MODIFICACIONES A TRIBUTACIÓN ESPECÍFICA DE ACTIVIDAD MINERA
El señor PIZARRO (Presidente).- En seguida, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce enmiendas a la tributación específica de la actividad minera, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7170-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 55ª, en 28 de septiembre de 2010.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 59ª, en 12 de octubre de 2010.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Los objetivos principales de la iniciativa son sustituir el artículo 64 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que establece el impuesto específico a la renta operacional de la actividad minera; agregar un artículo nuevo que regule la renta imponible operacional minera, y por último, crear el Fondo de Inversión y Reconversión Regional, cuyos recursos se destinarán al financiamiento de obras de desarrollo de los gobiernos regionales y municipales del país.
La Comisión de Hacienda discutió el proyecto tanto en general cuanto en particular, y le dio aprobación por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señora Matthei y señores Escalona, García, Lagos y Andrés Zaldívar, realizando diversas enmiendas al texto de la Cámara de Diputados.
Cabe tener presente que hace unos instantes la Comisión aprobó una nueva indicación del Ejecutivo para enmendar desde el literal i) al x) de la letra c) del artículo 64 bis, la cual también fue acogida en forma unánime por sus miembros, Honorables señora Matthei y señores Escalona, Frei, García y Lagos.
Corresponde señalar que en el informe se deja constancia del Protocolo que recoge los acuerdos alcanzados en relación con esta iniciativa, que fue suscrito por los miembros de la Comisión de Hacienda y por los representantes del Ejecutivo.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que consigna los resultados de la tramitación del presente proyecto.
Por último, debo comunicar que ha llegado a la Mesa una indicación del Vicepresidente del Senado, Honorable señor Gómez, que propone introducir ciertas palabras en el inciso segundo del artículo 6° transitorio.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general la iniciativa.
Hay varias solicitudes para intervenir.
Recuerdo a Sus Señorías que la "discusión inmediata" obliga a despachar el proyecto el día de hoy.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, de nuevo el Senado está discutiendo la iniciativa -ya tratada en la Comisión de Hacienda- relacionada con el denominado "royalty" o, más propiamente, impuesto específico a la minería del cobre.
Hace algún tiempo analizamos esta materia, pero fue imposible llegar a acuerdo entre las partes. En esa oportunidad, la Oposición hizo ver al Gobierno que el asunto no debía incluirse en el proyecto destinado a financiar la reconstrucción, si bien se proponían recursos para ese efecto; y sostuvo, además, que era necesario abordarlo en otra iniciativa.
Así, en definitiva, llegamos a esta situación.
Yo preguntaría: ¿valieron la pena nuestros planteamientos frente a la propuesta de royalty que en ese tiempo hizo el Gobierno? Mi respuesta, indiscutiblemente, es sí.
Y veamos por qué.
El proyecto primitivo establecía un impuesto específico a la minería de entre 4 y 9 por ciento por dos años. Luego se agregó un tercer año. En el Senado se nos dijo que tal tributo rendiría 600 millones de dólares en dos años, y que si se ampliaba a tres podría bordear los mil millones de la misma moneda.
¿Qué sucede con la iniciativa en análisis, después de la negociación que hubo al respecto?
De acuerdo con los cálculos que se entregaron, se podría disponer, una vez aprobado el proyecto, de mil millones de dólares, en el entendido de que la aplicación del impuesto, por el período que comprende los años tributarios 2010, 2011 y 2012, va a superar los mil 500 millones de dólares.
Es un hecho positivo -lo cual nos parece bien- que el aporte no sea de mil millones, sino superior a los mil 500 millones de dólares.
El Gobierno ofreció entregar en esa oportunidad 150 millones de dólares por tres años en favor de todas las Regiones; es decir, 25 por ciento del rendimiento estimado de 600 millones.
En virtud de la negociación realizada con el Ministro de Hacienda y el Gobierno, se logró que a las Regiones se les destinen 400 millones de dólares en cuatro años, a través de un fondo del cual participarán en un tercio las Regiones mineras, correspondiendo los otros dos tercios a todas las Regiones, incluidas las mineras.
Es realmente importante lo que se ha conseguido, ya que desde hace muchos años todas ellas vienen reclamando parte de la tributación del cobre en su favor, dados los efectos que les genera la explotación de los yacimientos.
Un sistema similar funcionó en los años 60. Pero luego se suprimió en los años 70.
Por lo tanto, creemos que lo alcanzado significa para las Regiones recuperar algo que les pertenece.
Sin embargo, es preciso destacar que, más allá de los cuatro años en que se les aplicará ese fondo para financiar proyectos productivos, se va a establecer -así lo ha comprometido el Ministro de Hacienda- un fondo permanente en beneficio de ellas. La idea es que en las correspondientes Leyes de Presupuestos pueda incluirse ese aporte.
En mi concepto, en la negociación conseguimos también un gran avance. El Gobierno había propuesto una escala que transitaba del 5 al 9 por ciento. Se ha logrado establecer una escala que comienza en 5 y llega hasta 14 por ciento, dependiendo del margen operacional, que parte de una base de 35 por ciento.
Eso significa que, si esta escala de tasas se aplicara hoy con un margen operacional calculado en 65 por ciento, la tasa de impuesto específico ascendería a 9,7 por ciento, es decir, el doble de lo propuesto originalmente, que era de 5 por ciento.
Conforme a lo que comprometimos, esta escala se aplicará a todos los proyectos nuevos de la minería. De no aprobarse esta iniciativa, a estos no se les podría imponer una escala mayor al 4 por ciento. Por tanto, todos los proyectos iniciados o que se inicien a contar del 30 de agosto de 2010 van a quedar afectos a la nueva escala de entre 5 y 14 por ciento.
En el caso de los proyectos en operación a dicha fecha, la mencionada escala se aplicará desde el año 2017. Su mayor rendimiento reportará anualmente una mayor recaudación del orden de 500 millones de dólares, tomando como precio promedio el de los últimos cinco años.
Quiero hacer notar que el acuerdo alcanzado producirá un rendimiento igual al obtenido por la importante reforma tributaria que aprobamos en 1991. Es lo que va a implicar para el erario la aprobación de esta nueva escala a partir del año 2017.
¿Qué significaría no aprobar este proyecto de ley? Que seguiríamos aplicando la tasa de 4 por ciento, desde 2017, y no la que hemos explicado antes, de aproximadamente el doble, pues bordearía el 10 por ciento, tomando como referencia el precio promedio del cobre este año.
Reitero: si se rechazara esta nueva escala, todos los proyectos nuevos tributarían un impuesto específico de solo 4 por ciento y no una tasa como la señalada con anterioridad, de casi un 10 por ciento.
Si se aprobara la referida escala, Chile tendría una carga tributaria de impuesto específico próxima al 41 por ciento, menor -aunque casi equivalente- a la de Estados Unidos y cercana a la de Canadá; mayor que la de Australia, que bordea el 35 por ciento, y superior a las de Perú, Brasil y Argentina, cuyas cargas fluctúan entre un 35 y un 38 por ciento.
Lo anterior quiere decir que contaremos con una carga tributaria promedio que a Chile le permitirá competir en materia de inversiones mineras sin correr riesgos por la menor tributación que exista en otras naciones.
Respecto a la invariabilidad, desde un comienzo nuestras bancadas sostuvieron que no estaban de acuerdo en aprobarla. Y le solicitaron al Ejecutivo ponerle término.
El Gobierno propuso en el proyecto otorgar una invariabilidad de 8 años a cambio de que las empresas mineras aceptaran pagar una mayor tasa del 5 al 9 por ciento durante 3 años.
Por la negociación, ese plazo se rebajó de 8 a 6 años.
¿Por qué aceptamos esa reducción si dijimos que no estábamos de acuerdo con la invariabilidad?
En primer término, porque en realidad las empresas no tendrán 6 años más de invariabilidad, puesto que deberán renunciar a ella durante 2010, 2011 y 2012. O sea, habrá tres años menos de invariabilidad y, con ello -como manifesté-, será posible obtener una tributación de 1.500 millones de dólares adicionales.
Y en segundo lugar porque, al establecerse una escala de tributación que varía de 5 a 14 por ciento, la invariabilidad no llegará a revestir tanta importancia como antes para el país -aunque la tiene muchas veces para los inversionistas-. ¿Por qué? Porque esa escala, con una carga tributaria de casi 41 por ciento, puede alcanzar una larga permanencia en el tiempo y seguramente no será necesario introducirle modificaciones durante un período prolongado.
Creo, sinceramente, que pudimos transar en la invariabilidad gracias a un acuerdo adicional que suscribimos en el sentido de crear una comisión de alto nivel para proponer una modernización del decreto ley Nº 600. Es necesario efectuar esta modificación porque el escenario del Chile actual no es el de hace 30 años, cuando se dictó esa normativa legal. Hoy tenemos más de 50 tratados de libre comercio; tratados de libre tributación con más de una veintena de naciones; tratados de protección de inversiones con los cuales estamos comprometidos. El país posee estabilidad política. Podemos dictar un nuevo estatuto que permita tanto garantizar los intereses nacionales como hacer atractiva la inversión hacia nuestra actividad minera y hacia nuestra actividad productiva en general.
Tales fueron las razones por las cuales logramos un acuerdo, el cual presenta, en nuestra opinión, aspectos muy favorables. De partida, ha permitido al Gobierno y la Oposición obtener como resultado un mayor incremento de recursos para el país y para las Regiones; una escala de tasas razonable y aceptable dentro de la economía global, y la posibilidad de contar con un nuevo estatuto de inversión extranjera que, como acabo de señalar, proteja los intereses de Chile y de los inversionistas.
Por esas razones, vamos a votar a favor el proyecto.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor WALKER (don Patricio).- ¡Insolente!
El señor PIZARRO (Presidente).- Hago presente a las personas apostadas en tribunas que está prohibido realizar cualquier manifestación. La semana pasada tuve que desalojarlas, y ahora volveré a hacerlo a la primera interrupción que haya.
Tampoco voy a aceptar ningún tipo de insulto a quienquiera que esté haciendo uso de la palabra.
¡Ninguno!
--(Manifestaciones en tribunas).
¡Desalojen las tribunas, por favor!
Se suspende la sesión.
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--Se suspendió a las 16:43.
--Se reanudó a las 16:51.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¡Va a hablar ahora que ya se fueron los dirigentes...!
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, tal como expresa el Senador Zaldívar, me toca hablar en este minuto. Pero en fin. La vida no se da como uno quiere, sino que, desgraciadamente, las situaciones son como son.
Yo quiero ser muy claro. Y me habría gustado que estuviesen los dirigentes, porque lo que voy a decir lo voy a decir con convicción.
Aquí no se ha establecido un criterio que sea perjudicial para los trabajadores o para el país.
La Concertación planteó una negociación al Gobierno que se desarrolló durante varios meses. El Ejecutivo propuso un impuesto específico a la minería con el cual no estábamos de acuerdo. Nosotros teníamos criterios distintos y le hicimos una propuesta al Gobierno, como Concertación. Los presidentes de sus partidos fuimos mandatados para efectuarle una presentación al Gobierno a través del Ministro de Hacienda, cuyos puntos centrales eran los siguientes: conformar un equipo de trabajo para modificar el decreto ley 600; establecer una tabla de impuesto que fuera del 5 al 18 por ciento; consagrar una compensación a las empresas que tributaran más -ya que no considerábamos correcta la invariabilidad tributaria planteada por el oficialismo-, y disponer recursos para las Regiones, en especial para las mineras.
¿Cuál fue el resultado de esa negociación? Finalmente, se obtuvo el compromiso de que en 90 días se formará un equipo de trabajo que propondrá una modificación al decreto ley 600, el cual estará integrado por ocho miembros -cuatro del Gobierno y cuatro de la Oposición- y será presidido, según tengo entendido, por el Ministro de Hacienda.
En segundo lugar, se llegó a una tabla de impuesto específico a la minería de 5 al 14 por ciento. Nosotros planteábamos una del 5 al 18 por ciento.
En tercer término, respecto a la invariabilidad, el Gobierno sugirió una fórmula que a nosotros nos pareció bien. Conforme a ella, a las empresas que hoy tienen invariabilidad tributaria hasta el 2017, si voluntariamente se incorporan al sistema de pago según una tabla que va del 5 al 9 por ciento en 2010, 2011 y 2012, se les va a reconocer invariabilidad tributaria desde el 2018 hasta seis años después. Sin embargo, dicho sistema operará en función de que no se modifique la tabla común, que va del 5 al 14 por ciento.
En cuarto lugar, se dispuso entregar a las Regiones 100 millones de dólares anuales durante cuatro años: dos tercios para las Regiones en general y un tercio para las Regiones mineras. Además, se estableció un criterio especial en favor de aquellas con mayor intensidad minera.
Ese fue el resultado final de nuestra negociación con el Gobierno, que a nosotros nos parece óptimo.
¿Qué pasaría si no hiciéramos nada -y sería importante que quienes protestan también reflexionaran sobre este punto-?
Las empresas mineras que hoy pagan 4 ó 5 por ciento de impuesto, con invariabilidad tributaria hasta el 2017, continuarían pagando ese mismo porcentaje, sin aportar ningún recurso adicional al país, durante los tres años mencionados.
Si se acogieran al sistema, en cambio, se obtendrían 1.500 millones de dólares adicionales. Y, terminado el 2017, se incorporarían al régimen normal, pagando desde el 2018 en adelante conforme a una tabla que va del 5 al 14 por ciento, recaudándose, como digo, una gran cantidad de recursos adicionales.
¿Y qué pasaría con los capitales que ingresen al país a partir de hoy si no se aprobara esta iniciativa? Sus dueños deberían tributar un 5 por ciento, con una invariabilidad de 15 años.
Esa es la situación que se daría si nosotros no hiciéramos nada.
Entonces, si uno analiza el resultado final de este proceso de negociación, verá que se ha avanzado enormemente.
Y a mí me parece, señor Presidente, que cuando uno da su palabra tiene que cumplirla. De manera que en esta Sala no cabe ni la abstención, ni ir al baño, ni votar en contra por parte de quienes son miembros de la Concertación. Porque aquí hay un compromiso establecido y firmado mediante un mandato entregado por toda esa coalición para conversar con el Gobierno. Y consideramos que el resultado final, informado a cada uno de los integrantes de dicho conglomerado, representa un avance sustancial, que a todos nos permite mirar el futuro con claridad, sabiendo que los recursos aportados por la minería serán considerablemente mayores.
Con una tabla de impuesto que va del 5 al 14 por ciento, las empresas que hoy pagan el 4 por ciento podrían estar pagando casi el 10 por ciento, aumento que equivale a más del doble de lo que está tributando en la actualidad la minería en Chile.
Nos dicen que en Australia el impuesto específico -que ahí es más bien un royalty- es de 30 por ciento. Eso no es cierto. Porque lo que se hace es un análisis global del impuesto a la renta, del impuesto a las ventas y de una serie de otras condiciones que en países como el indicado llevan a tributar un máximo del 39 ó 40 por ciento. Y nosotros, con esta iniciativa, llegaremos, en promedio, al 41 ó 42 por ciento.
¡Eso es lo que estamos haciendo: saltando del 38 a esos porcentajes! Y sin embargo algunas personas miran eso, desgraciadamente, desde otra perspectiva.
Durante muchos años hemos intentado hacer cambios profundos en materia de impuestos. No han existido los votos. En el Gobierno del Presidente Lagos se quiso establecer un verdadero royalty. No se pudo. Y hubo que llegar a un acuerdo para establecer un impuesto específico a la minería de 4 por ciento.
Yo fui de aquellos que se opusieron duramente a la posibilidad de lograr un entendimiento cuando se discutió el tema en esa oportunidad. Sin embargo, hoy hemos comprometido nuestra palabra.
E insisto: los que pertenecemos a la Concertación debemos cumplir nuestro compromiso de apoyar este acuerdo político, refrendado por quienes fueron mandatados para tal efecto, por los presidentes de partido y por los Senadores y Diputados de la Concertación. Y no hay nada que valga más que cumplir la palabra empeñada, aunque duela y cueste.
Nosotros, al menos, vamos a cumplirla, tanto aquí como en la otra rama del Parlamento. Vamos a aprobar un acuerdo que nos parece el mejor en las actuales condiciones políticas.
Termino, señor Presidente, lamentando que se haya tenido que desalojar a los dirigentes de las tribunas, así como también que no se analicen las cosas con la frialdad y la seriedad que se requieren en momentos tan importantes como el que estamos viviendo.
Estamos frente a un acuerdo político histórico y muy relevante para nuestra patria.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, en primer lugar, creo que nadie puede abstraerse de la situación que está viviendo nuestro país con motivo del rescate de los 33 mineros en Copiapó.
Obviamente, existe el deseo, de parte de todos nosotros, de no dejar pasar esta instancia para saludar en forma afectuosa desde el Senado a cada uno de ellos y, por su intermedio, a sus familias.
No podemos abstraernos de esta realidad, de esta situación.
Por otro lado, el acuerdo a que hizo referencia el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, no solo beneficia al país. Tampoco fue adoptado solo por la Concertación y la Alianza, pues se contó con la importante participación de un sector de Diputados independientes, quienes realizaron un enorme aporte al documento final que se logró para hacer justicia en la materia que nos ocupa.
En la Región de Magallanes, la cual me honro en representar, desde hace muchos años hemos tenido la oportunidad de gozar de un beneficio que se nos concedió gracias a la explotación de hidrocarburos. Sin embargo, en el caso de las Regiones mineras, señor Presidente, no se ha hecho justicia. Y durante muchos años, de manera incansable, se formularon peticiones. Incluso, fueron hechas por el Senador Gómez y los Honorables señores Prokurica, Cantero y tantos otros que, de modo insistente, en todos los Gobiernos precedentes, solicitaron un beneficio, una retribución para las Regiones mineras que entregaban todo a cambio de nada.
Hoy, gracias a este acuerdo y al proyecto que nos presenta el Ejecutivo, podemos ver con buenos ojos que hay un ánimo distinto, porque para los próximos cuatro años cabe la posibilidad de que el Presupuesto de la Nación contemple un aporte importante -ya se dijo que será de 100 millones de dólares- que va a ser distribuido entre todas las Regiones. Otro porcentaje será repartido en aquellas que son mineras.
¡Esto es hacer justicia!
Yo confío -está presente en la Sala el señor Ministro de Hacienda- en la palabra empeñada, en cuanto a que la Región de Magallanes se halla considerada dentro de las mineras. Así me lo expresaron, así lo entiendo y hoy lo vuelvo a señalar con mucha fuerza, porque, obviamente, ello nos motiva aún más. Por un lado, en lo que respecta a la reconstrucción de nuestro país -aspecto que no hemos abordado en esta discusión, pero todo lo que hemos visto dice relación con ella- y, por otro, a la posibilidad de recibir importantes beneficios para cada una de las Regiones.
Lo que uno espera, señor Presidente, es que este aporte trascendente que van a recibir las Regiones no tenga ninguna relación posterior con los presupuestos regionales.
Me explico.
Es probable que en algunas Regiones no se le dé un buen uso a estos dineros y luego se rebajen por la vía de los presupuestos regionales.
Por lo mismo, le pedimos al Gobierno que lleve a cabo permanentes seguimientos a los efectos de procurar eficiencia en el gasto presupuestario. Y, de esa forma, se pueda apreciar que estos importantes recursos, destinados a los fondos regionales, tengan un buen fin para proyectar a las Regiones mineras.
Yo voy a concurrir con mi voto favorable.
Me alegra, además, escuchar que hay acuerdos políticos en el último tiempo. Lo hemos visto en importantes iniciativas.
A mi juicio, estamos ante una nueva forma de llegar a acuerdos políticos, ante una nueva manera de gobernar.
Este fin de semana, el Gobierno, en un prestigioso medio de comunicación, señaló que muchísimos proyectos de ley han contado con mayorías y con acuerdos absolutos.
Lo anterior nos habla de que existe un entendimiento distinto, que en resumen lo único que hace es beneficiar a Chile.
Anuncio que me pronunciaré favorablemente, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, este es quizás uno de los debates más interesantes habidos en el Congreso y, en particular, en el Senado y que dice relación a una materia que preocupa y que resulta importante para la inmensa mayoría de la nación.
Cuando los países perciben ingresos tan significativos, como ocurre en este caso gracias a la minería -en especial a la del cobre-, por lo general estos son objeto de un debate nacional que tiene que ver con el presupuesto. De ahí, entonces, que el Presupuesto de la Nación se vincule, en gran medida, con este tipo de financiamiento. Y ello, a su vez, se relaciona con cosas concretas: con el número de viviendas, con el número de hospitales, con el número de soluciones de todo tipo que demanda la ciudadanía, con las listas de espera en el ámbito de la salud.
Lo que estamos viendo aquí es cómo financiamos las demandas de los ciudadanos: ¡cómo financiamos las demandas de la ciudadanía! No se trata solo de definir cómo vamos a llevar a cabo la reconstrucción durante dos o tres años, sino de que estamos pensando en una línea, en un marco de financiamiento permanente para la nación y con tal objeto buscamos el mal llamado "royalty", en este caso, que es un impuesto específico a los recursos mineros no renovables.
En otra época se llamaba "el sueldo de Chile". En otra época también eran muy importantes los aportes del cobre y de la minería. Sin embargo, en los últimos años contribuyen menos al presupuesto nacional y, no obstante, cada vez aumenta más la producción que las mineras privadas se llevan hacia el extranjero.
Si analizo los tributos que pagan las grandes mineras en relación con aquellos que afectan a cualquier productor o persona natural que presenta una alta rentabilidad gracias a la actividad que desarrolla, les aseguro que esta última va a cancelar un global complementario del orden de 42 por ciento. Y no hay ninguna compañía minera que llegue a esos niveles. Es decir, la gente paga más que todas las empresas y el sector de las mineras es el que menos tributa si tomamos en cuenta su potencialidad y que se llevan un recurso no renovable. Y si este tiene tal característica, el criterio con que fijamos los gravámenes debiera ser distinto. Pero estamos con las manos atadas.
En algún momento se estableció el instrumento de la invariabilidad tributaria que hace que cada vez que se quiere modificar los impuestos deba pedírsele permiso al contribuyente. Y, en este caso, se trata de un contribuyente privilegiado, que es de los más rentables del mundo o del país: las mineras de Chile, seguidas por los retail y los bancos.
Señor Presidente, reconozco que la Comisión negociadora ha mostrado un avance con relación al primer proyecto. Pero el que haya habido un avance no significa que sea satisfactorio. Y quiero señalar claramente que nunca di mi asentimiento para adoptar el acuerdo ni el compromiso de votar un proyecto relativo al royalty que mantuviera este régimen de la invariabilidad. Lo que acordamos fue hacer una negociación y terminar con la invariabilidad. Eso fue categórico, claro. Por ello, quiero explicarle al Senador Gómez que la Concertación, al menos en las reuniones en que participé, jamás -¡jamás!- le dio un cheque en blanco a los negociadores para que firmaran y negociaran cualquier cosa.
Esta no es una negociación autorizada por la mayoría de los miembros del conglomerado de la Concertación.
Ahora, sin duda, significa un mayor aporte, pero, en mi opinión, resulta insuficiente.
Yo no tengo dogmas acerca de si está o no la invariabilidad. El punto es si los niveles de aporte de esta industria van a ser tan significativos como lo son en otros países; el punto radica en si aquellos niveles de aporte que efectúen al desarrollo nacional van a compensar esa riqueza que no tiene reposición, la misma que vienen explotando año tras año, durante largo tiempo, y que en el futuro seguirán aprovechando.
La invariabilidad pasaría a segundo plano si los recursos fueran significativos. No obstante, no veo que lo sean cuando hay empresas que se llevan 10, 12 ó 15 mil millones de dólares en utilidades, y estamos hablando de que el país va a recibir del orden de mil o 2 mil millones de dólares.
¡Claro! Vamos a tener un incremento de 300 ó 500 millones. Pero eso no es lo que hace un país, con dignidad, con autonomía, con legitimidad, al fijar los tributos respecto de lo que requiere para su desarrollo.
Y aunque fuera un aumento significativo, señor Presidente, el proyecto tiene un segundo componente que no me gusta: la distribución a las Regiones.
Es cierto, aquí, parlamentarios de Regiones mineras han defendido a sus Regiones con mucha legitimidad y lealtad. Los felicito, porque lo supieron hacer y lograron imponer criterios y un acuerdo con el Ejecutivo para los efectos de establecer que buena parte de los recursos que van a aquellas -un tercio- se dirijan exclusivamente a las Regiones mineras, y que los dos tercios siguientes se dividan entre todas, incluyendo a estas últimas.
De verdad, les reitero mis felicitaciones, porque se trata de un esfuerzo que deberían aplaudir sus electores. Pero yo represento en el Senado a una Región no minera y no voy a votar a favor de este acuerdo pues la perjudica, al igual que a las Regiones más vulnerables. Lo justo sería distribuir los recursos tal como se hace con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional: según los parámetros de necesidad, de vulnerabilidad.
Porque con el criterio consignado en el acuerdo, mañana se podría disponer que el IVA fuera para las Regiones en la medida en que cada una lo recaudara, y, por ende, la Metropolitana resultaría otra vez la más favorecida.
Muchas veces aquí hablamos contra el centralismo, pero cuando tenemos que pronunciarnos lo hacemos a favor de él.
Por eso, no voy a votar que sí a un proyecto de ley que, en todo caso, de aprobarse, beneficiará principalmente a las Regiones mineras en desmedro de las otras.
Y, por último, la iniciativa contiene un artículo permanente que establece que los montos que se distribuirán a las Regiones no serán los que constituyan el Fondo, sino los que contemple la Ley de Presupuestos, donde el Ejecutivo, a su manera, decidirá cómo se repartirán los recursos adicionales que la ley en proyecto permita recaudar.
Por lo tanto, señor Presidente, no estoy disponible para votar a favor de una iniciativa de esta naturaleza, porque, primero, creo que el aporte de las mineras es insuficiente.
Segundo, no me gusta el sistema de la invariabilidad que se dispone, porque dejará de manos atadas por muchos años más, no solo a los chilenos, sino también a los parlamentarios del próximo período y a los siguientes tres Gobiernos.
Y tercero, porque perjudica a las Regiones y, en particular, a la que yo represento en el Senado.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, la iniciativa en discusión ha sido objeto de un debate intenso en el Senado y en la opinión pública, respecto de cuál debe ser la contribución de la gran minería del cobre al Estado chileno por los recursos que le pertenecen a todo el país.
Hace tres meses fracasó una conversación entre el Gobierno y la Oposición, como consecuencia de que el proyecto de ley que había presentado el Gobierno era, a nuestro juicio, a todas luces insuficiente, económico, mezquino, en cuanto a los fondos que las grandes mineras podían aportar al Fisco.
En esa oportunidad afirmamos que la principal piedra de tope no radicaba en una insuficiente recaudación per se, sino en que el aumento propuesto por el Gobierno era bastante menor, considerando el precio que se solicitaba a cambio: 8 años de invariabilidad.
Pedimos que se realizara una discusión en su mérito y no ligada a la reconstrucción. ¿Por qué? Porque sosteníamos que para reconstruir se requerían dineros excepcionales de una sola vez y no una modificación de la estructura tributaria de carácter permanente.
El Gobierno entendía que para recolectar unos magros 600 millones de dólares debía otorgarles a las grandes mineras en Chile una invariabilidad tributaria de 8 años. Nosotros le propusimos diversas fórmulas para recaudar esa magra cantidad.
Producto de las conversaciones, el Ejecutivo -entre comillas- se allanó y dijo: "Vamos a recaudar 900 millones de dólares, a cambio de 8 años de invariabilidad". Y, como Concertación, mantuvimos la mirada y respondimos que no. Porque ello significaba vender barato algo caro.
Debido a lo anterior, el Gobierno planteó una escala tributaria del 4 al 9 por ciento, con 3 años de transición, que corresponde al acuerdo que tenemos frente a nosotros luego de haber negociado con el Ejecutivo. Se trata de una escala sustancialmente mayor, que permitirá recaudar más de dos veces lo que se percibe en la actualidad, con una invariabilidad de menos años, pero con algo más importante: la posibilidad de modificar el decreto ley Nº 600.
Quiero recordar a mis colegas de acá que ya don Patricio Aylwin, en su programa de Gobierno, trató de enmendar el decreto ley Nº 600. ¡Demanda anhelada, que hoy tenemos al alcance de la mano!
No soy populista. No me es posible prejuzgar el resultado de las conversaciones. Pero sí puedo afirmar que en toda decisión política existe un costo alternativo. Cuando uno habla, tiene el costo alternativo de haberse quedado callado, porque tal vez lo que dijo no fue muy brillante. Cuando uno vota, puede aprobar algo, y el costo alternativo será lo que pasaría de haberlo rechazado.
Si rechazamos el proyecto que nos ocupa, vamos a permitir que las grandes mineras en Chile sigan tributando tranquila y felizmente el 4 por ciento de su margen operacional -¡4 por ciento!-.
Entonces, a los que sostienen que el acuerdo no significa un aporte porque no va a contribuir al futuro, les manifiesto que se están jugando decirles a las mineras: "Yo quiero que tributen solamente el 4 por ciento y no una escala que parte en el 5.".
Y, por otra parte, quienes con un discurso un poco más -entre comillas- progresista tratan de adelantar por la izquierda, tampoco desean modificar el decreto ley Nº 600, porque ahora tenemos los votos para establecer una Comisión que emita un informe con el objeto de saber si es posible cambiar un estatuto que, a todas luces, no es procedente en el Chile de hoy.
Esa normativa, hay que recordarlo, es del año 1974, del tiempo de la dictadura, cuando a Chile no llegaba inversión extranjera, ni siquiera turistas. Y ahora tenemos la posibilidad de modificarla.
Entonces, aquellos que se escudan en un izquierdismo fácil -¡lo digo con toda responsabilidad!- están haciendo un flaco favor, porque el proyecto plantea una carga tributaria de 41 a 42 por ciento. ¿Y qué le pidió la Concertación al Gobierno? ¡Una de 47 por ciento! ¡Esa fue nuestra propuesta! Y estamos obteniendo 41 por ciento.
Además, dijimos que no queríamos invariabilidad. Y vamos a transar en una de 6 años. Pero por una razón: como se va a recaudar mucho más que lo que había antes sobre la mesa, hoy, por definición, esa invariabilidad vale menos.
Y un segundo elemento, para los distraídos, en los tres años de invariabilidad de que gozan las grandes mineras: 2010, 2011 y 2012, estas deberán aportar recursos. Entonces, se les rompe la invariabilidad por ese período con una escala de impuesto, es cierto, un poco menor: del 4 al 9 por ciento.
Por consiguiente, se está haciendo un gran esfuerzo. Y quienes sostuvimos las conversaciones con el Gobierno: los miembros de la Comisión de Hacienda, así como los jefes de bancadas, fuimos mandatados oficialmente por la Sala para ello. Cada Senador, incluyéndome a mí, votará en conciencia, aquí no hay órdenes de partido. Pero tengo claro que esta oportunidad no se va a repetir.
Por último, a los que desean votar para la historia y dejar plasmado que rechazaron el proyecto, con la esperanza de modificar el impuesto específico a la minería en el futuro, les quiero decir que yo también me pronunciaré con esa esperanza. Porque yo quería obtener más para Chile y que las mineras pusieran mayores recursos. Y también deseaba menos invariabilidad. Pero hay que considerar el costo alternativo, lo que podríamos farrearnos.
Entonces, yo me sumo a los que deseen dejar consignado su voto para la historia con la esperanza de cambiar esta legislación. La diferencia radica en que, como yo voy a apoyar el proyecto que nos ocupa, junto con mantener esa esperanza, podré ver el incremento de las cuentas fiscales debido a que su aprobación permitirá recaudar sustantivamente más.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, quiero señalar en primer lugar que el Gobierno ha llegado con los Senadores de la Concertación y los de la Coalición por el Cambio a un gran acuerdo para Chile, donde resulta ganadora toda nuestra patria.
Ello, básicamente porque se despeja una de las enormes incógnitas o dudas que todo inversionista debe tener aclaradas antes de decidir el destino de sus recursos: cuál es la tributación que le va a afectar; y no solo la actual, sino también, por supuesto, la futura.
Obviamente, la situación existente estaba originando que muchos inversionistas ingresaran proyectos de explotación minera. Incluso, se nos dijo en la Comisión que durante septiembre último se había registrado una verdadera explosión de ingresos de proyectos de tal índole. ¿Por qué? Por lo que señalaba aquí muy bien el Senador Ricardo Lagos: porque no iban a tributar según la nueva escala, sino conforme a la antigua, lo que, por cierto, para las grandes mineras resultaba bastante más favorable.
Entonces, acá estamos ante un acuerdo que permite estabilidad en las reglas del juego para un sector fundamental en la proyección de nuestra economía: el minero.
En segundo término, digo que es un gran acuerdo porque durante los meses recientes ha habido una inmensa discusión: cuál es la tributación con que las grandes empresas mineras deben aportar al financiamiento de los gastos del Estado, de los programas sociales.
Siempre estuvimos de acuerdo -y creo que ello fue esencial para consolidar el trabajo que se venía realizando- en decir que la tributación debía estar en torno al 41-42 por ciento. Porque eso no nos pone entre los países con las tasas más altas -no nos coloca a la altura de Estados Unidos, de Canadá-, pues, a mi entender, todavía no tenemos la fuerza necesaria para imponer porcentajes de aquel orden. Pero tampoco nos deja entre las naciones con menor tributación para su minería. Quedamos en el rango más elevado de países con similar nivel de desarrollo; entre las naciones con tributación más alta cuando nos comparamos con economías de igual desarrollo.
La tributación de las mineras en el rango de 41-42 por ciento es razonable desde el ángulo de su inversión, del empleo que generan, del aporte que hacen al producto interno bruto.
En tercer lugar, sostengo que se trata de un gran acuerdo porque la ley en proyecto va a permitir que tengamos 600 a 700 millones de dólares adicionales para financiar la reconstrucción del país tras el terremoto.
Todas las actividades de la economía nacional están haciendo un esfuerzo adicional para contribuir al financiamiento de la reconstrucción nacional, menos la gran minería del cobre.
Porque, señor Presidente, cuando rechazamos el alza transitoria del impuesto específico a la minería en el proyecto sobre financiamiento de la reconstrucción, dejamos a ese sector, probablemente uno de los más rentables de Chile, al margen de la contribución adicional para tal efecto.
Ahora, esta iniciativa permitirá la recaudación de entre 600 y 700 millones de dólares para financiar la reconstrucción del país y de 300 a 400 millones de dólares que beneficiarán a las Regiones, mineras y no mineras.
Y aquí quiero hacer un punto respecto a lo que señaló el Senador Tuma.
Tuve a la vista lo que será más o menos la distribución de los recursos pertinentes. Según ella, la Región de La Araucanía va a tener un porcentaje más alto, por ejemplo, que la de Coquimbo, que es minera. ¿Y por qué a la Novena Región le corresponderá un porcentaje más alto de participación en el Fondo especial que se crea? Precisamente porque hay en ella un mayor porcentaje de población rural; más pobreza; menores índices de escolaridad; mayores problemas para acceder a la salud, y porque allí se encuentra la red caminera más grande de Chile.
Por tanto, claramente nuestra Región, la de La Araucanía, si se invierten bien los recursos -y estoy cierto de que así va a ser-, experimentará en materia de inversión pública un salto que permitirá mejorar la productividad y la competitividad de sus actividades.
De otro lado, señor Presidente, debo enfatizar que los acuerdos políticos del Senado son un activo del país. Esos acuerdos políticos, que nos permiten construir, avanzar, asegurarles a nuestros compatriotas mayor progreso, mayor desarrollo económico, mayor desenvolvimiento social, deben ser el sello distintivo de esta Corporación.
Así como en días recientes existió acuerdo para modificar la Ley Antiterrorista, ahora lo hay para subir transitoriamente el impuesto específico a la gran minería y posibilitar la recaudación de entre 1.000 y 1.200 millones de dólares adicionales. Igualmente, para elevar de manera permanente el impuesto específico a la gran minería. Porque debo recordar que los proyectos que ingresan pagarán ahora según la nueva tabla. Por ende, cuando hablamos de 1.000 a 1.200 millones de dólares solo nos estamos refiriendo a lo que se recaudará por los años 2010, 2011, 2012. Pero, probablemente, después de 2018 la cifra será superior en 3.000 a 5.000 millones.
¡Son números tremendamente significativos!
Señor Presidente, la Senadora Evelyn Matthei me pidió especialmente representarla en esta intervención, pues se halla trabajando en una de las Subcomisiones de Presupuestos.
En consecuencia, anuncio la votación favorable de los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional.
Estamos convencidos de que lo que se hizo durante estas últimas semanas es vital para el país: acuerdos por sobre la confrontación.
No puedo terminar mis palabras, señor Presidente, sin agradecer a todos los señores Senadores que pusieron lo mejor de su esfuerzo, lo mejor de su empeño para construir acuerdos.
Muchas veces resulta más fácil dejarse llevar solo por la crítica y no aportar.
Creo que la actitud de un grupo de Senadores de la Concertación de exponerse a la crítica pero ayudar a construir un mejor país para todos es lo que la ciudadanía reclama de nosotros.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, el Partido Demócrata Cristiano se suma con decisión y entusiasmo a la aprobación de este buen acuerdo para Chile, cual es el proyecto que estamos discutiendo en materia de impuesto específico a la gran minería del cobre.
Somos parte del acuerdo político que ha conducido a la iniciativa que nos ocupa.
Quiero felicitar especialmente a los Senadores Eduardo Frei y Andrés Zaldívar por la participación que, en representación de la Democracia Cristiana, les cupo en él.
Y los presidentes de las colectividades de la Concertación hemos anunciado hoy, en conferencia de prensa, nuestro apoyo a este proyecto como partidos y como coalición: primero, porque es mejor que el presentado inicialmente por el Ejecutivo, y segundo, porque es mucho mejor que la realidad actual.
Ojalá que tengamos un acuerdo amplio y transversal que le dé legitimidad a esta iniciativa, porque es el tipo de señales que necesita nuestro país por parte del Parlamento.
Ojalá que, también, se inaugure una nueva etapa en la forma en que discutimos materias tan importantes como la que nos ocupa esta tarde. Y espero que el próximo gran tema de un gran acuerdo sea el de la educación, porque Chile lo necesita desesperadamente.
Seamos claros, señor Presidente: lo que gatilló este acuerdo fue el rechazo del Senado al proyecto inicial del Gobierno, que muchos considerábamos -y seguimos pensando de ese modo- una propuesta muy insuficiente.
Y así funciona la democracia parlamentaria: procesando las diferencias a base de la interacción de mayorías y minorías en busca de los grandes acuerdos que el país requiere.
Ya se ha dicho. Una tabla de 5 a 9 por ciento se ha transformado en una de 5 a 14 por ciento, sobre la base de 85 por ciento de margen operacional. Un impuesto específico real a la gran minería del cobre de 37 a 38 por ciento será uno de 41 a 42 por ciento. Pasaremos de recaudar 600 millones de dólares en tres años para la reconstrucción a 1.500 millones de dólares. Y podremos recibir adicionalmente cerca de 500 millones de dólares anuales, lo cual, como decía el Senador Zaldívar, equivale más o menos a la reforma tributaria de 90-91.
Hemos hecho, en consecuencia, un esfuerzo por conciliar equidad -lo que en un documento de los presidentes de partidos de la Concertación llamamos "una justa compensación" que vele adecuadamente por el interés nacional- con competitividad, lo que es muy importante si consideramos que hay regímenes de inversión extranjera diferentes en otros países insertos en la economía global; por ejemplo, nuestro vecino Perú tiene un impuesto específico de 35 por ciento a la gran minería del cobre y ha aumentado de 4 a 8 por ciento su participación en la producción mundial.
Ciertamente, existe una dificultad conceptual y práctica en lo concerniente a la invariabilidad.
En lo personal -creo que es también la opinión de los partidos de la Concertación, incluido el mío, el Demócrata Cristiano-, estimo que Chile tiene una democracia madura y es un país que se halla camino al desarrollo. Por lo tanto, debemos dejar de lado y botar las muletas, que no se compadecen con nuestra situación actual en términos de democracia y desarrollo. Y, desde luego, el concepto de "invariabilidad" es una muleta innecesaria.
¿Por qué invierten en Chile diversas empresas extranjeras? No tanto por la invariabilidad, sino porque es un país serio, donde impera el Estado de Derecho, donde las instituciones funcionan, donde no existe corrupción, donde se respetan los contratos, donde hay previsibilidad.
Los regímenes de invariabilidad tributaria existen en economías subdesarrolladas o en países en camino al desarrollo que deben recurrir a ese mecanismo justamente porque muchas veces no son capaces de dar garantías suficientes en estos otros ámbitos. Son memorias del subdesarrollo, como el decreto ley N° 600, de 1974.
Yo espero que a futuro la comisión de expertos de alto nivel que estamos acordando crear, con representantes del Gobierno y de la Oposición, a la que le pedimos sugerirnos un nuevo régimen de inversión extranjera, que sustituya el decreto ley N° 600, de 1974 -es decir, de hace 36 años-, formule una propuesta innovadora, audaz, seria, responsable, que permita poner fin a la invariabilidad tributaria y fortalecer, a través de un conjunto de incentivos, la inversión foránea en Chile.
Ahora bien, visto en retrospectiva lo que se hizo en 2005, durante el Gobierno del Presidente Lagos, cuando acordamos en el Parlamento un régimen de invariabilidad por 12 años, con una tasa de 4 a 5 por ciento, fue un gran salto adelante. Porque, a pesar de que la fijación de tal período significó un tremendo costo, introdujimos por primera vez el concepto de "impuesto específico a la gran minería del cobre", que hasta ese momento era solo la repatriación de capitales producto del régimen de inversión extranjera imperante.
Hoy estamos dando otro gran salto. Ya no son 12 los años de invariabilidad -ellos se acordaron dada la realidad de aquel entonces-, sino 6. Y la tasa no es de 4 a 5 por ciento, sino de 5 a 14 por ciento.
En consecuencia, estamos dando un gran paso adelante, en que lo de la invariabilidad es cada vez más irrelevante y donde hemos privilegiado una tasa máxima de 14 por ciento, que será, en promedio, de 10 a 11 por ciento. Eso significa 41 a 42 por ciento de tasa efectiva de tributación, una de las más altas del mundo en la actualidad.
Por otro lado, señor Presidente, se justifica que estemos proponiendo como fecha tope el 31 de agosto para los proyectos de inversión que se pretenda acoger al nuevo régimen o al antiguo.
Si uno revisa las cifras, advierte que únicamente en septiembre último, cuando se supo de esta iniciativa de ley, se presentaron proyectos por 12 mil millones de dólares, para evitar acogerse al nuevo régimen, en circunstancias de que durante todo el año tuvimos proyectos hasta por unos 5 mil millones de dólares.
Por lo tanto, es serio, responsable que estas nuevas reglas del juego, claras y estables, que apuntan al mediano y largo plazos, con un sentido estratégico y de país, tengan esta distinción entre el antes y el después del 31 de agosto para diferentes tipos de proyectos de inversión.
Por eso, señor Presidente, como Senador y como Presidente del Partido Demócrata Cristiano, me sumo -con mucho respeto, por cierto, hacia quienes minoritariamente van a votar en contra- a la celebración que hemos escuchado en la inmensa mayoría de las intervenciones, porque este es el tipo de acuerdos que necesita Chile, un país que está a medio camino del desarrollo; que ha sido capaz de duplicar el producto en 20 años -antes ello nos tomó 64 años-; que ha triplicado el ingreso per cápita: de 5 mil a 15 mil dólares, y que aspira a llegar a un estadio de desarrollo que nos permita conciliar la estabilidad económica, social y política que hemos alcanzado con mayores y sustanciales niveles de equidad, como los que estamos logrando este día en el Senado -y espero que mañana en la Cámara de Diputados- en torno a este nuevo régimen sobre el impuesto específico a la gran minería del cobre.
Por tales razones, señor Presidente, votaré a favor.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, no siempre nuestras decisiones, que invariablemente las tomamos pensando en el interés superior del país, le agradan a todo el mundo. A algunos, porque no las entienden; a otros, porque desconocen cuáles son nuestras facultades.
Esta tarde fue necesario desalojar las tribunas, donde había dirigentes gremiales. Y se profirieron desde allí muchas palabras soeces contra todos nosotros. Sin embargo, quienes así procedieron no saben que con las modificaciones que procuramos introducir estamos tratando de que el Estado reciba mayores ingresos por la vía tributaria. Porque con la normativa vigente no es posible alterar la tributación de las empresas del cobre. Y todo lo que estamos haciendo es establecer que, si les parece bien y adecuado para sus intereses, podrán acogerse a la iniciativa de ley que aprobaremos eventualmente.
¿Qué sacaríamos con eliminar todo y subir los impuestos? Sería letra muerta, pues ninguna de las empresas se acogería al nuevo sistema. ¿Por qué? Porque tienen la ley en sus manos.
El Senador Tuma preguntaba: ¿Vamos a dejarles amarradas las manos a los futuros legisladores?
¡Y qué tenemos nosotros hoy día! ¿No estamos con las manos atadas por el decreto ley N° 600, del año 74?
Yo no critico esa normativa, pues se justificaba plenamente. En las condiciones en que estábamos viviendo, ¿quién iba a venir a Chile para invertir grandes sumas?
¿Había aquí seguridad y estabilidad para las inversiones? ¡Existía grave incertidumbre! Por lo tanto, era indispensable ofrecerles un "turrón" a los inversionistas para que se interesaran en venir.
Esas condiciones, por supuesto, cambiaron. Se recuperó la democracia. Hemos ejercido el poder durante más de 20 años. Y Chile es hoy día un país creíble, serio y responsable.
Por eso, respetamos estas leyes, no como otras naciones, que pasan por encima, despiden a las personas y se apoderan de todos los bienes.
Ese es otro sistema. Nosotros nos encontramos en un régimen democrático, en el que se respetan la institucionalidad y la Constitución. Por tal motivo, tenemos que adecuarnos a la Carta Fundamental y buscar la manera, ante la necesidad grave y extrema que enfrenta nuestro país a raíz de un grave terremoto, de poder juntar fondos para la reconstrucción y de que estos se incrementen para favorecer a las diversas Regiones.
En ese trance, empezamos a ver cuál es la mejor alternativa. Y estimo adecuada la que hoy día se encontró, proporcional a las circunstancias que estamos viviendo. En efecto, se recibirían los recursos que el país necesita y los que requieren las Regiones.
Debo otorgar aquí un reconocimiento a los representantes de las zonas mineras. No se hallan presentes los Senadores señor Prokurica, quien seguramente está en Copiapó, y señora Allende, pero sí los Honorables señor Gómez, un gran impulsor del sistema, y señor Cantero. Este último y el Senador señor Prokurica votaron favorablemente la ley hace cinco años pensando en que se iban a asignar fondos especiales a las zonas mineras, lo que no ocurrió, y hoy, justamente a raíz de su buena disposición, diría, se logró que un tercio de los 400 millones de dólares sea destinado a ellas, que se encuentran asimismo incluidas en los dos tercios que se van a repartir.
Me alegro por mis Honorables colegas.
Fui uno de los que siempre se opusieron a la medida con el argumento de que los recursos debieran destinarse a las otras Regiones, donde existiría la mayor posibilidad de reemplazar el día de mañana los hoyos que van a quedar cuando saquen todo el cobre, sobre la base de que obtendríamos una nueva riqueza, evidentemente, en otras cosas que puedan ser renovables. Pero debo reconocer que esa riqueza proviene del territorio minero, donde hay necesidades, y es legítimo que se le dé a este un privilegio como el que nos ocupa.
Y felicito a esos señores Senadores. Por supuesto, van a contar con mi voto, porque mi espíritu siempre es de generosidad, de grandeza, no de envidia. Me alegro de lo bien que les irá a quienes han obtenido un provecho grandioso para las Regiones que representan. Otros sufren de lo que se llama "nostalgia del bien ajeno", de envidia. Por mi parte, no abrigo este último sentimiento: experimento alegría, porque se están llevando importantes beneficios a esas zonas.
Lo que se ha logrado aquí, señor Presidente, es llegar a cerca de 41 por ciento de tasa de tributación. ¡Eso es lo relevante!
¿Y cómo estamos en relación con otros países? La cifra mayor corresponde a Australia, con 42,3 por ciento. Ya se recordó que un Primer Ministro llegó a ofrecer 30 por ciento de impuesto específico. ¡Duró 24 horas! Lo sacaron en forma inmediata por la barbaridad en que incurría. Y quedó el porcentaje razonable que acabo de señalar, el mayor en el mundo. Detracito va a ir Chile.
Por eso, juzgo que el acuerdo es prudente.
Este último contempla la formación de una comisión de personalidades a fin de estudiar la derogación del decreto ley Nº 600 para todas las nuevas inversiones que puedan venir al país. Respecto de las ya acogidas a esa normativa, por supuesto que vamos a honrar nuestros compromisos, pero las futuras no tienen por qué sujetarse a garantías especiales de esa índole en circunstancias de que la mayor seguridad la proporcionan la estabilidad, la seriedad y la responsabilidad de nuestra nación -a la que representamos-, al aplicar una tributación que va a ser razonable, diría, dentro de la que registran todos los demás países.
Por eso, señor Presidente, voy a votar favorablemente el proyecto de ley.
En la oportunidad anterior me opuse y me pronuncié en contra. Y la mayoría también lo hizo, razón por la cual se llegó a esta nueva instancia. Estimo que se han mejorado ostensiblemente las condiciones de hace tres meses, en relación con las actuales.
Me alegro de ello, porque el Gobierno ha estado buscando acuerdos directos con la Concertación. Y lo he señalado en muchas oportunidades: nosotros gobernamos 20 años sin tener la mayoría, pero las inmensas transformaciones que llevamos a cabo fueron aprobadas casi por el cien por ciento de los parlamentarios, ya que teníamos la facultad de poder llegar a un entendimiento. O nosotros éramos buenos, o los de la Oposición nos comprendían en mayor medida. Eso es lo que creo que debe considerar también el Gobierno. Es preciso ceder para llegar a convenios adecuados y que lleven armonía, progreso y paz al país.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, lamento que al comienzo de la sesión hayan generado incidentes algunas personas que parece que concurrieron con el ánimo expreso de hacerse desalojar de las tribunas, ya que fue imposible entablar ningún tipo de diálogo que les permitiera conocer los argumentos de los Senadores de la Concertación y de la Alianza por Chile para respaldar el proyecto de acuerdo.
Naturalmente, tengo que asumir la responsabilidad de hallarme incluido entre quienes han sido criticados por concurrir al convenio.
Sucedió al revés en julio recién pasado, cuando ese objetivo no se logró.
En consecuencia, quisiera comenzar mi reflexión en esta oportunidad señalando que ni ayer fuimos villanos deleznables, como se intentó hacernos aparecer, ni ahora somos los salvadores de Chile.
Creo que lo ocurrido en estos meses es que se demostró perfectamente bien que el país se halla en condiciones de poder aprobar un impuesto específico a la minería que deje un margen de recursos considerablemente mayor que la propuesta original.
Debemos reconocer, naturalmente, que el Ejecutivo tuvo la capacidad de evolucionar en su punto de vista. Se encuentran presentes los Ministros señores Larraín y Larroulet, con quienes mantuvimos ásperas discrepancias, en julio, en relación con estas cuestiones. Y por qué no podríamos dejar establecido ahora, frente al país, que ellos, en su condición de representantes del Presidente de la República, quien tiene la facultad exclusiva de legislar en estas materias -me refiero a la iniciativa de ley-, concurrieron a un acuerdo en que su posición experimentó una transformación.
En efecto, la propuesta original, de un impuesto de 4 a 9 por ciento, con relación al margen operacional para el impuesto específico de las mineras, finalmente va a quedar, en virtud del convenio, conforme a la indicación aprobada por la Comisión de Hacienda y que esperamos que la Sala acoja en poco rato, en 5 a 14 por ciento, respecto del margen operacional de 35 a 85 por ciento. Dicho de otra manera, se registra un cambio.
Nosotros podríamos afirmar que se trata, desde nuestro punto de vista, de un impuesto específico real. Posiblemente, alguien opinará: "Pero no es el que tendría que ser el definitivo". El tiempo lo dirá.
En 2004, cuando ingresó el proyecto del royalty, parecía ser el definitivo. Hoy, todas las fuerzas políticas y el Ejecutivo concuerdan en que el aprobado y promulgado en 2005 no lo fue, sino que era perfectamente posible otro que contemplara un monto mayor.
Entiendo, por lo tanto, que se trata de la evolución del criterio existente en nuestra sociedad en cuanto a la capacidad de la gran industria minera de poder aportar a las arcas fiscales.
Nosotros no hubiéramos imaginado escuchar de nuestros interlocutores -ayer, en la Oposición; hoy, en el Gobierno- que concordábamos en que la carga tributaria global de la minería llegaría a cerca de 41 por ciento. En ello, hace poco tiempo, no convergían nuestras posiciones. Hoy día sí.
Es decir, el país considera que, desde el punto de vista de su estabilidad institucional, de la calidad de sus recursos naturales, del nivel de sus ingenieros, técnicos y trabajadores, se halla en condiciones de solicitar una carga tributaria de alrededor de dicho porcentaje, como impuesto global, en consonancia con los precios actuales.
Ayer no existía ese criterio. No se registraba unanimidad. De manera que han evolucionado -repito- nuestros puntos de vista.
Es cierto, nosotros entendíamos que, con la propuesta original, ocho años de invariabilidad eran completamente rechazables. Con la nueva escala del impuesto específico, de 5 a 14 por ciento, pierde por completo el peso lo referente a la invariabilidad, por cuanto esta será, a partir del año 2018, lo que se establezca acerca del nuevo impuesto, que concurrimos hoy a aprobar junto con las bancadas de Gobierno.
En consecuencia, todos hemos hecho un esfuerzo para que nuestros respectivos puntos de vista evolucionen y se arribe a lo que ninguna de las dos partes puede resolver por separado. Las bancadas de Gobierno no tienen mayoría en el Senado y, por lo tanto, con sus solos votos no se hallan en condiciones de aprobar nada. Y nosotros tampoco, porque, después de la quinta elección presidencial en democracia, el Jefe del Estado pertenece al sector que ayer constituía la Oposición y le corresponde la iniciativa exclusiva en materias de ley. Sin la firma del Primer Mandatario en los proyectos y las indicaciones que han mejorado el texto original, no podríamos despachar lo que nos interesa.
Así que entiendo que los dos interlocutores que nos sentamos en el Congreso Nacional desde hace ya 20 años de proceso democrático, del restablecimiento de la normalidad institucional, hemos ido evolucionando hasta poder llegar a una normativa que, naturalmente, tendrá sus críticos. Es lógico que haya personas que estén en desacuerdo.
Algunos van a exagerar esa discrepancia, con el propósito de conseguir algún objetivo mediático. Es así en la sociedad de hoy: el que no insulta no aparece en los medios. Y entonces se confunde, lamentablemente, el argumento con la injuria. Pero es preferible que exista libertad de prensa y que, sobre esa base, se registren, por desgracia, problemas sin resolver, propios de su ejercicio, a que ella no rija.
Puedo comprender a quienes exponen razonamientos poco sólidos, que no son de fondo, en realidad. Muchas veces revisten carácter corporativo: "¿Por qué el acuerdo se hizo en el Senado y no en la Cámara?". No me sorprenden esos puntos de vista. Son limitados. No apuntan a la cuestión fundamental. Y entiendo que se expresen de una manera virulenta y descalificatoria.
Nosotros no estamos acá en función de hacernos cargo de todas y cada una de las cosas que se dicen en el debate político de todos y cada uno de los días. Lo que debiera llevarnos a determinar nuestra posición en definitiva es la dirección del proceso de fondo, es el proyecto de ley, en cuanto tal.
En este sentido, quisiera decirles a los dirigentes sindicales que nos insultaron al comienzo de la sesión que, gracias a la iniciativa, el Estado obtendrá anualmente, desde el año 2018 en adelante, 500 millones de dólares más de tributación de parte de la gran minería del cobre, por encima de sus obligaciones normales, que son el impuesto a la renta y el impuesto por remesa de utilidades. Es decir, se recibirán 500 millones de dólares más por el efecto del impuesto específico a la minería. Eso es algo que el país no tiene hoy y que va a lograr a partir de la aprobación del proyecto.
Deseo hacerles presente, en consecuencia, que sus expresiones carecían de justificación y que, en realidad, detrás de esas descalificaciones se refleja una cierta obcecación por no ser capaces de comprender que el punto de vista de los diferentes actores del escenario político puede evolucionar. O sea, la idea de que el Gobierno, por ser de Derecha, se hallaba al margen de esta posibilidad respecto de la materia de que se trata era equivocada. Pudo llevar a cabo dicho proceso del mismo modo que nosotros.
Eso es lo que determina que existan ahora las condiciones para aprobar la ley en proyecto, que va a entregar más fondos para la reconstrucción y que desde el año 2018 en adelante permitirá que el Estado disponga de más recursos para cumplir con sus responsabilidades en pro del bien común.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, esta vez voy a coincidir con quien me antecedió en el uso de la palabra. Creo que hoy día estamos en presencia de un acuerdo que no podemos menos que valorar, porque me parece que ese logro ha sido lo normal, lo tradicional, lo que ha tipificado y caracterizado al Senado, y que, a ratos, por cuestiones de segundo orden, se olvida y se pierde.
Además, estimo que media una razón práctica de la cual nadie puede prescindir. Ya se decía: el Gobierno no cuenta hoy con mayoría en el Senado ni en el Congreso, pero sí con iniciativa. Y, por lo tanto, para poder avanzar en muchas materias, como la que nos ocupa, se requiere el concurso de las dos partes, porque lo contrario significa el juego de "suma cero", en donde nadie gana ni nadie pierde, aparentemente. Pero, en realidad, cuando es preciso tomar decisiones, pierden tanto la clase política, por su incapacidad de llegar a acuerdos, como el país, por no obtener una solución. Lo que la gente espera de nosotros es que le resolvamos los problemas, no que los agravemos por nuestras indefiniciones o nuestros intereses pequeños, los cuales, al final, se anteponen a los del bien de Chile. Por eso, juzgo que aquí existe algo positivo.
Y, además, el resultado es beneficioso, porque, como en todos los acuerdos o como ocurre en los negocios -para ser más gráfico-, no hay uno bueno si no reporta provecho para ambas partes. En efecto, las bancadas de Oposición han logrado un objetivo que querían: modificar la tabla; pero el Gobierno, a su vez, también ha conseguido algo muy importante, que es la invariabilidad, factor clave en un área en que las inversiones requieren estabilidad en el tiempo. Por lo tanto, cada uno ha ido avanzando en su propósito.
Sobre esa base, quisiera valorar, en primer término, que se haya llegado a una coincidencia por ser una señal de madurez política. Se une a otras que hemos venido desarrollando en el último tiempo. Y considero que ello contribuye a crear un clima que de tiempo en tiempo es necesario, ya que hace posible buscar espacios para lograr un acuerdo en materias importantes para Chile. No siempre lo lograremos; pero creo que lo que está ocurriendo hoy día, con todas sus dificultades, es una tremenda señal para el país.
En verdad, casi resultaba inexplicable no hacerlo. Porque la falta de un convenio habría significado que la minería no iba a aportar recursos para la reconstrucción. ¿Y alguien podría explicarme cómo justificar un hecho de esta naturaleza ante la población? En la Región que represento, afectada por el terremoto, no se habría podido.
No es posible que, contribuyendo todos, de una u otra forma, al financiamiento que se requiere, la minería, en momentos en que el precio del cobre está en sus más altos niveles históricos, no estuviera presente. ¿Y por qué hubiera ocurrido? Porque no habríamos tenido la generosidad ni la madurez para llegar a un entendimiento.
La presente señal de responsabilidad política, entonces, me parece especialmente positiva.
Y creo, además, que el acuerdo también es razonable. Tenemos que considerar con especial cuidado la minería. Hace pocos días se publicaron en varios medios de circulación nacional estudios sobre las proyecciones de esa actividad en el tiempo, y las correspondientes a inversión, desarrollo y productividad en otros países tienen que hacernos pensar en las condiciones en que estamos enfrentando este proceso. Es muy posible que Perú, por ejemplo, al ritmo que va, llegue a ser el primer productor de cobre en algunos años. Esa hipótesis se puede materializar si no hacemos bien nuestro trabajo.
Esta es una materia que no podemos dejar a un lado. Tenemos que mantener, por ser ello muy significativo para Chile, un nivel de inversión y productividad en la minería, y particularmente en el cobre, que nos conserve en el lugar actual, o sea, en la delantera. Lo anterior reviste no solamente importancia económica, sino también otras de carácter básico para poder potenciar asimismo nuestra presencia, nuestro desarrollo, en ese ámbito. Es algo que nos permite ir poniendo, en cierto sentido, las reglas del juego.
Es muy importante también ponderar que, en el área tributaria, no basta con resolver los problemas simplemente subiendo las tasas. Si así fuera, hace rato se habrían subsanado las dificultades económicas del mundo. Solo se necesitaría aumentarlas para obtener mayores ingresos. Pero es evidente que tal incremento no significa más retorno para el Estado. Varios estudios demuestran que, cuando las tasas se elevan hasta ciertos niveles, empieza a experimentarse un retorno negativo.
En consecuencia, resulta muy difícil encontrar el punto de equilibrio. Pero existe. Y la prudencia debe determinar cuál es el máximo equilibrio al que se puede llegar, a fin de obtener la mayor inversión posible en una actividad y, a la vez, el mayor retorno. Pienso que estamos cerca de eso con este proyecto.
Por ello, es muy importante no solo pensar en las tasas, sino también en la invariabilidad. Porque en esta materia la suma resulta extraordinariamente positiva. A la luz de los antecedentes conocidos, siempre se podrá estimar que se excedió en un sentido o en otro.
Al final del día, me parece que estamos frente a un acuerdo valioso por sí mismo, por el hecho de haberse alcanzado; pero, por su contenido, lo es más aún.
Por tanto, también me sumo a quienes, valorando el acuerdo, votarán de modo favorable lo que se ha logrado.
Y quiero ser muy explícito en mis felicitaciones a quienes participaron para alcanzarlo: al Gobierno, a través de los Ministros de Hacienda, de Minería y Secretario General de la Presidencia; a los Senadores de la Concertación, aunque no sé con certeza quiénes lo firmaron -me parece que fueron los señores Escalona, Frei, Lagos y algunos otros-; a los Honorables señora Matthei y señor García, entre otros, por parte de la Alianza. No quiero excluir a nadie; al contrario. Si no mencioné a alguien, pido disculpas. Mi ánimo es agradecerles, pues hicieron un trabajo muy valioso para el país.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¡Sí, dejó fuera a algunos, pero no importa...!
Tiene la palabra el Honorable señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, ya hemos escuchado diversas opiniones sobre la materia. Yo me quiero sumar obviamente al acuerdo, del cual fui parte. Y voy a votar a favor del proyecto.
Algunos me han preguntado en estos días: "¿Por qué cuando usted fue Presidente no hizo lo mismo?"; o bien, "¿Por qué ahora se concreta algo que no se pudo efectuar antes?". Resulta que en ese tiempo la libra de cobre estaba a 80 centavos de dólar y el país crecía al 7 por ciento. Por tanto, todas las cosas tienen su oportunidad, su momento. En 2005, en el Gobierno del Presidente Lagos, se abrió el debate. Fue difícil. En ese instante también el precio del cobre era bajo.
En consecuencia, acuerdos de esta naturaleza deben ser mirados considerando el estado de la situación tanto a nivel nacional como internacional.
Muchas veces se ha discutido sobre la seguridad jurídica y la realidad de los países de América Latina o de otras naciones adonde podría eventualmente ir el gran volumen de inversiones que habrá en la minería en los próximos años. Sin duda, si se analizan las vicisitudes de la política latinoamericana de anteayer, de ayer, de hoy y de mañana, siempre nos encontramos con sorpresas. En numerosas ocasiones nos hallamos al borde del populismo o de otras situaciones, lo que no genera la estabilidad necesaria para inversiones de largo plazo como las que estamos debatiendo.
Otro punto del que poco se habla -muy relevante para mí- se refiere a que en los países como el nuestro suelen haber diferencias entre las tasas que se cobran y lo que realmente se paga. Ello, porque se usan mil subterfugios -subsidios u otros- para proteger, de algún modo, la inversión extranjera.
Pero Chile es una nación seria. En general, se pagan los impuestos, y cuenta con una realidad jurídica respetada.
Por lo tanto, desde todo punto de vista, creo que este es un acuerdo importante.
Hay otros temas relacionados, respecto de los cuales a veces "los árboles no dejan ver el bosque".
El otro día hablábamos del problema energético. Con los actuales precios por energía y los que pagaremos en los próximos años, ¿se hace competitiva nuestra producción minera, agrícola o forestal?
Y el precio del dólar hoy día llegó a 475 pesos. Ya se lee una información que dice que principales empresas exportadoras miran a otras naciones para invertir, producto de la caída de la divisa.
Teniendo presente lo anterior, considero que nos hallamos en un punto de equilibrio importante.
Sin embargo, existen otros factores fundamentales a la hora de analizar el acuerdo logrado. Después de largos meses -casi seis- de discusión, se obtuvo un instrumento relevante y bueno para el país. Creo que es parte de una política. Podemos sustentar opiniones distintas y divergir, pero hay asuntos de Estado que debemos resolver, aunque muchas veces no se dé el espacio para lograr los consensos necesarios.
Por eso, desde toda perspectiva -ya se ha dicho-, esto crea un punto de inflexión en varios temas.
Primero, en la inversión regional. Ahí hay un aspecto central. Para Regiones mineras y no mineras, habrá un aporte sustancial que se incluirá en el Presupuesto de la Nación y no en la parte correspondiente al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
En segundo lugar, me parece trascendente la revisión del decreto ley N° 600, después de 36 años de funcionamiento.
Chile tiene una red de acuerdos con más de 60 países. Firmó con más de 40 de ellos convenios para evitar la doble tributación y con otros tantos, acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, lo que debería constituir el marco para comenzar a trabajar en un estatuto del decreto ley N° 600 que realmente brinde un horizonte no solo para la minería, sino para muchos sectores productivos que lo requieren.
Señor Presidente, la tabla propuesta es importante, porque significará un aporte muy sustancial para el país. Hay un sinnúmero de estudios sobre la materia y se han dado muchas cifras al respecto, pero es innegable que la contribución del sector será mucho mayor. Ahí radica el punto central. Existe una opinión generalizada acerca de que la tributación de la gran minería resultaba insuficiente en comparación a las utilidades obtenidas. Si lo analizamos a cinco años, a diez o al lapso que sea, las cifras siempre se podrán manejar en uno y otro sentido. Pero, evidentemente, el aporte era insuficiente.
Lo anterior se relaciona con la invariabilidad, respecto de lo cual no se ha explicado con claridad que hay que tener presente dos realidades distintas.
La primera, los futuros proyectos, que entrarán en ejecución con otra situación: nueva tabla y decreto ley N° 600 actualizado. Las condiciones de estos se fijarán en dicha normativa, al igual que la tabla definitiva, que corresponde a la realidad de los negocios que se hacen hoy día.
Y la segunda se refiere a las empresas con contratos leyes. Dado que no podemos legislar retroactivamente para ellas, hemos planteado una solución correcta: independiente del período de invariabilidad de seis años, las empresas, a partir de 2018, pagarán el impuesto específico en función de la nueva tabla.
Eso es lo relevante.
Habrá más fondos para el Estado; un nuevo contrato ley para las empresas (a través de un decreto ley N° 600 más acorde a la situación actual de Chile); recursos adicionales para las Regiones, y una tabla adecuada a la realidad de esas inversiones.
Por lo tanto, creo que aquí hemos dado un paso sustancial.
No cabe señalar en este momento -como varios han dicho- que estamos ante el mejor acuerdo del mundo. Otros sostienen que es lo peor y, de hecho, ya escuchamos los gritos en las tribunas. Convengamos que alcanzamos un importante equilibrio -ello hace fuerte a los países- entre la legislación, la tributación, la seguridad jurídica y lo que aportan al desarrollo los distintos sectores económicos. Tal objetivo se ha logrado bien en este acuerdo. Y fue lo que durante meses estuvimos conversando y dialogando.
Respecto a la formalidad, quiero ser bien preciso: todos estos acuerdos siempre se han logrado con el respaldo político necesario y la anuencia de los colegas Senadores, quienes, en este caso, nos dieron la representación para hacer las negociaciones. En este tipo de procesos, es imposible discutir cada punto con 20, 30, 40 ó 50 personas. Lo relevante era el mandato recibido, apoyado por los presidentes de las bancadas y de los partidos involucrados, para sellar un acuerdo, que me parece muy importante.
Con esto no cerramos el ciclo.
Reitero: debemos abordar lo relativo al precio del dólar, al costo energético y a otros aspectos; por ejemplo, lo referido a los niveles de refinación en la minería, elemento tantas veces mencionado. Ahí entramos a otro debate internacional: ¿Cuánta capacidad instalada de refinación tiene Chile versus la que poseen los países compradores de las materias primas?
O sea, hay otros temas en los que podemos avanzar, a fin de ir construyendo un sector tan trascendente para el país.
Señor Presidente, hoy a través de este proyecto estamos dando una señal potente: el Senado es capaz de lograr acuerdos cuando el interés nacional lo necesita.
Por lo anterior, me alegro de haber participado en este debate y en el acuerdo, que esperamos ratificar hoy por amplia mayoría en el Senado.
He dicho.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En este momento, ha llegado a la Mesa una moción, presentada por los Senadores señores Gómez y Cantero, con la que inician un proyecto de ley que aumenta las penas por manejo en estado de ebriedad y bajo la influencia del alcohol (boletín No 7.266-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, me sumo a lo señalado por la mayoría de los Senadores en el sentido de que, respecto de los grandes temas, deben existir grandes consensos. Y este sin duda constituye un asunto de Estado.
El Senado estuvo a la altura de la circunstancia al lograr un acuerdo de esta naturaleza. Porque, como mencionó el Senador señor Frei, pienso que se trata de un acuerdo equilibrado.
Y lo es por varias razones.
Uno debe mirar tales materias no en forma aislada, sino en perspectiva con lo que ocurre en el resto del planeta. Con los actuales precios que existen, en particular, en la minería, el mundo es mucho más competitivo. Por lo tanto, las tasas deben estar acordes con lo que sucede en las demás naciones para comenzar a desarrollar dicha actividad productiva.
En el caso que nos ocupa hay cambios fundamentales que, a mi juicio, marcan una diferencia con el impuesto específico que se aprobó en 2005. Y considero que en ese punto no se ha puesto el suficiente énfasis.
El Senador señor Frei manifestó que el aporte de la minería hoy es insuficiente. Ello se debe a que el impuesto específico actual consiste en una tarifa plana. Aquí radica, en mi concepto, el cambio cualitativo más importante del proyecto en análisis: a la larga, si aumentan los precios, sube la tasa y el aporte de la minería al país también. Es decir, se transforma a esta actividad en socia de Chile en función de los ciclos de los precios internacionales.
Ello marca una diferencia primordial, desde un punto de vista conceptual, respecto de lo que existía en materia de impuesto específico. Así, cuando los precios bajen, la tasa disminuirá. Con esto iremos adecuando nuestra realidad impositiva a los ciclos económicos. Pienso que tal medida es sana para cualquier actividad productiva.
Reitero: ese es el cambio de fondo más relevante que se plantea.
Dicho lo anterior, me quiero referir al tema minero en general. Porque aquí hay una historia.
Si se revisan los antecedentes de la Ley que establece un Impuesto Específico a la Actividad Minera, de 2005, se observará que el argumento que siempre se esgrimió apuntaba a que, frente a recursos no renovables, había que establecer un tributo de esta naturaleza para que las Regiones donde se desarrolla la minería pudieran impulsar actividades productivas alternativas. De las actas se recoge que ese fue el fundamento para aprobar el proyecto pertinente. En ello, seguramente, hicieron fe los Senadores señores Cantero y Prokurica para apoyar dicha iniciativa.
Sin embargo, eso, que se mencionó en el debate y que fue la justificación del proyecto, nunca ocurrió en la práctica, porque los fondos no llegaron a las Regiones mineras.
Aquí nos podíamos ver expuestos a lo mismo que pasó en la época del salitre en la Región de Tarapacá: al no generarse actividades económicas alternativas, la zona más próspera en ese tiempo se transformó en una de las más empobrecidas luego de que se creó el salitre sintético.
El presente proyecto marca un punto de inflexión muy importante en tal sentido. Porque, por primera vez, se reconocerá a nivel legal -nunca se incorporó en la normativa anterior- que parte de los nuevos recursos que se generen irán a las Regiones mineras. En efecto, en la ley se crea un Fondo para ello. Eso es lo que aprobaremos hoy. Por lo menos un tercio de tales recursos se destinará a tales Regiones.
Reitero: por primera vez, ello se consagra por ley.
Por su intermedio, señor Presidente, deseo felicitar a quienes participaron en el acuerdo, porque se reconoce en términos legislativos esta materia.
Me llamaron la atención las críticas hechas desde las tribunas, en circunstancias de que nunca antes en la historia se ha propuesto establecer en un cuerpo legal la preferencia por distribuir recursos a las Regiones, en particular a las mineras. En consecuencia, esto no será un simple compromiso -como ocurrió en 2005-, sujeto a la mera voluntad de las autoridades del Gobierno de turno, sino que quedará consagrado por ley.
El gran desafío que tendrán las Regiones, sobre todo las mineras, radicará en cómo invertirán tales recursos. Espero que no se usen, simplemente, como algunos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para llevar adelante proyectos que no generen impacto, sino que en verdad cumplan su objetivo: crear actividades económicas alternativas para cuando no haya recursos de esta naturaleza.
Por lo expuesto, me parece que este constituye un gran acuerdo. Es flexible; se encuentra dentro de los niveles de las tasas impositivas mundiales; reconoce el rol de las Regiones mineras, y está acorde con los ciclos internacionales del precio del mineral.
He dicho.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, ¿me permite plantear una cuestión de Reglamento?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, solicito que se fije una hora para la votación, en atención a que debemos constituir Subcomisiones de Presupuestos. Si no lo hacemos dentro de diez minutos, fracasarán las sesiones, lo cual retrasará todo el trabajo de discusión presupuestaria en dichos órganos técnicos.
Al mismo tiempo, de acogerse la petición que efectué, solicito autorización para que la Primera Subcomisión funcione paralelamente con la Sala.
Gracias, señor Presidente.
El señor SABAG.- Que se abra la votación.
La señora RINCÓN.- Sí.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Propongo a la Sala abrir la votación en forma inmediata...
El señor ESPINA.- Pero sin cambiar los tiempos de las intervenciones.
La señora RINCÓN.- Justamente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-... sin alterar los tiempos.
Eso sí, hago presente que el Orden del Día termina dentro de veinte minutos.
El señor ESPINA.- ¿Cuántos inscritos quedan?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Diez.
El señor SABAG.- Que se haga una sola votación.
El señor LONGUEIRA.- No se alcanzará a votar hoy día.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señor Senador, la iniciativa tiene urgencia de "discusión inmediata". Por lo tanto, debe votarse esta tarde.
El señor ESCALONA.- Pido la palabra.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- La tiene, Su Señoría.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, hay que precisar el procedimiento. Como el proyecto tiene urgencia calificada de "discusión inmediata", se debe votar hoy. En consecuencia, conviene saber cómo operará la votación general y luego la particular. ¡No vaya a ocurrir que para esta última nos quedemos sin quórum!
El señor LETELIER.- Eso va a pasar.
El señor FREI (don Eduardo).- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor FREI (don Eduardo).- ¿Por qué no fijamos una hora de votación mejor? Así las Comisiones trabajarán tranquilas. Podemos establecer que sea a las 18:30, a las 19 o a las 19:30. En ese instante volvemos a la Sala y votamos en general y en particular.
Es lo más fácil.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para fijar como hora de votación las 19?
El señor LONGUEIRA.- Mejor las 19:30.
El señor FREI (don Eduardo).- Sí. Por lo menos a esa hora, pues quedan varios inscritos.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Entonces, estableceremos como hora de votación las 19:30.
La señora ALVEAR.- Pido la palabra.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- La tiene, Su Señoría.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, el problema radica en la hora en que vamos a terminar. Porque nos asisten otros compromisos. Entre ellos, la Comisión de Ética debe funcionar a partir de las 18:30. Y varios Senadores tienen otras obligaciones.
Sería mejor abrir la votación ahora.
El señor LETELIER.- Es que existen indicaciones, señora Senadora.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si fijamos como hora de votación las 19:30, en ese momento los Senadores terminan sus compromisos, vienen a la Sala y votamos. Y se acabó el problema.
El señor TUMA.- ¿Por qué no nos pronunciamos respecto de la indicación primero?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- No se puede saltar el Reglamento.
El señor QUINTANA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, ¿podría reducirse el tiempo de los discursos?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Sí, es posible, Su Señoría. De haber acuerdo en la Sala, no habría dificultad.
El señor LONGUEIRA.- No doy mi acuerdo.
Que se mantengan los tiempos, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Entonces, se votará en general la iniciativa a las 19:30.
Hago presente a los señores Senadores que, luego de votar en general, procede que nos pronunciemos en particular, con las indicaciones que eventualmente se presenten.
Si le parece a la Sala, se procederá en los términos indicados.
--Así se acuerda.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, todos los señores Senadores han destacado el hecho de que el Senado recuperase su capacidad para construir acuerdos. El Honorable señor García manifestó que esto constituye un activo del país. ¡Ojalá que lo mantengamos!
Cuando nosotros votamos en contra del anterior proyecto del Gobierno para aumentar el impuesto específico a la minería, algunos nos acusaron de ser una oposición obstruccionista, pequeña, y de querer sacar dividendos políticos cortoplacistas.
Y en verdad, señor Presidente, quedó demostrado que a veces el rechazo es constructivo. Lo vivimos en la discusión del proyecto que modificó la Ley Antiterrorista. Nos pronunciamos en contra de algunas modificaciones del Ejecutivo con la intención de que en la Comisión Mixta se buscara un buen acuerdo, al que finalmente se llegó y que fue apoyado -entiendo- casi por la unanimidad de los señores Senadores.
Cuando votamos en contra de la iniciativa legal que introducía modificaciones a la tributación minera, dijimos que queríamos discutir el punto en su mérito. Y algunos no nos creyeron, pues pensaban que queríamos dilatar su tramitación con dicho argumento. Sin embargo, señalamos que se trataba de un tema gordo, importante y que lo urgente no debía sacrificar lo importante. Y creo que, al final, el tiempo nos dio la razón.
También sostuvimos que las empresas de la gran minería del cobre podían hacer un aporte mucho mayor, habida consideración de las enormes utilidades que obtienen.
Es efectivo que la invariabilidad tributaria constituye una anomalía del sistema democrático. Cuando se dictó en 1974 el decreto ley Nº 600, sobre Estatuto de la Inversión Extranjera, había incertidumbre y falta de confianza en el inversionista foráneo respecto de las políticas fiscales y de inversión en nuestro país.
No obstante, hoy día nos hallamos en una situación normal.
Y sin perjuicio de que uno mantiene el anhelo de eliminar la invariabilidad tributaria en situaciones de normalidad democrática, ese deseo se diluye o, de alguna manera, se matiza debido a dos hechos significativos.
En primer lugar, la creación de una comisión encargada de discutir el Estatuto de Inversión Extranjera que requerirá el país hacia el futuro.
Y, en segundo término, el hecho de que el proyecto de ley en debate logra importantes objetivos: se rebaja de 8 a 6 años el período de invariabilidad tributaria; se aumenta de 5 a 14 por ciento el impuesto específico a la minería, y lo más relevante -tal como indicó el Senador señor Frei en cuanto a que hay muchas formas de buscar resquicios legales para evadir el impuesto específico-, se fija una tasa global en alrededor de 41 por ciento.
¿Y por qué eso reviste importancia, señor Presidente? Porque Chile pasa a las ligas mayores entre aquellos países que se dedican a la gran minería del cobre, a través del establecimiento de uno de los impuestos más altos en esta actividad, lo cual ayuda a que exista un poquito más de justicia, un poquito más de equidad en la redistribución de los ingresos, de modo que aquellos que ganan más paguen más, con el objetivo de que los que tienen menos puedan obtener mayores beneficios.
Cabe recordar que esta plata se destinará a programas sociales de vivienda, salud, educación, especialmente en las Regiones. Por eso, el mecanismo a través del cual se distribuye un tercio de los recursos del Fondo de Inversión y Reconversión Regional a las Regiones mineras y dos tercios al resto de ellas me parece sumamente importante.
El impuesto establecido para la actividad minera se matiza porque es razonablemente alto. Y digo "razonablemente" porque tampoco puede ser un tributo irracional, desproporcionado. No olvidemos que, para acogerse a los beneficios de la invariabilidad, las empresas deben acceder voluntariamente a la nueva legislación.
En consecuencia, resulta sumamente relevante establecer impuestos altos pero no irracionales, desproporcionados o expropiatorios.
Señor Presidente, me alegro de que estemos resolviendo de mejor forma la disyuntiva que hubo sobre la materia entre Gobierno y Oposición en el Congreso Nacional, sobre todo en el Senado.
A veces, al Gobierno le surge el deseo de imponer sus términos; en ciertas ocasiones quienes somos Oposición nos tentamos con oponernos a todo. Sin embargo, estamos demostrando que nuestro sector político ha encontrado un tono adecuado. Hemos aprendido a ser una Oposición constructiva. Y me parece que el Gobierno ha recogido la enseñanza de que debe tratar de buscar acuerdos con contenido, que vayan en aras del bien común del país, sin transacas ni arreglines, los que, muchas veces, llevan a que algunos escriban que hemos pasado del "avanzar sin transar" al "transar sin parar". ¡No! ¡Acuerdos con contenidos con miras al bien común del país!
Por esas razones, me sentí muy contento del acuerdo logrado, señor Presidente.
Y quiero graficar la discusión teórica que hemos sostenido mediante una vivencia personal: el pasado fin de semana, mientras recorría la comuna de Melinka, entre el archipiélago de Las Guaitecas y Chiloé, durante una reunión que sostuve con varios habitantes del sector, un señor se paró, pidió la palabra y me dijo: "Felicite a los Senadores, a los partidos políticos de la Concertación y de la Alianza, por haberse puesto de acuerdo en el tema del royalty".
Traigo a colación esa experiencia que me tocó vivir el fin de semana porque el ciudadano común es mucho más sensato e inteligente de lo que nosotros creemos. A veces, los extremos y la polarización se producen en razón de las posturas de gente muy ideologizada y fanática que se complace en descalificar y no analizar las cosas en su mérito.
Por eso, con plena tranquilidad de conciencia, votaré a favor del proyecto en debate, sumándome a las felicitaciones expresadas a los integrantes de la Comisión de Hacienda de esta Corporación y al Ministro de Hacienda, don Felipe Larraín, por haber alcanzado este acuerdo tan importante para el país.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Cantero.
El señor GIRARDI.- Yo había pedido la palabra antes, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Su Señoría, estoy concediendo el uso de la palabra en forma alternada a un representante de cada bloque político.
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.- Señor Presidente, en primer lugar, valoro el ambiente de gobernabilidad que se observa en el Senado.
El acuerdo alcanzado entre la Coalición por el Cambio y la Concertación, con su expresión tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento, constituye una señal de contagiosa esperanza en el futuro del país, por cuanto la gobernabilidad que se proyecta tiene elementos significativos muy importantes y dignos de considerar.
Se logra gobernabilidad cuando hay estabilidad política, como la que aquí se ha alcanzado, y cuando todos están dispuestos a dar señales de flexibilidad.
Se logra gobernabilidad cuando se consigue equilibrio en materia económica -ese es el signo que vemos en este caso- y cuando se logra equidad en el plano social.
Sin duda, el proyecto de ley que nos ocupa es mejor que la iniciativa que discutimos hace algunos meses -¡qué duda cabe!-, lo cual es mérito de todos los sectores políticos.
Por eso, felicito a los actores que lograron generar este clima y espero que él sea contagioso para el resto del país, particularmente cuando Chile vive -y yo diría que también el resto del mundo- una etapa tan especial en el ámbito de la minería, mientras se vuelca con grandes expectativas y esperanzas de generar vida para aquellos mineros que se hallan atrapados en la mina San José.
Por otro lado, me parece que se hace justicia. El país está pagando una deuda con las Regiones mineras.
En su momento voté a favor del royalty -impuesto específico a la minería-, cuando presentó el proyecto la Concertación. Pero, hasta ahora, he mantenido una sensación de frustración, porque en realidad no se logró llevar ese beneficio a las Regiones mineras. El Estado quedó en deuda en esta área.
Por ese motivo, meses atrás anuncié que estaba dispuesto a rechazar el proyecto original enviado por el Gobierno, pues no hacía justicia a los elementos a que he hecho referencia.
Hoy siento que hemos logrado un acuerdo que beneficia al país en su conjunto y también hace justicia a las zonas mineras.
En ese sentido, quiero señalar que el impuesto específico a la minería -mal denominado "royalty"- no es un fondo de reconstrucción. Excepcionalmente, y dadas las circunstancias que vivimos, el Fondo de Inversión y Reconversión Regional, que se crea, posee ese énfasis y la mitad de sus recursos cumplirán dicho propósito.
Tampoco en el origen de este Fondo se vislumbró como una compensación -para eso está el Fondo Nacional de Desarrollo Regional-, sino como un instrumento que busca dar sustentabilidad al desarrollo nacional; busca que la minería efectúe un aporte mayor a ese desarrollo, y, particularmente, busca hacer justicia a las zonas mineras que explotan recursos naturales no renovables. Porque cada vez que se saca una tonelada de cobre en mi Región, la de Antofagasta, esta se empobrece y el resto del país se beneficia.
Es de justicia, en consecuencia, que un porcentaje de tales recursos vaya en favor de las zonas mineras que aportan sus recursos naturales no renovables.
Ese es el sentido primario de la iniciativa.
Asimismo, estoy satisfecho por haberse fijado una escala impositiva muy importante, que varía entre 5 y 14 por ciento en su tasa permanente. Y en lo transitorio, la invariabilidad tributaria se ha reducido de 8 a 6 años, lo que me parece muy significativo.
En esa lógica de gobernabilidad, que propicia alcanzar estabilidad política, equilibrio económico y equidad social, se enmarca el propósito de modificar el decreto ley N° 600: mantener incentivos para atraer inversiones extranjeras, a fin de obtener mayores beneficios para el progreso del país y hacer justicia en la sustentabilidad del desarrollo de las Regiones mineras.
A mi juicio, la fijación de una tasa efectiva de tributación de entre 41 y 42 por ciento es una señal muy clara en la que todos los sectores políticos estamos contestes y constituye un avance de enorme relevancia. Tal situación no se registró cuando la Concertación presentó primitivamente el proyecto de royalty, ni con ocasión de la iniciativa que hace poco proponía aumentar el impuesto específico a la minería.
Estamos frente a un avance positivo. Hay flexibilidad en todos los sectores y se plantea ir logrando entendimientos y acuerdos en estas materias.
Además, se hace justicia al definir los criterios para distribuir los 400 millones de dólares del nuevo Fondo entre las Regiones y en especial en las mineras, a las que se les entregará el 30 por ciento de esos recursos, con un rendimiento de 100 millones de dólares anuales durante sus 4 años de vigencia.
Lo anterior reviste particular trascendencia. Y deseo destacarlo porque, aun cuando no se consigna en el texto, por razones que todos conocemos, el Acuerdo sobre Proyecto de Impuesto Específico a la Minería suscrito entre Senadores de la Concertación y de la Coalición por el Cambio y ratificado por el Gobierno, establece un criterio para la distribución de esos recursos. Al efecto, señala textualmente:
"La distribución del tercio de los recursos para regiones mineras que van al Fondo se establecerá en un reglamento elaborado por el Ministerio de Hacienda, tomando en consideración la participación de la actividad productiva minera del PIB regional, de manera similar a la asignación que se hace en el FIC" (Fondo de Innovación y Competitividad).
Por eso, considero que se ha hecho justicia; que se ha pagado una deuda. Nos costó conseguirlo. Y me alegro de haber trabajado en estrecha coordinación con el Senador Gómez, en representación de la Segunda Región, donde los reclamos eran efectivos y muy fuertes, en orden a que el aporte que las zonas mineras hacemos al desarrollo del país es mayúsculo; pero la compensación que se nos entrega, minúscula.
Me siento muy complacido por lo que se ha obtenido. Espero que, además, logremos incorporar en la legislación criterios que permitan una distribución intrarregional.
Ese es otro elemento al que se debe poner atención y respecto del cual existe un clamor muy fuerte en todo el territorio: equilibrio y equidad intrarregional en la distribución de los recursos indicados, de tal manera que las comunas de las zonas mineras perciban que tienen participación.
En el caso de la Región de Antofagasta, se llevaron a cabo fuertes movilizaciones, en las que incluso participaron alcaldes junto con sus comunidades, para reclamar de tal situación.
Es muy positivo que la sociedad civil se movilice por reivindicaciones que, en mi opinión, son del todo justas.
El proyecto recoge el punto.
Otro aspecto que vale la pena considerar es el de que las obras de que se trate representen un real adelanto. Debemos cautelar que en el reglamento se estipule que las obras a las cuales se destinen los recursos del Fondo constituyan hitos históricos que permitan dar respuesta al objetivo inicial que las inspiró: conceder sustentabilidad al desarrollo.
Para que eso ocurra, se precisa invertir sin sentido clientelista, sin el afán de efectuar obras menores de carácter, simplemente, político-electoral, sino en obras que en verdad impulsen la sustentabilidad a la que hemos hecho referencia.
En síntesis, me parece que estamos ante una iniciativa que ha logrado convocar la mejor disposición del país.
Termino reiterando mi complacencia por la voluntad, la madurez y el compromiso con los intereses superiores de la nación por parte de todos los sectores, que a través de gestos y gran flexibilidad lograron encontrar puntos de acuerdo.
Anuncio que votaré a favor del proyecto, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, la presente es una discusión sustantiva de sociedad. Y me parece legítimo sustentar puntos de vista distintos, porque ella involucra distintas culturas.
Creo que viene un debate a nivel planetario respecto a los recursos naturales y a cómo darles valor y protección.
Tal vez este análisis sea incipiente en Chile; pero estoy seguro de que los grandes países productores de recursos naturales y que cuentan con mayores niveles de desarrollo, de manera muy inmediata -yo diría- harán del asunto un debate planetario. De hecho, en las elecciones realizadas en Australia, fue una cuestión fundamental. Y, por lo demás, conlleva otra visión que tiene que ver con la carga tributaria que han de tener las naciones para enfrentar el desarrollo.
Entonces, se trata de un debate legítimo. Y, sin duda, históricamente ha habido dos visiones: una más cercana al mundo liberal, que considera que deben existir cargas tributarias más bajas, como las hoy vigentes en Chile, y otra que postula que las sociedades necesitan cargas tributarias más altas; un Estado de mayor tamaño; más inversión en educación, en salud, en ciencia, en tecnología, todo ello para garantizar un salto al desarrollo o la mantención del ya existente.
En ese contexto se sitúa esta discusión.
Soy de los que piensan que, efectivamente, nosotros no le estamos dando valor a los recursos naturales, primero, porque lo que estos tributan, en general, siempre ha sido bajísimo, y, segundo, porque los vendemos sin un valor agregado.
Nuestro país exporta cobre sin ni siquiera un centímetro de alambre con valor agregado. Y exportamos nuestros recursos marinos -por ejemplo las especies pesqueras- que son un recurso valiosísimo en el mundo entero, como harina de pescado.
Eso significa dilapidar los recursos naturales y no contribuir a su debida rentabilidad en beneficio del desarrollo nacional.
Chile es dueño del cobre. Y podríamos plantear, en términos metafóricos, que queremos construir una sociedad con quienes desean explotar el metal. Nosotros aportamos el recurso, y las empresas mineras, la extracción. Pero yo diría que esa sería una relación bastante desigual, una sociedad muy disímil, porque una parte de los socios logra utilidades millonarias, y la otra, ganancias que están muy por debajo de las que repatrian las transnacionales.
Además, tenemos que soportar el consumo intensivo de energía, de agua. Y nos están llenando de termoeléctricas a carbón justamente porque los mayores usuarios intensivos de energía son las mineras. También quedamos con grandes hoyos, llenos de metales pesados, de xantato, que son elementos que dañan nuestros ecosistemas por largo tiempo.
Entonces, se presenta la propuesta de Gobierno. Yo valoro que este se haya abierto a iniciar un debate sobre la tributación relacionada con la explotación de recursos naturales. Evidentemente, podría no haberse allanado a realizar una discusión respecto de un aumento de impuestos. Pero este es un tema más de fondo, más sustantivo, y creo que amerita una reflexión.
A mi juicio, la propuesta original del Ejecutivo era totalmente insuficiente desde el punto de vista de la magnitud de la carga tributaria en función del valor que nosotros les queremos dar a nuestros recursos naturales y del período de invariabilidad que estábamos dispuestos a aceptar. Me parecía que eso era condenar a Chile a no hacer uso de sus recursos ni de su renta para dar un salto adelante.
En ese sentido, valoro lo que concordaron algunos Senadores de la Concertación, que dieron un salto adelante. Ellos lograron un avance en términos de disminuir la invariabilidad, de aumentar la carga tributaria y de poner en discusión algo que, sin la necesidad de recurrir a una excusa como la del royalty, debiéramos pensar en eliminar como sociedad.
Pienso que Chile no necesita el decreto ley 600. Este hoy día se ha transformado en un problema para el desarrollo del país y no en una oportunidad. Además, es discriminatorio para unos respecto de otros.
Por lo tanto, estimo que ese es un tema central que se debe debatir.
Aquí se han planteado las bondades de una Oposición que llega a acuerdos. Yo coincido con eso. Estimo que debe hacerlo. De hecho, creo que ha llegado a acuerdo con el Gobierno en todas las materias. En este momento no se me viene a la memoria ninguna en que ello no haya ocurrido en el debate legislativo. Y eso me parece muy bueno. Pero también considero que las diferencias no les hacen mal a las sociedades ni a los proyectos de sociedad.
Y yo siento que ahora existía la oportunidad de plantear un punto de vista distinto entre nosotros, así como visiones más liberales acerca de la forma en que podemos dar un salto al desarrollo que nos permita avanzar más rápido.
Estoy convencido de que aquí hay diferencias que hubieran hecho posible mostrarle al país que Oposición y Gobierno no son lo mismo. Lamentablemente, hay una crisis de desidentidad en todo el orbe, incluido Chile. Y creo que el mundo progresista tiene que repensarse en el sentido de ver qué significa de verdad ser progresista o de centro-izquierda frente a los distintos desafíos que plantea el futuro, entre ellos este, fuera de los vinculados con el recurso agua, la biotecnología y muchos otros que se vienen por delante y que, a mi juicio, ameritan una reflexión más profunda.
A mí me preocupa que la propuesta a que se ha llegado sea una propuesta virtual. Nosotros no vamos a tener una tributación que vaya del 5 al 14 por ciento. El 14 por ciento va a ser excepcionalísimo, casi no se aplicará, porque para llegar a ese porcentaje se necesita un margen operacional de 85 por ciento, nivel que no se ha dado. De hecho, el promedio de La Escondida, que es la empresa del rubro con mayores utilidades, ha sido de entre 60 y 65 por ciento. Estamos hablando de una tributación que fluctuará entre 6 y 10 por ciento. Eso es lo real con el precio del cobre actual.
A mí me parece que este es un inmenso y gran negocio para las mineras, que deben estar muy contentas, porque rápidamente sacarán sus cálculos y se darán cuenta de que el 14 por ciento será una situación de absoluta excepcionalidad.
Evidentemente, nosotros podríamos habernos esforzado por conseguir una carga tributaria mayor.
En términos conceptuales, dado que el tema de los recursos naturales será un debate a nivel planetario que llegará a nuestro país de todas maneras -con seguridad, habrá otra conciencia en la sociedad chilena en cinco años más-, me preocupa también que se hipoteque la posibilidad de aumentar los impuestos a la minería por tres gobiernos consecutivos, plazo que me parece del todo excesivo.
Aquí estamos hablando de empresas que tienen mucho poder.
Al respecto, no puedo dejar de mencionar el caso del ex primer ministro australiano Kevin Rudd, quien duró dos meses en su puesto desde el momento en que planteó un incremento tributario de 40 por ciento a las empresas mineras a partir de un margen operacional de 12 por ciento. ¡Dos meses! Sin embargo, los impuestos que tendrían que pagar allí las empresas de ese país que operan en Chile serían muy superiores a los que van a pagar, en términos reales, en nuestro territorio.
Eso debería llamarnos a reflexión y a generar un debate que de ningún modo concluye ahora y que formará parte de un proceso episódico donde la discusión sobre la tributación por la explotación de recursos naturales se volverá a abrir. Estoy seguro de que será uno de los temas emblemáticos en la próxima elección presidencial y en las que vendrán más adelante.
Y, de cualquier manera y más allá del debate de esta normativa, considero muy importante que Chile analice a fondo la posibilidad de poner fin al decreto ley N° 600, tal y como se encuentra establecido en la actualidad.
Señor Presidente, anuncio que no apoyaré con mi voto la iniciativa legal en estudio.
Espero que a futuro la sociedad chilena y el Congreso mantengan abierta la discusión respecto de materias tan fundamentales como esta. Me parece que la invariabilidad tributaria, en la forma en que se halla planteada, más allá de los avances que ha habido o del debate relacionado con las cargas tributarias, es un elemento lesivo.
Por último, considero que una sociedad entre Chile, dueño del cobre, y quienes explotan el mineral debe ser más equitativa, más simétrica, con una tasa de tributación efectiva cercana al 50 por ciento, de la cual todavía estamos muy lejos.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, me alegro sinceramente de que el Senado se encuentre despachando este proyecto de ley.
Creo que si algo positivo nos heredó el terremoto fue el generar esta discusión, porque, si no hubiese ocurrido ese hecho de la naturaleza, seguiría vigente la normativa actual. Y quiero recordarlo para poder valorar el acuerdo a que llegaron algunos Senadores y el Gobierno.
¿Qué tenemos hoy día?
Según la legislación en vigor, hasta el año 2017 regiría el 4 por ciento de impuesto específico para todos aquellos proyectos mineros acogidos a un artículo transitorio contenido en el cuerpo legal que aprobamos en su oportunidad. Pero lo que la ley establece en forma permanente es una tasa de 5 por ciento. Y lo señalo por cuanto muchos de los que yo oigo hablar del asunto no la dominan en toda su magnitud.
Hay quienes creen que la invariabilidad termina el año 2017. Sin embargo, ella finaliza el 2037. ¿Por qué? Porque hasta el 2017 cualquier proyecto minero que ingrese a través del decreto ley 600 tiene 5 años para ponerse en marcha y luego, a contar de ese momento, 15 años de invariabilidad. Podría ser un proyecto presentado el 2017, o el 2016, o el 2015.
Aclaro eso porque aquí he escuchado conceptos que no tienen nada que ver con lo que es la invariabilidad. Esta es una certeza jurídica que otorga el Estado chileno por un cierto plazo, en este caso por 15 años, a partir de la presentación del respectivo proyecto.
Eso es lo que tenemos hoy, y por eso a mí me sorprende de algunos, no que consideren insuficiente la propuesta o tengan otras visiones, sino que voten en contra de una iniciativa que permitirá cambiar la realidad actual por algo que es mejor para el país en materia de recaudación.
Entiendo que algunos quisieran que fuera más, que fuera de otra forma, y está bien. Pero aquí tenemos que poner en su justa dimensión lo siguiente.
Tal como dijo el Senador Eduardo Frei, en su Gobierno pasaron años sin que la libra de cobre llegara al dólar, por lo que plantear en ese minuto un impuesto específico parecía insensato, juicio que, por cierto, todos compartimos.
Después, tuvimos una larga discusión cuando se instauró el actual impuesto. En ese minuto se habló de precios en el largo plazo en torno a 2 dólares la libra de cobre y se estableció una tasa de 5 por ciento. Y para aquellos con proyectos iniciados o por iniciarse y que voluntariamente se sumaran al pago de este gravamen se fijó, hasta 2017, una de 4 por ciento.
Y hoy estamos efectuando un debate que yo valoro a la luz del tiempo transcurrido, donde se estima que estamos en un ciclo del precio del cobre -cuya duración desconocemos- en que la renta obtenida debe ser compartida.
Por eso, el Ejecutivo propone modificar los porcentajes de 4 y 5 a otros contenidos en una tabla que va del 4 al 9 por ciento, para aquellos que en forma voluntaria deseen acogerse al nuevo sistema, y del 5 al 14 por ciento, para los proyectos que ingresen a partir de hoy.
En verdad, votaré con el mayor de los agrados a favor de un acuerdo de esta envergadura, porque muestra la capacidad de un país de cambiar en la medida en que lo hacen los tiempos y de captar mayores recursos desde un sector muy importante. Porque digamos las cosas como son: este mundo está lleno de gente muerta de hambre bajo gobiernos progresistas que viven encima de grandes riquezas naturales. Las mayores reservas de cobre del planeta se encuentran en África, con leyes del 5 por ciento, pero finalmente, por inestabilidades políticas o distintas causas, terminan no explotándose. Y es donde existe más miseria.
Otro caso es el de Bolivia. Hoy es un país importador de gas, en circunstancias de que posee las mayores reservas mundiales de este combustible.
Entonces, creo que la clase política chilena, y el Senado y el Gobierno en particular, están dando hoy un gran paso.
Y yo estoy muy lejos de dar una sensación como de explicación, porque pareciera que algunos se las dan a los más progresistas.
Nosotros tenemos que darles explicaciones a los que no querían hacer cambios. Porque en nuestro propio sector nos decían: "¡Cómo un Gobierno de Derecha va a plantear un aumento! ¡Para qué tocamos esto!".
Pero todos, de alguna forma, tenemos que liderar a nuestros mundos. Y lo que ha ocurrido en nuestro país es un proceso de liderazgo extraordinario, que está concluyendo en un gran acuerdo nacional que nos va a permitir destinar recursos para las Regiones y para las zonas mineras.
Hay que reconocer, por otro lado, que este buen ciclo económico del cobre está trayendo problemas a las zonas agrícolas, fruto del tipo de cambio. Por lo tanto, también debiéramos contemplar algún sistema para que, cuando se produzcan estos ciclos, los sectores productivos que dependen del tipo de cambio y que en la actualidad se hallan muy afectados puedan enfrentar sus dificultades.
Pero este es un gran acuerdo político, y así lo quiero destacar, sumándome a las felicitaciones a todos quienes han sido parte de esta larga historia, que comenzó con otro proyecto de ley que finalmente no se aprobó.
Me alegra -y también quiero dejarlo establecido- que el Gobierno haya insistido en plantear de nuevo el tema, porque gracias a ello hoy se habla de 40 mil a 50 mil millones de dólares en proyectos mineros, los cuales, del porcentaje fijo de 5 por ciento que existe hoy, pasarán a tener una tasa cuyo piso estará constituido por dicho porcentaje, lo que permitirá recaudar, como aquí se ha señalado, relevantes sumas para enfrentar el problema de la pobreza.
Por consiguiente, creo que se trata de un acuerdo, usando un lenguaje que no es propio de nuestro mundo, "muy progresista". ¡Así de simple!
A lo mejor esto motiva a algunos a modificar su voto -ojalá-, pues la verdad es que muchos progresistas, en aras de su visión, tienen condenados a sus pueblos al hambre, pese a encontrarse sentados arriba de importantes recursos naturales.
Con la tabla propuesta, esta tarde llegamos a un 41 por ciento de tributación para la gran minería. Aquí todos hablan de las cuantiosas utilidades que se llevan las empresas. Yo digo: ¡Fantástico que así sea, para que dejen el 41 por ciento de ellas! Porque cuando obtengan más ganancias -que no son tan altas como algunos dicen, aunque, por mí, que fueran mayores todavía- nos estarán dejando una proporción significativa de dinero para programas sociales.
Por lo tanto, señor Presidente, quiero destacar el acuerdo a que se ha llegado porque, gracias a la defensa que hizo el Gobierno de algo que no le es propio -no estaba en nuestro programa ni en el de nadie el tener que recurrir a esta nueva forma de recaudación-, hemos logrado modernizar el impuesto específico a la minería, aprovechando y captando estos ciclos positivos que, por fortuna, existen y que esperamos duren el mayor tiempo posible.
También deseo destacar el concurso de Senadores y dirigentes de la Concertación que permitieron perfeccionar el proyecto.
Creo que hoy podemos afirmar, con auténtico orgullo, que estamos alcanzando un gran acuerdo para Chile, pensando en el bien común y en cómo aprovechar este recurso que Dios nos dio. Porque no es que lo tengamos ahí, a la espera. Por eso, seré partidario de cobrarles mucho más royalty a las mineras cuando podamos decirles: "Ahí está el cobre, ahí está la mina, y les regalo esto". Resulta que para descubrir yacimientos se deben realizar enormes inversiones -estoy hablando de cifras muy significativas-, y para que ello sea posible hay que entregar estabilidad.
Por lo tanto, señor Presidente, creo que desde todo punto de vista este es un gran acuerdo.
Y, al terminar mis palabras, quiero volver a felicitar a quienes se atrevieron, porque he sabido -basta escuchar a algunos- que estuvieron hablándole a la gente más difícil de cambiar: la que se halla más cerca de los líderes políticos.
En general, lo que cuesta es lograr acuerdos, ceder y tener que dar explicaciones en el propio mundo. A lo mejor todos hemos debido darlas: algunos de ustedes, en el mundo de la Concertación, y nosotros, en el nuestro, donde hay personas que prefieren no aumentar impuestos y no aprovechar estos ciclos económicos positivos.
Por cierto, voy a votar a favor del proyecto con el mayor de los agrados, pues considero que este es uno de los grandes acuerdos que se han logrado en esta Corporación, y felicito por ello también al Gobierno.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, hoy votamos un proyecto de ley relacionado con los recursos financieros que las mineras entregan y deberán entregar en el futuro por concepto de royalty.
Se trata de un tema de altísima importancia para el país. De hecho, en la segunda mitad del siglo pasado las materias económicas y nuestras principales políticas públicas estuvieron centradas en la forma de enfrentar la propiedad y la tributación del cobre.
No hubo ningún debate presidencial que no apuntara a la denominada "viga maestra de Chile".
Mi vida parlamentaria, señor Presidente -y excúsenme que me refiera tan explícitamente a lo que me ha tocado vivir-, ha sido clara desde siempre: desde la década de los cincuenta, cuando empieza el "Nuevo Trato" entre el país y las mineras y el debate en torno a si la propiedad era del primero o de las segundas. Desde entonces que se está discutiendo lo que nosotros consideramos una base razonable, es decir, la constitución de una sociedad entre el Estado de Chile, que aporta el cobre, y las empresas mineras, que aportan las inversiones. Era una sociedad que podríamos llamar "mitad y mitad", donde se ponían determinados techos y donde lo que se ganara se podía repartir hacia otras visiones presupuestarias o de carácter impositivo; por lo tanto, para el país.
Lo señalo, señor Presidente, porque mi voto va a ser negativo. Y por eso debo explicar que desde esa época estoy en la misma posición, con distintas variables en cada oportunidad, pero manteniendo una línea que no considero razonable cambiar ahora de manera abrupta votando a favor del presente proyecto.
Me ha tocado participar en el debate acerca de esta materia desde que era Diputado.
Si quisiera dar cuenta de por qué tengo una sensación tan vital de que debo votar que no, habría que señalar que no es fácil cambiar el voto después de haber estado detenido más de nueve o diez veces, en forma muy dura en algunas ocasiones, por defender la tesis de la chilenidad del cobre, de la propiedad del país, tema que a veces se pierde en la discusión habida aquí y que a la opinión pública no siempre le queda claro.
Alguien usó la expresión "el royalty no deja ver el cobre". Es verdad. En determinados momentos, al parecer, se olvida que la discusión no es con las empresas. En el fondo, ella se suscita sobre la propiedad y la forma como se hace esa sociedad respecto de un mineral que pertenece a todos los chilenos.
Por eso, he expresado públicamente a mis Honorables colegas -con pleno respeto a las normas de funcionamiento interno de la bancada de Senadores, lo que también ha sido materia de debate- que no comparto el acuerdo a que se ha llegado con relación a la invariabilidad tributaria.
Asimismo, he señalado que no tengo objeciones en cuanto a otros aspectos.
Lo cierto es que no se pudo llegar a acuerdo en este sentido.
Este asunto -reitero- lo he planteado en forma pública desde hace dos meses o más a mis colegas, de acuerdo con mi obligación de Senador democratacristiano. Ello nace de una convicción, a mi juicio, invariable de lo que yo sostengo como política del cobre.
Quiero, asimismo, dar a conocer públicamente que agradezco la forma en que mi bancada ha aceptado mi posición, porque cumplí justamente con el compromiso protocolar existente entre nosotros. Y deseo agregar, de manera muy enfática, que más allá de que yo tenga una posición diferente, respeto lo que ellos han hecho.
Alguien se preguntará: "¿A qué viene esa insistencia?". No tiene otro objeto que respaldar lo que hacen mis Honorables colegas. Porque en el Senado se debe procurar ser capaz de respetar la disciplina por consenso y el derecho a la libertad de votación cuando empecen algo que es demasiado importante para uno.
Por eso, no voy a responder ni a hablar ni a argumentar más sobre esta materia, como una reafirmación de mi respeto y comprensión al acuerdo que hemos llegado con los jefes de Comité, en orden a no dar respuesta a ninguna de las aseveraciones, aunque piense distinto y tenga los argumentos necesarios. Es un acto de recíproca sinceridad y respeto.
En cuanto a lo manifestado por los Comités de mi Partido sobre la materia que nos ocupa, yo expresé que no iba a dar mi consentimiento. Y ellos han aceptado que vote en contra. Pero también yo tengo la obligación de ser respetuoso del orden y la forma en que han actuado. Conforme a sus respectivas visiones, lo han hecho de una manera que me parece extraordinariamente positiva.
No obstante, vuelvo a señalar que el tema en debate es opinable. Aquí no hay verdades absolutas. No existe la sensación de que quien trabaja por una posición u otra es más o menos patriota que el otro.
Lo digo con mucha sinceridad y fuerza, porque cuando uno tiene cincuenta años en torno a un tema y...
El señor LARRAÍN.- ¡De edad!
El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¡Claro! El Senador señor Larraín va a ser un gran viejo cuando llegue a mi edad.
En verdad, hay cuestiones que a uno le duelen el alma y que son como parte de la propia vida. En materia del cobre, no fundamentaré mi voto de ninguna otra manera. Simplemente, votaré que no.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, el origen del debate que realizamos hoy fue el terremoto.
Se supone que el Ejecutivo envió un proyecto de ley para enfrentar el proceso de reconstrucción. Se dijo que los daños en el país ascendían a cerca de 30 mil millones de dólares; que el sector público debía hacerse cargo de parte de esos recursos, y la verdad es que hasta hoy no está claro de dónde provendrá el conjunto de tales fondos.
Se dictó una primera ley, que va a rendir una cantidad de dinero por definir, pero que no supera los 2.400 millones de dólares, siempre y cuando la Ley de Donaciones resulte tremendamente exitosa.
Otro de los componentes era la iniciativa sobre impuesto específico a la minería.
Nosotros no queríamos discutir el tema del mal llamado royalty sin tener una mirada de largo plazo. Por eso, pedimos un debate separado.
Lamento que no esté en la Sala el Senador señor Longueira quien nos denostó -yo diría- y usó tonos hasta insolentes en la discusión anterior, debido a que solicitamos tener un debate de más largo alcance. Hoy ha cambiado de tono, lo cual es positivo.
Es decir, se reconoció que era importante un debate sobre la reconstrucción -los recursos destinados a ella- y también uno de más largo plazo.
A mí no me gusta la estructura tributaria de la gran minería en Chile. Me molesta. Considero que es inadecuada e insatisfactoria.
Sí creo que nuestro país debería llevar a cabo un debate tributario mayor, en serio. Y, en ese contexto, efectuarlo respecto de la estructura tributaria de los recursos naturales, pues estos -no solo los relacionados con la minería, sino también con varios otros rubros- van a jugar un papel estratégico en el mundo.
¿Por qué los recursos naturales en particular? Porque la explotación de estos, que están siendo consumidos en especial por el sudeste asiático, por los chinos y por los indios, va a generar una externalidad brutal para países como el nuestro. Es decir, sobre esta materia se precisa una discusión mayor. Lamento que no la estemos realizando.
Es muy cierto lo que señalaba el Senador señor Girardi. Cuando se habla de explotación minera, se hace alusión a la energía, a las emisiones, al efecto invernadero. Este último, en verdad, se nos está traspasando a nuestro país como generador, para que otros puedan consumir estos recursos en la forma y el ritmo en que lo están haciendo.
Hay un debate pendiente.
Personalmente, soy de aquellos que se inscriben en la discusión acerca de la renacionalización de los recursos naturales, sobre los royalties efectivos, al valor o al volumen de extracción.
Por desgracia, no es eso lo que debatimos hoy. No es el tema en cuestión. No se está discutiendo lo que a mí me habría gustado o lo que quizás los dirigentes mineros -quienes se hallaban presentes en las tribunas- hubieran querido. Hoy estamos debatiendo otra cosa.
A mí me gustaría que estuviéramos eliminando el artículo 11 ter del decreto ley Nº 600, de 1974, porque nos ahorraríamos probablemente la mitad de las incertidumbres existentes hoy respecto de los aportes a la gran minería del cobre en los próximos años. Ello, con el objeto de no llegar a esa propuesta casi dantesca que a ciertos colegas les gusta, o que señalaba el Senador Longueira, quien habló de invariabilidad tributaria hasta el año 2030 o más. Eso precisamente es lo que algunos queremos terminar.
No se está discutiendo ni votando la estructura global del impuesto específico a la minería, tampoco la forma como se calcula sobre costos operacionales, donde nuestro país, a raíz de la depreciación acelerada que hoy rige, rara vez llega al nivel de tributación que correspondería pagar en términos reales en esta gran industria, sobre todo cuando en los primeros años se explotaba el filete, lo más rentable del cobre, en que precisamente se descuentan a un mayor ritmo las inversiones en capitales.
Es decir, este no es el debate que yo hubiera deseado, sino uno distinto, que habla de un cambio de tabla, aun cuando no cabe duda de que la actual es mejor que la propuesta originalmente por el Gobierno.
Por eso, es válido lo que hicimos como Concertación para llegar a esta etapa, porque el aporte es mayor para el país. Pero debo decir que tengo dudas. Y me gustaría que el señor Ministro me convenciera o despejara algunas de las que se me plantean.
Se dice que estas platas son para la reconstrucción. ¡Primera falacia! Se trata de 1.100 millones de dólares a los que se les descuentan entre 300 y 400 millones de dólares para repartir en las Regiones. ¡No para la reconstrucción!
No hay ninguna garantía de que esos recursos serán destinados a la reconstrucción. La única forma de garantizarlo es que en el proyecto de Ley de Presupuestos, que se está discutiendo, se contemplen programas con presupuestos específicos para la reconstrucción. De ese modo, uno podrá ver que existe un paralelo entre las platas que se dice que son para la reconstrucción y lo que efectivamente va a ocurrir con ellas.
Hoy, los dineros que estaban destinados a la reconstrucción se reparten en Regiones.
Les ofrezco disculpas. No quiero ofender con mis palabras. Yo represento a una zona minera y estoy contento de que se les asignen recursos, pero no de esta forma. Porque esto se inició como una dádiva, como dar "una caluga" para buscar votos en su momento, y no como un debate para la reconstrucción. Se hizo tratando de convencer para una votación.
Segunda duda: ¿Cuáles son los proyectos que entran y los que no entran? ¿Qué son los proyectos mineros conexos? ¿Qué son las inversiones conexas?
Se supone que todo el proyecto nuevo, es decir, que se presenta desde septiembre del presente año hacia delante, entra con la tabla más alta. ¿Cómo se va a precisar cuáles son los proyectos nuevos versus los proyectos conexos?
En el momento en que se firma un contrato con el Estado, ¿qué pasa con las empresas que ya existen?
A mi entender, ahí subsiste un espacio, un grado de incertidumbre para el interés nacional.
Lo que hay resulta evidente, pero pienso en los nuevos proyectos. Porque aquí, tal como señaló un colega, se dice que habrá inversiones del orden de los 40 a 50 mil millones de dólares. Y las preguntas que surgen son: ¿en qué condiciones van a tributar? ¿En qué esquema? ¿Hasta cuándo?
Perfectamente se podría no hacer uso del artículo 11 ter y no dar invariabilidad a largo plazo para alguna de estas nuevas inversiones. Pero en este punto no he escuchado la voluntad del Ejecutivo.
Yo valoro este acuerdo que va a establecer un mecanismo para revisar el decreto ley N° 600. Se dieron 60 a 90 días para emitir un informe. Espero que a partir de esa fecha podamos definir el fin de la invariabilidad para los nuevos proyectos y una estructura tributaria con la que el país adquiera un compromiso, es decir, entre nosotros, pero no a partir del decreto ley N° 600 que presenta carencias de legitimidad democrática desde todos los puntos de vista posibles.
Señor Presidente, entiendo que aquí se habla de 41 por ciento de carga tributaria. Me gustaría que ella fuera efectiva. No creo que lo vaya a ser.
Aquí hay un problema sobre cómo se extraen los recursos y cómo se calculan los tributos de acuerdo con las normas, porque 35 por ciento del impuesto global depende de si se remiten o no se retiran utilidades.
Entiendo que el Gobierno de la Presidenta Bachelet cerró una válvula muy importante respecto de los abusos que se cometían para triangular créditos. Mi duda apunta a saber si vamos a llegar a esta tasa.
Tengo incertidumbre acerca de cómo se va a seguir calculando, en particular el concepto que nos permita llegar a una tabla efectiva. Comprendo que el promedio será de 7 a 8 por ciento. Eso es lo que estamos votando en términos reales.
¿Es más de lo que había? Sí. Pero no creo que sea todo lo que la gran minería pueda aportar.
Una última consulta.
Los recursos van a ser destinados a las Regiones. Sin embargo, yo quedaría más convencido con esta iniciativa si estos se entregaran a las comunas mineras, no a las Regiones mineras.
A mi juicio, ahí hay una cuestión de fondo, porque estos dineros deben ir a las comunas mineras.
Al respecto, hay una indicación y espero que el Ejecutivo la patrocine, porque eso demostraría compromiso y comprensión del debate original, que es más profundo.
Señor Presidente, me gustaría tener la convicción de que los recursos van a destinarse a la reconstrucción. Eso me convencería de que debo votar a favor de esta norma. Yo quiero tener la certeza de que los 800 o mil millones de dólares van a ser entregados a la Sexta, Séptima y Octava Regiones a los efectos de la reconstrucción y que no se van a gastar en el presupuesto general de la República. Porque como dice muchas veces el señor Ministro, la plata es fungible. O sea, no hay una contabilidad específica.
Esa es mi duda respecto del proyecto.
En consecuencia, esta no es la ley que yo quiero para la gran minería del cobre. Tampoco me convencen el aporte al país ni aquellos que se destinen a la reconstrucción, porque pienso que van a terminar en el Tesoro Público.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, apoyo lo expresado por las señoras y señores Senadores, especialmente lo dicho por quienes llegaron a este acuerdo.
Quiero manifestar algunas preocupaciones que son casi las mismas de hace cinco años, cuando el cobre tenía otro precio.
Estas consideraciones son de tipo externo e interno, referidas a la demanda y a la oferta.
La demanda es externa y la oferta, interna. También se les puede llamar "ciclos económicos interno y externo".
Hace cinco años teníamos seguridad jurídica, certidumbre, confianza, estabilidad, seriedad, productividad, institucionalidad, prudencia. Pero todo esto es relativo respecto de nuestros competidores directos e indirectos.
Chile no está solo. Existen otros países que en estos cinco años, por ejemplo, Ecuador y Perú -ya se mencionó acá- han avanzado en forma considerable, quizás por los espacios que dimos, o porque, simplemente, la demanda se expandió y los precios mejoraron.
Hay otras naciones, pero también hay otros productos. No debemos olvidar que el cobre podría tener algún sustituto, como nos ocurrió con el salitre.
La demanda de cobre ha aumentado en forma notable y parece que se mantendrá muy firme. Los precios también están muy altos. Se anuncian entre 40 mil y 50 mil millones de dólares adicionales en inversión.
Me han informado -no sé si será exacto- que hoy día en Chile tenemos 20 mil millones de dólares invertidos en la industria del cobre, en la actividad extractiva. O sea, estamos hablando de más que triplicar esto, claro que con leyes relativamente menores, porque, como se ya se sostuvo, hoy día se está explotando el filete, pero las inversiones que vienen no van a contar con leyes tan buenas.
Nuestro país, comparado con otros, se ubica más al rincón del mundo, más al final del mapa. Y la carga tributaria no es de las más bajas. Vamos a quedar con una imposición total final de entre 37 a 41 por ciento proporcional porcentual. Mientras más alta la diferencia mayor es esta carga.
De otro lado, nos falta energía.
Aquí mismo un ex Presidente manifestó que en este momento la energía en Chile es el doble más cara que en otras naciones. No tenemos proyectos limpios. Nos falta agua en esas zonas. La actividad minera es altamente intensiva en cuanto al uso de agua. Junto con hacer inversiones para producir cobre, creo que las mismas empresas deberán invertir con el objeto de generar energía y proveerse de agua.
Nos faltan puertos para mover esta capacidad a casi el triple que puede llegar a ser.
Nos falta contar con otra infraestructura.
De otra parte, me preocupa la evolución del tipo de cambio en caso de llegar a exportar tres veces más cobre que en la actualidad.
Me inquieta también la poca capacidad para procesar o agregar valor a esta producción. Porque así como se hace esta inversión tan interesante y tan tremenda para extraer el cobre, podría haber otra que fuese importante a fin de procesarlo y venderlo con mayor valor agregado.
En otras oportunidades he escuchado -Sus Señorías también lo han hecho- al Senador señor Prokurica quien sostiene que cada uno de los molinos de viento que se utilizan para generar energía eléctrica requiere, aproximadamente, de 20 toneladas de cobre. Entonces, hay que exportar esas 20 toneladas a Europa, se construye el molino de viento y se traen las 20 toneladas de vuelta.
Hay espacios para que lleguemos a acuerdos. No sé en qué forma, tiene que ser un acuerdo particular.
También me preocupa el destino de estos recursos. Eso me inquieta mucho. La calidad y cantidad del gasto o la inversión.
Vamos a seguir creando más Regiones, más provincias (aquí mismo las aprobamos); más comunas, más Metro, más Transantiago, más oficinas. Y, comparativamente, en Chiloé no se concretan las inversiones ofrecidas. Las zonas extremas siguen igual de aisladas. No tenemos lo que se ha denominado "el camino a Chile".
En estos momentos nuestro país está generando, como nunca, más empleo, más inversión y más crecimiento.
Por todas esas razones y consideraciones, reitero mis sentimientos de respeto por el acuerdo a que se llegó, lo cual me parecía muy difícil.
Tengo preocupaciones. Pero pienso que el ciclo va a ser más sólido que en otras oportunidades. Y por ello anuncio mi voto favorable.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, está claro que sin terremoto nunca habríamos tenido esta discusión, al menos no dentro de los próximos cuatro años. Y no es que me alegre el terremoto. Todo lo contrario. Pero creo que fue de tal magnitud que incluso logró lo que creíamos imposible: hablar y discutir en torno a esta materia.
Y lo digo responsablemente.
Junto con los Senadores Gómez, Girardi y Escalona, fuimos los primeros en pedir que parte de los dineros requeridos para la reconstrucción se sacaran de un aumento al royalty.
En ese minuto se nos criticó. Creo que el tiempo nos ha dado la razón.
Con la colega Isabel Allende fuimos de las pocas Senadoras que mediante indicaciones se opusieron a la fórmula que el Presidente Sebastián Piñera envió originalmente al Parlamento en materia de impuesto específico a la minería.
Mis indicaciones eran ambiciosas -lo reconozco-, pues pretendían reformular el sistema tributario de las grandes empresas para que aportaran con relación a sus ingresos. Fueron desestimadas. En verdad, ni siquiera se discutieron en la Comisión de Hacienda. Pero quedó constancia en la historia de la ley de la oposición fundamentada y de las alternativas propuestas.
Se nos dijo en el Senado que habíamos sido irresponsables y que, incluso, no habíamos planteado otras opciones.
Eso no es efectivo, señor Presidente. Y la historia de la ley así lo consigna.
Logramos, convencidos de aquello, que no se aprobara el proyecto primitivo del Gobierno.
Se nos fustigó públicamente. Se nos chantajeó públicamente. En mi Región se me dijo en mi cara que yo quería que las empresas mineras no pagaran más impuestos, que era cómplice de eso.
Me dolió, señor Presidente, como también me duele la acusación que los trabajadores formularon esta tarde en la Cámara Alta.
Las acusaciones de mis colegas Senadores de Gobierno me duelen menos que las de mis amigos trabajadores, pues estas últimas obedecen claramente a un problema de incomunicación.
No hicimos bien la tarea: ellos merecían que les explicáramos este acuerdo y sus virtudes.
Hago un mea culpa por lo que me toca.
Conozco a muchos de quienes nos insultaron hoy: a Raimundo Espinoza, a Guillermo Lemaitre, a Nolberto "Cachorro" Díaz, a Jorge Matute; me une a ellos una larga trayectoria de trabajo y de amistad.
Señor Presidente, las cifras ya se han explicitado: 600 millones de dólares en 3 años; 1.500 millones en total; 500 millones adicionales; de 37-38 por ciento a 41-42 por ciento.
Pienso que este proyecto es mejor que la ley vigente y mucho mejor que la iniciativa original del Presidente Sebastián Piñera.
Sin embargo, aún nos falta. Y, tal como lo dijimos al inicio, debemos abordar la discusión del decreto ley 600, que fija toda la normativa en materia de inversión extranjera.
Ya lo señalaron los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra: no descansaremos hasta que ello sea una realidad, pues nuestro país cambió, y definitivamente.
Pero el acuerdo alcanzado hoy, en un día histórico, marca la agenda de nuestro país, no solo porque ahora empieza el término de una larga noche para 33 mineros y sus familias, sino también porque concluye una discusión en la que estuvimos enfrascados durante largo tiempo en el Senado y se inicia por fin -eso esperamos quienes representamos a zonas terremoteadas- la reconstrucción de las Regiones que sufrieron duramente el terremoto y el maremoto.
Señor Presidente, esta ha sido una larga jornada, que culmina de la mejor manera posible, aunque no como nos hubiese gustado a muchos en esta Sala, pues queríamos una reforma tributaria distinta, más ambiciosa, en serio. Empero, pienso que esta es cercana a lo que creíamos factible.
Muchas veces se nos impidió discutir algo que considerábamos necesario en un país minero. En todo caso, me parece que hemos dado un paso importante, histórico, que requería valentía. Porque podríamos no haber reformado nada, no haber tocado los ingresos de las grandes empresas mineras, o llevar adelante esto, que era posible, que constituía un paso más en lo que creíamos conveniente para que ellas aportaran a la reconstrucción y, asimismo, para sentar las bases de una discusión que el país demanda.
Esta tarde, nuestros trabajadores nos la reclamaron a gritos desde las tribunas de esta Corporación. Y creo que todos los Senadores de la Concertación vamos a impulsarla, porque es necesaria y sana para Chile.
Por lo expuesto, votaré favorablemente este proyecto de ley y el acuerdo político que se halla detrás de él.
El señor PIZARRO (Presidente).- Vamos a hacer sonar los timbres para que los Senadores vengan a pronunciarse.
Se resolvió comenzar la votación a las 19:30.
El Honorable señor Chahuán no se halla presente.
Senador señor Horvath, ¿quiere hacer uso de la palabra?
El señor HORVATH.- Sí, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, en primer lugar, me sumo a las felicitaciones y al reconocimiento por el acuerdo logrado.
La capacidad para llegar a él y permitir la realización de los programas de Gobierno y la reconstrucción que necesita el país es la primera gran demostración de un cambio en el carácter que había tenido hasta hoy la Oposición.
Eso también tiene un significado político mayor: el ser capaz de construir acuerdos entre la Coalición por el Cambio y la Concertación, sin dejar que ellos, por un problema de mayorías, deban resolverse necesariamente en la Cámara de Diputados, con todo lo que eso implica.
En segundo término, debo puntualizar que el aumento del impuesto específico a la minería tiene que asegurar que siga siendo atractivo invertir en ella.
Es necesario saber que la minería debe ajustarse a importantes exigencias: cuidar el agua, proteger los glaciares, consumir energías limpias, hacerse cargo de los pasivos mineros, mejorar la seguridad en el trabajo, estructurar una legislación laboral digna y que resuelva el problema del desempleo, todo lo cual abre un gran flanco de desafíos, de oportunidades, que desde luego se recogen en el programa del actual Gobierno.
No podemos dejar de reconocer la necesidad de mayor apoyo financiero a las Regiones, y en particular a aquellas donde se hace minería.
Asimismo, es oportuno recordar un proyecto que se halla pendiente, con cargo al royalty vigente: el que crea el Fondo de Innovación para la Competitividad.
La mencionada iniciativa se encuentra con indicaciones desde el año pasado. Y hay particularmente una no menor, referida a la Región de Aysén. Se trata de la N° 81, que permite que aquel Fondo sea utilizado no solo en innovación tecnológica, investigación y becas de posgrado, sino también en becas para cursar estudios profesionales o en apoyo a centros de estudios universitarios de excelencia en Regiones que no cuentan con ellos.
Eso es especialmente importante para Regiones como la nuestra, porque de lo contrario sería igual que disponer de un fondo para construir el tercer piso sin tener el segundo, lo cual, por cierto, no es la intención de nadie.
Como la materia en comento se halla en manos del Ministerio de Economía, le pedimos al Ministro del ramo, con todo respeto, que tome en consideración cuanto he señalado.
Finalmente, destaco la fortaleza política y social de Chile, lo que es reconocido por otros países.
Cuando en política se posibilita llegar a este tipo de acuerdos, se produce un círculo virtuoso que fortifica a las partes. Hay una Oposición constructiva, una coalición de Gobierno dispuesta a alcanzar acuerdos y un Ejecutivo que trabaja por el bien de todos.
En este día especial, cuando dentro de algunos minutos se empezará a rescatar a los 33 mineros atrapados en el norte, la aprobación del proyecto en debate constituirá un homenaje del Senado a esa gran acción.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, procederemos a pronunciarnos.
La primera votación es en general. Después deberemos votar en particular y conocer de una indicación del Senador señor Gómez, que analizaremos en su momento.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, intervendré muy brevemente, sin ánimo alguno de polémica, sino, por el contrario, con la intención de valorar el acuerdo a que se llegó.
En primer lugar, quiero decir que durante todo este tiempo el Gobierno ha tenido una actitud de diálogo, de apertura.
Es cierto que nos fue difícil arribar a un acuerdo; no resultó fácil.
El Ejecutivo pudo haber implementado un veto aditivo. No lo hizo. Esperó durante dos meses que existiera una propuesta. Luego de que la hubo, nos sentamos a conversar, pese a que todavía teníamos diferencias importantes. Durante el proceso fuimos convergiendo. Y ese espíritu de diálogo finalmente fructificó.
Reconozco la actitud y la disposición que tuvieron los Senadores con quienes me tocó estar ligado más cercanamente a lo largo de las conversaciones.
En particular, destaco la disposición de los Honorables señores Escalona, Frei, Lagos, Zaldívar y Gómez.
También, el aporte que hicieron en la Comisión de Hacienda los Senadores señor García y señora Matthei, de la coalición de Gobierno.
Asimismo, como mencionó el Honorable señor Bianchi, los congresistas independientes efectuaron una contribución a este proceso.
Por lo tanto, esa parte es muy rescatable en la línea de tener un acuerdo amplio, con participación de todos los sectores, y nos deja con un buen proyecto.
Se ha preguntado acá si se aportan recursos a la reconstrucción o si se trata de una iniciativa de largo plazo.
Son ambas cosas. Aquí se aporta una cantidad significativa de dinero a la reconstrucción. La recaudación estimada supera los 1.000 millones de dólares.
Cabe recordar, señor Presidente, que el informe financiero fue elaborado con un precio de la libra de cobre de entre 3 dólares 10 y 3 dólares 30. Por ende, con los valores actuales, la recaudación es bastante superior.
Ahora, es cierto que con aquello se superarían los 1.000 millones de dólares. Pero uno siempre debe poner algunas bases y supuestos en el informe financiero.
Se destinan 400 millones de dólares a las Regiones -100 millones anuales durante los próximos 4 años-, en un Fondo permanente (se preguntó esto).
Aquí se está creando un instrumento permanente, denominado "Fondo de Inversión y Reconversión Regional", que recibe por ley, durante cuatro años, recursos que se distribuirán a razón de un tercio para las Regiones mineras y dos tercios para todas las Regiones del país. Es relevante destacarlo.
Ahora, se pregunta "Hasta qué punto los recursos para la reconstrucción". Estos recursos son tan para la reconstrucción como aquellos que se aprobaron cuando incrementamos en forma transitoria, por dos años, el impuesto de primera categoría.
¿Cuáles eran las alternativas de no contarse con los recursos? Mayor endeudamiento del sector público o menores ahorros.
En consecuencia, lo que nos permite el proyecto que ocupa al Senado es contar con dineros para la reconstrucción sin tener que reducir necesariamente nuestros ahorros por la vía de usar el Fondo de Estabilización Económica y Social o por la de aumentar nuestro endeudamiento externo.
Por otra parte, quiero subrayar que la aversión a la invariabilidad pierde mucho sentido y fuerza cuando se tiene una tabla de impuestos -ello ha sido destacado por algunos- más progresiva, que genera mayores aportes.
Cobra sentido tener aversión a una tasa de impuesto que permanezca por más tiempo en la medida que nos parece injusta. Pero si llegamos a una tabla que genera un aporte significativo de recursos, la aversión debe disminuir. Y pienso que eso fue lo que ocurrió.
El Gobierno está tranquilo en el sentido de que este es un buen proyecto a futuro, no solo para aportar dinero a la reconstrucción.
La iniciativa que nos ocupa establece un sistema de tributación que les pide más a las empresas mineras en los buenos tiempos. Entonces, cuando los precios del cobre sean extraordinarios o muy buenos, estaremos en niveles de impuesto específico a la minería superiores al 10 por ciento, con tasas de recaudación total -es lo que debe importar- por sobre el 40-41 por ciento, e incluso cercanas al 42 por ciento. Y en los períodos malos las tasas podrán hallarse cercanas al 5 por ciento.
Está bien que sea así, señor Presidente, porque de esa manera estamos compartiendo los riesgos, pero haciéndonos más socios del proceso de explotación de la minería en Chile.
Para terminar, me referiré a un punto que se tocó en algunas intervenciones, entre ellas la del Senador señor Kuschel.
Nosotros no creemos que deba ser un objetivo convertirnos en el país con la mayor tasa de impuesto a la minería en el mundo. Eso sería un error, pues queremos tener una tasa razonable.
Con este proyecto, la tasa del impuesto a la minería en Chile queda algo por sobre la media, pero no se distingue por ser la más alta del orbe. Ello, porque no deseamos afectar la inversión. Queremos dar seguridad a los inversionistas con una tasa de contribución al país eficiente y...
El señor PIZARRO (Presidente).- Perdón, señor Ministro, pero concluyó su tiempo.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Estaba justamente terminando mi intervención, señor Presidente, de modo que ¡fue muy atinado el corte del micrófono...!
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Ya sabemos para la próxima...!
Señores Senadores, debemos votar en general.
El planteamiento es que, si se aprueba la idea de legislar, aprobemos en particular el proyecto con la misma votación.
Les consulto al respecto un poco fuera de Reglamento. Porque, en estricto rigor, el Senador señor Quintana me pidió la palabra para fundamentar su voto.
Sé que hay Subcomisiones que suspendieron las sesiones pertinentes y esperan el regreso de sus integrantes para seguir funcionando simultáneamente con la Sala.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- El colega Quintana tiene derecho a fundar el voto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Lo sé, señor Senador. Pero si lo hace durante la votación general, tendremos que esperar que termine para iniciar la particular.
Por otra parte, hay una indicación del Honorable señor Gómez. La Mesa va a declararla inadmisible, pues tenemos una diferencia de fondo que quizá puede ser resuelta por el señor Ministro.
Si el señor Ministro de Hacienda le otorgara patrocinio, solucionaríamos un doble problema: se les haría un bien a las comunas y zanjaríamos un conflicto interno.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, le he comentado al Senador señor Gómez que entendemos su preocupación pero no podemos patrocinar la indicación que presentó. Sabemos que no es admisible, porque destina recursos.
Pedimos, sí, tranquilidad, porque queremos que haya equilibrio en el uso de los recursos en comento entre las regiones y las comunas. No pretendemos que exista primacía de unas sobre otras. En el reglamento vamos a cautelar que los proyectos de los municipios tengan cabida también en los gobiernos regionales y puedan ser presentados para acceder al Fondo pertinente.
En todo caso, si cometí una omisión y al exponer no mencioné al Senador señor Gómez, justo es reconocer el aporte que Su Señoría hizo al acuerdo, en el que, por cierto, participó.
Muchas gracias.
El señor COLOMA.- Acaba de reconocerlo por segunda vez, señor Ministro.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana para fundamentar su voto.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, trataré de ser lo más breve posible.
Primero, lo que me preocupa de esta iniciativa es la generación de un acuerdo en torno a una contingencia.
Ahora, no se trata de cualquier contingencia. Como aquí se ha dicho, una buena parte de los recursos irá a la reconstrucción.
Sencillamente, yo señalaría que lo que, sobre todo para la Concertación, era válido como argumento en julio último también lo es hoy día. El escenario no ha cambiado de manera significativa.
El planteamiento que hizo la Concertación en aquel mes fue sacar del debate la materia respectiva, por su importancia y trascendencia, que incide en una reforma tributaria más global. Y eso no se ha logrado.
Asimismo, en lo que más insistimos en esa oportunidad los parlamentarios de Oposición fue en que había que propender a alcanzar un royalty de verdad. Y lo que hoy tenemos, claramente, no es un royalty de verdad.
Algunos han planteado interrogantes respecto de las utilidades que hoy día se dan. Por mi parte, quisiera proporcionar simplemente un dato: la inversión extranjera total en la gran minería ascendió a cerca de 20 mil millones de dólares entre 1974 y 2006. Me refiero a la puesta en marcha de la operación de las empresas. Según los datos de COCHILCO y del Consejo Minero, las ganancias obtenidas entre 2005 y 2006 por las mineras privadas importaron aproximadamente 32 mil millones de dólares. Las cantidades promedio anuales por tal concepto se estiman en 20 mil millones de dólares entre 2005 y 2009. Es decir, se trata de un negocio redondo.
Y no me cabe ninguna duda de que una vez aprobado el proyecto y promulgada la ley van a someterse al sistema todas las empresas. Si bien han estado bastante silenciosas algunas de ellas, es un régimen que las favorece claramente.
Entonces, señor Presidente, quisiera consignar que el asunto debió plantearse en un contexto distinto. Constituye un gran tema, pero no me parece un gran acuerdo. Valoro, sí, el esfuerzo desplegado por los Senadores de la Alianza y los de la Concertación. Aquí no ha mediado ninguna actitud virulenta, a diferencia de lo afirmado por mi Honorable colega Escalona. Muy por el contrario. Ha sido significativa la búsqueda de un acuerdo en la medida de lo posible. Los que finalmente vamos a pronunciarnos de otra forma creemos que en esta ocasión era preciso modificar sustantivamente las reglas del juego, por el precio del cobre, por lo que aquí se señaló.
Y, por cierto, no hay que restarle méritos al proyecto. Se ha hecho presente que aumentará la recaudación proveniente de las mineras; que será necesario mejorar el régimen permanente del impuesto específico; que se aplicará un régimen general de tributación con una tasa variable de 5 a 14 por ciento -aunque nadie va a llegar a este último porcentaje, como lo expusieron el Senador señor Girardi y, en la prensa de hoy, Juan Villarzú, ex Presidente de CODELCO, pues la entidad que se encuentre en mejores condiciones y con un margen operacional de 60 por ciento podrá tributar 10 por ciento, y esa es la verdad- y un período de transición de 4 a 9 por ciento entre 2010 y 2012. Estimo que ello es importante.
Ahora, no por eso vamos a afirmar que pierde relevancia la invariabilidad. Porque he escuchado varios discursos de señores Senadores en orden a que ese factor no resulta tan relevante hoy día. ¡Por favor! La cuestión no es como la del posnatal, en que tres meses de adelante los trasladamos para atrás, o al revés. El asunto tiene que ver con el futuro, con las políticas educacionales, con el país que quiere dar efectivamente el salto al desarrollo.
¿Por qué no me gusta lo que se contempla? Insisto: porque no es un royalty. Este último es el cobro de un derecho por el Estado ante la sola extracción de sus recursos minerales, como una forma de compensación de los particulares por sacar las riquezas contenidas en el subsuelo y beneficiarse de ellas. ¿Qué estamos haciendo, señor Presidente, en esta votación? Abdicamos de un derecho soberano del Estado. ¿Cuál de ellos? El de cobrar impuestos. Y eso, con franqueza, lo juzgo perjudicial justamente para el desarrollo.
Se han dado muchos ejemplos sobre el particular, entre ellos el de Australia. En ese país cayó el Primer Ministro, en efecto, pero no los impuestos. Por el contrario, la cifra es de 30 por ciento al producto, más 29 por ciento a las utilidades generales. Y otros casos son los de Bolivia y Argentina.
Mi principal preocupación, señor Presidente, radica en sentir que, como país, estamos yendo en un sentido completamente contrario al que siguen hoy todos los Estados dueños de recursos naturales. Sabiendo que las grandes potencias necesitan contratos de provisión, de acceso, y asegurar los recursos naturales, nosotros, en general, los estamos regalando.
Bolivia está revirtiendo en la actualidad la tendencia del 80/20. Es decir, se van a llevar 20, pero van a dejar 80 por el gas.
Acabamos de enterarnos de que Argentina estableció en el año 2007 un royalty a las ventas. ¿Qué pasará, entonces, en relación con muchos yacimientos binacionales, en la medida en que allá van a cobrar 10 por ciento a las ventas, y nosotros, 4 por ciento a las utilidades marginales? Porque estamos haciendo referencia, no a cualquier utilidad, sino a la más chica, a la marginal.
Creo que ni siquiera estamos pensando en Noruega, que cobra por explorar, por explotar, por el producto, y exhibe el mejor indicador de desarrollo humano del mundo, entre otras cosas.
Solicito un minuto más, señor Presidente, porque se ha mencionado bastante a las Regiones.
Represento a la Novena, de La Araucanía. Aquí se señala que el proyecto les proporciona 400 millones de dólares. Pero, como muy bien lo expresó mi Honorable colega Tuma, esos fondos no quedan en la ley en proyecto, sino en la de Presupuestos. Quisiera recordar que hace algunos días un grupo de Senadores votamos en contra del acuerdo del Transantiago justamente porque los recursos dispuestos para este se empezaban a entregar en tres, cuatro, cinco años más, y se hallaban establecidos por ley. Es decir, el proyecto se traduce en menos garantías de apoyo a las Regiones.
Termino haciendo presente que aquí no existen órdenes de partido, como lo planteó el Senador señor Lagos.
Espero que este debate no se clausure.
Me abstengo.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (26 votos contra uno y 3 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Matthei y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Sabag, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Ruiz-Esquide.
Se abstuvieron los señores Girardi, Quintana y Tuma.
El señor PIZARRO (Presidente).- Sugerí a la Sala aprobar en particular la iniciativa con la misma votación.
La indicación del Honorable señor Gómez ya fue contestada por el Gobierno. Por mi parte, voy a declararla inadmisible, pero le doy la palabra a Su Señoría para plantear su punto de vista.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, intervendré en representación de varios Senadores respecto de la propuesta.
En todo caso, pedí antes poder fundamentar mi voto, pero, en aras del tiempo, este ya se encuentra marcado y ello quedó pendiente.
Como en el mundo político la hipocresía es lo que manda, quiero ser claro en que no se puede ser bueno, malo o más o menos progresista. En estas materias, lo que se tiene que hacer es votar en función de los acuerdos políticos a que llegan las coaliciones. Y aquí se contrajo uno de ellos. Toda la Concertación mandató para llegar a un entendimiento que fuera lo mejor posible en relación con el momento que estamos viviendo.
Muchos de los parlamentarios a quienes escuché referirse en contra del proyecto votaron a favor de la iniciativa del año 2005. El Senador que habla no revestía la calidad de tal en esa época, cuando no se pronunció ninguna palabra desde el punto de vista de los cambios que era preciso introducir. Sin embargo, algunos sostienen hoy día ser más progresistas o que otros lo son menos. Lo que se expresa aquí es lo que se va a exponer afuera. Después vendrán los trabajadores a cobrarnos la palabra a algunos, y otros van a afirmar: "Me abstuve" o "Voté en contra". Y eso no es correcto, desde mi punto de vista. Por eso, quiero dejar asentado en la Sala que generalmente terminamos diciéndonos las cosas sin emplear las palabras correctas. Aquí nos comprometimos, como coalición, y toda la Concertación debería haber votado en consecuencia.
La indicación obedece, señor Presidente, a que en las Regiones también existe centralismo y el reparto de los recursos no siempre se efectúa sobre la base de lo que las comunas requieren y necesitan, sino de lo que determina el Gobierno regional, que no siempre representa al territorio respectivo. Lo que hemos planteado es el establecimiento del criterio -y si el señor Ministro va a contemplarlo en el reglamento, confiamos en que así será- de que el tercio de los recursos comprometidos se asigne directamente a las comunas mineras y no en función del Gobierno regional, como ocurrirá con la distribución de los otros dos tercios.
En efecto, nos parece que existen diferencias y que algunas zonas necesitan más recursos. Y voy a consignarlo claramente: Calama es una de las comunas de la circunscripción que representamos con mi Honorable colega Cantero que enfrenta mayores dificultades y no siempre recibe los fondos necesarios para poder salir adelante. Se registraron movilizaciones y se van a seguir formulando, seguramente, peticiones de ese orden. Como el que nos ocupa es un mecanismo posible, lo presenté como una indicación.
Usted declarará inconstitucional esta última, señor Presidente, pero el reglamento es el reglamento y la ley es la ley, de modo que se suscita una disparidad. Sin embargo, espero que la normativa que dictará el señor Ministro cumpla con el objetivo a que he hecho referencia.
Gracias.
--Se declara inadmisible la indicación y se aprueba en particular el proyecto, que queda despachado en este trámite.
El señor PIZARRO (Presidente).- El Honorable señor Letelier expone que no marcó su pronunciamiento. Efectivamente, no aparece votando. Se dejará constancia de su voluntad de hacerlo a favor.