Regulación de cierre de faenas e instalaciones mineras

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, desde que asumió el Presidente Sebastián Piñera, se nos ha acusado de que somos una Oposición obstruccionista, que no ha permitido el despacho de proyectos de ley claves para el Gobierno,

Hoy estamos dando despacho definitivo a una iniciativa legal sobre cierre de faenas mineras -presentada por la Presidenta Bachelet en 2009-, lo que muestra de manera patente que, cuando hay disposición de las partes, se considera la opinión de la Oposición y se trabaja en igualdad de condiciones, podemos avanzar decididamente en pro de la gente y de la solución de sus necesidades más inmediatas.

Me parece bueno hacer memoria de la tramitación del proyecto en debate.

Durante 2010, el Ejecutivo decidió darle urgencia y presentar una indicación sustitutiva para eliminar aspectos claves de la iniciativa original de la Presidenta Bachelet, ante lo cual, junto con los colegas señora Allende y señor Gómez, señalamos no estar de acuerdo en esas modificaciones y que, por ello, no podíamos aprobarla.

Frente a lo anterior, el Ministro señor Golborne -quiero agradecer el hecho- llegó a un acuerdo para trabajar con asesores especializados de los Senadores representados en la Comisión, con el objeto de destrabar aquellos asuntos que nos parecían perjudiciales. Así lo resolvimos con los Senadores señora Allende y señores Orpis, Prokurica y Gómez.

El proyecto que hoy aprobaremos es fruto de ese acuerdo, el cual permitió que una iniciativa clave para el futuro de la minería de Chile pudiera ver la luz de manera definitiva y en un tiempo récord.

Señor Presidente, creemos que, siendo Chile una potencia minera y habiendo desarrollado una de las legislaciones más atractivas para la inversión en el sector, le falta todavía contar con una normativa que permita evitar los efectos negativos que deja la actividad minera en el territorio.

Durante los 200 años de vida independiente, nunca hemos contado con un instrumento que obligue a todas las empresas, públicas y privadas, a tomar algún tipo de medida para evitar que Chile se convierta en un país semejante al queso suizo, con muchos hoyos, y sin que nadie se preocupe efectivamente de generar condiciones para que tal situación no constituya un pasivo.

Cuando uno viaja en avión desde Santiago hacia el norte, se da cuenta de que hay cerros absolutamente escudriñados por el hombre, sin que se hayan adoptado medidas destinadas a impedir las condiciones negativas generadas por el entusiasmo minero que se da en algunos lugares.

Como muy bien saben los Senadores señora Allende y señor Prokurica, en Atacama se generan graves daños ambientales, provocados hace ya 50 años y que son difíciles de revertir. Lo mismo ocurre en las Regiones que representan los Senadores señores Gómez, Orpis y Cantero, este último Presidente de la Comisión de Minería.

Por consiguiente, el proyecto que hoy aprobaremos constituye un paso muy importante, pues obliga a todas las empresas, públicas o privadas, a contar con planes de cierre.

Todos sabemos que una faena minera puede durar 25, 30, 40 y hasta 50 años, y que las labores para su cierre pueden abarcar dos generaciones. Por eso, es necesario que las empresas tengan la obligación de ir generando desde ya condiciones financieras para que, llegado el momento, sus actividades no produzcan impactos ambientales significativos en su entorno.

La iniciativa básicamente incorpora las mismas líneas matrices de la del 2009; es decir, obliga a toda empresa minera, actual o futura, a desarrollar un plan que regule el cierre de sus faenas, el cual deberá presentarse al SERNAGEOMIN o a la institución que lo reemplace, con el objeto de desarrollarlo.

Asimismo, se genera un modelo de garantía de cumplimiento, de garantía financiera, que establece primordialmente que el sector privado, las empresas mineras y las sociedades responsables de ellas serán los que deberán garantizar en todo momento el financiamiento del cierre de las faenas.

El ámbito de aplicación del proyecto se extiende a las actividades mineras que superan las 10 mil toneladas mensuales de extracción.

Igualmente, se incorporó toda la cadena de valor de la industria asociada a explotación, prospección y explotación mineras.

En el fondo, una norma de carácter general que obliga a todas las faenas de más de 10 mil toneladas de extracción mensual de mineral a acogerse, en virtud de la ley, a un procedimiento general y a las auditorías relacionadas.

Cada auditoría vinculada a un plan de cierre, que no existía en el pasado, deberá realizarse cada cinco años; también cada vez que se produzca una modificación sustancial del proyecto y cuando el SERNAGEOMIN así lo disponga. Las auditorías deberán ser efectuadas por personas competentes, con más de 10 años de experiencia en el rubro.

Otro eje fundamental que también consideró el Gobierno anterior es la garantía financiera, que evitará en todo momento que el Estado tenga que recurrir a recursos públicos para solventar el plan de cierre de una faena minera, el cual ha de ser financiado íntegramente por el sector privado.

La garantía tiene carácter obligatorio, y su monto se determinará a partir de la estimación periódica del valor presente de los costos del plan de cierre. Equivaldrá a dos tercios de la vida útil de la faena cuando el plazo sea menor a 20 años; y cuando lo exceda será de 15 años como máximo.

Los instrumentos elegibles como garantía son de tres tipos: A1 (depósitos a la vista, boletas bancarias, etcétera); A2 (instrumentos financieros representativos de captación o deuda comprendidos en el decreto ley N° 3.500), y A3 (instrumentos de mayor riesgo).

La garantía -reitero- asegura que en todo momento sea el sector privado el que lleve a cabo los procesos de cierre de las faenas.

Agradezco que la iniciativa haya sido consensuada en las Comisiones de Minería y de Hacienda. Y, al respecto, hago un público reconocimiento al aporte del Ministro señor Golborne; a los Senadores miembros de las Comisiones de Minería y de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, quienes participaron en la discusión del proyecto y facilitaron un consenso casi pleno en todo su articulado.

Deseo reconocer también a quienes asesoraron a los integrantes de la Concertación en la Comisión: Neftalí Carabantes, Sara Larraín, Gonzalo Astorquiza y a los técnicos del Ministerio de Minería. Su aporte fue fundamental para despejar la iniciativa que hoy día tenemos a la vista y que debemos votar. Y me parece justo que sea parte de la historia de una ley tan importante para el desarrollo minero nacional.

En estas materias, señor Presidente, estamos dando cumplimiento a una deuda del país.

¿Quedan temas pendientes? Obviamente que sí.

Los pasivos ambientales mineros actuales siguen creando graves perjuicios para las Regiones mineras, respecto de las cuales nadie se hace cargo. Seguimos esperando el proyecto de seguridad laboral en faenas mineras y la reestructuración del SERNAGEOMIN, prometida por el Gobierno durante el rescate de los 33 mineros de Atacama el 2010.