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OBLIGATORIEDAD DE ROTULACIÓN EN ALIMENTOS TRANSGÉNICOS


El señor LETELIER (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece la obligatoriedad de rotulación en alimentos transgénicos, con informes de las Comisiones de Salud y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3818-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 27ª, en 21 de junio de 2006.
Informes de Comisión:
Salud: sesión 16ª, en 10 de mayo de 2011.
Medio Ambiente y Bienes Nacionales: sesión 16ª, en 10 de mayo de 2011.
Discusión:
Sesión 22ª, en 1 de junio de 2011 (queda para segunda discusión).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de esta iniciativa es establecer la obligación de que en los envases de alimentos humanos en que se hayan empleado ingredientes o aditivos genéticamente modificados, en la proporción que se señala, ello se indique expresamente en sus etiquetas. Y se contemplan sanciones para el caso de que se infrinja esta obligación.
En la sesión del miércoles 1° de junio se dejó pendiente la discusión de esta iniciativa, y quedaron inscritos para intervenir los Senadores señora Rincón; señores Cantero, Gómez, Lagos, Tuma, Coloma y Girardi, y señora Alvear.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- De acuerdo al orden de inscripción indicado, tiene la palabra la Honorable señora Rincón.


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, en estos días hemos logrado instalar en el debate en nuestro país el tema de los alimentos transgénicos.
Algunos sostienen que las decisiones tomadas en el Parlamento nada tienen que ver con aquello. Y la verdad es que estamos discutiendo en él un conjunto de normativas relacionadas, todas las cuales apuntan en una misma dirección. Tanto es así que le pedimos al Presidente de la República, hace aproximadamente dos meses, declarar una moratoria para tratar todas las materias incluidas en ellas; hacer un alto en el camino para la reflexión, el análisis y el debate.
Me refiero al Convenio UPOV 91, a la Ley de Obtentores Vegetales, a la Ley de Transgénicos, a la Ley de Plaguicidas y al proyecto que hoy nos convoca, atinente a la rotulación de alimentos transgénicos.
Existen distintas visiones sobre el particular, señor Presidente.
Hay quienes afirman que los alimentos transgénicos no constituyen peligro para el medio ambiente ni para la salud de las personas; que son una ventaja evidente para la economía y la agricultura de los países. Otros aseveran exactamente lo contrario: que Chile debiera optar por la producción de alimentos orgánicos; que no podemos hipotecar a nuestros agricultores; que debiéramos apostar a los mercados europeos, los cuales están demandando "alimentos bio", como los llaman en Alemania.
Esta es una discusión tremendamente significativa. Y creo que, como nación, hemos de abrirnos al debate, al análisis, a oír a expertos de ambas corrientes.
Escuchábamos hace algunos días al científico e investigador Pablo Valenzuela, quien hablaba en un medio radial a favor de ese tipo de alimentos. Y oíamos y leíamos a Humberto Maturana, quien manifestaba exactamente lo contrario.
Señor Presidente, cuando uno recoge la discusión habida en torno a este proyecto de ley y, además, la ve reflejada en el informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, se da cuenta de que existen opiniones diversas sobre el particular.
Pero, sin ir al fondo del debate -es necesario, sí, hacerlo; y, al respecto, les agradezco a los asesores del Presidente de la República (al "segundo piso") el que nos hayan llamado para pedirnos los antecedentes a fin de revisarlos-, creo que debemos seguir la corriente de los países de Europa, que informan a los consumidores sobre lo que se está ofreciendo en el mercado.
En Chile consumimos aceite transgénico en la más absoluta ignorancia de esta característica. Y nos parece que ello no corresponde.
En tal sentido, este proyecto de ley, a mi entender, va por el camino correcto.
En efecto, nos da la oportunidad de relevar una vez más un asunto en el que hemos venido insistiendo con un conjunto de Senadores en orden a abrir el debate sobre los alimentos transgénicos; a abrir la discusión acerca de los instrumentos que estamos analizando en el Parlamento, y a poner encima de la mesa todos los antecedentes que hay en la materia.
Esta es una cuestión de salud pública, de medio ambiente; pero también es un problema económico que afecta a los países.
Tenemos un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional que señala que las naciones en vías de desarrollo que han optado por la producción de alimentos transgénicos no han mejorado su situación económica, sino que se han empobrecido.
Quiero expresar por último, señor Presidente, que el Tribunal Constitucional acogió a trámite un recurso que 17 Senadores presentamos en contra del Convenio UPOV 91, aprobado en este Parlamento.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.


El señor CANTERO.- Señor Presidente, lo concerniente a los alimentos transgénicos preocupa a la ciudadanía. Ha habido atención sobre la materia. Se le ha dado a la temática una interpretación mucho más global que lo que el proyecto en debate busca conseguir.
En lo esencial, esta iniciativa pretende la rotulación de los alimentos con hasta 1 por ciento de sustancias transgénicas. Y esto ha dado lugar a debate, porque algunos señalan que tal situación representa riesgos para el comercio.
Creo que la información nunca es dañina, más aún cuando le permite al ciudadano elegir informadamente si quiere consumir un alimento transgénico o que contenga determinado porcentaje de elementos de tal naturaleza.
En general, estoy a favor de una rotulación que posibilite saber exactamente qué se está consumiendo. Me parece que eso le hace bien a la gente.
Ahora, señor Presidente, quiero hacer un comentario.
En el último tiempo ha habido en nuestro país una polémica en torno a los alimentos transgénicos, en particular después de la aprobación del UPOV 91, que muchos sectores sociales han interpretado erróneamente como la privatización o la venta de las semillas tradicionales.
Sé que ese es un asunto colateral. Empero, pasa a ser central cuando algunos ciudadanos piden explicaciones sobre la materia.
Dentro de tal contexto se viene a discutir este proyecto de ley, que busca informar a los consumidores qué productos son efectivamente transgénicos o fueron elaborados con ingredientes de este tipo.
Asimismo, existe incertidumbre por la falta de evidencia y de estudios científicos que permitan hacer una afirmación categórica acerca de los efectos reales derivados de la ingesta de alimentos transgénicos: algunos dicen que no causan daño; otros, que lo provocan.
De los riesgos que los alimentos de esa índole pueden acarrear para la salud humana -señalan quienes argumentan en esta línea-, algunos tienen que ver con la resistencia a ciertos antibióticos; otros, con la generación de alergias y efectos tóxicos aún no precisados adecuadamente.
De otro lado, no todos los transgénicos son estables. De hecho, en campos experimentales de diez mil semillas, solo una es viable.
Por ejemplo, se ha demostrado que la exposición en altas concentraciones del herbicida glifosato en la soya transgénica de Monsanto, que es resistente a él, está relacionada con el desarrollo de linfomas, es decir, con cáncer.
Nuestro país ha decidido no utilizar organismos genéticamente modificados en la producción de alimentos. En consecuencia, no hay productos chilenos transgénicos. Solo se usan por excepción, en lugares expresamente indicados y autorizados por el Ministerio de Agricultura, y para fines de investigación.
Además, Chile, por su asociación con la Unión Europea, tiene la obligación de remitir debidamente etiquetados los productos que envía a sus mercados, lo que se exige de acuerdo a las políticas de trazabilidad de esa comunidad. De ahí la conveniencia de que usemos también aquí el criterio de la rotulación, en la lógica de que el ciudadano esté informado apropiadamente.
Actualmente hay productos transgénicos que ingresan al país, y en muchos casos las empresas que importan alimentos no conocen este hecho. Estamos consumiendo productos transgénicos derivados de soya y maíz, internados desde Estados Unidos y Argentina, que llegan sin rotulación: aceite de soya, carne o lecitina de soya, helados de soya, galletas, aceite vegetal, entre otros. Esto denota una actitud contradictoria, ya que por un lado se prohíbe su producción para consumo interno, pero por otro se importan productos elaborados con materias primas transgénicas. Por consiguiente, hay que aunar criterios en este sentido. Y esto fortalece la lógica de la rotulación.
En el Codex Alimentarius, dependiente de la FAO, se establece la recomendación de incorporar métodos para la detección de alergias, de nuevas toxinas, de alteraciones nutricionales, y la de etiquetar los alimentos transgénicos, como medidas de manejo de riesgo.
En tal sentido, el proyecto en debate se alinea con dicho Codex.
Por otro lado, la Ley de Protección al Consumidor contempla el derecho de la ciudadanía a una información veraz y oportuna sobre los bienes que se ofrecen; un rotulado obligatorio de ellos; la seguridad alimentaria en el consumo de bienes; la protección a la salud y al medio ambiente.
En esta tarea tendrán una gran responsabilidad tanto el Servicio Nacional de Aduanas como el propio Ministerio de Salud, para determinar los productos alimenticios que han sido sometidos a algún proceso de transgenia, en distintas magnitudes. Por ello, se deben dar las herramientas necesarias para una adecuada y correcta fiscalización.
Anuncio en consecuencia, señor Presidente, mi voto a favor de este proyecto, reiterando mi parecer en cuanto a que la rotulación en nada puede dañar al comercio de nuestro país. Muy por el contrario, lo único que pretende es que la ciudadanía esté perfectamente informada de qué está consumiendo, de manera que pueda hacer las correlaciones pertinentes en el evento de que los alimentos transgénicos causen alteraciones en la salud o provoquen reacciones alérgicas, que es lo que denuncian con mayor profusión quienes critican su ingesta.
He dicho.
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Con la venia de la Sala, quiero saludar al Comandante Huber Matos Benítez, de Cuba, quien nos acompaña desde las tribunas. Fue invitado a la Cámara de Diputados, por la Comisión de Relaciones Exteriores, y al Senado, por el Honorable señor Horvath, entre otros parlamentarios.
Le damos la bienvenida.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.


El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, este proyecto de ley, que se encuentra en segundo trámite constitucional, establece la obligación de rotular los alimentos transgénicos. Ese es el punto central de nuestro debate.
Sobre tal base, es importante considerar ciertas prevenciones hechas durante la discusión y que no se han visto reflejadas en el articulado (tal vez ocurra más adelante).
Por ejemplo, según se recoge en el informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, la Directora del Instituto de Salud Pública de la época, doctora Ingrid Heitmann, "En relación al proyecto, manifestó su preocupación por el umbral del 1% de ingredientes o aditivos genéticamente modificados, que establece el artículo 2° en la definición que establece de alimentos transgénicos, ya que es difícil discernir con exactitud la confiabilidad del resultado final.".
Según dicho informe, la doctora Heitmann expresó también que, "no obstante estar de acuerdo con la necesidad de rotular, como una manera de informar al consumidor (...), le asiste la preocupación respecto a qué organismo regulará la materia y cuál fiscalizará su cumplimiento.".
O sea, hay en ese documento algunas observaciones.
Además, la referida personera señaló que el 1 por ciento es una cantidad grande desde el punto de vista de la capacidad de los laboratorios para determinar con exactitud la confiabilidad del resultado final.
Por lo tanto, entendiendo lo que dijo la doctora Heitmann, no es bueno establecer aquella limitación.
¿Y por qué?
Señor Presidente, aquí se han mencionado las diversas posiciones sustentadas con relación a los alimentos transgénicos.
Se ha dicho, por ejemplo, que algunos afectan a la salud. Es discutible; sin embargo, existe esa posibilidad.
Por mi parte, como uno debe prestar atención a quienes más saben, voy a leer la información adjunta a un correo electrónico que me envió la doctora María Isabel Manzur, de la Fundación Sociedades Sustentables, en la cual, bajo el título "LA NECESIDAD DE UN ETIQUETADO DE ALIMENTOS TRANSGÉNICOS EN CHILE", señala:
"Aunque Chile, no produce alimentos transgénicos, sí importa maíz y soya desde EE.UU. y Argentina, los dos mayores productores de transgénicos mundiales. Esto implica que es muy probable que los chilenos estén consumiendo alimentos transgénicos a partir de los derivados del maíz y soya. De hecho el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, detectó presencia de soya transgénica en 22 productos presentes en el mercado nacional, de una muestra de 40. Entre estos alimentos hay 7 marcas de hamburguesas, seis marcas de vienesas y cinco marcas de galletas. Además 18 de estos alimentos poseen niveles muy superiores (20%, 10% y 2%) de contenido permitido en la Unión Europea que es 0,9%.
"Estos alimentos no están etiquetados y los cargamentos de maíz y soya no vienen segregados ni etiquetados. Por lo tanto es necesario etiquetar por las siguientes razones:
"1.- Porque se están actualmente comercializando alimentos genéticamente manipulados sin una adecuada y extensiva evaluación de su seguridad.
"Ya se ha demostrado que estos pueden causar alergias, efectos tóxicos impredecibles y se sospecha además que pueden causar resistencia a antibióticos.
"El Codex Alimentarius recomienda el etiquetado de los alimentos transgénicos como una medida de manejo de riesgo...".
"2.- Es importante etiquetar porque es un derecho de los consumidores conocer lo que consumen.
"El etiquetado cumple el derecho básico de los consumidores establecido en la Ley del Consumidor N° 19.296. La presencia de productos transgénicos en el mercado sin etiquetado y siendo potencialmente riesgosos para la salud humana estaría violando dicha ley. El Art. 3° señala que son derechos y deberes básicos del consumidor:
"Una información veraz y oportuna sobre los bienes ofrecidos,
"A un rotulado obligatorio de los mismos,
"A la seguridad en el consumo de bienes,
"A la protección a la salud y al medio ambiente.
"3.- Es muy importante el etiquetado de alimentos transgénicos para minimizar el riesgo que estos puedan ser utilizados como semillas con impactos negativos a la biodiversidad.
"En México se importó maíz transgénico como alimento y fue usado como semilla lo que causó contaminación de maíces originarios. Todos los alimentos a granel deberían ser etiquetados.".
Sin duda, señor Presidente, es importante prestar atención a lo que señala la doctora Manzur en esa información, que fue remitida a varios Senadores.
Es relevante, asimismo, que el proyecto en debate cuente con el apoyo necesario, por lo menos para que la ciudadanía tenga claridad sobre qué alimentos consumir y pueda decidir libremente al respecto. Porque hoy día, si no existe la obligación de rotular, se genera una situación inaceptable desde el punto de vista de los derechos del consumidor a resolver qué ingiere.
Por eso, voy a apoyar esta iniciativa. Y ojalá se le puedan incorporar, vía indicaciones, normas que mejoren aun más el control.
Sin embargo, señor Presidente, aquello va unido a otra cuestión, que ha sido fuertemente debatida en diversas áreas, y fundamentalmente mediante las redes sociales: la aprobación del Convenio UPOV 91.
Sobre el particular hay discusiones, diferencias. Pero lo que considero significativo es que las redes sociales y quienes participan en ellas alerten a los legisladores, les envíen información. Y por lo menos al Senador que habla, en particular, le ha servido mucho ese contacto, porque se reciben antecedentes sobre temas respecto de los cuales, obviamente, uno no es especialista, pero que sí son dominados por mucha gente en el país y en el resto del mundo.
Sobre esa base, de repente se escucha que el Convenio de la UPOV 1978 y el de la UPOV 1991 son distintos, y es preciso comparar y considerar por qué se acogió uno y no otro. La doctora Manzur expresa, por ejemplo, que la gran diferencia radica en que el segundo -el aprobado hace poco- "estipula que se requiere la autorización del obtentor para la producción o reproducción de semillas para cualquier otro fin. Este punto restringiría el llamado privilegio del agricultor.".
Resulta interesante conocer una serie de disposiciones que se contemplan -intentaré mencionarlas dentro del tiempo que me queda-, porque la cuestión repercute mucho en nuestros pueblos originarios, en el pequeño campesino, en el agricultor. En efecto, la especialista expone a continuación lo siguiente:
"El artículo 10 número 3) que señala que ninguna Parte podrá denegar la concesión de un derecho de obtentor o limitar su duración, argumentando que la protección para la misma variedad no ha sido solicitada, o que ésta ha sido denegada o que ha expirado en otro Estado o en otra organización internacional. Con esta norma, se desprotege a los pequeños campesinos y comunidades indígenas que han desarrollado variedades para su uso, ya que las variedades podrían ser inscritas por cualquiera persona, sin respetar los derechos del verdadero obtentor.".
O sea, ello afecta, sin duda, a quienes no cuentan con esa capacidad y no pueden efectuar el trámite. Se ha dicho que una gran transnacional ha inscrito todas estas semillas y que el asunto redundaría, finalmente, en una obligación de pagar derechos, e incluso, en la eventualidad de que no se puedan cultivar, como consecuencia de encontrarse patentadas.
"El artículo 14 número 1)" -agrega- "referido al alcance del derecho de obtentor establece que se requerirá la autorización del obtentor para los actos de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida que involucren: la producción o su reproducción, la oferta en venta, la venta o cualquier otra forma de comercialización, la exportación, la importación y la posesión de la variedad con fines de reproducirla o de importarla. Cabe señalar que este artículo faculta al obtentor a subordinar su autorización a condiciones y a limitaciones. Con esta norma se estaría prohibiendo a los campesinos a guardar el producto de sus cosechas con fines reproductivos.".
Entonces, señor Presidente, dado que el asunto es bastante complejo y ha generado una gran movilización, desde el punto de vista, como decía, de las redes sociales y de la opinión que genera; que es relevante y muy de fondo, y que, como lo expresó la Senadora señora Rincón, viene una serie de otras iniciativas que tendremos que discutir, creo que es importante contar con la información y cruzarla, por todos los antecedentes que recibimos.
Pero, fundamentalmente, en lo que se refiere al proyecto, sin duda que es trascendente apoyarlo, ya que va a existir la obligatoriedad del rotulado, a diferencia de hoy, cuando todos podemos estar consumiendo distintos productos con prescindencia de que contengan o no transgénicos. La decisión respectiva no puede hallarse entregada a quien vende, sino a quien consume, para lo cual requiere la más precisa información.
Por eso, votaré a favor.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Uriarte.
El señor URIARTE.- Pido que se abra la votación, señor Presidente.
El señor NAVARRO.- Pero debe mantenerse el tiempo correspondiente a cada inscrito.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Eso no está en discusión.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Puede intervenir el Senador señor Tuma.


El señor TUMA.- Señor Presidente, al analizar los antecedentes que sirven de fundamento al proyecto de ley, es posible sostener que probablemente nos hallamos en presencia de una de las áreas de mayor complejidad para la labor legislativa. Sin duda, es la razón por la cual normalmente este tipo de materias quedan entregadas a la potestad reglamentaria, autónoma, del Primer Mandatario.
Con la iniciativa, los Diputados que la sometieron a trámite en el Congreso están dando una señal muy clara. Es imposible detener el fenómeno de la transgenia en los alimentos de consumo humano y, por ende, es necesario asegurar una normativa que al menos permita tomar informadamente la decisión de recurrir a ellos o no.
También recibí la nota de María Isabel Manzur. Mi Honorable colega Gómez se me adelantó en la cita de frases textuales del documento, en el que la doctora recomienda aprobar el articulado, porque, naturalmente, las personas tienen derecho a saber qué consumen.
Pero al Senador que habla se le generan algunas confusiones, ya que, cuando se votó el UPOV 1991 en esta Corporación -en la Cámara ya se había aprobado por unanimidad-, se argumentó que se abría la puerta a la transgenia. En verdad, lo que estamos haciendo aquí es regular esta última, de manera que quiero dejar claro que ella existe y que no podemos negarla.
Lo que plantea la señora Manzur es concordante con lo sostenido también por la entonces Directora del Instituto de Salud Pública, doctora Ingrid Heitmann -ya citada por mi Honorable colega Gómez-, en el sentido de que, a nivel mundial, ya hay más de 90 millones de hectáreas plantadas con vegetales transgénicos.
Soy partidario de desdramatizar la discusión en la materia y abordarla como lo que es: un asunto de política pública, lo que debe tener como norte asegurar la inocuidad alimentaria, pero también proteger a los pequeños productores.
La transgenia, como cualquier técnica, es moralmente neutra: no es ni buena ni mala, en sí misma, sino que sus usos y aplicaciones pueden ser buenos o malos según la voluntad de quien la aplica, y nuestro deber es que su empleo sea seguro para la población, de modo de obtener los beneficios que origine y de tratar de evitar los riesgos o daños que se han anunciado.
Cito dos aplicaciones positivas de ella y de la ingeniería genética. La primera, en medicina. Sin ir más lejos, hoy, martes 7 de junio, la prensa española publica que un equipo de la Universidad de Oviedo y del Hospital Clínico de Barcelona ha logrado, por primera vez, la secuenciación completa de cuatro genes que provocan la leucemia, y se estima que en pocos años se podrán desarrollar técnicas genéticas que permitirán curar este tipo de cáncer.
Otro ejemplo positivo, en materia alimentaria, ha sido el término de las hambrunas en Asia, en la década de los sesenta, al lograrse nuevas variedades de arroz resistentes a las plagas de insectos y a los cambios bruscos de temperatura, así como a las inundaciones monzónicas que afectan a vastos territorios.
China e India trabajan denodadamente para seguir modificando su agricultura, con la finalidad de alimentar a la mayor parte de la población mundial, concentrada en esos dos países. De no lograrlo, la presión que ejercerá su demanda por alimentos podría generar una crisis de dimensiones planetarias.
Pero, por otra parte, en los informes de nuestras Comisiones se incluyen las declaraciones de importantes investigadores chilenos, que explican in extenso los efectos que podría registrar la transgenia en la salud de la población, la biodiversidad y la seguridad alimentaria nacional. Ello, sin contar las objeciones razonables que su empleo pueda provocar, desde el punto de vista de la protección de los derechos de los consumidores y de la aplicación del denominado "principio precautorio" en la salud pública, que legitima la intervención estatal en ciertas actividades cuando no existe certeza sobre la inocuidad de los alimentos.
Juzgo razonable el fundamento último del proyecto de ley, pues por su intermedio se busca transparentar y entregar la posibilidad de una decisión autónoma y libre de los consumidores para adquirir y consumir los productos a sabiendas de si se encuentran o no genéticamente modificados.
Sin embargo, para que lo anterior sea posible y no tengamos una normativa que sea letra muerta, es indispensable contar con una institucionalidad de respaldo.
Estimados colegas, señor Presidente, en el debate hay un gran ausente: el Gobierno. Los especialistas del Ministerio de Salud han dicho, no una, sino muchas veces, que esa Secretaría de Estado no es competente en las materias que nos ocupan, como tampoco el Instituto de Salud Pública, y que, a lo más, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) es el único con facultades para autorizar los cultivos e investigaciones con organismos genéticamente modificados.
Quisiera traer a colación un elemento institucional que me parece de la mayor importancia y que, sin embargo, no ha sido considerado de manera alguna durante el debate.
En el año 2005 se creó la Comisión Asesora Presidencial "Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria", que elaboró el Sistema Nacional y la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria. Sin embargo, el Gobierno del Presidente Piñera retiró de la tramitación el proyecto de ley respectivo el 6 de julio de 2010. Lo normal es que un Gobierno presente indicaciones, no que retire iniciativas.
Hoy, cuando precisamente requerimos una institucionalidad adecuada que se ocupe de estas materias, echamos en falta la institucionalidad propuesta en esa normativa. Lamentablemente, constatamos, con frustración, que una vez más el Gobierno está ausente en el ámbito de que se trata, sin opinión y, al parecer, sin interés.
Señor Presidente, aprobaré en general el texto en estudio, pero con el convencimiento de que estamos dando simplemente un testimonio, por ahora, pues la discusión es parcial, incompleta e ineficaz para los fines perseguidos. Por ello, espero que la Comisión de Agricultura pueda incorporar indicaciones del Ejecutivo, en su oportunidad, que hagan responsable a algún organismo del Estado de la viabilidad del proyecto.
También, deseo manifestar mi preocupación frente a la amplitud de la norma de etiquetado, pues se hace referencia a todos los productos que sirven de alimento para los seres humanos. Abrigo serias dudas acerca de la procedencia de tal extensión, sobre todo pensando en los impactos que una disposición de semejante naturaleza provocaría en pequeños agricultores. Me pongo en el caso de los campesinos mapuches de La Araucanía, quienes podrían vender, a sabiendas o no, papas con semillas mejoradas producto de transgenia y resistentes a las plagas, por ejemplo. ¿A ellos también les aplicaremos la obligación de etiquetar? ¿Quién asumirá los costos de la tarea? ¿Las certificaciones serán públicas o privadas? ¿Qué rol se les asignará a los órganos del Estado en esta materia?
Por eso, estoy convencido de que la iniciativa apunta en la dirección correcta de dar más información y derechos a los consumidores, pero falta un organismo que garantice que los derechos se podrán ejercer.
Confío en que en la Comisión de Agricultura lograremos un acuerdo que permita, en los trámites futuros, dar forma y contenido al articulado, de modo de llenar sus vacíos, para cumplir los objetivos previstos por sus autores.
Anuncio mi voto favorable.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.


El señor COLOMA.- Señor Presidente, definiría el proyecto como extemporáneo, lo que no tiene que ver con que haya pasado la época con la cual dice relación, sino con que se encuentra fuera de ella en el sentido de que en el Congreso se planteó hace cinco o seis años una iniciativa legal sobre la transgenia.
Y creo que el Senador señor Tuma, quien me antecedió en el uso de la palabra, explicó bien cuáles son las distintas alternativas o visiones respecto de esa realidad.
Mientras no tengamos definido democráticamente un criterio sobre el particular, me parece complejo abocarse a las consecuencias de una legislación inexistente. Porque, conceptualmente, cabe rotular las cosas que no están bien, y no, en forma obligatoria, las que lo están. Y, de alguna manera, el articulado se vincula con un juicio de valor en cuanto a los efectos que puede causar una acción determinada.
Me he dado el trabajo, al igual que muchos señores parlamentarios -de ello no me cabe duda-, de revisar algunos de los antecedentes considerados en el interior de las Comisiones, en particular la de Agricultura. Como algo ya refirió un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, el doctor Valenzuela, Premio Nacional de Ciencias -o sea, no cualquier persona-, hizo referencia a la necesidad de fortalecer la ingeniería genética y a que no media un problema ni para la salud ni para el medioambiente.
En lo que constituye uno de sus aportes, las sociedades científicas mencionan que la mejor forma de luchar contra los gases de efecto invernadero es precisamente a través de la vía de los cultivos biotecnológicos, lo que en el mundo permitió eliminar, en un año, el equivalente a 15 mil 600 millones de kilos de dióxido de carbono de la atmósfera. Como a algunos les gusta siempre ejemplificar, esa cantidad equivale a retirar de las carreteras 6 millones 900 mil automóviles por un año. Es el resultado de aprovechar en un rubro la ingeniería genética, a la cual no estimo un pecado, desde una perspectiva conceptual.
Una segunda preocupación del Congreso ha sido el aumento de los plaguicidas. Pues bien, una forma de enfrentar esa situación es a través de la ingeniería genética, habiéndose reducido después de varios años la utilización de esos productos, según datos de la Unión Europea, en 352 millones de kilos.
Asimismo, se han logrado suelos mejores y más productivos. Eso es evidente. En un mundo con extensos territorios que requieren, como es indudable, un esfuerzo especial -en particular, en África, pero también en América Latina y en algunas partes de nuestro país-, se plantea una respuesta que aparentemente no damos en el debate final, y, en cambio, preferimos rotular, para advertir, de alguna manera, las dificultades que se pueden generar.
Y ello, señor Presidente, ante una contradicción vital en Chile que juzgo conveniente exponer, una vez más, en el Senado. Porque se da una paradoja, única, con respecto a productos de ingeniería genética o genéticamente modificados. No sé si existe otro país donde se permite producir semillas transgénicas -creo que somos el quinto en el mundo, según el dato con que se cuenta en la Comisión de Agricultura, en especial en cuanto al maíz-, sin perjuicio de lo cual éstas no se pueden plantar.
Se trata de una cuestión que no tiene nada que ver con lo bueno o lo malo. Cabe admitir que es un problema extraño, dentro de una concepción razonable.
Y cuesta mucho funcionar mientras no se resuelve ese punto. Hace seis años, junto con mis Honorables colegas Frei y Espina y los entonces Senadores señores Flores y Allamand, presentamos un proyecto con el que pretendíamos generar el debate correspondiente, pero en un sentido constructivo. La idea era determinar si se logra un resultado positivo o negativo para el país, y, en el primer caso, cuáles son las condiciones de implementación. La iniciativa, aprobada en general, está a la espera, lamentablemente, de la constitución de Comisiones ultraunidas -ya que son tres-, lo que, en verdad, no ha funcionado.
En días pasados también pedí conocer la opinión de expertos a nivel mundial, y me encontré con que la Unión Europea -no se me podrá decir que la fuente no es seria- dispone de dos informes. Uno de ellos, que comprende el período 1985-2000, concluye que ningún estudio demostró efectos dañinos para la salud humana o el medioambiente causados por productos como los que nos ocupan aprobados en el sistema regulado. ¡Ninguno! Estoy citando -repito- a la Unión Europea, porque no entiendo de estas materias en detalle.
Entre 2001 y 2010 se hizo un segundo esfuerzo, con 50 proyectos de investigación, financiados por la misma entidad, el cual ratifica -es algo que se acaba de dar a conocer- que no existe ninguna evidencia científica que relacione los cultivos transgénicos con mayor riesgo para el medioambiente y la seguridad de los alimentos que lo obtenido por métodos convencionales.
¿Por qué digo esto, señor Presidente? Porque, a mi juicio, una de las cosas que debemos hacer en forma responsable es ir situando las respuestas conforme a los problemas que se planteen. Y en una de esas, si en una discusión sobre el tema de fondo el Senado concluye que es imposible funcionar con la ingeniería genética, con lo cual seríamos casi el único país del mundo en ese caso, tendremos que regular -y es preciso confiar en los métodos democráticos- cómo actuar ante el eventual consumo de los productos importados.
Pero no contamos con ese debate ni con esa respuesta, y aun así estamos abordando la rotulación, que obviamente es el efecto de una calificación negativa. Porque -insisto- nadie etiqueta algo que no hace daño a la salud.
Lamentablemente, se abrió la votación.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Lo pidieron.
El señor COLOMA.- Sé que fue a través de interpósita persona.
Pero habría preferido -lo encuentro superimportante- integrar esta materia con la del proyecto que busca resolver si pueden usarse o no en Chile componentes genéticamente modificados.
Quiero ser abierto de mente en este ámbito. No tengo ningún interés creado, salvo el ser Senador de la Séptima Región. Me doy cuenta de cómo funcionan los agricultores de mi zona con relación al cultivo de semilla y de cómo los mismos que la producen no la pueden reutilizar, cosa que -admitámoslo- ¡es muy extraña!
Entonces, me parece que optar por la vía de la rotulación apunta en un sentido incorrecto, cuando primero se debe resolver el problema de fondo ya referido.
Esta discusión, que es interesante y muy profunda, la realizamos cinco años atrás. La he revisado. Y les sugiero a los señores Senadores que hagan lo mismo. Entonces algunos señalaron que en dos años más -ya han trascurrido tres desde aquello- íbamos a conocer una serie de debacles mundiales en esta materia, las que no se produjeron, por lo menos a juicio de la Unión Europea.
Por lo tanto, no sé si estaremos tomando el camino adecuado. ¡En una de esas, hay aquí una genialidad de anticipación...! Dar una respuesta a un problema que no se ha generado no creo que vaya en el sentido correcto.
Por eso invito a Sus Señorías a leer lo que las Comisiones solicitaron como antecedentes.
Comparto plenamente lo planteado por el Senador señor Tuma en cuanto a la forma de enfocar el asunto. No concuerdo, sí, en su conclusión. Pero él tiene razón: aquí queda una pregunta abierta. Pido a los señores Senadores que, antes de actuar, respondamos si ella es negativa. Porque puede darse exactamente lo contrario.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En todo caso, la interpósita persona aludida era su colega el Honorable señor Uriarte.
El señor COLOMA.- ¡Pero me di cuenta de que era interpósita persona...!
El señor LETELIER (Vicepresidente).- ¡A su juicio...!
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.


El señor GIRARDI.- Señor Presidente, evidentemente este es un debate apasionante, porque marcará las futuras discusiones que sostendremos. Creo que el Congreso, de aquí en adelante, tendrá muchas oportunidades para analizar la situación de la biotecnología desde varias perspectivas (de salud, económica, ética).
A veces cuesta entender qué es la transgenia. Y tal vez esa falta de comprensión genera incongruencia en las posturas de determinados colegas.
La transgenia es la posibilidad, a través de la biotecnología, de tomar un gen de una especie y traspasárselo a otra. En los mamíferos, podría traducirse en la construcción de un "chimpohumano" (mezcla de chimpancé y humano), de un "perro-humano" o de un "caballo-perro".
Eso es la transgenia.
Lo que pasa es que en el ámbito de los vegetales, como ese mundo nos parece tan distante, no apreciamos lo que ello significa.
La transgenia es violar la historia de la naturaleza.
Las especies y su capacidad de reproducirse constituyen fronteras invulnerables. No puede cruzarse un perro con un caballo: aunque se mezcle el espermio de un perro con el óvulo de una yegua, el resultado no será fértil, porque la especiación de tales animales a través de su historia evolutiva ha impedido que compartan genes.
Lo que hace la transgenia -reitero- es violar la historia evolutiva.
Ahora, yo no le atribuyo una condición positiva o negativa. Habrá que verlo. Es parte del desarrollo tecnológico que está llevando a cabo nuestra especie humana.
Cuando Craig Venter, de Genomics, un personaje interesante y pintoresco, logró descifrar el genoma humano antes que el equipo mundial que se hallaba realizando esa tarea y fabricar los codones en un programador -porque quien lee el genoma humano lo puede escribir- que permitieron crear en su laboratorio vida artificial, una nueva bacteria, surgen cuestionamientos bioéticos respecto de los cuales la humanidad debiera reflexionar.
¿Qué significa producir seres vivos que no provienen de la creación, para quienes tienen un visión religiosa; ni de la evolución de las especies, para los que sustentan una visión científica?
Una especie demora, en promedio, 12 millones de años en desarrollarse, y es el resultado de complejísimos procesos de interacción, de selección natural, de azar. Pero nuestra especie ya creó un ser vivo artificial. Lo podemos clonar y sembrar en el universo, originando un nuevo génesis artificial.
Eso también es transgenia, señor Presidente.
Lo es, asimismo, la posibilidad de detener el envejecimiento a través de instrumentos genéticos que modifiquen el acortamiento de los telómeros, lo cual va generando con el tiempo la imposibilidad de que las células se dividan. Llegado el momento en que estas ya no se dividen más, el cuerpo humano empieza a envejecer.
En definitiva, estamos frente a un conjunto de nuevos desafíos en el ámbito de la biotecnología que ameritan una reflexión, un conocimiento.
Ahora, dado que hay aspectos controvertidos en esta materia, parte de la humanidad ha adoptado instrumentos muy radicales de control.
Los europeos optaron por el mecanismo de la rotulación, para que los ciudadanos, los consumidores sean los que finalmente decidan si quieren exponerse a los riesgos que implica, por ejemplo, una alimentación transgénica. En muchos países existe, además, prohibición de plantar productos modificados genéticamente.
Desde la perspectiva del consumo, cada vez que un producto contiene más de 1 por ciento de componentes transgénicos se obliga a etiquetar, por varias razones. Una de ellas es para determinar la trazabilidad y eventuales riesgos, sobre todo considerando que el gran discurso de quienes defienden los transgénicos es que estos mejorarían el acceso a alimentos más baratos.
El problema radica en que, si no están rotulados, resultará imposible que manifiesten una diferencia de precios y quedará truncado ese importante beneficio. Al etiquetarse los productos con componentes genéticamente modificados, debieran bajar su valor. Y así sucede en casi todos los mercados de Europa.
Estados Unidos no tiene un sistema de rotulación, pero sí un control de barrera, de frontera muy exigente. Todas las partidas que ingresan son revisadas por la EPA. Esta Agencia determina cuáles productos son para consumo humano, cuáles para consumo animal y cuáles no pueden usarse.
El problema de Chile es que no cuenta con ninguno de esos dos mecanismos.
De hecho, los productos rechazados por Estados Unidos podrían llegar a nuestro país.
Por ejemplo, dicha nación descartó el maíz StarLink para consumo humano. Una empresa de comida rápida igual lo introdujo para sus alimentos, pero la EPA la obligó a eliminarlos de la cadena, ocasionándole grandes pérdidas.
El maíz StarLink perfectamente podría ingresar a Chile, porque somos un país receptor de todos los transgénicos, de los buenos y los malos, pues carecemos de regulación sobre el asunto.
Mi preocupación, primero, es un tema país.
Más allá de la discusión de si este tipo de alimentos es riesgoso o no, yo me pregunto: ¿Es bueno para Chile usar transgénicos? Yo tengo dudas.
¿Por qué? Porque cabe considerar ciertas cosas.
Hoy día poco más de 20 mil hectáreas -no son más por lo riesgoso que resulta- se destinan a reproducir semillas, que no se pueden cultivar acá. Ello lo controla el SAG con medidas sobre bioseguridad tremendamente rigurosas y estrictas.
El punto es que, si instalamos transgénicos en Chile, habrá que competir con países como Estados Unidos, Argentina, Brasil, Australia, que poseen inmensas cantidades de hectáreas para este fin.
En mi opinión, no tenemos ningún beneficio comparativo para competir con esas naciones. Es más, Sus Señorías saben bien que menos del 4 por ciento de los terrenos chilenos son arables y que los suelos tipo 1 corresponden a menos del 1 por ciento. En conclusión, la tierra chilena cultivable es escasísima.
Por lo tanto, ponernos en la misma lógica con dichas naciones y competir con ellas, que destinarán millones y millones de hectáreas a esos fines, me parece un contrasentido.
Para un país como Chile, más allá de la discusión, tal vez sería mejor abordar una economía de nicho y venderle al mundo productos no transgénicos.
Estimo que habrá una demanda cada vez más creciente de productos orgánicos, sin plaguicidas ni contaminantes, de parte de los países desarrollados, que preferirán un consumo no transgénico.
O sea, habrá una razón económica de por medio.
Ahora, los temas de salud en este ámbito siguen siendo controvertidos. Un estudio reciente hecho en Canadá demuestra que existe contaminación por elementos transgénicos.
Quiero pedir que se oficie al Ministerio de Agricultura por el siguiente motivo.
Dicha Cartera contrató hace poco al señor Juan Carlos Letelier, uno de los biólogos más famosos de Chile, para efectuar una investigación sobre el particular. Tal profesional entregó un documento de 400 páginas, pero, como este no decía lo que el Ministerio quería -hablo de uno de los biólogos más connotados del país, reconocido internacionalmente- y llegaba a la conclusión de que no resulta rentable usar transgénicos -entre otras razones, porque la productividad de nuestros suelos es equivalente a la de los terrenos argentinos y australianos, que sí usan tales componentes-, no se le quiso pagar al señor Letelier ni aceptar su estudio.
Me parece muy interesante conocer ese trabajo. Fue realizado para el Ministerio de Agricultura por uno de los biólogos chilenos más famosos y lo están rechazando por no plantear lo que dicho organismo desea.
Reitero mi petición de oficio para que se nos haga llegar ese estudio. Lo llevó a cabo -insisto- una persona connotada a nivel mundial, con participación de un grupo de ingenieros de las universidades más destacadas de Chile.
Señor Presidente, considero un equívoco que el país se introduzca en el camino de los transgénicos, porque ello nos obliga a competir con naciones con las que no podemos competir.
Existe un nicho absolutamente distinto: cada vez más el mundo querrá consumir productos sanos, con bioseguridad. Ahí nuestras papas -como dijo el Senador señor Tuma-, nuestros maíces tendrán más posibilidad de desarrollo que lidiando con los grandes productores de transgénicos.
Además, los productos genéticamente modificados sí generan un daño: afectan la biodiversidad. Esto no se halla en discusión. Las naciones que han introducido cultivos transgénicos han perdido parte de su riqueza genética, principal patrimonio del siglo XXI. Por ejemplo, México poseía una variedad inmensa de maíces, y hoy esta se encuentra reducida a muy pocas especies.
Los países que siembran transgénicos pierden el patrimonio del futuro: la biodiversidad.
Sería un tremendo error tratar de competir con grandes productores de transgénicos, que disponen de millones de hectáreas cultivables para ese fin.
Además, ello implica una dependencia tecnológica estricta. Porque empresas como Monsanto venden paquetes tecnológicos que solo ellas comercializan. Luego, los campesinos pierden su capacidad de producir sus propias semillas y pasan a depender en forma extrema de tales transnacionales, no solo en la aplicación de compuestos químicos (plaguicidas y otros), sino también en la obtención de las semillas.
Asimismo, para Chile significa una pérdida patrimonial, pues nos veremos expuestos a que se empiecen a patentar nuestros propios productos...
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor GIRARDI.- Pido un minuto más, señor Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Puede continuar, Su Señoría.
El señor GIRARDI.- Esta materia implica una reflexión mayor, un debate planetario. Gran parte de la humanidad hoy se encuentra en tal discusión.
Entiendo que Estados Unidos, Argentina y Australia, que poseen millones de hectáreas de cultivo, opten por los transgénicos, pero no comprendo que un país como el nuestro siga ese camino, en el cual no nos cabe ninguna posibilidad de competir.
Chile debería desarrollar una economía de nicho.
Además, no contamos con ningún mecanismo de regulación en este ámbito: ni el control de ingreso de Estados Unidos, ni el sistema de rotulación de Europa.
Si quisiéramos que se traspasara a los ciudadanos el beneficio de ofrecer alimentos más baratos, principal razón por la cual se venden transgénicos, estos debieran etiquetarse como tales. Casi todos los chocolates, las leches de soya, los maíces que consumimos son transgénicos, y debieran costar menos. Pero ello no sucede justamente porque no se hallan rotulados. Si lo estuvieran, habría que venderlos más baratos.
Por lo tanto, considero que este debate sigue abierto.
Sin embargo, al menos debiéramos votar a favor de la rotulación de los alimentos con compuestos genéticamente modificados.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado por el señor Senador.
--Así se acuerda.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.


El señor ESPINA.- Señor Presidente, soy absolutamente partidario de este proyecto de ley. Bienvenido sea todo lo que signifique información para el consumidor. No veo razón para impedir que se establezca que en la rotulación de un producto deberán indicarse los ingredientes transgénicos que lo componen.
En segundo lugar, en materia de vegetales genéticamente modificados, en particular en el caso de la UPOV, creo que se han confundido peras con manzanas.
Entre paréntesis, quiero reconocer el coraje, la decisión y la valentía del Senador señor Tuma al enfrentar el tema anterior.
El señor TUMA.- ¡No me ayude tanto...!
El señor ESPINA.- Si hay algo en lo que se ha hecho demagogia en Chile, es en lo relativo al Convenio UPOV.
Y explicaré por qué.
En las redes sociales de internet circuló -y aún circula- la información de que este Gobierno habría aprobado el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, cuya finalidad sería proteger a Monsanto.
Señor Presidente, no conozco a la gente de Monsanto. Parece que años atrás asistieron a exponer en la discusión del proyecto de ley sobre vegetales genéticamente modificados.
Nuestro país suscribió el Convenio de la UPOV en 1996. Desde entonces Chile forma parte de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Adhirió al Convenio y a las Actas de los años 1972 y 1978, cuya finalidad es permitir que las personas que crean nuevas variedades de semillas tengan derecho intelectual sobre ellas.
Chile se comprometió en los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y con Japón y en el Acuerdo de Asociación con la Comunidad Europea a actualizar su adhesión al Acta 1991 de la UPOV.
El señor PROKURICA.- ¡Quién negoció esos tratados...!
El señor ESPINA.- El 40 por ciento de nuestras variedades agrícolas ha sido obtenido por productores nacionales.
Señor Presidente, Chile tuvo que dictar una ley para entrar a la UPOV, legislación que ahora debe modificarse. Se establece expresamente -como ya lo hace la normativa actual- la prohibición de que los pequeños y medianos agricultores no puedan conservar para sí semillas y producción que les permitan continuar reproduciéndolas y utilizándolas en sus campos.
Entonces, la situación que enfrentamos deriva -no lo digo como una crítica; es una realidad- de acuerdos suscritos por Chile durante los Gobiernos de la Concertación, que guardan relación con convenios aprobados con países europeos y norteamericanos.
La idea es fijar disposiciones que permitan a los países crear semillas que mejoren la producción.
Y la ley puede disponer -así lo hace expresamente- protecciones para que el pequeño agricultor no se halle sujeto a ningún cobro de patente respecto de tales productos.
¡Pero en los campos, en especial de La Araucanía, se ha dicho que esto será la ruina para los mapuches; que esto significará que Monsanto se adueñará de las tierras y venderá todas las semillas a precios infinitos!
El señor LARRAÍN.- ¿Quién ha dicho eso?
El señor ESPINA.- Entonces, creo que el mínimo de responsabilidad -uno puede estar a favor o en contra del proyecto- es no mentirle a la gente.
Tengamos alguna seriedad en el Senado.
Podemos estar en desacuerdo. Admito que es posible que alguien crea que no debe haber propiedad intelectual sobre las semillas. Yo pienso lo contrario.
Si un 40 por ciento de productores chilenos crea semillas de mejor calidad, bienvenido sea.
Y si se puede enmendar la ley -la dictamos nosotros- para establecer disposiciones que protejan a los pequeños agricultores -entre ellos, a los mapuches-, lo vamos a hacer.
¡Pero no vayamos al mundo del campo a mentirles! Porque se les miente cuando se dice que esto será una catástrofe: "¡Vino el terremoto de Japón, el de Chile, y ahora, la UPOV!".
Yo no pertenezco a esa clase de políticos; a quienes no defienden sus ideas con consecuencia y terminan engañando a la gente modesta, augurando situaciones catastróficas que no son reales.
Uno puede estar a favor o en contra de una iniciativa. Es legítimo. Pero no mintamos sobre ella.
Señor Presidente, después de abordar lo relativo a los vegetales transgénicos, quiero referirme a otro punto.
El Premio Nacional de Ciencias del año 2002, Pablo Valenzuela -¡quien sabe algo más que todos nosotros sobre la materia...!-, concurrió a la Comisión de Agricultura cuando discutimos el proyecto de ley sobre los vegetales genéticamente modificados y señaló textualmente -¡el Premio Nacional de Ciencias!-: "En USA, en 10 años se han consumido más de un trillón de porciones alimenticias derivadas de ingeniería genética y no se ha registrado un solo caso de evento adverso, ningún ecosistema se ha alterado y ninguna persona ha enfermado como consecuencia de ingerir estos alimentos.".
Hay dos alternativas: o este señor fue a mentir a la Comisión -lo que no creo-, por lo cual, entonces, habría que pedir que le quiten el Premio Nacional; o dijo la verdad -a mi juicio fue lo que ocurrió-, pues alguien de su prestigio, de su talento y de su transparencia no se arriesga a entregar una información falsa.
No obstante lo anterior, la transgenia es un asunto que ha generado gran polémica.
Sin embargo, cuando analizamos el proyecto en general -la gran mayoría de los señores Senadores aprobó la idea de legislar-, lo hicimos basándonos en las siguientes consideraciones: en primer lugar, que Chile debe tener un nicho para los productos orgánicos y otro para los transgénicos, porque hay mercado para ambos. Y lo que hace la iniciativa grande respecto de la cual el Gobierno presentó una indicación -la que consigna más materias y que tendrá que ser debatida por varias Comisiones- es precisamente establecer que nuestro país, de pleno Derecho, pueda contar con zonas protegidas para productos transgénicos, previa consulta ciudadana -lo que no ocurre hoy día-, para dedicarse a la producción orgánica. Es un capital político, un capital comercial, un capital exportador que la nación debe cuidar.
Pero actualmente en el mundo hay también productos transgénicos y el territorio nacional está siendo invadido por ellos debido a la legislación actual.
Al respecto, recuerdo lo que dijo en su intervención el Senador Letelier, de las bancas del frente: que la discusión sostenida en ese momento era atemporal, que debía haberse efectuado hace 20 años. Y votó a favor del proyecto porque Chile ya tenía vegetales genéticamente modificados.
Lo que corresponde ahora es regular la materia y no continuar con el desorden actual. Porque se da el absurdo de que el país importa productos transgénicos -los compramos a diario en los supermercados- y exporta sus semillas, pero no podemos consumirlas. O sea, hay que producir transgénicos aquí.
Entonces, lo que hace un país sabio e inteligente frente a una realidad es proteger zonas de manera adecuada, con todos los resguardos que sean necesarios, para tener producción orgánica. Pero también debe haber un sector de la población que, con todos los controles y la experiencia médica del caso, pueda generar vegetales genéticamente modificados, con toda la información de rotulación adecuada por supuesto.
Por eso, voto gustoso a favor del proyecto. Porque no se puede ser partidario de la información para algunas cosas y contrario a ella para otras.
Es probable que a las empresas extranjeras no les gusten tales imposiciones, pues a lo mejor consumirán menos sus productos. Pero a mí me da lo mismo, lo que hagan las multinacionales transgénicas. Solo me interesa que la gente, cuando consuma un producto, tenga el derecho a saber su contenido. ¡Y tiene todo el derecho del mundo a conocerlo!
Por lo tanto, la iniciativa en debate se podrá perfeccionar, mejorar sus normas. Pero no tengo duda de que Chile debe contar con una legislación general, donde haya participación ciudadana, como se propone en la normativa que presentamos varios Senadores, de manera transversal, entre los cuales se encontraban el Honorable señor Eduardo Frei y el entonces Senador señor Flores, que pertenecen a tiendas políticas distintas. También hay varias otras mociones -sobre las que me reclamaba el colega Horvath, con toda razón- que se hallan en lista de espera, las cuales deberían ser fusionadas.
Por tal motivo, hay que aprobar en general la iniciativa en debate y hacer una buena legislación que ampare y proteja al consumidor y lo defienda de los abusos que, probablemente, cometen grandes empresas, como Monsanto y compañía, porque todas lo hacen. De ahí que se debe evitar que se aprovechen de estos mercados sin ningún tipo de limitaciones.
En consecuencia, señor Presidente, voto a favor del proyecto, esperando que todas las mociones se vean en conjunto por las Comisiones de Salud, de Agricultura y de Medio Ambiente, para que alguna vez dispongamos de una legislación con visión de Estado y no que sea fruto de un debate pequeño e intrascendente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, resulta interesante ver cómo se ha tornado el debate sobre rotulación de alimentos transgénicos no producidos en Chile, como señaló el Senador Espina, que dedicó al UPOV 91 seis minutos de los 10 de que disponía.
Por cierto, la discusión va mucho más allá del etiquetado de alimentos transgénicos no elaborados en nuestro país.
El colega Espina señaló que hay dos mercados: uno orgánico y otro transgénico.
¿Qué nos dice el INTA? Que detectó maíces transgénicos en campos no autorizados: "El Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), dependiente de la Universidad de Chile" -la mejor casa de estudios superiores del país, en la que estudiaron muchos de los señores Senadores presentes en la Sala-, "determinó por primera vez que maíces transgénicos provenientes de semilleros han contaminado genéticamente siembras de maíz convencional en Chile. Así estableció el muestreo realizado a comienzos de año en la Región de O´Higgins, donde se identificó 4 predios afectados en las comunas de Placilla, Santa Cruz y Chimbarongo. El estudio analizó muestras provenientes de 30 predios contiguos a semilleros de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), de los cuales 4 salieron positivos para contaminación transgénica.".
Estamos en un problema, porque no sabemos dónde se hallan ubicados esos predios. Hemos acudido al Consejo para la Transparencia a fin de que nos diga dónde están, porque en nuestro medio son secretas las autorizaciones para plantar semillas transgénicas, lo que no se condice con el derecho a la información.
El proyecto en análisis señala lo que se entiende por organismo genéticamente modificado: "todo alimento que esté compuesto o contenga organismos en cuyo genoma se ha incorporado, de forma estable, un segmento de ADN extraño" -es decir, como expresó el Senador Girardi, se ha sacado un genoma de maíz o de tiburón (de acuerdo a lo que algunos mencionaron) para ponerlo en el tomate- "utilizando técnicas de ingeniería genética".
Se han citado estudios de Estados Unidos, de la EPA, para demostrar que, después del consumo de trillones de alimentos, no hay condiciones adversas.
Doce millones de años es el tiempo que tarda en configurarse una forma de vida de manera natural. Al respecto, me parece que hay miopía, un cortoplacismo absoluto, porque en el curso de 2, 10, 20 o más de 30 años no se han reflejado elementos adversos.
Como estamos hablando de genes, la única forma de saber si la alteración genética no ha causado efecto en los organismos es esperar las próximas generaciones; es decir, hijos, nietos, biznietos. Es la única posibilidad. Pero no existe un estudio correlativo de esa naturaleza.
Vamos a etiquetar los alimentos en cuya preparación se hayan usado ingredientes o aditivos genéticamente modificados en una proporción igual o mayor al 1 por ciento. Si la gente supiera que está comiendo alimentos, como galletas, con 10 por ciento de elementos genéticamente modificados, tomaría decisiones vitales respecto de su consumo.
En la iniciativa se establecen multas en caso de no etiquetarse un producto como corresponde, y se determina la aplicación de la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores.
Se ha reiterado la necesidad de etiquetar estos alimentos en forma urgente. En los años 1994 y 1995 se liberaron los primeros alimentos transgénicos en forma comercial para consumo humano, pero aún persiste incertidumbre respecto de los riesgos involucrados. Entre 1980 y 2000 se hicieron solo nueve estudios experimentales sobre la materia. Es decir, hay muy poco estudio sobre el particular. Solo casos aislados. No se quiere investigar.
Chile no es, ni con mucho, especialista en el tema. Por ejemplo, siendo los campeones mundiales en la producción de salmones, no fuimos capaces ni siquiera de contener el virus ISA, porque -reitero-, a pesar de tener esa calidad, no hacemos experimentación ni inversión en biotecnología ni tampoco nada en cuanto a la producción de alevines o de ovas de salmón provenientes de Noruega.
Se dijo aquí que en Estados Unidos existe un sistema de aprobación de organismos genéticamente modificados, pero -en opinión de muchos- es insuficiente. La FDA los aprueba, pero basada en investigaciones -escuchen bien- que ella no realiza, sino que llevan a cabo las propias empresas, como Monsanto.
Esas son las investigaciones que analiza. No hay un estudio independiente. Por ello, se aprecian muchas deficiencias en la información entregada por las empresas, ya que no tienen la obligación de entregar mayores antecedentes a la FDA. Se presenta un proyecto con cierto nivel de información y nada más. Dicho organismo no está autorizado ni puede exigir mayor información.
Por lo tanto, señor Presidente, en nuestro país no hay elementos transgénicos aprobados -¡no los hay!-, pero es de todos conocido, como se señala en el informe, que circula gran cantidad de ellos.
En consecuencia, voy a votar a favor del proyecto. La gente tiene el derecho a saber qué está comiendo. Hay una lista de 77 transgénicos aprobados como alimentos. Muchas variedades se expenden en Chile. También hay gran cantidad no inscrita. Y hay nuevos desarrollos de transgénicos en muchos países, donde son usados para la elaboración de alimentos.
Chile actualmente importa alimentos transgénicos, en particular maíz y soya desde Argentina y Estados Unidos. Los consumidores nacionales podrían estar ingiriéndolos en forma de derivados, como aceite de soya, carne o lecitina de soya, aceite de maíz, aceite vegetal u otros alimentos generados a partir de soya o maíz, como galletas, leche, etcétera.
Resoluciones del SAG han autorizado la utilización en Chile del descarte de maíz transgénico como alimento para cerdos y pollos. Ello ocurre sin una adecuada evaluación del riesgo para la salud humana y animal. Pero los consumidores chilenos deben saber que cuando comen cerdos y pollos estos han sido alimentados con residuos de maíz transgénico. El mayor peligro de ello radica en que los genes resistentes a los antibióticos pasen a los seres humanos que ingieren tales productos. Esto lo han sostenido todos los expertos mundiales: existe transferencia.
La normativa respecto al consumo de alimentos en nuestro país se encuentra en la Ley sobre Derechos de los Consumidores. Este cuerpo legal reconoce expresamente el derecho del consumidor a una información eficaz y oportuna sobre los bienes ofrecidos.
Solo espero que cuando se apruebe esta obligación la rotulación sea clara, precisa y no haya letra chica. Yo no soy el inventor del concepto "letra chica", sino el Senador Ignacio Walker.
Por tanto, ojalá que la información se entregue con letra grande. Porque nada sacamos con rotular si dejamos la letra pequeña, que la mayoría de los adultos no puede leer y que, en definitiva, deriva a un infructuoso agotamiento visual.
El derecho a garantizar la rotulación ayudará a una mayor transparencia y a la propia credibilidad del mercado de los transgénicos.
Nuestro país no tiene protección para los consumidores. Estamos dándola.
Nuestra posición en las reuniones del Protocolo de Bioseguridad ha sido considerada muy cercana a Estados Unidos y a otras naciones industrializadas. Hemos pasado un poquito de vergüenza, porque de manera impresionante Chile se alinea con ese país y no con naciones en vías de desarrollo para amparar sus suelos agrícolas. Y ha sido objeto de duras críticas a nivel internacional por tal actitud.
Nuestro país no posee una industria biotecnológica ni cultiva transgénicos. Su rol en este escenario consiste solo en proveer terrenos para la plantación de semillas transgénicas fuera de temporada. Es decir, servimos como reproductores. No hay investigación. Y, si algunas empresas quieren desarrollar la transgenia, que inviertan en biotecnología, que haya grandes laboratorios y que nuestras universidades también se involucren. Pero eso no se da. Todo se trae desde fuera.
Por lo expuesto, el presente proyecto constituye un avance.
Permitirá a muchos consumidores saber qué están comiendo cuando ingieren, por ejemplo, hamburguesas Sadia, hamburguesas Fray Bentos, hamburguesas Frigorífico Temuco, hamburguesas Ekono, salchichas de pollo Súper Pollo, vienesas Zwan, vienesas Germania o galletas Singlu, cuyo contenido transgénico es mayor a 10 por ciento; o hamburguesas Primus, vienesas de pavo Sopraval, en las cuales es superior a 2 por ciento. Y hay un conjunto de galletas, como las Maravilla McKay, u otros alimentos, como las salchichas de pollo Ariztía, cuyo contenido transgénico es menor a 1 por ciento. Hay que decirlo. Existen productos que cumplen y otros que no.
El listado de los transgénicos debiera ser de acceso fácil, expedito. Y la ley en proyecto posibilitará solo una parte de ello.
Señor Presidente, 17 Senadores hemos recurrido al Tribunal Constitucional para objetar el UPOV 91. El requerimiento ha sido acogido a tramitación. Espero que esto abra la posibilidad de un debate mucho más profundo. Porque tengo la certeza de que la aprobación de ese Convenio fue precipitada.
Señor Presidente, voto a favor de la iniciativa sobre rotulación de los transgénicos. Pese a ser insuficiente, constituye un paso adelante en la transparencia y en la información hacia los consumidores. Y esto luego debe dar pie a su educación.
¡Patagonia sin represas!
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.


El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, votaré a favor de la iniciativa, porque creo que son muy importantes la información y la transparencia. Las hemos proyectado y promovido en los distintos ámbitos públicos y políticos. Y pienso que esta tendencia, esta forma de enfrentar la solución de los problemas, se debe extender lo más posible a todas las esferas.
Y la información respecto de los contenidos de los alimentos me parece esencial. Es bueno saber cuánta cantidad de azúcar, de sodio, de grasa y de carbohidratos consumimos, para que uno elija y tome la decisión de manera responsable.
Lo mismo ocurre con los alimentos transgénicos o con los que poseen algún componente de ese tipo.
Considero muy relevante que se dé a conocer dicha información. Y eso es coherente con una política mediante la cual, con educación y con mayor cultura, la gente vaya formando su juicio, como lo hacen las personas vegetarianas, quienes toman una opción, por las razones que sean: filosóficas, biológicas, orgánicas, etcétera.
Reitero: creo que es muy importante contar con información. Así que, adelante: que se sepa cuáles alimentos en Chile tienen contenido transgénico, que son muchos. Probablemente todos quienes estamos aquí los hemos consumido muchas veces.
Algo distinto pasa con el UPOV, que no tiene nada que ver con la transgenia. No sé por qué ambas cosas se han confundido. Ese instrumento internacional es consecuencia de una obligación que adquirió Chile en Gobiernos anteriores, cuando firmamos los tratados con Estados Unidos, con la Unión Europea y con Japón. Fijamos como plazo para firmarlo el 1o de enero de 2009. La Cámara de Diputados lo aprobó en forma unánime. Y de pronto aparece una asociación con la transgenia que no tiene relación. Pienso que se han equivocado quienes han planteado esto. Y, por lo tanto, confundir a la opinión pública respecto de esto me parece un error.
También considero equivocada nuestra política sobre la materia en análisis. Ya lo han mencionado varios Senadores, por lo que no la reiteraré ni profundizaré. Pero resulta muy absurdo que consumamos productos transgénicos y sembremos semillas de esas características, pero que no podamos producir alimentos transgénicos, por encontrarse prohibido en Chile. Si hay algo eventualmente dañino es la ingesta de alimentos transgénicos. Sin embargo, los consumimos y no los podemos producir. ¿Qué hacemos con ello? Dejamos en desventaja muy significativa a nuestros productores agrícolas, pues los rendimientos que se obtienen con los transgénicos son muy altos.
Y la discusión acerca de si hacen bien o mal ha ido siendo superada. En los hechos, los países avanzan en este ámbito. La Unión Europea, que se oponía, hoy ya no lo hace. Han ido progresando con mucho cuidado, como lo debemos hacer en Chile. Pero no podemos simplemente eliminar la posibilidad de contar en el país con cultivos transgénicos por un eventual problema que los científicos no han acreditado.
Porque, si fuera por eso, también tendríamos que prohibir muchas cosas.
Por ejemplo, ¿no deberíamos evitar el consumo de alcohol y de tabaco? Eso tendría que ser obvio. Porque eventualmente algún producto transgénico puede traer consigo alguna consecuencia negativa, en circunstancias de que sabemos que el alcohol y el tabaco las generan. ¡Cerremos la industria del vino, pues! ¡Seamos coherentes con lo que estamos diciendo! ¡Y también cerremos la del tabaco y todo lo que se relacione con el alcohol!
¿Por qué de repente nos ponemos puristas y otras veces no? Porque no somos consecuentes. Aquí no hay sentido común.
Por eso, espero que esta discusión, que me parece útil y necesaria, la realicemos cuando definamos si seguiremos mirando al siglo XX o a si vamos a mirar al siglo XXI, que incorpora la biotecnología y la ingeniería genética como instrumentos para generar más y mejores alimentos. No castiguemos a nuestros productores agrícolas, a nuestros trabajadores con menos rendimiento y, por lo tanto, menos ingresos, por capricho de algunos.
Ojalá que esa discusión la celebremos cuando corresponda.
Eso sí, pido que no confundamos a la ciudadanía. Está muy bien saber qué alimentos son transgénicos y cuáles no, de manera de que cada uno tome la decisión respecto de su consumo.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.


El señor LAGOS.- Señor Presidente, votaré a favor de la iniciativa de rotular como corresponde los alimentos y de que aquellos con contenido transgénico así lo señalen.
Me quiero hacer cargo de algunas afirmaciones.
En primer lugar, lo que acá está en tela de juicio es el principio precautorio. Se trata de una discusión antigua, que lleva más de 20 años, y que se da entre las grandes potencias alimentarias, como Estados Unidos y las naciones de Europa.
En países con un nivel de desarrollo y reglas similares, con ciudadanos conscientes, que ejercen sus derechos, la aproximación de los Estados a la regulación de los transgénicos ha sido distinta. En el caso europeo ha primado el llamado "principio precautorio", mientras que Estados Unidos ha sostenido una posición más liberal en esta materia.
A mí, ni lo uno ni lo otro me genera a priori un rechazo profundo, de fondo. Pero mi opción, y la voy a apoyar, es que ante la duda se debe legislar como corresponde.
El Honorable señor Hernán Larraín, quien me antecedió en el uso de la palabra, planteó algo que no deja de ser entretenido comentar. Su Señoría señaló que en el país hay una regulación curiosa: por una parte, se permite importar semillas para la producción nacional, pero solo con fines de exportación; y por otra, simultáneamente consumimos alimentos con elementos transgénicos que vienen desde el exterior, como los que mencionó, por ejemplo, el Senador señor Navarro.
Entonces, esto es raro. De un lado, se pueden importar semillas, manipularlas en Chile y generar más semillas para exportación; y de otro, es posible conseguir en el extranjero alimentos transgénicos, pero no producirlos en el país para el consumo nacional.
El Honorable señor Larraín considera que lo anterior es absurdo, y que no hay razón para ello. Además, se pregunta que, si se trata de advertir a la ciudadanía y generar consciencia respecto a ciertos elementos perjudiciales para la salud, por qué no se aplica el mismo criterio utilizado con los cigarrillos y el alcohol. Por ejemplo, con respecto al primero se establece en la publicidad que es "dañino para la salud", "produce cáncer", y con respecto al segundo, que genera efectos negativos para la salud. Pero no se prohíben derechamente.
Ello obedece a una distinción.
Los transgénicos afectan no solo al agricultor que los produce. Porque, como resultado de la polinización, el cultivo en sus campos puede terminar perjudicando a los de otros campesinos, grandes o pequeños, que prefieren trabajar de otra forma y no con productos transgénicos.
Ahí radica la explicación de por qué no es posible regular esta materia de la misma manera que se hace con los cigarrillos y al alcohol, como planteaba el Senador señor Hernán Larraín.
Y como Su Señoría ha vuelto a la Sala, me voy a explayar en este punto.
El señor CHADWICK.- ¡No es necesario...!
El señor LAGOS.- Es que tengo algunos minutos y me gusta este tema.
Decía que comparto lo que sostiene el Senador señor Larraín en el sentido de que tenemos una legislación kafkiana: por una parte, se puede importar una semilla para reproducirla domésticamente, en tanto se envíe al exterior; y por otra, es posible consumir cualquier alimento que tenga elementos transgénicos en la medida que sea importado, pero no se permite producirlo en el país para el consumo nacional.
Es lo que tenemos.
Sin embargo, si bien la normativa existente no es buena, hay un debate de fondo referente a que el cultivo de alimentos transgénicos puede contaminar predios que desean producir de otra forma. Y ese problema, que se debe regular -como se dice en el fondo de la Sala-, se ha abordado de distintas formas en el mundo, pero en ningún país se ha resuelto a cabalidad.
En Estados Unidos, de acuerdo al producto, se exigen 5, 20 o 200 metros de separación con los cultivos tradicionales. Pero en algunas naciones igual ha existido contaminación.
Entonces, ¿cuál es la razón de ser de la legislación kafkiana? ¿Qué prima en ella? La posibilidad de no contaminar lo que se genera de otra manera. Porque esto no se encuentra regulado hoy día en Chile.
Respecto al proyecto sobre la rotulación en alimentos transgénicos, ciertamente pasará colado y lo aprobaremos por mayoría. Imagino que nadie se va a oponer.
La pregunta es qué hacemos con el asunto de fondo, con las otras iniciativas de ley que debemos discutir en el Senado.
Desde ya, anuncio que presentaré indicaciones importantes para poner restricciones. Porque, a diferencia de Argentina, Brasil y Estados Unidos, que ya optaron por un sistema y que disponen de una superficie agrícola tan grande que se pueden dar el lujo de ocupar 10 a 15 por ciento de su capacidad agrícola con productos transgénicos, nosotros tenemos una capacidad acotada.
Por eso, debemos efectuar una discusión más profunda para decidir si queremos ir por la transgenia o no. Porque una vez que uno entra en ella, no hay marcha atrás. Por lo menos ahora la ciencia no lo permite. Es decir, un campo que ha sido cultivado sistemáticamente con vegetales transgénicos no se puede limpiar después para volver a sembrar los tradicionales.
Por consiguiente, esta materia es muy importante y no debe sernos indiferente.
De ahí que entiendo y comparto el razonamiento del Senador señor Hernán Larraín en el sentido de que existe una normativa kafkiana. Pero, en cierta medida, esta nos permite al menos "protegernos". Porque, si damos el paso de aceptar la transgenia, después no podremos volver atrás, aunque queramos hacerlo.
A mi juicio -puede que me falten antecedentes-, la agricultura orgánica nos va a dar más experiencia y mayor ventaja competitiva en el futuro. Porque la transgenia -les guste o no a algunos- se halla cuestionada en un segmento del mundo.
Y como serán los consumidores quienes decidirán no solo en Chile, sino también en Europa y Estados Unidos, creo que la apuesta contra los alimentos transgénicos ganará. Y desde un punto de vista netamente comercial, sin considerar el efecto en la salud, Chile tiene una mayor ventaja en lo orgánico. Me parece que aquí nos va a ir mejor y, por eso, quiero que esto se regule de otra manera.
Para terminar, señor Presidente, cabe señalar que el Convenio UPOV 91 cumple su objetivo. Pero hay otros instrumentos que vienen a contrapesarlo, como el famoso Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) o el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, que les permitirán a los pequeños campesinos "defenderse" o tener una cancha nivelada respecto al UPOV, el cual les otorga herramientas para proteger la propiedad intelectual de las semillas transgénicas.
Y hay que acelerar la tramitación de esos instrumentos internacionales.
Por lo mismo, junto con el Senador señor Navarro hemos enviado un oficio al Gobierno -es de su autoría y yo solo lo suscribí- pidiéndole que ponga en tramitación los proyectos de acuerdo relativos a esos tratados, y que acelere su aprobación, a fin de que cuando discutamos la iniciativa concerniente a los transgénicos -relacionada con el UPOV 91- tengamos otro convenio internacional que les otorgue ciertas garantías a los pequeños y los medianos empresarios agrícolas.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.


El señor QUINTANA.- Señor Presidente, valoro que por fin estemos debatiendo respecto de la transgenia, que fue justamente lo que no hicimos cuando tratamos la ratificación del Convenio UPOV 91.
En verdad, en esa oportunidad no discutimos casi nada. Por lo tanto, este es el momento de hacerlo no solo respecto al proyecto de rotulación en alimentos transgénicos, que -como sostuvo recién el Honorable señor Lagos- todos vamos a votar a favor, sino porque viene una serie de iniciativas que claramente nos sitúan en una dimensión donde se requiere un pronunciamiento muy claro y definido de nuestra parte.
Quienes sigan el debate se habrán dado cuenta de que aquí existen dos posiciones. Hay gente que tal vez no lo dice con todas sus letras, pero claramente prefiere que la transgenia sea una realidad, por cierto, regulada, que finalmente invada muchas actividades económicas.
Sin embargo, cuando se habla del Convenio UPOV 91 -a raíz del presente proyecto estamos derivando nuevamente a su discusión, lo que no hicimos en su oportunidad; no hay problema, existe todo el derecho a hacerlo-, que no se diga que esta materia viene del Gobierno pasado.
En una Administración anterior se ratificó el Convenio UPOV 78, que le entrega derechos al obtentor de productos vegetales, pero no los extrema, como lo hace el UPOV 91.
Entonces, plantear que esto procede del tiempo de la Presidenta Bachelet es lo mismo que se dijo en la discusión sobre HidroAysén. ¡Es exactamente lo mismo! Pero hay que aclarar que el proyecto de HidroAysén fue aprobado en este Gobierno, y no en el anterior.
A propósito de la herencia de que se habla a veces, quiero decirles a quienes creen que esto lo inventó la ex Primera Mandataria que en el Mensaje Presidencial del 21 de mayo de este año en el Congreso Nacional el Jefe del Estado señaló textualmente, en el capítulo sobre Agricultura, lo siguiente:
"Presentamos una iniciativa para regular por ley los vegetales genéticamente modificados.".
Probablemente, el Ministro de Agricultura le dijo que estábamos frente al mayor anuncio que se podía hacer en materia agrícola, y el Presidente de la República lo presentó así al país. Con esto deseo manifestar que él asumió su autoría y le puso el mismo entusiasmo que al menos el Secretario del ramo ha tenido durante la discusión de este proyecto.
Ya que estamos hablando del Convenio UPOV 91 y de los transgénicos, debo decir que, si se busca un parecido con otro tipo de actividades económicas que hayan experimentado una situación similar, lo más cercano es la inscripción de derechos de agua que se efectuó hace algunas décadas y que hoy día tiene complicados a los pequeños agricultores.
Eso se debe a que el Convenio UPOV 91 se refiere a la propiedad intelectual, pero lo que hace es inscribir derechos y limitar otros. Y, en este caso, restringirá los derechos del pequeño agricultor, el cual no tendrá cómo defenderse cuando empiecen a llegar los laboratorios móviles a registrar las semillas. Porque se requiere que alguien realice una modificación mínima de una semilla para dejarla inscrita a su nombre, y ello impedirá que los pequeños agricultores que hoy realizan el proceso de recolección, selección y guarda de la semilla, lo sigan haciendo.
Además, lo anterior traerá aparejadas otras consecuencias: las ventas atadas. Porque junto con las semillas, el mismo proveedor -no son más de cuatro o cinco en Chile,...
El señor PROKURICA.- ¡Monsanto...!
El señor QUINTANA.-...entre ellos, Monsanto; ya me voy a referir a esta empresa- incorporará las ventas atadas. ¿Por qué? Porque va a agregar herbicidas, plaguicidas y todos los otros productos que comercializa.
Monsanto, una de las grandes productoras de semillas transgénicas, ya tiene inscrita -no sé si lo saben los señores Senadores- una variedad de poroto. Y lo que no establece el Convenio UPOV 91 lo consignará la nueva ley que regulará los derechos de los obtentores vegetales. Quienes se interesan por ella pueden estar tranquilos, pues no tendrán impedimento para votar a favor del proyecto, que discutiremos en la Comisión de Agricultura, por cuanto este Gobierno -que, al parecer, como se ha dicho aquí, nada tiene que ver con ese Convenio- le puso urgencia y tendremos que despacharlo pronto. Allí, los defensores de la transgenia tendrán oportunidad de aprobarlo.
Sin embargo, quiero que los colegas que voten positivamente, en especial los que representan a zonas rurales -y esta no es ninguna campaña del terror-, sepan que el trafkintu (práctica de recolección e intercambio de semillas) quedará prohibido por completo. Porque quienes inscriban las semillas a su nombre pasarán también a dirigir su comercialización.
¿Qué hizo la empresa Monsanto? Inscribió una variedad de poroto y sostiene que esta semilla, chilena, de origen obviamente nativo, autóctono, ya no se podrá seguir cultivando en Chile, sino solo en California, en Estados Unidos.
¡Esas son las ventajas que estamos entregando!
Aquí un Senador citó recién al Premio Nacional de Ciencias Pablo Valenzuela, quien, en verdad, finalmente no dice si la transgenia es mala o buena -es un poco la discusión científica-, ni si provoca alergias o problemas a la médula.
Pero yo voy a citar a Humberto Maturana -desconozco si todos lo conocen-, Premio Nacional de Ciencias 1994, biólogo y epistemólogo chileno, quien hace tres días, al ser consultado respecto a la anunciada introducción de cultivos transgénicos y sobre el UPOV expresó: "No debemos aceptar ninguna circunstancia que restrinja nuestra autonomía alimenticia haciéndonos -de manera directa o indirecta- dependientes de algún monopolio productivo empresarial cualquiera".
Y eso es, en último término, lo que ocurrirá si aprobamos el proyecto sobre regulación de derechos de los obtentores vegetales -vinculado con el Convenio UPOV 91-, que luego llegará a la Sala y que los partidarios de la transgenia tendrán ocasión de votar a favor. ¡No hay problema en ello...!
Yo, señor Presidente, simplemente deseo manifestar que por algo Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y muchos países con los cuales nos interesa compararnos cuando hablamos de protección agrícola no ratificaron ese Convenio, porque saben que...
El señor GIRARDI (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor QUINTANA.- ¿Me concede un minuto adicional?
El señor GIRARDI (Presidente).- Puede continuar, Su Señoría.
El señor QUINTANA.- Termino expresando que el proyecto en debate involucra no solamente ventas atadas, sino además un control de la comercialización. Y, en definitiva, quedará en la completa ilegalidad -esto no es campaña del terror, ¡por favor!- toda la producción nativa, autóctona de semillas.
¡Claro! Porque los alimentos constituyen el gran negocio -lo estamos viendo con la comida chatarra y con diversos otros productos- en el mundo hoy día. Y por supuesto que en Estados Unidos hay muchos intereses en esta materia.
El punto es que nosotros aprovechemos la oportunidad para proteger a nuestros pequeños agricultores.
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El señor QUINTANA.- Señor Presidente, quiero plantear un asunto de Reglamento.
El señor GIRARDI (Presidente).- Puede hacerlo, señor Senador.
El señor QUINTANA.- Pido recabar la autorización del Senado para que la Comisión de Educación pueda sesionar paralelamente con la Sala.
El señor GIRARDI (Presidente).- Una vez que termine la votación,...
El señor NAVARRO.- Nosotros ya votamos.
El señor GIRARDI (Presidente).- ¿Habría acuerdo?
El señor LARRAÍN (don Hernán).- Sí.
--Se autoriza.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.


El señor GARCÍA.- Señor Presidente, no tenía previsto intervenir acerca de esta iniciativa porque, hasta donde yo entendía, dado que su principal objetivo es entregar mayor información al público consumidor, suscitaba gran consenso. No obstante, durante el debate se han dicho cosas que, a mi parecer, son contrarias a la verdad. Y por eso voy a precisar algunos hechos.
El proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, llamado "UPOV 91", ingresó al Congreso Nacional, a través de la Cámara de Diputados, el día 3 de marzo de 2009, mediante mensaje firmado por la Presidenta Michelle Bachelet Jeria; su Ministro de Relaciones Exteriores, don Alejandro Foxley, y su Ministra de Agricultura, señora Marigen Hornkohl.
Entonces, ¿cómo es posible que la Concertación o alguno de sus Senadores busque desentenderse enteramente de la responsabilidad política que les cabe en tal iniciativa, en circunstancias de que el mensaje con que se inició y que tengo en mis manos fue enviado al Parlamento -repito- en marzo de 2009 y está firmado por la Presidenta Bachelet?
En consecuencia, ese proyecto de acuerdo no se originó en la actual Administración.
A mayor abundamiento, el 7 de mayo de 2009 se votó en la Cámara Baja y se aprobó por 75 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. Es decir, recibió el apoyo transversal de los señores Diputados de todos los partidos políticos representados allí. ¡De todos los partidos políticos!
Es curioso que en esa rama legislativa ninguno de sus integrantes -¡ninguno!- haya levantado la voz para oponerse a ese Convenio Internacional, que, a juicio de algunos, pone en riesgo al sector agrícola y particularmente a la pequeña agricultura.
Quiero recordar, también, que el informe sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio UPOV 91 fue acogido en forma unánime por los 4 miembros presentes de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Corporación: 2 de la Concertación y 2 de la Coalición por el Cambio. Por lo tanto, señor Presidente, no estimo adecuado traer a colación el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales en esta discusión, pues, francamente, no guarda relación con ella.
Asimismo, debo puntualizar que en los tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Australia nuestro país se obligó a ratificar el Convenio UPOV 91.
Yo me pregunto: si no hubiésemos ratificado tal instrumento internacional ¿no estaría hoy día Chile siendo acusado ante la Organización Mundial del Comercio como una nación que deja de cumplir las obligaciones contraídas en los tratados comerciales referidos, a cuya aprobación, por lo demás, concurrieron los Gobiernos de la época y el Parlamento?
¿Nos vamos a exponer a que se considere que Chile no cumple sus compromisos, con todas las consecuencias económicas y sociales que ello pueda significar?
Yo creo que no, señor Presidente. Porque si el país goza de prestigio en el mundo es justamente por ser cumplidor de los acuerdos y tratados internacionales que suscribe. Y debemos preservar en el tiempo ese prestigio.
Por eso, el Congreso Nacional hizo bien en ratificar el Convenio UPOV 91, al igual como lo haremos ahora en el Senado al aprobar en general la idea de legislar respecto de la rotulación en los envases cuando un producto contenga algún ingrediente transgénico.
El señor GIRARDI (Presidente).- No hay más oradores inscritos.
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos favorables, 4 abstenciones y un pareo) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 11 de julio, a las 12.
Votaron a favor las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Chadwick, Coloma, Longueira y Uriarte.
No votó, por estar pareado, el señor Novoa.