PRÓRROGA DE VIGENCIA DE DECRETO LEY N° 701 Y AUMENTO DE INCENTIVOS A FORESTACIÓN
El señor PIZARRO (Presidente).- Conforme al acuerdo de Comités, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prorroga la vigencia del decreto ley N° 701, de 1974, y aumenta los incentivos de forestación, con segundo informe de las Comisiones de Hacienda y de Agricultura, unidas, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7102-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 63ª, en 2 de noviembre de 2010.
Informes de Comisión:
Agricultura, sesión 73ª, en 7 de diciembre de 2010.
Hacienda y Agricultura, unidas (segundo), sesión 78ª, en 21 de diciembre de 2010.
Discusión:
Sesión 73ª, en 7 de diciembre de 2010 (se aprueba en general).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La iniciativa fue aprobada en general por el Senado en la sesión del 7 del mes en curso.
Las Comisiones unidas dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que el artículo primero transitorio, que pasó a ser el único artículo transitorio, no fue objeto de indicaciones en la discusión general ni de modificaciones en el segundo informe, por lo que debe darse por aprobado, salvo que algún señor Senador, con la unanimidad de los presentes, solicite su discusión y votación.
Las demás normas del proyecto, salvo el artículo segundo transitorio, tampoco fueron objeto de enmiendas, por lo que también deben darse por aprobadas.
--Quedan aprobadas reglamentariamente.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Las Comisiones unidas dejan testimonio, por tanto, de que efectuaron una sola modificación al texto aprobado en general, la que consiste en suprimir el artículo segundo transitorio, que establecía la obligación para el Presidente de la República de enviar a tramitación legislativa uno o más proyectos de ley por medio de los cuales se establecieran nuevos mecanismos de fomento forestal.
Votaron por la supresión de dicho artículo las Senadoras señoras Matthei (como integrante de ambas Comisiones) y Rincón, y los Senadores señores Escalona, Espina, Kuschel (como integrante de ambas Comisiones) y Lagos. Se abstuvo el Honorable señor Frei.
Esta única enmienda debe ser puesta en discusión y votación.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión la supresión del artículo segundo transitorio.
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero plantear al Ministro de Agricultura y al Director Ejecutivo de la CONAF mi sorpresa en cuanto al establecimiento de un tope anual de 100 hectáreas para los beneficios que perciban los pequeños propietarios, los medianos y otros. Para cada uno se define un porcentaje de bonificación.
Lo planteo porque, particularmente en la zona austral, hay personas que califican como pequeños propietarios forestales, con todos los requisitos -incluido el de ser beneficiarios INDAP-, pero poseen muchas hectáreas (algunos hasta 800), que son laderas sin otro uso que la forestación. Se trata de terrenos que se hallan en proceso de erosión y pueden ser recuperados.
Por lo tanto, dependiendo de la respuesta a mi inquietud, voy a pedir votación separada de la última oración de la letra c) del numeral 2) del proyecto.
El señor COLOMA.- ¡Esa norma ya se aprobó, señor Senador!
El señor HORVATH.- Pero yo pedí la palabra antes de ello.
El señor COLOMA.- ¡Ya está aprobada!
El señor HORVATH.- Había pedido la palabra con antelación, y no me la dieron.
El señor PIZARRO (Presidente).- Efectivamente esa norma se dio por aprobada.
Señor Ministro, ¿desea aclarar ese punto?
El señor GALILEA (Ministro de Agricultura).- Señor Presidente, en respuesta a la consulta del Senador señor Horvath sobre la limitación de las 100 hectáreas, indicaré dos argumentos.
En primer lugar, no hay que olvidar que la actual iniciativa solo establece una prórroga, por dos años, de la vigencia del decreto ley Nº 701. El Ejecutivo, en muy breve plazo, presentará el proyecto de ley definitivo sobre la materia, el cual considerará numerosos aspectos que no aborda el texto en debate.
Y, en segundo lugar, debo dejar claro que lo que busca ahora el Ejecutivo -sobre todo al incluir la definición de "mediano propietario forestal"- es focalizar en los medianos y pequeños propietarios el acceso a las bonificaciones consagradas en el citado cuerpo legal.
Entendemos que eso puede ser, en muchos sectores, una limitación. Pero, como es sabido, el decreto ley Nº 701, desde que se puso en vigencia en 1974, ha sido utilizado más bien por grandes propietarios forestales. De ahí que el objetivo de la iniciativa en debate, tanto con la definición de "mediano propietario forestal" como con el límite anual de las 100 hectáreas, es focalizar definitivamente los beneficios en los propietarios más pequeños, que han tenido, en general, bastante menos acceso a ellos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Muchas gracias, señor Ministro.
Quiero que me corrijan algunos Senadores, porque las solicitudes para hacer uso de la palabra están un poco desordenadas respecto del orden de los proyectos en tabla.
Tengo anotado al Senador señor Escalona para referirse al punto que nos ocupa.
¿Es así?
El señor ESCALONA.- Yo había pedido la palabra.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, ¿hay algún comparado sobre esta materia?
El señor HOFFMANN (Secretario General).- No.
El señor NAVARRO.- Lo hubo cuando se vio en la Comisión.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, quiero aclarar que me había inscrito para plantear una cuestión reglamentaria luego de que se leyó la Cuenta.
Por lo tanto, no viene al caso ahora.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ya me parecía que estaban medio mezcladas las solicitudes.
En seguida, tengo inscrita a la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Así es.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimados colegas, el día de ayer en las Comisiones de Agricultura y de Hacienda, unidas, dimos nuestra aprobación en particular a este proyecto de ley que busca prorrogar la vigencia del decreto ley N° 701.
Durante la discusión en particular presenté varias indicaciones, con el objeto de mejorar algunos aspectos que mencioné en el debate en general de la iniciativa y que dicen relación con un aumento del porcentaje del subsidio a la bonificación para los pequeños productores, la cual, en nuestra opinión, debiera ser de 100 por ciento.
Quiero centrar mi análisis en un punto que me parece preocupante.
El artículo 12 del proyecto de ley -el señor Ministro ya dio las explicaciones pertinentes-, en su inciso segundo, establece un tope de 100 hectáreas anuales para ser beneficiario de la bonificación.
Es necesario señalar que durante más de 30 años de aplicación de este decreto ley -reconocido por todos como una buena herramienta del Estado que había logrado un gran incentivo al desarrollo del área forestal- nunca existió un límite de hectáreas a reforestar.
Revisando la discusión habida en la Cámara de Diputados, me pude percatar de que muchas organizaciones invitadas a participar en el trabajo de la Comisión de Agricultura (CORMA, Colegio de Ingenieros Forestales, Asociación Gremial de Trabajadores del Sector Forestal de Chile y Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo) cuestionaron el tope de 100 hectáreas establecidas en el proyecto, señalando que este límite desincentivaría la utilización de dicha herramienta.
Frente a las dudas que me produjo lo anterior solicité un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional -lo tengo en mi poder- que señala que el referido tope puede restringir la competitividad de los pequeños y medianos propietarios forestales, quienes son, teóricamente, los principales beneficiados que considera esta iniciativa. Ello, debido a que se limita la superficie bonificable a la cual pueden acceder estos propietarios.
Otro punto que menciona el informe dice relación con que este límite a la superficie bonificable tendría efectos en términos de que implicaría un menor volumen de recursos aportados por el Fisco para tales fines, lo cual implica una disminución de los fondos que el Estado entrega mediante subsidios en muchas comunas y localidades donde toda su estructura productiva se encuentra vinculada a la explotación forestal y, por ende, tiene incidencia en la contratación de mano de obra.
Por último, conforme a lo que señala el informe, el límite de 100 hectáreas podría tener efectos marginales en los grandes propietarios forestales, pues las grandes empresas del rubro disponen de recursos suficientes para establecer plantaciones sin necesidad de recurrir a las bonificaciones y franquicias incorporadas en el decreto ley N° 701 de fomento forestal.
Señor Presidente, me parece necesario destacar que de acuerdo a cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), más de un tercio de las hectáreas forestadas en el período comprendido entre 1975 y 1996 serían atribuibles, directamente, a las bonificaciones y franquicias incorporadas en dicho decreto ley.
En consecuencia, hoy no estamos prorrogando el decreto ley N° 701, sino haciéndole modificaciones importantes en materias de bonificación, de beneficiarios y, por ende, afecta a dicho sector productivo y también a los trabajadores.
Lo anterior lo manifesté ayer en la Comisión. Sin embargo, no hubo acogida de parte del Ejecutivo para hacer suyas estas indicaciones y fueron declaradas inadmisibles, cosa que lamento.
Creo que no estamos -insisto- prorrogando la vigencia de un decreto, sino que legislando con relación a esta materia, limitando los recursos del Estado y afectando a los pequeños y medianos productores.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, comparto plenamente que seguimos con la misma política respecto del decreto ley N° 701: una extensión permanente. Ahora se busca prorrogarlo por dos años.
Está claro que se requiere una urgente e importante modificación a todo el sector forestal. Y el decreto ley N° 701, con su sola ampliación, no logra satisfacer la demanda de una política forestal en Chile.
Varios gobiernos consecutivos -los de la Concertación y ahora el del Presidente Piñera- han señalado que los proyectos ya vienen y que vamos a enfrentar, en definitiva, la existencia de este híbrido que es la CONAF, que siendo una institución privada recibe fondos públicos.
Quiero advertir, tal como lo señalamos durante el debate, que el Tribunal Constitucional, a propósito de la Ley del Bosque, la N° 20.283, cuestionó el carácter de entidad privada de la CONAF. Y señaló que no aprobaría nuevas normativas que implicaran añadir más funciones a dicha entidad. Porque claramente esta debiera dejar, en forma inmediata, de recibir fondos públicos. Y el fallo del Tribunal Constitucional decía que solo por el efecto que esta decisión tendría -el cual sería catastrófico- no se iba a suspender la entrega de los recursos, pero deberían tomarse medidas para evitar que se sigan delegando funciones.
Discutimos también sobre qué significaba esto de los operadores forestales. De hecho, formulé una indicación para eliminar tal concepto. No obstante, ya se aprobó, señor Presidente, un artículo que establece un Registro de Operadores Forestales, aun cuando en ninguna parte de la ley en proyecto se los define. Entonces tendrá que haber un reglamento que lo haga -me refiero a los operadores forestales, que, por cierto, no son operadores políticos-, que logre precisar quiénes son estos.
A mi juicio, ellos serán quienes complementarán las tareas que la CONAF desarrolla, los que van a participar en la elaboración de los planes de manejo.
En definitiva, serán equivalentes a las EGIS en Vivienda: van a llevar a cabo trámites técnicos, asistencia técnica, a los pequeños y medianos propietarios forestales.
El Tribunal Constitucional enfrentará un problema, porque si bien todos coincidimos en que el decreto ley N° 701 debe continuar, volveremos a reincidir en darle nuevas facultades a la CONAF, aun cuando dicho órgano nos ha advertido no hacerlo.
De otro lado, señor Presidente, la Comisión también rechazó una indicación que presenté en relación con el método de consulta que establece el Convenio N° 169 para el tratamiento de este proyecto.
Lo anterior no es un asunto baladí, no es menor. Se trata de una expansión del sector forestal. Por todos es conocido que su crecimiento, que ya alcanza a los 2,5 millones de hectáreas plantadas, ha arrinconado a las comunidades indígenas, a los campesinos y presenta un desarrollo muchas veces inorgánico asociado, fundamentalmente, a la pobreza. Junto a las grandes plantaciones forestales están las comunas más pobres de Chile.
El Senado, su Comisión de Agricultura y también la Cámara de Diputados, han aprobado un mecanismo de consulta que violenta expresamente, una vez más, al Tribunal Constitucional. En su sentencia N° 309, de agosto de 2000, dicho órgano señala claramente que ambas ramas del Parlamento, tanto el Senado cuanto la Cámara de Diputados, son titulares en el deber de consultar las medidas legislativas, lo cual se incorporó en la Ley Orgánica del Congreso Nacional. O sea, ¡estamos faltando a nuestra propia ley orgánica! Si el Senado decide no consultar a los pueblos indígenas se va a quedar con lo que dice la "consulta" hecha por el Ejecutivo a 28 comunidades, tal como señaló el Director de CONAF, quien nos entregó el listado.
Si aceptamos el mecanismo de consultar por e-mail a los consejeros de la CONADI y, cuando estos no contestan, dar por aprobada la medida consultada y por resuelto el proceso, estamos cometiendo una grave equivocación.
Este es un proyecto que tiene una lectura que debe ser revisada respecto del método de consulta, porque algunos han levantado la tesis de que cuando el proyecto de ley es de carácter -comillas- general y no particular, no debiera consultarse. O sea, cuando afecta indirectamente.
No obstante, esta es una iniciativa que afecta directamente a las comunidades.
Por otro lado, se ha esgrimido una segunda tesis, novedosa, en el sentido de señalar que el proyecto beneficia a priori a las comunidades indígenas. Y como el Ejecutivo y algunos Senadores creen que es así, piensan que no debiera consultárseles.
Señor Presidente, quien define si es beneficioso o no son las comunidades. Por tanto, el proceso de consulta debe existir.
A mi juicio, el Ejecutivo lo ha llevado a cabo de manera parcial. La Comisión de Agricultura, a proposición del Senador Alberto Espina, realizó la tarea de evaluar el procedimiento que la Cámara Alta va a seguir. Siento que el Tribunal Constitucional, la Ley Orgánica del Congreso Nacional y el propio Convenio N° 169 son extremadamente claros respecto del procedimiento o los alcances que la materia de que se trata debe tener.
Los temas a respetar han de ser de mutuo acuerdo, de buena fe, amplios e informados. Y, en esta ocasión, eso no ha ocurrido.
Yo siento que estamos trabajando, pero se nos acaba la vigencia de esta ley que vence el 2011. Por ello, necesitamos una prórroga.
El señor Ministro de Agricultura ha señalado que van a ingresar los proyectos de ley al Parlamento. De hecho, la Cámara de Diputados aprobó un artículo 2° transitorio bastante sui géneris, el cual señalaba que el Gobierno se comprometía, en el plazo de ocho meses, a elaborar el Reglamento y luego, a enviar dos proyectos de ley. Naturalmente, coincidimos -en esto yo participo- en que la norma estaba mal redactada y en que es impropio que en un proyecto obliguemos al Ejecutivo a presentar otras dos iniciativas legales sin definir ni su contenido ni su implicancia.
Por lo tanto, aun cuando el señor Ministro de Agricultura ha anunciado que en enero van a ingresar los proyectos aludidos, quiero advertir dos cosas: la primera, que el Tribunal Constitucional ya le ha dicho al Congreso Nacional que no se le pueden seguir asignando funciones a CONAF, por ser esta un ente privado, y que solo le perdonaba la vida por el tremendo impacto negativo que acarrearía la supresión de los recursos públicos que se le entregan; y la segunda, respecto del mecanismo de consulta a los pueblos originarios, que ella aún no existe en el caso del Senado y es insuficiente en lo que atañe a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo.
En cuanto a los alcances del proyecto -es decir, la bonificación y el límite de 100 hectáreas-, yo pediría un fundamento de parte del Ejecutivo. El decreto ley N° 701 tuvo en su nacimiento una dedicación al fomento forestal que radicó en las grandes empresas. Quiero recordar que se bonificó hasta 105 ó 110 por ciento. Hoy día se concede una bonificación, para los medianos y los pequeños de 75 por ciento. A los grandes se les otorgó por décadas 100. Siento que esa discriminación no procede. Yo hubiera esperado una bonificación de 100 por ciento para los primeros, de manera de poner el mismo tipo de incentivos.
En seguida, deseo hacer notar a la Sala que, tal como lo planteé en otra indicación que fue rechazada, el Servicio de Impuestos Internos no está cobrando -aquí tengo los oficios- de manera retroactiva el impuesto territorial. El decreto ley N° 701 establecía que los beneficiarios del subsidio debían pagar ese tributo en la segunda corta, y que estaban exentos de él durante la primera. Eso ocurrió con las segundas plantaciones el 97, 98, 99. La Corporación Chilena de la Madera (CORMA) ha reconocido que efectivamente se hallan en deuda, que Impuestos Internos no les ha cobrado, y que no tienen el detalle exacto de los metros cuadrados, los kilómetros cuadrados, el número de hectáreas comprometido, dado que los paños forestales se cosechan de manera irregular, de acuerdo a su plan de manejo.
Por consiguiente, no se les ha cobrado. Yo llamo la atención del Senado sobre el particular, ya que el propio Servicio de Impuestos Internos ha señalado que el pago opera con una retroactividad de tres años. Y aquí han transcurrido más de doce años desde que este tributo se ha hecho exigible. Solo espero que las grandes empresas forestales, tal como lo ha reafirmado la CORMA -y quiero ratificar la buena voluntad que ha expresado en ese sentido-, paguen.
Sin embargo, si vamos a poner subsidios del Estado para beneficiar a los pequeños y medianos, como se hizo con los grandes, todos los actores deben cumplir con sus obligaciones fiscales, y, por ende, debieran estar al día respecto de sus compromisos con el Estado. Ello obliga, ante todo, a los grandes, pero también a los pequeños y los medianos, y deben generarse las condiciones para que estos últimos puedan cumplir de manera regular, sin ahogarlos.
Señor Presidente, espero que el señor Ministro pueda darnos una explicación respecto de los temas que he mencionado -son tres: la consulta a las comunidades indígenas; lo relativo a CONAF y la nueva asignación de responsabilidad; y, por último, el pago del impuesto territorial por parte de las grandes empresas forestales beneficiadas por el decreto ley N° 701-, de tal manera de concurrir a la aprobación de este proyecto sin mayores problemas.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, el decreto ley N° 701 ha sido uno de los instrumentos que han permitido tener mayor éxito en la promoción de las exportaciones en materia forestal. Porque, si hay un desarrollo en la producción de bosques en Chile, netamente se debe a él. Sin embargo -lo mencioné cuando discutimos en general el proyecto-, su aplicación ha incentivado el despoblamiento de los sectores rurales. Porque, donde se instalan los bosques desaparece la población. Así desaparecieron las escuelas, las viviendas, la familia rural. A mi juicio, ese es un alto costo que el país ha pagado. En efecto, el Estado no solo ha debido poner el incentivo, sino que también, al despoblar la ruralidad y enviar un gran aliciente para que esas personas emigren hacia las grandes ciudades, ha tenido que pagar un costo adicional en políticas públicas, de vivienda, laborales. Y creo que debería compensarse con otras políticas públicas que estimulen al mundo rural a permanecer en sus tierras cuando tienen lugar en su entorno las grandes plantaciones a que me refiero.
En segundo término, señor Presidente, quiero celebrar estas modificaciones, porque por primera vez estamos apuntando en la dirección correcta, con instrumentos orientados hacia el pequeño agricultor, que ve con angustia cómo importantes recursos de riego que aprueba el Estado van destinados principalmente a los agricultores más grandes. Yo he visto cheques de mil millones de pesos para hacer posible el proyecto de riego de un agricultor, y me parece muy bien, porque con ello estamos aumentando la capacidad de producir e incentivando a tener más eficiencia en la producción y la diversificación productiva.
No obstante, el lado negativo del tema en análisis es la situación que afecta al pequeño agricultor: no tiene programas de riego, no existen instrumentos para que ponga a su nombre los derechos de agua ni para que desarrolle un proyecto de regadío que le permita diversificar también su producción. Y creo que la orientación que el Ministerio de Agricultura le da al decreto ley N° 701, en términos de decir: "Mire, vamos a poner un techo para quienes van a recibir este subsidio", está focalizando los recursos del Estado en los más pequeños. Pero esa misma dirección deberían tener los programas PRODESAL y los programas de la Comisión Nacional de Riego, que sigue entregando ingentes recursos a los sectores más pudientes del mundo agrícola, y, sin embargo, los pequeños agricultores -y para qué decir las comunidades mapuches- quedan absolutamente excluidos.
Me parece que cuando discutamos la normativa permanente vamos a tener que revisar también cómo autorizamos un nuevo decreto ley N° 701, que garantice que no estamos secando las fuentes de agua de muchas comunidades rurales, especialmente las indígenas. Un proyecto de reforestación debe mantener una distancia, pero yo estoy seguro de que eso no se está cumpliendo, porque no existe fiscalización. Nadie vela por que las normas que se establecen para proteger los recursos acuícolas se respeten, a fin de garantizar que las poblaciones rurales e indígenas puedan seguir teniendo acceso a ellos.
Uno de los mayores reclamos del ámbito rural tiene que ver con la escasez de agua. Y, de acuerdo a muchos informes, ella se atribuye, precisamente, a la falta de cumplimiento de las normativas en la plantación al lado, encima y adyacente a las fuentes de ese vital elemento.
En seguida, celebro que el proyecto también haga una excepción con las comunidades indígenas que han adquirido tierras en virtud del artículo 20, letras a) y b), de la ley N° 19.253, para poder acceder al subsidio forestal. Ellas estaban impedidas de hacerlo cuando el propietario anterior ya había gozado de bonificación. Es más, las tierras se mantenían gravadas como forestales, con la obligación de reforestar, en circunstancias de que las habían comprado para darles otro uso.
Por consiguiente, este proyecto de ley corta, de renovación, no solamente resuelve un problema de focalización -cosa que yo aplaudo-; también permite que comunidades indígenas vuelvan a postular al subsidio cuando ya ha sido usado por otros anteriormente y que desafecten los terrenos que estén gravados para volver a reforestar cuando la comunidad ha tomado una decisión distinta.
Señor Presidente, espero que el Ministerio de Agricultura ponga más fiscalizadores, en la medida de lo posible, a objeto de cumplir con la protección de los fondos acuícolas y, en todo caso, celebro esta nueva iniciativa y la focalización que esa Secretaría de Estado le ha dado a esta renovación del decreto ley N° 701.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, el decreto ley cuya renovación se pretende es uno de los instrumentos más importantes que ha habido para el mundo agrícola.
Un solo dato: desde el año 74 a la fecha se han reforestado alrededor de un millón 400 mil hectáreas, a un costo de 500 millones de dólares. O sea, con este tipo de incentivos la tasa de retorno ha sido espectacular desde el punto de vista social.
Ahora se procura, a diferencia de lo que han dicho algunos, mejorar la focalización del subsidio.
¿Cómo funciona hoy el subsidio?
Básicamente, se distinguen dos categorías: el pequeño agricultor y "otros".
El pequeño recibe hasta 90 por ciento por las primeras 15 hectáreas y 75 por ciento por el saldo; los otros, 75 por ciento.
¿En qué se innova en este proyecto? Esencialmente, se crea la categoría de mediano propietario, a la que le asigna un subsidio de 75 por ciento. Y al propietario más grande el subsidio se le baja a 50 por ciento.
Justamente, entonces, con esta iniciativa su busca focalizar, gastar de mejor forma los recursos que el Estado dispone para reforestación en Chile. Y, en tal sentido, significa un beneficio que, en mi opinión, nadie puede negar, bajo ningún concepto.
Señor Presidente, con motivo del proyecto de ley sobre Bosque Nativo se plantearon diversas inquietudes. Muchos nos pedían a los parlamentarios que al renovarse el decreto ley 701 se generara un incentivo especial a los medianos propietarios y se focalizara en ellos, más que en los grandes, como decía el Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
Eso es precisamente lo que hace esta iniciativa: crea la categoría de mediano propietario forestal, a la que se bonifica con 75 por ciento; mantiene el 90 por ciento para los pequeños -nunca ha sido más-, y se baja a 50 por ciento la bonificación de los más grandes -por cierto, estos cumplen una función muy relevante para la reforestación-, quienes tienen condiciones económicas para solventar los gastos pertinentes.
Ahora bien, es necesario que conste en este debate la significación -y así lo planteó el Ministro de Agricultura en distintas ocasiones- del mejoramiento que se registra en la tabla de costos, que esperamos alcance a cerca de 20 por ciento. Ello, obviamente, hace que al final dicha tabla sea más relevante que el cambio de los guarismos de la bonificación, porque permite tornar mucho más realista el esfuerzo que hay que realizar para reforestar distintos lugares, que básicamente se hallan desde la Sexta hasta la Undécima Regiones.
De no mediar este proyecto y no renovarse la vigencia del decreto ley 701 por un período adicional, sectores como el que represento en la Séptima Región sufrirían un deterioro notable en sus condiciones de vida.
Allí había inmensos terrenos con aptitud forestal y suelos degradados que, de no haber existido incentivos de esta naturaleza, no habrían generado ningún tipo de beneficio económico a sus propietarios.
Tal cual fue aprobado en las Comisiones unidas y como venía del Ejecutivo, el proyecto hace exactamente lo que se necesita: mantener en el mayor subsidio, 90 por ciento -nunca ha sido más que eso-, a los pequeños propietarios; generar la categoría de medianos propietarios, con bonificación de 75 por ciento, y establecer una nueva categoría, la de "otros", con una bonificación menor, mejorando la focalización y la tabla de costos.
Por eso, señor Presidente, pedimos máxima urgencia para la aprobación, ojalá unánime, de esta iniciativa, pues, de no despacharse mañana en la Cámara de Diputados, habría que cambiar todo el articulado. Porque, como sabemos, el decreto ley 701 tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Y para prorrogarlo se cambia la expresión "15 años" por "17 años", con lo que se posibilita que este tipo de beneficios se mantengan en el tiempo.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- La aprobación no podrá ser muy rápida, señor Senador, ¡porque hay muchos inscritos...!
El señor COLOMA.- En el curso del día.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, en primer término, quiero felicitar al señor Ministro de Agricultura por la gestión que ha realizado en el Ministerio a su cargo; por haber tenido un diálogo permanente con todos los sectores agrícolas, particularmente con los pequeños y medianos, y, además, por sacar adelante un proyecto de ley de esta naturaleza, que cumple una aspiración largamente sentida por las comunidades mapuches, más bien por los pueblos originarios, concepto de mayor extensión que aquel.
¿Cuál es el problema que resuelve esta iniciativa?
En la legislación actual, de las bonificaciones establecidas para los planes de forestación de los suelos con aptitud forestal puede hacerse uso en una sola oportunidad. Por lo tanto, respecto a muchos de los predios transferidos a comunidades mapuches -porque es ahí donde se concentra básicamente la transferencia-, ellas no pueden hacer uso de la bonificación porque ya fue utilizada por el propietario anterior. Entonces, como estos campos habitualmente se adquieren de particulares o de empresas forestales, cuando llegan a poder de las comunidades mapuches y ellas quieren utilizar la bonificación -esas comunidades son las que más la necesitan- no pueden hacerlo.
Por lo tanto, es un avance gigantesco respecto a una de las aspiraciones más sentidas de las comunidades mapuches: que cuando se les adjudique un campo y decidan continuar con la labor forestal...
Señor Presidente, ¿podría pedir un poquito de silencio?
Yo le tiro flores al Ministro, pero él se pone a conversar.
¡No le tiro más...!
La señora RINCÓN.- ¡Lo está castigando...!
El señor PIZARRO (Presidente).- Es que usted se equivoca, señor Senador.
El señor ESPINA.- Usted ve lo que le pasa a este Gobierno, señor Presidente: ¡les tiramos flores a los Ministros y ellos nos castigan...!
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Mientras más flores les tire, menos lo van a escuchar...!
Usted tiene que aprender a ser Senador de Gobierno: ¡debe tratar duro a los Ministros para que lo escuchen...!
El señor ESPINA.- Seguiré su ejemplo, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Si no, van a creer que usted es propiedad de ellos...!
El señor ESPINA.- Yo no sé a cuántos Ministros les tiran flores. Yo les tiro a todos. Pero basta que lo haga para que se pongan a conversar.
El señor PIZARRO (Presidente).- Además, como el Ministro fue Diputado, ¡ya sabe de estas cosas...!
El señor ESPINA.- Le agradezco su consejo, señor Presidente, pero seguiré con la intervención, porque está corriendo mi tiempo.
Aquí hay, señor Presidente, dos decisiones muy importantes para las comunidades mapuches: la primera, que puedan hacer uso de la bonificación aun cuando el predio haya sido beneficiado anteriormente; y la segunda, que si deciden cambiar el uso del suelo, se las exima de la obligación de devolver la bonificación (en la ley actual deberían devolverla: esta es la regla general).
Ese es un avance gigantesco para que las tierras que reciben las comunidades mapuches sean productivas y estas puedan gozar de beneficios directos.
Por eso la urgencia de esta iniciativa, señor Presidente.
En segundo lugar, opino que el proyecto es adecuado cuando se decide establecer 100 hectáreas como límite máximo para ser beneficiario. Y voy a explicar por qué.
Si algo se criticaba en la ley vigente, era que estos beneficios siempre los utilizaban las grandes empresas. Y ocurre que ahora se están concentrando en el mediano y en el pequeño agricultores, que es lo importante.
Y se hace lo siguiente.
Se determina una prórroga por dos años, plazo que puede ser menor, dependiendo del tiempo en que el Gobierno envíe el nuevo proyecto.
En el caso de los pequeños propietarios -dos hectáreas básicas-, la bonificación actual, de 75 por ciento, salvo por las primeras 15 hectáreas, se eleva a 90 por ciento.
Se crea la categoría de medianos propietarios (aquellos con ingresos anuales inferiores a 100 mil UF), con una bonificación de 75 por ciento. Por lo tanto, se otorga un fuerte incentivo al agricultor mediano, quien siempre señala que le toca cargar el piano pero nunca tocarlo.
Finalmente, en cuanto al resto, se determina una bonificación de 50 por ciento, mientras no se excedan las 100 hectáreas.
A mi juicio, señor Presidente, este proyecto se halla muy bien orientado.
Obviamente, no resuelve todos los problemas existentes en el área forestal y en materia de bonificaciones al sector; para solucionarlos estará la nueva ley.
Pero no tengo dudas de que se trata de un avance enorme. Primero, como ya lo señalé, para las comunidades mapuches.
Durante la huelga de hambre de las comunidades mapuches -ellas preocuparon e interesaron a muchos señores Senadores-, cuando uno conversaba con aquellas, su primer planteamiento en el ámbito productivo era: "Por favor, háganos beneficiarios del 701".
En consecuencia, aquí se recoge una inquietud expresada por años y que nunca pudo ser resuelta. Y por eso felicito -siempre y cuando me escuche- al señor Ministro de Agricultura.
De otra parte, el límite de las 100 hectáreas me parece correcto. Porque lo que hay que hacer, señor Presidente, es focalizar los recursos en quien más los necesita.
Por lo demás, si un agricultor quiere bonificar sobre 100 hectáreas, de no permitírselo la ley, la posibilidad de hacerlo será muy remota.
Entonces, lo razonable es que tratemos de ayudar al pequeño propietario y al mediano, que son quienes más precisan ayuda hoy día.
Por eso, señor Presidente, considero que esta es una muy buena iniciativa de ley.
Ahora bien, el Senador Navarro ha mantenido siempre una legítima preocupación.
A Su Señoría le reconozco una virtud: la de que estudia estos proyectos. Muchas veces no estamos de acuerdo. Pero dice las cosas "Pan, pan; vino, vino", desde su punto de vista. Considero que eso es un gran aporte al debate.
Sin embargo, al respecto hay un problema práctico.
Estamos viendo cómo resolvemos lo de la consulta. De hecho, la Comisión de Constitución celebró hoy una sesión, dirigida por la Senadora Alvear, y quedamos en hacer un planteamiento sobre cómo vamos a determinar hacia adelante un proceso de consulta serio y que ayude a las comunidades.
¿Por qué digo eso, señor Presidente? Porque el remedio podría terminar siendo peor que la enfermedad.
Voy a poner como ejemplo este proyecto.
Si él se hubiese elaborado luego de un proceso amplio de consulta a las aproximadamente 3 mil 300 comunidades existentes en La Araucanía, más las restantes del país, como el beneficio concluye el 31 de diciembre, el incentivo habría sido para que el Gobierno terminara diciendo: "Si esto me va a entrabar un proyecto que favorece a muchas personas, mejor no establezco un beneficio especial para las comunidades mapuches, porque me frena esa iniciativa demasiado tiempo".
Entonces, ¡cuidado!
Es legítima, señor Presidente, la inquietud por que se cumpla el Convenio 169 de la OIT, que a mi juicio es un muy buen instrumento, un mecanismo correcto, pues obliga a que los pueblos originarios sean consultados tratándose de decisiones sobre materias que los afectan.
En el barrio alto de Santiago se hacen plebiscitos que, con toda razón, son muy celebrados.
Pues bien: yo quiero saber por qué se puede consultar mediante plebiscito a muchas personas sobre diversas materias y a las comunidades mapuches no se les va a poder preguntar antes de decidir sobre tierras que eran suyas.
Pero, en mi concepto, exacerbar la situación al punto de que haya un procedimiento que lleve a consultar al infinito, a preguntar permanentemente, sin que nunca pueda tomarse una decisión, provocará que los Gobiernos se inhiban de tener políticas específicas que ayuden a las comunidades.
No estoy diciendo que no haya que consultarlas, sino que hay que hacerlo con realismo, evitando que la consulta se transforme en una piedra de tope y que las políticas públicas que van en beneficio de nuestros pueblos originarios impliquen finalmente enfrascarse en debates y procesos que duran años.
Hay que hacer reformas fundamentales en la CONADI (existe coincidencia en que ella funciona muy mal). Es preciso introducir cambios en todo el proceso de asignación de tierras a las comunidades, manteniendo los artículos 20 a) y 20 b); el mismo Presidente de la República me lo ha señalado. Hay que diseñar todo un proceso para generar oficinas que brinden asesoría a los pueblos originarios en cada comuna. Se debe sacar adelante la reforma constitucional, que lleva mucho tiempo parada.
O sea, hay pendiente un cúmulo de políticas públicas relativas a los pueblos originarios. Y yo no quisiera que, por enfrascarnos en un proceso de consultas que durara años, los Gobiernos terminaran inhibiéndose de actuar y dijeran: "Si tanto tiempo va a tomar esto, la verdad de las cosas es que finalmente se desincentiva su aplicación".
Por eso, creo que hay que consultar, pero con realismo. Y si este proyecto no se hubiera aprobado con tanta velocidad -actitud del Parlamento que valoro mucho-, nos habríamos quedado sin beneficios para las comunidades mapuches.
Señor Presidente, esta es parte de mi respuesta al Senador Navarro sobre por qué en esta oportunidad el proceso se hizo así: porque el beneficio era mayor que el eventual perjuicio. Era un beneficio para las comunidades mapuches, no un perjuicio, como bien sostiene el colega Letelier, cuyo criterio podrá ser controvertido, pero tiene lógica: la de que se consulte lo que puede provocarles un problema, mas no aquello que les genera beneficios.
Por las consideraciones expuestas, reitero mi apoyo al proyecto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en este proyecto yo me abstuve tanto en la Comisión de Agricultura como en la Sala cuando se aprobó en general.
Sin embargo, valoro que el Ejecutivo, aun manteniendo a firme su criterio de que era suficiente el decreto supremo Nº 124, del 2009, haya consultado, particularmente a través de la CONAF, de manera un poquito más amplia a las comunidades potencialmente beneficiarias del incremento planteado, es decir, las que han recibido aportes del Fondo para Tierras y hoy día no podrían acceder a la bonificación forestal.
Creo que tal ejercicio da cuenta de la petición que con los miembros de la Comisión de Agricultura le formulamos al Gobierno.
Pero voy a insistir en el punto mencionado por el Senador Navarro: una cosa es el decreto ley 701, que el Ejecutivo aceptó como válido -y responderá por ello-, y otra distinta lo que nosotros debemos realizar como Congreso.
Yo espero, por tanto, que la Mesa se haga cargo de que en lo sucesivo, tocante a las comunidades indígenas -porque hoy puede haber incidido la premura por prorrogar la bonificación forestal mediante este proyecto; pero el día de mañana puede tratarse de otra iniciativa que, directa o indirectamente, afecte de algún modo a los pueblos originarios-, se tome el camino esencial de la consulta que nos señala el Convenio 169 de la OIT.
Entonces, voy a apoyar este proyecto, primero, porque el Gobierno ha hecho el esfuerzo de consultar a dichas comunidades, y segundo, porque mediante él se toman algunos resguardos, como aquí se dijo.
En tal sentido, quiero defender el límite de las 100 hectáreas, pues de alguna forma garantiza que no serán los propietarios de grandes extensiones de tierras los que recibirán el beneficio, con el consiguiente daño que ello implica: erosión de los suelos y perjuicios en ciertos humedales, y otros efectos, como los indicados por el Senador Tuma.
Creo, pues, que esta iniciativa, incluso con la prórroga sugerida, puede ser más inocua para las comunidades indígenas que lo que ha significado la aplicación del referido decreto ley en el pasado, desde el año 74 en adelante.
Con todo, tengo expectativas en cuanto a que el proyecto que presentará el Gobierno (el 701/2.0, como lo llamó el Ministro Galilea) va a hacerse cargo de una serie de otras materias aquí planteadas, no solo en el ámbito de la Comisión de Agricultura.
Por intermedio del señor Presidente, quiero decirle al señor Ministro que en la sesión celebrada hace exactamente una semana para analizar los problemas del tipo de cambio y las dificultades que están experimentando los agricultores de la zona centro-sur, fundamentalmente los exportadores de frutas, el Banco Central le tiró la pelota al Ejecutivo.
Sin embargo, estimo que Hacienda y Agricultura tienen pocas herramientas para enfrentar la referida situación.
Considero que, dentro del decreto ley 701 mejorado, bien podríamos estudiar posibilidades en torno a ciertos frutales, tal como se están abriendo respecto a la biomasa, a la forma de frenar el proceso de desertificación en la zona norte del país, en fin.
Por lo mismo, esperamos que surja un buen proyecto. Pero, además, queremos que la consulta ya no sea problema; o sea, que en este sentido se genere un proceso más allá del decreto 124 y, también, que el Congreso establezca los mecanismos de participación.
Ahora, no me parece que los ocho meses sean la cuestión fundamental. Lo importante es que se proponga una buena transformación de la ley de fomento forestal, que se haga cargo, entre otras cosas -lo hemos conversado con el señor Vial, Director Ejecutivo de la CONAF-, de lo que ocurre con la ley de bosque nativo, en cuya aplicación se está castigando a muchos pequeños productores forestales.
Vamos a tener que revisar con mayor detención el nuevo proyecto, porque es probable que en algunas zonas haya que extremar el proteccionismo y que en otras -por qué no decirlo- a lo mejor sea necesario incorporar al mercado a más comunidades, a otros sectores.
Creo que eso debemos estudiarlo en la Comisión de Agricultura.
En consecuencia, por intermedio de la Mesa, le pido al Ejecutivo un debate más a fondo respecto a la iniciativa que vendrá.
Por último, señor Presidente, quiero insistir en lo de las 100 hectáreas.
Ese límite me parece importante. Por eso, apoyaré la ley en proyecto. Pero no puede ocurrir con ella lo que sucedía en el pasado con organismos como el SAG. Este Servicio tenía establecidos programas de mayor envergadura -no los del INDAP- para la recuperación de suelos degradados, para enmiendas calcáreas, para distintos nutrientes de la tierra, como fósforo, en fin. Sin embargo, los grandes, al contar con más asesoría técnica, eran los primeros en postular a los beneficios y, como es obvio, los recursos, siempre escasos, se agotaban en ellos. Y el pequeño quedaba a la cola y esperando. Entonces, creo que no debiéramos cometer ese error, señor Presidente.
Con todas las prevenciones que me parece que es preciso tener -el Senador señor Navarro lo explicó con mucha claridad, al igual que la Honorable señora Rincón-, vamos a acoger el articulado.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, deseo ser muy breve. A mi juicio, lo fundamental se ha dicho y los argumentos principales a favor de la iniciativa ya los hicimos presentes al discutirla en general.
Se trata de un proyecto bastante simple, dentro de todo: consiste en una prórroga, por dos años, de una medida muy exitosa, como hemos señalado. Una inversión baja para el país, del orden de 500 millones de dólares, ha permitido forestar un millón 400 mil hectáreas. Y esa plata, según ya se expuso, se recuperó en pocos años. Es el tipo de políticas públicas que debemos fomentar para potenciar ciertas áreas.
Quizás, entre algunas contribuciones nuevas -no constituye una prórroga automática, sino con el valor agregado de ciertos aspectos muy valiosos-, una de ellas puede merecer discusión: el tope de las 100 hectáreas.
Desde un punto de vista social, uno dice: "apoyemos solamente a los pequeños, a los medianos". Está bien. Sobre la base de ese criterio, es así. Sin embargo, si se tiene en cuenta que pueden existir tierras baldías y que es posible incentivar, con un 50 por ciento de subsidio, que sean utilizadas y den un potencial que Chile después recuperará, no es un mal negocio.
Es cierto que, cuando pensamos en la política de subsidios solo con una perspectiva de carácter social, carece de justificación apoyar a los medianos "grandes". Pero, desde un punto de vista económico, ese tipo de beneficios puede ser un factor relevante. Lo ha sido en el pasado en algunas oportunidades.
Por eso, no quiero plantear el tema, pero sí formular la reflexión, ya que estimo que no es posible dejar de tener presente que las políticas de subsidio o de incentivo pueden favorecer no solo cuando revisten carácter social. Eso es lo principal. Y esa es la justificación. En virtud de ello, el proyecto recibe todo nuestro respaldo.
Mas es importante hacer la consideración, porque quizás cuando el Ejecutivo defina el régimen definitivo -el mecanismo dura dos años- cabría estudiar la contribución económica que podría obtener el país, en ciertas condiciones, en ciertos lugares debidamente restringidos.
Mi Honorable colega Tuma hacía presente, por ejemplo, el riesgo para los acuíferos. Por cierto, es preciso proceder cuidándolos, cuidando el medio ambiente.
Si con un incentivo de un 50 por ciento se puede generar desarrollo, riqueza y crecimiento en ciertas áreas que de otra manera se pierden, a lo mejor es un buen negocio para Chile. Y uno tiene que ponerse también en ese caso.
Ahora, en lo fundamental, juzgo especialmente valiosos algunos elementos.
Ya ha sido mencionado lo relativo a los beneficios para las comunidades indígenas y no voy a repetirlos. Solo deseo agregar que en la Comisión de Constitución hemos celebrado en el día de hoy una sesión en la que hemos discutido largamente sobre el asunto, con el aporte de representantes de la Organización Internacional del Trabajo y de otros organismos especializados. Esperamos dar con una buena respuesta para el rol que nosotros y el Ejecutivo tenemos que cumplir respecto del Convenio Nº 169, y así poder ir asegurando que este último instrumento, referente al mundo indígena, no solamente se respete, sino que también sea una contribución importante para el desarrollo de esos pueblos y su integración al país.
Quisiera destacar finalmente la incorporación del concepto de mediano propietario forestal. Hasta ahora, las políticas agrícolas se han focalizado, fundamentalmente, hacia los agricultores muy pequeños, hacia los que trabajan en el ámbito del Instituto de Desarrollo Agropecuario, en lo que se conoce como "agricultura familiar campesina", con un tope de hasta 12 hectáreas, equivalentes a beneficios de distinta naturaleza. Sobre ese límite, se han obtenido muy pocos. Algunos se han dado a través del Servicio Agrícola y Ganadero: fertilización de suelos, apoyo en sistemas de riego. Llamemos "pymes agrícolas", pequeños y medianos agricultores o emprendedores, a los que han podido acceder a ellos. Pero han sido excepcionales.
La idea del Gobierno -y que se está implementando ya en INDAP para tratar de subir las 12 hectáreas a 20 y ojalá, en el tiempo, a más- es ir incorporando el criterio en forma sistemática en las políticas de subsidio, porque el efecto económico y social en el ámbito rural es demasiado importante. Y aquí se incorpora el concepto de mediano propietario forestal. Los pequeños siguen con un 90 por ciento de respaldo; los otros, con un 50 por ciento de subsidio; pero los medianos, sobre la base de la definición del proyecto, con una cantidad determinada de unidades de fomento anuales en ventas, se incorporan con un 75 por ciento de subsidio forestal.
Ello me parece una buena iniciativa y que va en la línea de ir potenciando medidas que se deben mantener e incrementar, no solo referidas a la agricultura familiar campesina.
Es válido y necesario destacar que las políticas respecto de INDAP han permitido elevar el número de beneficiarios en la Ley de Presupuestos para el año 2011. Se han aumentado, por ejemplo, los programas de desarrollo local, un instrumento muy útil, que esperamos que siga siéndolo.
Pero estamos también pensando en la pequeña y la mediana agriculturas, que necesitan también consideración. Es algo que se contempla en distintos ámbitos. Hoy día es el de CONAF. Por eso, la prórroga es inteligente, útil y agrega ciertos factores que merecen nuestro reconocimiento. De ahí nuestro respaldo.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, resulta indiscutible que lo dicho aquí corresponde a una base real. El decreto ley Nº 701, de 1974, ha significado un gran beneficio para el desarrollo del país en lo forestal. Basta con ver las estadísticas de la superficie plantada y el solo hecho de que Chile ha pasado a ser uno de los más grandes productores de celulosa en el mundo. La exportación de madera es hoy día una parte importante del comercio exterior chileno y la elaboración del producto en todas sus formas.
Es indudable, sí, que dicho cuerpo legal, hasta 1997 -y puede ser que haya sido ese el objetivo-, favoreció fundamentalmente a grandes empresas, las cuales, con cargo a la bonificación, ocuparon casi el 94 por ciento de los recursos destinados a tal objeto. Solo un 5 por ciento y fracción fue destinado a las pequeñas y medianas.
Sin embargo, la normativa fue modificada en 1998 por la ley Nº 19.561, a fin de cambiar un poco el apoyo y focalizarlo más hacia estas últimas. Ello provocó un efecto, puesto que casi el 40 por ciento de la bonificación se destinó al pequeño y al mediano forestadores y un 60 por ciento a los medianos y grandes propietarios.
Por lo tanto, creo que el cuerpo legal, en proceso de vencimiento, tiene que ser objeto de enmiendas, para seguir focalizando la bonificación hacia los medianos y los pequeños propietarios y no las grandes empresas, que reconocen contar con recursos suficientes, encontrándose lo suficientemente capitalizadas en el día de hoy para invertir.
Sin embargo, si bien se nos dice que el proyecto dispone una prórroga nada más que por dos años, creo que se puede generar un efecto muy pernicioso con la fijación de 100 hectáreas como límite.
Si mis Honorables colegas leen lo que dijeron aquí los representantes de diversas actividades, observarán que coinciden todos: los académicos, los trabajadores y los empresarios.
En el caso del sector laboral, el presidente de la Asociación Gremial de Trabajadores del sector Forestal, señor Iván Castro, planteó que no se debe limitar el subsidio a 100 hectáreas, porque se originará una disminución en la actividad forestal y un efecto indiscutible en los puestos de trabajo.
El secretario ejecutivo del Colegio de Ingenieros Forestales asimismo estima pernicioso llevar el límite a 100 hectáreas.
Y ello también lo señala el gerente general de la Corporación Chilena de la Madera.
Es decir, los tres actores importantes comparten la idea de que la limitación de 100 hectáreas no es buena. Y creo que debemos revisar tal aspecto. Pienso que está bien prorrogar todo el cuerpo legal hasta por dos años y analizar después en profundidad la situación.
¿Por qué se plantea lo de esa superficie? Se podría concluir que significa mucho; pero el decreto ley No 701 define al pequeño propietario forestal conforme a lo que se señala respecto del pequeño propietario agrícola en el artículo 13 de la ley No 18.910 y dispone que es quien no excede de 12 hectáreas de riego básico.
¿Y qué significa esto último, de acuerdo con las tablas vigentes? Ello depende de la Región. Desde la Primera a la Cuarta y en la Undécima y la Duodécima, además de la comuna de Lonquimay, en la Novena, y de la provincia de Palena, en la Décima, equivale a 500 hectáreas físicas, cantidad que en los otros casos es de 200. O sea, la limitación que nos ocupa no tiene que ver con el pequeño propietario,...
El señor PROKURICA.- Así es.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ...quien se encuentra muy abajo. Y a esa persona podemos provocarle un daño muy grande.
Entonces, en la discusión particular debiéramos corregir las 100 hectáreas y hacer referencia a 12 hectáreas de riego básico, por lo menos, en el período de dos años. Por ningún motivo resulta adecuado establecer la superficie mencionada en primer término, porque se dejaría fuera a una gran cantidad de pequeños propietarios.
La razón por la cual quería intervenir era para llamar la atención en orden a hacer un esfuerzo a fin de que en la votación que se efectúe ahora no cometamos ese grave error; a revisar el tope de 100 hectáreas; a considerar por lo menos a los pequeños propietarios. Y ojalá se contemplara a los pequeños y medianos. Porque, como ya lo mencioné, las grandes empresas forestales se encuentran suficientemente capitalizadas y disponen de recursos -incluso, de excedentes-, hasta el punto de invertir en el exterior, ya que no condice con su tamaño la limitación de las plantaciones en nuestro país.
Por lo tanto, señor Presidente, le pido que cuando llegue el momento de la votación nos ocupemos en el punto y eliminemos el límite de 100 hectáreas o, al menos, lo fijemos en el equivalente al pequeño y al mediano propietarios. Y, en todo caso, que se considere al pequeño propietario, que no excede de 200 o de 500 hectáreas, dependiendo de la Región.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Algunos señores Senadores han hecho referencia al límite de 100 hectáreas. Debo recordar que eso ya se votó y fue aprobado por unanimidad. Lamentablemente, no existe la posibilidad de modificarlo.
Se encuentra en discusión la única enmienda efectuada al proyecto. Registrándose varios inscritos para intervenir, hago presente la conveniencia de votar la modificación, a fin de tratar en seguida la iniciativa que crea el Ministerio de Desarrollo Social, para lo cual nos acompaña el Ministro de Planificación.
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor TUMA.- Señor Presidente, que se abra la votación.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, deseo dejar constancia en el debate de que el proyecto, en el caso de la Región de Los Lagos y, específicamente, de las provincias de Chiloé y Palena, no se puede aplicar respecto de las comunidades indígenas, en particular las huilliches, porque carecen de títulos de dominio. Esta es su principal preocupación y demanda, como lo manifestaron en el diálogo al cual convocó el propio Gobierno en el cerro Ñielol hace algunos meses. Me parece que fue en octubre, si la memoria no me engaña.
Como la opinión pública se habrá dado cuenta, el Primer Mandatario denominó "Tantauco" a los grupos de estudio de su programa de gobierno. El parque de ese nombre se encuentra en la provincia de Chiloé -en la comuna de Quellón, concretamente- y un grupo de comunidades indígenas solicitan la restitución de su propiedad sobre cerca de 40 mil hectáreas en el interior. Como se sabe, el predio del Presidente de la República abarca 120 mil hectáreas.
Las comunidades huilliches de Compu, también en la comuna de Quellón, demandan la regularización o el reconocimiento de la propiedad de un predio de 18 mil hectáreas entregado por el Estado de Chile a transnacionales, que luego lo abandonaron y dejaron sin explotación.
He tomado contacto con los Ministros de Agricultura y de Planificación -me alegro de que estén presentes- con relación al asunto, por ser de incumbencia de ambas Carteras. Se trata de una cuestión intersectorial, ya que la Ley Indígena la entrega al Ministerio de Planificación, pero también se relaciona con el de Agricultura.
Para las comunidades, la situación es en extremo angustiosa, porque la mayor parte de sus miembros se habían incorporado como trabajadores a la industria del salmón y, al verificarse el cuasicolapso de esa actividad, debieron volver en una gran proporción, encontrándose en condiciones sumamente precarias.
Incluso, viven de una economía de sobrevivencia, cual es la de recoger madera muerta que después venden como leña. Sin embargo, precisamente las leyes que por unanimidad hemos aprobado en el Congreso, en particular la relacionada con el bosque nativo, exigen hasta para la distribución y comercialización de ese producto que las comunidades tengan el título de dominio.
Entonces, estas se encuentran arrinconadas. Desde el punto de vista legal, el Estado de Chile las ha llevado a una situación virtualmente imposible: sus integrantes trabajaban en la industria del salmón; quedaron cesantes; regresaron; su posibilidad de sobrevivir radica en vender leña recogida de los predios como madera muerta, pero, al no contarse con título de dominio, no puede ser comercializada. O sea, la situación resulta muy difícil. En este caso, la CONAF es sumamente rigurosa. Hace cumplir la ley. No obstante, la norma legal conduce a una condición de miseria muy dura a familias huilliches.
Por consiguiente, no quisiera que quedara consagrado, como la verdad última y definitiva, que la iniciativa en debate resuelve el problema de las comunidades. Ello puede hacerlo en las Regiones Octava o Novena, pero en la de Los Lagos no es así, y, categóricamente, no lo es en la provincia de Chiloé.
Si el Ejecutivo no busca una solución a corto plazo a través de un proyecto de ley que califique de "discusión inmediata", a fin de contemplar mecanismos para que las comunidades puedan recoger la madera muerta y venderla, se estará generando una situación que, desde el punto de vista social y económico, prácticamente las deja sin alternativas.
Otra posibilidad es que el Estado compre el predio de 18 mil hectáreas y los demás que solicitan allá las comunidades.
La superficie mencionada en primer término fue entregada de manera muy desaprensiva por el Fisco a empresas transnacionales que luego no la explotaron. Con seguridad, las condiciones de la provincia, la dificultad de transporte, la lejanía de los mercados y la realidad del terreno determinan que el negocio forestal no sea como el de las Regiones Séptima, Octava y Novena. El hecho concreto es que esos conglomerados económicos simplemente abandonaron las tierras. Y, lógicamente, cuando el Estado consulta acerca del precio, este es el de mercado, para esa gente.
Entonces, naturalmente se pone al Fisco en una situación imposible, entre la espada y la pared: o paga un precio oneroso o no consigue las tierras. Y, como no las obtiene, se ve imposibilitado de resolver el problema de las comunidades huilliches.
Por consiguiente, ante este círculo vicioso, apelo a la voluntad manifestada acá por los Ministros en el sentido buscar alternativas. Porque, de no hacerlo, generaremos una situación francamente inmanejable en el centro y el sur de la provincia de Chiloé.
Asimismo -como indicó el señor Presidente, el resto de los artículos del proyecto están debidamente aprobados-, para la provincia de Palena también es estrecho el límite de 100 hectáreas.
Es evidente que las cifras se modifican a lo largo del país, y les solicito a los Ministros que revalúen dicho tope anual.
Comparto la voluntad expresada en cuanto a no bonificar a empresas forestales que no lo necesiten. Hacerlo sería francamente absurdo. Y comprendo el sentido de la resolución del Ejecutivo. Pero la realidad de cada Región es muy diversa, y podríamos provocar, tácita o implícitamente, que se tratara a los pequeños y medianos productores forestales como grandes empresarios, dadas las diferentes circunstancias y realidades que se viven a lo largo y ancho de nuestro país.
De todas maneras, pese a que los dos problemas que mencioné no son de fácil solución, en particular el referido a las comunidades huilliches de la provincia de Chiloé -hay que considerar que resulta muy angustiante para esas familias hallarse en situación de sobrevivencia, con la caída de la industria del salmón, después que haber encontrado en ella una forma de ganarse la vida-, valoro la inspiración que tuvo el Gobierno al enviar esta iniciativa y anuncio nuestro voto favorable, con las dos reservas ya planteadas.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, en primer lugar, debo recabar el asentimiento de la Sala para acceder a la solicitud de votación separada formulada por el Honorable señor Horvath.
No hay acuerdo.
En segundo término, varios Comités me pidieron abrir la votación.
Si le parece a la Sala, procederemos en esos términos.
El señor PROKURICA.- Está bien.
El señor LARRAÍN.- Claro.
El señor PIZARRO (Presidente).- Acordado.
En consecuencia, queda cerrado el debate.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Está inscrito el Honorable señor Ruiz-Esquide, quien no se encuentra en el Hemiciclo.
Tiene la palabra el Senador señor Lagos, para fundamentar su voto.
El señor BIANCHI.- ¡Cortito...!
El señor LAGOS.- Señor Presidente, a pedido del Honorable señor Bianchi, hablaré en términos breves.
Efectivamente, el objetivo de la iniciativa es prorrogar la vigencia del decreto ley N° 701.
Algunos han definido este proyecto como simple. Yo estoy de acuerdo. Pero creo que además tiene contenido, porque no solamente extiende en dos años la vigencia de una normativa que ha sido importante para el desarrollo forestal en Chile y que ha regido durante muchos años, sino que también introduce modificaciones que, sumando y restando, son bienvenidas.
En primer lugar, la iniciativa establece criterios distintos a la hora de fijar los porcentajes de bonificación a la inversión forestal y con respecto a los beneficiarios, distinguiendo entre grandes empresarios forestales y pequeños o medianos.
Ahora bien, en la Sala se ha producido un debate interesante y espero que, cuando se discuta en su mérito el proyecto que próximamente se enviará, ello se aborde como corresponde por el Ejecutivo.
Se ha planteado un debate muy de fondo respecto de cuánto debe aportar el Estado en materia de incentivos a la forestación y a quiénes ha de dirigirse ese apoyo. Y el punto radica en si es suficiente el límite de cien hectáreas o si debe ser mayor, como sucede hasta hoy.
Yo, en grueso, estoy por acotar el tope de hectáreas bonificables, por cuanto la experiencia y la historia muestran que cuando se entregan recursos a través de subsidios después es sumamente difícil retirarlos.
Hemos visto lo ocurrido en el país respecto a otros programas exitosos de apoyo a la producción y la exportación, como los de la fruta, el vino y el salmón.
Esas ayudas iniciales son importantes: desarrollan la industria. Pero luego esta gana vuelo, genera espaldas financieras, incrementa su negocio, conquista mercados al exterior, y el Estado sigue poniéndole recursos. No es fácil fijar límites, en la medida que las empresas se extienden y crecen.
No estoy por quitar fondos a la exportación y promoción de la fruta chilena o al vino. Sin embargo, cuando se persiste en la conducta señalada anteriormente, se les restan recursos a los nuevos emprendimientos.
Entonces, quiero entender que detrás de la propuesta del Gobierno se halla el intento de focalización en nuevos emprendimientos de menor escala.
Hay una interrogante que no sé cómo resolver porque no soy experto en la materia -en casi ninguna, como dirían algunos-, relacionada con qué significa pequeño, mediano o gran productor en el ámbito forestal.
Como bien manifestó el Senador señor Escalona, tal vez no es lo mismo tener cien hectáreas en la Séptima o en la Octava Regiones que en la Décima, por distintas razones. Eso es obvio.
Y también es cierto que antes se desconocía que la industria del vino no solo podía desarrollarse en la Sexta y la Séptima Regiones, sino además en la Quinta, pues en esta no había ese emprendimiento...
La señora MATTHEI.- ¡O en la Cuarta!
El señor LAGOS.- O también en la Cuarta Región, como acertadamente aporta la Senadora señora Matthei desde las bancas del otro lado.
En consecuencia, estamos ante un problema no sencillo de solucionar, aunque sé cuál es la dirección correcta.
No resulta fácil retirar recursos a alguien cuando los está utilizando. Sin embargo, no me parece justo seguir entregándoles dinero a quienes ya están -entre comillas- bien parados para llevar a cabo su negocio.
Por ello, resulta muy importante establecer un límite y un criterio. En otros países existe un fondo gigantesco, del cual se asigna determinado porcentaje a los grandes empresarios -ellos pelean por él-, y se reserva otro para los pequeños emprendimientos.
Eso se hace en naciones industrializadas y con políticas de mercado como Estados Unidos, donde los pequeños y medianos empresarios tienen asignadas cuotas de mercado, por ejemplo, a partir de licitaciones públicas.
Considero que es un asunto digno de explorar.
En segundo término, llama la atención que los empresarios forestales reconocen estar en deuda en el pago del impuesto territorial, debido a que técnicamente no se ha podido llegar a un entendimiento claro respecto de cómo hacerlo y a que el Servicio de Impuestos Internos, admitiendo que realiza esfuerzos en tal sentido, no lo recauda.
Durante este año nos hemos devanado políticamente en torno a cómo allegar recursos para la reconstrucción, y sin embargo, hay un sector: el forestal -al cual, en mi opinión, le ha ido relativamente bien-, que no está cumpliendo su obligación de pagar el impuesto territorial.
Considerando la experticia y la modernidad de un servicio de impuestos internos como el nuestro y el amplio desarrollo alcanzado por las industrias forestales, parece difícil entender -sin duda debe haber una buena explicación- por qué razón -repito- no están enterando el impuesto territorial, en circunstancias de que durante todo el año hemos discutido cómo juntar fondos para la reconstrucción.
No sé cuánto dinero está involucrado...
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor BIANCHI.- ¡Y eso que dijo que sería breve...!
El señor LAGOS.- Señor Presidente, ¿me concede un minuto adicional para terminar?
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien.
El señor LAGOS.- Por último, quiero solicitarle al Gobierno que en el nuevo proyecto que presentará sobre la materia se incorpore una mirada más amplia y sectorial.
No se trata solamente de cuántos recursos se deben asignar a los empresarios forestales, sino también de que ello ha de ir asociado a una perspectiva más amplia del desarrollo en este ámbito. Por ejemplo, al aspecto tributario -como se acaba de mencionar-, al de las comunidades indígenas, al medioambiental, al de una mejor y mayor fiscalización de la tala de árboles y la reforestación.
O sea, debe cumplirse con el objetivo de reforestar y , al mismo tiempo, con el de preservar nuestro medioambiente.
Y me guardo otros comentarios para permitirles a mis colegas hacer uso de la palabra antes de las 22...
El señor PROKURICA.- ¡Y sin interrupciones!
El señor ALLAMAND.- ¡No hubo mucho poder de síntesis...!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide, nuevamente, para fundamentar su voto.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, saludo la actitud que hemos tenido en esta materia durante las discusiones en la Sala, porque habitualmente los que intervienen al inicio del debate hablan veinte minutos, y quienes lo hacemos al final, por respeto a los demás, alrededor de 5 minutos.
El señor ALLAMAND.- ¡Eso es tremendo...!
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Así es.
El señor COLOMA.- ¡Pero entremedio usted se retiró de la Sala!
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, yo me abstuve en la votación general del proyecto. Y ahora, en la votación particular, solamente quiero precisar algunos hechos que me han preocupado siempre, aunque nunca he participado en la legislación sobre la materia.
En primer término, el decreto ley N° 701 significó -todos lo sabemos; no voy a gastar tiempo en mencionar cifras- un enorme esfuerzo del Estado, del país y de toda la ciudadanía para el crecimiento de la forestación.
¿Ganó Chile? ¡Sí, es verdad! Recaudó gran cantidad de recursos, y ello no se habría logrado sin esa forestación.
¿Ganaron las empresas? ¡Como pocas! Son escasas las empresas que en el curso de 20 a 30 años -tiempo aproximado que llevan acogidas a esta normativa- han obtenido tantas utilidades como las percibidas con este tipo de negocio.
Sin embargo, perdió el área agrícola de mi zona, por lo menos. Porque donde se plantaron pinos o eucaliptos se acabó la agricultura.
Y perdieron los trabajadores, por mucho que hayan tenido más posibilidades de ejercer su labor. Porque, hasta hace 10 años, no había actividad en Chile que fuera de tal manera exigente en las condiciones de trabajo de las personas. Y era verdaderamente inaceptable la forma en que vivían en los campamentos y cómo las trataban.
Por lo tanto, en lo personal, tomando una y otra cosa, y viéndolas en el proceso largo de estos años, con franqueza, creo que ese decreto ley habrá sido muy bueno para los que plantan en mi Región, pero no para el sector agrícola.
Dicho de otra manera, como le comentaba recién al Ministro: "Necesitamos un DL 701 para la agricultura, porque esta nunca ha contado con las posibilidades que ha tenido el sector forestal".
En segundo lugar, anuncio que mi pronunciamiento será "sí" en la votación en particular, por considerar que el proyecto mejora el texto actual. Y en este período de prórroga no podremos dejar de legislar al respecto pues, de lo contrario, se acabarán los beneficios del decreto ley N° 701 y terminaremos en peor situación.
Eso sí, deseo señalarle al señor Ministro que deberemos hacerlo de otro modo. Porque ese cuerpo legal tal vez pudo ser bueno en su época, pero hoy no se condice con las condiciones nacionales en materia monetaria, de desarrollo económico, etcétera.
Con referencia a lo expresado por algunos de los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, hay un punto que me preocupa: el referido a las comunidades indígenas.
Se ha sostenido: "Parece lógico que los miembros de los pueblos originarios voten y hagan escuchar su palabra sobre los asuntos que les crean problemas. Pero en aquellos en que esto no ocurriera, no tendrían por qué ser consultados".
Eso se llama "democratismo ilustrado". Es decir, yo, autoridad intelectual que ostento el poder, digo: "A usted, señor comunero, que vive en tal lugar del territorio, le aproblema esta cosa. Y sobre ella responderá en mi plebiscito. Pero como lo relativo a los casos B, C o D no le causa dificultades, entonces, no tiene por qué hablar al respecto.".
Lo anterior no refleja el espíritu del Convenio N° 169 de la OIT. No se encuentra consignado en él y lo rechaza. Además, constituye la gran duda suscitada acerca de la democracia con que diversos países muy desarrollados actúan respecto de las minorías, que tienen que aceptar la tesis de que ellos les indican lo que les corresponde discutir y si deben votar "sí" o "no".
Señor Presidente, de todas maneras, pese a las aseveraciones expuestas, me pronunciaré a favor de la propuesta de las Comisiones unidas.
Sin embargo, en mi opinión, el DL N° 701, dada la forma en que se implementó y tomando en cuenta lo que pasa con las tierras y la forestación natural, no es un instrumento que haya beneficiado equitativamente a los distintos actores del país en esta materia.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, en el primer trámite reglamentario del proyecto expresé que deben existir pocas normas legislativas que hayan redundado en tantos aportes para Chile como la que ahora analizamos.
Aportes a la agricultura: millones de hectáreas reforestadas por esta vía.
Aportes para enfrentar el calentamiento global.
Aportes a la ruralidad. No concuerdo en que el incentivo involucrado haya perjudicado a la ruralidad. Por el contrario, en las Regiones del norte las forestaciones de este tipo han permitido generar actividad en lugares que se hallaban deshabitados.
Aportes a la lucha contra la desertificación. Se ha logrado un gran beneficio en esta línea.
Finalmente -¡digamos las cosas como son!-, en materia de impuestos, el Fisco ha obtenido retornos importantes nunca antes recibidos, porque provienen de terrenos que muchas veces no se utilizaban; estaban botados.
Mediante este mecanismo se ha generado actividad económica también en los viveros, creando trabajo para plantarlos; en el transporte, y en una serie de otros rubros que contribuyen al desarrollo de nuestro país.
Pensé que iba a estar de acuerdo con la intervención del Senador señor Lagos. Lamentablemente, no fue así -en esta oportunidad, no lo interrumpí-, porque el DL N° 701 representa solo un pequeño aporte del Estado.
Y, a continuación, efectuaré ciertas comparaciones.
En el caso de la forestación, estamos hablando de no más de 30 millones de dólares del presupuesto nacional. En cambio, en una sola línea del Metro se invirtieron 1.000 millones de dólares, y en el Transantiago, 5.000 millones de dólares (estos últimos fueron a fondo perdido).
Pero, cuando se plantea entregar, en especial a las Regiones -los terrenos que se forestan se encuentran justamente en ellas, en la ruralidad-, ¡apenas 30 millones de dólares!, realizamos un gran debate y una tremenda crítica.
El Senador señor Lagos manifestó que el beneficio siempre recae en los mismos predios. ¡No es así! La propia legislación establece que los terrenos que ya obtuvieron la bonificación quedan afectados y, por lo tanto, durante 20 años no podrán volver a postular. Entonces, no hay repetición en esta materia.
Señor Presidente, aquí hablamos de pocos recursos, que favorecerán en particular a las Regiones.
Por otro lado, se ha puesto un límite de 100 hectáreas anuales, que yo no comparto. Ello, no por las razones indicadas por los Honorables señores Horvath y Zaldívar y otros señores Senadores, sino porque en este aspecto Chile es muy diverso. Y no es lo mismo ser dueño de 100 hectáreas en la zona central, que en Coyhaique, en Atacama o en Tarapacá.
En consecuencia, al final este tipo de restricciones tan rígidas le generarán un daño a un instrumento del Estado cuyo único propósito es otorgar beneficios para todos.
Uno -¡claro!- siempre puede encontrar algún efecto negativo: que tal o cual aspecto quizás afecte a las napas, en fin. Pero precisemos bien las cosas: aquí estamos ante una de las legislaciones más beneficiosas de la historia del país. Y, si mi Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley -por ello, felicito también al señor Ministro de Agricultura- que prorroga por dos años la referida bonificación, y anunció que mandaría otro para englobar la totalidad de los incentivos, por supuesto que lo voy a votar a favor.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la supresión del artículo segundo transitorio propuesta por las Comisiones unidas (30 votos a favor y 2 abstenciones), y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Pérez (doña Lily) y los señores Allamand, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron la señora Rincón y el señor Frei (don Eduardo).
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, le pido que se considere mi voto favorable.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, solicito que también se adicione el mío. Lo marqué pero no apareció.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se dejará testimonio en la Versión Oficial de la intención de voto de ambos señores Senadores.