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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 358ª
Sesión 70ª, en martes 30 de noviembre de 2010
Ordinaria
(De 16:14 a 17:33)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE,
Y JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
OFICIO DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES SOBRE VIAJES DE PARLAMENTARIOS. CONSULTA A COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra sobre la Cuenta.
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.


El señor ESCALONA.- Señor Presidente, deseo referirme a un asunto de Reglamento no relacionado estrictamente con la Cuenta.
Se trata de un oficio de la Policía de Investigaciones enviado a todos los parlamentarios, a través del cual se solicita información sobre nuestros viajes, a raíz de una petición en ese sentido formulada desde una dirección de correo electrónico del diario "El Mercurio".
Según entiendo, ello debiera ser resuelto por la Corporación, ya que corresponde a información de la cual esta dispone. Se está apelando a la Policía de Investigaciones para efectuar un trámite enteramente normal, y que bien podría llevarse a cabo sin recurrir a este mecanismo.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.


El señor NOVOA.- Señor Presidente, acabo de recibir el documento y me llama la atención el procedimiento utilizado, porque los viajes que realizamos los parlamentarios, por lo menos aquellos en que se usan fondos del Congreso Nacional, aparecen publicados en las páginas web de ambas Corporaciones.
A la Policía de Investigaciones se le está pidiendo que informe sobre todas las entradas y salidas del país, y muchas de ellas deben de ser privadas. En realidad, no tengo una opinión formada, pero no me parece que la PDI sea la vía adecuada para conocer las actividades de los parlamentarios.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.


El señor ROSSI.- Señor Presidente, en la misma línea de lo que plantean los Senadores señores Escalona y Novoa, me llama poderosamente la atención que la Policía de Investigaciones nos haga llegar un documento a petición del diario "El Mercurio". Si este medio de prensa quiere obtener información respecto de los viajes que hemos efectuado con recursos del Estado, lo único que debe hacer es remitirse al Congreso.
Por tanto, señor Presidente, le pido que se envíe una respuesta formal de la Corporación a la Policía de Investigaciones, para que no tengamos que hacerlo cada uno de nosotros. Porque, como digo, lo que se solicita es totalmente público: se encuentra en la página web.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Antes de seguir dando la palabra, voy a explicar la razón por la cual nos ha llegado esta comunicación de la Policía de Investigaciones.
Efectivamente, en la página web del Senado aparecen todos los viajes, tanto nacionales como internacionales, que realizamos con recursos del Estado. Pero no están los viajes privados. Como la Ley de Transparencia establece que el organismo público que recibe una petición de esta naturaleza puede comprometer derechos de terceros, dispone la obligación de comunicarla a las personas afectadas, y estas tienen la posibilidad de acceder o negarse.
Por eso se solicitó esto directamente a la Policía de Investigaciones. No tiene que ver con los viajes que se realicen por el Senado porque estos se hallan publicados claramente en la página web.
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.


La señora ALVEAR.- Señor Presidente, en primer lugar, me parece bastante curiosa la presentación, ya que los antecedentes respecto de los viajes nacionales o internacionales que se realizan con recursos públicos figuran en la página web de la Corporación.
Ahora bien, los viajes privados que realiza cada Senador o Senadora no forman parte, a mi juicio, de la información que debiésemos entregar. ¡Es como si nos preguntaran dónde vamos a ir de vacaciones, si dentro o fuera del país, o a qué teatro o cine vamos a ir el fin de semana!
Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con las reglas de transparencia, pero hay ciertos límites.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, claramente la consulta de la Policía de Investigaciones tiene que ver con el segundo punto: nuestros viajes privados. Y creo que no corresponde. Distinto es que el periodista de "El Mercurio" que formula esta petición a la PDI se dirija a cada uno de nosotros, nos pregunte, y nosotros evaluemos si queremos darle o no esa información.
La verdad es que todo tiene un límite.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Longueira.


El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, me sumo a las expresiones ya vertidas, pero lo que menos deseo es que exista una respuesta de tipo corporativo.
El documento que se nos hizo llegar es bastante claro en que, dado que se está solicitando información privada, cada uno puede responder si quiere que se entregue o no.
Todos entendemos que nada de esto va a ser para bien, porque se piden estos antecedentes para contribuir al permanente desprestigio de nuestra actividad. Sin embargo, lo peor que podemos hacer es actuar corporativamente. Y si alguien estima que no tienen por qué conocerse sus viajes privados, es una decisión individual.
Yo adelanto que me da lo mismo, pero los demás no tienen por qué compartir ese punto de vista.
El señor WALKER (don Patricio).- ¡De acuerdo!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.


La señora MATTHEI.- Señor Presidente, en el caso de personas que de alguna manera toman decisiones, la verdad es que no solamente existen viajes pagados con recursos del Estado y viajes privados. Por ejemplo, causó cierta polémica el hecho de que una empresa invitara a Diputados y Senadores en un viaje reciente. Y creo que la prensa podría estar detrás de algo de eso.
Porque en ese caso se dio cuenta: el Diputado Gonzalo Uriarte hizo una presentación ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, y este organismo se pronunció. Pero ¿cómo podríamos estar seguros de que otros parlamentarios no hayan recibido algún tipo de invitación de determinada empresa sin haberlo dado a conocer? A mi juicio, la prensa tiene derecho a saberlo.
En segundo lugar, también sería posible que el ritmo de vida de una persona, sea Diputado, Senador, Ministro, etcétera, no correspondiera con sus ingresos conocidos.
Lo que quiero señalar, señor Presidente, es que los parlamentarios estamos expuestos a una revisión más rigurosa, porque para cualquier persona que debe tomar decisiones es muy fácil caer en algún tipo de tentaciones, y, al final, la transparencia nos protege a todos nosotros. Y nos protege porque en la medida que uno se comporte de manera correcta en definitiva eso se sabe.
Quería señalar que, desgraciadamente, en nuestro caso no solo existen viajes privados y viajes pagados por el Estado, sino que hay también de otro tipo, y creo que la sociedad tiene derecho a conocerlos. Además, debiera ser obligación nuestra, así como ocurre con la normativa del lobby, hacer públicas tales actividades.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.


El señor QUINTANA.- Señor Presidente, yo no haría un juicio de la entidad pública que le dio traslado al requerimiento de información al Senado, como es la Policía de Investigaciones. Creo que esta Institución no tenía otro camino que consultar, más aún con la reserva que señala, no en términos de secreto, sino de los tres días que otorga para decidir si uno entrega o no la información, amparada justamente en la Ley de Transparencia.
Entonces, sin perjuicio de que comparto lo propuesto por el Senador Longueira, lo peor sería entregar una respuesta corporativa. No obstante, de todos modos debiéramos ver algunos criterios jurídicos al interior de los Comités. Por lo tanto, propongo que estos analicen esta materia, por cierto antes de los tres días.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.


El señor LETELIER.- Señor Presidente, quiero tratar de situar este tema, al menos mi mirada acerca de él, desde otra perspectiva.
Aquí hay un individuo, que no es un simple ciudadano: está ejerciendo una profesión rentada por un medio de comunicación, y que le pide a la Policía de Investigaciones datos sobre la vida privada de las personas.
Deseo tratar de establecer la discusión por lo menos en términos constitucionales. No tengo objeciones en que se sepa, se informe, cuándo he entrado o salido del país. Sin embargo, aquí hay un debate un poquito más de fondo.
El artículo 20 de la Ley sobre Acceso a la Información Pública al cual se hace referencia es un camino bastante oblicuo que ha querido hacer el señor que requiere la información. Le pide los antecedentes a la Policía de Investigaciones, que maneja datos que sí son de carácter reservado y en que se precisa de órdenes judiciales para darlos a conocer. Pero se la trata como a cualquier institución.
Entonces, yo mañana por qué no le puedo pedir a la Policía de Investigaciones que me dé a conocer una investigación judicial.
Es decir, aquí se trata de un asunto que dice relación a un uso peculiar de una norma sobre transparencia, para recabar información que ya se encuentra fuera del ámbito propiamente público.
La Policía de Investigaciones, en cuanto al control del movimiento de las personas, tiene una responsabilidad que deslinda con el derecho a la vida privada, que se halla relacionada con la libertad de desplazarse de un lugar a otro.
Al respecto, sin perjuicio de cómo se quiera responder en esta ocasión, me llama la atención que la Policía de Investigaciones dé traslado a dicho requerimiento sin precisar su responsabilidad legal, sin asumir su deber como institución policial, dado que no se trata de una repartición pública cualquiera. Porque, en el fondo, lo que se está insinuando es que si no nos oponemos, puede dar a conocer cualquier antecedente que guarde en su banco de datos. Y tengo la impresión de que existe otra norma, que va más allá del artículo 20 de la ley en cuestión, donde hay ciertas materias que son motivo de reserva propias de la función de las policías.
Reitero: no en mi caso particular, pero si mañana yo como ciudadano quiero saber acerca del movimiento de mis vecinos, a mi juicio, ya comienza a ser invasión a la privacidad de las personas. Y esa información sobre la vida privada de las personas, por ejemplo, si mi vecino viajó a Concepción, o a Antofagasta, o a Mendoza, ¿debe ser de dominio público? Debe serlo si se usan recursos públicos, si hay platas fiscales involucradas. De lo contrario, me parece que estamos frente a un dilema constitucional tremendamente delicado.
De tal modo que pido a la Mesa que, independiente de cómo cada uno opte por resolver este asunto, se comunique e intercambie juicios con la Policía de Investigaciones. Porque -como digo-, en mi concepto, aquí se marca un precedente muy delicado.
¿La Policía de Investigaciones entrega información si un ciudadano común ha viajado o no fuera del país porque un tercero lo solicita? De ser así, si no ha mediado una orden del juez en tal sentido, existirían causales suficientes incluso para ejercer acciones constitucionales contra ella.
Tal circunstancia sería similar al hecho de que un ciudadano le pidiera a la Superintendencia de Bancos que le informara si un vecino tiene un depósito bancario y por cuánta cantidad.
Aquí hay un precedente muy delicado, señor Presidente. Y, por ende, independiente de cómo cada uno quiera informar, considero objetable la decisión que ha tomado la señora Lorena Cuevas Hernández, Comisario (J) de la Sección Acceso a la Información Pública de la Policía de Investigaciones, en el sentido de no consultar, quizás, con sus superiores los alcances que puedan tener las respuestas a requerimientos sobre información de datos privados de las personas.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.


El señor LAGOS.- Señor Presidente, me acabo de imponer de la -no sé cómo llamarla- comunicación de la Policía de Investigaciones de Chile sobre esta materia. Y la verdad es que estoy un poco perplejo, por cuanto no se entiende por qué esta Institución reacciona así ante la solicitud de un particular.
Debo entender que si yo telefoneo a la Policía de Investigaciones o le mando un escrito para que me provea información respecto a los viajes, salidas al exterior o desplazamientos a través de Chile, de un Ministro del actual Gobierno, o de un alcalde, o de un concejal, me va a decir: "Muy bien, señor Lagos, le voy a oficiar inmediatamente al Ministro, al Subsecretario, al concejal de turno".
No entiendo cuál es el requerimiento para que sea esa Institución la que actúe de intermediario en este asunto. Si alguien tiene algo que preguntar sobre los viajes, está la página web, o se puede dirigir directamente a los parlamentarios. Pero pedir a la fuerza pública que actúe de intermediario, y el que la Policía de Investigaciones esté obrando así en esta materia, créanme que da escalofríos.
A mi juicio, lo que corresponde acá es que esta Institución aclare por qué está actuando de esta forma.
Entiendo que la persona que solicita la información es un particular: Sebastián Rivas. No sé quién es. Me dicen que es periodista.
Estoy anonadado, y a estas alturas con susto. Porque Investigaciones de Chile...
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Senador señor Lagos, le ruego que continúe, porque aún no hemos iniciado el Orden del Día de esta sesión.
El señor LAGOS.- No puedo seguir hablando, señor Presidente. ¡Quedé trémulo...!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, a mayor abundamiento, la Policía de Investigaciones en todo caso debe tener mis datos: los únicos dos viajes que he hecho al extranjero en este período fueron: uno con el Ministro Larraín, y otro, con el Presidente de la República.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.


El señor ROSSI.- Señor Presidente, no sé si tengo tanto susto como el Honorable señor Lagos, pero creo que la Policía de Investigaciones tendrá cosas más importantes que hacer que la solicitud que se nos formula. Además, si al ciudadano le interesa conocer dicha información, debe pedírsela a cada parlamentario.
Ahora, en respuesta a lo planteado por la Senadora Matthei, debo señalar que me llama mucho la atención que se hable de transparencia toda vez que, cuando se discutió la Ley de Financiamiento de las Campañas Electorales, la Derecha -a la mejor, la antigua Derecha; la nueva, cambió- claramente señaló que quería donaciones reservadas. Así fue, me acuerdo muy bien -lo conversaba recién con el Senador Escalona-, porque no querían que la ciudadanía supiera -mínimo de transparencia- qué empresa financiaba las campañas. Y ahí sí que se compran los votos, las conciencias, cuando una empresa financia de manera poco transparente la campaña política de un parlamentario. Y eso hoy día es reservado.
Entonces, sería bastante interesante que legisláramos al respecto. El Partido Socialista lo ha planteado diez mil veces. Y, lamentablemente, la antigua Derecha -porque ahora a lo mejor cambió- no ha estado de acuerdo con esa muestra de transparencia.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.


El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que una materia como la que nos ocupa debió haberse tratado -y sugiero al señor Presidente hacerlo- por los Comités de manera reservada, y, después, darse cuenta a la Sala sobre la forma de proceder. Pero discutirla aquí, en el Hemiciclo, me parece francamente un dislate.
El señor PROKURICA.- Eso es lo más criterioso.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- En segundo término, si este asunto le produjo al señor Senador que me precedió en el uso de la palabra una situación muy estresante, debo manifestar que, desde el punto de vista de lo que han sido los regímenes tradicionales en el mundo, sean democráticos o no, el Senado de la República es una institución en la cual se debe respetar el máximo de claridad para que toda la ciudadanía sepa lo que hacen sus integrantes.
Sin embargo, resulta por completo inadecuado lo que estamos viendo, y no solo me produce estrés, sino honda preocupación. Así comienzan habitualmente las conductas de ciertos regímenes para presionar a la población.
Carezco de toda información acerca de si el Gobierno central, "La Moneda" o quien fuera, tiene o no conocimiento de lo que ocurre. No obstante, con toda franqueza debo decir que no me gusta este tipo de procedimientos. Por aquí empezamos. Chile conoció este sistema en más de una oportunidad.
Tengo claro que se trata de un tema bastante desagradable. Pero, a mi juicio, debe saberse todo lo que tiene que ver con fondos públicos y de empresas privadas destinados a financiar viajes de parlamentarios, quienes después tendrán que preocuparse del asunto.
Por lo tanto, el mecanismo empleado no es el adecuado, cualquiera que sea el que haya sido, sea cual fuere el partido político, me da lo mismo. Pero se debe mantener cierto respeto entre nosotros y hacia afuera.
En consecuencia, no soy partidario de tomar esta cuestión a la ligera o dejar a cada parlamentario decidir qué acción escogerá al respecto. Creo que a la Sala, si se trató aquí la materia, corresponde la determinación de encargar o no a la Presidencia, o a quien fuere, su estudio y entregar de manera directa una respuesta corporativa. Porque no somos cualquier cosa -aunque estemos muy desprestigiados-, ejercemos un cargo importante en el país.
Los Senadores no tenemos nada que ocultar en este momento. No quisiera que fuera distinto. Tampoco deseo que aquí se siente el precedente de que cualquier institución policial pueda aparecer preguntándonos si tenemos algo que declarar o no, y debamos responder dentro de un plazo de tres días.
La señora MATTHEI.- Así lo establece la Ley sobre Acceso a la Información Pública.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Entonces, quiere decir que ha sido mal interpretada, porque nunca fue ese el espíritu presente en su discusión.
Por consiguiente, si la materia reviste más complejidad, con mayor razón no hagamos un debate público y que la Mesa tome las providencias del caso con los Comités o con la Comisión de Régimen Interior, para que así, en definitiva, haya claridad sobre el particular y todos actuemos de igual manera.
Yo soy partidario -ya adelanté mi opinión- de una respuesta corporativa, no por una cuestión de privilegios, sino porque en estas condiciones la solicitud que se nos formula -se quiera o no-, mirado desde fuera, será entendida por la gente como que nos encontramos bajo investigación pues -entre comillas- algo habrá que investigar, ya que siempre se parte de la base de que los políticos somos unos descastados.
La diferencia que tengo al respecto radica en lo que sostuve denantes. En efecto, soy partidario de que esta materia se trate, se resuelva de manera consensuada, se entregue una respuesta corporativa, y que se tomen las medidas que correspondan si acaso la ley antes citada fue utilizada en forma extralimitada.
A mí no me gusta que me investiguen sobre cualquier cosa de manera subrepticia o, en cierta medida, extraña: "Dígame si usted salió del país financiado y cómo". No me parece correcto. Así no entendemos la democracia.
Si alguien quiere usar el poder para no tener un Senado libre y tranquilo, que lo diga. Estoy convencido de que la consulta que se nos formula no tiene nada que ver con el Gobierno central. Por eso soy tan duro. Pero, sí, he visto a mi país empezar a caer en un plano inclinado cuando hace un tiempo comenzamos con este tipo de conductas. Recuerdo muy bien tres o cuatro episodios sobre el particular, que terminaron bastante mal.
He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Como todavía quedan algunos señores Senadores por intervenir, quiero dejar públicamente claro de qué se trata el problema a fin de no iniciar un debate a su respecto sin tener la información completa.
La ley Nº 20.285, sobre acceso a la información pública, dispone que se puede pedir información a los órganos públicos respecto de distintas situaciones.
El artículo 20 de dicha normativa establece:
"Cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, dentro del plazo de dos días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos, deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo.
"Los terceros afectados podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres días hábiles contado desde la fecha de notificación. La oposición deberá presentarse por escrito y requerirá expresión de causa.
"Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del Consejo, dictada conforme al procedimiento que establece esta ley.
"En caso de no deducirse la oposición, se entenderá que el tercero afectado accede a la publicidad de dicha información.".
Sin embargo, como aquí ha habido un debate respecto de las facultades que tendrían o no los Senadores, es preciso resaltar que el artículo 21 dispone:
"Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:", y su número 2 expresa que: "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.".
O sea, la ley otorga la facultad de asumir cualquiera de las dos fórmulas enunciadas.
Por lo tanto, como aquí se ha sugerido ver la posibilidad de revisar el asunto de todas maneras, yo propongo enviar los antecedentes relativos al tema puntual -no respecto a la consulta que nos formulan, porque hay plazos que cumplir- a la Comisión de Constitución para que también analice esta materia y emita un informe al respecto. Porque no solo afecta a esta Corporación, sino que también podría hacerlo acerca de mucha gente que eventualmente se encuentre en iguales condiciones.
Aquí hay una colisión entre derechos privados y públicos.
Además, el señor Secretario me informa que en la Cámara de Diputados también se pidió algo similar.
¿Habría acuerdo para proceder de esa forma?
El señor PÉREZ VARELA.- No, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- No hay acuerdo.
Entonces, ¿seguimos el debate o lo damos por cerrado?
El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra al Honorable señor Ruiz-Esquide, aun cuando Su Señoría manifestó que no era conducente seguir debatiendo en la Sala este tema.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, señalé que era un error discutir la materia en la Sala. Pero así se procedió. Y ahora, la Mesa está sugiriendo otra solución, que no me parece la mejor.
Por eso, simplemente, quiero hacer una contrapropuesta.
Lo del envío a la Comisión de Constitución, okay. Pero como este asunto también tiene un carácter político, creo que debe ser visto en reunión de Comités o en la Comisión de Régimen Interior.
Ese es mi planteamiento.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Lo veremos nosotros como Mesa.
En todo caso, me dijeron que no hay acuerdo para remitir el asunto a la Comisión de Constitución.
Lo anterior, salvo que se quiera votar a los efectos de tomar una decisión.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.


El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, estamos ante un debate que no debiera tomar el tiempo de nuestro trabajo parlamentario. Creo que la discusión tendría que radicarse en la Mesa y en los Comités, instancias donde deberían resolverse las acciones conducentes a responder la solicitud que se nos formuló.
Por cierto, podemos actuar de manera independiente. Pero es factible que cada cual dé argumentaciones diferentes. Entonces, considero bueno que nos enriquezcamos mutuamente, no para evitar la transparencia, sino para ver cómo proceder bien ante el requerimiento público a que debemos responder y frente al aspecto privado, respecto del cual podemos pedir resguardos.
Así, habiendo un plazo de tres días, sugiero que la Mesa le conteste a la Policía de Investigaciones, acerca de lo primero, lo que se ha dicho en la Sala: que todo lo referente a los viajes oficiales de los Senadores figura en la página web; y en cuanto a lo segundo, que ella o los Comités instruirán a los Senadores para que, conforme a la ley pertinente, proporcionen la información solicitada.
En mi concepto, todos debemos asumir una conducta, no corporativa, sino conducente a entregar la información que corresponda.
Yo no tengo ningún inconveniente en dar cuanta información se quiera. Pero no me parece procedente que todos los parlamentarios debamos proporcionar una serie de antecedentes de orden particular, obligación que no pesa sobre autoridades o personas que tienen importancia en la vida pública o en la vida privada.
Concretamente, propongo que la Mesa le responda a la Policía de Investigaciones en los términos que señalé.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Señor Senador -ya leí con claridad los artículos pertinentes-, una cosa es la respuesta corporativa: la concerniente a que todos los viajes están publicados. Pero sucede que hay un oficio directo a cada Senador. Por lo tanto, Su Señoría debe contestar de manera individual, pues no hay norma legal alguna conforme a la cual le corresponda hacerlo a la Corporación tratándose de la vida privada, a menos que se efectúe una interpretación clara del artículo 21. Y por eso considero razonable que de todas maneras se analice jurídicamente la materia.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- De acuerdo.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.


El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, estimo que tanto las normas legales que usted leyó cuanto lo planteado por el colega Longueira en el sentido de no dar una respuesta corporativa sino que cada Senador conteste de acuerdo con sus convicciones o con su pensamiento sobre la materia constituyen el camino correcto.
Lo que nos llegó es ni más ni menos que lo que el propio Senado aprobó hace casi dos años.
¡Tan simple como eso!
En esta Corporación discutimos -y el colega Sabag lo recuerda- durante casi un año el proyecto de Ley sobre Acceso a la Información Pública. ¿Acceso a qué información? A la de los órganos públicos. ¿Y de qué personas? De las autoridades públicas.
Eso fue lo que aprobamos.
Ahora, aquí no se trata de que la Policía de Investigaciones nos esté haciendo una solicitud a nosotros.
Un particular, una empresa, un diario pide información sobre los viajes privados (la relativa a los viajes públicos se halla del todo clara). Y lo hace basado en qué. En la ley que este propio Senado sancionó.
Por consiguiente, no me parece del caso llamar a escándalo cuando solo se está aplicando la ley, tal como el señor Presidente la leyó, adecuadamente.
Entonces, un particular solicita información acerca de los viajes privados. ¿Y adónde se dirige? Al Ministerio de Defensa. Este lo manda a la Policía de Investigaciones (porque cuál es la única institución que maneja los ingresos y las salidas del país: Investigaciones, a través de Policía Internacional). Y se nos plantea a cada uno de nosotros, conforme a la ley, si estamos de acuerdo o no en dar nuestra información.
En consecuencia, nos hallamos ante la plena ejecución de la Ley sobre Acceso a la Información Pública, cuyo proyecto -si mi memoria no me engaña- fue aprobado unánimemente por esta Sala.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Hay una pequeña disquisición y salvedad que es factible hacer -por eso es importante que se efectúe un análisis jurídico-: que la Policía de Investigaciones podría haber ocupado también el artículo 21; y eso derivaría en que la información no nos fuera pedida por ella sino directamente por el requirente.
El señor PÉREZ VARELA.- Pero aquí se trata de un particular.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En este caso, por el particular.
Entonces, también es una alternativa que perfectamente la Policía de Investigaciones podría haber utilizado.
Les planteo a Sus Señorías cerrar el debate sobre la materia.
Sin embargo, de todas maneras, si hubiera acuerdo, yo enviaría el asunto a la Comisión de Constitución. Y respecto a las propuestas del Senador señor Ruiz-Esquide, que las examinen los Comités.
¿Estamos de acuerdo?
El señor PÉREZ VARELA.- No estoy de acuerdo.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Me va a obligar a someterlo a votación, señor Senador. ¡Para qué! Si se trata solo de un informe jurídico; no tiene ninguna...
El señor PÉREZ VARELA.- Pero se está pidiendo información sobre la entrada y salida del país, no más.
El señor LAGOS.- Es una información privada.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Por eso considero relevante que la Comisión de Constitución analice la materia.
Si el Senador señor Pérez Varela nos da la unanimidad, procederemos de la forma indicada
¿Estamos de acuerdo?
Acordado.