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REGULACIÓN DE CUOTAS ANUALES DE CAPTURA PESQUERA


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimados colegas, en estos últimos meses se ha difundido profusamente en los medios nacionales la discusión que se viene generando respecto a la pesca, las modificaciones de las cuotas de captura y la grave situación de la actividad antes y después del terremoto.
Desde que asumí como Senadora por la Región del Maule Sur, me he reunido en innumerables ocasiones, al igual que mi Honorable colega Larraín, con pescadores artesanales de las caletas de Duao, Loanco, Pelluhue y Curanipe. Estos me han expuesto el grave problema que enfrentan con la pesca de la merluza común en la zona. Porque, pese a existir recursos para extraer, su cuota de captura termina en agosto, lo que provoca que durante el resto del año deban depender de la buena voluntad del Gobierno y del Consejo Nacional de Pesca para poder aumentarla.
Lo anterior se repite año tras año, sin que hasta el día de hoy se encuentre solución para el grave problema que afecta a cientos de familias que viven de la pesca.
Si bien el proyecto de ley que estamos discutiendo dice relación con el jurel y las especies pelágicas, recoge un principio que en muchas oportunidades, junto con mi colega el Senador Andrés Zaldívar, le hemos solicitado al Ejecutivo acoger: el fraccionamiento de la cuota y su distribución entre las distintas unidades de pesquería que integran el mismo stock o unidad poblacional.
Hace dos semanas sostuvimos una reunión en el Maule Sur con el Subsecretario de Pesca, a quien le hemos propuesto en reiteradas ocasiones, personalmente y mediante oficios, una modificación a la Ley de Pesca, precisamente en su artículo 26, que se cambia hoy, a fin de otorgarle facultades a la Administración para que la cuota sea revisada a mitad de año y que, en caso de que una unidad de pesquería cuente con ella pero no con recursos para su extracción, se pueda distribuir un porcentaje entre las unidades que dispongan de recursos y carezcan de cuota.
Señor Presidente, es cierto que la Administración tiene facultades para modificar las cuotas. Sin embargo, estas no se utilizan, ya que muchos pescadores artesanales las entienden como un derecho adquirido, lo que obliga a negociar el traspaso de cuotas entre diferentes unidades de pesquería mediante beneficios de carácter económico, subsidios del Estado, etcétera. Se trata de un procedimiento poco claro y que desfavorece a las unidades con menor poder de presión.
La situación anteriormente descrita perjudica a numerosos pescadores artesanales de zonas que, ante la mayor presencia de especies hidrobiológicas en sus unidades de pesquería, han extraído la totalidad de su cuota en un tiempo muy corto y, por lo tanto, no pueden realizar la actividad extractiva para sustentar a sus familias durante el resto del año.
El sistema de compra de cuotas utilizado por la Subsecretaría de Pesca durante largo tiempo y el proceso de negociación que se registra en el Consejo Nacional de Pesca no me parecen correctos.
Por ello, creo conveniente que se le otorguen facultades al ente administrativo respectivo para que se aumenten o rebajen, dependiendo del caso, las cuotas que posee cada unidad de pesquería y un porcentaje de estas pueda ser repartido equitativamente entre las Regiones donde se produzca la situación en comento.
Considero necesario regular esa materia explícitamente en la Ley de Pesca, con el objeto de que en el mes de junio de cada año se revise lo concerniente a las cuotas de captura en la pesca artesanal y se regule lo que suceda en las unidades de pesquerías que tengan especies hidrobiológicas por extraer pero que hayan agotado su cuota.
Por último, deseo referirme a la grave dificultad que afecta a los pescadores artesanales de Chile.
Como país, tenemos muchas deudas con ellos. Y, por tanto, hay que avanzar decididamente a fin de proporcionarles mejores condiciones laborales: un seguro de vida real; aportes previsionales y de salud; recursos suficientes que permitan mejorar la infraestructura para el desarrollo de sus faenas, etcétera.
Mientras el sector industrial ha tenido el tiempo y las posibilidades requeridos para generar y obtener millonarias utilidades, la pesca artesanal se ha visto profundamente afectada y disminuida.
La llamada "Ley Corta de Pesca", aprobada en 2002 y cuya vigencia finaliza en diciembre de 2012, determinó las actuales cuotas de captura en las pesquerías por un período lo suficientemente extenso a fin de que el sector industrial realizara inversiones con el tiempo necesario para recuperarlas e instalar en tierra plantas procesadoras que ampliaran la fuerza de trabajo utilizada y generaran las grandes rentabilidades que en la actualidad obtienen las empresas pesqueras industriales.
En cambio, los pescadores artesanales enfrentan hoy solo restricciones: no tienen transferencia de tecnología avanzada; presentan dificultades de acceso al crédito; poseen cuotas mentirosas insuficientes para vivir dignamente, y están sujetos a gran cantidad de regulaciones que no logran destrabar su actividad y le ponen aun más freno. Ello, sin considerar lo ocurrido el 27 de febrero último.
En el fondo, mientras los industriales, gracias a esta legislación, conseguirán utilidades por sobre 2 mil millones de dólares en diez años, los artesanales...
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señora Senadora. La Mesa le concede un minuto para terminar su intervención.
La señora RINCÓN.- Gracias.
Decía que los artesanales tienen que recurrir permanentemente a canastas familiares, manifestaciones y pequeños subsidios del Estado para obtener una atención mezquina que no resuelve sus problemas.
Señor Presidente, estoy convencida de que debemos revisar el sistema de asignación de cuotas o límites máximos de captura establecidos para los industriales. A juicio nuestro, entre otras consideraciones negativas, ello ha significado que el país prácticamente les haya regalado sus peces a unas cuantas empresas, que se llevan gran parte de los recursos pertenecientes a todos los chilenos.
En la nueva ley debemos establecer factores que repongan el derecho legítimo de nuestra nación a recibir recursos a cambio de la entrega de una riqueza que es de todos los compatriotas, bajo la modalidad de impuestos, patentes o cualquier otra forma compatible con tal fin.
Chile debe recibir ingresos significativos por la riqueza del mar que hoy se llevan de manera gratuita grandes transnacionales que pescan de manera indiscriminada en nuestras costas.
Los mayores recursos que se generen por tal concepto deberán tener el único y noble propósito de ir en ayuda de los pescadores artesanales, a fin de reactivar su labor y convertirla en fuente de empleo digno para ellos y sus familias.
Comparto el sentido de este proyecto de ley y, por eso, voto a favor.