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REAJUSTE DE INGRESO MÍNIMO


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimados colegas, el debate que estamos llevando a cabo en la Sala es de vital importancia para los ciudadanos de nuestro país y genera visiones encontradas en los economistas, en el Gobierno y, también, en el Parlamento.
Para algunos, el reajuste del sueldo mínimo solo tiene que ver con criterios macroeconómicos abstractos y con supuestos de la economía, como su teoría de la mano invisible (algo de esto discutimos en la sesión de esta mañana). Su incremento, por tanto, generará hipotéticamente perjuicios a la economía local al impedir que los trabajadores accedan a mejores condiciones de remuneración producto del aumento de los costos, etcétera.
Para otros -me incluyo entre ellos-, este tema se relaciona con las posibilidades de existencia de los trabajadores, de sus familias y de su entorno.
Creo que la fijación del ingreso mínimo mensual debe ir en consonancia con las necesidades vitales de una familia. En consecuencia, ha de estar ligada ya sea a la línea de la pobreza, ya sea al umbral de los requerimientos mínimos, pero no a la mera teoría del terror, que a algunos siempre les gusta mencionar cuando se discute este asunto.
Además del factor vivencial, pienso que no debemos eludir la reflexión sobre el impacto de un alza en el salario mínimo en otros ámbitos de la economía. Es así como, a la luz de muchos estudios que todos conocemos, no existe evidencia unívoca sobre su efecto en el desempleo, salvo en períodos de recesión económica, que no es el caso de hoy.
Se ha mencionado también que el aumento del ingreso mínimo afecta a las pymes.
Estimamos que nuestra preocupación por ellas debe ser central, pero respecto de las que realmente lo son y no cuando se trata de filiales de empresas más grandes, como desgraciadamente ocurre en nuestro país.
El Estado debe preocuparse de apoyar a las pymes con políticas económicas que las hagan más eficientes, con manejo de tecnología, con facilidades tributarias, con fomento empresarial, etcétera, y no pensar en que estarán condenadas a pagar malos salarios.
Lamentablemente, se las utiliza como excusa para no aumentar el salario mínimo, pero a su vez se les impide crecer más y mejor.
En momentos como este, en que el Gobierno se felicita por las cifras de crecimiento y las empresas muestran utilidades positivas en sus balances, es cuando esperamos que los trabajadores puedan ver los frutos del desarrollo.
Asimismo, es imprescindible que se incorpore la dimensión de las necesidades reales de las familias si queremos construir un país menos desigual.
Por eso, consideramos que la propuesta del Gobierno en la materia es menos que modesta (para no utilizar palabras más duras que se me ocurren ahora).
Un sueldo digno es la gran deuda de la justicia social en Chile. El Gobierno debe asumir un compromiso y acoger la propuesta de los trabajadores para un reajuste del ingreso mínimo mensual superior al ofrecido hoy día, teniendo en cuenta la presión inflacionaria que afecta a diario a los sectores medios y a los más vulnerables, especialmente en el área de los alimentos.
¡Más de 800 mil trabajadores reciben el salario mínimo; más de 800 mil familias deben hacer milagros y encomendarse al buen Dios para sobrevivir!
La pobreza de nuestro país se está reflejando en la nula capacidad de pago de los sectores que trabajan y tratan de vivir -o, mejor dicho, sobrevivir- con el indignante sueldo denominado hipócritamente "ingreso mínimo", que al final nivela para abajo.
La estafa, el fraude, la posible quiebra de una insignificante tienda como La Polar muestran una grieta profunda en el sistema económico imperante en Chile.
Y no solo eso.
El modelo económico impuesto a la fuerza, sin democracia, sin Congreso, sin representación ciudadana, fue considerado un milagro. Hoy, el mal llamado "milagro económico chileno" exhibe su cara más patética y cruda, que se traduce en que la mayoría de los chilenos y chilenas no ganan un salario digno y decente para comprar todo lo que el modelo -aparentemente- les ofrece a costa de deudas. Y las desigualdades se perpetúan y agudizan en forma odiosa.
Miles de chilenos viven en una fantasía que hoy termina de la forma más obvia: con la estafa de los empresarios de La Polar, quienes burlaron los inexistentes controles de la Superintendencia de Bancos, de la Contraloría, de PricewaterhouseCoopers, de la Bolsa y de todos los organismos e instituciones que debían estar informados de los delitos que estaban gestando los gerentes y dueños de esa multitienda.
Muhammad Yunus, el "banquero de los pobres", Premio Nobel de la Paz en 2006, decía en su libro Hacia un mundo sin pobreza: "Los pobres no tienen derechos humanos".
Pensar que una persona puede ser libre y desarrollar sus capacidades con menos de 200 mil pesos mensuales (400 dólares) es una burla para todos los connacionales.
Con 172 mil pesos, CIFRA QUE RECIBEN MÁS DE 800 MIL CHILENOS, definitivamente no se puede vivir. Eso solo alcanza para arrendar una pieza por 90 mil pesos; para que el jefe o la jefa de hogar que trabaje tome la micro o el metro todos los días; para pagar una cuenta de luz básica; para comprar 1 kilo de pan al día y 5 litros de parafina y 10 litros de leche al mes.
Si la familia que percibe ese dinero tiene deudas o debe enfrentar un imprevisto, ¡ni hablar!
¿Qué posibilidad les queda a las familias para acceder a otros bienes de consumo? Endeudarse en La Polar, Ripley, Lider, y terminar depositando los pocos ingresos que tienen en las cuentas que les abren las propias empresas del retail, cuyos intereses son exorbitantes y usurarios.
Señor Presidente, ¡el abuso debe llegar a su fin!
El salario mínimo que propone el Gobierno, sin acuerdo con los trabajadores, no satisface las necesidades básicas de una familia. Se debe incrementar su monto. También, hay que darle categoría de digno.
Se requiere una política a mediano plazo que incorpore de manera democrática a los diversos actores del mundo del trabajo en un diálogo vinculante, en que no sea el Gobierno de turno el que imponga su visión utilizando uno de los sistemas de fijación de sueldo mínimo que, a nivel comparado, arroja los peores resultados.
Sin duda, un gran acuerdo político o cualquier llamado a la unidad nacional deberían considerar como piedra angular la colocación del trabajo al centro de la estrategia de desarrollo.
Por ello, resulta necesario elaborar un plan nacional de reajuste del salario mínimo para acercarnos siquiera a la mitad inferior de los países de la OCDE, como Portugal y Eslovaquia, cuyo PIB per cápita gira en torno a los 20 mil dólares. Pero con un PIB verdadero y no con uno concebido bajo la tiranía de los promedios, que esconden la realidad de millones de familias en nuestro país, la cual no puede dejarnos tranquilos, menos cuando estas escuchan al Presidente de la República decir que Chile crece al 6,5 por ciento y que estamos casi en pleno empleo.
Tal como ha destacado la Iglesia católica, resulta totalmente indignante que haya personas que trabajen y sean pobres.
Asegurar sueldos dignos es la gran deuda que tenemos con los trabajadores. Solo así podremos instalar la equidad en nuestro país y terminar con las irritantes desigualdades.
Señor Presidente, si lo que acabo de expresar no es considerado por el Gobierno, votaré en contra de cada una de las normas del proyecto.
He dicho.