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MEDIDAS PARA CORRECTO OTORGAMIENTO Y USO DE LICENCIAS MÉDICAS


El señor GIRARDI (Presidente).- Proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, con segundo informe de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6811-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 79ª, en 5 de enero de 2010.
Informes de Comisión:
Salud: sesión 57ª, en 5 de octubre de 2010.
Trabajo y Previsión Social: sesión 57ª, en 5 de octubre de 2010.
Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas (segundo): sesión 1ª, en 15 de marzo de 2011.
Discusión:
Sesiones 60ª, en 13 de octubre de 2010 (queda para segunda discusión); 61ª, en 26 de octubre de 2010 (se aprueba en general).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las Comisiones unidas dejan constancia, para los efectos reglamentarios, que el artículo 1º no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones, esto es, conserva el mismo texto aprobado en general, de manera que debe darse por aprobado, salvo que algún señor Senador, con la unanimidad de los presentes, solicite su discusión y votación.
--Se aprueba reglamentariamente.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las Comisiones unidas efectuaron una serie de modificaciones al proyecto aprobado en general. Varias de ellas fueron acogidas por unanimidad y otras solo por mayoría. Estas últimas serán puestas en votación oportunamente.
Cabe tener presente que las enmiendas acordadas en forma unánime deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión o existan indicaciones renovadas. De estas modificaciones aprobadas por unanimidad, el inciso cuarto del artículo 6°, que pasó a ser 7°, tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere para su aprobación el voto conforme de 21 señores Senadores.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado donde se consigna el texto aprobado en general por el Senado, las modificaciones efectuadas por las Comisiones unidas y el texto final que se propone de aprobarse dichas enmiendas.
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión particular el proyecto.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, la Coalición por el Cambio, por intermedio de los Comités Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, va a dar la unanimidad a fin de que se pueda presentar una indicación que pretende formular la Concertación, para los efectos de darle curso progresivo a la iniciativa y votarla.
El señor GIRARDI (Presidente).- Se considerará cuando corresponda.
Tiene la palabra el señor Secretario.


El señor LABBÉ (Secretario General).- En primer lugar, habría que ocuparse de la modificación al inciso segundo del artículo 2°, que fue acogida por mayoría de 5 votos contra 1.
El texto aprobado por las Comisiones unidas es el siguiente:
"La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se aplicarán supletoriamente las normas de la ley N° 19.880".
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.


El señor TUMA.- Señor Presidente, este es un tema que se viene arrastrando desde hace varios años, desde que se creó el sistema de licencias médicas, donde, naturalmente, se han detectado numerosos fraudes de parte de médicos y otros intervinientes.
Pero, sin perjuicio de que el proyecto busca investigar, sancionar y, eventualmente, separar de sus cargos a los facultativos que emitan licencias médicas fraudulentas, como lo hemos visto en reiteradas ocasiones y experiencias -hay estadísticas que así lo avalan, y por eso me alegro de que estemos abordando el problema, aunque sea quizás un tanto tarde-, la óptica utilizada es solo sancionatoria (para quien comete un fraude) y prescinde de la perspectiva de los trabajadores que presentan, con justificación, una licencia médica por enfermedad grave -cáncer, por ejemplo-, por 30 días, y luego por otros 30, que una COMPIN deniega y vuelve a denegar. En algunos casos, entre la apelación, las reclamaciones y la autorización del pago pueden pasar cinco meses.
Se actúa como si los trabajadores recibieran ingresos permanentes, independientes del salario que tienen y que se halla suspendido porque no concurren a sus lugares de trabajo. Y tampoco les pagan sus licencias pues se encuentran bajo sospecha.
En definitiva, después de cinco o seis meses, cuando les reconocen que efectivamente ameritaba pagárselas, ¿quién les repara el daño en su calidad de vida durante el tiempo de espera? Y eso además significa un maltrato a los más vulnerables: los trabajadores enfermos.
Así que, señor Presidente, estamos ante una legislación exclusivamente sancionatoria, que no apunta a la búsqueda de la reparación del daño que miles de trabajadores sufren diariamente en las oficinas de COMPIN y de FONASA, haciendo largas colas, con interminables esperas, cuando ni siquiera tienen plata para pagar la locomoción que les permita concurrir a efectuar sus reclamaciones por la falta de pago de sus licencias médicas.
Hay falta de profesionales, de personal en las COMPIN, de un sistema en línea. Respecto de esto último, espero que el señor Ministro acoja una petición que le hemos formulado parlamentarios de la Novena Región en orden a establecer, como plan piloto, un sistema de licencias médicas electrónicas que incorpore a empleadores, FONASA y médicos y que permita acortar los tiempos necesarios para comprobar lo que un facultativo prescribió y por qué.
Yo, señor Presidente, siento que este proyecto sataniza a los enfermos, a los trabajadores, a los médicos, y sin perjuicio de que busca sancionar a quienes cometen fraude, no resuelve el problema de aquellas personas que se acogen al espacio que brinda la ley para recibir un reposo necesario y a las cuales después no les pagan los días que han interrumpido su asistencia laboral.
Tal situación no queda resuelta. El proyecto se enfoca únicamente en sancionar a quienes cometen fraude, sin contemplar una norma cuyo objeto sea compensar o reparar el daño que sufren trabajadores que pasan meses y meses sin remuneración y que siguen con la misma enfermedad por la cual se les otorgó una licencia que al inicio se consideró justificada. Al final, tanto la Superintendencia como otros organismos contralores rectifican y dicen: "Sí, estaba correcta; hay que pagarla". Pero el problema es que se paga cuando el afectado, o ya falleció, o ha experimentado un agravamiento producto de no haber contado con recursos para recibir un adecuado tratamiento.
Por eso, junto con aprobar la iniciativa, quiero hacer un llamado al señor Ministro para que presente otro proyecto que incorpore lo que miles de trabajadores están reclamando en todo el territorio nacional.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.


El señor ROSSI.- Señor Presidente, la verdad es que el proyecto que nos ocupa no pretende resolver todos los problemas relacionados con el otorgamiento del subsidio por incapacidad laboral, temporal o transitoria, que es en el fondo la licencia médica.
La licencia médica implica un permiso laboral y a la vez un subsidio que se otorga al paciente para que trate su enfermedad, y el reposo se considera parte del tratamiento.
Por eso es tan grave -lo decía el Senador Tuma- cuando a un enfermo se le modifica -cuando ello ocurre, se acorta su duración- o se le rechaza de manera arbitraria, unilateral y, obviamente, injusta una licencia médica, porque de esa forma se altera su proceso de recuperación. Por lo demás, los trabajadores y trabajadoras de Chile pagan mensualmente una cotización a un seguro de salud, público o privado, con el fin de acceder a un tratamiento, en caso de requerirse, y a una licencia, a un permiso laboral con subsidio.
El énfasis de la iniciativa no está puesto en defender a los pacientes que sufren el trato antes señalado por parte de su seguro de salud en cuanto a rechazos injustificados de licencias o a tardanzas en su pago, situación que, lamentablemente, afecta a muchos chilenos y chilenas. El énfasis está puesto, claramente, en mejorar la fiscalización y en sancionar el otorgamiento de licencias médicas fraudulentas, es decir, aquellas que se emiten para personas que no la requieren o que se extienden más allá de lo necesario, de acuerdo al tipo de enfermedad y a la gravedad de esta.
Desde esa perspectiva, hay consenso en todos los sectores políticos acerca de que no es posible tolerar que recursos de todos los chilenos -porque, finalmente, alguien paga la cuenta- se despilfarren a través de este fraude, de esta verdadera estafa.
Yo, en todo caso, tengo el convencimiento de que los médicos que actúan de ese modo no son la mayoría. Pero, efectivamente, hay un grupo -lo hemos visto- que concentra gran cantidad de licencias médicas absolutamente injustificadas y que debe ser sancionado. Esa es la señal que tenemos que dar, mejorando la fiscalización.
Eso es lo que contempla el proyecto.
Evidentemente, a él han de sumarse otros -lo conversamos con el señor Ministro- que apunten a entregar más recursos, sobre todo a las COMPIN, para que puedan realizar bien su tarea y no perjudiquen los intereses de los pacientes que reciben una licencia correctamente emitida.
Dicho lo anterior, anuncio que vamos a presentar una indicación que busca establecer un trato espejo. Al igual como se sanciona a quienes emiten licencias fraudulentas, a quienes engañan con recursos que no son propios, a quienes defraudan, también debe castigarse a las entidades o las personas que rechacen una licencia médica bien emitida a un paciente enfermo, perjudicando su reposo, su rehabilitación y, en definitiva, el tratamiento de su enfermedad.
Pensamos que eso es lo que corresponde: mano dura para los que cometen fraude, para los que cometen abusos, que engañan, que mienten, pero también mano dura para los que, de manera arbitraria, unilateral, injusta, sin ver siquiera al paciente, rechazan una licencia.
Por desgracia, señor Presidente, muchas veces vemos que licencias bien emitidas sufren una modificación sin que los pacientes hayan sido examinados por un médico; prácticamente, se les pone un timbre. Y es llamativo que lo habitual sea que los supuestos errores se deban a haberse otorgado más días de reposo y nunca menos. ¡Es raro! Siempre son por haberse concedido más días y por eso las licencias se acortan.
De ahí que también queremos sancionar, cuando corresponda, a los que las revisan, sea el contralor de una isapre, sea una COMPIN. La idea es que la Superintendencia pueda iniciar una investigación cuando se presente una denuncia y sancionar a quienes resulten responsables.
Por último, quiero recordarle al Ministro de Salud que él tiene un compromiso con nosotros, los Senadores y Senadoras, en el sentido de resolver una injusticia histórica que afecta a mucha gente hoy día en Chile, relacionada con la famosa carestía de los tres primeros días de las licencias médicas otorgadas por diez o menos días. Sus Señorías saben que esas licencias solo se pagan a partir del cuarto día. Incluso, creo que eso muchas veces lleva a que un médico, en vez de dar siete u ocho días, dé once, porque a partir del undécimo la licencia se paga íntegramente. Y nosotros pensamos que si un paciente padece una enfermedad que amerita tres, cuatro, cinco días de reposo, hay que darle una licencia por tres, cuatro o cinco días, con un subsidio por igual lapso.
Esperamos que el señor Ministro envíe en las próximas semanas -ojalá- o en los próximos meses un proyecto de ley que venga a reparar esa injusticia histórica -insisto- que afecta a mucha gente, especialmente en lo referido a patologías que requieren reposo por menos de diez días.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la verdad es que cada vez que se inicia una campaña en contra de los profesionales inescrupulosos que otorgan licencias médicas sin cumplir los requisitos básicos, yo veo detrás de ello una iniciativa muy clara de las isapres y de ciertas instituciones que piden rigurosidad respecto a la entrega de licencias, pero que no dan ninguna explicación cuando las niegan.
Entonces, este es un proyecto absolutamente sesgado.
Y le quiero pedir al señor Ministro de Salud que, en definitiva -como dijo el Senador Rossi-, todas las exigencias que hoy día se imponen a los médicos que otorgan licencias también rijan para las instituciones, es decir, las COMPIN, las isapres, las mutuales, porque cuando estas niegan una licencia no explican las razones.
Se establece un conjunto de requisitos que lo único que hará es intimidar a los médicos a dar licencia a trabajadores aquejados por una enfermedad. Cientos de licencias por enfermedades profesionales son rechazadas por las mutuales de seguridad aduciendo que, o son consecuencia de una enfermedad crónica, o que los trabajadores se hallan en condiciones de realizar su tarea. Y mandan a trabajar, por ejemplo, a conductores con bota de yeso.
Me extraña mucho que esta iniciativa, enviada por el Gobierno -este o el anterior, pero no es moción parlamentaria- no diga ni una palabra con respecto al tema de los usuarios, de los trabajadores, de los enfermos, que tienen los mismos derechos.
En los diarios aparecen páginas y páginas y portadas cuando se trata de denunciar licencias -entre comillas- "falsas", "abusivas", pero ni una línea cuando los usuarios y los trabajadores denuncian haber sido objeto de abusos por parte de mutuales o de una COMPIN.
Por eso, señor Presidente, en este mismo proyecto debería incluirse una norma espejo -como dijo el Senador Rossi- en cuanto a que a las instituciones se les impongan las mismas obligaciones que a los médicos, de manera que cuando una mutual, una isapre o una COMPIN rechace una licencia, los usuarios, es decir, los trabajadores -que cotizan- puedan demandarles una explicación en las mismas condiciones.
De no ser así, estaremos creando un mecanismo férreo de defensa de dichas instituciones, que denuncian solo cuando son objeto de un ilícito, como lo es el otorgamiento de licencias falsas, pero nunca cuando son objeto de demanda por incurrir en graves faltas.
Señor Presidente, el texto está forjado a fuego contra los profesionales que emiten licencias. ¡Aquí pagan justos por pecadores! Hay un conjunto de médicos -en mi opinión, la inmensa mayoría- que tiene vocación y es profesional. Pero en algunos que conozco ya he empezado a percibir que, como con este proyecto se encienden las luces, lo pensarán dos o tres veces antes de autorizar un permiso.
Por lo tanto, estamos ante un mecanismo que inhibe un derecho consagrado en la Constitución de la República: el derecho a la salud. Porque, en verdad, constituye una amenaza.
No sé cuántas licencias deberá otorgar un médico para que se consideren abusivas, ni cuándo habrá que iniciar una investigación o pedir antecedentes.
Se establece que si los médicos no entregan los que les solicite una institución, se procederá a multarlos. Pero también se dispone que se podrá pedir informes complementarios de respaldo.
El artículo 4° dice: "Un reglamento dictado a través del Ministerio de Salud" -es una facultad privativa muy importante, que debe ser bien usada- "y suscrito además por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, establecerá respecto de determinadas patologías, protocolos referenciales relativos a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas".
Me pregunto quién va a pagar todo esto. Si a un trabajador se le exigen protocolos alternativos para los exámenes, ¿quién los va a pagar? ¿El afectado?
Creo que tenemos que darle más vueltas a esta materia.
Por cierto, yo rechazo el abuso de los médicos que, faltando a su código de ética, otorgan licencias sin que haya una enfermedad real, pero también rechazo el abuso que cometen las instituciones en contra de los trabajadores, de los usuarios y enfermos a quienes les niegan licencias justificadas.
O hay una ley espejo, que establezca las mismas obligaciones, señor Presidente, o este proyecto no puede salir.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, el Senador señor Ruiz-Esquide me ha solicitado intervenir antes que yo.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.


El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, en las Comisiones unidas llegamos a algunos acuerdos en ciertos casos, pero en otros no fue posible. Los resolvimos hoy en la tarde con el señor Ministro. Gracias a ello, estamos en condiciones de concretar lo que yo llamaría "un paso importante", pero que exige, de una u otra manera, que nos demos un tiempo para abordar a fondo el problema.
La licencia es un acto médico dentro del tratamiento. Naturalmente, tiene una repercusión en el mundo laboral. Sin embargo, es, en esencia, un acto médico como otros: prescripción de un medicamento, de un examen o, en definitiva, de reposo más o menos prolongado. Por lo tanto, es extremadamente difícil colocar en un mismo plano todas las circunstancias que se producen.
Señor Presidente, vamos a aprobar el proyecto. Sin perjuicio de ello, presentaremos una indicación -la firmamos algunos parlamentarios de la Concertación- para resolver la contradicción planteada por quien me antecedió en el uso de la palabra.
En su texto proponemos una nueva redacción para el artículo 10, a fin de que, en definitiva, se garantice que las sanciones que se establecen para los médicos sean similares a las que reciban los contralores de las isapres en materia de licencias.
Eso, por dos razones. Primero, porque no hay motivo alguno para que reciban un tratamiento distinto. Y segundo, porque los contralores, hasta la fecha, no tenían ni siquiera existencia legal. Entonces, se convino con el señor Ministro en la necesidad de confeccionar una lista de ellos, con nombre y apellido, a lo largo del país.
Para poder tratar en su conjunto todo lo que involucra el tema de las licencias, deberíamos partir por las acciones que es preciso corregir en las instancias interrelacionadas, que son básicamente las empresas o empleador, los médicos y proveedores de licencias y las isapres o quienes deben revisarlas.
Además, no puede mantenerse un sistema -por eso avanzamos ahora en hacer un catastro- en que alguien en definitiva pasa a ser juez y parte. No hay sistema en Chile que garantice esa cosa tan excepcional de que pueda ser juez y parte quien está llamado a corregir la acción de los contralores.
Se ha discutido mucho -y el Gobierno lo ha sostenido así- la afirmación de que los médicos, cuando faltan a la ética, cometen un delito, mientras que los contralores solo incurren en un juicio equivocado. Personalmente, no pienso así. Eso me basta para fundamentar lo que vengo diciendo en el sentido de que nadie puede ser juez y parte en un acto de salud. Pero, además, esto se ha prestado para muchas conductas inadecuadas, especialmente de las isapres.
Otro asunto que debemos tomar en consideración en este proyecto -se lo hemos pedido formalmente al Ministro, y quizá en el trámite en la Cámara pueda abordarse- es el de los tres días de carencia. No tienen justificación médica.
Todo se hace en virtud de poner cortapisas al abuso. Por mi parte, estoy absolutamente de acuerdo en que eso sea así. Pero, como digo, esos días de carencia no se justifican ni tienen sujeción a norma médica alguna. Y eso es lo que provoca a ciertos profesionales que no poseen la ética adecuada.
En este último punto, otra observación: creo que aquí todos estamos contestes en que los médicos involucrados en estas prácticas son una minoría. Pero hay que sancionarlos. Lo que no me parece adecuado es que se sancione -como lo aprobamos en un momento determinado para poder llegar a algún acuerdo- privando a un facultativo de la capacidad de otorgar una licencia. Eso va a perjudicar solo a los pacientes. Y soy partidario -incluso así se lo he dicho al Ministro- de colocar la máxima sanción para los médicos; pero ello requiere recoger la idea de la obligatoriedad de los colegios profesionales, de modo que la orden, en un momento determinado, pueda quitar la posibilidad de ejercer la profesión.
Es decir, aquí no estamos defendiendo a aquellos profesionales que sean culpables de la actitud inadecuada de que se les acusa -sabemos que son un porcentaje pequeño-, pero también hay que equilibrar la sanción respecto de quien controla.
Señor Presidente, esta ha sido una discusión bastante larga. Va a seguir, obviamente, porque el tema es muy extenso. Yo espero que en la Cámara el Ministro recoja alguna de las insinuaciones y propuestas que hemos hecho para mejorar el proyecto.
Deseo agradecer a la Senadora señora Rincón por permitirme hablar antes que ella, ya que debo retirarme de la Sala. Esta es una materia que va a resolverse dentro de un largo período de tiempo, porque incluye aspectos extraordinariamente controvertidos.
Agradezco, también, a los Honorables colegas que han firmado la indicación que nos permite resolver uno de los puntos más difíciles.
Señor Presidente, hemos trabajado con el máximo de esfuerzo para mejorar lo más posible la iniciativa en un aspecto muy difícil y que significa, por un lado, garantizar el correcto uso de las licencias y, por otro, impedir que las personas sean abusadas por los médicos o por las instituciones de salud previsional, porque -insisto- lo que se ha hecho hasta la fecha es realmente inadecuado para los trabajadores.
Por eso, señor Presidente, voy a apoyar el proyecto en los términos señalados.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.


La señora ALLENDE.- Señor Presidente, como se ha expresado, este proyecto viene del Gobierno de la Presidenta Bachelet, quien, como consta públicamente, mostró preocupación por lo que se ha venido detectando con el tiempo: el abuso -llamémoslo así- de las licencias fraudulentas por parte de algunos médicos, que, aunque pocos, provocan un daño muy grande.
Hemos podido observar reportajes televisuales que muestran cómo un pequeñísimo y reducido grupo de facultativos incluso se asocian para dar curso a licencias de manera fraudulenta. Con esto no podemos estigmatizar, en absoluto, al cuerpo médico en general ni, mucho menos, considerar que nos hallamos ante una práctica generalizada entre ellos. Estamos hablando de un grupo muy pequeño de personas que, evidentemente, ocasionan un gran daño. Hoy el Ministro de Salud nos mencionó cifras gigantescas: más de 250 millones de dólares. Yo no sé si realmente se puede llegar a tanto; pero, de ser así, lo que pierde el Estado por este mal uso de las licencias equivale, incluso, a la construcción de un hospital.
Entonces, entendemos el origen y el propósito del proyecto. Sin embargo, como lo han expresado varios señores Senadores, no podemos sino manifestar nuestro malestar por el hecho de que aún no logremos hacer un cambio sustantivo en relación con los tres primeros días de la licencia, que no son pagados. Ello constituye algo realmente lesivo para los trabajadores, por cuanto no pueden hacer uso correcto de legítimas licencias cuando corresponde, porque no tienen garantizados esos primeros días.
Señor Presidente, no dejan de llamar la atención las palabras expresadas por el propio Presidente de la Comisión de Salud del Senado, el Honorable señor Rossi, quien además es médico. Su Señoría señaló que precisamente por el hecho de restarse el pago de esos tres primeros días, los médicos emiten la licencia por más de diez, para que el trabajador pueda usarla en su totalidad.
Entonces, aquí nos hallamos frente a un problema que este proyecto no resuelve. Esperamos que a futuro -se encuentra presente el Ministro Mañalich- el Gobierno tome cartas en el asunto y compruebe la efectividad de lo que constituye un perjuicio para los trabajadores.
Pero si bien aplicaremos mano dura a esos pocos médicos, pero que hacen un daño tan grande al conjunto del país por el uso fraudulento de la licencia médica o mal uso de ella -en esto radica la importancia de lo que se ha dicho acá-, lo menos que podemos hacer es exigir también dar garantías de que esa mano dura se aplique rigurosamente a los contralores y se los fiscalice debidamente, pues en definitiva son ellos los que autorizan o rechazan la licencia. Nos parece sumamente condenable que muchas veces denieguen la emitida correctamente sin siquiera contar con los antecedentes.
Por lo tanto, creo que el Senado no debiera dudar acerca de la justeza de decir que esta situación es grave, por lo que no podemos aceptar el mal uso de la licencia médica. Pero también lo es que haya contralores que sean incapaces de establecer un criterio apropiado para su rechazo.
Esa fue la razón que motivó presentar la indicación mencionada que claramente mejora el proyecto y equilibra la situación. En especial ella es un llamado a la responsabilidad de quienes deben emitir la licencia médica, pero también a la de aquellos que deben fiscalizar el sistema y aceptarla o rechazarla.
Señor Presidente, insisto nuevamente en el daño que se hace a los trabajadores, cuestión que espero se pueda modificar a futuro. La indicación recogió tal inquietud, y el Gobierno se abrió a que la presentáramos.
Entonces, pensamos que, en esas condiciones, el proyecto puede ser aprobado.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Uriarte.


El señor URIARTE.- Señor Presidente, en muy pocos días más -probablemente, en el transcurso de abril-, se debiera inaugurar el nuevo hospital, ya terminado, de Punta Arenas, que costó 120 millones de dólares.
Con el costo total que representan para el país las licencias médicas fraudulentas, podrían construirse anualmente dos hospitales como el que señalo. Asimismo, sería factible edificar otros como el que se levantará en Talca (150 millones de dólares), y tres, como el por hacer en Ovalle, en la provincia del Limarí de la Cuarta Región.
El costo de las licencias médicas fraudulentas es demasiado caro para Chile. ¡250 millones de dólares es mucho dinero!
Por esa razón, hay que aprobar el proyecto, y rápido. Todos debemos hacer un esfuerzo por despacharlo pronto, y ojalá hoy. En primer lugar, porque asegura el otorgamiento y uso de licencias médicas; porque fortalece las facultades que deben tener los órganos públicos en materia de control y de fiscalización; porque acrecienta las atribuciones de la COMPIN, lo que obviamente mejorará el control de los médicos eventualmente licenciosos.
Es una gran iniciativa, pues, además, permitirá a la Superintendencia de Seguridad Social -si corresponde, obviamente- iniciar investigaciones en contra de médicos inescrupulosos que habitualmente ejercen su profesión con el claro propósito de defraudar al Fisco y al sistema. Por lo mismo y porque en ella se disponen multas y un régimen muy robusto de sanciones, solo resta aprobarla.
Por ese motivo y por el hecho de que se establece un gran y sabio desincentivo a las malas prácticas y a la comisión de ilícitos, anuncio nuestro voto favorable.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, durante cinco años fui Superintendenta de Seguridad Social, donde me correspondió no solo fiscalizar este sistema, sino también administrar los recursos asociados a él, en el caso de enfermedad grave del hijo menor de un año.
Pude apreciar todo tipo de situaciones, desde aquellas descritas por el Senador Uriarte, como las que constituyen abusos reiterados que significan restar anualmente al país la posibilidad de aumentar el número de hospitales, o como las dadas a conocer por colegas como el Senador Navarro, que implican tramitar en forma innecesaria y dilatoria a los trabajadores para la obtención de un legítimo beneficio.
¡De todo hay en la viña del Señor!
El proyecto en debate pretende hacerse cargo de tales anomalías. Su texto actual es el resultado de un extenso debate en las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas, donde se recogieron las apreciaciones e inquietudes de los distintos actores legislativos y, por cierto, se escuchó a diversas personas.
Se acogió la inquietud planteada por algunos Senadores en orden a sancionar duramente a los médicos que emiten licencias injustificadas y, también, a los contralores que las rechazan sin fundamento.
La indicación que presentamos -y se agradece la participación de las bancadas de la UDI y de Renovación Nacional- pretende homologar las sanciones: al médico que emita una licencia sin base no solo con multas, sino también con la suspensión de la facultad para emitirlas; y al contralor que restrinja o rechace sin fundamento el beneficio se le castiga no solo con multas, sino también con el término de la facultad de visar las licencias. Y es más: serán solidariamente responsables la isapre y la COMPIN cuando no concurran como corresponde.
Este, señores Senadores, es solo el principio, porque lo relativo a esta materia es una parte del problema.
Conversé con los Ministros de Salud y del Trabajo; con los Subsecretarios y con la Superintendenta de Seguridad Social acerca de la necesidad de modificar el sistema.
El Senador Tuma dijo que tenemos un problema en la tramitación de los documentos. Debiera estar operando la licencia médica electrónica - cuestión que compartimos con el Ministro- que hoy solo se utiliza en las isapres, lo cual permitiría tener información bastante importante acerca del comportamiento del beneficio.
Pero ello no ocurre en el sistema público. Creemos que ahí, señor Ministro, es donde debe hacerse un esfuerzo.
En la Concertación estamos trabajando una propuesta, y quisiéramos que también participaran los Senadores de la Alianza. Porque todos conocemos lo que ocurre en la realidad y cómo los distintos sistemas no conversan.
El Senador señor Navarro dio a conocer que a un trabajador que sufre un accidente del trabajo no le reconocen la naturaleza de este y lo derivan al sistema común, donde no le dan la tramitación expedita que requiere.
Conversamos este asunto con la ex Senadora Matthei, hoy día Ministra, quien coincidió en ello.
Pensamos que sobre el particular debe hacerse un esfuerzo importante.
Señor Presidente, tenemos la convicción de que el proyecto que hoy discutimos en particular debe ser aprobado en forma rápida.
¡Necesitamos mandar una señal clara y categórica!
Y, en tal sentido, me gustaría sugerir a la Sala -hablé con el Ministro, quien está de acuerdo- que se hagan tres votaciones: aquellas normas aprobadas por unanimidad o mayoritariamente en las Comisiones unidas, que sean votadas todas en un solo acto; las disposiciones de quórum especial -entiendo que es una, el señor Secretario puede ratificarlo-, y finalmente, la indicación consensuada con el señor Ministro de Salud, la que hemos presentado a consideración de la Sala para homologar la sanción de los médicos infractores con la de los contralores que rechacen licencias médicas en forma injustificada.
De esta manera podremos cumplir con lo señalado por el Senador señor Uriarte: la necesidad de aprobar en forma rápida el presente proyecto de ley, que ha sido largamente debatido en las Comisiones de Trabajo y de Salud, unidas.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.


El señor GIRARDI.- Señor Presidente, el proyecto que nos ocupa es muy importante. Lo planteamos algunos parlamentarios hace mucho tiempo.
Se busca establecer una regulación contra el fraude que cometen ciertos médicos, que son muy pocos.
Pero también se debe abordar lo que denunciamos muchas veces: que las isapres deniegan licencias médicas a pacientes que de verdad están enfermos. Ello implicaba una cantidad de recursos muy relevante: casi 20 mil millones de pesos al año. En función de esto, nos parecía primordial modernizar todos los procedimientos vinculados con dichas instituciones.
Y el Ejecutivo presentó esta iniciativa.
En mi opinión, acá ha habido un largo y profundo acuerdo con el Gobierno respecto a la necesidad de legislar sobre la materia, en orden a establecer los mismos criterios de sanción tanto para el doctor que otorga una licencia de manera fraudulenta y el paciente que la pide como para los contralores de las isapres que deniegan la licencia a personas que efectivamente se hallan enfermos.
Ambos fraudes nos parecen atentatorios contra derechos humanos fundamentales, porque se distraen recursos que debieran ir a la atención de gente que de verdad los necesita.
Asimismo, hago presente que todavía nos queda una cuestión pendiente: la eliminación de los tres primeros días de carencia cuando la licencia médica dura menos de once. ¡Es un impuesto al enfermo! No tiene ningún sentido que a un paciente se le denieguen esos días, pues está pagando por su derecho a reposo, el cual es esencial para que recupere su salud.
Señor Presidente, estimo que, de resultar afirmativa la votación del proyecto, daremos un gran paso a fin de garantizar un mejor cuidado de los recursos públicos y también -con más fuerza- los derechos y el acceso a la salud de los chilenos, particularmente de los más pobres.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.


El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, el objetivo principal del proyecto de ley que nos ocupa es combatir el fraude que se ha podido comprobar en el último tiempo con relación al otorgamiento de licencias médicas. Aquel consiste en que muy pocos doctores prescriben, a gran escala, un descanso que no se justifica. Se simula que determinada persona padece una patología, para la cual se le concede un reposo médico que da derecho a un subsidio estatal, lo que no resulta procedente pues ello produce un perjuicio al Estado, que, como bien nos ha explicado el Ministro del ramo, asciende a una suma de dinero anual de tal magnitud que con ello se podría equipar un hospital de nivel medio.
Entonces, se hace indispensable poner término pronto a este tipo de conductas constitutivas de fraude, que afectan sobre todo a quienes sí requieren descanso médico, por hallarse afectados realmente por una patología.
Asimismo, durante el extenso tratamiento de la iniciativa tanto en la Comisión de Salud como en las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas, tuvimos la oportunidad de escuchar la opinión de expertos sobre la otra cara de la medalla en esta materia: cuando los contralores de las instituciones de salud previsional reducen injustificadamente las licencias otorgadas por médicos, quienes, dentro de su ámbito de competencia y con estricto apego a la lex artis, han estimado que cierto paciente necesita un reposo prolongado.
Durante el análisis del proyecto, nos preocupamos de afinar hasta en sus más mínimos detalles los procedimientos administrativos a que las situaciones descritas pudieran dar origen. Lo mismo en el aspecto penal, cuando se ha actuado dolosamente, de modo de garantizar un justo y racional procedimiento para quienes hagan mal uso de los beneficios, tanto en su otorgamiento como en su aprovechamiento indebido.
Asimismo, hemos abordado el perjuicio pecuniario que significa para el erario fiscal el otorgamiento ilícito de licencias médicas: deberán ser restituidos los recursos públicos percibidos en forma fraudulenta e improcedente por efecto del mal uso de dicho instrumento.
Es indudable que el derecho a reposo médico se encuentra inserto dentro del principio constitucional del derecho a la vida y a la integridad física. Pero siempre y cuando se ejerza en forma racional y no con el fin de causar un perjuicio a las arcas fiscales mediante el uso torcido de este beneficio, al que legítimamente tiene derecho una persona que padece una enfermedad específica.
Por tal motivo, sin entrar en el detalle de las medidas que contempla el proyecto, contenido en el informe que los colegas tienen a su disposición, estimamos que se cumplen plenamente los objetivos que han inspirado la iniciativa legal que nos ocupa: hacer buen uso del reposo médico por el plazo que corresponda a la dolencia de que se trate.
En todo caso, estamos contestes en que se hace necesario introducir mayores reformas en esta materia, como la extensión de la licencia electrónica o el pago del subsidio cuando el reposo sea inferior a tres días. Tales medidas se analizarán en una nueva iniciativa gubernamental, ya que la situación que se aborda en el proyecto en examen urge ser remediada cuanto antes. Por algo se le ha aplicado urgencia "suma".
Por ese motivo, los miembros de las Comisiones unidas pedimos justamente al señor Ministro de Salud que estudiara lo relativo al período de carencia de tres días, a los efectos de poder resolver el punto más adelante.
Me permito instar a los colegas a que demos nuestra aprobación al proyecto, a fin de que se transforme en ley a la mayor brevedad, de modo que no se sigan dilapidando los recursos fiscales mediante uso doloso o indebido de este tipo de beneficios.
En consecuencia, voto favorablemente el proyecto.
No deseo concluir mi intervención sin antes señalar que, cuando vimos por primera vez la iniciativa en la Comisión de Salud, los parlamentarios de la Concertación no querían que aquella viera la luz del día. Luego, los representantes de la Oposición en la Comisión de Trabajo y Previsión Social se abrieron a la posibilidad de que se aprobara la idea de legislar.
Agradezco a los Senadores de las Comisiones de Salud y de Trabajo y Previsión Social, unidas, la generosidad de responder favorablemente a un proyecto que, sin lugar a dudas, busca atacar una situación en que hay dolo manifiesto de parte de unos pocos profesionales médicos, quienes de manera poco racional y claramente fraudulenta otorgan gran cantidad de licencias médicas.
Señor Presidente, con esta iniciativa se pretende satisfacer una necesidad de racionalización de los recursos públicos. Pero, de forma adicional, quedó en la mesa el compromiso del Ministro de Salud de revisar el término del período de carencia, con el propósito de evitar el incentivo perverso de otorgar licencias por más de diez días.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Daré la palabra al señor Ministro y después, a los dos Senadores que están inscritos.
La Mesa propone que posteriormente se proceda a votar: primero, las enmiendas aprobadas por unanimidad en las Comisiones unidas -varias de ellas requieren quórum especial-; luego las acordadas por mayoría, y, al final, la indicación a que se ha hecho referencia.
Haré tocar los timbres desde ya para contar con la cantidad necesaria de Senadores en la Sala al momento de votar.
Tiene la palabra el Ministro de Salud.


El señor MAÑALICH (Ministro de Salud).- Señor Presidente, señores Senadores, no quiero repetir lo que ya se ha dicho acá hasta el cansancio respecto de la magnitud del problema que enfrentamos cuando se habla del Fondo Único de Salud -como por lo demás ha sancionado el Tribunal Constitucional-, del cual se destinan recursos para la atención de personas enfermas y, a la vez, para el subsidio de incapacidad laboral (licencia médica curativa).
Quiero destacar que en esta materia hemos llegado a un extremo verdaderamente grave.
El fondo que administra FONASA hoy día se constituye en 40 por ciento con las cotizaciones obligatorias en salud y en 60 por ciento con impuestos generales de la nación. Si el gasto en licencia médica uno lo indexara al 7 por ciento de la cotización obligatoria, cabría señalar que 2,7 puntos porcentuales de ella se ocupan en dicho beneficio.
La gravedad de ello está a la vista.
Sin embargo, llama profundamente la atención que, a pesar de los esfuerzos realizados a través de los medios de comunicación y de las denuncias hechas ante la justicia ordinaria en años pasados tanto por los Ministros de Salud anteriores como por mí, no se haya producido ningún efecto para quebrar esa tendencia. De hecho, en 2010 la tasa de otorgamiento de licencias médicas se incrementó en 18 por ciento, lo cual es muy delicado al analizar las cifras mencionadas.
Además, en 8 años los subsidios por incapacidad laboral -considerando una moneda del mismo valor- se han multiplicado en 230 por ciento, tendencia que no tiene cómo amortiguarse.
Por eso surge este proyecto de ley, que fue iniciado por la entonces Presidenta Bachelet.
En el mensaje ella usa la figura de fraude, de organización para el fraude. Son palabras muy duras, pero, en nuestra opinión y de acuerdo a los informes que hemos recibido sobre acontecimientos ocurridos en los últimos meses, se corresponden exactamente con la realidad, dado que algunos grupos de profesionales, incluso ciertas empresas, se coordinan o coluden para producir un daño patrimonial a los trabajadores chilenos que contribuyen, vía impuestos generales o cotización obligatoria de salud, a generar el referido Fondo.
De otro lado, se ha mencionado la incapacidad de las COMPIN para realizar su función. Yo quiero ser cauto en esta materia, porque, para que estas pudieran fiscalizar el beneficio en los últimos años, deberían haber aumentado sus plantas en aproximadamente 5 veces.
De hecho, tales comisiones, que son las contraloras por esencia del otorgamiento de licencias médicas, en el ámbito privado (las isapres) no pueden lisa y llanamente cumplir con su cometido.
Ilustro a Sus Señorías con un ejemplo: las COMPIN, que son dependientes de los seremis del ramo, en el año 2006 fiscalizaron 2,6 millones de licencias médicas, y en 2010, 4 millones, y con prácticamente la misma planta de personal.
En consecuencia, cuando se pide que dichas comisiones médicas actúen eficazmente para vigilar lo que ocurre con los contralores de las isapres, se debe comprender que se requiere dar un paso previo: disminuir significativamente el volumen de licencias médicas que aquellas deben revisar. Porque, con la actual demanda, no tienen la capacidad para hacer un trabajo eficaz.
También debo manifestar, a manera de ejemplo, que la proporción de licencias médicas otorgadas en el marco del seguro público que las COMPIN alcanzan a revisar cada año es decreciente: el 20 ciento del total de licencias fiscalizadas -dichas entidades no actuaron como meros buzones, sino que ejercieron su tarea- se ha reducido en la actualidad a 12 por ciento. Ello -insisto-, producto del intenso tráfico de licencias que tales comisiones deben manejar.
En cuanto al empleo de la licencia médica electrónica, hemos llamado a licitación -ya están entregándose propuestas- para implementar un sistema de uso generalizado en el país. Sin embargo, debo hacer presente que, al menos en el mundo privado, su aplicación ha sido extraordinariamente compleja, porque, si bien todas las isapres disponen de dicho sistema, solo el 30 por ciento de las licencias médicas se tramitan por esa vía. Existe una resistencia sistemática, cultural o de otro orden, por parte de los prestadores (los doctores) para utilizar el mecanismo electrónico en la tramitación del reposo médico. Prefieren seguir usando los papeles o formularios comprados en las COMPIN.
Por lo tanto, anticipo que exigiremos a los prestadores públicos en hospitales y consultorios usar como único mecanismo para otorgar licencias médicas, en un plazo de dos años luego de concluida la licitación, el sistema electrónico. De lo contrario, no habrá manera de sacar provecho, como manifestó el Senador señor Tuma, a este tremendo instrumento de gestión.
El proyecto, como se dijo, fue trabajado intensamente por las Comisiones de Salud y de Trabajo, unidas. Y creo que llegamos a un buen final.
Me animaría a señalar, en el ánimo de avanzar rápido en la aprobación en particular, que la indicación anunciada por la Senadora señora Rincón, que, en mi humilde opinión, es equilibrada y consistente con las discusiones sostenidas en diferentes instancias -específicamente en los órganos técnicos mencionados-, debiera ser acogida, a fin de que el proyecto siga su tramitación en la Cámara de Diputados.
De ese modo, al fin se podrá contar con un instrumento que, por un parte, libere la carga de trabajo actual de las COMPIN -hoy no pueden realizar bien su labor de fiscalizar el trámite de las licencias médicas de los beneficiarios públicos ni las que otorgan o deniegan los prestadores privados- y, por otra -insisto-, permita sancionar jurídicamente de manera específica a médicos, matronas, dentistas o quienes fuere que se organicen para entregar licencias médicas en cantidades abismantes.
Al respecto, sabemos de profesionales -son pocos- que dan una licencia cada dos minutos. Ante esa realidad, hemos pedido al Servicio de Impuestos Internos que nos informe si ello se corrobora con las declaraciones de tales personas.
Y eso sucede en la consulta médica privada mucho más que en el sector público, incluso para beneficiarios de este último. En efecto, alguien que no obtiene una licencia en el hospital público, cruza al centro médico de enfrente -lugar conocido por la entrega sistemática de dicho beneficio- para comprarla. Ahí el médico firma formularios a destajo, incluso estando de vacaciones -como hemos denunciado-, y la secretaria pone los timbres respectivos y cobra la venta de la licencia médica.
De esta forma se provoca un daño patrimonial enorme a los trabajadores del país.
Sugiero no perder la perspectiva de lo que hemos hablado acá.
Los recursos entregados a través de la Ley de Presupuestos al sector de la salud son crecientes y significativos. Pero tenemos la obligación inexcusable, no de ahorrarlos, sino de usarlos en condiciones de mayor beneficio para la gente. Y, claramente, el fraude en el otorgamiento de licencias médicas por 250 millones de dólares constituye un mal uso de tales dineros.
Ello nos hace disparar "de chincol a jote" -si me permite la expresión, señor Presidente; ignoro si es conocida acá-, con lo que se daña de manera innecesaria el prestigio de profesionales de buen comportamiento, quienes, debido a toda esta batahola comunicacional, incluso pueden ver inhibida su capacidad de otorgar licencias médicas responsablemente cuando corresponda.
El asunto es grave y requiere una solución urgente.
Se debe garantizar una buena utilización de los recursos en quienes lo necesitan.
Por eso, pido a los señores Senadores formalmente -por intermedio de la Mesa- la aprobación en particular de la iniciativa.
Gracias.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.


El señor LETELIER.- Señor Presidente, me referiré de manera breve a tres temas.
El debate sobre las licencias médicas se puede abordar desde varias perspectivas. Solo quiero recordar que, más allá del proyecto, quedará pendiente una de las dimensiones del problema, la más vergonzosa: el descuento a los adultos mayores de parte de sus pensiones para pagar las licencias médicas de los trabajadores activos.
Hay que resolver no solo la situación fraudulenta que cometen quienes mal usan un instrumento necesario en el país, sino, además, el asunto de cómo se financia el sistema. Y espero que la iniciativa que se envíe para reducir el aporte en salud de los jubilados considere la eliminación de la carga destinada a cubrir el gasto en licencias médicas.
En segundo término, queremos un proyecto equilibrado.
Creo que lo propuesto es sin duda un primer esfuerzo en esa dirección: sancionar drásticamente a los profesionales que de manera ilegítima, con fines ajenos a la salud, usan un instrumento que se ha puesto en sus manos.
Pero necesitamos, y recojo las palabras del señor Ministro de Salud en tal sentido, abordar la responsabilidad del Estado -no digo del Gobierno, sino del Estado- en orden a modernizar las comisiones médicas preventivas. Porque no resulta justo lo que sucede en particular con los sectores más desprotegidos, como son los trabajadores, que muchas veces no poseen formación profesional o técnica. Estos presentan licencias médicas entregadas después de mucho tiempo por facultativos de los consultorios, de los hospitales públicos, las que en la abrumadora mayoría de los casos están bien otorgadas. No obstante, muchas veces las COMPIN se las rechazan porque no tienen la capacidad de evaluarlas correctamente, dado que no cuentan con el personal ni con la infraestructura correspondientes.
La indicación que hemos presentado apunta a establecer un equilibrio en la responsabilidad del Estado tanto para asegurar que se sancione a los profesionales que entregan malas licencias médicas como para garantizar a los trabajadores el ejercicio de un derecho, es decir, que efectivamente se les pague la licencia cuando corresponda y no que por falta de personal o de modernización de las COMPIN se les prive de aquel derecho.
Por último, creo que todos tenemos la voluntad de generar las condiciones para la modernización de la COMPIN, para mejorar los mecanismos de supervisión, a fin de que se garantice un sistema de licencias médicas y que no se distorsione, como ha ocurrido en el último tiempo. En la cultura de nuestro país existe el concepto de "tiré licencia médica", es decir, constituye una costumbre para muchos abusar de este instrumento. Y pienso que todos queremos poner fin a ello.
Saludo el esfuerzo de las Comisiones de Salud y de Trabajo, del actual Gobierno, del de la Presidenta Bachelet. Me parece que en esta materia necesitamos mantener un trabajo de consenso.
He dicho.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, votemos.
El señor GIRARDI (Presidente).- Quedan dos inscritos. Se han ido sumando algunos Senadores entusiastamente.
El señor WALKER (don Ignacio).- Pero abra la votación.
El señor GIRARDI (Presidente).- Es que se deben efectuar votaciones de diverso tipo.
Entonces, les solicito que sean breves para así poder poner en votación el proyecto.
El señor PROKURICA.- ¡Eso es imposible...!
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona, que es el último inscrito, pues el Honorable señor Muñoz Aburto ha colaborado y no intervendrá.


El señor ESCALONA.- Señor Presidente, valoro la labor desarrollada por los colegas de las Comisiones de Salud y de Trabajo, así como el esfuerzo realizado tanto por el Gobierno de la Presidenta Bachelet como por el que encabeza Sebastián Piñera.
Sin embargo, no soy de las personas que consideran que este proyecto sea definitivo o perfecto.
Creo que se trata de una iniciativa débil en cuanto a las sanciones que establece. Es decir, claramente pienso que el proyecto no se encuentra a la altura del mal que aquí se ha diagnosticado, para hacer la metáfora médica.
Se está hablando de una industria para la fabricación de licencias médicas fraudulentas.
Según los datos de la Superintendencia de Seguridad Social, que asumió esta responsabilidad durante la Administración de la Presidenta Bachelet y entregó las primeras listas que causaron impacto en la opinión pública respecto de este fraude, en 2009 -en una industria con un florecimiento progresivo- el Estado perdió más de 50 millones de dólares por licencias médicas fraudulentas. Y si consideramos que el proyecto que tanta conmoción pública está generando, que dice relación con la ampliación del llamado "posnatal", implica un costo de 88 millones de dólares, podemos establecer una adecuada relación acerca del impacto que significa aquella industria mafiosa en el sistema de protección social del país.
Independientemente de que las multas se hacen mucho más fuertes y de que se determinan incluso sumarios con la sanción de destitución, si tomáramos en cuenta que cerca de 500 médicos son investigados por la justicia y que cerca de 115 entregaron más de 200 mil licencias -en lo que uno podría fijar como el centro industrial de esta práctica mafiosa-, claramente se echa de menos en el proyecto la sanción de término de la licencia para ejercer como médico a quienes llevan adelante esta actividad industrial como una práctica de enriquecimiento ilícito.
Digo lo anterior porque no cabe ninguna duda de que estas personas se dedican a ello y no a la medicina. Han encontrado en la perversión del ejercicio de la profesión una fuente de ganancia a costa de la protección social del país, sacando recursos del Estado para su enriquecimiento ilícito, en circunstancias de que estos debiesen ser destinados al mejoramiento de la salud de la gente.
En consecuencia, si los datos son tan categóricos, si la propia Superintendencia de Seguridad Social ha señalado que 115 facultativos entregaron más de 200 mil licencias, existen los antecedentes prácticos y concretos que permitirían establecer que esas personas debiesen perder su licencia como médicos.
Esta sanción no se considera en el proyecto.
Entiendo que se ha hecho un esfuerzo para llegar a acuerdos, con el propósito de viabilizar la iniciativa. Me parece bien, y los respaldaré.
Pero, siendo tan altamente rentable esta actividad, tan profundo el problema que se ha generado, transformándose el uso fraudulento de la licencia médica en una práctica de enriquecimiento ilícito de un puñado de personas, afectando con ello seriamente la protección social del país, creo que el Estado tiene plena legitimidad para establecer que esos profesionales no pueden seguir usando su licencia de médicos con tal objeto.
Pero de todas maneras entiendo que el proyecto constituye un avance. Hay otras materias que no alcanzaron a ser tratadas en él. Uno no puede pretender que en una iniciativa se resuelvan todos los problemas de inmediato. Sin embargo, he sentido la obligación de señalar que ha quedado un aspecto pendiente. Me atrevo a decir que se trata de una omisión. Y si la Cámara de Diputados la resolviera, creo que sería mejor para el fortalecimiento de los sistemas de salud público y privado en el país.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Cerrado el debate.
Se dará inicio a la votación particular.
Tiene la palabra el señor Secretario.


El señor LABBÉ (Secretario General).- En primer término, corresponde pronunciarse acerca de las modificaciones aprobadas por unanimidad en las Comisiones unidas, entre las cuales se encuentra la norma de quórum orgánico constitucional, que es el inciso cuarto del artículo 6o del proyecto, que pasó a ser 7°.
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor ORPIS.- Señor Presidente, ¿por qué no hacemos una sola votación?
El señor GIRARDI (Presidente).- ¿Para todas las enmiendas?
El señor ORPIS.- Exacto.
El señor CHADWICK.- Sí, votemos todo en un solo acto.
La señora RINCÓN.- Por nuestra parte, no habría problema.
El señor LABBÉ (Secretario General).- No es posible, señor Presidente.
Se encuentran en votación las modificaciones aprobadas unánimemente por las Comisiones unidas, entre las cuales figura una que requiere quórum especial.
El señor GIRARDI (Presidente).- Bien.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueban (34 votos favorables), dejándose constancia de que se reunió el quórum de ley orgánica constitucional requerido por la enmienda al inciso cuarto del artículo 6°, que pasó a ser 7°.
Votaron las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.


El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, corresponde pronunciarse acerca de las enmiendas que las Comisiones unidas aprobaron por mayoría (según el boletín comparado, con un voto en contra y, en un caso, con dos abstenciones).
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueban (34 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor GIRARDI (Presidente).- Ahora se va a votar la indicación formulada por algunos señores Senadores de la Concertación, producto de un acuerdo entre esta y el señor Ministro de Salud.
El señor WALKER (don Patricio).- ¿Con quiénes llegó a acuerdo el Ministro?
El señor PROKURICA.- Sí, ¿con cuáles colegas?
¿Y participó el MAS?
El señor GIRARDI (Presidente).- El señor Secretario procederá a leerla.


El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación consta de dos números.
"1.- Se propone una nueva redacción para el ARTÍCULO 10 del proyecto de ley en los siguientes términos:
"Artículo 10.- En caso que el profesional médico, enfermera universitaria o matrona que ejerza como contralor médico u otro cargo similar en una institución de salud previsional (ISAPRE), cuya función sea la autorización, modificación o rechazo de las licencias médicas que presenten los afiliados a dicha ISAPRE, ordene bajo su firma o la de su delegado, postergar su resolución, rechazar o modificar una licencia médica, sin justificación médica apropiada al caso o sin expresión de causa, podrá ser denunciado por el afiliado afectado por la medida o su representante, ante la Superintendencia de Seguridad Social, a fin que ésta realice una investigación de los hechos denunciados.
"En caso que de la investigación realizada se concluya que el profesional médico o enfermera universitaria, que ejerza como contralor médico u otro cargo similar en una institución de salud previsional (ISAPRE), ha postergado injustificadamente su resolución, ha rechazado o ha modificado una licencia médica injustificadamente o sin expresión de causa, la Superintendencia de Seguridad Social podrá imponer a dicho profesional alguna o algunas de las siguientes sanciones:
"1) Multa a beneficio fiscal de hasta 7,5 unidades tributarias mensuales. La multa podrá elevarse al doble, en caso de constatarse que la postergación de la resolución, el rechazo o la modificación de la licencia médica sin fundamento médico ha sido reiterada.
"2) Suspensión por treinta días de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en el sistema ISAPRE y una multa a beneficio fiscal de hasta 15 Unidades de Fomento, en caso de reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.
"3) Suspensión por noventa días de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en el sistema ISAPRE y una multa a beneficio fiscal de hasta 30 Unidades de Fomento, en caso de segunda reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.
"4) Suspensión por un año de la facultad para visar el otorgamiento de licencias médicas en el sistema ISAPRE y una multa a beneficio fiscal de hasta 60 Unidades de Fomento, en caso de tercera reincidencia dentro del período de tres años contados desde la fecha de la notificación de la resolución que impone la primera sanción.
"La resolución que aplique alguna de las sanciones señaladas, deberá ser fundada y dictada previo informe del profesional involucrado.
"Por su parte, la Superintendencia de Seguridad Social, junto con sancionar al profesional responsable de la contraloría médica de la ISAPRE, ordenará a esta institución de salud el pago inmediato del subsidio por incapacidad laboral respectivo o la parte de éste que dejó de ser pagado injustificadamente.
"Del mismo modo, la ISAPRE a la que represente el profesional sancionado, será solidariamente responsable del pago de la multa que se le imponga como sanción.
"El profesional sancionado o la ISAPRE respectiva tendrán diez días hábiles, desde la notificación de la resolución que aplica la sanción, para remitir a la Superintendencia su informe, pudiendo solicitar que se le otorgue una audiencia para realizar descargos, a la que podrán asistir los organismos administradores que correspondieren, el colegio profesional y las sociedades científicas respectivos, previa citación.
"Transcurrido el plazo de diez días señalado o realizada la audiencia indicada, la Superintendencia resolverá de plano la procedencia de la sanción.
"La solicitud de informe, la citación a la audiencia de descargos y la resolución, deberán ser notificadas por carta certificada.
"El profesional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o unidad de licencias médicas que incurra en la conducta descrita en el inciso 1 será sometido a sumario administrativo, el que podrá provocar la destitución de su cargo, y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez o unidad de licencias médicas, podrá ser sancionada con las mismas multas establecidas en este artículo en los números 1, 2, 3 y 4.
"2.- Se propone ingresar una nueva palabra en el ARTÍCULO 11 del proyecto de ley en los siguientes términos:
"-Establecer luego de las palabras artículo 5 las palabras `ARTÍCULO 10'."
Vale decir, serían aplicables las sanciones a que se refieren los artículos 5° y 10 de la iniciativa.
El señor GIRARDI (Presidente).- Hay que hacer una aclaración, señores Senadores: todas las multas deben establecerse en unidades tributarias mensuales. Porque en algunas partes del texto se habla de "unidades de fomento".
La señora RINCÓN.- Muy buena la aclaración, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación la indicación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la indicación (34 votos favorables), y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor GIRARDI (Presidente).- Felicito a esta Sala y al Ejecutivo, porque el proyecto de ley que se acaba de despachar es un importante avance en la materia.