SANCIÓN POR NO PAGO DE TARIFA EN VEHÍCULOS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, nuevamente volvemos a discutir en la Sala el proyecto de ley relacionado con el Transantiago, proyecto que busca fundamentalmente evitar el no pago de la tarifa en vehículos de la locomoción colectiva.

Con esta iniciativa se busca elevar las multas, por cuanto, las actuales son muy poco persuasivas y, además, se pretende impedir un aumento del valor del pasaje para los que sí pagan la tarifa.

Igualmente, se establece un Subregistro de Pasajeros Infractores, el que se incluye dentro del actual Registro de Multas de Tránsito no Pagadas que administra el Registro Civil.

Constantemente, a través de los medios de prensa, nos hemos informado del grave déficit que genera el Transantiago por el no pago de la tarifa por parte de los usuarios. Debido a ello, las Regiones siguen cargando con el costo del transporte público de los santiaguinos, lo cual -lo hemos dicho con claridad los Senadores de Regiones- no nos parece justo.

El Ministerio de Transportes nos informó que se ha reducido la evasión del pago por tarifas en casi 2 por ciento, gracias a la campaña de difusión realizada.

En la Comisión de Transportes, dicha Secretaría de Estado ha señalado también que los costos de operadores, troncales y alimentadores del sistema han aumentado en 50 por ciento en el tiempo, y los de la Administradora Financiera del Transantiago (AFT) lo han hecho en un 100 por ciento, mientras que los ingresos se han mantenido estables.

A lo anterior se debe agregar lo relativo a la evasión del pago de tarifas por parte de los usuarios, lo cual ha generado pérdidas por 300 mil dólares diarios, que equivalen a cerca de 80 millones de dólares al año por dicho concepto.

La evasión no sólo produce menores ingresos al sistema, sino que, también, afecta la planificación de recorridos. Se basa en la validación de las tarjetas BIP, pues se hace creer que se transporta un menor número de pasajeros que los que realmente se movilizan.

Por todos los problemas antes mencionados, me parece que la iniciativa va en el camino correcto, en orden a evitar que este tipo de malas prácticas afecten a los ciudadanos honestos que día a día ocupan el transporte publico y pagan su pasaje como corresponde, y también beneficia a las Regiones.

El 20 de abril pasado, entró en vigencia la segunda alza en el año en el sistema de transporte de la Capital -que comprende el Metro y el Transantiago-, quedando en 410 pesos en hora baja; 430, en hora valle, y 490, en hora punta. Pero esa no es la noticia.

Lo notable es que un alza del trasporte que promedia 7,1 por ciento en los tres horarios pasó sin que hasta hoy día se registre la menor voz de protesta.

Ello obedece, al menos en parte, al hecho de que ese incremento tarifario fue encubierto por las técnicas de marketing político que se han hecho usuales en este modelo económico: se decretó un alza escalonada de 10 pesos en marzo, y de 20 pesos a partir del 20 de abril. El aumento principal se deslizó en medio de una masiva campaña de desinformación que puso en el centro del tapete la evasión.

Así, el alza tuvo un responsable: el pillo que nunca falta, el evasor, aquel que hace pagar a justos por pecadores.

De esa manera elíptica se desvió de la percepción de la gente el problema principal, a saber, un sistema que claramente no estuvo diseñado de forma adecuada ni bien implementado y cuyo desfinanciamiento crónico -que alcanza a unos 50  millones de dólares al mes- no impide que las empresas concesionarias acumulen abultadas ganancias. Ese déficit no se equilibrará mediante el control de la evasión, como se pretende hacer creer, sino con el alza de las tarifas, dejando de lado el hecho que la finalidad de cualquier sistema de transporte es la provisión del servicio y no el pretexto para la ganancia de empresas privadas, con abstracción de la calidad, que todavía no alcanza estándares aceptables.

La noción de que este sistema de transportes debe al menos alcanzar el equilibrio de sus cuentas es algo que nadie podría razonablemente discutir.

Además, están los trabajadores, quienes han sufrido una serie de problemas, entre ellos, la cesantía y las deudas por concepto de remuneraciones y por cotizaciones previsionales.

El problema radica en que también, como es habitual en este sistema, el costo del déficit del Transantiago se le endosa al común de la gente, a los chilenos "de a pie", sin la menor compensación salarial. Peor aún, una vez más, el mayor peso recayó sobre los más pobres. Aparte de que un trabajador que percibe el salario mínimo destina una proporción mayor de su ingreso al transporte, el alza pareja de 30 pesos en los tres tramos tarifarios significa un alza de 7,8 por ciento para el horario bajo, 7,5 en el valle y 6,1 en el punta.

El incremento de 50 pesos por cada 60 viajes en cualquiera de los horarios significa una diferencia de 3 mil pesos al mes. Para un trabajador que gana el sueldo mínimo, esa alza representa un 1,8 por ciento de su ingreso; mientras que para otro que recibe 500 mil pesos mensuales, ese mismo aumento significa un 0,6 por ciento de su entrada.

Entre los grandes mitos que permanentemente invocan los defensores del modelo económico, están: a) que el precio del trabajo lo fija el mercado y b) que el alza del mismo debe estar asociada al aumento de productividad.

Ambos argumentos no son completamente ciertos en un sistema económico como el nuestro, en lo cual creo que estamos todos de acuerdo.

Para finalizar, señor Presidente, deseo hacer una última reflexión.

El aumento de sanciones, multas, procedimientos judiciales, castigos y demases para exigir el pago del pasaje en el transporte público, da cuenta de un problema más profundo que debemos abordar como sociedad. El ciudadano no puede actuar por temor a la coercitividad del Estado; se supone que ha de hacerlo por tener internalizado el cumplimiento de las normas mínimas de conducta de aquella.

En nuestro país se habla mucho respecto al mejoramiento de los índices de desarrollo humano y económico en este último tiempo. Este tipo de situaciones nos debe llamar a reflexionar en cuanto a la sociedad que estamos desarrollando.

En nuestro rol de legisladores, tenemos que recoger las inquietudes de la gente, pero también ser capaces de analizar con rigor y detalle lo que ella nos está diciendo y el país que estamos construyendo.

Claramente, los indicadores muestran que debemos aprobar esta legislación, pero existe...

El señor PIZARRO (Presidente).- Señora Senadora, tiene solo un minuto más para concluir.

La señora RINCÓN.- Gracias, señor Presidente.

Como decía, existe un problema de base que repercute en los presupuestos de las Regiones. Y no es justo que estas paguen por ello; debería sancionarse a los infractores.