MEDIDAS PARA CORRECTO OTORGAMIENTO Y USO DE LICENCIAS MÉDICAS

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la verdad es que con relación al proyecto en debate tenemos resultados diferentes en la Comisión de Salud y en la de Trabajo y Previsión Social, porque él se refiere a dos temas que se mezclan y confunden.

Fui Superintendenta de Seguridad Social durante cinco años, bajo la Administración del Presidente Ricardo Lagos, y me tocó estudiar, regular y fiscalizar esta materia. Y tanto en ese Gobierno como en el de la Presidenta Bachelet tratamos de abordarla, primero en la reforma al sistema de salud y luego en la reforma previsional. Sin embargo, debo manifestar, con frustración, que en tales oportunidades no tuvimos eco ni en el Parlamento ni en el Ejecutivo.

Quiero explicar brevemente la situación que se genera.

Aquí se confunden el fraude y el abuso, no solo de parte del trabajador, que busca un beneficio, sino también del médico, que se presta para ello; del empleador, que muchas veces se colude, y de la institución de salud previsional -llámese isapre o FONASA-, que, sin fundamento, rechaza la licencia. Y eso se mezcla con los beneficios que puede impetrar el trabajador amparado en el seguro de salud laboral o en el de salud común y en la falta de una adecuada contraloría médica.

Lo anterior se produce porque en nuestro país se confunde el seguro de salud común con el seguro de salud laboral, y el sistema de invalidez permanente con el de invalidez transitoria. Ello redunda en un mecanismo donde el trabajador es tramitado y derivado de una institución a otra, con distintos criterios médicos, distintos plazos y distintos tipos de beneficios.

Debo agregar que en la cotización de 7 por ciento para salud se consideraba, en la época en que se instauró, un 0,6 por ciento para financiar las licencias médicas; hoy día ese porcentaje llega a cerca de 2 por ciento. Y lo pagan todos los cotizantes, incluidos los pensionados. Hay una larga discusión en cuanto a que a estos debería rebajárseles del 7 por ciento al menos esa cifra, destinada a financiar un beneficio al que ellos no pueden acceder.

Digo lo anterior para que quede constancia en la Versión Oficial, pues se refiere a una cuestión que tampoco hemos sido capaces de resolver.

Entonces, señor Presidente, creo que al mezclar los dos temas señalados y no hacernos cargo de una realidad que se ha ido imponiendo en el país (el fraude en el otorgamiento de la licencia médica, con la cual se busca proteger a los trabajadores y, por supuesto, a sus familias) se han confundido los conceptos.

El tema de los tres días de carencia lo estudiamos extensamente en la Superintendencia de Seguridad Social junto con la, en aquella época, Superintendencia de Isapres -hoy, de Salud-, y llegué a la convicción de que tal carencia no constituía un desincentivo al uso de la licencia médica sino más bien un estímulo para que esta se extendiera por más tiempo del necesario.

Sin embargo -también quiero ser clara en esto-, cuando uno revisa las cifras se da cuenta de que no es efectivo que los tres días de carencia sean los que motiven el fraude. Porque en el sector público ella no existe. En el año 2004, el uso de licencia médica era de 19,4 por ciento; en 2009, de casi 46 por ciento. Y no se descuentan, como digo, los tres primeros días.

Por lo tanto, cometeríamos un grave error si confundiéramos la discusión y nos negáramos a mandar una señal clara y categórica al país en orden a que no vamos a permitir más los abusos en esta materia, pues terminan perjudicando a todos los trabajadores, ya que los seguros tienen que destinar cada día mayor cantidad de dinero a financiar las licencias médicas, en desmedro de las prestaciones de salud que podrían otorgárseles a ellos y sus familias.

Señor Presidente, creo necesario legislar y eliminar los tres días de carencia en este ámbito. Porque todo indica, de acuerdo a los estudios que hicimos en su momento, que no cumplen el objetivo de desincentivar el uso de la licencia médica sino que, por el contrario, a la larga prolongan su duración.

Asimismo, tenemos que regular, de una vez por todas, las contralorías médicas y establecer comisiones de dos tipos: unas, que se encarguen de ver las enfermedades comunes y en las que confluyan los administradores del seguro tanto de salud laboral cuanto de salud común, y otras, que tengan como función pronunciarse sobre las invalideces, sean laborales o comunes, permanentes o transitorias.

Además, es menester que las instituciones de salud y de previsión social cuenten con veedores en tales comisiones, a fin de uniformar criterios de norte a sur en el país; que los trabajadores tengan voz en ellas y estén debidamente representados, y que, en definitiva, se vayan sentando las bases de un sistema correcto en materia de seguridad social.

También se deben dictar protocolos médicos. Sabemos que hay enfermos y no enfermedades, pero han de existir criterios mínimos que permitan establecer condiciones razonables para nivelar la situación de las enfermedades y los trabajadores.

Señor Presidente, el problema del otorgamiento de licencias médicas se ha discutido extensamente en el país. Y, tal como señaló el Senador Girardi, son pocos los profesionales que abusan del sistema. En la época a que aludí los llegamos a llamar "Los 12 apóstoles", porque se trataba de un grupo muy reducido que alcanzaba a ese número. Los sindicamos con nombres y apellidos, RUT incluidos; pero no pudimos perseguirlos porque la sanción que establece la legislación es insuficiente. De modo que siguen abusando del poder que ostentan y que al final se traduce en la extensión de un cheque con cargo a los fondos de todos los trabajadores y del Estado.

En ese sentido -insisto-, debemos mandar una señal clara en la discusión general del proyecto, y comprometer al Gobierno en la discusión particular para recabar los estudios que ya existen; profundizarlos si fuera necesario; presionar para que el Estado cree, en definitiva, el Registro Nacional de Licencias Médicas en FONASA (las isapres ya lo implementaron), y de esa manera se empiece a automatizar, a transparentar, a compartir información que posibilite sancionar, no ya a los 12 médicos a que me referí, sino a los más de 50 que actualmente abusan del sistema y perjudican al resto de la población.

Tenemos que hacer un esfuerzo y no perdernos en esta discusión. Y, si es necesario darnos tiempo para acercar posiciones, vale la pena hacerlo. Pero -repito- no podemos perder la oportunidad de mandar un mensaje nítido a los profesionales que han abusado del sistema y perjudicado a otros con su comportamiento.