PRÓRROGA DE VIGENCIA DE DECRETO LEY N° 701 Y AUMENTO DE INCENTIVOS A FORESTACIÓN
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prorroga la vigencia del decreto ley N° 701, de 1974, y aumenta los incentivos a la forestación, con informe de la Comisión de Agricultura y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7102-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 63ª, en 2 de noviembre de 2010.
Informe de Comisión:
Agricultura, sesión 73ª, en 7 de diciembre de 2010.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Los principales objetivos de la iniciativa son:
1°.- Prorrogar la vigencia del decreto ley N° 701, de 1974, hasta el 1 de enero de 2013 y aumentar los incentivos a la forestación.
2°.- Incorporar el concepto de mediano propietario forestal.
3°.- Fijar una superficie bonificable anual máxima de 100 hectáreas.
4°.- Disponer beneficios que excepcionan del régimen general y favorecen a indígenas, comunidades indígenas o una parte de estas que accedan o hayan accedido a compras o a subsidios de tierras.
La Comisión discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar, por cuatro votos a favor (Honorables señora Rincón y señores Allamand, Espina y Larraín) y una abstención (Honorable señor Quintana).
El órgano técnico deja constancia, respecto de la materia de que se trata, de haber analizado el procedimiento de consulta y participación de los pueblos indígenas, con arreglo al decreto supremo N° 124, del Ministerio de Planificación, del año 2009. Sobre el particular, acordó, con el voto a favor de los Honorables señores Allamand, Coloma y Espina y el pronunciamiento en contra del Honorable señor Quintana, enviar el informe a la Sala.
Cabe tener presente que el proyecto debe ser conocido también por la Comisión de Hacienda en la discusión particular.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general.
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, nos hallamos ante un asunto extraordinariamente importante, pero no contamos con el texto aprobado por la Comisión, que quisiera conocer antes del debate.
El señor PIZARRO (Presidente).- Su Señoría puede acceder al informe mediante su computador. No se halla reproducido en papel, porque acordamos tratarlo sobre tabla.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- No voy a demorar el proyecto. En esas condiciones, anuncio que votaré en contra.
El señor PIZARRO (Presidente).- No olviden Sus Señorías que el estudio en particular se verificará en Comisiones unidas de Hacienda y de Agricultura.
El señor NAVARRO.- ¿No se dará, por lo menos, un informe verbal?
El señor PIZARRO (Presidente).- Acaba de hacer la relación el señor Secretario y el texto se puede ver en la pantalla del computador.
El señor NAVARRO.- Pido la palabra.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede hacer uso de ella, señor Senador.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, nadie busca retrasar la tramitación de un proyecto complejo, difícil, más aún tratándose del área forestal, en donde se registra una deuda profunda de quienes aspiran a recibir más subsidios, en particular de las empresas forestales.
Espero que algún integrante de la Comisión de Agricultura efectúe una exposición y defienda, por lo menos, lo que se plantea. Los antecedentes no puede entregarlos el señor Secretario, sino un miembro del órgano técnico, para que se explique el sentido de la normativa; si se efectuaron audiencias públicas; si se escuchó a las comunidades indígenas, a los pequeños propietarios; si vinieron las forestales a hacer lobby. Es necesario que nos cuenten lo que pasó. Porque, si no, se nos pide que votemos sobre la base de un informe que no tenemos. Existe la versión digital, pero queremos saber cuál fue el contexto en que se discutió.
Por mi parte, mantengo aprensiones sobre el articulado.
Reitero a mis Honorables colegas que las empresas forestales no han pagado un peso en impuesto territorial, durante décadas, y el Servicio de Impuestos Internos sigue haciendo gestiones infructuosas. Y las comunas más pobres de Chile -Tirúa, Cañete, Tomé, Coronel- siguen esperando el 40 por ciento que les corresponde en virtud de ese concepto, por más que medien reconocimientos de la deuda como el de la Corporación Chilena de la Madera (CORMA).
Insisto en la conveniencia de contar con el informe verbal de algún miembro de la Comisión de Agricultura, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, aparte de la relación hecha por la Secretaría, donde se dio a conocer en qué consiste el proyecto y sus objetivos fundamentales, es posible revisar en las pantallas de nuestros computadores -en este instante lo estoy haciendo- el detalle del informe.
El señor Senador tiene razón: el Secretario hizo mención a las consultas hechas a los pueblos originarios en lo que corresponde. Se cumplió con todos los trámites.
Estamos en la discusión general.
Le doy la palabra al Honorable señor Espina, Presidente de la Comisión de Agricultura, quien seguramente entregará una información más pormenorizada sobre la iniciativa.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, efectivamente estamos debatiendo la idea de legislar sobre la materia. Y resulta de suma importancia aprobar el proyecto, más allá de las indicaciones que en su momento presenten los señores Senadores, porque la vigencia de la actual ley -conviene recordarlo- vence a fines de este año. Por tanto, de no acogerse, el daño que se le causaría al pequeño propietario forestal respecto de los beneficios del decreto ley No 701 sería enorme.
Recuerdo que varias veces el Senador señor Sabag planteó la materia durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos. Porque, según entiendo, inicialmente se trataba de una glosa de dicha normativa. El asunto entonces ni siquiera estaba adecuadamente regulado.
En síntesis -y cumpliendo lo solicitado por el Senador señor Navarro-, cabe señalar que la iniciativa, en lo fundamental, prorroga la vigencia del decreto ley No 701 hasta el 1 de enero de 2013. Durante este período, el Gobierno enviará al Congreso una reformulación íntegra y completa de esta herramienta de inversión forestal. Mientras se materializa dicho estudio a fondo, es necesario que los beneficios de la ley sigan en vigor, con algunas modificaciones.
A continuación, detallo las enmiendas que se proponen.
Se aumentan los incentivos a la forestación. Se trata de un proyecto puente, destinado a mantener la bonificación forestal en el próximo bienio, en tanto -como señalé- se elabora y discute con los sectores interesados una reforma de fondo al régimen que establece dicho beneficio.
Además, la iniciativa incorpora el concepto de "mediano propietario forestal", aplicable a las personas naturales y jurídicas y comunidades que no cumplan con los requisitos fijados en la definición de "pequeño propietario forestal" y cuyos ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro no excedan las 100 mil unidades de fomento en el último año calendario. A este sector se le asigna el 75 por ciento de bonificación sobre el costo total. Y se mantiene la clasificación de "Otros" para quienes no quepan en las dos categorías anteriores, cuya bonificación es de 50 por ciento de los costos totales de las actividades susceptibles de bonificar.
También se fija para las tres categorías mencionadas una superficie bonificable anual máxima de 100 hectáreas.
El proyecto dispone beneficios para las personas y comunidades indígenas o para una parte de estas que accedan o hayan accedido a compras o a subsidios de tierras en virtud de lo dispuesto en la ley No 19.253, anteriormente bonificadas, legitimándolas para optar al beneficio, siempre que no se trate de bosques explotados y aprovechados por aquellas.
Señor Presidente, esa propuesta constituye un aspecto extraordinariamente relevante, porque, según la norma actual, si se transfieren a comunidades indígenas propiedades ya favorecidas por el decreto ley No 701, tales pueblos no podrán postular a la bonificación forestal. O sea, reciben tierras sin el beneficio.
Por lo tanto, una de las principales inquietudes, demandas y aspiraciones de las comunidades mapuches es recogida en toda su magnitud en este proyecto. Porque un predio o un campo que anteriormente gozaba de tal bonificación, al ser transferido a una comunidad mapuche -"indígena", bien me corrige el Senador señor Prokurica, pues las comunidades indígenas no solo son las mapuches-, o a parte de ella, deja de acceder al beneficio. Y ahora ello será posible, con lo cual se dará un impulso enorme a la productividad de esas tierras.
Quien haya visitado las comunidades mapuches o hablado con ellas, incluso durante el período de la huelga de hambre, sabe que este es uno de sus principales requerimientos. Sin el proyecto, quedan con las manos atadas y no pueden lograr que sus predios sean objeto de bonificación. Ello impide que realicen nuevas plantaciones, porque el costo excede con creces su capacidad económica.
La iniciativa también prescribe que las comunidades indígenas, y en las mismas circunstancias antes descritas, podrán optar por la desafectación del terreno de aptitud preferentemente forestal sin obligación de reintegrar las sumas que hayan dejado de pagar por franquicias tributarias o bonificaciones.
De igual modo, se faculta a la Corporación Nacional Forestal para llevar un Registro de Operaciones Forestales, de carácter público, que será regulado por un reglamento.
Por último, se contemplan dos artículos transitorios: uno dispone la prórroga de la vigencia de los reglamentos del decreto ley No 701, mientras no se dicten las nuevas normas sobre la materia, y el otro fija un plazo para que el Ejecutivo envíe proyectos de ley para establecer nuevos mecanismo de fomento forestal.
Señor Presidente, la Comisión de Agricultura aprobó la idea de legislar. Solicitamos que la Sala haga lo mismo -se requiere con urgencia despachar esta iniciativa-, sin perjuicio de las perfecciones que se quieran introducir a través de las indicaciones.
Respecto del proceso de consulta a las comunidades indígenas, los informes que envió el Gobierno señalan que aquel se habría realizado.
En esta materia hay un punto que debe resolver el Parlamento, pero sin entorpecer la aprobación en general del proyecto: cuál será nuestro procedimiento de consulta a los pueblos originarios.
Un fallo del Tribunal Constitucional sostiene que, en el caso de iniciativas provenientes de mociones, dicho proceso se hace vía Parlamento, y respecto de las que se originen en mensajes -sin perjuicio de que el Congreso cuente con su propio mecanismo de consulta-, ello debe hacerse a través de otro procedimiento debidamente regulado.
Tal asunto deberemos perfeccionarlo para que el proceso utilizado sea expedito, real y verdadero, pero no se transforme en un obstáculo para la aprobación de la legislación que regirá a los pueblos originarios.
Planteo lo anterior porque -bien lo saben los Senadores señores Tuma y García, que son de la Región de La Araucanía-, si para cada norma tendremos que preguntar el parecer a las 3 mil comunidades una por una, se generará una dificultad práctica.
Entonces, debe existir una institucionalización del procedimiento de consulta. En el caso que nos ocupa, este se realizó de acuerdo con lo que dispone la normativa actual, sin perjuicio de que hacia delante contemos con un mecanismo distinto.
El Parlamento tiene que resolver esa materia, pero sin que la solución entorpezca o frene la aprobación del proyecto en análisis. De lo contrario, el Gobierno, para evitarse el problema, podría eliminar el beneficio a las comunidades originarias. ¡Eso sí que sería un grave perjuicio para estas!
Reitero que es clave para ellas que sus tierras estén en condiciones de acceder a la bonificación del decreto ley No 701 -por decirlo de algún modo- "por segunda vez". Porque la primera la recibió la empresa o el dueño anterior. Recordemos que actualmente, al transferir la propiedad ya favorecida con el beneficio a los pueblos indígenas, estos se quedan sin poder postular a él, con lo cual no tienen cómo trabajar sus tierras en el ámbito forestal.
Por tanto, la medida propuesta es clave para ellos.
Entonces, hay que ser cuidadosos. Si por no resolver lo relativo al proceso de consulta finalmente frenamos el proyecto y perjudicamos, por ejemplo, a todos los que no son mapuches, el Ejecutivo podría enviar una indicación que dijera: "Elimínese los beneficios a las comunidades mapuches en este punto", lo que sería un enorme error.
En consecuencia, hago presente la importancia del perfeccionamiento que está estudiando la Comisión de Constitución -el asunto afectó el trabajo de la de Agricultura y lo mismo le pasará al resto de las Comisiones-, en cuanto a cuál es el proceso de consulta más rápido, expedito, amplio y completo, y que no entorpezca la tramitación de una iniciativa como esta, que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, precisamente en aras del beneficio que conlleva.
Por las razones expuestas, en nombre de la Comisión de Agricultura, solicito que se apruebe la idea de legislar y que se abra un período muy breve de indicaciones, para despachar luego la iniciativa.
Reitero: esta fue aprobada -según recuerdo- unánimemente por la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor CHAHUÁN.- Pido que abra la votación, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se ha solicitado proceder a votar. ¿Habría acuerdo?
El señor PROKURICA.- No hay problema.
El señor LETELIER.- ¿Manteniendo el mismo tiempo de los discursos?
El señor PIZARRO (Presidente).- Se dispondrá de cinco minutos para fundar el voto.
El señor PROKURICA.- Está bien ese tiempo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, se cerrará el debate y se abrirá la votación.
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica para fundamentar el voto.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, votaré a favor del proyecto.
Como planteó muy bien el Senador señor Espina, quien explicó cada uno de sus detalles, dudo que exista otra normativa legal en esta materia que haya producido tantos beneficios en nuestro país y por tanto tiempo.
Es efectivo que no es una legislación perfecta. Se le han hecho críticas respecto de ciertos aspectos tributarios y de otras directrices.
Con claridad debo señalar que el decreto ley Nº 701 tiene casi 40 años de vigencia y ha generado una serie de elementos positivos para numerosos agricultores del país.
No es cierto que su objetivo sea beneficiar solo a las empresas forestales. En la Región de Atacama estas no existen. No hay grandes proyectos de este tipo.
Lo que hace esta iniciativa, referida a una herramienta que ha sido modificada y aprobada varias veces por el Parlamento, es perfeccionar la normativa en vigor, adecuando su contenido a la realidad actual, ampliando su plazo de vigencia hasta 2013 y estableciendo nuevos beneficiarios.
Como bien explicó el Honorable señor Espina, se incorpora un artículo que favorece a los pueblos originarios: se abre la posibilidad de que predios que ya recibieron el beneficio tributario y que sean adquiridos por una comunidad indígena vuelvan a ser objeto de dicha bonificación. Tal propuesta constituye una alternativa muy importante.
Los beneficios que este mecanismo ha generado en materia de reforestación de especies nativas en la lucha contra la desertificación en las Regiones de Atacama, de Coquimbo, de Tarapacá y en las del resto del norte de Chile son realmente muy relevantes. Por tanto, dejar sin esta herramienta de trabajo al sector agrícola constituiría un error.
Nos preocupan, sí, algunos anuncios del Ministerio de Agricultura en el sentido de agrupar a varias Regiones para postular a los proyectos forestales. Si bien esto no viene en el proyecto, sería una equivocación desconocer las distintas realidades que hay en el país. Las Regiones de Atacama, de Coquimbo y de Aysén son muy diferentes. Por ende, estimo conveniente mantener la actual forma de postulación y adjudicación del beneficio.
Finalmente, cabe señalar que siempre escuchamos discursos a favor de la lucha contra la desertificación y el calentamiento global. Pues bien, la iniciativa que nos ocupa representa una fórmula para enfrentar los escenarios que hemos vivido durante el último tiempo, que constituyen la realidad que nos ha tocado vivir como país.
El decreto ley Nº 701 es una herramienta potente que ha sido permanentemente ratificada por el Parlamento. Y hoy día debiéramos prorrogar su vigencia, con las modificaciones propuestas, para que siga produciendo todos los beneficios que conlleva.
Se ha hablado del problema tributario. Es efectivo que el proyecto representa una exención al pago de las contribuciones. Sin embargo, el IVA y el impuesto a la renta que se pagan y el trabajo que se genera son mucho más importantes que los tributos que eventualmente no se cancelan.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que pase a reemplazarme en la testera el Honorable señor Patricio Walker, mientras me ausento por unos minutos.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Patricio Walker, en calidad de Presidente accidental.
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El señor WALKER, don Patricio (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, ya que algunos parlamentarios pidieron información sobre el sentido de la ley en proyecto, me gustaría fijar en cinco temas relevantes lo que se propone.
En primer lugar, la iniciativa -como su nombre lo indica- prorroga la vigencia del decreto ley Nº 701, que probablemente ha sido el cuerpo legal que más beneficios, desde el punto de vista del TIR, representa para Chile. Pensemos que, gracias a la referida normativa, se han reforestado un millón 400 mil hectáreas, lo que le da una señal muy potente al país respecto de su riqueza forestal.
Muchos beneficios que se han entregado en las distintas zonas de Chile -entre las cuales se cuentan las de mi Región- no habrían sido posibles sin una bonificación de esta naturaleza. En comunas como Constitución y Empedrado, que represento en esta Corporación, el nivel y el tipo de vida cambiaron sustancialmente a partir de la dictación del mencionado decreto ley. Como este vence pronto, es de inteligencia proceder a prorrogarlo.
En segundo lugar, se sugiere incorporar en esta legislación un concepto que afloró en la discusión de la Ley del Bosque Nativo, la cual distingue, en general, entre pequeño propietario forestal -aquellos que se asignaban al INDAP- y los otros. Sin embargo, la palabra "otros" tiene un alcance muy variado. Por ello, se incluye la clasificación de "mediano propietario forestal": aquel que está en INDAP y genera ingresos anuales no superiores a 100 mil unidades de fomento. Y a este sector se le asigna un porcentaje especial en materia de subvención.
Muchas veces se pidió en el Parlamento hacer esta distinción y ayudar al mediano propietario, quien, a todas luces, quedaba desbalanceado en este tipo de legislaciones.
En tercer término, el proyecto fija una superficie bonificable anual máxima de 100 hectáreas, cuya finalidad preferencial es enfrentar los niveles de degradación que se observan hoy día en el mundo forestal. Este elemento me parece sustancial, por cuanto, además de enfocar los esfuerzos a la reforestación, otorga un beneficio especial a las zonas degradadas.
En cuarto lugar, la iniciativa dispone medidas -como se explicó- que hacen excepción al régimen general a favor de las personas indígenas. Este asunto ha sido discutido en el Congreso una y otra vez, porque, tal como quedó la legislación forestal, lamentablemente muchos sectores, en especial de La Araucanía, quedaron al margen de cualquier ayuda en este ámbito.
El proyecto, en forma inteligente y moderna, busca incorporar por primera vez a ese mundo. Obviamente se accede de manera voluntaria a tales bonificaciones. Cada propietario lo decidirá. Pero no nos parecía justo que un beneficio de esa naturaleza, que le cuesta recursos al Fisco, quedara exceptuado en determinado sistema.
Se consultó a las comunidades indígenas sobre el particular -el Gobierno así dio cuenta- y se entregó la debida información. Este es un punto altamente complejo. Revisé la discusión acerca del Convenio Nº 169 en la Comisión de Relaciones Exteriores, para ver cómo debía realizarse el proceso de consulta. Quedó claro que este ha de efectuarse a través de los organismos institucionales. En el caso que nos ocupa, la CONADI hizo un enorme esfuerzo, pues existen 4 mil comunidades indígenas.
En consecuencia, pretender que la no consulta a una de ellas implica impedir la entrega del beneficio carece de sentido común. Por eso nos pareció adecuada la forma en que el Ejecutivo procedió al respecto, de lo cual se dejó especial constancia.
Por último, se faculta a la CONAF para llevar un Registro de Operadores Forestales, de carácter público. Esta cumple un rol en este tipo de actividades. Y también se empezó a discutir sobre ello con motivo de la Ley de Bosque Nativo, que aprobamos hace un par de años.
En resumen, señor Presidente, este proyecto es extraordinariamente necesario para el mundo de la agricultura y el forestal. Comunas enteras dependen de este tipo de beneficios, sobre todo cuando se abren al pequeño operador forestal. Claramente, el objetivo es incorporar a sectores que no habían sido considerados.
Por ello, los miembros de la Comisión de Agricultura estimamos que esta iniciativa es de las más importantes que hemos despachado, razón por la cual pedimos a la Sala que le preste su aprobación unánime.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, quiero partir refiriéndome a lo relativo al Convenio Nº 169.
Creo que algunos colegas han hecho una interpretación equívoca de dicho texto, tanto el señor Senador que acaba de intervenir como el Honorable señor Espina.
Los procesos de consulta a los que hace mención el Convenio Nº 169 son obligatorios cuando las iniciativas legales o administrativas puedan afectar directamente a las comunidades indígenas; cuando se plantea una inversión en sus territorios, o cuando una ley las afecte en particular. No se aplica en el caso que nos ocupa, pues el proyecto modifica una ley de carácter general y establece una excepción para otorgar beneficios mayores a ellas. Aquí tiene un sentido contrario.
Por lo tanto, sería un error del Estado chileno llevar a cabo ese procedimiento de consulta en toda oportunidad. Es menester precisar que solo debe realizarse cuando las medidas administrativas o legislativas afecten a las comunidades indígenas.
Resulta imprescindible establecer cómo se va a efectuar tal consulta. No confundamos la obligación de nuestras leyes internas, según lo consigna el Convenio 169, con una eventual consulta sobre cualquier normativa general que otorgue beneficios a los pueblos originarios por sobre el resto de la población.
No comparto las interpretaciones que se pueden hacer sobre la materia. En el caso de la iniciativa específica que nos ocupa, pienso que no se debe realizar ningún proceso de consulta especial. No corresponde.
Se trata de un proyecto de ley general que entrega a las comunidades indígenas beneficios superiores a los establecidos para los demás habitantes del país. Es decir, hay una discriminación positiva a favor de aquellas y, en consecuencia -repito-, no corresponde efectuar aquel trámite.
Por otra parte, en mi opinión, es muy importante prorrogar la vigencia del decreto ley N° 701, por cuanto es un instrumento de financiamiento fiscal tendiente a generar un incentivo que se retribuye con el tiempo. Se trata de una inversión estatal a plazo fijo -por así decirlo-, que reporta significativos ingresos. Es una de las pocas ocasiones en que el Estado ayuda a financiar una actividad privada con la garantía de que después recibirá más recursos que los invertidos.
En mi opinión, el texto en debate -anuncio que lo apoyaré- amerita un estudio más detenido, a fin de que incluya no solo el ámbito forestal, sino también otros sectores que pueden y deben contar con un mecanismo como este, para generar actividad económica a través de medidas de fomento que se retribuyan al país con el pago de impuestos, además de las importantes externalidades ambientales o de empleo que debemos impulsar.
Por eso, señor Presidente, espero que en el curso del debate en particular de la iniciativa se aclare lo que pasa en el sector frutícola. No hay razón alguna que impida usar un instrumento como este para reemplazar plantaciones que hoy están en situación de crisis y a punto de producir un tremendo drama en materia de empleo.
El Estado podría ayudar a financiar la sustitución de esos frutales en terrenos que no son de aptitud forestal, pero que tienen los mismos principios: que constituye un buen negocio estatal fomentar ciertos rubros que generan actividad económica; que la inversión inicial se paga con los impuestos que se recaudan posteriormente, y que originan externalidades ambientales y laborales muy útiles.
Entiendo que las excepciones a que se refiere el proyecto se hallan acotadas al concepto de mediano propietario forestal y a un beneficio adicional para los pueblos originarios. Ello reviste gran importancia. Pero me gustaría que este instrumento se extendiera a otros ámbitos.
Insisto -aprovecho la presencia del señor Ministro Secretario General de la Presidencia- en que se debería estudiar la forma de ampliar la cobertura del decreto ley N° 701 al sector frutícola, donde muchas de sus plantaciones lo requieren.
Haré un último comentario, señor Presidente.
Minutos atrás, el Honorable señor Espina destacó la trascendencia que reviste la prórroga de la vigencia del decreto ley N° 701. Me sumo a ello. Y espero que, al margen del proyecto, se establezca el respectivo procedimiento de consulta a las comunidades indígenas. Es imprescindible reglamentar el punto con la mayor urgencia.
Lo ocurrido en Isla de Pascua en los últimos días refleja precisamente lo sucedido en esta ocasión: la falta de diálogo.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, ante todo, deseo enmarcar los antecedentes respecto de este proyecto dentro de los datos generales y destacar la relevancia que cobra en nuestro país.
Chile tiene un potencial para forestar entre 3 y 4 millones de hectáreas. Sin embargo, en forma simultánea, debe enfrentar uno de los desafíos ambientales más grandes: el proceso de erosión y desertificación, el que es posible advertir incluso visualmente.
Los parlamentarios que viajamos desde las distintas Regiones a Santiago y de allí a Valparaíso, vemos que el desierto avanza en forma alarmante. La Región Metropolitana ya se encuentra rodeada de áreas desérticas. Y si tomamos en cuenta que nuestro país tiene sobre 48 millones de hectáreas afectadas, el problema alcanza un porcentaje cercano al 60 por ciento del territorio nacional.
En el gráfico se observa un fenómeno bastante curioso.
(La imagen aparece en la versión impresa).
Las barras celestes corresponden al gasto realizado y las rojas u ocres, a la superficie forestada.
En esto se advierte una desarticulación. No hay relación entre lo que se gasta y lo que se foresta. El motivo es que para forestar no solo se usa el decreto ley N° 701. Se han incorporado diversos proyectos -en sí mismos, no son malos-, orientados, de alguna manera, a recuperar suelos o frenar dunas. Sin embargo, esa es una caja negra en la cual no se sabe exactamente la efectividad del gasto que se realiza.
En el presente año la forestación total será del orden de 10 mil hectáreas. Desde el año 1974, cuando se dictó el decreto ley N° 70l, es el período en que menos árboles se han plantado. Y, de hecho, si uno revisa las cifras se percata de que en nuestros viveros, donde trabajan mujeres y familias completas, hay un stock de plantas para forestar 86 mil hectáreas. O sea, se están perdiendo 76 mil.
Por lo tanto, solicito a los señores Senadores que tanto hablaron sobre el tema que pongan un poco de atención a por qué el DL 701 no ha estado funcionando. En ello han influido varios elementos.
Uno, el proceso administrativo es tremendamente engorroso y se ha ido haciendo día a día más complejo. Se requiere un consultor diferente para cada una de las siguientes etapas: calificar el tipo de planta; asesorar el proceso de plantación mismo; verificar el porcentaje de prendimiento y todas las gestiones que se deben efectuar en el Instituto de Desarrollo Agropecuario o en el BancoEstado.
En fin, es un laberinto en el cual el poblador o pequeño propietario que foresta -más adelante también el mediano- no cubre sus costos y finalmente enfrenta una pérdida.
El segundo problema es la línea de créditos de enlace para optar a la forestación. Porque el proyecto era tan atractivo y su espíritu fue siempre el de que el pequeño propietario forestal -ahora, el mediano- no tenía que meterse la mano al bolsillo para acometer esa tarea. Se le otorgaba ese tipo de ayuda económica para poder adquirir las plantas y realizar el trabajo. Y una vez que se le bonificaba, con prendimiento asociado, procedía a pagarlo.
Reitero a la Sala que este es un asunto muy importante.
Cabe señalar que el problema se ha agravado por el hecho de que los predios quedan como garantía. Originalmente la garantía era lo plantado. Pero si quedan en garantía las tierras, a lo cual deben sumarse los procesos administrativos engorrosos y la mucha externalización -la que a menudo no es bien fiscalizada-, la gente termina perdiendo los campos o pagando cuantiosas multas al tener que reforestar por haber usado plantas inadecuadas.
Entonces, en este sentido existe una responsabilidad general.
Destaco lo anterior, porque el decreto ley N° 701 es una herramienta tremendamente eficaz para recuperar el bosque nativo, frenar la desertificación, generar empleo y, entre otras cosas, cumplir con la meta del programa de la Coalición por el Cambio: forestar, en promedio, 200 mil hectáreas anuales. Estamos muy lejos de cumplirla.
Señor Presidente, con el Senador Prokurica hemos presentado un proyecto de ley a fin de contar con un instrumento de similares características y ventajas para recuperar las algas de nuestro borde costero.
Por razones obvias, votaremos a favor de la idea de legislar. Y pedimos a los Honorables colegas que lean, al menos, los antecedentes.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, no me voy a pronunciar respecto del proyecto mismo, cuyas fortalezas deben analizarse, naturalmente, por la instancia de trabajo especializada: la Comisión de Agricultura. Sin embargo, me parece un deber hacer presente en la Sala que nuestra legislación establece, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, la obligación de formular consultas a los pueblos originarios que resulten afectados, positiva o negativamente, por una iniciativa legal que se encuentre en trámite.
Dicho instrumento internacional empezó a regir hace poco tiempo en nuestro país, después de ser ampliamente debatido en el Congreso.
Señor Presidente, cabe señalar que, pese a la discusión relacionada con el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, tenemos pendiente el resolver lo concerniente a esa consulta, asunto que podremos ver la próxima semana. Porque -en mi concepto, es importante decirlo en el Senado- he llegado a la absoluta convicción de que el procedimiento empleado por la anterior Administración y el acordado por el Parlamento es insuficiente. Y esto no solo lo sostengo yo, sino también el relator especial de la OIT que se constituyó en Chile para analizar lo relativo a esa consulta del Gobierno pasado, respecto de la cual esta Corporación concluyó que no era válida.
Por ende, debemos resolver en el Congreso Nacional cuál será el proceso de consulta. También corresponde que lo haga el Ejecutivo, porque ambos deben realizarlo.
Me parece que legislar sobre una materia como esta sin atender el Convenio 169 de la OIT puede traernos tremendas consecuencias, desde luego ante el Tribunal Constitucional, así como por requerimientos frente a organismos internacionales. O sea, quedaríamos sujetos a determinada sanción por no haber respetado el procedimiento.
Pienso que es factible hacer algo, pero eso no implica tener que oír a todas las comunidades. Pero sí se puede usar un sistema que permita hacer la consulta y evitar dificultades.
Como se ha dicho, se trata de un buen proyecto. No obstante sería dramático retrasarnos en una discusión que apunta a un problema de fondo.
Señor Presidente, la próxima semana continuaremos este debate en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por lo que es muy importante contar con una decisión al respecto.
En días pasados, participé en un panel organizado por la Universidad Alberto Hurtado, al cual asistieron representantes de los distintos partidos políticos; entre otros, estaba el Diputado Gonzalo Arenas, que no pertenece precisamente a la Concertación. Y allí hubo unanimidad -¡unanimidad, señor Presidente!- entre los académicos que participaron en el evento en cuanto a que se requería un procedimiento de consulta, pues no era el adecuado el que usó el Gobierno chileno y el Parlamento.
Por consiguiente, considero relevante dejar constancia de lo anterior, porque, de lo contrario, podemos aprobar un muy buen proyecto pero entrabarnos en el proceso de consulta.
En lo atinente a cualquier legislación relacionada con el pueblo mapuche, o con pueblos originarios, se debe hacer la consulta correspondiente. Por ello, se precisa resolver un procedimiento para Chile, pues es distinto el empleado en cada uno de los países.
Señor Presidente, este asunto lo he estudiado en profundidad; he hablado con muchos profesores de connotación internacional y con representantes de la OIT. Además, me he impuesto del informe del relator, quien nos pide llevar a cabo un nuevo procedimiento de consulta a los pueblos indígenas, porque el otro no es válido, y que este trámite debe considerarse respecto de cada ley que los pueda afectar positiva o negativamente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en primer término, deseo valorar el esfuerzo del Ejecutivo por prorrogar la vigencia de esta normativa, que ha sido extraordinariamente positiva para el desarrollo del sector forestal en Chile y, por lo tanto, para nuestro desarrollo económico.
Durante el período de vigencia de aquella, la cantidad de hectáreas plantadas alcanza a un millón 400 mil, con un costo de 498 millones de dólares. Desde el punto de vista económico, eso representa realmente un aporte muy significativo, según lo planteado por varios Senadores.
Hoy día el sector contribuye con el 3,1 por ciento del producto interno bruto y con el 7,8 por ciento de las exportaciones. En forma adicional, da empleo directo a 130 mil personas, e indirecto, a 150 mil. Es decir, con menos de 500 millones de dólares, más el aporte privado -que es complementario-, se ha desarrollado una industria verdaderamente notable. Y esa cantidad ha sido recuperada con creces con las recaudaciones tributarias de los períodos correspondientes, conforme a diversas cifras.
En consecuencia, no cabe la menor duda de que estamos frente a una política que se debe profundizar y quizás ampliarse y extenderse hacia otros sectores, como algunos han señalado.
Quiero destacar que -no sé si ya fue mencionado-, dentro de los compromisos que se asumirán en virtud de esta iniciativa, según el artículo 2° transitorio, se fija un plazo de ocho meses, desde la publicación de la ley, para que el Presidente de la República envíe al Congreso Nacional uno o más proyectos a fin de establecer nuevos mecanismos de fomento forestal, sea que ellos complementen el decreto ley N° 701 o lo reemplacen.
Es decir, no solo se está resolviendo una situación concreta relacionada con el vencimiento de ese cuerpo legal el 1° de enero de 2011 y sus prórrogas posteriores, sino que además se compromete un aporte legislativo del Gobierno para potenciar el desarrollo del sector, el cual -como expresé- ha sido extraordinariamente beneficioso para la economía nacional. En ese sentido, esperamos que, dentro de cierto plazo -da lo mismo si es de ocho meses o de un año-, se pueda contar con una legislación sobre la materia y que, por lo tanto, la extensión de dos años solicitada permita asegurar que, al término de ese período, tendremos un nuevo plan de desarrollo en el ámbito forestal, el que, ojalá, pueda ser extendido hacia otros rubros.
Es conveniente señalar que la prórroga en cuestión no solo implica aumentar los años de vigencia del mencionado decreto ley, sino que conlleva modificaciones que vale la pena subrayar, como la que incluye a los medianos propietarios. En todo caso, no obstante su incorporación, ello no valida la posibilidad de que los subsidios comprendan predios superiores a 100 hectáreas equivalentes. Esto hace que dicha prórroga tenga igualmente una limitación.
Por otra parte, respecto del respaldo que han tenido las grandes empresas forestales, deseo manifestar que, según informaciones, la última prórroga de la normativa se tradujo en que el beneficio del subsidio no ha superado el 2,1 por ciento del total de los entregados por parte del Fisco. Y, si excluimos la situación específica ocurrida en Aysén, la cifra llega en realidad al 1,6. De manera que la normativa efectivamente ha favorecido a los pequeños y medianos propietarios, pero no a las grandes empresas forestales, las cuales hoy día no están incentivadas por aquel mecanismo para extender sus plantaciones.
Además, aparte de lo anterior, es pertinente destacar que se plantea este beneficio para las comunidades indígenas. En efecto se ha abierto un debate -hemos sido testigos de ello- no solo en la Sala, sino también en la Comisión de Agricultura -pese a no ser miembro de ella, me ha tocado participar por el interés que representa este asunto para mi Región-, y en la de Constitución, Legislación y Justicia, como dijo su Presidenta.
Sobre el particular, el actual Gobierno -al igual que lo hizo la Administración pasada- está realizando un esfuerzo por cumplir con la normativa, aunque, probablemente, no se ha procedido como era de desear. Por ejemplo, el Ejecutivo dictó el año 2009 el decreto supremo N° 124, a través del cual se regla cómo se debe consultar a las comunidades indígenas en caso de que las normas legislativas o administrativas las afecten.
Esa normativa no fue consultada a las comunidades indígenas. Por lo tanto, desde el principio, estamos equivocados en el problema. Y no lo fue -algunos Senadores estiman que no era necesario-, porque el Convenio Nº 169 de la OIT establece que solo cuando las normas legislativas o administrativas afecten directamente a una comunidad indígena procede la consulta. En todo caso, esta es una materia de discusión.
Creo que, en este caso, el esfuerzo se hizo. Además, se trata de una norma que los beneficia, porque hay una discriminación positiva. De modo que el trámite se halla cumplido.
Sin embargo, queda un tema pendiente. Y espero que no solamente el Congreso, sino también el Ejecutivo -el cual se comprometió en la Comisión de Agricultura-, revisen esta materia, pues hay que realizar un buen trabajo. De lo contrario, habrá dificultades.
A nivel internacional hay criterios distintos...
El señor PIZARRO (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor LARRAÍN.- ¿Me concede 30 segundos más, señor Presidente, para terminar mi intervención?
El señor PIZARRO (Presidente).- Medio minuto.
El señor LARRAÍN.- Como señalaba, hay criterios distintos entre la OIT y la ONU.
Por ejemplo, el Relator de las Naciones Unidas exige que los trámites de revisión y consulta a las comunidades indígenas los haga el Ejecutivo, la Cámara de Diputados y el Senado. En cambio, la OIT entiende que con una sola consulta es suficiente. Es decir, no hay norma fija, pero sí hay que establecer un procedimiento. El Ejecutivo se ha comprometido a plantear uno. En la Comisión de Constitución vamos a analizar el punto a propósito de la reforma constitucional sobre la materia y esperamos que la situación se resuelva. Chile debe cumplir debidamente el Convenio N° 169, pues involucra a 4 mil 500 comunidades indígenas. No es algo fácil y, por lo mismo, hay que hacerlo bien.
Por todas estas consideraciones, señor Presidente, me parece que estamos ante un buen proyecto, que espero que se apruebe rápidamente a fin de que las normas pertinentes no pierdan su vigencia.
Por eso, voto que sí.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, como sostuve en mi intervención anterior con motivo del procedimiento que se iba a seguir -y no voy a gastar más minutos en explicar mi oposición a discutir la iniciativa mientras no contáramos con un informe escrito-, este es un asunto importante para el país y, sobre todo, para algunas Regiones.
Frente a la modificación que se sugiere, debo señalar que, desde mi perspectiva, existe una visión dicotomizada, tanto nacional como regional.
Si uno analiza lo ocurrido desde 1974 hasta la fecha, verá que el país ha invertido y ha ganado, aunque mucho más han ganado ciertas empresas. Sin embargo, en nuestra zona se han generado las peores circunstancias para la agricultura y para los trabajadores de las industrias forestales.
Comparto la necesidad de que el Estado apoye a la empresa privada. Esto ha permitido aumentar la producción, incrementar los impuestos pagados, y también -para ser claros- obtener una utilidad anual extraordinariamente alta, como se aprecia en compañías grandes que ganan mucho. Lamentablemente, la mayoría son empresas chicas que ganan poco.
Entiendo que la iniciativa contiene normas razonables y positivas, como el límite de 100 hectáreas, el aumento de la protección a los más pequeños y la creación del nuevo concepto de "mediano propietario forestal".
No obstante, no puedo votar a favor de un proyecto que significa lo mismo que lo que está sucediendo al menos en la Octava Región. Allí, literalmente, se ha terminado con la agricultura. Comunas enteras, que antes eran el granero de Chile, hoy se hayan transformadas en el "granero", por decirlo así, de las empresas forestales. La agricultura se agotó.
Las encuestas son claras. Indican que donde se instala una empresa forestal se produce un éxodo educacional, un éxodo de la gente y el empobrecimiento del lugar.
Uno de los ejemplos clásicos es lo sucedido con Mulchén. De ser un territorio que albergaba a una gran población, con capacidad para generar riqueza y emprendimiento personal, ahora se halla transformado en una simple suma de árboles y en una de las comunas más pobres del país.
Asimismo, el trato de las empresas con sus trabajadores no se condice con la mejoría que estamos tratando de introducir en esa relación en Chile.
Por eso, señor Presidente, asumiendo el argumento que ha usado una de nuestras Senadoras, en este caso yo me voy a abstener.
Ojalá pudiéramos analizar el tema con el Ministerio de Agricultura, a fin de ver el modo de hacer un esfuerzo para que la ayuda entregada a la forestación se repitiera en la agricultura real.
El sector agrícola, que criticó mucho las medidas adoptadas durante los Gobiernos de la Concertación, ahora, a seis meses de asumida la actual Administración, ha llenado 200 ó 300 kilómetros con paneles que dicen "Señor Presidente, cumpla con la agricultura".
Si vamos a favorecer la forestación, hagámoslo también con la agricultura, aunque sea de manera diferenciada a lo largo del país. En la Región del Biobío no se requieren incentivos para la forestación, al revés de lo que ocurre en la zona norte. Lo que nosotros necesitamos son incentivos mucho más fuertes para la agricultura.
Por eso, señor Presidente, en esta línea, me voy a abstener.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Antes de continuar con las intervenciones, y a pesar de que es antirreglamentario, por estar en votación, quiero saludar a la delegación de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional del Senado de Brasil que nos acompaña esta mañana.
En las tribunas se encuentran los Senadores señores Eduardo Brandao de Azeredo, Presidente de la Comisión; Geraldo Mesquita, Vicepresidente; Pedro Jorge Simón; Fernando Flexa Ribeiro; Alfredo Cotait, y Jefferson Praiaa.
Les agradecemos su visita y esperamos que el trabajo con sus pares de nuestra Corporación sea fructífero.
Bienvenidos a Chile y al Senado de la República.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, ¿me permite, para plantear un asunto de reglamento?
El señor PIZARRO (Presidente).- Estamos en votación, Su Señoría.
El señor LARRAÍN.- Quiero pedir autorización de la Sala...
El señor PIZARRO (Presidente).- Lo puede hacer al terminar la votación.
Entiendo que algunas Comisiones van funcionar en paralelo. No hay problema en eso. Así que quédese tranquilo, señor Senador.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Siguiendo con la fundamentación de voto, tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que la promulgación del decreto ley N° 701, de 1974, fue una muy afortunada decisión que permitió que nos transformáramos en un país forestal, con un significativo volumen de exportaciones y un gran desarrollo para la actividad y también, como consecuencia, para Chile.
Hoy día se está pidiendo prorrogar su vigencia por dos años, hasta el 1° de enero de 2013. La prudencia del Gobierno y la importancia que le da al sector aconsejan darse ese lapso para realizar un estudio serio, responsable y concienzudo sobre una materia de tanta transcendencia.
Es indudable que el estímulo a las plantaciones apunta -lo quiero destacar- a los terrenos con aptitud preferentemente forestal. Aquí no se bonifica ni se apoya a terrenos de calidad agrícola, sino solamente a los ya señalados y, fundamentalmente, a aquellos de suelos erosionados que no presentan ninguna otra utilidad para el desarrollo productivo del país.
El sistema ha permitido la forestación de un millón 400 mil hectáreas. En total, en Chile actualmente hay más de 3 millones de hectáreas plantadas. Y la inversión, desde el inicio de la vigencia del decreto ley N° 701 hasta la fecha, llega a 500 millones de dólares.
El Estado de Chile ha bonificado muchas otras actividades. La gente se olvida de que en el Transantiago llevamos gastados más de 1.000 millones de dólares, de los cuales no vamos a recuperar absolutamente nada. Y ha habido otras bonificaciones: la de las camionetas que se armaban en Arica; la de los autos que se producían en Los Andes. ¿Qué queda de ellas? ¡Fueron convertidas en chatarra y no retribuyeron nada al progreso del país!
En cambio, en esta del sector forestal, ahí están los bosques. No me importa a quién pertenezcan, pues son de Chile, entregan trabajo y constituyen, en la actualidad, una gran fuente para nuestras exportaciones.
Además, quiero manifestar que, a través de esta prórroga, se apunta solo a los pequeños y medianos propietarios. Les recuerdo que desde hace mucho tiempo ya no se considera a las grandes forestales. A lo mejor ellas al principio aprovecharon, fueron favorecidas o hicieron uso legal del beneficio, pero desde hace bastantes años que se encuentran fuera de él, ya que este cada vez se focaliza más hacia los pequeños propietarios, hacia quienes realmente lo necesitan. Y en esta normativa se está ampliando la posibilidad para los medianos propietarios, con el límite de 100 hectáreas ya señalado.
Ahora bien, existe mucho suelo degradado; todavía quedan cientos de miles de hectáreas absolutamente erosionadas. Ahí debemos acudir con una bonificación aún mayor para poder recuperar los suelos afectados.
Asimismo, deseo respaldar lo expresado por el Senador Letelier.
Este es un muy buen programa y debe ampliarse a otras especies. Naturalmente, tiene que contemplar el bosque nativo, pero también a los olivos, a los castaños y a algunos otros frutales. Eso es evidente.
Quiero resaltar que la plata se devuelve; no es un regalo. Al término del proceso, cuando se va a explotar, la persona tiene que restituir el dinero recibido en su oportunidad. Y, como se expresó aquí, no se hace "al lote": la propiedad queda gravada. No importa que el dueño la venda mañana y que esta pase por 10 propietarios, ya que el gravamen se aplica al predio. El que tenga la propiedad al momento de la explotación es el que debe devolver, debidamente reajustados y con los intereses correspondientes, los recursos aportados por el Estado.
Aquí solo se da la facilidad de pagar en 20 años. ¿Qué productor, sobre todo pequeño, podría hacer una inversión en ese plazo? Por eso, el Fisco coloca el financiamiento para ello, pero, al momento de la cosecha, resulta evidente que tienen que devolverse esos dineros. Se trata -repito- de una facilidad.
Para la plantación de castaños, cuyo rendimiento también se produce después de muchos años, igualmente debería haber un estímulo en esta iniciativa.
Señor Presidente, este es un muy buen proyecto. Y esperamos que la normativa definitiva llegue antes de dos años más, para poder mejorar las condiciones de vida de la gente involucrada.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, para fundamentar su voto, el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, qué duda cabe de que esta es una de las iniciativas que han tenido mayor incidencia en el desarrollo de la reforestación en Chile y, por supuesto, de importantes sectores que, en determinado momento de su actividad productiva, se dedicaban fundamentalmente a faenas agrícolas más que forestales.
Sin embargo, también debo reconocer que este instrumento ha permitido el despoblamiento de gran parte de los sectores rurales al ocupar enormes áreas para la reforestación. Ello ha implicado que no quede nadie en la zona, que se cierren escuelas, que la gente se vaya hacia sectores urbanos y que se produzca una enorme migración del campo a la ciudad, relacionada, como es natural, con el decreto ley Nº 701. Esta normativa ha sido una herramienta muy poderosa para el desarrollo de la forestación, la exportación de madera y la industria forestal, pero también ha sido tremendamente negativa, por el despoblamiento del sector rural.
En tal sentido, creo que el Estado se encuentra en deuda respecto de políticas públicas que vean de mejor manera cómo se revierte la migración hacia la ciudad, provocada precisamente por la reforestación.
En cuanto al tema de las comunidades indígenas, este proyecto trae la novedad de permitirles no quedar afectas al gravamen cuando adquieran terrenos beneficiados con el decreto ley Nº 701, de manera que puedan destinarlos a faenas agrícolas o postular nuevamente a un subsidio forestal.
Sin embargo, el mayor problema que observo en esta renovación no se encuentra en el referido decreto, sino en la falta de fiscalización y de cumplimiento de las normas que se aplican en el mundo agrícola. Me refiero fundamentalmente a que, después de usar el subsidio para la recuperación de suelos degradados, se postula a la bonificación del 701 y se reforestan las mismas hectáreas beneficiadas con aquel subsidio. No se entiende por qué se están reforestando sectores agrícolas ni por qué se deja de fiscalizar. Estamos de acuerdo en que suelos destinados a áreas forestales sigan utilizándose para ello, pero no en que suelos agrícolas se trasformen en suelos forestales, pues eso incrementa con mayor razón el despoblamiento de los sectores rurales.
También deseo hacer presente que las zonas de exclusión, en relación con las plantaciones de pinos y eucaliptos, no se están respetando; no existe ninguna fiscalización; las fuentes de agua de muchas comunidades, indígenas y no indígenas, se están agotando.
Por eso, consideramos que esta renovación debe contemplar alguna obligatoriedad tendiente a dar certeza de que se va a respetar las zonas de exclusión para no afectar las reservas de agua dulce.
Igualmente, deseo señalar que la explotación forestal conlleva un deterioro de los caminos. Por eso, resulta indispensable establecer un mecanismo para que toda explotación forestal deba realizarse previa autorización de la Dirección de Vialidad, de modo que este organismo, al igual que la CONAF en su respectivo ámbito, necesariamente tenga que intervenir para visar el uso de las vías por donde transitarán los camiones con la producción.
Ahí tenemos un problema que no hemos sido capaces de resolver: el alto costo que deben pagar las comunidades por el deterioro de los caminos al no existir una normativa que impida -especialmente en los meses de invierno, cuando ellos se encuentran tremendamente húmedos o barrosos-el paso de camiones forestales.
Al respecto, creo que se tienen que fijar algunas reglas y condiciones.
En definitiva, voy a aprobar el proyecto, señor Presidente, porque, sin duda, contribuye al desarrollo regional en las zonas donde hay explotación forestal.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, para fundamentar su voto, el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, estamos debatiendo una iniciativa con un contenido eminentemente técnico y financiero cuyo objetivo es prolongar por dos años un subsidio forestal. Sin embargo, tal como señaló el propio Director Ejecutivo de la CONAF, don Eduardo Vial, se trata de una "ley puente".
La verdad es que estamos llenos de este tipo de normativas: ley puente para la pesca; ley puente para los salmones; ley puente para el sector forestal, siendo elementos esenciales para el desarrollo productivo del país. Uno no logra comprender por qué vivimos votando extensiones y prórrogas de leyes sin ir a los temas de fondo.
Se dice que se va a tramitar una nueva ley de fomento forestal. Yo quiero discutirla en profundidad.
Los informes sociales señalan que la actividad forestal en Chile ha sido exitosa. Sin embargo, los Índices de Desarrollo Humano -según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- fueron los más bajos en las Regiones de La Araucanía, del Biobío y del Maule en 2004. La Octava y la Novena registraron la mayor concentración de pobres -un promedio de 40,5 por ciento, en 1990, y 27,3, en 1998- y de indigentes -15,2 por ciento, en 1990, y 8,5, en 1998-. ¿Cuál es la de mayor desarrollo forestal? La pobreza está ligada a un tipo de actividad. Lo saben Tirúa, Cañete, Lebu.
En definitiva, no podemos discutir una iniciativa de fomento forestal sin analizar cuál es el impacto que este genera en el desarrollo productivo, económico-social de las personas en las regiones donde aquel se inserta.
El proyecto aborda varios ámbitos, a mi juicio, importantes.
Extiende por dos años la vigencia del decreto ley Nº 701, de 1974.
Incorpora el concepto de mediano propietario forestal.
Pero, ¿por qué otorga una bonificación de 75 por ciento a los medianos propietarios?
Cuando se dictó el primer decreto ley partió concediendo 105 ó 110 por ciento, y las grandes empresas, que concentran el 75 por ciento, recibían subsidios superiores o iguales a cien por ciento.
Hoy, a los medianos propietarios se les asigna 75 por ciento, porcentaje que no alcanza para combatir la erosión. En las Regiones Séptima (Maule), Octava (Biobío) y Novena (La Araucanía) hay 3,5 millones de hectáreas gravemente erosionadas, donde la plantación forestal puede contribuir a mejorarlas. Pero, sin duda, el subsidio será insuficiente. Y así lo han expresado los representantes de la Asociación Gremial de Industriales de la Madera (PYMEMAD AG), quienes, no obstante mostrarse partidarios del proyecto, se preguntan por qué se otorga una bonificación de 75 por ciento.
Asimismo, se fija una superficie bonificable anual máxima de 100 hectáreas, lo que, en mi opinión, debe revisarse. No se puede plantar en las quebradas ni en los cursos de los ríos. Además, es necesario ver cómo se devuelve la capacidad a los predios comprados por la CONADI, que ya fueron bonificados. Eso se subsana y es positivo.
Por último, se faculta a la Corporación Nacional Forestal para establecer un Registro de Operadores Forestales, lo que, por cierto, va a ayudar a la finalidad que se persigue.
Ahora, ¿por qué se planteó en la Cámara de Diputados un plazo de 8 meses, desde la publicación de la iniciativa en debate, para que el Primer Mandatario envíe al Congreso Nacional uno o más proyectos por medio de los cuales se establezcan nuevos mecanismos de fomento forestal?
En mi concepto, dicho artículo transitorio no se va a cumplir si no existe un compromiso de parte del Gobierno. Por desgracia, no se hallan en este momento en la Sala el señor Ministro de Agricultura y el Subsecretario del ramo. En verdad, me hubiera gustado decirles: "¿Cuándo vamos a contar con una iniciativa de fomento forestal para poder votar a favor de la idea de legislar?"
Por otra parte, respecto de la consulta a los pueblos originarios, es una cuestión que nos va a acarrear fuertes problemas. Chile ratificó el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y el Tribunal Constitucional ha sido categórico e imperativo sobre el particular. El Gobierno tiene un punto de vista sobre la consulta y el Congreso Nacional, otro. Son diferentes.
La CONADI no representa a los indígenas. Es una institución de Gobierno. La mayoría de sus miembros son nombrados por el Presidente de la República. Por lo tanto, no corresponde consultar a la CONADI. El pensar que se ha hecho una participación y una consulta, constituye un error.
En ese sentido, creo que estaremos obligados a elaborar un mecanismo de consulta. He leído todo el informe y no se ha solicitado el parecer de ninguna comunidad.
Tampoco es posible presumir que vamos a consultar a 4.520 organizaciones. Sin embargo, debe existir un sistema de consulta y el Congreso no puede violar una normativa ya aprobada.
Se requiere una consulta. Eso está absolutamente normado en el Convenio 169 de la OIT, en el Manual de Aplicación de 2003 y en la Guía de Aplicación de 2009. También se halla en el informe que entregó el Relator Especial de la ONU para Asuntos Indígenas. Y tanto el Tribunal Constitucional, a través de sus sentencias, como el decreto supremo Nº 124, de 2009, regulan las consultas de manera transitoria. ¡Vamos a lo definitivo!
Yo siento que seguimos enredándonos. Lo claro es que se debe consultar. Esa exigencia no está garantizada y, pese a que la aprobamos, nos estamos haciendo los lesos respecto a ella.
Votaré a favor del proyecto. Pero, desde ya, anuncio que presentaré un conjunto importante de indicaciones. Porque estas regiones, que se han visto -entre comillas- beneficiadas con grandes ingresos nacionales, no han tenido la debida retribución del nivel central para los efectos de combatir la pobreza.
Por lo tanto, votaré a favor de la idea de legislar, pero formularé las indicaciones que he señalado.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, tres décadas de vigencia del decreto ley Nº 701 han permitido quitar la presión sobre el bosque nativo y también que se hayan plantado cerca de 2,5 millones de hectáreas de pinos y eucaliptos.
La iniciativa proporciona a los pequeños y medianos propietarios las herramientas necesarias para integrarse vertical y horizontalmente.
El sector forestal ha sido identificado como eje estratégico por las agencias de desarrollo regional en innumerables regiones del país.
Entre el Maule y Los Lagos, hay 3,4 millones de hectáreas con erosión moderada a severa -en su mayoría pertenecen a pequeños y medios productores-, las que solo pueden ser usadas en forma alternativa para forestación.
Resulta interesante la definición de mediano propietario que plantea el proyecto, pues permitirá focalizar mejor los beneficios que otorga el Estado. Pero también considero insuficiente la bonificación de 75 por ciento para los pequeños propietarios.
Desde que partió este sistema, se ha generado una industria potente, cuyo principal exponente es la producción de la celulosa. El sector forestal aporta el 3,1 por ciento del PIB, el 7,8 por ciento de las exportaciones y genera 130 mil empleos directos y 150 mil indirectos.
Pero no hay libre competencia para las pymes, pues ellas deben convivir con el monopsonio y el monopolio, con abuso de posición dominante.
El área silvícola se ha desarrollado fuertemente, no obstante existe una brecha inmensa y creciente entre la gran empresa y las pymes. Tres grandes empresas -MASISA, CMPC y Celulosa Arauco- poseen el 75 por ciento del patrimonio y de la industria en el país (aserraderos, celulosa, tableros, remanufactura, etcétera).
Si bien es cierto que se ha controlado la erosión, el resultado social es bastante distinto. Los campos de nuestro país se han despoblado y los pequeños agricultores que aun quedan son igual o más pobres que antes.
¿Qué puede hacer un pequeño agricultor después de forestar su predio? No le queda más que sentarse por 25 años a ver crecer sus árboles. Pensar que puede vivir del resto es no conocer la realidad de los pequeños campesinos, que muchas veces tienen solo quebradas y pendientes.
¿Qué alternativas existen para este pequeño agricultor? Emigrar a la ciudad o convertirse en un trabajador forestal. A veces, ambas.
La desaparición de las pymes genera cesantía. La fuerza de trabajo no siempre puede ser absorbida por las grandes empresas, básicamente por la baja proporción entre horas hombre y metros cúbicos producidos.
No obstante, el espíritu del decreto ley Nº 701 era otro y no ha habido desarrollo social en las áreas forestadas.
Por ello, el país necesita no solo que se prorrogue el D.L. Nº 701, sino que se dicte uno completamente nuevo y distinto, que fomente -como se ha dicho acá- la agricultura sustentable, para que tengamos un doble beneficio: suelos sanos y campesinos con cohesión social, integrados al desarrollo.
¡Ojo! El fomento forestal no le ha costado al país ni un solo peso, pues con tres años de recaudación de IVA ha recuperado el subsidio de tres décadas.
Chile tiene 6 millones de hectáreas de suelos descubiertos, degradados e improductivos, que deben ser protegidos mediante cobertura vegetal.
Otro desafío que requiere enfrentar nuestro país es el desarrollo de una producción limpia, vale decir, que certifique la huella de carbono.
Señor Presidente, el proyecto en debate, que prorroga por dos años la vigencia del decreto ley Nº 701, de 1974, es fundamental para Chile. Pero no podemos obviar un punto que ha sido tocado por varios señores Senadores que me han antecedido: la consulta a los pueblos originarios que exige el Convenio Nº 169 de la OIT.
Dado que es urgente resolver este tema, quiero solicitar que la iniciativa sea enviada a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para que se pronuncie sobre ella, a fin de que en la discusión en particular podamos votarla favorablemente con las indicaciones que sea necesario incorporar.
Como esta materia la planteamos en la Comisión en el entendido de que los informes iban a ser favorables, me manifesté a favor del proyecto. Pero, después de leer los que ha acompañado la Biblioteca del Congreso y de las discusiones que he sostenido con los Senadores que han participado en la Comisión de Constitución, me abstendré en la votación en general, convencida de que es necesario prorrogar la vigencia del decreto ley Nº 701 y de que es urgente, tal como lo señala la iniciativa que ha acompañado el Ejecutivo, legislar a la brevedad posible dictando un decreto ley -insisto- radicalmente nuevo y diferente, que proteja a la agricultura de nuestro país.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, escuché atentamente la intervención de la Honorable señora Rincón. Y, en realidad, ella ha hecho un planteamiento bastante serio y bien de fondo, porque estamos en presencia de un asunto que es necesario abordar.
Por cierto, no podemos quedarnos sin prorrogar el decreto ley Nº 701, pero debemos hacer las cosas bien.
Me parece que si hay algo sobre lo cual quedamos convencidos todos los miembros de la Comisión de Agricultura, donde se debatió esta materia -me abstuve en general y voté en contra del informe-, es que aquí se debe hacer una distinción.
El Gobierno ha hecho válido un procedimiento de consulta, conforme al decreto supremo N° 124, de 2009, respecto al cual, no porque se haya usado en la Administración anterior vamos a decir que constituye una patente de seguridad, de éxito y que se debe seguir aplicando.
Ello se tiene que revisar. Más aún cuando existe un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional muy contundente, que consigna que una cosa es lo que realice el Gobierno -el cual asumirá la responsabilidad por sus actos-, y otra distinta, lo que haga cualquier otro Poder del Estado en lo concerniente -como mencionó la Senadora señora Rincón- al Convenio N° 169. Este fue ratificado por Chile hace tan solo 16 meses. Sin embargo, Perú lo hizo 17 años atrás, y recién hoy día se halla implementando su normativa y buscando guías de procedimiento.
Entonces, considero que aquí hay un tema todavía no claro.
Y, por eso, es importante que la Comisión de Constitución lo analice y pida los informes y los estudios que correspondan. Porque tendremos que pronunciarnos acerca de tales materias en proyectos donde estas -insisto- son necesarias.
Es preciso abordar este debate. El Senador señor Navarro lo decía: queremos que exista una ley de fomento forestal de verdad, más allá del sistema de bonificaciones actual, que es importante, y al que se le introducen cambios que van en beneficio de los pueblos originarios. Por ejemplo, en los casos en que se entregaran tierras a comunidades, acerca de las cuales los antiguos propietarios hubieran hecho uso del beneficio en el pasado, los nuevos dueños de esos predios podrían volver a ser favorecidos.
De tal forma, señor Presidente, repito que este asunto no queda en modo alguno despejado, y aún subsisten muchas interrogantes.
Insisto en que el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional es categórico. Al Gobierno le asiste todo el derecho a validar el procedimiento utilizado en el decreto supremo N° 124. Sin embargo, nosotros tenemos el deber de hacer la consulta. Porque cuando el Senado ratificó el Convenio N° 169, sabía que ello era de la esencia de este para proyectos de esta naturaleza.
Incluso, se cambia la categoría de propietario forestal, porque se considera como mediano al que reciba un ingreso anual de hasta 100 mil unidades de fomento.
Sobre el particular, estamos ciertos de que los grandes conglomerados: CMPC, Mininco, Arauco, no usan estos beneficios desde hace ya mucho tiempo. Pero es posible que se pase de un pequeño propietario forestal a uno mediano agrícola. Y en este caso el único resguardo existente -lo mencionó el Ministro José Antonio Galilea en la Comisión hace algunos días- es que los suelos deberán seguir siendo de aptitud forestal. No podrá cambiarse su condición.
Eso tal vez pueda servir de garantía para que no ocurra lo que mencionó el Senador señor Tuma, en cuanto a que muchos predios agrícolas pasen a ser forestales, porque eso podría tener incidencia en las tierras.
Recién conversábamos con el Honorable señor Espina (ambos representamos a La Araucanía Norte) que en comunas como Los Sauces la expansión forestal, la plantación de bosque -de un censo a otro-, creció en 18 por ciento. Pero, en el mismo porcentaje, disminuyó la población.
Entonces, se trata de una materia muy de fondo, de la cual nos deberemos preocupar.
Yo me voy a abstener, al igual que la Senadora señora Rincón, porque creo que falta mucha luz sobre cómo abordar este tema. No obstante, si en la discusión en particular hay más claridad acerca de cómo procederá el Senado en el futuro en este asunto, naturalmente respaldaremos una iniciativa que es beneficiosa -insisto-, pero en la que aún quedan muchas dudas por aclarar.
Me abstengo.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (22 votos a favor, 5 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Pérez (doña Lily) y los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Espina, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Sabag, Tuma y Walker (don Patricio).
Se abstuvieron las señoras Alvear y Rincón y los señores Quintana, Rossi y Ruiz-Esquide.
No votó, por estar pareado, el señor Pizarro.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ahora debemos pronunciarnos acerca de las peticiones formuladas por varios señores Senadores en el sentido de que la iniciativa pase también a la Comisión de Constitución para el análisis de lo relativo a la consulta a los pueblos originarios.
Hago presente que al inicio del debate se acordó que en el trámite de la discusión en particular la iniciativa sea vista por las Comisiones de Agricultura y de Hacienda, unidas.
Como hay diferencias, tengo que someter a votación si se envía el proyecto a la Comisión de Constitución.
Votar "sí" significa aprobar la propuesta de que la iniciativa vaya también a esta última Comisión, y "no", rechazarla.
En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza la proposición de enviar el proyecto a la Comisión de Constitución (14 votos contra 5 y un pareo).
Votaron por la negativa la señora Pérez (doña Lily) y los señores Allamand, Bianchi, Chadwick, Chahuán, Coloma, Espina, Horvath, Longueira, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Ruiz-Esquide.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Rincón y los señores Muñoz Aburto, Quintana y Rossi.
No votó, por estar pareado, el señor Pizarro.
El señor PIZARRO (Presidente).- En consecuencia, la iniciativa pasará solo a las Comisiones de Agricultura y de Hacienda, unidas.
El señor ESPINA.- ¿Por qué a las dos Comisiones unidas?
El señor PIZARRO (Presidente).- Porque como el proyecto tiene que ir necesariamente a la de Hacienda, y ser analizado en particular en la de Agricultura, se facilita y acelera su trámite si la ven en conjunto.
Corresponde establecer un plazo para presentar indicaciones, el cual debe ser relativamente breve, dado que la iniciativa debe ser despachada antes del 31 del mes en curso.
Si le parece a la Sala, se fijará para tal efecto el lunes 13 de diciembre, a las 12.
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, no lo mencioné durante mi intervención, pero el Tribunal Constitucional señaló que no se le pueden agregar funciones a la CONAF. Esta sigue siendo un organismo privado y no público.
En tal sentido, deseo advertir que nuestra aprobación del proyecto antes del 31 de diciembre, sin que el Ejecutivo tenga claridad sobre el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, puede acarrear problemas.
Nos vamos a apresurar. Y es posible que exista una objeción, como creo que la habrá. Porque -como dije- hay una resolución anterior que limita las acciones de la CONAF, por tratarse de una entidad privada y no pública.
El señor PIZARRO (Presidente).- Gracias, señor Senador.