PROHIBICIÓN DE USO DE PLAGUICIDAS DE ELEVADA PELIGROSIDAD

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimados colegas, con fecha 2 de junio de 2010, y con el patrocinio de los Senadores Pizarro, Quintana, Patricio e Ignacio Walker, presentamos el proyecto de ley que busca prohibir la utilización de plaguicidas de categoría Ia y Ib, según la clasificación efectuada por la Organización Mundial de la Salud.

Durante la discusión de la iniciativa en la Comisión de Agricultura recibimos a las empresas comercializadoras, importadoras y productoras de plaguicidas y a las organizaciones de exportadores de fruta, encabezadas por FEDEFRUTA, y a la Asociación de Exportadores de Chile.

Todas ellas, como es obvio, manifestaron su disconformidad con el proyecto señalando las típicas alegaciones que se hacen cuando se discuten estas materias: que la iniciativa va a producir desempleo, que se afectarán las exportaciones chilenas, etcétera.

También escuchamos a organizaciones ciudadanas, como la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL Chile), la que nos mostró con cifras y fotografías los graves problemas que genera en las personas la mala utilización de este tipo de productos -que ya están prohibidos en la Unión Europea- y la necesidad de avanzar para impedir de manera definitiva su empleo.

Igualmente, escuchamos a organizaciones ciudadanas de zonas agrícolas. Ellas nos contaron sus testimonios y nos mostraron a través de fotografías y videos la manera como las empresas fumigan con esos plaguicidas, sin ningún respeto por la salud de las personas, a plena luz del día y sin cumplir con las más mínimas reglas que establece nuestra legislación, afectando no solo a quienes viven cerca de los predios, sino también a los propios trabajadores que los aplican, así como a los consumidores finales de los productos agrícolas.

Decidí impulsar este proyecto porque sentí que de verdad se trataba de una situación grave, que por desgracia se halla invisibilizada para los medios de prensa, para la opinión pública, para el Gobierno y, lamentablemente, también para los parlamentarios.

Una vez presentada la iniciativa, he recibido innumerables denuncias relacionadas con la mala utilización de plaguicidas peligrosos que afectan diariamente, en especial en los meses de verano, a miles de personas que viven en zonas agrícolas, a las que no les queda más que sentarse a mirar cómo, literalmente, les llueven plaguicidas sobre la cabeza, sin que puedan hacer nada.

Durante el debate en la Comisión, el Ministro de Agricultura señaló que el proyecto no contaba con el respaldo del Ejecutivo, y decidió presentar una indicación sustitutiva que exige que los plaguicidas sean revisados con anterioridad por la autoridad sanitaria, haciendo obligatorio para el SAG el rechazo al registro de plaguicidas que lleva dicho Servicio. ¡Un tibio avance, que no va al fondo del asunto!

Hace unos días conocimos los resultados de un estudio encargado por la Liga Ciudadana de Consumidores, el cual detectó la presencia de plaguicidas en alimentos que son consumidos por bebés y adultos mayores.

De acuerdo a la investigación, tres productos de Nestlé presentaron Iprodiona, un pesticida tóxico de uso agrícola que, según la normativa de la Unión Europea, se considera cancerígeno. Además de ese resultado, el estudio detectó Promifos Metil en la crema "Años Dorados" de espárrago, que entrega el Ministerio de Salud a los adultos mayores.

Luego de la denuncia realizada por dicha agrupación ciudadana, el organismo público decidió tomar muestras de los mismos productos: cuatro colados, un jugo de naranja y una sopa de espárrago para adultos mayores. Ayer conocimos los resultados. El informe es lapidario: arrojó que los colados de pulpa de durazno y de ciruelas-pasas contenían residuos de Iprodiona -un fungicida tóxico de uso agrícola- en niveles de 0,41 y 0,17, respectivamente.

Señor Presidente, miles de personas están indefensas frente a los plaguicidas en nuestro país.

El 3 de diciembre recién pasado se conmemoró el Día Internacional por el No Uso de Plaguicidas Peligrosos, y lamento que en Chile aún no exista un cuerpo legal que proteja a las personas frente a sustancias que están prohibidas en otros países del mundo por ser en extremo peligrosas para la salud humana, según la OMS.

De acuerdo a datos entregados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, a septiembre de 2010 había 379 notificaciones de intoxicaciones agudas por plaguicidas -39 casos más que el año pasado, a la misma fecha-; pero, lamentablemente, sabemos que la cifra real es muy superior, porque solo se notifica uno de cada cuatro casos. Desconocemos qué efectos tendrá esta exposición en el mediano y largo plazo, por lo que necesitamos un compromiso país, real y concreto, para poner fin a esta realidad.

Según las estadísticas, las mujeres temporeras fueron las más afectadas por el uso de agroquímicos, ya que sufrieron un 72 por ciento de las intoxicaciones masivas (brotes) registradas en el período, lo cual no es raro si se toma en consideración que un 67,3 por ciento de las intoxicaciones ocurren en faenas agrícolas.

Quiero mencionar un caso emblemático: el de la población Nuevo Amanecer, en Los Cristales, comuna de Longaví, ubicada a cinco metros de una empresa que se instaló allí después de la construcción del conjunto habitacional y que cada vez que fumiga el predio provoca malestares a los vecinos.

Cuando se le pregunta a una autoridad de Salud, se responde que todo está en regla o que no se alcanza a fiscalizar porque algunos terrenos quedan en zonas alejadas, pese a que, en el caso a que hago referencia, no se cumple ni siquiera con la obligación de los 100 metros de distancia que debe haber entre el huerto fumigado y la presencia humana.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Ha terminado su tiempo, señora Senadora.

Le voy a dar un minuto más, para que alcance a terminar su intervención.

La señora RINCÓN.- Gracias, señor Presidente.

En el fondo, estimados colegas, les quiero hacer un llamado a que le demos a esta materia la importancia que se merece.

Los habitantes de zonas agrícolas sufren todos los días los efectos crónicos derivados del mal uso de esos productos químicos. Detrás de las cifras se esconde una triste realidad, que en mi calidad de Senadora del Maule Sur, zona eminentemente agrícola, he tenido que observar.

La gente se siente desprotegida e impotente frente a la utilización irracional de dichos productos, se siente discriminada, poco escuchada por las autoridades, e impotente frente a una realidad que la golpea a diario, en sus propias caras. Muchos trabajadores son obligados a manipular plaguicidas sin ningún tipo de medidas de seguridad.

Por eso, señores Senadores, les quiero hacer un llamado para que avancemos de verdad en una materia que de manera soterrada afecta a miles de personas.

Votaré a favor de la idea de legislar y, durante el plazo acordado en la Comisión, vamos a presentar indicaciones para insistir en la prohibición de la venta y manipulación de ese tipo de productos.