento que en esta ocasión, para transitar hacia una minería más sustentable, más amigable y, al mismo tiempo, más productiva, para beneficio del país y de toda la comunidad nacional.
Le expreso mis agradecimientos a usted, señor Presidente, y, por su intermedio, a todos los señores Senadores.
Esta iniciativa, que ahora se transformará en ley, debe enorgullecernos a todos los chilenos porque permite dar un paso significativo hacia una minería más segura y responsable.