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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 359ª
Sesión 25ª, en martes 14 de junio de 2011
Ordinaria
(De 16:19 a 19:41)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR GUIDO GIRARDI LAVÍN, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
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INDULTO GENERAL


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimados colegas, el tema del indulto no es nuevo en el debate público: no lo es hoy, cuando estamos discutiendo un proyecto de ley sobre indulto general enviado por el Ejecutivo; no lo fue en agosto del año pasado, cuando la Iglesia católica le presentó al Presidente de la República una propuesta de indulto general, ni tampoco durante la campaña presidencial anterior, en que fue utilizado hasta la saciedad por quienes en esa época eran Oposición y hoy son Gobierno.
Antes de entrar al detalle de la iniciativa, me parece bueno recordar algunas cosas.
Dicen que, en política, lo que se da por sabido no se dice y por no decirlo se olvida.
Creo pertinente, entonces, hacer memoria en esta discusión.
Durante la campaña presidencial, una de las cuestiones que cruzaron el debate fue la acusación por un indulto que otorgó el Presidente Frei, hoy Senador y en ese momento candidato de la Concertación.
Revisando los diarios de la época, podemos leer frases del siguiente tenor formuladas por el en ese tiempo candidato Sebastián Piñera:
"No hay que confundir un indulto excepcional por razones humanitarias con haber indultado a un narcotraficante que ingresó 500 kilos de cocaína a Chile. Eso no es un indulto, eso es un verdadero insulto. Si yo soy Presidente de Chile, voy a estar siempre del lado de las víctimas, de la gente inocente, de la gente que sufre y voy a combatir con toda la fuerza del mundo y con todo el rigor de la ley a los narcotraficantes que destruyen a nuestra juventud y los delincuentes que les han robado a la gente honesta su derecho a vivir en paz y tranquilidad".
Pues bien, una vez asumido el Gobierno del Presidente Piñera, el 21 de julio de 2010 la Iglesia católica, encabezada por Monseñor Goic y el Cardenal Errázuriz, presentó su propuesta de indulto general denominada "Una mesa para todos en el Bicentenario", que señalaba:
"1. Que los condenados por sentencia ejecutoriada -con las restricciones que la autoridad competente considere prudente establecer, como, por ejemplo, delitos de sangre-, que en los últimos años hayan tenido buena conducta en los recintos carcelarios y no constituyan un peligro para la sociedad:
"a. Puedan ver reducidas parcialmente sus penas privativas o restrictivas de libertad.
"b. Además de lo señalado, que se conceda una reducción adicional a quienes tengan más de 70 años de edad.
"c. Igualmente, que a las mujeres que tengan uno o más hijos menores de 18 años se les conceda también una reducción adicional.
"d. Que a las personas condenadas privadas de libertad que padezcan alguna enfermedad invalidante, grave e irrecuperable, se les conmute su pena por otra, que no deba cumplir en las condiciones más aflictivas de la cárcel.
"e. Que a los enfermos terminales, debidamente comprobados por la instancia competente, se les condone el saldo de las penas que les reste por cumplir.
"2. Que se mejoren sustancialmente las condiciones de vida de quienes cumplen penas privativas o restrictivas de libertad.".
"3. Que se modifique la legislación que se refiere a las penas, en lo que atañe a los condenados de edad muy avanzada y a quienes estén gravemente aquejados de una enfermedad terminal.".
"4. No sería completa la "mesa para todos" si no consideráramos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el Régimen Militar.".
Ante la propuesta de la Iglesia Católica, el Gobierno, por intermedio del Ministro señor Hinzpeter, señaló en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que la propuesta de indulto de la Iglesia Católica se puede alejar de los dominios propios de la institución.
"Siento que a veces la Iglesia hace planteamientos en campos que no son los estrictamente propios de la confesión religiosa".
Quisiera agregar que el Senado logró el 19 de enero de 2011 un proyecto de acuerdo en la materia.
Luego de tan amplio debate, el recién pasado 15 de marzo ingresaron a esta Corporación dos iniciativas de ley tendientes a reducir el elevado y generalizado nivel de hacinamiento e inhabitabilidad que se vive en nuestras cárceles y centros de detención. Abordan los siguientes temas: indulto general conmutativo, reforma al procedimiento para otorgar la libertad condicional e introducción de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad.
El primero de ellos es el que nos convoca el día de hoy: indulto general conmutativo. El proyecto estuvo cruzado por la tragedia de la cárcel de San Miguel, acaecida a fines del año pasado, en la cual murieron decenas de jóvenes reclusos. Ese hecho determinó que la cruda realidad de los recintos penitenciarios nos golpeara en la cara.
Frente a lo anterior, me parece válido hacerse la siguiente pregunta: ¿el hacinamiento en los penales, las condiciones inhumanas en los centros de reclusión, se solucionan por la vía que nos ocupa? Me parece que la respuesta es NO. Y lo es porque el problema no se resolverá con este tipo de medidas: se debe enfrentar con políticas de Estado, con el aumento de los recursos de Gendarmería, con acciones de prevención del delito.
Deseo recordar el proyecto de acuerdo aprobado por esta Corporación el 19 de enero recién pasado, suscrito por los Senadores señoras Alvear, Allende, Pérez (doña Lily) y la que habla y señores Orpis, Chahuán, Escalona, Frei (don Eduardo), García, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Novoa, Pérez Varela, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Patricio), Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
Ese documento expresa que el sistema penitenciario se encuentra actualmente en crisis; que la reforma procesal penal, la cual ha sido exitosa, lo ha impactado; que una de las demandas ciudadanas dice relación con la seguridad, respecto de la cual no bastan las medidas de sanción, sino que también son necesarias la prevención y la reinserción; que el sistema penitenciario no puede girar en torno a la mera retribución por el acto cometido, sino que debe tener como norte la reinserción social de los sancionados penalmente, sin que la prisión sea la respuesta principal, obviamente, y que se debe abrir paso a alternativas de las penas privativas de libertad; que existe acuerdo transversal en que el sistema penitenciario requiere reformas profundas que lo hagan responder de manera más humana, en las que se brinde protección a las personas que se encuentran bajo su custodia y se apunte a lograr la reinserción social; y que el artículo undécimo transitorio de la ley Nº 20.426 establece que los Ministerios de Justicia y de Hacienda, en el ejercicio de sus funciones y dentro del ámbito de sus competencias, deben formular y presentar al Presidente de la República una propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia de reinserción social.
¿Y qué determinamos sobre el particular? Solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República la presentación, en el plazo de 60 días, de un plan de reforma integral del sistema penitenciario, con metas a corto, mediano y largo plazo que abarquen, al menos, las siguientes medidas:
-Nueva institucionalidad para la reinserción social de las personas sujetas a control penal.
-Fortalecimiento de las alternativas a la prisión.
-Regulación de la figura del juez de ejecución de penas.
-Creación de una infraestructura penitenciaria que responda a estándares de derechos humanos.
También se discutió largamente -ello no fue parte del proyecto de acuerdo, pero sí del rico debate desarrollado en la Comisión de Constitución- lo relativo a la dictación de una ley que terminara derechamente con el sistema de reclusión nocturna, lo que significaría de inmediato que 2 mil 500 personas quedasen fuera del hacinamiento carcelario.
Hasta hoy, el Gobierno no responde al planteamiento hecho por la Presidenta de la Comisión, Senadora señora Alvear.
Pasa el tiempo y no vemos claridad en estas materias. Las iniciativas que el Ejecutivo trae a la discusión parlamentaria no resuelven el asunto en su esencia; no lo hacen definitivamente. El proyecto en debate solo permite hacer espacio en las cárceles hasta que estas vuelven a ser llenadas.
¿Necesitaremos otro incendio, otras víctimas silenciosas, para un nuevo indulto? ¿Tranquilizaremos nuestras conciencias, durante un tiempo, hasta que las llamas hagan gritar nuevamente un sistema que requiere reformas estructurales?
No, señor Presidente. No puedo ser cómplice de la perpetuación de algo que a todas luces y unánimemente consideramos inadecuado.
Hoy, nuestro país nos reclama una acción decidida y verdadera en ámbitos relevantes como los siguientes:
Reforma educacional. El 80 por ciento del gasto en educación lo hacen las familias. Solo un 20 por ciento lo aporta el Estado.
Energía necesaria para el desarrollo. Este último no llega a las comunas que aportan con su patrimonio medioambiental a generarla.
Reformas laborales. No se reciben, señor Presidente. Perdón, se llevan a cabo por la vía de dictámenes de la Dirección del Trabajo, a espaldas de la ciudadanía y, por cierto, del Congreso, y en desmedro de los trabajadores.
Seguridad. Anuncios atractivos no resuelven la causa real de la dificultad, sino que solo alivian transitoriamente una cuestión de hacinamiento y dejan tranquilas las conciencias de algunos. Se hace referencia a problemas éticos. No nos engañemos: es solo una vendita que tapa la herida, pero no la cura.
Abusos del mercado. Cuentas de electricidad escandalosas; seguros que no se contratan o que, cuando se exigen o impetran o demandan, son un chiste. Nuestro propio escándalo financiero ha estallado en una empresa en la que se ha transgredido en forma violenta la más absoluta regla de la ética.
Le pido al señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente- que se comprometa en el Senado a un cambio real en materia de seguridad.
Me tocó, como Intendenta de la Región Metropolitana, la implementación de la última etapa de la reforma procesal penal. Discutimos con Carabineros, Policía de Investigaciones, gendarmes, secretarios regionales ministeriales, Ministro del Interior, lo que entendíamos por política de seguridad. Y no se trataba solo de construir cárceles, sino también de hacernos cargo de la prevención y rehabilitación. Eso, querido Senador señor Chadwick, es considerar el tema como algo integral y completo.
No pretendamos tapar el sol con un dedo. Es imposible.
Y, finalmente, si es tan amplia la convicción de que nos hallamos ante algo urgente, como ha dicho nuestro Honorable colega, ¿entonces por qué han pasado casi siete meses y el Primer Mandatario no ha firmado más que tres indultos para hacerse cargo de personas que lo están pasando mal en las cárceles y no ha utilizado una facultad que las leyes le entregan, no para indultos generales, sino particulares, que requerirán un poco más de tinta y esfuerzo, y que es posible aplicar?
Por ello, mi voto es en contra del proyecto de ley.