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MODIFICACIÓN A RÉGIMEN JURÍDICO DE TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO


El señor PIZARRO (Presidente).- Conforme a lo acordado por los Comités, corresponde ocuparse enseguida del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado, con segundo informe y nuevo segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7085-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 37ª, en 28 de julio de 2010.
Informes de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 41ª, en 10 de agosto de 2010.
Transportes y Telecomunicaciones (segundo): sesión 85ª, en 11 de enero de 2011.
Transportes y Telecomunicaciones (nuevo): sesión 85ª, en 11 de enero de 2011.
Hacienda: sesión 85ª, en 11 de enero de 2011.
Discusión:
Sesión 42ª, en 11 de agosto de 2010 (se aprueba en general).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- La idea de legislar sobre la materia fue aprobada por el Senado en su sesión del día 11 de agosto de 2010.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones efectuó diversas enmiendas al proyecto aprobado en general, las cuales fueron acordadas por unanimidad, con excepción de tres de ellas, que serán puestas en votación oportunamente.
Por su parte, la Comisión de Hacienda, conociendo de las normas de su competencia, aprobó el texto despachado por el mencionado órgano técnico sin introducirle modificaciones. Con todo, los incisos segundo y tercero del artículo primero transitorio fueron acogidos por mayoría, de manera que también serán puestos en votación.
Cabe señalar que los Senadores señora Rincón y señores García, Letelier, Novoa y Zaldívar han presentado, dentro del plazo fijado por los Comités en el día de hoy, una indicación para sustituir el inciso segundo del artículo primero transitorio.
Hago presente que las modificaciones unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión o existan indicaciones renovadas. Entre las enmiendas aprobadas por unanimidad se encuentran las referidas a los incisos catorce y veintitrés del artículo 3° de la ley N° 18.696 y las concernientes al artículo 3° duodecies y al artículo segundo transitorio, las cuales tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 22 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión particular el proyecto.
Tiene la palabra la señora Ministra de Transportes.


La señora HUTT (Ministra de Transportes y Telecomunicaciones subrogante).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero transmitir el saludo y las excusas del Ministro Felipe Morandé, quien se encuentra en comisión de servicio en el extranjero. Por eso me ha correspondido subrogarlo.
No entraré al detalle de la iniciativa que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado, que ya conocen los señores Senadores, pero hay algunos elementos relacionados con su desarrollo que vale la pena recordar.
De partida, deseo destacar la calidad, la profundidad y los alcances del debate que tuvo lugar en su momento para llegar al contenido final de este proyecto, el cual concitó un consenso amplio en torno a dos conclusiones principales: una, la necesidad de actualizar el subsidio del sistema para poder estabilizarlo en el largo plazo, y dos, la urgencia de dar un marco regulatorio más efectivo que permita consolidar su funcionamiento en forma normal después de un tiempo en que el transporte público de Santiago ha sufrido alteraciones importantes.
Todos -el equipo que participó en la gestación de la iniciativa y los parlamentarios que han contribuido a mejorarla- fuimos testigos de la crisis que afectó al sistema durante el año 2010, que incluso llevó a caducidad, quiebras y suspensiones del servicio, lo cual dejó en evidencia la debilidad del marco regulatorio actual.
En ese contexto, representantes de los partidos de la Concertación y de la Coalición por el Cambio en ambas Cámaras, junto con el Ejecutivo, trabajaron intensamente para elaborar una estrategia de solución y acordar el marco que debería tener el desarrollo del sistema de transporte público. Finalmente, el 14 de septiembre de 2010 se consensuó un documento que establece medidas y compromisos que orientan la política de transporte para la Capital y las Regiones.
Tal acuerdo permitió, por un lado, estabilizar las tarifa de la locomoción colectiva en Santiago, y por otro, otorgar subsidios adicionales a las Regiones. Ello hizo posible contar con recursos suficientes para mejorar significativamente los servicios. Pero ahora se requiere formalizar el marco regulatorio, que es lo que se pretende con la iniciativa en debate.
Resulta urgente contar con una normativa de rango legal que recoja lo que actualmente se desarrolla al amparo de reglas de menor jerarquía, como contratos y bases de licitaciones, que han demostrado ser insuficientes para regular el sistema por sí solas.
El proyecto que ahora se somete a la consideración de la Sala se basa en el espíritu de entendimiento y consenso recién comentado. Las Comisiones trabajaron intensamente, priorizando el interés general del país, de los usuarios y de los trabajadores, y los resultados de las votaciones reflejan el acuerdo general alcanzado.
Así que quiero agradecer especialmente a todos los que colaboraron para que aquello fuera posible. Me parece que esa es la forma de avanzar en sistemas que producen impacto directo en las personas, que es a quienes nos interesa proteger.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, simplemente deseo destacar lo expresado por la señora Ministra.
En la Comisión de Transportes tuvimos un intenso trabajo, el cual fue precedido por un acuerdo entre la Concertación, la Oposición y el Gobierno.
Cabe destacar que, efectivamente, el proyecto y las indicaciones que presentó el Ejecutivo vinieron a respaldar ese consenso. En ellas se tuvo especial preocupación por los beneficiarios -las personas que usan el transporte público- y por los trabajadores del sistema.
En cada sesión del referido órgano técnico se fue recogiendo el contenido del Protocolo de Acuerdo suscrito, el cual resguarda importantes preocupaciones desde el punto de vista laboral y de la seguridad social.
Por otra parte, quiero hacer presente que la iniciativa que hoy día votamos en particular resuelve muchos de los problemas que durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet se pidió solucionar en este mismo Parlamento y que la Oposición de entonces, ahora Gobierno, se negó a resolver. Lo destaco porque estimo relevante dejarlo consignado en la historia de la ley.
Hoy, la prensa informa permanentemente de una actitud no constructiva de la actual Oposición. Con ello queda la sensación de que la Concertación obstaculiza el trabajo. Y creo que el mencionado acuerdo y la labor legislativa desarrollada a propósito de la presente iniciativa muestran algo totalmente distinto de lo que consignan y publican los medios de comunicación.
Además, ha quedado en claro otro hecho: que cuando el actual Gobierno fue Oposición negó lo que hoy ha venido a pedir a este Parlamento, donde nosotros hemos actuado en forma diferente, por entender que ello era necesario.
Solo quería manifestar eso, señor Presidente.
Obviamente, respaldaremos el texto en el cual trabajamos de manera intensa en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.


La señora ALVEAR.- Señor Presidente, junto con otros Honorables colegas y la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, participamos en la suscripción del convenio entre el Gobierno y la Oposición para aprobar el proyecto de ley relativo al Transantiago.
Debo manifestar que, en lo personal, tenía una gran preocupación por trabajadores que nos manifestaron su situación. Durante largo tiempo muchos de la empresa Transaraucarias estuvieron protestando por haber quedado en la calle sin que siquiera se les hubieran pagado sus imposiciones. Y parte del citado acuerdo precisamente buscaba lograr una fórmula para solucionar sus problemas.
Como sabíamos que se vería el proyecto en la Sala, esta tarde, antes de la sesión, junto con la Senadora Rincón, tuvimos la oportunidad de conversar con la Ministra de Transportes subrogante, la que nos explicó cuáles son los avances en la materia. Además, el próximo lunes, en dependencias de dicha Cartera, ambas Senadoras vamos a sostener una reunión con ella y los trabajadores involucrados con el fin de aclarar definitivamente esta situación.
Debo reconocer que en este ámbito el Ministerio de Transportes ha tenido una disposición permanente a dialogar, a resolver dudas y a estar siempre llano a acoger peticiones. Dicha actitud ha posibilitado que estemos dispuestos a aprobar los distintos proyectos relativos al Transantiago, que es un tema extraordinariamente difícil de abordar.
Voy a votar favorablemente la iniciativa legal, en atención a su mérito y, al mismo tiempo, a mi interés de ir cumpliendo el Protocolo de Acuerdo, ahora en un aspecto en el que, teniendo dudas, la Ministra ha mostrado disposición para aclarar.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, examinaba este proyecto, puesto sobre tabla, y hay algunas modificaciones que incorporan la exigencia del respeto de los derechos de los trabajadores; en particular, la caducidad declarada fundadamente en cualquiera de los casos en que estos no sean resguardados. Se establece que se considerará incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario la inobservancia de aspectos sindicales o laborales previstos en la ley y que esto, efectivamente, dará lugar a la caducidad. Sin embargo, lo anterior siempre queda solo en la letra y su posterior implementación cuesta una enormidad.
Como entiendo que tendremos la posibilidad de discutir la iniciativa en particular, yo analizaría bien estos preceptos, de tal manera que el procedimiento de reclamación pudiera garantizar...
El señor LARRAÍN.- ¡Ya estamos en la discusión particular, señor Senador!
El señor NAVARRO.- ¿Ahora mismo?
El señor PROKURICA.- ¡Obvio!
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la verdad es que, cuando se tratan materias sobre tabla -yo no asistí a la reunión de Comités y tengo entendido que fue ahí donde se acordó no solo suspender la sesión especial sobre la reconstrucción del país, sino también analizar hoy en la Sala este proyecto-, uno queda con escaso margen para prepararse, aunque en este caso se trata de un asunto que venía siguiendo.
Me alegra que se contemplen tales resguardos, tanto por los trabajadores de Transaraucarias como por aquellos que laboran en los servicios concesionados, quienes sufren los rigores de empresas inescrupulosas que en la Dirección del Trabajo acumulan más de 2 mil infracciones y multas que no son cobradas y a las cuales se les da toda clase de facilidades. El Ministerio de Transportes y el del Trabajo deben cambiar el criterio. Se dan esas situaciones y, por una parte, no se cobran las multas, y por otra, es "como si lloviera", y no solo en Transaraucarias.
Por lo tanto, el procedimiento para hacer realidad la letra que hoy día estamos aprobando a través de las indicaciones presentadas -entiendo que por la Senadora Alvear- me parece extraordinario. Solo hago presente que debe haber practicidad; en definitiva, mecanismos expeditos de operación, para que el interventor o administrador provisional pueda actuar antes de que las cosas ocurran, sin esperar a que una empresa entre en insolvencia y deje impagos tres o cuatro meses de remuneraciones o imposiciones; se debe contar con mecanismos de previsión, porque no solamente son afectados los trabajadores. Transaraucarias retiró sus máquinas. Y, como Sus Señorías saben, el sistema las reemplaza. Pero alguien en cierto punto deja de contar con un bus del Transantiago porque fue reemplazado por otro. Por tanto, el régimen se contrae.
¿Cuántas máquinas circulan por la Región Metropolitana? No lo sabemos. ¿Cuántos pasajeros se trasladan a través de ellas? No lo sabemos ¿A qué número de personas llega la evasión? No lo sabemos. Lo único que conocemos es que el Senado aprobó un proyecto de ley para multar a quienes dejan de pagar su pasaje.
Se trata de un sistema que funciona pésimo; que no cumple ningún estándar; que, en definitiva, ha hecho gastar al Estado miles de millones de dólares. Sin embargo, no se les ocurrió nada mejor -tuvo mi voto en contra- que crear un DICOM para la gente que no cancela. Yo quiero que paguen, pero cuando el sistema funcione bien. Mas hoy lo hace mal.
Señor Presidente, se me señala que estamos en la discusión en particular y que, por lo tanto, no se pueden presentar indicaciones.
Según entiendo, sobre este asunto hubo un acuerdo político. En realidad, celebro que la Concertación haya tenido la generosidad que no tuvo en su momento la Oposición, ahora Gobierno, respecto de muchos casos, pues efectuó una crítica despiadada y particularmente ofensiva.
Quiero recordar las opiniones emitidas en contra de la Presidenta Bachelet, cuya misión fue poner en servicio el sistema. Seis días después de iniciado el proceso, recurrí a la Contraloría porque a mi parecer SONDA no había cumplido con el software prometido y el sistema iba a fracasar. Sucedió como lo habíamos previsto. No funcionó. Lamentablemente, no nos equivocamos.
Solo deseo traer a la memoria -con todo respeto, porque muchos de mis mejores amigos son de la Concertación- que, cuando apoyé a Eduardo Frei en la segunda vuelta, luego de deponer mi candidatura presidencial y de apoyar a Marco Enríquez-Ominami, aquel señaló: "Hay que comprar el Transantiago". Su propuesta era estatizar este negocio, que le cuesta al país -digámoslo con franqueza- 800 millones de dólares al año. Para que la gente de Regiones, la de Magallanes, sepa, se gastan 2 millones de dólares diarios en el Transantiago, ¡60 millones mensuales! Y lo cierto es que no se avizora una solución.
No sé si se realizan encuestas para conocer el grado de satisfacción del usuario. Tal vez la señora Ministra subrogante lo podría aclarar. ¿Está en funcionamiento el contador de pasajeros? ¿Se hallan operativas las cámaras de vigilancia? ¿Se habilitaron los cierres automáticos de puertas? El Administrador Financiero del Transantiago, conformado por los mayores bancos nacionales, gana miles de millones, porque, del costo total del pasaje, solo 200 pesos van a los operadores; es decir, los dueños de las máquinas. El resto queda en el Administrador Financiero.
En consecuencia, alguien hizo un gran negocio.
Y se nos pide que avalemos un acuerdo que, una vez más, han suscrito la Concertación y el Gobierno. Deseo saber si hay alternativa, ya que -como dije y reitero- en Madrid el sistema de transportes cuesta 2 mil 200 millones de euros anuales, no obstante es el mejor del mundo. El cobro para los usuarios se mantiene en uno o dos euros, pero funciona bien.
Sus encargados nos manifestaron -el Senador Zaldívar estuvo presente en un encuentro en España, cuando, con motivo de una invitación del Presidente Piñera, hicimos una agenda adicional, porque nos interesaba conocer su sistema de transporte- que la recaudación allá llega a 800 millones de euros y el gobierno de Madrid suple o subsidia los 1.400 restantes para cubrir lo que cuesta en realidad un servicio de buena calidad. Pero se trata de un sistema estatal; no lo opera un privado.
Cuando los madrileños pagan su pasaje -y de su bolsillo, porque es un impuesto-, saben que lo están haciendo por una prestación de calidad y estatal; cuando los santiaguinos hacen lo propio -no todos- saben que lo están haciendo por un mal servicio, el que, además, constituye un gran negocio para un privado.
Esa es la diferencia.
Entonces, me parece que este asunto tiene carácter político. El sistema no funciona. Ignoramos los plazos para modificarlo. ¿Cuántas reformas hemos tramitado? Cuatro o cinco.
Quiero saber si podremos discutir acerca del buen o mal funcionamiento del sistema en manos de los empresarios particulares. Porque, hasta ahora, vivimos con la creencia y el mito de que todo lo privado funciona bien, y que todo lo estatal, mal.
El Transantiago fue diseñado por el Estado, pero lo administran los privados. Por consiguiente, existen al menos responsabilidades compartidas respecto de por qué sigue funcionando de manera deficitaria.
Y reitero: si los magallánicos reclaman 15 millones de dólares anuales para que la ciudad más austral del mundo no sufra un alza en el precio del gas, en circunstancias de que ahora se pretende aprobar una iniciativa que implica un gasto centralizado de 800 millones de dólares para el Gran Santiago, yo por lo menos levanto la voz de las Regiones para expresar que no me pidan aprobar un proyecto que implica 60 millones de dólares mensuales para un sistema de transporte de la Capital sin saber si va a funcionar o si la sangría que constituye es ab aeterno.
Todavía no hay claridad respecto del cuarto puente sobre el río Biobío, y aún las Regiones seguimos subsidiando al Gran Santiago.
Entonces -por su intermedio, señor Presidente- deseo consultar a la señora Ministra subrogante cuándo terminará la sangría del Transantiago.
El actual Ejecutivo, cuando era Oposición, decía que no aprobaría más iniciativas que significaran tal depredación de recursos. Y ahora las aprueba porque es Gobierno.
Por eso la política tiene tan poca credibilidad: porque no hay una sola autocrítica -y no sé si me perdí parte importante de los discursos- en cuanto a manifestar que este sistema se halla mal implementado, mal diseñado; que se intenta parcharlo; que se seguirá subsidiando, y que, en particular, nadie garantiza que funcionará bien.
Señor Presidente, me voy a abstener; o, más bien, voy a votar en contra.
En verdad, con cierto grado de impotencia señalo que cada vez que se plantea este asunto, la respuesta depende de la posición en que estemos. Cuando el Ejecutivo se hallaba en la Oposición destruía este tipo de proyectos; ahora que es Gobierno, nos pide su aprobación, y llega a un nuevo acuerdo con la Concertación.
Me parece que la Honorable señora Alvear, que representa a la Región Metropolitana, se encuentra en todo su derecho a decir que tiene que proteger a los usuarios del Gran Santiago. Pero también los Senadores pertenecientes a Regiones podemos señalar que este es una sangría que, en definitiva, debe tener fin. De lo contrario, tiene que existir una propuesta alternativa. Porque las Regiones no podremos estar dispuestas a gastar tal nivel de recursos en subsidiar un sistema malo que además genera grandes utilidades a unos pocos empresarios.
Ese es el punto. Y la decisión deberemos adoptarla en algún minuto.
A mi entender, la Concertación tenía la posibilidad de evaluar la alternativa de que el Estado comprara la concesión, como en Londres, París o Madrid. En las grandes capitales del mundo, neoliberales y capitalistas, el sistema funciona con el Estado. En Santiago, lo hace con los privados y con los problemas que eso conlleva.
Por lo tanto, votaré en contra, señor Presidente. Mientras no haya claridad sobre cuándo terminará la sangría del Transantiago, no considero digno de los representantes de Regiones pronunciarse a favor de un proyecto de esta naturaleza sin solicitar nada a cambio.
Yo pido claridad, fechas, compromiso, en cuanto a cuándo culmina este gasto. Como eso no está, me veo en la obligación de votar que no.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.


El señor ESCALONA.- Señor Presidente, voy a votar a favor por una razón muy importante: porque la iniciativa entrega al Estado la posibilidad de intervenir en caso de quiebra y, por tanto, de que se interrumpa la acción del concesionario de transporte público. Es decir, en este caso puede introducir directamente una acción de servicio público, de bien común, al evitar la interrupción de un servicio tan importante para la sociedad, para la población, como el transporte de pasajeros.
Sin embargo, encuentro razón al alegato del Senador Navarro desde otro punto de vista, pues considero que la iniciativa en sí misma muestra con claridad el exacerbado centralismo que se da actualmente en nuestro país. Incluso, en su misma redacción, la normativa propuesta alude a estas atribuciones para la Región Metropolitana, sin siquiera ponerse en el caso de las otras Regiones.
Es así.
En tal sentido, rescato plenamente la alocución del Honorable colega: enfrentamos una dificultad bastante severa, muy de fondo. De esa manera se lo manifesté en la Comisión de Hacienda al titular de la Cartera del ramo. Y lo mismo deseo hacer ahora con la señora Ministra subrogante de Transportes. Tenemos un gravísimo problema.
En primer término, quiero recabar -entiendo que es así, pero pretendo insistir en ello- la voluntad del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para llevar adelante una política de entrega de subsidio al transporte público en Regiones. Sería profundamente defraudante que los 120 mil millones asignados en un proyecto de ley ya aprobado regresaran al Tesoro Público sin haberse gastado.
Me parece que ese Ministerio debe implementar una política activa en la materia y no solo esperar la llegada de proposiciones desde las Regiones, porque la realidad indica que en muchos casos estas no cuentan con los equipos técnicos necesarios, con los profesionales suficientes o, simplemente, con la cultura y con la experiencia para poder proponer subsidios.
En el caso de la Región de Los Lagos -a la cual represento-, el costo del transporte público es elevadísimo. En particular, el por vía marítima es muy alto.
Para poder trasladarse una persona desde la localidad de Quemchi, en la comuna del mismo nombre, a cualquiera de las islas del Archipiélago, que son parte de esa misma comuna -están separadas por 20 ó 30 minutos de navegación en lancha-, tiene que pagar 7 mil pesos o más. Y, por lo tanto, hay un atentado directo a las actividades productivas de la zona.
Si no se aplica efectivamente una política de transporte público en las Regiones, estimo que acá estamos consolidando un sistema de incentivo perverso. Es decir, la gente empieza sabiendo que, al trasladarse a la Capital, van a contar, de inmediato y automáticamente, con un subsidio para la locomoción, beneficio del cual no gozan otras localidades.
Muchas veces me he preguntado qué razón puede finalmente determinar que un joven de 15, 18 ó 20 años deje que su padre, productor de papas, permanezca en la Isla de Chiloé y no intente migrar a Santiago, donde de partida va a tener la ventaja de un subsidio con el que no cuenta en su Región.
En mi concepto, hay muchas materias donde debe actuarse con criterio, con cuidado, con tino, con sentido político y con respeto por las Regiones. Y yo incluyo en eso la desafortunada decisión de elevar el costo del gas en Magallanes, lo que tiene que ver con políticas públicas que van más allá del sentido material de una decisión.
Y en tal sentido quisiera reiterar a la señora Ministra subrogante la importancia que reviste, en el caso de la provincia de Chiloé, el que se pueda dotar a la comuna de Puqueldón de una conectividad marítima apropiada.
No es admisible que el Ministerio de Transportes haya aprobado en la Región una conectividad que se reduce en invierno al funcionamiento de una sola embarcación, en circunstancias de que nuestro país hoy día tiene condiciones para cambiar cualitativamente la situación. Es decir, la gente siente, a través de eso, que la están ofendiendo, que se está abusando, que hay un centralismo demasiado exacerbado.
Entonces, señor Presidente, entiendo que estamos acá para resolver una materia de hecho: en el caso de que se presente la quiebra de una empresa, cómo el Estado puede evitar que se interrumpa la concesión, porque sí así sucede el funcionamiento del transporte público perjudicaría a decenas de miles de personas que dependen de él para concurrir a su actividad laboral diaria. Para resolver eso, por cierto, que cuentan con nuestro voto a favor.
Quiero reiterar mi alegato, porque si uno insiste en sus planteamientos, al final logra ser escuchado. No es algo que uno tenga que hacer solamente una vez. No, hay que formularlo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete o más veces, hasta que se cree una convicción.
A mi juicio, es muy importante que el Ministerio de Transportes mire más allá de la Región Metropolitana.
Estimo que, desesperantemente, las noticias en el país se reducen en verano a Santiago y Viña del Mar, y de marzo hasta diciembre, a la Región Metropolitana, lo que no es lógico.
En consecuencia, reitero mi solicitud -en este caso, a la señora Ministra subrogante- de atender los requerimientos de las Regiones (en particular los de la comuna de Puqueldón en Chiloé) y que efectivamente el Ministerio de Transportes pueda desarrollar una acción activa a objeto de que el subsidio acordado para ellas efectivamente sea utilizado en su beneficio.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, quiero pedir votación separada para las tres normas que son de quórum especial y aplazamiento del respectivo pronunciamiento hasta mañana, y votar ahora todas las otras que no lo son.
El señor LETELIER.- ¡El oficialismo debe estar presente en la Sala!
El señor NOVOA.- El oficialismo lo está.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, entiendo que su petición se formula frente a la posibilidad de falta de quórum, pero hay Senadores suficientes. En todo caso, la Mesa se asegurará de que, en el momento de votar, haya quórum. Si no lo hubiera, se accederá a la petición de Su Señoría.
El señor NOVOA.- Perfecto, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.


El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo en no poner en riesgo un proyecto de esta naturaleza por una eventual falta de quórum. Por supuesto, no es bueno suspender la votación de una iniciativa de la importancia de la que estamos analizando.
Pero es necesario tener al respecto un fair play, máxime cuando nadie se prestará a hacer una votación extemporánea y sin sentido.
En cuanto al asunto de fondo, a pesar de que estamos en la discusión particular, tenemos que referirnos de nuevo a lo que es el proyecto.
De acuerdo con su título, "modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado". Y si uno revisa el articulado permanente, se refiere a todo el transporte público concesionado en cualquier parte del país.
¿Y por qué se hace eso? Por una razón muy obvia: después de la experiencia tenida durante el tiempo de aplicación del transporte público concesionado, se ha visto que hay diversas falencias y defectos que hacen que, en un momento dado, incluso el sistema en general pueda sufrir un colapso sin solución.
Y por eso se consigna todo lo relativo a la caducidad de las concesiones, a la suspensión o continuidad del giro del transporte. Y se establece todo un mecanismo acerca de cómo termina una concesión. Es muy necesario.
El acuerdo logrado entre el Gobierno y la Concertación en ese sentido es constructivo y positivo. Y es bueno para el país que un sistema regulado como el transporte público concesionado cuente con una reglamentación que impida, bajo cualquier circunstancia, que el sistema no funcione o tenga dificultades en cuanto a lograr soluciones.
Incluso se propone algo que a mí me ha llamado la atención, como es la expropiación. Se llega a ella según un acuerdo adoptado incluso por la unanimidad. Aquí no hay nadie que haya planteado observación u objeción en orden a que esto pudiera atentar contra un principio fundamental.
Y me parece muy bien que en el Senado, y en el Parlamento en general, lleguemos a tomar conciencia de que hay momentos en que las normas más estrictas, a veces, requieren alguna excepción y reglamentación para evitar que se genere una situación arbitraria. Yo mismo he suscrito una indicación en ese sentido, en la cual el Gobierno ha estado de acuerdo, a fin de que ese tipo de acción tan difícil, tan tortuosa para algunos, pueda realizarse en pro del bien común.
Por eso, creo que el Senador Navarro no tenía razón al sostener que él se oponía al proyecto porque era nada más que para la Región Metropolitana. Pero no se trata del financiamiento del sistema público de transporte ni de la corrección del Transantiago. Eso ya se discutió unas veinte veces, por un lado y por otro. Lo que se relaciona con el Transantiago son las disposiciones transitorias, las cuales se precisan para aplicar la legislación que queremos a convenios ya celebrados bajo otro régimen regulatorio. Eso es lo que estamos corrigiendo; y me parece bien.
Concuerdo en que el Transantiago -que está dentro del sistema público concesionado- entre a regularse según las mismas condiciones que regirán para todo el transporte.
Señor Presidente, creo que el proyecto debe ser aprobado. Por supuesto que debemos dar las facilidades para que, por ningún motivo, sufra algún percance. Ello servirá para demostrar que en la Oposición hay buena voluntad, pese a que se reclama que no tenemos ninguna.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra Senador señor Letelier.


El señor LETELIER.- Señor Presidente, en torno al transporte público de pasajeros concesionado aún está pendiente una evaluación objetiva.
A mi juicio, las pasiones han llevado a que en este Hemiciclo se dijera una cantidad dramática de barbaridades y de faltas a la verdad.
Informes internacionales indican que los sistemas de transporte público en el mundo enfrentan grandes desafíos. Uno de esos informes señala que el que opera en la capital de nuestro país está dentro de los que mejor funcionan.
Lo hago presente porque aquí a veces se hacen afirmaciones muy lejanas a la realidad, por personas que al parecer nunca han usado el transporte público en la Región Metropolitana. Y, como usuario del Transantiago, debo manifestar que este sistema es harto mejor de lo que muchos han expresado en la Sala; bastante más eficiente en su diversidad para trasladarse.
Pero ese no es el punto en debate hoy, aunque sería bueno que en algún momento se efectuara una evaluación más objetiva.
Producto de una crisis, surgió la necesidad de perfeccionar el sistema. Un mal diseño generó un proceso de rectificación. Y cuando el Ministro Cortázar, a quien se le encargó esta tarea, pidió facultades para llevarla a cabo, quienes hoy son Gobierno -ayer Oposición- se negaron a otorgarlas.
Hoy se solicita la misma atribución para que la autoridad pueda continuar dicha labor. Los estudios encargados por el Ministro Cortázar en su momento ahora constituyen las bases de los ajustes que la Cartera de Transportes nos pide respaldar, tarea que, en particular, ha sido encabezada por la Subsecretaria del ramo, actual Ministra subrogante. Ella se ha preocupado de ver cómo implementar, gracias a los estudios referidos, las medidas necesarias.
En ese contexto llegamos a un acuerdo marco con el Gobierno sobre la ley en proyecto, la concerniente al financiamiento y otros aspectos no contemplados en estos instrumentos legislativos.
Con relación a la iniciativa que nos ocupa, el cuerpo regulatorio propuesto tiene una parte permanente, que se aplica -como se ha dicho- a todos los sistemas de transporte.
Quizás la mayor innovación que se introduce también es producto de la crisis generada con el actual Gobierno por el incumplimiento de un acuerdo con uno de los operadores. Este tenía un contrato firmado -de buena fe- con el Estado chileno, el cual no se respetó y ello condujo a una situación de crisis. Se le quitó a ese operador una función que estaba a su cargo, provocando un grave problema a los trabajadores.
Además, en segundo término, otro operador vendió su contrato a un tercero, con autorización de funcionarios de esta Administración, sin resguardar los derechos laborales mínimos de la empresa.
Por ello, señor Presidente, en el articulado permanente del proyecto se incluye, de forma reiterada -en más de ocho lugares-, la obligación de respetar las leyes laborales de los trabajadores. Se garantizan tales derechos siempre en primer lugar: en las bases de licitación; cuando se modifiquen los contratos; al declararse la caducidad de una concesión, o si se nombra a un administrador provisional.
Nosotros solicitamos la incorporación de ello como condición para debatir la iniciativa. Y hoy los cambios están plasmados en el texto propuesto.
Sin embargo, la inquietud planteada por la Senadora señora Alvear, referida a la situación de los choferes de una de las empresas que dieron origen a la crisis, está pendiente. No se ha resuelto ese problema. Es un drama que los trabajadores hayan tenido que cargar el costo de ajustar el sistema.
Por momentos, a mi juicio, estuvimos frente a una actitud -no quiero que lo tomen como un insulto- indolente por parte de la autoridad de turno en esta materia. Porque hubo trabajadores en huelga de hambre, viviendo situaciones dramáticas -¡dramáticas!-; y no existió, sobre la base de garantías u otros instrumentos, la voluntad de buscarles una solución oportuna.
Esta iniciativa permite resolver las dificultades futuras. Pero no las del pasado, aquellas provocadas a raíz de las dos crisis mencionadas.
Nos preocupa profundamente ese tema, señor Presidente.
Otro aspecto que quisimos plantear -el Senador que habla presentó la indicación respectiva para que fuera norma permanente, pero la Comisión la rechazó y no fue acogida por el Gobierno- se refiere a cómo establecer en una empresa o actividad concesionada normas laborales especiales. No hablo de disposiciones de resguardo, sino de las que determinan con qué frecuencia un trabajador se cambia de sindicato y cuántas de estas organizaciones debe haber por operador y por terminal. Porque, al igual como algunos de nosotros criticamos el multirrut empresarial, también reprochamos profundamente el multirrut sindical. Pues hay personas que han distorsionado el rol de los gremios.
Nos llama la atención que la actual autoridad, frente a una propuesta concreta y a una manifestación de voluntad en tal sentido, no haya querido tomar el guante para terminar con un fenómeno inexplicable: la existencia, no de dos, ni diez, ni quince, sino de decenas de sindicatos por operador. Esto, en última instancia, hace más costoso para el usuario el servicio de transporte público administrado por privados.
Señor Presidente, deseo referirme al artículo primero transitorio.
Dicha norma, sin duda, constituye el corazón del proyecto. Las disposiciones permanentes resultan necesarias, pero al Gobierno le interesa más ese artículo transitorio. Se trata del centro del sistema.
Sin embargo, se nos hace discutir la iniciativa en un contexto que me parece poco feliz. Algunos lo podrán sentir como un chantaje forzado de la actual Administración hacia quienes mantienen contratos con el Estado. El Gobierno anterior pactó cambios contractuales con los operadores, y esas modificaciones quedaron en la Contraloría General de la República. Pero la Administración vigente retiró los contratos del Órgano Contralor hace casi un año, dejando en una situación precaria a los operadores que firmaron con el Estado.
A mi juicio, ello es preocupante, pues afecta la vigencia de lo contratado y el respeto debido a los acuerdos entre el Estado chileno y los operadores privados.
El artículo primero transitorio tiene como propósito generar las condiciones para negociar con los operadores.
Su inciso segundo señala lo siguiente: "Sin perjuicio de lo anterior, por exigirlo el interés nacional, siempre que no exista una causal de caducidad," -nosotros presentamos la indicación para que no se pague a los que haya que caducar, en particular, al AFT (para decir las cosas por su nombre) o a algún banco- "se faculta al Estado a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para poner término anticipado a los contratos". Es decir, se lo autoriza a expropiar.
En esta materia, hemos manifestado nuestra preocupación en dos sentidos.
Nos parece bien que se abandonen los ideologismos excesivos. Pero creemos que debe determinarse en qué condiciones y en qué situaciones se concede la facultad mencionada. No cabe aceptar que en cualquier caso se le permita al Estado caducar un contrato por exigirlo el interés nacional, dado que este concepto es muy amplio, bastante ambiguo, tratándose de un servicio concesionado como el transporte público de pasajeros.
Y se pide esa atribución por tres años.
En forma reiterada, señor Presidente, hemos planteado que a los buenos operadores, a los que cumplen, hay que premiarlos. Se les debe garantizar que la norma transitoria referida no se les aplicará y que no se usará para generar una negociación desequilibrada en la modificación de los contratos.
Por eso, presentamos una indicación en el último trámite, consensuada con el Ministro de Transportes en la Comisión de Hacienda, tendiente a precisar cuándo se podrá utilizar dicha medida.
Tal enmienda sustituye el inciso segundo del artículo primero transitorio por el siguiente:
"Sin perjuicio de lo anterior, por exigirlo el interés nacional y por causa de utilidad pública" -ahí se acota la atribución- "siempre que no exista una causal de caducidad, se faculta al Estado a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para poner término anticipado a los contratos indicados en el inciso anterior que comprendan la prestación de servicios concesionados de transporte público o servicios complementarios en las comunas de la Región Metropolitana," -y luego se precisa el ejercicio de la facultad, que es lo importante- "cuando un cambio de circunstancias hiciere innecesario el servicio para la satisfacción de las necesidades públicas o demandare su rediseño o complementación para efectos de mejorar la continuidad, condiciones de seguridad y calidad del sistema.".
Es decir, se precisa en qué circunstancias se puede ejercer esta facultad, la cual se otorga por dos años.
Señor Presidente, pedimos que esta indicación se vote en forma separada. Ella recae en el artículo primero transitorio y forma parte del acuerdo que alcanzamos.
A mi juicio, este marco regulatorio ayuda a avanzar hacia una buena experiencia. Incluye las materias laborales como norma permanente. Lamentablemente, no las sindicales que era necesario incorporar.
El artículo primero transitorio establece una situación más equilibrada, y existe el compromiso del Ejecutivo de no usar esta disposición para castigar a los buenos operadores.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.


El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, estamos frente a un proyecto absolutamente necesario.
No solo se procedió en su oportunidad a otorgar los recursos para que el sistema de transporte público de Santiago pudiera funcionar, con la adecuada compensación y el efecto espejo para las Regiones -cuestión por la cual luchamos y a la que finalmente el Gobierno, el Ministro de Transportes y la Subsecretaria accedieron-, sino que, de manera adicional, en virtud de esta iniciativa, que cambia el régimen jurídico al transporte público concesionado, se generan las condiciones para considerar que este sistema es un servicio público y se dota al Ministerio de facultades extraordinarias.
Claramente, era preciso corregir los incentivos perversos que existían en los contratos y establecer incentivos virtuosos. En este contexto, incluso se contempla la posibilidad de expropiar. Y me parece adecuado darle al Estado la oportunidad de regular el transporte público, sobre todo el de la Región Metropolitana, que de alguna manera heredamos.
Además, debo mencionar que contamos con una colaboración extraordinaria de parlamentarios, de los miembros de las Comisiones de Transportes y de Hacienda de esta Corporación. Y gracias a ello pudimos confluir en un proyecto que le entrega mejores atribuciones al Ministerio del ramo y que, sin lugar a dudas, va a permitir mejorar los contratos.
Finalmente, tanto los Senadores de la Concertación como los de la Coalición por el Cambio pusimos énfasis en que los operadores deben respetar los derechos laborales de sus trabajadores. Y se colocaron como ejemplos los casos de Trans Araucarias y de otros operadores que han tenido problemas.
Acá se determinan causales de caducidad, de término de contrato, los que van a velar por que los derechos de los trabajadores del transporte público de la Región Metropolitana se respeten a cabalidad.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Vamos a proceder a votar.
El señor NAVARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NAVARRO.- Quiero pedir votación separada de algunas normas.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Cuáles?
El señor NAVARRO.- En el artículo único, las letras a), g) e i) del numeral 1); el numeral 2); y en el numeral 4, el artículo 3° terdecies...
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿No será duodecies?
El señor NAVARRO.- Sí.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ese precepto es orgánico constitucional.
El señor NAVARRO.- Y las letras a) y g) del artículo primero transitorio,
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Para no equivocarnos, votaremos todas las disposiciones que no requieren quórum especial de aprobación y aquellas respecto de las cuales el Senador señor Navarro no solicitó pronunciamiento separado.
En votación.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueban (26 votos contra 1 y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Navarro.
No votó, por estar pareada, la señora Matthei.
El señor PIZARRO (Presidente).- A continuación, hay que pronunciarse sobre las normas que el Senador señor Navarro pidió votar en forma dividida.
El señor COLOMA.- ¡Todas juntas!
El señor CHAHUÁN.- Que se voten en bloque, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Nos pronunciaremos acerca de la letra a) del numeral 1) del artículo único, que no requiere quórum especial de aprobación.
El señor COLOMA.- ¿Vamos a votar separadamente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Así lo pidió el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, se trata de normas que tienen que ver con la protección laboral de los trabajadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Quiere que se voten juntas, Su Señoría?
El señor NAVARRO.- Sí, porque se refieren a una misma materia.
El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, solamente sacaremos el artículo 3° duodecies, contenido en el numeral 4), que es de rango orgánico constitucional.
Procederemos a votar en un paquete el resto de los preceptos: letras a), g) e i) del número 1) y numerales 2) y 4) del artículo único; y letras a) y g) del artículo primero transitorio.
En votación.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Por 28 votos a favor y un pareo, se aprueban las letras a), g) e i) del numeral 1) y los números 2) y 4) del artículo único; y las letras a) y g) del artículo primero transitorio.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareada, la señora Matthei.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ahora hay que pronunciarse acerca de los preceptos de carácter orgánico constitucional. Se trata de los incisos catorce y veintitrés del artículo 3° de la ley N° 18.696, contenidos en el numeral 1) del artículo único; del artículo 3º duodecies, incluido en el numeral 4), y del artículo 2º transitorio. Para la aprobación de todos ellos se precisan 22 votos favorables.
Propongo que se voten juntos. Luego deberemos emitir pronunciamiento sobre la indicación del Senador señor Letelier.
El señor NOVOA.- Perfecto.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Por 29 votos a favor, se aprueban las normas individualizadas, dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor PIZARRO (Presidente).- Lo único que resta por votar es la indicación formulada por el Senador señor Letelier, que busca sustituir el inciso segundo del artículo primero transitorio.
El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Requiere quórum especial?
El señor PIZARRO (Presidente).- No, Su Señoría.
En votación.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Por 26 votos contra 1 y un pareo, se aprueba la indicación que sustituye el inciso segundo del artículo primero transitorio, y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Novoa, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Navarro.
No votó, por estar pareada, la señora Matthei.