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MEDIDAS PARA CORRECTO OTORGAMIENTO Y USO DE LICENCIAS MÉDICAS


El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde ocuparse del proyecto de ley, iniciado en mensaje de la Presidenta señora Bachelet, en primer trámite constitucional, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, con informes de las Comisiones de Salud y de Trabajo y Previsión Social, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6811-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 79ª, en 5 de enero de 2010.
Informes de Comisión:
Salud, sesión 57ª, en 5 de octubre de 2010.
Trabajo y Previsión Social, sesión 57ª, en 5 de octubre de 2010.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señores Senadores, la urgencia asignada a la iniciativa, que es de 15 días, vence hoy, porque se calificó el 28 de septiembre.
El proyecto fue discutido solamente en general por las Comisiones de Salud y de Trabajo y Previsión Social.
El objetivo principal de la iniciativa es perfeccionar el sistema de licencias médicas y establecer medidas que aseguren su correcto otorgamiento y uso. Para ello, se propone fortalecer las facultades de control y fiscalización de los órganos pertinentes y disponer sanciones administrativas y penales para el otorgamiento y uso fraudulento, abusivo o ilegal de la licencia.
La Comisión de Salud, luego de analizar el proyecto, rechazó la idea de legislar. El resultado de la votación fue dos votos a favor, de los Senadores señora Matthei y señor Chahuán; dos en contra, de los Honorables señores Rossi y Ruiz-Esquide y la abstención del Senador señor Girardi. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 182 de nuestro Reglamento, la votación se repitió dos veces y se produjo idéntica situación, por lo cual se dio por rechazado.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social, por su parte, aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señoras Matthei y Rincón y señores Bianchi, Kuschel y Muñoz Aburto.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el informe respectivo.
Corresponde señalar que, en caso de que la Sala resuelva acoger la idea de legislar, el inciso cuarto del artículo 6° requiere para su aprobación el voto conforme de 19 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.


El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, la materia que vamos a discutir tiene larga data en el sector de la Salud y ha sido una de las cuestiones que, de manera permanente, hemos estado analizando desde hace muchos años, en cuanto a cómo deberían usarse las licencias médicas, si corresponden a un acto puramente sanitario o si revisten, también, alcances de otra naturaleza. Este último punto fue lo que, en definitiva, llevó a que el Senado encomendara a dos de sus Comisiones resolver el asunto.
Se evacuaron, entonces, dos informes: uno de la Comisión de Salud, que rechaza el proyecto del Ejecutivo; y otro de la de Trabajo y Previsión Social, que lo aprueba.
¿Cuál es el problema?
La cuestión que motivó el rechazo de la iniciativa en la primera de las Comisiones mencionadas se refiere a que las modificaciones propuestas por el Ejecutivo -que buscan regularizar, controlar e impedir que se abuse de las licencias médicas-, presentan otro aspecto, que nosotros hemos discutido.
Señor Presidente, voy a ser muy simple y claro.
La licencia médica es una forma de resolver la situación de una persona enferma que falta a su trabajo. El doctor la diagnostica y le da determinado número de días de descanso. El documento respectivo, con el actual sistema, es revisado por la COMPIN en el sector público y en el institucional privado por un médico contratado por las propias isapres, quien se transforma en una especie de contralor directo.
Las otras cosas que debo mencionar en esta materia dicen relación a por qué, en los últimos años, se ha producido un aumento excesivo de determinadas licencias, tanto por la vía de las que se vinculan con el posnatal como por aquellas propias de una enfermedad cualquiera. En el problema intervienen el médico tratante y quien actúa posteriormente en cualquiera de los dos sistemas, sea el público o el privado.
En definitiva, hablamos del eventual abuso de un profesional médico a través de las licencias que otorga; del abuso en que pudiera incurrir la isapre en determinado momento al rechazar no adecuadamente una licencia, porque la objeta sin que se haya examinado al enfermo.
Por lo tanto, se presenta un conflicto que el proyecto que nos ocupa busca resolver en cuanto a cómo terminar con el abuso en materia de licencias médicas.
Hasta ahí, la realidad objetiva actual.
¿Por qué se produjo la discrepancia entre la Comisión de Salud y la de Trabajo y Previsión Social? Porque la primera consideró que uno de los problemas fundamentales se relaciona con el abuso que se presenta en las licencias -entre otras causas, por falta de ética profesional-, lo que a veces resulta ser exagerado. Del total, tres, cuatro, cinco y hasta diez médicos llegan al extremo de otorgar 100 a 200 de ellas mensualmente, lo que evidencia un abuso real.
Asimismo hay abuso real de ciertos individuos que, a través de la licencia, buscan resolver sus problemas personales.
También consideramos que la situación vigente se genera debido a que la normativa actual tiene algunas fallas que favorecen una conducta ilegal e inadecuada de los profesionales médicos.
Una de ellas es que la licencia carece de sentido en la realidad sanitaria del Chile de hoy. Y consiste en que, a consecuencia de lo que pasaba hace muchos años en orden a que la gente por haberse embriagado el fin de semana pedía licencia el lunes, el Gobierno de la época tomó la decisión de que a las ausencias laborales de hasta diez días se les restaran del pago tres y a las superiores a esa cantidad, nada. Y eso constituye una incitación al mal, como alguien dijo con toda razón, además de ocasionar circunstancias sanitariamente absurdas. Por ejemplo, si una persona necesita cuatro, cinco o seis días para recuperarse y el galeno se los concede, por ministerio de esta ley, sin fundamento ético ni sanitario o de otra especie, en la realidad se le otorgan solo dos o tres, porque hay que restar los que, de acuerdo a la normativa legal, se descuentan del pago.
¿Qué pasa cuando una persona necesita una semana? Si el facultativo le da los siete días, queda con cuatro, y si le da diez, con siete. Pero, si son once, se paga el total de ellos.
Entonces, el procedimiento nos parece insensato y es absolutamente contrario a toda norma sanitaria.
¿Cuál fue el planteamiento de los Senadores que rechazamos el proyecto? Que si se va a hacer una ley para terminar con los abusos de los médicos o de los propios enfermos, también debería servir para eliminar el incentivo malsano que permite conceder licencias médicas de manera diferente.
Desde hace muchos años, venimos proponiendo, primero, que se impartan lecciones de ética a los profesionales de la Salud, como elemento esencial. Segundo, que desaparezcan los contralores de las isapres, porque no hay razón alguna para que los equis días de licencia que otorga un médico luego sean acortados sin ni siquiera que se examine al enfermo. Tercero, que haya sanciones extremadamente claras para los profesionales involucrados.
En su momento, también señalamos con claridad que para ello había que entregar más facultades al Colegio respectivo, lo que tampoco se ha logrado hasta la fecha, debido a que algunos señores Senadores no comparten esa idea.
A la vez, planteamos la necesidad de equiparar las sanciones que reciben una isapre y un médico que actúan de forma inadecuada, lo cual tampoco se ha concretado.
Y, finalmente, nos parecía que había que terminar con los incentivos inadecuados, uno de los cuales lo constituye el problema de los tres días de descuento.
En tales condiciones, pedimos al Ejecutivo incorporar una disposición que eliminara esa carencia -como se llama- de tres días en la licencia. El Ministro de Salud manifestó que estaba dispuesto a ello, pero que no podría hacerlo hasta después de un período de no menos de seis a ocho meses. Los señores Senadores que aprobaron el proyecto consideraban que bien valía la pena esperar ese tiempo y despachar el texto de ahora. Quienes votamos en contra estimamos que es perder una oportunidad para alcanzar una fórmula de solución global, pues si no se termina con la carencia se mantendrán igual los incentivos. En eso radica la diferencia. Luego la Comisión de Trabajo resolvió simplemente aprobar el proyecto sin considerar tal punto de vista.
Por ello se produjo en la Comisión de Salud lo que sucedió, pues tres de sus integrantes no aprobamos la iniciativa.
Si queremos ir al fondo del problema, estamos de acuerdo en esperar un tiempo, pero no el que planteó el Ministro, pues resulta excesivo.
Sería bueno que pudiéramos llegar a una fórmula. A lo mejor se aprueba el proyecto como viene de la Comisión de Trabajo, con lo que quedará prácticamente igual la actual situación de abuso que se produce por una mala norma. Si no se corrige, siempre estará generando las conductas inadecuadas de los médicos por un procedimiento que hoy se quiere eliminar.
De aprobarse el texto de la Comisión de Trabajo, simplemente se aplicará un maquillaje, pues se despachará una disposición que va a criticar la acción de los médicos, pero que no resolverá la cuestión esencial.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.


El señor TUMA.- Señor Presidente, el proyecto en debate intenta solucionar un problema que se ha hecho público de cuando en cuando, incluso a través de medios televisivos. Resulta indesmentible que algunas personas cometen fraude al obtener una licencia médica que no corresponde, pues se aparenta padecer una enfermedad.
En tales casos, no solo incurren en fraude el trabajador y el que otorga la licencia, sino también -en mi concepto-, contribuye a ello la propia ley.
Nuestro sistema de licencias médicas, en primer lugar, permite que ellas se obtengan y, en segundo término, crea un sistema -como lo explicaba muy bien el Senador Ruiz-Esquide- con la posibilidad de que se apliquen dos regímenes.
Con el descuento de los primeros tres días de licencia, se asume que todos los demás no se justifican y que, por lo tanto, hay un engaño del trabajador hacia el empleador.
Yo no sé hasta cuándo vamos a aceptar una legislación que supone culpabilidad, responsabilidad y engaño por parte de los trabajadores de Chile. Sin duda, es un hecho indesmentible que se dan casos de fraude cuando algunos médicos han abusado en el otorgamiento de licencias que no corresponden. Pero una normativa no puede presumir la responsabilidad engañosa de empleadores, trabajadores y médicos.
Tenemos que elaborar una ley que dé cuenta de una realidad que no se refleja actualmente. Hay que efectuar modificaciones para impedir que a un trabajador que efectivamente necesita licencia por tres o más días se le rechace el pago de su remuneración, hecho que, por lo demás, afecta principalmente a los empleados de las pequeñas y medianas empresas. A los del sector público no les empece tal restricción. Y los sindicalizados negocian con las grandes empresas para que los días que se descuentan de todas maneras se paguen. El 80 por ciento de los trabajadores del país que pertenecen a las pymes no reciben este beneficio. Y esto, en definitiva, constituye un daño para la propia empresa, para el empleado, para su familia y para el sistema de salud.
Por otra parte, el sistema establece días mínimos para que los primeros tres sean cancelados, y obliga al médico a otorgar una licencia más allá del plazo que amerita la enfermedad.
A la vez, se produce un segundo vicio: si hay irregularidad, se asume que la mayoría de las licencias son fraudulentas y, por tanto, los organismos pertinentes tienen que fiscalizar y pedir informes. Se requieren detalles al médico. Hasta que los entregue, pasa un mes. Y transcurre otro para procesar la información en la COMPIN, cuando se trata del sector público. Si aquella rechaza la licencia, el trabajador apela. Por ello, debe solicitarse un nuevo informe, que normalmente emite el mismo médico que otorgó la licencia. En definitiva, el trabajador tiene que soportar cuatro, cinco, seis o siete meses sin recibir remuneración, lo que agrava su mal.
Entonces, los trabajadores tienen una vulnerabilidad y sufren abusos, lo que afecta precisamente a quienes poseen menos condiciones para soportar la espera.
Si se realiza una encuesta en la COMPIN o en las oficinas de control de las isapres para saber cuántos trabajadores se encuentran a la espera del pago de su licencia, por estar esta en revisión o en duda, serían cuantiosas las sorpresas que nos llevaríamos respecto de las injusticias que se están cometiendo en nuestro país, precisamente porque contamos con una legislación que cautela más que no se produzca el fraude y que se preocupa prioritariamente de los intereses de las isapres y de FONASA que de los de los trabajadores.
¡Estamos en el mundo al revés! Como las leyes son para beneficio de las personas, tenemos que efectuar una mirada distinta a todo el sistema de control y de licencias médicas, de modo que quien deba necesariamente ausentarse de su función laboral por enfermedad reciba el pago correspondiente. ¡Pero no es posible que pongamos en duda todo el sistema! Por consiguiente, me parece que hay que hacer una revisión completa.
Comparto la visión de los Senadores que han votado en contra o que se han abstenido, porque el proyecto solo ve una cara de la moneda: el aspecto punitivo. Está bien, pues hay que sancionar y perseguir a quienes cometen fraude. Pero la iniciativa no resuelve el problema de los trabajadores con licencia médica que pasan meses y meses esperando el pago de su remuneración.
Por lo expuesto, señor Presidente, en primer lugar, me alegro de que desarrollemos el presente debate. En segundo término, apoyaré la idea de legislar, pero voy a formular indicaciones, para los efectos de establecer un marco legislativo que haga justicia con los trabajadores, especialmente con aquellos que ameritan una licencia médica.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor LONGUEIRA.- ¿Me permite, señor Presidente, para plantear un punto de Reglamento?
El señor PIZARRO (Presidente).- Perdón, Senador Girardi.
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.


El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, el Senador García solicitó fijar hora para la votación del proyecto en debate y usted quedó en atender esa petición. Sucede que a las 17 debe constituirse la Primera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos.
¿Sería posible que acordáramos una hora para votar el proyecto y así poder trabajar tranquilos?

El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Trabajen tranquilos nomás, señor Senador, pues eso es lo más importante...!
El señor LONGUEIRA.- Es que los timbres no se escuchan en el lugar donde sesionamos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Veremos cómo avanza el debate de la iniciativa y, cuando estemos a punto de votar, mandaremos a avisarles.
El señor LONGUEIRA.- Perfecto. ¡Usted sabe dónde estaremos, señor Presidente...!
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien.
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.


El señor GIRARDI.- Señor Presidente, el proyecto en debate ha sido objeto de una larga discusión y es muy importante desde el punto de vista del fortalecimiento de la salud pública del país, aunque, evidentemente, contiene aspectos deficitarios que nosotros hemos intentado resolver a través de, por ejemplo, una garantía para los derechos de los trabajadores. Sin embargo, entendemos que por diversas razones ello ha resultado complejo.
Hay un problema de larga data. No se planteó en el actual Gobierno, sino en el anterior. De hecho, el Senador Ruiz-Esquide, a la sazón Presidente de la Comisión de Salud, renunció a ese cargo cuando aquel envió al Congreso la presente iniciativa legal sin poner fin a un abuso, a un atentado contra los derechos de los trabajadores, consistente en el no pago de los tres primeros días de enfermedad.
¡Eso es un abuso!
La licencia médica, para la mayoría de las personas que la requieren, puede ser el único instrumento terapéutico frente a un traumatismo, un lumbago, un cuadro gastrointestinal. Muchas veces no se necesitan medicamentos ni intervencionismo sino, simplemente, reposo.
Y lo que intenta la iniciativa en estudio es impedir que los primeros días de descanso estén garantizados y debidamente financiados, como corresponde. Hay pocas legislaciones en el mundo -por no decir ninguna- que mantienen una práctica que, en definitiva, se usó como una especie de deducible -ignoro por qué, aunque está claro que no fue por razones de salud- para desincentivar en cierta forma que los trabajadores se enfermaran.
Ello obedeció a un determinado momento de la historia del país, del cual ya estamos muy lejos. Y lo único que consigue es estimular a los médicos, cada vez que atendemos a una persona que requiere tres días de reposo, a dar una licencia superior a diez, muchas veces para que se haga justicia y se le paguen esos días, lo cual, finalmente, resulta bastante más caro para el país.
Por lo tanto, es efectivo que se incurre en un exceso en la duración de las licencias para pacientes que verdaderamente ameritan solo tres días.
El problema es que también debemos avanzar en solucionar otro problema de fondo: el de las licencias médicas fraudulentas. Desde hace tiempo venimos planteando la necesidad de sancionar penalmente no solo a los facultativos que las entregan, sino también a los que las solicitan sin justificación alguna. Sin embargo, hay que dejar en claro que esa es una práctica limitada a un pequeño grupo de profesionales de la salud. No es cierto que se trate de una acción sistemática. De hecho, investigaciones de la Superintendencia tienen relativamente sindicado y establecido al minoritario grupo que otorga más de una cierta cantidad de licencias, aparentemente fraudulentas. Y digo "aparentemente" porque algunos médicos tienen un "stock" de pacientes que realmente las requieren.
Nosotros siempre hemos sido partidarios de establecer duras sanciones frente a esa situación. Pero asimismo hay otros actores que cometen fraude, aunque a veces no se quiera hablar de ello: las isapres. Estas obtienen más de 15 mil millones de pesos anuales en utilidades modificando y alterando licencias médicas que sí son efectivas, que sí cumplen con todos los requisitos legales y que corresponden a pacientes que realmente están enfermos.
En el pasado hubo denuncias al respecto e incluso "cámaras secretas" que demostraron que dichas instituciones autorizaban solo determinado número de días, independientemente de si eran justificados o no, y que recortaban las licencias en función de ese antecedente.
Por eso, en la Comisión de Salud llegamos a un segundo acuerdo: sancionar a los profesionales que otorgan licencias fraudulentas y, con la misma fuerza, a aquellos que coartan o impiden, por razones económicas, el derecho de un paciente a impetrar tal beneficio.
Todos sabemos que hoy día los institutos de salud previsional gozan de un privilegio especial, atribuible al particular interés que existía por favorecer su desarrollo en los tiempos en que se dictó la legislación respectiva: en Chile son de las pocas entidades que son juez y parte, pues, por un lado, tienen capacidad para cuestionar una licencia médica y, por el otro, para sancionarla. El resto de los chilenos no afiliados a una isapre debe acudir a una COMPIN, que finalmente resuelve.
Dicha facultad ha permitido que muchas de estas entidades hayan hecho un uso indebido de ella, a través de actos fraudulentos que a veces ni siquiera son ejecutados por facultativos, sino por personal no médico (contralores o funcionarios de menor rango), que con un tampón ponen el timbre "Rechazada" a las licencias.
Por eso, como digo, nosotros acordamos tratar de la misma manera el fraude cometido por el médico que otorga una licencia falsa y el fraude en que incurre una institución cuando impide que un paciente que de verdad se halla enfermo haga uso de su derecho a reposo. Y eso nos parece un avance.
Pero con la decisión que se ha tomado se favorecerá una situación aún más dramática para los pacientes, cual es la de que, teniendo derecho a licencia, no recibirán financiamiento por los primeros tres días.
Yo estoy totalmente de acuerdo en terminar con el abuso que se hace de las licencias médicas, incluso de aquellas que se otorgan por más de diez días para permitir el pago de los tres primeros cuando un trabajador tiene completo derecho a ellos. Eso lo considero correcto.
No obstante, nosotros le planteamos tanto al Ministro de Salud del Gobierno de la Presidenta Bachelet, señor Álvaro Erazo, como al actual titular de la Cartera que votaríamos a favor del proyecto si y solo si se restablecía un derecho fundamental para los trabajadores.
Hoy se habla mucho de los trabajadores, de sus derechos y de lo que sucede cuando estos no se respetan. Por tanto, creo que este es el momento oportuno para abordar integralmente tal garantía, de modo que el país haga una opción por los derechos de los trabajadores.
Yo me abstuve en la Comisión de Salud y no daré mi aprobación al proyecto en la Sala mientras no terminen el abuso y la violación de un derecho que hacen de Chile el único país del planeta donde a los trabajadores enfermos que realmente necesitan una licencia médica no se les pagan los tres primeros días de reposo.
Y voy a proceder de esa manera pese a que con el proyecto desaparecerá el resto de los fraudes. Sin embargo, si el problema al cual estoy refiriéndome no fue resuelto durante los Gobiernos de la Presidenta Bachelet y del Presidente Lagos y tampoco se está resolviendo en el actual, persistirá una anomalía que irá en desmedro de los trabajadores más pobres, que son los que sufren más y a quienes mayormente afecta el hecho de que no se paguen los tres primeros días de las licencias. Seguramente para un profesional con ingresos altos o medianos eso no constituye una situación dramática en su vida familiar, pero para un trabajador pobre el pago de esos días resulta tremendamente importante para vivir de una manera digna en condiciones que a veces son muy difíciles.
De ahí que nosotros debiéramos solicitarle al Ministro de Salud, sabiendo que no se trata de un asunto de su entera responsabilidad, por su complejidad, que, de una vez por todas, se resuelva la mencionada anomalía, ya que es de toda justicia que así se haga.
Y, como estamos frente a algo de toda justicia, yo al menos soy partidario de no aprobar el presente proyecto hasta que se plantee una iniciativa integral sobre la materia que aborde el tema planteado.
Sé que conceptualmente la gran mayoría de nosotros está de acuerdo con el proyecto -de hecho, soluciona dos problemas importantes: el fraude que cometen los prestadores de salud y el que cometen las isapres-, pero, si no ponemos algún elemento de presión, no vamos a resolver nunca un problema que tiene que ver con la dignidad, la equidad, la justicia y la salud: que a los trabajadores no se les reconozcan los primeros tres días de una licencia médica, pese a tener derecho a ellos, uno, porque están pagando por su previsión, y dos, porque nadie puede amputarles o mutilarles tal derecho.
Por lo tanto, considero muy importante que ese tema sea puesto en el debate. Sé que el Ministro de Salud no pudo acudir hoy al Senado por razones de fuerza mayor vinculadas a su Cartera, pero a mí me gustaría que hubiera un compromiso del Ejecutivo en el sentido de que esa problemática se va a resolver.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la verdad es que con relación al proyecto en debate tenemos resultados diferentes en la Comisión de Salud y en la de Trabajo y Previsión Social, porque él se refiere a dos temas que se mezclan y confunden.
Fui Superintendenta de Seguridad Social durante cinco años, bajo la Administración del Presidente Ricardo Lagos, y me tocó estudiar, regular y fiscalizar esta materia. Y tanto en ese Gobierno como en el de la Presidenta Bachelet tratamos de abordarla, primero en la reforma al sistema de salud y luego en la reforma previsional. Sin embargo, debo manifestar, con frustración, que en tales oportunidades no tuvimos eco ni en el Parlamento ni en el Ejecutivo.
Quiero explicar brevemente la situación que se genera.
Aquí se confunden el fraude y el abuso, no solo de parte del trabajador, que busca un beneficio, sino también del médico, que se presta para ello; del empleador, que muchas veces se colude, y de la institución de salud previsional -llámese isapre o FONASA-, que, sin fundamento, rechaza la licencia. Y eso se mezcla con los beneficios que puede impetrar el trabajador amparado en el seguro de salud laboral o en el de salud común y en la falta de una adecuada contraloría médica.
Lo anterior se produce porque en nuestro país se confunde el seguro de salud común con el seguro de salud laboral, y el sistema de invalidez permanente con el de invalidez transitoria. Ello redunda en un mecanismo donde el trabajador es tramitado y derivado de una institución a otra, con distintos criterios médicos, distintos plazos y distintos tipos de beneficios.
Debo agregar que en la cotización de 7 por ciento para salud se consideraba, en la época en que se instauró, un 0,6 por ciento para financiar las licencias médicas; hoy día ese porcentaje llega a cerca de 2 por ciento. Y lo pagan todos los cotizantes, incluidos los pensionados. Hay una larga discusión en cuanto a que a estos debería rebajárseles del 7 por ciento al menos esa cifra, destinada a financiar un beneficio al que ellos no pueden acceder.
Digo lo anterior para que quede constancia en la Versión Oficial, pues se refiere a una cuestión que tampoco hemos sido capaces de resolver.
Entonces, señor Presidente, creo que al mezclar los dos temas señalados y no hacernos cargo de una realidad que se ha ido imponiendo en el país (el fraude en el otorgamiento de la licencia médica, con la cual se busca proteger a los trabajadores y, por supuesto, a sus familias) se han confundido los conceptos.
El tema de los tres días de carencia lo estudiamos extensamente en la Superintendencia de Seguridad Social junto con la, en aquella época, Superintendencia de Isapres -hoy, de Salud-, y llegué a la convicción de que tal carencia no constituía un desincentivo al uso de la licencia médica sino más bien un estímulo para que esta se extendiera por más tiempo del necesario.
Sin embargo -también quiero ser clara en esto-, cuando uno revisa las cifras se da cuenta de que no es efectivo que los tres días de carencia sean los que motiven el fraude. Porque en el sector público ella no existe. En el año 2004, el uso de licencia médica era de 19,4 por ciento; en 2009, de casi 46 por ciento. Y no se descuentan, como digo, los tres primeros días.
Por lo tanto, cometeríamos un grave error si confundiéramos la discusión y nos negáramos a mandar una señal clara y categórica al país en orden a que no vamos a permitir más los abusos en esta materia, pues terminan perjudicando a todos los trabajadores, ya que los seguros tienen que destinar cada día mayor cantidad de dinero a financiar las licencias médicas, en desmedro de las prestaciones de salud que podrían otorgárseles a ellos y sus familias.
Señor Presidente, creo necesario legislar y eliminar los tres días de carencia en este ámbito. Porque todo indica, de acuerdo a los estudios que hicimos en su momento, que no cumplen el objetivo de desincentivar el uso de la licencia médica sino que, por el contrario, a la larga prolongan su duración.
Asimismo, tenemos que regular, de una vez por todas, las contralorías médicas y establecer comisiones de dos tipos: unas, que se encarguen de ver las enfermedades comunes y en las que confluyan los administradores del seguro tanto de salud laboral cuanto de salud común, y otras, que tengan como función pronunciarse sobre las invalideces, sean laborales o comunes, permanentes o transitorias.
Además, es menester que las instituciones de salud y de previsión social cuenten con veedores en tales comisiones, a fin de uniformar criterios de norte a sur en el país; que los trabajadores tengan voz en ellas y estén debidamente representados, y que, en definitiva, se vayan sentando las bases de un sistema correcto en materia de seguridad social.
También se deben dictar protocolos médicos. Sabemos que hay enfermos y no enfermedades, pero han de existir criterios mínimos que permitan establecer condiciones razonables para nivelar la situación de las enfermedades y los trabajadores.
Señor Presidente, el problema del otorgamiento de licencias médicas se ha discutido extensamente en el país. Y, tal como señaló el Senador Girardi, son pocos los profesionales que abusan del sistema. En la época a que aludí los llegamos a llamar "Los 12 apóstoles", porque se trataba de un grupo muy reducido que alcanzaba a ese número. Los sindicamos con nombres y apellidos, RUT incluidos; pero no pudimos perseguirlos porque la sanción que establece la legislación es insuficiente. De modo que siguen abusando del poder que ostentan y que al final se traduce en la extensión de un cheque con cargo a los fondos de todos los trabajadores y del Estado.
En ese sentido -insisto-, debemos mandar una señal clara en la discusión general del proyecto, y comprometer al Gobierno en la discusión particular para recabar los estudios que ya existen; profundizarlos si fuera necesario; presionar para que el Estado cree, en definitiva, el Registro Nacional de Licencias Médicas en FONASA (las isapres ya lo implementaron), y de esa manera se empiece a automatizar, a transparentar, a compartir información que posibilite sancionar, no ya a los 12 médicos a que me referí, sino a los más de 50 que actualmente abusan del sistema y perjudican al resto de la población.
Tenemos que hacer un esfuerzo y no perdernos en esta discusión. Y, si es necesario darnos tiempo para acercar posiciones, vale la pena hacerlo. Pero -repito- no podemos perder la oportunidad de mandar un mensaje nítido a los profesionales que han abusado del sistema y perjudicado a otros con su comportamiento.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.


El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, como expresaron los colegas que me precedieron en el uso de la palabra, esta iniciativa tiene por finalidad esencial fijar circunstancias, condiciones y regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento y uso correcto de la licencia médica a través de medidas de control, de fiscalización y sanciones, ya sea administrativas o penales, respecto de las conductas fraudulentas. Porque el actual marco regulatorio no ha sido suficiente para impedir los fraudes que se cometen y que no corresponden a lo que realmente ocurre.
La licencia médica es un beneficio que se concede a los trabajadores para ausentarse de su lugar de trabajo o para reducir su jornada laboral a cambio de un subsidio.
En la Comisión de Trabajo y Previsión Social, después de analizar el proyecto, le dimos nuestra aprobación porque nos hizo mucha fuerza lo que se nos informó: que en la ciudad de Valparaíso se había detectado que alrededor de un tercio de las licencias médicas que se emiten son fraudulentas.
Lo anterior significa que ellas dicen relación a un beneficiario que no es un trabajador propiamente tal, a licencias presentadas para evitar un despido laboral, a empresas falsas o de papel, e incluso a personas que están cumpliendo condenas privativas de libertad.
Más todavía, en el mismo informe se señala que el fraude detectado en los muestreos alcanzaba la suma de 6 mil millones de pesos. Es una cantidad muy elevada que como legisladores no nos puede dejar indiferentes. No podemos ser indiferentes ante los ilícitos o los fraudes cometidos de manera manifiesta.
La Comisión de Salud votó en contra del proyecto, porque este no aborda lo relativo al mecanismo de los tres días de carencia que actualmente contempla nuestra legislación. Yo estoy de acuerdo con lo señalado por sus integrantes, y considero que debería eliminarse la falta de cobertura de esos días, que son deducibles. Pero ese es un tema que corresponde a otra iniciativa legal.
Creo que no es dable buscar como justificación la carencia de los tres días para paralizar un proyecto que reviste mucha importancia, que ataca el fraude que se está cometiendo con las licencias médicas.
Teniendo presente lo anterior, la iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Trabajo, porque sus cinco integrantes coincidimos en que la supresión de los tres días de carencia debe hacerse a través de un proyecto que envíe el Ejecutivo, que resuelva el problema. Sin embargo, dicho aspecto tampoco es tan fundamental, ya que también se nos entregó un informe que indica que el 30 por ciento de los trabajadores del país hace uso efectivo de esos días.
En todo caso, señor Presidente, votaré a favor de la iniciativa por las razones que señalé y porque creo, con suma certeza, que la carencia de los tres días debe solucionarse por medio de otro mecanismo legal, a través de un proyecto que satisfaga realmente lo que está ocurriendo en la práctica. Porque los funcionarios públicos no tienen esa carencia, y algunos trabajadores del sector privado la negocian colectivamente.
Sin embargo, un número significativo de personas podrían verse perjudicadas con los tres días de carencia. Y, en consecuencia, habría que legislar en favor de ellas; pero en ningún caso paralizar la tramitación del proyecto en debate o votarlo en contra.
He dicho.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Quiero aprovechar la oportunidad de saludar a una delegación del adulto mayor que se halla en las tribunas de visita, perteneciente a la comuna de Recoleta.
¡Muchas felicidades!
--(Aplausos en tribunas).
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.


El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, el proyecto de ley sometido hoy día a nuestra consideración establece claramente el derecho a utilizar licencias médicas para hacer frente a incapacidades transitorias por motivos de salud que afecten al trabajador.
Sin embargo, también se refiere al considerable aumento del uso de ellas y a las prácticas, a veces sistemáticas, para defraudar el sistema; asimismo, establece las instancias para sancionar o ponerle atajo a ese tipo de conductas.
Es importante plantear aquello porque en esta discusión parlamentaria se han mencionado algunos asuntos que precisan ser analizados.
Lo relativo a la eliminación de los tres días de carencia, por supuesto que es necesario abordar. La Comisión de Salud se lo planteó al Ministro del ramo, y este se abrió a la discusión. Se elaboró un primer informe y él le solicitó a los Senadores de la Concertación que integran el referido órgano técnico un poco de tiempo para presentar un proyecto, comprometiendo la voluntad del Gobierno en orden a incorporar ese aspecto, porque está consciente de que los tres días de carencia son un incentivo perverso para el sistema.
Ahora bien, dichos parlamentarios pidieron que aquello se agregara en este proyecto de ley. De lo contrario, no lo votarían.
Este es un tema complejo ya que se contradice con la voluntad que han tenido los Senadores de la Concertación y el Senador independiente miembro de la Comisión de Trabajo. Por ello, deseo agradecer particularmente la disposición de los Senadores señora Rincón y señores Pedro Muñoz y Carlos Bianchi, quienes han posibilitado darle curso a la presente iniciativa legal, que justamente apunta a terminar con estos abusos.
¡Pero si no es un tema menor! ¡Son 700 millones de dólares! El 10 por ciento del gasto público en salud está destinado a cubrir el pago de ese tipo de licencias médicas.
El asunto es problemático.
En el día de hoy, con el Senador señor Patricio Walker, participamos en una Comisión. Ahí el representante de un servicio público sostenía que solo en el mes de julio, de una planta de 750 funcionarios, más de 500 -escuchen: ¡más de 500!- hicieron uso de licencias médicas.
El señor ORPIS.- ¿Cuál es la entidad?
El señor CHAHUÁN.- Básicamente, DIPRECA.
La señora MATTHEI.- ¡Enfermos de flojos!
El señor CHAHUÁN.- Es una materia compleja.
No es posible que de 700 funcionarios se hayan enfermado 500 en un solo mes.
¡Eso es lo que plantea la discusión de fondo!
Cabe señalar que el 72 por ciento de las licencias corresponden al sistema estatal; el 70 por ciento, a la Caja de Compensación, y el 30 por ciento, a la COMPIN.
Nadie pone en duda el derecho que tienen los trabajadores a enfermarse y, por tanto, a hacer uso de licencia. Pero también es justo sostener que es necesario abordar la problemática cuando se cometen abusos.
Además, las licencias médicas se pagan con el 7 por ciento de descuento en salud de los trabajadores chilenos: por cada día de licencia obtenida irregularmente son seis días de aporte de un funcionario que no gozó de ese beneficio.
¡Esas son las cuestiones de fondo!
Aparte de ello, es preciso poner en el tapete de la discusión un asunto por el cual hemos estado trabajando durante largo tiempo. Llevamos más de cinco años hablando de él, y espero que mi Gobierno pueda darle solución. Me refiero a la eliminación del 7 por ciento de descuento en salud de los pensionados.
¡Este es otro tema de fondo!
Y tengo confianza en que mi Gobierno va a cumplir la palabra empeñada.
Tal como lo dijo la Senadora señora Rincón, el 0,6 por ciento del 7 por ciento se destinaba al pago de licencias. Hoy día vamos en el 2 por ciento. Debido a esto recurrimos a la Contraloría General de la República, porque consideramos además que era inconstitucional e ilegal que a los pensionados, a los adultos mayores, se les descontara dinero para el pago de licencias médicas, de las cuales no hacían uso.
Dicho punto se encuentra en estudio en el organismo contralor.
Por consiguiente, estamos en presencia de un proyecto importante.
Primero, otorga facultades a la COMPIN para citar a los profesionales que emiten licencias médicas, con el fin de requerir información al respecto.
Segundo, el Ministerio de Salud dispondrá de atribuciones para concentrar la tramitación de licencias y las acciones en una o más COMPIN.
Tercero, establece sanciones administrativas, que van desde la multa hasta la suspensión de la facultad para emitir licencias, respecto de los profesionales que entreguen licencias que no tengan fundamento médico.
Cuarto, consagra un tipo penal específico para ciertas conductas relacionadas con la licencia médica, independiente de las figuras penales comunes de falsedad y fraude con instrumentos públicos y privados existentes en nuestra legislación.
Además de lo anterior, se contemplan sanciones penales para quien incurra en falsedad en el otorgamiento de licencias médicas y en las declaraciones de invalidez, o respecto de cualquiera de los antecedentes esenciales que las justifiquen, y para el que haga uso malicioso de ellas. Más aún, se establece que el profesional será solidariamente responsable -¡solidariamente responsable!- de la devolución de todas las prestaciones pecuniarias que reciba un trabajador que haya hecho uso de una licencia médica falsa.
Vale decir, se pretende poner atajo a un problema de fondo.
Por otro lado, se crea el Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral.
Esto no significa una persecución hacia los trabajadores. Por el contrario, aquí se consignan todas y cada una de las facultades para que ellos puedan hacer uso de licencias médicas. Pero también es necesario poner atajo a una situación bastante compleja que irroga al Estado gastos por miles de millones de pesos, en perjuicio de aquellos trabajadores responsables que no incurren en ese tipo de abusos.
En consecuencia, señor Presidente, sin perjuicio de que sostenemos que los tres días de carencia constituyen un problema frente al cual es preciso iniciar acciones -existe un compromiso del Ministro de Salud, que estoy convencido de que se va a cumplir en la "ley corta" de isapres-, la eliminación del 7 por ciento de descuento en salud es un tema respecto del cual mi Gobierno va a cumplir su palabra. Pero además hay un asunto de fondo que no podemos soslayar por más tiempo: los abusos en el sistema.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.


La señora MATTHEI.- Señor Presidente, me he alegrado mucho; hubo muy buenos discursos, y, en general, suscribo lo manifestado recién por el Honorable señor Chahuán, así como también lo expresado por los Senadores señor Muñoz y señora Rincón.
Por lo tanto, no repetiré varias de las cifras que ellos dieron.
Solo quiero señalar, por ejemplo, que el número de licencias médicas tramitadas en 2004 fue de 1 millón 400 mil, y en 2009, se emitieron 3 millones 500 mil. Es decir, estas aumentaron 250 por ciento entre esos años.
En 2004, cuando se concedieron nada más que 1 millón 400 mil licencias, también existía la carencia de tres días. Así que no me vengan a decir que estas se están entregando en exceso por esa razón.
Lo que sucedió es que se generalizó el fraude. Este se ha convertido en una verdadera industria en la que participan personas que arman empresas inexistentes; médicos que entregan licencias sin siquiera ver al paciente, aunque obviamente cobran por la consulta, y gente que "tira" una licencia -porque ese es el término que usan-, por ejemplo, cuando pierde el empleo. Lo más común es que si alguien es cesado o le dan aviso de despido de inmediato tira licencia, que a veces se extienden hasta por 6 meses. Y todas son fraudulentas.
Entonces, no vengamos a confundir la cobertura de los tres días con el problema de las licencias fraudulentas. Porque con el mismo número de días de carencia que existía hace cinco años la cantidad de licencias aumentó 250 por ciento. En 1999, por dicho concepto, se pagaron 61 mil millones de pesos, y en 2009 -solo 10 años después-, 343 mil millones. Es decir, en el período señalado, el monto aumentó más o menos en 500 por ciento.
Acá se ha generado una industria. Por ejemplo, el señor Ministro de Salud nos contaba que a una doctora de Rancagua, a quien justamente le habían dado licencia médica, dejó una tremenda cantidad de talonarios firmados antes de ausentarse de su consulta. Y se entregaron 174 licencias, ¡mientras ella estaba con licencia! Esa acción no más le costó al Fisco 100 millones de pesos.
Entonces, señor Presidente, cuando uno ve que estamos perdiendo el equivalente a la construcción de al menos un hospital por año debido a licencias falsas -porque en este momento se estima que 30 por ciento de las pagadas son fraudulentas, que no debieran haberse pagado-, en verdad, tal conducta ya tiene carácter de catástrofe. Por lo tanto, hay que hacerle frente con energía.
Ahora, el problema de los abusos contra el Fisco se está generalizando no solo en el sector salud. Y me parece que en algún minuto deberemos resolver eso.
Recuerdo, por ejemplo, que en la Comisión de Hacienda nos preocupaba que las microempresas no pudieran capacitar a sus trabajadores en el SENCE ya que el 1 por ciento de las remuneraciones que les pagan es muy poquito. Por consiguiente, vimos una ley especial en virtud de la cual se podía entregar cerca de 200 mil pesos por empleado a las microempresas.
Sin embargo, prácticamente todo fue un fraude.
Señores con maletines salían a buscar a los campos personas que tuvieran un rut; les pagaban dos meses de cotizaciones; las hacían aparecer tomando un curso de computación, en circunstancias de que muchas veces esa gente vivía en zonas donde ni siquiera había luz eléctrica, y después cobraban 200 mil pesos.
El fraude al Fisco hoy se halla absolutamente generalizado en Chile. Por desgracia, las licencias médicas falsas son uno de los problemas más graves que estamos enfrentando.
Si alguien me preguntara si estoy dispuesta a legislar para terminar con la carencia de los tres días, le diría, sin duda, que sí.
Pero, en primer término, en el sector fiscal esa carencia no existe. Sin embargo -como señalaba la Senadora Rincón-, a pesar de ello, en los servicios estatales, desde 2004 a 2009, el porcentaje de licencias tramitadas se elevó de 19,4 a 45,4. Es decir, en ese sector el fraude se ha extendido en forma absolutamente desvergonzada. Por lo tanto, es preciso poner coto a esta irregularidad.
En segundo lugar, las grandes empresas, generalmente vía convenios colectivos, pagan los tres primeros días a los trabajadores cuando se enferman. Y el Ministro de Salud sostuvo que no tenía por qué hacerse cargo el Fisco de un monto que hoy pagan aquellas.
Si hoy las grandes empresas están pagando los tres primeros días de licencia, por qué tendría que hacerlo el Fisco ahora.
No obstante, empezar a ver qué empresas no pagan esos días, cómo las caracterizamos y cómo tramitar una normativa para que el Fisco no gaste dinero en exceso es algo que toma tiempo.
Por desgracia, eso no se entendió en la Comisión de Salud.
Ahora, recuerdo que muchos personeros de los Gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet querían este proyecto de ley. Pero su tramitación se suspendió una y otra vez, en general, en la Comisión de Salud.
Me alegro mucho de que esta vez haya pasado a la de Trabajo; de que esta lo aprobara y de que se someta ahora a votación en la Sala. Porque, en realidad, el asunto de los tres días carece de toda importancia al momento de legislar sobre esta materia, que tiene que ver lisa y llanamente con un fraude.
En este caso, el problema no es que a alguien le hayan dado licencia por diez días cuando merecía siete, sino que la persona inventó una enfermedad. Muchas veces se trata de un trabajador que no era tal, de una empresa que no existía y de un médico que nunca lo atendió.
De eso estamos hablando.
Hoy, el 30 por ciento de las licencias médicas pagadas son fraudulentas. Es mucho -¡demasiado!- dinero: 210 millones de dólares que gastamos en "frescura" en vez de invertirlos en medicina, en atención a la gente.
Por lo tanto, esta situación merece que legislemos sobre el particular, y que después veamos, en la medida de lo posible, si lo hacemos respecto de los tres días de carencia.
Señor Presidente, estoy absolutamente de acuerdo con institucionalizar las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez; con establecer reglas claras para que las distintas COMPIN a lo largo de Chile tengan los mismos criterios.
Asimismo, concuerdo plenamente en cuanto a que haya una fuerte sanción a las isapres que rechacen licencias médicas válidas. En el fondo, uno debe ser contrario al fraude de uno y otro lado.
Por lo demás, en la medida que se persiga a los médicos y a los pacientes que usufructúan de licencias falsas, lo más probable es que las isapres no hagan mayor cuestión de las licencias, pues en el fondo van a tener mayor garantía de que son verdaderas.
Considero que este tema es de la mayor relevancia. No es admisible que estemos gastando plata en "frescos" en lugar de invertirla en dar buena atención de salud.
Espero que este proyecto se apruebe con la mayor cantidad de votos posible y que podamos perfeccionarlo. Porque si bien sus ideas son muy buenas, la verdad es que presenta numerosos problemas en la redacción.
Asimismo, solicito que esta iniciativa sea analizada en el segundo informe por las Comisiones de Trabajo y de Salud unidas. Porque está claro que hubo una diferencia de opinión entre ambas. Entonces, sería una completa pérdida de tiempo que primero la estudiara la de Salud, que rechazó la idea de legislar, y después la de Trabajo, que la aprobó. Si se acepta lo que digo, no desperdiciaremos el tiempo y podremos tratar de aunar opiniones.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi para plantear un asunto reglamentario.


El señor GIRARDI.- Señor Presidente, solicito segunda discusión, para ver la posibilidad de que el Ministro de Salud esté presente durante la discusión general.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- El proyecto quedará para segunda discusión una vez terminada la primera.
En la primera discusión, tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, las cifras son bastante elocuentes.
Hoy, en la Comisión de Defensa, durante la tramitación del proyecto que aumenta la dotación de Carabineros, escuchamos al Director de DIPRECA. Y quedamos impresionados con lo que nos dijo: en esa Dirección, ¡500 de 750 trabajadores hicieron uso de licencias médicas durante el mes de julio!
Miremos las cifras, señor Presidente.
Por ejemplo, 700 millones de dólares se utilizan para pagar el subsidio por uso de licencias médicas; es decir, diez por ciento del gasto público en salud.
La Senadora Matthei nos habló de 210 millones de dólares (cantidad importante) por uso fraudulento de licencias médicas.
La Senadora Rincón nos señaló que 2 por ciento del 7 por ciento de las cotizaciones para salud, incluidas las de los jubilados, va al pago del subsidio por uso de licencias médicas.
El Senador Chahuán nos indicó que por cada día de licencia hay 6 días aportados por los trabajadores.
¡Las cifras son brutales!
Lamentablemente, debemos reconocer que se han ido masificando y generalizando el fraude, el engaño, con perjuicio para muchas personas que aportan para que el beneficio en comento sea financiado.
¿Quién paga? "Paga moya": todos los trabajadores, todos los chilenos. Y se trata de platas que bien podrían destinarse a financiar mejores planes de salud.
¡Un millón y medio de licencias médicas en el sector público en 2004! ¡Más de 3 millones y medio en 2009!
Realmente, ¡esto no da para más!
De 19 a 45 por ciento ha aumentado el uso de las licencias médicas en el sector público, y -todos sabemos- un porcentaje importante, a base del abuso, el engaño, la mentira, donde son cómplices los trabajadores, los médicos y un sistema que no funciona.
Este proyecto, que fue enviado por el Gobierno de la Presidenta Bachelet -y tiene razón la Honorable señora Matthei cuando dice que existía voluntad para legislar, para avanzar; pero todos sabemos lo que pasó-, debe ser aprobado en los términos propuestos por la Comisión de Trabajo.
Debemos modificar la ley vigente, porque resulta inadmisible que no se paguen los 3 primeros días cuando hay una licencia médica por menos de 10.
Es necesario sancionar a los médicos que se niegan injustificadamente a otorgar una licencia y ver la cuestión de las isapres.
Está bien, señor Presidente. Pero no por no tener resueltos esos puntos en esta iniciativa vamos a dejar de solucionar un problema grueso que hoy nos aqueja.
Las sanciones son débiles; el costo para el infractor resulta muy bajo. Por eso se incentivan las malas prácticas y se desincentivan la honestidad, la verdad y la correcta utilización de las licencias.
Aquí faltan, señor Presidente, ¡garrote!, ¡sanciones que tengan costos!, ¡que no dé lo mismo actuar con honestidad que abusar de las licencias médicas!
Debe haber un castigo que duela en materia administrativa, en materia penal, con más controles y mayor fiscalización. Eso es lo que en definitiva propone la iniciativa en debate, a raíz del uso fraudulento o del mal uso que se hace de las licencias médicas.
Dicen por ahí que "la ocasión hace al ladrón". Ojalá todos fuéramos virtuosos y que ese dicho no tuviera correlato en la realidad. Pero, lamentablemente, hoy la realidad está demostrando que la débil ley vigente, la falta de fiscalización, la carencia de sanciones efectivas, la falta de garrote están provocando que el engaño y el abuso se generalicen en el país.
Por eso, en lo personal, votaré a favor de lo aprobado por la Comisión de Trabajo y en contra de la recomendación que nos hizo la de Salud.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- No hay más oradores inscritos en la primera discusión.
El proyecto queda para segunda discusión, la que tendrá lugar en la semana subsiguiente.