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DEBILIDADES DE SISTEMAS BURSÁTIL, BANCARIO Y DE PENSIONES


El señor LETELIER (Vicepresidente).- La presente sesión especial tiene la finalidad de recabar antecedentes sobre casos que han demostrado las debilidades del sistema bursátil, bancario y de pensiones.
Han sido invitados el señor Ministro de Hacienda y los Superintendentes de Pensiones, de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras.
Pido la autorización de la Sala para que puedan ingresar estos últimos.
Si no se formulan objeciones, se otorgará.
--Así se acuerda.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se propone una distribución de tiempo proporcional. Conforme a ello, se ofrecerán al señor Ministro -le damos la bienvenida- treinta minutos para su presentación, si lo considera necesario, y lapsos variables a los diferentes Comités, de acuerdo con la información que se les entregó, lo que corresponde a la presencia que registra cada bancada.
El señor GARCÍA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Sí, señor Senador.


El señor GARCÍA.- Señor Presidente, probablemente por un error mío, los Superintendentes han ingresado con algunos de sus asesores; pero creo que a todos nos interesará la información que estos van a entregar. Por lo tanto, solicito a la Mesa recabar la unanimidad de la Sala para que puedan permanecer en el Hemiciclo.
Gracias.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- No hay acuerdo, Su Señoría. Se ha autorizado el ingreso solo de los Superintendentes.
El señor ORPIS.- Se está pidiendo que se autorice.
El señor GARCÍA.- Así es, señor Presidente. Fue un error mío. Por eso, le pido a la Mesa solicitar...
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Usted no ha cometido ningún error, señor Senador. Entiendo su petición. Lo que ocurre es que no se registra unanimidad para acogerla. En consecuencia, me pone en una situación incómoda.
El acuerdo adoptado es el que señalé.
El señor GARCÍA.- No existe unanimidad, entonces.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Así es. No son necesarias mayores precisiones, a menos que se cuestione a la Mesa.
El señor PROKURICA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor NOVOA.- ¿Quién se opuso?
El señor PROKURICA.- Pido la palabra.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Los tiempos han sido distribuidos...
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.


El señor PROKURICA.- Señor Presidente, quienes no dan la unanimidad en las bancas de enfrente ejercen su derecho. Sin embargo, me parece absurdo...
El señor NOVOA.- ¡Es el señor Presidente el que no quiere!
El señor PROKURICA.- También tiene derecho a asumir esa posición. Pero...
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si me permite una interrupción, Su Señoría,...
El señor PROKURICA.- Estoy haciendo uso de la palabra, señor Presidente.
Decía que estimo absurdo citar a una sesión especial para escuchar a las autoridades a cargo de estos asuntos y, cuando se encuentran aquí, no dejarlas entrar a la Sala. En consecuencia, pareciera que hay gente que no quiere saber lo que expresarán. Y eso lo considero ridículo en el caso de alguien que realmente quiere sacar alguna conclusión, despejar el problema e imponerse de la verdad.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Disculpe que lo haya interrumpido, Su Señoría.
Pretendía solo aclarar que no fue el Vicepresidente que habla quien formuló la objeción, sino dos señores Senadores, lo que es de mi responsabilidad respetar.
Ello, si bien quizás en algún momento se podrá recabar de nuevo el acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, en nombre de la bancada del Partido por la Democracia, deseo consignar que, cuando el día 9 de junio recién pasado el gerente general interino de la empresa La Polar puso su media firma en la carta que comunicaba un hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros, dando cuenta de haberse enterado el Directorio de la existencia de prácticas reñidas con las políticas generales de la compañía acerca de la administración de la cartera de créditos y, por cierto, implementadas con su total desconocimiento, se puso en marcha un dispositivo jurídico tendiente a exculpar a los directores de responsabilidad civil y, posiblemente, penal en el que pasará a la historia como el mayor fraude cometido en la historia de Chile con ocasión del otorgamiento de créditos de consumo, el cual reviste un carácter masivo y afecta a más de 400 mil personas.
Durante un tiempo aún indeterminado, que podría ser de varios años, los ejecutivos de La Polar se dedicaron, con la complicidad de entidades auditoras y gracias a la negligencia de al menos dos superintendencias, a maquillar sus pasivos financieros, transformándolos en activos. Para ello, recurrieron al expediente de emplear mandatos irrevocables otorgados por los deudores para que, en su nombre y representación, y sin requerir su consentimiento y ni siquiera su conocimiento, la empresa pudiera efectuar repactaciones que, por arte de magia, transformaban deudas morosas en situación de castigo -y, por tanto, integrantes del pasivo de la sociedad- en activos por cobrar. De esta forma, la compañía se ahorraba las provisiones legales, que son pérdidas netas; mejoraba sus balances; elevaba artificialmente sus utilidades sobre el capital, y, en definitiva, favorecía la cotización de sus títulos en la Bolsa.
Como es evidente, el costo de las repactaciones suponía multiplicar varias veces el capital originalmente adeudado, con el consiguiente perjuicio para los clientes convertidos en víctimas.
Esta es la descripción general del modus operandi de la verdadera banda criminal que hoy en día todos condenan. Pero, al final, cuando las luces de los flashes de los medios olviden el asunto, esos 400 mil consumidores seguirán igual de endeudados que antes o más; los ejecutivos se habrán "reciclado" y limpiado pública y privadamente su imagen, y el sistema crediticio seguirá regido por normas depredatorias del patrimonio familiar.
En consecuencia, lo que se halla en el fondo de la cuestión, que sigue pasando inadvertido para las víctimas de La Polar y la inmensa mayoría de los chilenos, es un sistema crediticio amparado en normativas abusivas para los deudores.
La raíz del problema se encuentra precisamente en la razón por la cual los clientes de empresa cayeron en mora, y la única respuesta razonable es que las deudas que asumían eran a altas tasas de interés, con recargos sobre el capital, por concepto de seguros, tasas y comisiones especiales. Ello determinó que crecieran tanto que se volvieron impagables.
Al caer en mora, se les aplicaron a estos clientes dos figuras perversas, que legitiman el abuso comercial: en primer lugar, el interés compuesto, capitalizándose los intereses y pasando a devengar otros, lo que constituye el anatocismo, y, en segundo lugar, los intereses penales o moratorios, nada más ni nada menos que el interés máximo convencional en este caso, el cual asciende hoy en día casi a un 50 por ciento anual por sobre el capital. Ambas figuras, anatocismo e interés máximo convencional equivalente al 50 por ciento sobre el corriente, son dos instituciones incorporadas en nuestro derecho, en 1981, por la ley N° 18.010, sobre Operaciones de Crédito de Dinero.
La existencia de este entramado jurídico es lo que permite explicar, entre otras cosas, por qué la rentabilidad de la banca supera el 30 por ciento al año sobre el capital, pasando a ser una de las industrias lícitas más rentables, solo comparable a aquellas que se hallan al margen de la ley, como el tráfico de drogas y de armas y la trata de blancas.
Estimados colegas, en la tarde discutiremos en la Sala el proyecto de ley sobre ingreso mínimo mensual, que fija el piso remuneracional y se aplica hoy a más de un millón de trabajadores, y que no llega a 190 mil pesos. Y la mayoría de estas familias son las que complementan su consumo con un sistema crediticio que aplica tasas de interés usurarias. El modelo las ahoga doblemente: primero, con sueldos insuficientes; y luego, metiéndoles la mano al bolsillo para cobrar tales recargos.
Algunos se preguntan por qué no hay tantos sindicatos en nuestro país. La explicación, para muchos cientistas sociales, radica en que la gente se halla hiperendeudada y en que un trabajador en esas condiciones no se encuentra disponible para correr riesgos. Más vale pagar la deuda, seguir comprando el próximo mes y evitar caer en el famoso DICOM.
Señor Presidente, siento el deber moral de hacer un mea culpa, pues he sido parte del Congreso Nacional en los últimos 17 años y no he logrado cambiar la realidad descrita. Pero hoy en día, cuando hay cada vez más señales de que es algo que puede terminar estallándonos en la cara, desestabilizando nuestra economía y nuestra democracia, estimo que debemos generar con seriedad un gran consenso político para hacer frente al desafío común de crear un sistema financiero con créditos justos. Chile, si quiere progresar y desarrollarse, debe terminar con el anatocismo y la actual tasa del interés máximo convencional. No hacerlo es perpetuar un modelo de apropiación de los dineros de los trabajadores que, como digo, nos conducirá a la desestabilización del sistema económico y político.
Junto con otros Senadores -entre ellos, el Presidente de la Comisión de Economía, Honorable señor Zaldívar- estamos preparando para esta tarde una indicación al proyecto de ley sobre el SERNAC financiero, a fin de terminar con el anatocismo y establecer nuevos parámetros para el interés máximo convencional. Con ello, ponemos en discusión una serie de iniciativas legales que proponían estos cambios y que han sido presentadas a lo largo de los últimos años por distintos parlamentarios, tanto en la Cámara como en el Senado.
Esta es, a nuestro juicio, la única forma de enfrentar el escándalo de La Polar. Las demás medidas propuestas hasta el momento, como las fiscalizaciones de última hora, el inicio de acciones civiles y criminales contra los presuntos responsables o la aceleración del trámite del proyecto de ley del SERNAC financiero, son incapaces de hacerse cargo del problema de fondo que he expuesto. Su utilidad es menor y termina siendo solo pirotecnia, haciendo creer a la opinión pública que nos estamos encargando de dicha cuestión, en circunstancias de que ni siquiera la hemos abordado. Porque, si hacemos un mal diagnóstico, tendremos una peor solución. No es posible continuar con un sistema financiero sustentado en la indolencia de unos pocos que termina provocando la ruina y el sufrimiento de muchos.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Ha pedido la palabra el Ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín.
Entiendo que si lo considera necesario u oportuno, los señores Superintendentes podrán emitir una opinión dentro de los treinta minutos que se le han asignado al Ejecutivo.
El señor PROKURICA.- Pida la unanimidad de nuevo, señor Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Conforme.
Solicito la autorización de la Sala para que puedan entrar los asesores de los Superintendentes.
El señor ROSSI.- Ya se encuentran presentes estos últimos.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo?
Honorable señor Ruiz-Esquide, ¿sobre el punto?


El señor RUIZ-ESQUIDE.- Sí, señor Presidente. Creo que las intervenciones de algunos señores Senadores mientras se discutía si se quedaban o no las personas que habían ingresado son razón suficiente para oponernos ahora. Un Honorable colega nos imputó a nosotros la culpa de lo que pasó y esto fue un desorden. Como sea, en esta Corporación se respeta lo que la mayoría considera, de acuerdo al Reglamento.
Por mi parte, nunca he rechazado la entrada de algún representante del Ejecutivo. ¡Nunca! En esta ocasión, lo hago, porque la defensa que se hizo fue el peor abrazo del oso que pudieron darle al Gobierno.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si no hay acuerdo,...
El señor ROSSI.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi, para un asunto reglamentario.


El señor ROSSI.- Señor Presidente, solo deseo que se entienda bien nuestra posición.
Aquí no se está impidiendo el ingreso del Subsecretario o de los Superintendentes pertinentes. Ellos ya están en la Sala. De acceder a lo que se pide, sería como si nosotros trajéramos a todos nuestros asesores a la sesión.
Creo que no es necesario. Además, los representantes del Ejecutivo cuentan con todos los antecedentes.
¡Imaginen, Sus Señorías, si el Senador Navarro viniera con todos sus asesores...!
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Señor Ministro, le ofrezco disculpas por la interrupción.
Puede hacer uso de la palabra.


El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Gracias, señor Presidente.
Quiero compartir con el Senado una presentación preparada para esta sesión. Sus Señorías la podrán ver en las pantallas ubicadas en la parte superior de la Sala.
La señora RINCÓN.- ¿Y en las nuestras?
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- No sé si será posible mostrarla en sus computadores.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Veremos si ello es factible.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- De todos modos, voy a explicar los cuadros que se presentarán.
En primer lugar, quiero entregar algunos antecedentes.
Empresas La Polar es una sociedad anónima abierta, emisora de valores y títulos de deuda, cuyos principales accionistas son inversionistas institucionales (AFP, fondos mutuos, fondos de inversión y compañías de seguros) y corredores de bolsa (por cuenta propia y de terceros).
Su patrimonio bursátil al 31 de diciembre de 2010 alcanzaba a 844 mil millones de pesos (del orden de 1.800 millones de dólares).
A los precios de transacción actual, La Polar tiene una capitalización bursátil cercana a 300 millones de dólares.
En marzo de 2011 el detalle de la composición accionaria estaba conformado, en primer lugar, por las corredoras de bolsa. Debo explicar que una altísima cantidad de las acciones de las corredoras de bolsa son custodias de particulares (empresas, personas). Por lo tanto, no pertenecen directamente a ellas.
Los fondos de pensiones poseían poco más del 20 por ciento; los bancos, por cuenta de inversionistas extranjeros, 18,3 por ciento; fondos mutuos, 4,8 por ciento; administración general de fondos, 4,1 por ciento; bolsa de valores, 4,1 por ciento; compañías de seguros, 0,8 por ciento; y otros, 13,2 por ciento.
Esa era la composición accionaria.
¿Cuál fue el problema?
La primera falla se registró en la gestión de la cartera de crédito y en el manejo contable de la cartera de clientes. Más adelante voy a compartir algunos puntos sobre el hecho esencial del viernes 17 de junio pasado, que es muy esclarecedor respecto de este punto.
En primer término, se observa una sobreestimación del valor de los activos y de sus ingresos. Aquí hay dos elementos distintos: uno tiene que ver con los consumidores, y otro, con los balances y el maquillaje de las cifras contables.
La sobreestimación del valor de los activos se dio porque parte de las cuentas por cobrar eran incobrables; es decir, si se reflejan a valor par o con una provisión mínima, el activo aparece abultado. Y la de los ingresos, porque los intereses devengados por los créditos nunca se transformarían en pagos efectivos, dado que dicha cartera -tal como veremos después- se reprogramó varias veces en una proporción importante y, por tanto, hoy está siendo provisionada en forma mucho más amplia que en ese momento.
Parte de la cartera morosa -aquí encontramos una práctica que quedó al descubierto, o más bien, fue comprobada por confesión de la propia empresa en el hecho esencial del viernes de la semana pasada- fue registrada contablemente como "nuevos clientes", por montos superiores (a través de la figura de la repactación unilateral de las deudas, que ahora es ampliamente conocida), cubriendo el capital adeudado originalmente, los intereses penales y los reajustes.
El directorio de la empresa dio a conocer el día 17 de junio, mediante un hecho esencial, la divergencia entre la información financiera presentada por la administración y la real, con lo que se reconoce la existencia de un delito. Como vamos a ver en un momento más, esto contraviene el artículo 59 de la Ley de Mercado de Valores.
Tal situación data, aparentemente, desde al menos el año 2007 (aunque las primeras repactaciones son de 2003), y se fue incrementando después de la crisis de 2008. Corresponde a una práctica que venía dándose desde hace un tiempo.
En seguida, me gustaría formular algunos comentarios sobre la industria de las tarjetas de créditos no bancarias, porque es bien importante para el análisis que estamos haciendo.
En Chile la industria crediticia se encuentra segmentada por nivel de ingresos y por tipo de generador de créditos (bancos y comercio). Se trata de un caso bastante particular en el mundo, ya que el modelo chileno implica un tamaño de la cartera del comercio, del crédito comercial, cercano al 30 por ciento de las deudas de los consumidores.
La industria del retail no comparte su información comercial, como sí lo hacen los bancos. Así, es difícil efectuar una buena evaluación de los riesgos sistémicos para este tipo de clientes.
Lo anterior da espacio a que no puedan existir manejos óptimos en el riesgo de crédito de las carteras. No permite una buena diferenciación entre los clientes, lo que implica tasas de interés más altas para segmentos bajos y un subsidio cruzado de los buenos pagadores a los malos pagadores. Este opera en el sentido de que, si no se puede distinguir entre los buenos y los malos pagadores, se aplica una suerte de tasa promedio para cubrirse.
Al no existir información para esta clase de créditos hay poco espacio para competir por estos clientes, lo que finalmente resulta perjudicial para ellos.
La coordinación entre los reguladores para abordar este tipo de situaciones presenta también oportunidades de mejoras.
Por otra parte, el SERNAC, en su estado actual, no cuenta con todas las herramientas y atribuciones para proteger de manera más adecuada al consumidor financiero.
Además, aún existen problemas respecto a lo opaco del mercado crediticio (comisiones, seguros y otros cobros, que no se ven claramente reflejados en las tasas de interés).
Aquí estamos dando una suerte de diagnóstico, señor Presidente, pero tenemos una propuesta para cada uno de los puntos.
En el caso del SERNAC, está el proyecto que busca la creación del SERNAC financiero. En lo relativo a la opacidad del mercado crediticio, existe una iniciativa de reforma al mercado de capitales, que actualmente se encuentra en discusión en el Senado.
Lo anterior, sumado a cierta falta de educación financiera por parte de los consumidores, representa un desafío para la autoridad en orden a mejorarla.
A continuación, paso a relatar la cronología de los hechos.
En julio de 2010 el SERNAC informó a La Polar sobre 123 denuncias presentadas por consumidores, quienes acusaban a la firma de repactar unilateralmente las deudas. En agosto de ese año el Servicio Nacional del Consumidor inició una mediación para que la empresa compensara a los afectados y pusiera fin a tales prácticas.
El 22 de noviembre de 2010, La Polar entregó una propuesta consistente en revertir las negociaciones y los cargos; eliminar del DICOM a los deudores; efectuar un nuevo plan de reprogramación de la deuda con un descuento en los intereses de acuerdo al número de cuotas, y compensar el monto del reclamo con un cupón de 2 mil pesos para canjearlo por compras, entre otros compromisos.
El SERNAC otorgó a la demandada Inversiones SCG S.A un plazo razonable para que aplicara los beneficios y las compensaciones propuestos.
El 16 de febrero del año en curso, el SERNAC requirió la realización de una auditoría que diera cuenta del cumplimiento de la propuesta de solución, lo cual se materializó formalmente por la empresa el día 14 de abril.
Al revisar esa auditoría se pudo observar que no se cumplió de manera satisfactoria y oportuna la propuesta de solución ofrecida, que tenía por objeto eliminar aquella mala práctica comercial.
El 2 de junio último el SERNAC, en representación de varios afectados, demandó de manera colectiva a la multitienda La Polar ante el 1º Juzgado Civil de Santiago por los clientes que se vieron afectados debido a repactaciones unilaterales. Esta acción contra La Polar busca:
1.- Que se condene a la empresa a las multas establecidas en la Ley sobre Derechos de los Consumidores por cada una de las infracciones que ha cometido;
2.- Que se le ordene revertir todas las repactaciones unilaterales que se hayan efectuado indebidamente hasta antes del momento en que el consumidor incumplió su obligación;
3.- Que se terminen los cobros realizados indebidamente con relación a las renegociaciones; y
4.- Que se condene a la empresa al pago de las indemnizaciones correspondientes.
El 3 de junio -un día después y en un hecho separado- la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) recibió la presentación de un estudio de abogados, dirigida también a Empresas La Polar, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y el Banco Central, mediante la cual se efectúa una serie de consultas relativas al comportamiento de la cartera crediticia de La Polar y a la suficiencia de sus provisiones.
La SVS, junto con iniciar los análisis correspondientes, trasladó dicha presentación a Empresas La Polar a los efectos de que se pronunciara sobre las situaciones planteadas en la denuncia.
El 8 de junio La Polar informó que había tomado conocimiento de prácticas en la gestión de su cartera de crédito que, a juicio de sus directores, se encontraban en disconformidad con los criterios y parámetros establecidos por el directorio y que hacían necesaria la constitución de provisiones adicionales a las efectuadas hasta esa fecha.
Ese mismo día la SVS pidió a la empresa proporcionar dicha información relevante para el público en el más breve plazo, a través de un hecho esencial.
El 9 de junio La Polar informó, mediante hecho esencial, que las prácticas de la compañía relacionadas con las renegociaciones de deuda de los tenedores de tarjeta de crédito podrían tener un efecto en el nivel de provisiones adicionales requeridas por la compañía. Estas, según sus estimaciones -me refiero al hecho esencial del 9 de junio-, deberían encontrarse en un rango de entre 150 mil y 200 mil millones de pesos.
La administración de La Polar, a través de ese hecho esencial, dio a conocer diversas medidas tendientes a determinar los montos que, en definitiva, podrían afectar a sus estados financieros, así como respecto de reestructuraciones y consultorías para el mejoramiento de su cartera de créditos.
El 13 de junio, sobre la base de los nuevos antecedentes aportados por la compañía, la SVS resolvió decretar la suspensión inmediata de las transacciones de valores de La Polar y la instó a informar, mediante hecho esencial, acerca de las medidas adicionales adoptadas ante la situación que la afecta.
Asimismo, inició una fiscalización in situ a la empresa sobre el funcionamiento de sus sistemas y procedimientos de control interno relacionados con la información financiera de la sociedad.
El martes 14 de junio la empresa anunció que se citará a junta extraordinaria de accionistas para el próximo 8 de julio con el fin de dar a conocer todos los antecedentes relativos a la gestión de cartera, su efecto sobre provisiones y el resultado de su revisión externa, y de poner a disposición de los accionistas los informes de auditores externos en los últimos 6 años.
En cuanto tomaron conocimiento de tal situación, las Superintendencias pertinentes iniciaron procesos de levantamiento de información relevante y de investigación sobre posibles infracciones administrativas.
La SVS centró su investigación en lo siguiente:
1) Los accionistas de La Polar; la participación y el rol de los inversionistas institucionales (AFP, fondos mutuos y fondos de inversión, compañías de seguros); el endeudamiento de la sociedad (bonos, efectos de comercio, bonos securitizados); la revisión y stress test de covenants financieros, particularmente, los de endeudamiento y cobertura de gastos financieros.
2) Los planes de compensación de ejecutivos y directores de la sociedad y sus posiciones accionarias (bonos por desempeño y stock options).
3) El rol y la responsabilidad del directorio (incluido el comité de directores, sobre todo, considerando sociedades cuya propiedad esta atomizada y en la que no existe la figura de un controlador) y de los auditores externos; así como los potenciales abusos de mercado, como el uso de información privilegiada.
Adicionalmente, la investigación de la SVS también busca determinar la situación financiera de La Polar, mediante reuniones periódicas con su administración, a efectos de que presente una cuantificación precisa de su condición financiera, el monto exacto de las provisiones adicionales que se requieren y el tratamiento contable que corresponde darles a estas, es decir, si se deben reconocer en el ejercicio 2011 y/o afectan los resultados del 2010.
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, por su parte, se enfocó en monitorear el control de pagos en comercios asociados con La Polar (control semanal de condiciones de liquidez y ventas y de capital mínimo).
También, requirió información a los auditores externos sobre los procedimientos para verificar la suficiencia de las provisiones y la metodología utilizada en este proceso.
La Superintendencia de Pensiones centró su revisión en que las AFP vendan activos de la categoría "instrumentos restringidos", cuyo límite se traspasó al pasar los bonos de La Polar a la categoría de high yield o alto riesgo.
En el caso de los fondos A, B, C y D, el plazo para liquidar es de un año; en el del fondo E, de tres. La Polar tiene cerca de 560 millones de dólares en deuda, de los cuales 370 millones están en manos de las AFP. Si se activan los covenants (las cláusulas de los contratos de los bonos, por ejemplo, el de deuda sobre patrimonio), se forzaría a una renegociación.
El 17 de junio -esto es muy importante- la empresa, mediante hecho esencial, informó a la SVS, entre otras cosas, que la provisión completa estimada para la totalidad de la cartera de clientes es de 538 mil millones de pesos y dio a conocer un plan para la compañía.
Ese mismo día -había sido anunciado el día anterior por el Ministro de Hacienda- el Superintendente de Valores y Seguros interpuso una denuncia ante la Fiscalía Centro Norte por hechos que, a su juicio, revestían el carácter de delito.
En esa oportunidad también se realizó la presentación de un requerimiento de regularización del capital por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
El lunes 20 de junio recién pasado se reanudó la transacción de los títulos de la empresa, y los directores acordaron poner sus cargos a disposición de los accionistas en la junta citada para el 8 de julio del año en curso.
Por último, la junta de accionistas fue citada para hoy, 22 de junio, a fin de votar un aumento de capital por 400 millones de dólares.
Puedo informar que esa reunión terminó hace poco y que aprobó un incremento de capital de 100 mil millones de pesos, que es un poco superior a la mitad de lo sometido a votación, es decir, algo más de 200 millones de dólares. Este incremento, a juicio del nuevo presidente de la empresa, era la condición requerida para que la empresa tuviera viabilidad.
En resumen, inicialmente se había hablado de un aumento de capital de 400 millones de dólares, pero se llegó a uno de 100 mil millones de pesos.
Si examinamos los mecanismos de control de cualquier empresa en el esquema del actual ordenamiento chileno, observamos, en primer lugar, la plana ejecutiva y, más abajo, el directorio con su comité.
Aprovecho de recordar que en el año 2009 se aprobó una modificación a la Ley sobre Gobiernos Corporativos, que amplió las responsabilidades del directorio y del comité respectivo.
En el sistema de control, figuran luego los auditores externos, las clasificadoras de riesgo y, en una etapa posterior, los inversionistas- acreedores y los fiscalizadores.
Veamos lo relativo a las responsabilidades.
¿Quiénes son los responsables? Quienes idearon y ejecutaron el fraude.
La primera responsabilidad es de quienes planearon un sistema en que los resultados financieros de la empresa resultaron falsos.
Ello implica una manipulación de los datos y de los libros contables de la empresa, lo que constituye un delito -letra a) del artículo 59 de la Ley de Mercado de Valores- sancionado con penas de cárcel que van desde 541 días a 10 años.
La propia multitienda, a través del hecho esencial del 17 de junio recién pasado, comprobó que la información entregada a las bolsas, a la Superintendencia de Valores y Seguros y al mercado en general no se condecía con la realidad.
Quiero mostrar a Sus Señorías la información que entregó directamente La Polar.
Señor Presidente, solicito algo más de tiempo para extender mi explicación de este asunto tan complejo.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Lo proyectado en la pantalla es una copia de parte de lo que se informó mediante el hecho esencial del viernes pasado.
Como se observa en el resumen total de cartera, hay un millón 200 mil deudores; un monto de deuda de 736 mil millones de pesos y una provisión de 538 mil millones de pesos, que es enorme en comparación con el total.
Hasta este momento, la provisión informada por la empresa era de 118 mil millones de pesos; por lo tanto, la diferencia de provisión es de 420 mil millones de pesos.
El directorio, mediante el hecho esencial que envía, nos informa que la cartera del siguiente cuadro fue presentada en su momento al directorio como "Vigente". Ahí se registran 418 mil deudores, con un monto adeudado de 474 mil millones de pesos.
Reitero: eso fue mostrado al directorio como vigente.
A continuación, se exhibe un cuadro con la realidad de la cartera informada en ese mismo hecho esencial.
Se aprecia que esos 418 mil deudores con la misma deuda de 474 mil millones de pesos constituye una cartera no vigente, sino con renegociaciones unilaterales, ordenadas por años de morosidad hasta seis años y más.
Entonces, lo que se presentaba como cartera vigente en realidad era una cartera con numerosas reprogramaciones. Por tanto, estamos en presencia de un caso claro de falsificación de información; o sea, de fraude.
Continuando con las responsabilidades, cabe preguntarse: ¿Quiénes son los encargados de la preparación y difusión de la información financiera y de los mecanismos de control interno de la compañía? De acuerdo a nuestra legislación, es responsabilidad de la propia administración del emisor de valores (ejecutivos, directores y comité de directores).
La Ley de Sociedades Anónimas impone a los directores los deberes de diligencia y lealtad con la compañía, lo que se traduce en la obligación de informarse y pedir los antecedentes que sean necesarios.
Desde la reforma a la Ley sobre Gobiernos Corporativos, aprobada en 2009, los directorios y los comités de auditoría se ven enfrentados a exigencias, deberes y niveles de control nuevos.
El directorio, por ejemplo, debe definir una política conforme a la cual la información esencial sea comunicada y difundida inmediatamente. No es excusa para no informar el que no haya sesión de directorio.
Más allá de la prohibición legal de transar con información privilegiada, se hace responsable al directorio de velar por que no se abuse de los accionistas, para lo cual deberán adoptar una política interna que determine las reglas conforme a las cuales los ejecutivos principales podrán adquirir o enajenar valores de la sociedad, directa o indirectamente,.
Se establece, además, que el comité de directores debe estar siempre integrado por una mayoría de independientes. Si hay un solo independiente, este elige a los otros miembros de entre los demás directores. Pero en este caso tal cláusula no es aplicable, porque en realidad no hay controlador. Esa norma fue pensada para empresas que sí cuentan con uno. Si así fuera, el comité de directores debiera estar conformado por una mayoría de independientes.
Sin reemplazar al directorio, a dicho comité se le permite tener mayor oportunidad de revisar aspectos vinculados con la marcha de la empresa; analizar las operaciones con partes relacionadas y la interacción con los auditores, y proponer al directorio la mejor forma de proceder en cada caso.
En conclusión, la ignorancia no es eximente de responsabilidad, salvo que se demuestre que se tomaron todas las medidas razonables tendientes a estar plenamente informados y a entender a cabalidad los procesos internos y de control de la empresa.
Analicemos ahora el papel de los auditores externos.
Los auditores externos son firmas independientes de auditoría, cuya labor consiste principalmente en pronunciarse sobre los estados financieros de la empresa y, también, acerca del control de riesgos al interior de ella, a fin de verificar si los procedimientos son adecuados y si se cumplen.
De acuerdo a los estados financieros de La Polar, además de los modelos de scoring, la política de créditos depende "de la capacidad de pago, el comportamiento de pago, y las condiciones de mercado".
Como se ve en el cuadro, desde el año 2006 los informes de los auditores externos venían sin reparos ni observaciones.
Se observan dos auditores involucrados: en 2006, Ernst & Young, y de ahí en adelante, PricewaterhouseCoopers.
También se aprecia que la empresa transitó en cuanto a los principios contables desde el sistema antiguo hacia el IFRS. De hecho, la única observación que hay en todo ese período es para advertir en 2009 que la empresa está yendo hacia el sistema IFRS.
En términos técnicos, señor Presidente, el cuadro indica que los informes financieros venían limpios, sin observaciones.
Veamos ahora lo relativo a las clasificadoras de riesgo.
Para las empresas que emiten deuda, se requiere un informe de las clasificadoras de riesgo.
Al igual que los auditores externos, son firmas contratadas por el emisor. Se les paga por el servicio de analizar las empresas en profundidad para determinar el nivel de riesgo de invertir en ellas. No queda claro qué tipos de antecedentes solicitaron a La Polar y si los tuvieron a la vista para la emisión de sus opiniones.
Esa es una de las cosas que hoy está investigándose.
Resulta difícil entender cómo empresas de servicios especializados pudieron bajar la clasificación de riesgo de manera tan drástica: en ocho días la deuda cambió la calificación de "AA-" a "C", donde C es alto riesgo y AA- es una muy buena clasificación.
A continuación, analicemos el rol de la regulación.
Quiero ser muy claro en esta materia: en primer lugar -discutiremos el detalle después-, estamos preparados para enfrentar la situación y contamos con una serie de proyectos que apuntan en la dirección de mejorar la regulación.
Pero no hay regulación alguna en el mundo que pueda evitar completamente el delito y las malas prácticas en las empresas
Así como el mejor sistema de seguridad no puede evitar completamente el robo, la legislación y normativa deben buscar un equilibrio óptimo entre reglas claras, sanciones estrictas y la flexibilidad necesaria para que el mercado financiero se pueda desenvolver normalmente. Aun las economías más desarrolladas y con altos niveles de regulación y fiscalización, han enfrentado situaciones en que se defrauda a las personas y se abusa del sistema. Basta recordar ejemplos como Enron y Worldcom en Estados Unidos, y Blackrock y Barings en el Reino Unido.
Queremos sacar lecciones del caso La Polar. Estamos estudiando los antecedentes y la evidencia que surge de la investigación. Luego de tener toda la información, revisaremos la normativa y las leyes para ver qué hace falta a fin de disminuir al máximo las probabilidades de que esto ocurra nuevamente.
En seguida, analizaremos el papel de la Superintendencia de Valores y Seguros, por cuanto -como señalé- estamos hablando del rol general de la regulación.
Señor Presidente, Empresas La Polar es una sociedad anónima abierta, por lo que ella y sus acciones se encuentran desde el 2003 inscritas en el Registro de Valores que lleva la Superintendencia del ramo.
En cuanto se pusieron estos hechos en su conocimiento, ella adoptó medidas de distinta índole.
Primero, seguimiento de la situación financiera de La Polar: monitoreo de plan de contingencia implementado por esta empresa para lograr una cuantificación precisa acerca de su condición financiera, de las provisiones adicionales que se requieren y del tratamiento contable que le corresponde dar a ellas.
Segundo, monitoreo de endeudamiento de La Polar.
Acá se examinan bonos, efectos de comercio y bonos securitizados.
De otro lado, la revisión y sensibilidad de covenants financieros (de endeudamiento y cobertura de gastos financieros en las emisiones de bonos, que pueden gatillar negociaciones al respecto).
Tercero, análisis de efectos de situación de La Polar en el mercado: seguimiento de su comportamiento bursátil; posición de riesgo de inversionistas institucionales y otros supervisados por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Señor Presidente, en cuanto al procedimiento de investigación administrativa de La Polar, se halla la revisión de la actuación de la administración de la sociedad, su gobierno corporativo y de los auditores externos y clasificadores de riesgo involucrados a efecto de determinar las responsabilidades que les pudiera caber en este caso por infracciones a la Ley de Mercado de Valores, Ley de Sociedades Anónimas y Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Las acciones puntuales que se tomaron en esa dirección son:
Requerimiento...
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, concederemos unos minutos más al señor Ministro para que termine su exposición.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Puede continuar el señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, decía que las acciones puntuales que se tomaron en esa dirección son las siguientes:
- Requerimientos de copias de las actas de sesiones de directorio y del Comité de Directores de La Polar.
- Revisión de sistemas de incentivos y planes de compensación a ejecutivos.
- Solicitud de la lista de personas involucradas en la administración y proceso de toma de conocimiento de la situación de La Polar.
- Requerimiento a auditor externo de papeles de trabajo.
-Requerimiento a clasificadores de riesgo de la información considerada para efectos de emitir opiniones.
-Revisión de recomendaciones de acciones de La Polar por parte de corredoras.
-Reforzamiento del equipo de supervisión y auditoría en terreno.
-Reuniones indagatorias y toma de declaraciones a principales involucrados.
-Verificación de sistemas de información y registro de datos de la empresa.
En el marco de regulación y supervisión de emisores:
-Supervisión desarrollada por la Superintendencia de Valores y Seguros a emisores de diversas industrias bajo su control se construye -este es un punto muy importante para saber cómo es la supervisión- en gran medida sobre la base de la opinión emitida por los auditores externos y clasificadores de riesgo, y complementariamente, con revisiones selectivas de la información financiera proporcionada por los emisores.
- En materia regulatoria, a la Superintendencia le corresponde liderar procesos de mejora de estándares de la información financiera proporcionada por los emisores (por ejemplo, convergencia al sistema IFRS).
Con fecha viernes 17 de junio, la Superintendencia de Valores y Seguros entregó todos los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte respecto a hechos que a su juicio revisten carácter de delito, según el artículo 59 de la Ley de Mercado de Valores.
Quiero añadir que actualmente la Superintendencia investiga el uso de información privilegiada, lo cual viola lo dispuesto en la letra g) del artículo 60 de la Ley de Mercado de Valores.
A continuación revisaremos lo relativo a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
El marco regulatorio vigente desde 2006 asigna a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras el objetivo de velar por el normal funcionamiento de la cadena de pagos.
Acá quiero ser preciso respecto a qué se entiende por ello:
- Cuando la tarjeta de un emisor es usada como medio de pago en comercios asociados distintos del emisor.
- Debe velar, además, que las obligaciones que contrae con esos comercios fluyan normalmente.
También le establece el rol de fiscalizar a emisores no bancarios de tarjetas de créditos que pagan hasta 3 días hábiles después de la compra a comercios adheridos. El objeto es proteger al comercio afiliado para un pago oportuno.
El ámbito de la fiscalización comprende a emisores de tarjetas de créditos no bancarias con ventas sobre 1 millón de UF al año. El propósito de la regulación -esto es importante- no es regular el crédito ni la solvencia de los emisores de tarjetas no bancarias, sino garantizar el normal desenvolvimiento del sistema de pagos.
A la fecha, hay ocho sociedades inscritas en el Registro de Emisores y Operadores de Tarjetas de Crédito, en conformidad con el Capítulo III.J.1 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central y la Circular N°17 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
¿Cuáles son las herramientas de fiscalización de la SBIF?
Las herramientas que provee la normativa del Banco Central son:
-Fiscalización delegada en auditores externos que verifica cumplimiento de políticas, procedimientos y las normas del Banco Central.
-Evaluación por parte de la SBIF de la consistencia del informe del auditor.
-La fiscalización, entonces, es realizada mediante un informe de procedimientos acordados por los auditores externos de la compañía. Dicho informe consiste básicamente en verificar el cumplimiento de exigencias normativas; describir y verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de control y gestión de riesgos; recomendar correcciones en caso de incumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos, y analizar la suficiencia de las políticas anteriores y su aplicación para asegurar el cumplimiento íntegro y oportuno de las obligaciones de pago del emisor con las entidades afiliadas no relacionadas.
Señor Presidente, con fecha 9 de junio, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras citó a los auditores externos encargados del informe de procedimientos acordados. Y se solicitó un informe detallado del trabajo efectuado en Inversiones SCG -filial de Empresas La Polar, que es la emisora de las tarjetas de crédito-, que fue entregado el 14 de junio y hoy está en proceso de análisis por parte de la SBIF.
También citó al presidente y directores de la empresa, a quienes se les requirió mayores antecedentes por el Hecho Esencial publicado el 9 de junio.
Con fecha 14 de junio, la Superintendencia se constituyó en terreno en Inversiones SCG, con el fin de obtener información actualizada de la empresa que permita verificar el fiel cumplimiento de los compromisos de pagos por ventas en comercios afiliados distintos a Empresas La Polar, con una periodicidad estricta; verificar la mantención del capital...
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Excúseme, señor Ministro, pero los minutos que le concedimos adicionalmente se agotaron.
Pido nuevamente el acuerdo de la Sala para otorgarle más tiempo.
El señor NAVARRO.- Con cinco minutos bastaría.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Reitero al señor Ministro que la sesión tiene por objeto formular las consultas pertinentes sobre la materia. En el fondo, con la prolongación de su intervención, se está restando tiempo a los señores Senadores para que puedan exponer sus planteamientos.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, solo quiero decir que tomé muy en serio esta citación, por lo que preparé una presentación en la que pudiera entregar todos los antecedentes, con el objeto de que Sus Señorías pudieran formarse sus propias opiniones sobre la materia.
En todo caso, trataré de apurarme.
Decía que, que con fecha 14 de junio, la Superintendencia se constituyó en terreno en Inversiones SCG para verificar el fiel cumplimiento de los compromisos de pagos, mantener el capital mínimo exigido y recabar información sobre las políticas y procedimientos de crédito, así como de otros asuntos.
La SBIF -como se indica en el cuadro- está aplicando todos los instrumentos, medidas e investigaciones que la ley le permite para esclarecer este caso en el ámbito que le compete. Hasta el momento no hay ningún indicio de interrupción de la cadena de pagos: al 9 de junio -esto es muy relevante-, por el uso de las tarjetas en comercios asociados, había deudas del orden de 2 millones de dólares.
Con fecha 17 de junio la SBIF comunica al emisor de tarjetas Inversiones SCG que tiene 5 días hábiles para aclarar cómo enterará el capital mínimo de 100 mil UF, bajo el apercibimiento de revocar la licencia para emitir tarjetas de crédito.
La Superintendencia evalúa posibles acciones judiciales por infracción a la normativa aplicable.
A continuación, quiero revisar rápidamente lo tocante al rol de la Superintendencia de Pensiones.
Las acciones de La Polar tienen una presencia bursátil de ciento por ciento, por lo que la inversión que realicen los Fondos de Pensiones en ella se computa en el límite general de inversiones, tanto por instrumento como por emisor, en conformidad a lo dispuesto por el DL N° 3.500.
Siguen siendo elegibles las acciones -hoy mantienen presencia bursátil- y representan 0,21 por ciento del total de los activos de las AFP.
Los bonos de La Polar actualmente poseen la clasificación C, que es de alto riesgo.
De acuerdo a esto, deben eliminar la inversión en tres años, y significan 0,24 por ciento del total de activos.
¿Qué medidas adoptó la Superintendencia de Pensiones?
Por el Oficio N° 13.869, se solicitó a las Administradoras informar gestiones emprendidas con respecto a la inversión en La Polar S.A. para asegurar una adecuada rentabilidad y seguridad de los fondos administrados.
Se citó en forma separada a cada una de las AFP para conocer su actuar.
Y se está fiscalizando el proceder de las AFP y el cumplimiento de sus obligaciones legales con relación a este caso.
Paso, en seguida, al papel del Ministerio de Hacienda.
¿Cuál es el rol de este Ministerio?
El Ministerio de Hacienda debe velar por la estabilidad del sistema financiero y diseñar las políticas y proponer la legislación adecuada para el buen funcionamiento del mercado financiero. A su vez, nuestro foco también está en los consumidores, de manera complementaria a lo que hace el SERNAC.
Apenas el Ministerio tomó conocimiento de las graves denuncias, se adoptaron todas las medidas para evaluar los antecedentes y descartar una crisis financiera, así como un posible riesgo sistémico.
Igualmente se citó a sesiones extraordinarias del Comité de Mercado de Capitales en reiteradas oportunidades y se solicitó la entrega de antecedentes en base a los cuales se coordinó la labor de los entes fiscalizadores.
Quiero mostrar algunos antecedentes sobre el impacto de esta situación en las personas.
El retail tiene una amplia participación en el mercado de colocaciones de consumo. Sus Señorías pueden ver en el cuadro que el sector bancario representa el 57 por ciento, y el retail, el 15 por ciento. En este último porcentaje, La Polar figura con la segunda participación: 28,6 por ciento. Falabella aparece con la primera: 28,8 por ciento.
Sin embargo, esa era la deuda a marzo de 2011. Hay que entender que hoy, con las provisiones, ella es bastante menor y, por lo tanto, la participación ha caído.
Por otro lado, La Polar tiene del orden de 9 mil trabajadores.
Ahora quiero mostrarles los efectos sobre el sistema financiero, cuestión que ha preocupado mucho.
¿Hay contagio sobre el sistema financiero? ¿Qué ha pasado con las acciones del sector comercio y del bancario?
La evidencia indica que en los índices bursátiles del retail hay un pequeño efecto, pero estos luego se recuperan. En consecuencia, lo que el gráfico nos muestra es que la situación es considerada por el mercado como un caso aislado.
En los índices bursátiles de la banca tampoco se aprecia un contagio por la caída de las acciones de La Polar.
¿Y qué ha pasado con los bonos del sector comercio? No hay un aumento en la TIR de los bonos del comercio, pero sí hay un enorme incremento en la TIR de los bonos de La Polar.
Por consiguiente, tampoco vemos un contagio en términos de los bonos del sector comercio.
¿Qué ha ocurrido con el sistema financiero? En general, no hay efecto sobre los bonos del sector bancario.
Finalmente, deseo entregarles una información que también se relaciona con los efectos en el sistema financiero.
¿Quiénes son los acreedores de La Polar, en un sentido amplio?
La deuda bancaria de dicha tienda se estima que es del orden de 258 millones de dólares. Esta cifra representa alrededor del 1,2 por ciento del patrimonio del sistema bancario. Por tanto, tampoco vemos ahí -como otra forma de entenderlo- un riesgo sistémico; es decir, el sistema bancario no se halla de ninguna manera amenazado por la situación de La Polar.
La deuda de bonos asciende a 451 millones de dólares, de los cuales 376 millones corresponden a los Fondos de Pensiones.
En términos de acciones, los Fondos de Pensiones tenían 330 millones de dólares, de un total de 538 millones de dólares.
Y la totalidad de acreedores suma alrededor de 1.200 millones de dólares.
¿Cuáles son las soluciones legislativas en esta materia? ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Al respecto, quiero decir que muchas de ellas las habíamos planteado con bastante anticipación al estallido de este caso, y Sus Señorías las van a reconocer.
El proyecto de ley sobre información comercial -fui invitado a una sesión de la Cámara de Diputados para exponer acerca de él-, mediante el cual se consolida la deuda negativa y positiva de las personas -hoy día solo se consolida la negativa y de manera parcial-, se hace cargo del problema de sobreendeudamiento y de falta de información agregada de la banca y el retail, una de las causas que permitieron que La Polar tuviera niveles de deuda por cliente muy superiores a su real capacidad de pago. En forma adicional, vamos a poner un regulador y fiscalizador claro para las materias relativas al tratamiento de datos crediticios (SBIF) y otro para la relación con los consumidores (SERNAC).
En segundo lugar, el proyecto de ley que crea el Consejo de Estabilidad Financiera -anunciado hace un mes y medio o dos meses-incrementa el control de riesgos sistémicos del sistema financiero, aumentando el nivel de coordinación entre los reguladores y la supervisión consolidada sobre grupos financieros. Tal entidad estará conformada por el Presidente del Banco Central, los Superintendentes de Bancos, de Valores y Seguros y de Pensiones y el Ministro de Hacienda.
Adicionalmente, presentaremos el proyecto de ley que transforma la SVS en la Comisión de Valores y Seguros -también informado hace un tiempo-, cuya dirección será colegiada, modernizando a dicha Superintendencia para dotarla de mayor autonomía, recursos y capacidad normativa, fiscalizadora y sancionatoria.
Vamos a plantear además un proyecto de ley sobre supervisión basada en riesgo para compañías de seguros -lo anunciamos asimismo hace algunas semanas-, que avanza en incrementar el rol y responsabilidad del directorio (el cual debe diseñar una política de control de riesgo y fiscalizar su cumplimiento), ejecutivos principales, auditores externos y actuarios; al mismo tiempo que amplía las herramientas, recursos y facultades de la SVS para actuar en forma preventiva en caso de que una compañía vea incrementado su riesgo.
El proyecto de ley de SERNAC Financiero ustedes ya lo conocen, de modo que me lo salto en aras del tiempo; pero, en términos generales, dota de mayores facultades a ese servicio para poder lidiar con los problemas de los consumidores financieros.
Y paso a las conclusiones, que son las siguientes:
-Estamos en presencia de un delito que provoca al Gobierno y a este Ministerio la mayor indignación debido al abuso cometido con los consumidores y al grave daño a la confianza del mercado y sus agentes.
-De acuerdo a los antecedentes aportados a esta fecha respecto de los efectos del fraude, podemos afirmar categóricamente que no estamos frente a una crisis financiera ni existe riesgo sistémico sobre el sistema de pagos.
-Estamos evaluando en profundidad hoy día a todos los demás proveedores de créditos a fin de descartar que otras casas comerciales se encuentren en situaciones similares.
-El Ministerio de Hacienda ha adoptado y seguirá impulsando todas las medidas necesarias tendientes a hacer cumplir la legislación vigente, perseguir a los infractores y detectar cualquier espacio regulatorio que requiera de mayor análisis, presentando a la brevedad los proyectos de ley que hemos anunciado.
Gracias, señor Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra al Senador señor Muñoz Aburto.


El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, Honorables colegas, Gabriel García Márquez ha prodigado a la literatura novelas célebres. Sus obras han dado paso a frases o dichos que hoy forman parte de la terminología universal. Dos de sus conceptos reflejan plenamente lo que nuestra sociedad y miles de deudores y accionistas de La Polar están viviendo: Crónica de una muerte anunciada y Macondo.
Crónica de una muerte anunciada, por cuanto todos supieron que esto iba a pasar. Desde el inicio de la crisis financiera, diversos analistas y clasificadores advertían los peligros que ella representaba para La Polar. Sin embargo, la empresa mentía y los análisis irresponsables de auditores internos, externos y de clasificadores de riesgos recogían falsedades como la siguiente: "a partir del segundo semestre de 2008 (...) la empresa restringió sus políticas crediticias limitando ciertos productos y estableciendo pautas más restrictivas en la originación de créditos, así como un fuerte énfasis en la cobranza de los mismos".
Pero ya el 2010 había cierta certeza de lo que pasaba. El SERNAC denunció las repactaciones automáticas y empezaba a hacerse patente que algo no andaba bien en la cartera de clientes de la tienda.
El Informe de Feller Rate para octubre de 2010 nos indica: "Consecuentemente, la empresa muestra un incremento en la deuda promedio de sus clientes, con mayores plazos promedio de pago. La cartera renegociada incrementó su participación relativa en el mix de productos financieros, llegando a representar un 40% del stock de cartera en septiembre de 2008, disminuyendo actualmente al 19%".
¡Curioso! El 2009 nos decían que la mora disminuía y era razonable, y el 2010, que la cartera renegociada era del 40 por ciento en el 2008 y había bajado al 19 por ciento. ¿No llamó la atención a nadie esta discordancia?
Me parece que todo esto es muy grave.
Las dudas son muchas.
La primera y fundamental, señor Ministro, es: ¿hasta dónde se halla contaminado nuestro retail por estas prácticas? ¿Tendremos una segunda deuda subordinada para salvar esta vez al retail?
Luego, en lo puntual, señor Ministro y señor Superintendente, ¿por qué la Superintendencia de Valores y Seguros no recoge en el año 2010 estas señales? ¿No llama la atención una cartera renegociada en un 40 por ciento?
Los efectos hoy son cuantiosos: miles de consumidores estafados; miles de trabajadores con sus empleos en serio riesgo; además, la situación ha impactado en los Fondos de Pensiones. Las AFP tenían derecho a colocar miembros en el directorio y, sin embargo, parece que estos andaban de compras por la tienda.
Señora Superintendenta de Pensiones, ¿cómo es posible que los directores que representan a las AFP no hayan desempeñado un rol más proactivo y no hayan exigido mayor transparencia? ¿Cómo es posible que no hayan tenido ni una duda razonable de todo esto?
Los cotizantes son víctimas, pero las AFP son también culpables de este colapso. Sus directores se comportan como cualquier otro. Son uno más en un selecto club.
Señor Ministro, deseamos que la Superintendencia de Pensiones dicte un marco reglamentario que obligue a los directores nombrados por las AFP a actitudes más proactivas. Queremos que pidan auditorías, que se inquieten por los resultados, que exijan transparencia.
Decía que la obra de García Márquez sirve para graficar esta situación. Y el segundo concepto que se me viene a la cabeza es Macondo.
Macondo es lo que viven los millones de chilenos esclavos de las multitiendas y los bancos. Macondo es este país de "la bicicleta", donde los salarios no alcanzan y la gente se endeuda en una tienda para pagar en la otra, donde se le entrega tarjeta a cualquiera, sin medir su capacidad de pago. Ello, precisamente porque el negocio es que no pague, para someterlo a repactaciones usureras.
Señor Presidente, Honorables colegas, señores Ministros y Superintendentes, esto no da para más. No es posible seguir mirando al techo mientras millones de chilenos deben cinco veces su sueldo mensual, mientras jóvenes adquieren créditos a los 18 años, antes de contar con un empleo estable.
Necesitamos tres medidas urgentes, que he propuesto en el marco de lo que he llamado un "nuevo estatuto del crédito y los deudores".
1.- Tenemos que modificar la legislación en materia de tasas de interés y cobros adicionales. La tasa de interés corriente como promedio alienta el cartel bancario e impide la competencia. Las cobranzas y cargos adicionales son excesivos y esconden utilidades financieras. Por último, debemos sancionar drásticamente los abusos. Necesitamos multas que duelan e incluso clausuras.
2.- Requerimos una institucionalidad que proteja a los deudores y vele por un endeudamiento responsable. El SERNAC financiero puede ser un avance, siempre y cuando posea facultad para sancionar. Necesitamos una entidad administrativa que aplique sanciones, como la Dirección del Trabajo, y que estas sean apeladas ante los tribunales si la empresa lo desea. La idea es que la gente no pierda tres meses en el SERNAC para recibir una nota que señale que la empresa no aceptó la mediación. Ahorremos tiempo. Que el SERNAC sancione y que la empresa apele si no está conforme.
También requerimos velar por un endeudamiento razonable. No es posible seguir postergando el consolidado de deudas, que permitiría conocer la real capacidad de pago antes de entregar un préstamo.
3.- Por último -y a mi juicio lo más importante-, debemos legislar sobre la insolvencia. Lo vengo diciendo desde hace ya cinco años, cuando en 2006 presenté el primer proyecto sobre la materia.
Necesitamos una ley de insolvencia que evite a los chilenos el drama de "la bicicleta". La carencia de un sistema que permita salir de una situación de iliquidez es lo que lleva al sobreendeudamiento.
Hoy, quien no puede pagar, por cesantía, por enfermedad o simplemente porque, como se dice, "lo pilló la máquina", tiene dos alternativas. La primera es no pagar y comenzar la tortura de sucesivos juicios y embargos que debe atender uno a uno. Al final, queda sin bienes y sin pagar ni las costas. La segunda opción consiste en empezar a pedalear y pedir un crédito para cumplir con otro, mecanismo que algún día colapsa, cuando el nivel de endeudamiento es irremediable.
Estimados colegas, señor Ministro, propuse este mecanismo mediante un oficio al Subsecretario de Economía al asumir el Gobierno, y ni siquiera me contestó.
Señores Senadores de la Comisión de Constitución, donde se encuentra radicado el proyecto mencionado, o de la de Economía, donde podría ser analizado: requerimos una ley de insolvencia que permita a la gente, con un mediador o con un juez, abordar todas sus deudas en conjunto y someterlas a un procedimiento común de pago, con tasas y condiciones razonables.
Eso le evitará a nuestra sociedad "la bicicleta". Existe en las naciones más avanzadas. ¿Por qué no puede operar en nuestro país? Démosle a la ciudadanía la posibilidad del crédito para mejorar su estándar de vida, pero también una forma para salir del lío cuando se encuentra en la insolvencia.
Espero que se busque a los responsables y se apoye a los deudores; que las AFP hagan ahora lo que no hicieron antes, en resguardo de los fondos de los cotizantes, y especialmente, que aprendamos como sociedad.
El modelo de "la bicicleta" y del retail colapsó y requiere cambios urgentes: regular intereses y cobros indebidos; un SERNAC activo y sancionador y una ley de insolvencia.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.


El señor BIANCHI.- Señor Presidente, hemos escuchado atentamente la exposición del señor Ministro. Hace un par de días se hizo lo propio en la Comisión de Hacienda, donde intervinieron también los Superintendentes.
Efectivamente, nos encontramos frente a un problema respecto del cual -lo expresó el propio Ministro- se venía avanzando. Por desgracia, no se logró remediar a tiempo esta situación, tan particularmente grave, que enfrentan miles de miles de personas luego de los ya conocidos hechos ocurridos en la empresa La Polar.
No me explayaré mucho, señor Presidente. Solo quiero dejar planteadas algunas dudas.
Hace unos días venía en viaje y me tocó leer un diario donde aparecía un inserto a página completa de la empresa La Polar. En él casi se hacía ver que los culpables eran los deudores y que la compañía estaba intentando entregar una solución. Pero la empresa no asumía ni una sola responsabilidad frente a la dramática situación que Chile entero ha presenciado. El concepto de "caradura" quedó pequeño. Sinceramente, al leer ese inserto uno entiende que no solo no se asume la responsabilidad, sino que se intentará, en el mediano plazo, entregar soluciones que terminarán no siendo tales en la realidad.
Deseo explicar lo anterior.
La pregunta que uno debe hacerse es qué pasa con las personas que en su momento asumieron su deuda y la pagaron, con los intereses cobrados. ¿La Polar les devolverá esos dineros?
¿Qué pasa con las personas a las que les remataron sus bienes producto de su deuda? ¿La empresa La Polar se los devolverá o les reintegrará los dineros producto del remate efectuado?
Señor Presidente, lo que ocurre aquí es algo bastante práctico.
La presente negociación me parece no solo engañosa, sino que a ratos uno entiende poco sobre el tema. Porque si yo suscribo un contrato con la empresa y asumo un crédito con determinados intereses, en el momento de la repactación queda vigente el último y no el original. Por lo tanto, ¿sobre cuál contrato hará la negociación La Polar? ¿Se hará con efecto retroactivo, aplicando el primero, o entregará facilidades respecto de los contratos posteriores, que ya tienen reajustes por todos conocidos?
Francamente, esta situación me parece no solo extraña, sino vergonzosa.
¿Y qué pasa con el tema de las AFP?
Señor Presidente, perdóneme, ¡tres miembros de las AFP eran integrantes del directorio de La Polar! ¡Tres! ¿No tenían información? ¿No sabían nada sobre esto? ¿Y quién vuelve a pagar? ¡Moya! ¡Nosotros!
Hoy se ha dicho que el perjuicio es marginal para quienes se encuentran en el Fondo E. Pero eso no se ha explicado. Y pido, a través de esta intervención, que se nos indique cuál es el real daño a una persona que está próxima -en algunas horas, en algunos días- a jubilarse. ¿Tendrá un perjuicio? ¡Claro que sí!
Señor Presidente, solicito un poco más de tiempo para redondear y terminar la idea. Al Senador que intervino antes se le dieron diez minutos.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Puede continuar, Su Señoría.
El señor BIANCHI.- Gracias.
Y respecto de esta materia no solo quiero quedarme en su mención.
Ayer presenté una iniciativa -me acompañaron otros señores Senadores- que busca que los ejecutivos asuman su responsabilidad. ¡No puede ser que las AFP nos cobren por la mantención, administración, colocación e inversión de nuestros dineros y no asuman ninguna responsabilidad! Eso no solo es injusto; es realmente perverso.
El proyecto que presentamos ayer, del cual se va a dar cuenta hoy en la Sala, apunta a que se busque la responsabilidad de esos ejecutivos de las AFP. Porque -perdónenme- se volverá a repetir una situación absolutamente perjudicial para la población.
Que las autoridades competentes en la materia no me digan lo contrario, pues lo mismo pregunté el otro día a la Superintendencia de AFP, y me respondieron que esta era una situación marginal, menor. Entonces, quiero saber qué tan menor o qué tan marginal es el perjuicio que se le puede causar a una persona que está próxima a jubilar. Porque las AFP tienen importantes inversiones en la empresa La Polar.
¿Y quién va a colocar el dinero que mencionaba recién el señor Ministro? ¡Los bancos! ¿Y pueden las AFP invertir en fondos de alto riesgo?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
Le concederemos un minuto más.
Debo precisar a Su Señoría que el señor Senador que lo antecedió ocupó el tiempo de su Comité.
Puede continuar Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Gracias, señor Presidente.
Por respeto a mis estimados colegas termino mi intervención, dejando las consultas que he formulado.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.


El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, al igual que todos, y como lo ha expresado muy bien en su completa y extensa exposición el Ministro de Hacienda, vivimos un momento de mucha indignación colectiva, que se suma a otros hechos que han causado cierto malestar ciudadano que hacen que el ambiente en el país esté muy enrarecido.
Pero esta situación es particularmente dolorosa, porque ha afectado en forma directa a mucha gente. Según la cifra entregada se trata de casi medio millón de personas, más de 400 mil, que es un número demasiado elevado.
No se trata de un error menor que puede ocurrir en cualquier institución financiera. Aquí estamos frente a algo muchísimo más grave.
Siento un poco de molestia cuando uno de los fenómenos positivos del crecimiento económico del país en las últimas décadas, que ha permitido a mucha gente acceder al crédito de consumo para adquirir bienes y servicios que nunca estuvieron a su alcance, se ve traicionado por la forma de trabajar de una empresa -o quizás más de una- y el sistema de otorgamiento y mantención de créditos de consumo.
Y quiero hacer un paréntesis para referirme a algo que no guarda relación con lo que estamos tratando. Me parece que no se tiene la misma flexibilidad y sensibilidad para los créditos de los llamados "emprendimientos", de las pymes, que necesitan esforzadamente capitales de trabajo para así poder crecer.
Las experiencias de instituciones como BanIgualdad o el Fondo Esperanza demuestran que los chilenos y las chilenas son muy buenos pagadores, sobre todo las mujeres, cuando reciben pequeños préstamos que les significan un tremendo apoyo. Pero las pymes no han dispuesto del mismo acceso que se ha dado a los créditos de consumo.
La pregunta es, entonces, ¿qué nos pasó?
A mi juicio, este caso -cuya dimensión no sé si ya está acotada- debe ser investigado, fundamentalmente, porque si bien no ha provocado efectos -ojalá así sea- en el comercio o en el sistema financiero, sí ha causado un deterioro muy grave en la confianza pública respecto a las reglas del juego en aplicación. Y, probablemente, también podría tener un impacto internacional, dado que Chile es considerado un paradigma en la región, ya que ha ido avanzando gracias a que ha seguido ciertas preceptivas económicas que suponen, obviamente, restricciones sujetas a funcionamientos normativos e institucionales.
Por lo tanto, es aquí donde debemos poner el mayor énfasis.
Y, en cuanto a lo que se debe efectuar, deseo señalar algo muy simple, quizás hasta didáctico: antes de definir cómo seguir, tenemos que esclarecer totalmente los hechos.
La explicación que nos han dado hoy día ha sido muy completa, particularmente referente a lo ocurrido desde que esos episodios fueron conocidos. Me parece que la reacción de la autoridad ha sido extraordinariamente valiosa, plena y, además, de mucha fuerza.
No obstante, pienso que, antes de resolver qué vamos a hacer hacia el futuro como país frente a esta situación, debemos investigar primero lo acaecido en La Polar desde el momento en que comenzó a producirse la crisis. Me parece que eso es absolutamente necesario para ver, realmente, cómo se fue originando.
Además, es preciso identificar las responsabilidades de los diferentes actores: los ejecutivos que manejan la empresa; el directorio, que se supone es el responsable de los procedimientos internos; los auditores, quienes deben informar de manera independiente lo que ocurre en aquella; las clasificadoras de riesgo, que son las que van orientando el mercado; los inversionistas; los intermediarios financieros, que llevan a la gente a invertir.
Cuando uno conversa con algunas personas, señalan que compraron acciones hace dos o tres semanas inducidos por esas corredoras, las que, a su vez, fueron incitadas por alguien más. ¿Dónde está la cadena? No lo sabemos. Pero se debe pesquisar la cadena completa para averiguar dónde se produjo el problema.
Y, finalmente, están los reguladores, a quienes les corresponde operar sobre la base de la información que reciben, pero tienen que verificarla.
Por lo tanto, la identificación de responsabilidades se tiene que efectuar en forma muy completa.
Asimismo, como lo ha anunciado el propio señor Ministro, hay que constatar la existencia de situaciones similares en otras áreas del rubro, en otras tiendas o multitiendas del sector comercial, y, en general, en las instituciones financieras, porque el hecho en comento puede generarse no solo en el ámbito del comercio.
Esta es la oportunidad para dar una mirada más completa e identificar prácticas que eventualmente estuvieren repitiéndose en otros lugares y que podrían estar encubiertas en distintas formas.
Además, se requiere identificar cuáles son los vacíos normativos. Algunos ya se han considerado. El que dice relación a la consolidación de deudas es uno de los temas que más fuerza adquiere en estos minutos, porque parte de los problemas originados tiene que ver con este punto. A mí me sorprende la forma en que la gente toma esta situación, porque, en verdad, es asediada por las empresas que ofrecen las tarjetas de crédito.
Recuerdo que en Longaví se les preguntó a unas personas -no eran más de 12- que trabajaban para un pequeño productor, si tenían tarjetas. Todas respondieron que sí. Y cuando se les consultó cuántas. Ninguna poseía menos de cinco. Es decir, todas disponían de muchas tarjetas de crédito.
Entonces, uno podría pensar que la gente es irresponsable. La verdad es que a las personas les ofrecen un servicio y, simplemente, lo toman. Y, desgraciadamente, cuando no se tiene mucha cultura económica, solo les importa cuál va a ser el valor de la cuota. Y si pueden pagarla se meten en el crédito. Pero los consolidados personales no se hacen. No se saben los intereses ni mucho menos si están expuestas a situaciones como la repactación que hemos conocido.
En realidad, aquí hay un fenómeno que debe ser revisado desde el punto de vista legal y de los contratos que la gente suscribe. Porque esta se halla en una situación de exposición y de vulnerabilidad muy grande frente a esas prácticas, las cuales tienen el atractivo que le permiten adquirir muchos bienes. Por ejemplo, en un supermercado de Linares, una persona que estaba delante de nosotros pidió un crédito con una tarjeta para financiar el asado de Fiestas Patrias.
Lo anterior nos demuestra que estamos llegando a un exceso de laxitud en el otorgamiento de créditos, porque enganchan a la gente y no la sueltan nunca más, quedando eternamente comprometida.
Ciertamente esa circunstancia produce angustia. Uno puede decir que hay responsabilidad de la persona que asume el consumo, pero también existe un medio, un ambiente, que presiona de distintas formas y que induce a entrar en ese problema, el cual debemos enfrentar.
Es necesario apurar los procesos judiciales para determinar las responsabilidades civiles y penales pertinentes; llevar adelante los procesos administrativos, dado que se requiere avanzar en la Contraloría; identificar eventuales responsabilidades políticas, si fuera el caso; establecer las compensaciones que eventualmente corresponda pagar a los afectados -clientes de la empresa La Polar u otras; he oído de dos o tres más, que son pequeñas, pero que también podrían estar involucradas-, a los inversionistas o a los que sufrieron perjuicios por ser inducidos a esta situación.
Y, por cierto, se debe entregar una propuesta normativa, una vez aquilatados estos hechos, a fin de que con posterioridad podamos mirar todos los aspectos que han generado vacíos. Ello, no solo para evitar que se repita lo acontecido, sino fundamentalmente para asegurar que el sistema, y sobre todo la confianza pública, no se pierdan.
Porque, al final, cuando se pierde la confianza; cuando se deja de creer en el funcionamiento de las reglas económicas, por muy positivas que estas sean, muchos querrán cambiarlas, a pesar del enorme beneficio y desarrollo económico que ha tenido el país gracias a ellas.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Frei.


El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, como los colegas saben, la semana pasada analizamos la situación de La Polar en sesión celebrada por las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo, con asistencia de la señora Superintendenta de Pensiones y de los señores Superintendentes de Bancos e Instituciones Financieras, y de Valores y Seguros; el lunes último, en la reunión de la Comisión de Hacienda para conocer el Informe de Política Monetaria (IPoM), el Presidente del Banco Central también planteó el tema, y la presente sesión fue convocada especialmente para recabar antecedentes sobre ese y otros casos.
Ha habido reclamos de algunos Diputados que sostienen que nosotros estaríamos realizando una función fiscalizadora.
Yo creo que las reuniones mencionadas y el debate que estamos realizando en esta sesión demuestran que las tres eran muy necesarias, porque el Senado tiene que legislar sobre el particular.
Dado que el asunto es superextenso, centraré mis reflexiones solamente en tres puntos, con los cuales espero aportar.
Uno, todos los controles fallaron.
Incluso, un medio de prensa, al informar del caso, expresó: "10 controles que fallaron". Y en el décimo lugar aparece el Congreso, por no haber legislado en materia de consolidación de deudas.
Sin embargo, lo que más me impresiona es que fallaron instituciones tanto públicas como privadas. El señor Ministro de Hacienda nos ha demostrado aquí que los corredores de bolsa poseían el 34 por ciento de acciones de La Polar. ¿Estos no sabían lo que estaba pasando, en circunstancias de que el SERNAC hacía ya más de un año que estaba interviniendo al respecto?
¡Para qué hablar de las firmas clasificadoras de riesgo; de las auditoras!
Asimismo, los bancos controlaban el 18 por ciento de la empresa a través de inversionistas extranjeros, pese a que -repito- en el sistema se conocía la situación por la que atravesaba.
De otro lado, La Polar colocó bonos por más de 60 mil millones de pesos en los últimos meses.
Entonces, uno no se explica por qué nadie dijo nada.
Uno de los abogados del grupo denominado "sub 30", expresó: "Nadie quiso involucrarse porque todos salían perdiendo: La Polar, las reguladoras, las auditoras, las clasificadoras".
A mi juicio, más que salir perdiendo, se terminaba un gran negocio.
En estos días se ha informado que los ejecutivos de la empresa recibían bonos especiales contra resultados. Y como aquellos eran entregados en acciones, falseaban el balance para aumentar su precio y después las vendían. Y hemos conocido múltiples cambios que efectuaban no solo los ejecutivos, sino también los directores.
Por lo tanto, había mucho que ganar y los que pierden, en definitiva, son los de siempre. Por ejemplo, a la reunión de Directorio de hoy no pudieron entrar los pequeños accionistas. Se dijo que estaban representados por los corredores de bolsa. Y, según entiendo, también en una importante corredora de bolsa fueron despedidos algunos ejecutivos por el mismo caso.
O sea, los que manejaban las platas ahora van al Directorio de la empresa y dicen: "No pueden entrar los pequeños accionistas". Y solo lo hacen quienes la llevaron a esta situación.
Segundo punto. Estamos frente a una emergencia. Y el señor Ministro señaló claramente las funciones que se están cumpliendo.
Sin embargo, de todo lo que hemos escuchado en estos días lo que más me preocupa es lo que manifestó el Presidente del Banco Central, el lunes, al entregar el Informe sobre Política Monetaria: que era preciso reformar la legislación, regular, fiscalizar. Y agregó, en forma nítida y rotunda: "Aquí en Chile hay a lo menos 20 millones de tarjetas de crédito que nadie controla. ¿Por qué? Porque nosotros, como Banco Central, controlamos todas las tarjetas que emiten los bancos y las instituciones financieras. No tenemos ninguna manera de controlar las otras".
Por consiguiente, esa es una tarea primordial. Ello, porque -como dijo el Senador Larraín- cada persona cuenta con 5, 6, 8 o 10 tarjetas. El sistema financiero tiene alrededor de 7 millones, y todo el comercio, entre 15 y 20 millones de tarjetas. No se sabe exactamente cuántas. ¡Y ahí está el gran problema!
Resulta indispensable fiscalizar y poner coto a eso. Y es factible lograrlo, por una parte, mediante la consolidación de deudas, y por otra, a través de la intervención del Banco Central, al que debería otorgársele atribuciones legales para controlar los medios de pago. De lo contrario, será imposible controlar este aspecto.
Los bancos e instituciones financieras se hallan sujetas a mil regulaciones; a fiscalizaciones permanentes, día a día. En cambio, aquel sector opera sin ningún tipo de control.
Entonces, esa es una cuestión central por resolver en el próximo tiempo.
Y el tercer punto -y último, pues no deseo ocupar más tiempo-, dice relación a un hecho que sí me preocupa; que hemos denunciado en forma reiterada, y que vuelvo a plantear responsablemente: la semana pasada el Gobierno le pidió la renuncia a cinco directores de empresas públicas que eran, al mismo tiempo, directores de La Polar.
Eso es sumamente grave. Dichas personas -sus nombres salieron en la prensa- eran directores del Servicio de Empresas Públicas, de la CORFO; de la ENAMI, y de empresas metropolitanas de distintos rubros: sanitario, del transporte, concesionarias, etcétera.
Ello merece una respuesta y se la pido directamente al señor Ministro. ¡No puede ser que cinco directores de La Polar hayan sido, a la vez, directores de distintas empresas públicas!
El hecho descrito crea un conflicto de interés, claro y rotundo. Espero que la justicia persiga tales realidades.
¡Recién la semana anterior se les pidió la renuncia a esos cinco directores, quienes, a mi juicio, no deberían haber ocupado cargos directivos en empresas del Estado si tenían participación en una sociedad que todos sabíamos cómo estaba operando!
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.


El señor ESCALONA.- Señor Presidente, vale la pena rescatar el clima en que se desarrolla esta sesión, porque al final de cuentas resulta inevitable que un hecho que perjudica a medio millón de personas afecte también al sistema político.
En ese sentido, es del todo imposible señalar que el caso no debe extenderse al debate parlamentario o de las fuerzas políticas, porque su impacto es de tanta magnitud que la sociedad en su conjunto se pregunta qué pasó con el sistema político; qué rol juega y qué responsabilidad le cabe en lo ocurrido. Es decir, no puede ser un suceso que tiene lugar solo entre particulares.
Por desgracia, no resulta admisible circunscribir la situación a las malas prácticas del mundo privado. No es un hecho que se pueda limitar exclusivamente al desfalco, al robo o a la corrupción de ejecutivos del sector privado, sino que acá, de todos modos, hay responsabilidad del sistema político.
En efecto, existen responsabilidades que deben ser asumidas, en lo que corresponde, por los sectores políticos en su conjunto; pero, también en lo pertinente, por el Ejecutivo, sea como Jefe de Estado o como autoridad administrativa de la nación, en el período en que le toca gobernar.
Cuando las fuerzas políticas participan en comicios con el propósito de dirigir el país y ganan, asumen una responsabilidad por cuatro años. Si vuelven a ganar, ¡bueno!, se proyectarán un tiempo más.
Desde ese punto de vista, señor Presidente, considero que hay una responsabilidad que debiese asumir el Ministro de Economía haciendo dejación del cargo.
Y siento, asimismo, que el SERNAC no cumplió con toda su responsabilidad. En efecto, al formular una propuesta de intermediación privada y presentar públicamente los hechos en el curso del año 2010, entre otras cosas, permitió que este ilícito se prolongara en el tiempo y que -entre comillas- el mercado no tomara nota sino hasta el martes 14 de junio último -como ha señalado acá, de manera reiterada, el señor Ministro-, en que, a través de un hecho esencial, se consideró finalmente que se estaba defraudando a 418 mil familias.
Es decir, acá no resulta posible rehuir una responsabilidad que le corresponde a la autoridad que está ejerciendo la conducción del país.
Incluso más: creo que la forma en que el propio señor Ministro de Economía definió este hecho al hablar de "un accidente" indica claramente que hay en la autoridad una responsabilidad.
En este caso no ocurrió un accidente: había un ilícito en marcha desde hacía mucho tiempo.
Ahora, si -como se ha tratado de señalar- la Administración anterior tenía responsabilidad, ocurre que ella dejó el mando el 10 de marzo de 2010. Ha transcurrido, pues, más de un año.
Aun más: si funcionarios del Gobierno precedente deben aclarar su responsabilidad, tendrán que hacerlo.
Si, por ejemplo, se sindica que al señor Director del SERNAC en la Administración anterior le cabe responsabilidad, bueno, la Comisión investigadora de la Cámara de Diputado habrá de convocarlo. Y si esa Comisión determina que le asiste responsabilidad, deberá trasladar los antecedentes a los tribunales de justicia.
Pero la responsabilidad política se ejerce por dos caminos: o el Presidente de la República le pone término a la confianza política, o la propia persona considera que su autoridad política se halla lo suficientemente comprometida como para impedirle seguir ejerciendo las funciones que desempeña.
Estimo que en este caso hay una responsabilidad política pendiente y que no se ha hecho efectiva.
Porque, señor Presidente, medio millón de personas defraudadas implican que la autoridad administrativa tiene una responsabilidad política que no puede eludir.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, Stéphane Hessel, miembro de la Resistencia francesa y uno de los redactores de la Declaración de Derechos Humanos, acaba de sacudir a España con su texto ¡Indígnate! En él reclama porque "el poder del dinero, tan combatido por la Resistencia, nunca ha sido tan grande, insolente, egoísta con todos, desde sus propios siervos hasta las más altas esferas del Estado".
"Las financieras llevan a la crisis, salvan el pellejo y siguen gobernando a una Europa que no recupera el trabajo ni su nivel de ingresos y que debe realizar dolorosos ajustes fiscales para pagar la debacle que dejaron los señores del dinero. Es para indignarse, romper la indiferencia y llamar a la rebeldía pacífica", afirma ese anciano de 93 años.
Y lo logra.
La ola de protestas llega a Chile. Nuestros estudiantes universitarios reclaman con justicia que la educación es un derecho y no un privilegio. Nos miran con escepticismo cuando vacilamos en hacer valer la ley que proclama que las universidades son instituciones educativas sin fines de lucro.
No exagero si ahora señalo que millones nos observan angustiados -lo dijo el Honorable señor Escalona- preguntándose si el Senado tendrá palabras de justicia para una mujer llamada "Claudia", quien, como informaba un matutino el fin de semana, tenía 20 años cuando La Polar le dio una tarjeta con cupo de 50 mil pesos pese a estar sin trabajo alguno. Y, transcurrido el tiempo, su deuda aumentó a 3 millones 200 mil pesos, con crisis internacional de por medio y sin ocupación.
Hoy lo sabemos. Los ejecutivos de La Polar decidieron apostar fuerte por ofrecer créditos a familias con ingresos mensuales promedio no superiores a los 600 mil pesos y que viven en casas de 70 metros cuadrados o poco más. Son gente de esfuerzo que para comprarle un notebook al hijo que entró a la universidad terminaron endeudándose en esa multitienda por más de tres millones de pesos. ¡Seis veces el precio original!
Los ejecutivos de La Polar decidieron ir más lejos aún, llegando a mujeres como Claudia, cuyos ingresos familiares mensuales no alcanzan a los 300 mil pesos y viven en casas de 50 metros cuadrados.
Con la crisis del 2008, era obvio que esas personas entrarían en mora. Y aquí la codicia se elevó un grado más en su impudicia.
César Zárate, un trabajador de 32 años, se atrasó en dos pagos en el 2009. Y, cuando fue a cancelar ambas cuotas, se encontró con que la deuda, de 180 mil pesos, había sido repactada. Lo más curioso -cuenta- es que lo tramitaban para que no pagara. Andaba con 200 mil pesos en el bolsillo, pero le decían que debía esperar a que cayera el sistema. Y este caía a las 12 de la noche. "Me tramitaron" -relata César Zárate- "como dos meses, y al final me dijeron que la deuda era de 650 mil pesos".
Una fría, sistemática y bien pensada maquinaria de codicia y engaño
Hoy sabemos que detrás de esas repactaciones unilaterales se escondía una fría maquinaria de engaño y abuso.
Eso queda claro con la presentación del señor Ministro de Hacienda.
Mujeres de ingresos no más altos que los de sus víctimas eran pagadas para "normalizar" a los deudores impagos.
Una de ellas declaró que se normalizaba para "liberar, o sea, rescatar a los clientes morosos como número y no perderlos. Por eso tenían que liberar la deuda para que La Polar, me imagino, tuviera números azules. Normalizábamos cuando se hablaba de que el volumen de provisiones era muy alto. Entonces, nosotros teníamos que liberar. ¿De qué manera? Bajando ese volumen. Los números eran azules y el valor de las acciones subía. De ahí viene la historia de por qué teníamos tanto número de clientes sin ningún respaldo. Nos encontrábamos con clientes que eran dueñas de casa, asesoras del hogar o estudiantes de 18 años que ya estaban en Dicom. Nos preguntábamos por qué les daban crédito a ellos. Yo pienso" -señala- "que lo hacían para tener un mayor número. Y cuando las personas se daban cuenta de la situación y reclamaban, se les preguntaba: `¿pero usted se dio cuenta de que su crédito está habilitado?'. Y como sabían que esas personas no podían pagar sus deudas, a pesar de las `generosas repactaciones', no se les autorizaba para gastar en La Polar, pero sí podían cargar celulares o comprar en farmacias".
Aquí hubo un jefe de proyecto, un programador, un software, personas que maquinaron conscientemente. Y ello debe figurar en los análisis de los directores de las empresas Collette en los petit comité.
La maquinaria de codicia montada en La Polar logró su objetivo. Varios directores y ejecutivos enajenaron, entre enero de 2010 y enero de 2011, acciones de la firma por 15 millones de dólares. Algunos de ellos, mientras cobraban los mal habidos incentivos llamados "stocks options", integraban los directorios de empresas públicas -lo dijo el Senador Eduardo Frei-, entre ellas sanitarias que están siendo vendidas a precio vil.
La semana pasada se nos informó que el Gobierno les pidió la renuncia a esas personas. Tuvimos que señalar públicamente aquello con el Honorable señor Frei para que el Ejecutivo reaccionara.
¡Más vale tarde que nunca...! Ciertamente. Pero el daño a la fe pública está hecho y la herida es profunda y duradera.
Fue, entonces, toda una maquinación para engañar a gente de esfuerzo, muchos de ellos humildes hijos de la clase media chilena.
Por ello, resultaron lamentables las palabras del señor Ministro de Economía cuando señaló que, "Así como existen los accidentes automovilísticos, también existen los accidentes financieros, y las regulaciones en esta materia están bien hechas".
Los accidentes son fruto del azar o de la imprudencia, señor Ministro, no de la deliberada, sistemática y manifiesta intención de engañar al prójimo. Eso se llama "robo", no "accidente".
Seamos igualmente claros en declarar que, si no se trata de un accidente, tampoco es un caso aislado.
¿Quién lo dice? Los empresarios honestos del comercio de Linares, quienes le mandaron al Presidente de la Cámara Chilena de Comercio una carta donde señalan que la indignación es justa, pues las acciones del retail "atentan e impactan transversalmente contra el libre mercado, a través de la concentración y de los abusos de posición dominante, cobros abusivos y discriminatorios en contra o en perjuicio del pequeño comercio establecido regional; sin generar las bases de un comercio justo y competitivo, anexo a ello, afecta al consumidor final, al proveedor de las cadenas comerciales, a los empleados de las mismas y a los accionistas minoritarios".
Suscribe esa misiva don Pablo Navarrete, Presidente de la Cámara de Comercio de Linares.
A grandes males, grandes soluciones
Es obvio que el Senado debe alentar las investigaciones civiles y penales conducentes a hacer efectiva la responsabilidad de los directores de La Polar con su patrimonio. Hay que regular y eliminar los conflictos de intereses entre las compañías y las empresas auditoras externas. Los gobiernos corporativos deben ser mejorados, evitando que pocas personas asuman muchas responsabilidades en distintas sociedades anónimas. Los derechos de los accionistas minoristas tienen que ser reforzados. El proyecto de ley sobre deuda consolidada y el que crea el SERNAC financiero han de aprobarse. Para que la economía de mercado funcione bien debe haber mercados completos, simetría en la información y libre competencia. Cuando ello no existe, los dueños de La Polar gobiernan nuestras vidas.
Nada de esto habría ocurrido si los sindicatos de trabajadores y las asociaciones de consumidores hubiesen sido escuchados.
Actualmente hay nueve mil personas cuyos empleos peligran. Estos trabajadores, además, son agredidos...
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Perdón, señora Senadora, pero concluyó su tiempo. Ya le dimos un minuto adicional.
La señora RINCÓN.- Necesito menos de un minuto, señor Presidente, para cerrar mi intervención.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Puede hacerlo, Su Señoría.
La señora RINCÓN.- Decía que, además, aquellos trabajadores son agredidos por deudores indignados. No responden sus jefes, quienes, mientras retiraban miles de millones de pesos en primas y bonos, pagaban sueldos de 280 mil pesos, según me confesaron los dirigentes sindicales hace algunos días.
¿Qué estamos aguardando para fortalecer el sindicalismo y el asociativismo en Chile? ¿Qué esperamos para tener sueldos dignos y justos (esta tarde debatiremos el proyecto sobre reajuste del ingreso mínimo)? ¿Qué esperamos para reaccionar?
He dicho.

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Solicito el acuerdo unánime de la Sala para prorrogar la hora de término de la sesión hasta que intervengan los restantes Senadores inscritos.
Pido, también, autorización para que el Honorable señor Zaldívar me reemplace en la testera.
El señor LONGUEIRA.- No hay acuerdo para prorrogar la sesión, señor Presidente,...
El señor LETELIER (Vicepresidente).- ¿No?
El señor LONGUEIRA.-... porque no lo hubo para que entraran los asesores de los superintendentes.
La señora ALLENDE.- ¡Las víctimas de La Polar le van a dar las gracias al Senador Longueira...!
El señor LETELIER (Vicepresidente).- No existiendo acuerdo para prorrogarla, se levanta la sesión.