CREACIÓN DE TRIBUNAL AMBIENTAL
El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el tribunal ambiental, con segundo informe de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Medio Ambiente y de Bienes Nacionales, unidas; informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6747-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 61ª, en 3 de noviembre de 2009.
Informes de Comisión:
Constitución y de M. Ambiente y B. Nacionales, unidas, sesión 84ª, en 20 de enero de 2010.
Constitución y de M. Ambiente y B. Nacionales, unidas, (segundo), sesión 53ª, en 15 de septiembre de 2010.
Hacienda, sesión 53ª, en 15 de septiembre de 2010.
Discusión:
Sesión 84ª, en 20 de enero de 2010 (se aprueba en general).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 20 de enero de 2010.
Las Comisiones unidas efectuaron diversas modificaciones al proyecto aprobado en general, las que fueron acordadas por unanimidad, con excepción de siete, que serán puestas en votación oportunamente.
Por su parte, la Comisión de Hacienda realizó dos enmiendas al texto despachado por las Comisiones unidas, las que fueron aprobadas en forma unánime. La primera es de carácter formal y recae sobre el artículo 14. La otra suprime el inciso final del artículo 40, referido al pago, de cargo fiscal, del honorario del perito cuando la parte no cuente con los medios suficientes para solventarlo.
Cabe recordar que las modificaciones acordadas unánimemente deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión o que existan indicaciones renovadas.
El proyecto contiene 15 artículos que requieren quórum de ley orgánica constitucional para ser aprobados.
El señor PIZARRO (Presidente).- Antes de continuar, solicito la autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario del Medio Ambiente.
El señor TUMA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor TUMA.- Señor Presidente, no doy el acuerdo para el ingreso del Subsecretario, sin perjuicio de la valoración que su presencia pueda tener para la discusión del proyecto.
Me opongo en función de una nota que obra en mi poder, dirigida como circular a todos los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas por parte del Seremi de Obras Públicas de la Región de La Araucanía, don Ernest Rendel. En su parte medular, la nota reza lo siguiente:
"LOS CONTACTOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE HAYA QUE TENER CON PERSONEROS AJENOS AL EJECUTIVO SERÁN CANALIZADOS EXCLUSIVAMENTE POR ESTE SEREMI. DE MANERA QUE TODO PROFESIONAL DEL MOP QUE PRETENDA SER CONTACTADO POR ALGÚN PERSONERO POLÍTICO AJENO AL EJECUTIVO TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE DIRECCIONAR TAL CONTACTO A ESTE SEREMI.
"QUEDA POR TANTO PROHIBIDO TODO CONTACTO DE FUNCIONARIOS DEL MOP CON PERSONEROS AJENOS AL EJECUTIVO EN MATERIAS QUE TENGAN RELACIÓN CON EL QUEHACER DE ESTE MINISTERIO.".
Señor Presidente, en función de la reciprocidad que debe existir entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, mientras subsista esta instrucción, me opongo a la presencia de cualquier Subsecretario.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se rechaza, entonces, la solicitud de ingreso a la Sala del señor Subsecretario del Medio Ambiente.
En discusión particular.
En primer lugar, corresponde votar sin debate las modificaciones aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas.
Como algunas de ellas precisan para ser aprobadas quórum orgánico constitucional, se someterán a votación primero. Se trata de los artículos 1º, 3º, 6º, 7º, 9º, 10, 14, 16, 42 y 45, y los artículos transitorios primero a cuarto. Para la aprobación de estas disposiciones se requiere el voto favorable de a lo menos 20 señores Senadores.
La señora ALVEAR.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, si usted lo estimara así, antes de la votación yo podría dar un informe general acerca de cómo quedó la iniciativa que crea los tribunales ambientales. De esa forma las señoras y los señores Senadores podrán votar tales normas con mayor conocimiento.
El señor LARRAÍN.- De acuerdo.
La señora RINCÓN.- Apoyo la idea.
La señora ALVEAR.- Puedo entregar un informe conciso, pero necesario para ilustrar a todos los colegas.
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, escucharemos la relación de la señora Senadora y luego procederemos a votar.
Acordado.
Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, realizaron un detenido estudio del proyecto de ley que crea los tribunales ambientales, esto es, de los juzgados que tendrán como función controlar las decisiones de la autoridad administrativa ambiental y resolver las controversias que se susciten sobre materias ambientales.
¿Cuáles son las características fundamentales de la iniciativa?
1.- Se concibe a aquellos como tribunales especiales sometidos a la superintendencia de la Corte Suprema.
2.- El texto aprobado en particular crea tres tribunales. Cada uno de ellos estará a cargo de una de las tres macrozonas en que, para estos efectos, se ha dividido el territorio del país.
Uno de esos juzgados tendrá asiento en la ciudad de Antofagasta; otro, en Santiago, y el tercero, en la ciudad de Valdivia.
La cuestión del número de tribunales fue una de las materias más debatidas en las Comisiones unidas. Si bien es cierto el Gobierno lo aumentó de uno -como lo contemplaba el proyecto original- a tres, varios de los integrantes de los órganos técnicos estimamos que progresivamente debería establecerse uno en cada Región.
3.- En cuanto a su estructura, estos juzgados estarán formados por tres jueces especializados. Dos de ellos serán abogados y el otro, un profesional licenciado en ciencias, con especialización en materias medioambientales.
4.- Tales jueces, denominados "ministros", serán nombrados por el Presidente de la República, con el acuerdo del Senado.
Con relación a este punto, señor Presidente, esta mañana recibimos en las Comisiones unidas al Presidente de la Corte Suprema, señor Milton Juica, quien había hecho llegar un informe con el objeto de entregar su parecer. De toda la información proporcionada por él, consideramos atendible una propuesta que nos formuló y que el Ejecutivo ya incorporó por la vía de una indicación.
¿En qué consiste? El texto aprobado por las Comisiones unidas señalaba que cada ministro sería nombrado por el Presidente de la República a partir de una quina propuesta por el Consejo de la Alta Dirección Pública, quien luego sería ratificado por la Cámara Alta. El Presidente de la Corte Suprema planteó que, tratándose de un juzgado especial, en alguna instancia el Máximo Tribunal debiera participar del nombramiento.
Por ello, el Gobierno, contando con la unanimidad de los miembros de las Comisiones unidas, presentó una indicación para reemplazar el inciso segundo del artículo 2º, del siguiente tenor: "Cada ministro será nombrado por el Presidente de la República, con el acuerdo del Senado, a partir de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá la Corte Suprema. Para la confección de las nóminas dicha Corte realizará un concurso público para seleccionar a los candidatos a los cargos de ministros. No podrán participar en estos concursos quienes se desempeñen o hayan ejercido el cargo de abogado integrante de las Cortes de Apelaciones o en la Corte Suprema." -que quede claro: no podrán postular quienes se desempeñen o se hayan desempeñado en tales puestos- "El Senado adoptará el acuerdo en votación única, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Si no se aprobare la propuesta, el Presidente de la República deberá presentar a otra persona que forme parte de la misma nómina elaborada por la Corte Suprema. Si se rechazare la segunda proposición se deberá llamar a un nuevo concurso.".
Quiero recordar, señor Presidente, que esta es la misma norma que hemos establecido para el nombramiento de los Ministros de la Corte Suprema y para otros integrantes de tribunales especiales, como el de Defensa de la Libre Competencia. Por ello, nos pareció atendible la indicación, que aprobamos por unanimidad.
5.- Cada Tribunal contará, además, con dos ministros suplentes, quienes también deberán ser expertos en materias ambientales.
6.- Se consagra un conjunto amplio de inhabilidades y prohibiciones para quienes se desempeñen como jueces ambientales, de manera de asegurar que se dediquen exclusivamente a estas funciones y cuenten con la debida independencia. En esta materia, las Comisiones unidas tuvieron presentes los parámetros que este mismo Senado aprobó para los Ministros del Tribunal Constitucional.
7.- Cada juzgado dispondrá de una planta de funcionarios, que serán seleccionados por concurso público y se regirán por el derecho laboral común, sin perjuicio de estar sometidos, además, a los deberes de probidad exigidos a todo funcionario del Estado.
8.- ¿Cuáles son las competencias de estos tribunales?
Estos juzgados tendrán competencia para conocer:
a) De las reclamaciones en contra de los actos administrativos de alcance general, como decretos supremos con contenido medioambiental.
b) De las demandas para obtener la reparación del medioambiente dañado.
c) De las reclamaciones en contra de las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. Deberá, asimismo, autorizar ciertas medidas provisionales adoptadas por esa Superintendencia.
d) De las reclamaciones en contra de las decisiones del Comité de Ministros del Medio Ambiente y del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental.
e) De las reclamaciones en contra de los actos administrativos de carácter ambiental dictados por los Ministerios y servicios públicos, y
f) De las reclamaciones en contra de la resolución que resuelva un procedimiento administrativo de invalidación de un acto administrativo de carácter ambiental. Para estos efectos, se define explícitamente lo que ha de entenderse por acto de carácter administrativo ambiental (no voy a extenderme sobre el punto. Sus Señorías pueden leer sobre el particular en el artículo 16, número 8), párrafo segundo).
Señor Presidente, debo destacar que, tras un extenso debate, las Comisiones unidas acordaron que, para presentar una acción ante el Tribunal Ambiental, el afectado deberá haber agotado previamente la vía administrativa, sin perjuicio de poder recurrir con posterioridad en todos los casos antes señalados.
Con relación al daño ambiental, al Tribunal le corresponderá conocer de las demandas que se interpongan de conformidad con la Ley del Medio Ambiente. En este punto, cabe precisar que las demandas de indemnizaciones derivadas del daño ambiental serán conocidas por el juzgado de letras ordinario con competencia en el lugar donde se produjo el perjuicio.
Los Tribunales Ambientales conocerán los asuntos de su competencia mediante tres procedimientos distintos.
Uno de ellos se utiliza para conocer de las reclamaciones en contra de las resoluciones que nieguen lugar, rechacen o establezcan condiciones o exigencias a una Declaración de Impacto Ambiental. Como se sabe, esta es una declaración jurada que formula el encargado de un proyecto o actividad, en el sentido de que esta cumple con la legislación ambiental vigente.
El segundo procedimiento se refiere al conocimiento de las solicitudes que plantee un fiscalizador de la Superintendencia del Medio Ambiente para adoptar medidas provisionales a fin de proteger el medioambiente o la salud de las personas, tales como la paralización o clausura de una faena o industria.
Y el tercero que se propone busca que los Tribunales conozcan de las demandas por daño ambiental. Dicho procedimiento presenta las siguientes características.
a) Será público e impulsado por el propio Tribunal hasta su resolución definitiva.
b) Se otorga la posibilidad de intervenir ante el Tribunal Ambiental -ruego que escuchen esto, porque fue una demanda muy solicitada a quienes participamos en las Comisiones unidas- a cualquier persona que tenga la calidad de interesado legítimo, es decir, a quien considere que el acto administrativo no se ajusta a la ley y le causa perjuicio.
c) La demanda se presentará directamente ante el Tribunal Ambiental, pero también se podrá hacer ante la Corte de Apelaciones donde tenga domicilio el demandante. En este último caso, la Corte deberá remitir la demanda inmediatamente al Tribunal Ambiental.
d) El procedimiento podrá iniciarse por algún particular, por la Superintendencia del Medio Ambiente, por una municipalidad o por el Estado, a través del Consejo de Defensa del Estado.
e) De la demanda se dará traslado por quince días hábiles. Evacuado el traslado, el Tribunal recibirá la causa a prueba, si lo estima procedente. Si no recibiera la causa a prueba, convocará a una audiencia de conciliación. Si esta no se alcanza, citará a oír sentencia, la que deberá dictarse en un lapso no superior a treinta días.
f) Si se recibe la causa a prueba, ella deberá presentarse por las partes en una audiencia que se celebrará no antes de 20 días ni después de 30.
g) El Tribunal apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es decir, valorando razonablemente cada antecedente -¡valorando cada antecedente!- y no dando a cada uno de ellos un valor predeterminado por la ley.
h) Permite el establecimiento de medidas cautelares durante el procedimiento.
i) La sentencia definitiva será fundada, debiendo enunciar las consideraciones de hecho, de derecho y técnico-ambientales, con arreglo a las cuales se pronuncia.
j) La sentencia definitiva será susceptible de recurso de apelación ante la Corte Suprema.
Una de las novedades importantes en esta iniciativa legal es que en los procedimientos por reclamación y por daño ambiental cualquier persona que no sea parte, posea reconocida idoneidad técnica o profesional e invoque la protección de un interés público -por ejemplo, una universidad en una determinada Región- podrá presentar un informe con sus comentarios o sugerencias, institución que en el Derecho Comparado ha mostrado gran utilidad y se conoce como amicus curiae o "amigo de la Corte".
Esto implica, señor Presidente, que, aun cuando una entidad de enseñanza superior no sea parte en el proceso, estará habilitada para entregar un estudio o un informe acerca del proyecto que se esté planteando, a fin de que el respectivo tribunal ambiental lo considere.
También es dable destacar que en los procedimientos regulados por la presente normativa se aplicarán supletoriamente las normas de los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil.
Por último, señor Presidente, hago notar que las Comisiones unidas aprobaron que la instalación de los tres tribunales se efectúe en forma progresiva: el primero en Santiago, el segundo en Antofagasta y el tercero en Valdivia, cada seis meses a contar de la publicación de la ley.
Es cuanto puedo informar a la Sala.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica, para fundamentar su voto.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, en primer término, quiero agradecer y felicitar al Gobierno y a la señora Ministra del Medio Ambiente por este proyecto, así como a todos quienes han trabajado con varias de las iniciativas que ponen a Chile en uno de los primeros lugares en materia de cuidado y seguimiento del medio ambiente y, a su vez, de una judicialización en este ámbito a través de un procedimiento determinado y tribunales específicos.
El proyecto se inserta en el marco de la reforma global de la institucionalidad ambiental que dio origen a la ley N° 20.417, que creó el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y, por supuesto, la Superintendencia del Medio Ambiente. Entre las disposiciones transitorias de dicha ley se estableció una en virtud de la cual las facultades de fiscalizar y sancionar de la Superintendencia quedaban supeditadas al inicio del funcionamiento del tribunal ambiental, que es lo que el mensaje del Ejecutivo propuso.
Originalmente, se consideraba un solo tribunal para el territorio nacional. Sin embargo, luego de un amplio consenso, se resolvió crear tres, aunque creo que la idea de todos los señores Senadores -incluyéndome a mí, por supuesto- es que haya un órgano jurisdiccional especializado en cada una de las Regiones del país.
Cada tribunal estará conformado por tres integrantes, dos de ellos abogados, uno de los cuales actuará como presidente; el otro deberá ser licenciado en ciencias con especialización en materias medioambientales. Su nombramiento corresponderá al Presidente de la República, con acuerdo del Senado -dos tercios de sus miembros en ejercicio-, a partir de una quina, que en cada caso propondrá el Consejo de Alta Dirección Pública.
Sobre este aspecto se ha producido amplio debate. Entiendo que se presentó una indicación de consenso en el sentido de no innovar en lo que es el nombramiento permanente de los jueces, a fin de que haya una propuesta de los tribunales de justicia y una designación por parte del Presidente de la República.
Los tribunales ambientales contarán con tres tipos de procedimiento: el de reclamación de actos administrativos tales como normas, planes y resoluciones de la Superintendencia o del Servicio del Medio Ambiente; otro, para dar requerimiento a las solicitudes que se formulen, y un tercero que se aplicará a las demandas por daño ambiental. En este último caso, cabe destacar que podrán interponer acciones las personas afectadas; los municipios, por hechos acaecidos en sus territorios, y el Estado, por medio de su Consejo de Defensa.
El daño ambiental originará dos tipos de acciones: una, de reparación del referido daño, y otra, de indemnización en favor de las personas afectadas. El propósito de los nuevos tribunales es que se preocupen especialmente de la reparación del medio ambiente dañado. La acción de indemnización de perjuicios a que haya lugar con motivo de la producción del daño se interpondrá ante el tribunal civil competente (situación similar a la que ocurre con los tribunales de la libre competencia), materia en la que no se ha querido innovar.
La implementación de la nueva judicatura será gradual. El mal ejemplo del Transantiago y la experiencia de los tribunales tributarios, que se fueron poniendo en marcha parcialmente en cada una de las Regiones indican que es una buena idea instaurar los tribunales ambientales en forma gradual, de manera que los efectos negativos que logren captarse en la instalación inicial puedan ir subsanándose en el tiempo. Así, se establecerá primero el de Santiago; luego, el que tendrá su asiento en Valdivia, y finalmente el de Antofagasta.
Esta judicatura especial podrá impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción que sean legalmente procedentes para dar eficacia a la ley y a las resoluciones que dicte.
La implementación de estos tribunales, junto con la entrada en vigencia del Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, pone al país en el primer orden mundial en materia de institucionalidad ambiental, lo que no habría sido posible sin el esfuerzo de todas las personas que han trabajado desde hace muchos años en gestión ambiental, tanto desde el aparato público como desde el mundo privado y la sociedad civil, con el objetivo de cuidar Chile y de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
El señor PIZARRO (Presidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, tan solo haré un par de comentarios adicionales a lo que aquí se ha señalado.
En el día de hoy la señora Ministra del Medio Ambiente hizo ver que el país se encuentra ad portas de un nuevo andamiaje institucional, conformado por el Ministerio del Medio Ambiente, orientado, en lo medular, a la elaboración de políticas públicas en la materia; por un sistema de evaluación ambiental de carácter técnico, y por una Superintendencia que -esto es muy importante destacarlo- tendrá facultades de fiscalización y sanción robustas, como se requiere, y que no había en el pasado.
Lo que estamos aprobando esta tarde de alguna manera viene a culminar el conjunto de innovaciones que el país se está dando en este ámbito. Y es justo reconocer que eso significa complementar y completar un esfuerzo que se inició durante el Gobierno anterior. Fue durante la última Administración donde se avanzó en la creación del Ministerio, se perfiló la Superintendencia, se configuró el Servicio de Evaluación Ambiental y surgió el debate legislativo con la idea de crear tribunales ambientales. De manera que resulta muy positivo no solo que el país y este Parlamento tengan la capacidad de dar continuidad a políticas públicas que son propiamente de Estado, sino que también ello se haga con un altísimo grado de consenso.
En segundo lugar, señor Presidente, creo que la exposición de la Presidenta de las Comisiones unidas ha sido bastante completa y muy atingente en los temas centrales.
Yo simplemente deseo destacar que de las normas del proyecto que estamos conociendo hay que prestar particular atención a los artículos 16 y 17, relacionados con la competencia y con lo relativo a la legitimación, respectivamente.
En mi opinión, la forma en que las Comisiones unidas resolvieron tales materias, con un altísimo grado de consenso, es muy adecuada. No solo se resuelve con claridad, en especial en los números 5), 6) y 8) de la primera de las disposiciones mencionadas, algunos de los problemas de competencia que causaban mayor controversia en el andamiaje jurídico anterior, sino que además se clarifica, en cada uno de los preceptos, que resulta fundamental una legitimación o acción amplia y, al mismo tiempo, la obligación de agotar la vía administrativa.
Lo anterior es particularmente importante para que, en definitiva, el sistema jurídico funcione de manera razonable, secuencial y dé garantías a todos.
Por último, señor Presidente, quiero destacar que hoy se acogió una propuesta de la Corte Suprema que, a mi juicio, refuerza los rasgos de los tribunales ambientales.
Estos serán órganos jurisdiccionales de alta jerarquía y de carácter mixto, en el sentido de que se integrarán con miembros letrados y no letrados. Pero estos últimos son, precisamente, expertos en materias ambientales. Además, se trata de magistrados con dedicación exclusiva. Y, finalmente, en la conformación de los tribunales participan todos los Poderes del Estado: la Corte Suprema, desde el punto de vista de la elaboración de las quinas; el Presidente de la República, en la proposición que formula, y el Senado, con un altísimo quórum de nombramiento de los jueces titulares.
En resumen, señor Presidente, el trabajo realizado ha sido en verdad muy completo. Y cabe recalcar el altísimo grado de consenso que se alcanzó, el cual nos permite cerrar un capítulo que, en la práctica, significa la modernización de la institucionalidad ambiental chilena.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, voy a votar a favor del proyecto. Sin embargo, quiero dejar constancia de mi total incomodidad por el hecho de que el Tercer Tribunal Ambiental vaya a quedar radicado en Valdivia, ya que, a mi juicio, debiera estar en Puerto Montt.
Esta ciudad recibe vuelos de Coyhaique, Punta Arenas; no así Valdivia. Y en la COREMA de Puerto Montt se tramitan más causas medioambientales que en cualquier otra parte. En realidad, mi Región es la que lleva más litigios de este tipo en Chile.
En todo caso, no es la primera vez que se diseñan mal las cosas.
No obstante, como me interesa que esto avance, no voy a ser obstáculo en la aprobación de la iniciativa. Pero me parece que está mal planteada. Considero poco práctico que la gente tenga que viajar en avión desde Punta Arenas a Puerto Montt, y después ir en auto hasta Valdivia. O bien, que los de Coyhaique o Balmaceda lleguen a Puerto Montt y, al igual que los habitantes de ésta, acudan a la capital de la Décima Cuarta Región.
La señora Ministra tiene antecedentes sobre las causas relativas a temas ambientales, donde consta que la Décima Región es la más activa en materia medioambiental, y estimo que seguirá siéndolo durante muchos años.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, como integrante de la Comisión de Medio Ambiente deseo señalar que hubo un trabajo bastante acucioso de parte de las Comisiones unidas.
Me parece que esta tarde damos un paso decisivo al aprobar el proyecto que crea los Tribunales Ambientales. Lo estimo fundamental en la nueva institucionalidad ambiental.
A mi juicio, el Senador señor Allamand ha hecho muy bien en reconocer que esta materia venía de la Administración anterior y que ahora estamos en condiciones de aprobar esta iniciativa, con lo cual culmina su tramitación. Se trata de una de las inquietudes del Gobierno de la Presidenta Bachelet, porque había plena conciencia de la necesidad de reformar la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, de modernizarla y de instaurar instancias nuevas.
Dentro de esa legislación, de la nueva institucionalidad y de la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente, ello resulta extremadamente importante, pues no había instancia alguna para evaluar y hacer un seguimiento de los proyectos. Y esto es muy relevante, pues muchas veces ellos, al tener que ser aprobados por las COREMAS respectivas, los interesados ofrecen, entre otras cosas, empleos, obras de investigación. Sin embargo, no hay instrumentos para realizar esas tareas. Por lo tanto, con la creación de la mencionada Superintendencia se da un paso decisivo.
Lo anterior, naturalmente, está asociado a los Tribunales Ambientales, los que, como ya se ha señalado, son una judicatura especializada que permitirá agilizar las causas y dar respuesta a los asuntos de la mayor importancia que cada día se presentan en nuestra sociedad, despertando el interés general. De modo que periódicamente se presentan reclamaciones por acciones que afectan o dañan el medio ambiente.
Por otra parte, luego de haber escuchado la presentación del Presidente de la Corte Suprema en las Comisiones unidas, nos pareció de entera justicia aprobar la indicación que permitía que el Máximo Tribunal nominara a los postulantes a los Tribunales Ambientales. Consideramos que era enteramente legítimo.
Fue muy interesante el diálogo con el Presidente de la Corte Suprema, a pesar de otros planteamientos que formuló, los cuales iban más allá de esta iniciativa legal y que alguna vez podrán tratarse. Pero lo importante fue que el Gobierno acogió la sugerencia y nosotros aprobamos su indicación.
Por lo tanto, podemos avanzar en la creación de estos Tribunales Ambientales que, como se ha dicho, representan avances muy significativos, porque debemos buscar caminos de resolución de los conflictos medioambientales por medio de instancias especializadas. Hasta hoy solo contamos con el recurso de protección ante las cortes de apelaciones. Es la única vía judicial para resolverlos. Pero dichos tribunales de alzada no necesariamente tienen el grado de especialización requerido para tratar las complejas materias que muchas veces deben conocer.
Al respecto, deseo mencionar una situación que afecta a la Región de Atacama: en varias oportunidades, he manifestado, sobre todo en la Comisión de Minería y Energía, que veo con bastante tristeza como, especialmente, el norte de nuestro país -donde obviamente hay importantes proyectos mineros-, a partir de la crisis del gas con Argentina, se ha ido llenando de centrales termoeléctricas a carbón y a diésel. Y nos estamos convirtiendo en una de las Regiones con mayor concentración de dichas centrales.
Actualmente nos hallamos en una situación difícil debido al proyecto de construcción de la megacentral termoeléctrica "Castilla", que pretende generar, nada menos que con seis chimeneas a carbón y dos a diésel, 2 mil 340 megavatios. Y deseo que estemos conscientes de que ya hubo un fallo de un recurso de protección.
Como señalé, ante la carencia de tribunales ambientales, la única vía que les quedaba a los ciudadanos organizados o a una instancia determinada -en este caso particular, a quienes se sentían afectados-, era presentar un recurso de protección. Y la Corte de Apelaciones correspondiente dictó un fallo en contra de la resolución del Seremi de Salud, el que debió renunciar. Había modificado la calificación del proyecto. Su antecesor había declarado que era "contaminante", y este lo cambió a "molesto".
Quiero citar parte de esa resolución para que los señores Senadores comprendan la importancia de los Tribunales Ambientales. Señala: "Que no debe perderse de vista que los alcances del presente recurso se circunscriben a establecer si determinada conducta del señor Secretario Regional Ministerial de Salud de Atacama es arbitraria o ilegal...". Y, a continuación, dice: "Que planteadas así las cosas, debe tenerse igualmente presente que ésta no es la instancia, ni el presente recurso el arbitrio pertinente para pronunciarse sobre las bondades técnicas, ni para debatir la calificación final del proyecto...".
Esto nos demuestra fehacientemente la necesidad de contar, dentro de la nueva institucionalidad ambiental, con tribunales especializados que de verdad resuelvan los conflictos medioambientales.
Yo soy de las que se alegran de que se haya acogido tal recurso de protección, porque tengo la convicción de que un megaproyecto como aquel no hace bien a la comunidad.
Por otro lado, la gran mayoría de los miembros de la Comisión de Minería y Energía hemos adherido a una moción presentada por el Senador señor Orpis que, entre otras cosas, justamente busca potenciar las energías renovables y no seguir llenándonos de termoeléctricas. Por lo tanto, considero que tal iniciativa es extremadamente importante.
Señor Presidente, estimo que queda más que clara la importancia de aprobar la creación de los Tribunales Ambientales, de avanzar en la institucionalidad y de que ojalá nuestro país -lo digo aprovechando que está presente la señora Ministra del Medio Ambiente- legisle cuanto antes sobre la regulación de las termoeléctricas. También carecemos de una normativa respecto del control del material particulado 2.5, que es precisamente el más maligno para la población.
En la Región de Atacama ya hay zonas que fueron declaradas contaminadas o que están en latencia de serlo, como Huasco y otros sectores que, a esta altura, ya se hallan francamente contaminados. De manera que no podemos seguir dañando las Regiones.
Señor Presidente, uno de los artículos en que no hubo unanimidad tiene que ver con el establecimiento de los tres Tribunales Ambientales. Entiendo que debemos avanzar gradualmente, pero considero errado que debamos depender de Antofagasta. A mi juicio, la Región de Atacama, con todos los problemas medioambientales que presenta, requiere de un tribunal propio, para así, ojalá, resolver conflictos que no son menores.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, en primer término, coincido con todas las expresiones vertidas por los señores Senadores respecto de la importancia y trascendencia de crear en nuestro país los tribunales medioambientales. Sin duda, su puesta en marcha constituye una gran innovación en la legislación sobre la materia.
Dicho lo anterior, quiero referirme a la indicación presentada por el Ejecutivo y solicitarle al Senado que la apruebe, fundado en los siguientes antecedentes.
Nosotros establecimos un procedimiento de nominación de los tribunales medioambientales que consiste en que el Presidente de la República designa un abogado, sobre la base de una nómina de cinco postulantes que confecciona la Corte Suprema (a los cuales se les exige, entre otras cosas, haberse destacado en la actividad profesional o académica especializada en materias de Derecho Administrativo o Ambiental), y luego, previo concurso público de antecedentes en el Sistema de Alta Dirección Pública, cuatro profesionales universitarios expertos en materias ambientales, dos de los cuales deben ser abogados y dos, licenciados o con posgrados en ciencias o economía.
Pues bien, la Corte Suprema, por la unanimidad de sus miembros, envió un oficio en el que objeta particularmente ese procedimiento de nominación que la margina de la designación de cuatro de los integrantes de un tribunal de esta naturaleza. Su Presidente, don Milton Juica, concurrió hoy a las Comisiones Unidas y, en verdad, dio fundamentos de fondo de por qué estimaba que al marginarse de toda participación a la Corte Suprema se causaba, en opinión de él, un daño al funcionamiento del Poder Judicial.
En el considerando segundo de su oficio de 10 de septiembre pasado, el Máximo Tribunal señala: "Que el artículo 1° del proyecto le asigna a la Corte Suprema la superintendencia directiva, correccional y económica sobre los tribunales ambientales que se crean. Sin embargo, el hecho de tratarse de tribunales que no integran o forman parte del Poder Judicial -de aquellos a que se refiere el artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales-, transforma ese control que se pretende con la norma en algo más efectista que real y, en la práctica, dota a estos tribunales de una autonomía que produce como resultado último únicamente un debilitamiento de la judicatura y en la que a esta Corte se le priva de toda injerencia en la selección de los candidatos a dicho tribunal".
En vista de ello, los miembros de las Comisiones unidas -recuerdo que la Senadora señora Allende también lo expresó así- concordamos en perfeccionar el procedimiento de nominación, para lo cual el Gobierno ha presentado una indicación que, creo, concita el apoyo unánime de esa instancia legislativa. Básicamente, se establece un procedimiento similar al que se utiliza para el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema en el Senado: con la concurrencia del Presidente de la República y la participación del Máximo Tribunal.
Tal mecanismo consiste, fundamentalmente, en que, con las calidades y cualidades que la ley establece respecto de los méritos de los postulantes, la Corte Suprema confecciona una quina que debe ser propuesta al Presidente de la República, quien elige a un candidato y lo somete a la consideración del Senado, el que debe aprobarlo por los dos tercios de sus miembros. Además, se agrega una norma por la cual se excluye de la participación en estos concursos a las personas que hubieran sido abogados integrantes del Máximo Tribunal o de la Corte de Apelaciones.
Señor Presidente, estimamos que ese procedimiento resuelve una gran inquietud de la Corte Suprema, permite avanzar en el proyecto y logra el propósito de tener una institucionalidad que respete la autonomía requerida por el Poder Judicial en un buen sistema democrático, con la participación de tres Poderes del Estado en la designación de cargos de tanta importancia.
Por esa razón, señor Presidente, solicito que el Senado apruebe la indicación del Ejecutivo a que he hecho referencia.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, como todos sabemos, esta iniciativa es producto de un acuerdo político entre Senadores de la Alianza, independientes y de la Concertación, el cual permitió aprobar la nueva institucionalidad en materia ambiental, que creó el Ministerio y la Superintendencia del Medio Ambiente, así como el Servicio de Evaluación Ambiental, durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, y que ya fue promulgada como ley de la República.
No fui parte de la discusión que se efectuó en esta Sala respecto a la modificación de la institucionalidad ambiental, pero sí seguí, como muchos, la discusión a través de los medios de prensa, los portales ciudadanos y artículos de opinión de varios expertos en la materia.
Quiero centrar mi análisis en dos aspectos relacionados con la aprobación de este proyecto y que, a mi juicio, requieren un urgente debate.
Como señalé anteriormente, la creación de estos tribunales fue fruto de un pacto político el año 2009, cuando se suscribió el Protocolo de Acuerdo que permitió aprobar la nueva institucionalidad ambiental. Dicho Protocolo establecía que antes del 11 de marzo de 2010 debía estar aprobada esta iniciativa. Ello, como nos consta a todos, no ha sucedido, por lo que debemos acelerar la marcha.
Señor Presidente, estoy convencida de que, sin la necesaria voluntad política de todos los sectores para apurar la tramitación de este proyecto, la ciudadanía seguirá esperando una institucionalidad que esté acorde con un país que busca alcanzar el desarrollo mediante un crecimiento sustentable y el respeto al medio ambiente.
El hecho de que no se haya aprobado la creación de los tribunales medioambientales no es algo baladí, ya que, debido a ello, la Superintendencia del Medio Ambiente no puede ejercer las facultades que se le entregaron. Claramente, la mesa está coja.
Otro asunto que me parece preocupante es que se establezcan únicamente tres tribunales. A diferencia de mi colega el Senador Kuschel, no me quejo porque uno de ellos no se halle en el Maule, sino porque pienso que no solo tienen que estar en Antofagasta, Santiago y Valdivia.
Tal decisión no me parece del todo acertada. Es preciso revisarla, debatir de nuevo los motivos por los cuales se crearon solo tres y no uno por cada Región del país. En la discusión de la necesidad de abrir nuestra matriz energética a energías renovables -lo ha explicado largamente la Senadora Isabel Allende, con quien compartimos en la Comisión de Minería y Energía- este asunto no es menor. Se trata de ver cómo transformamos el país de aquí al año 2020, de manera que 20 por ciento de la generación total provenga de energías renovables. Es una materia importante, y va a despertar discusión y participación ciudadana.
En Regiones se están instalando los grandes proyectos energéticos. Cada vez son más los que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Frente a proyectos de tal envergadura ambiental y económica, como puede ser la instalación de centrales hidroeléctricas -o de energía eólica o mareomotriz el día de mañana-, o la discusión que se ha registrado en el Maule con la Central Los Robles, los ciudadanos deben sentir que tienen la posibilidad de ejercer sus derechos ante organismos jurisdiccionales independientes y cercanos a la realidad de las Regiones.
El fin de semana recién pasado denunciamos, en conjunto con organizaciones ciudadanas del Maule Sur, varias irregularidades en el proceso de aprobación de la mal llamada "central de pasada" en el río Achibueno, en la comuna de Linares. En este proceso, las autoridades regionales se manifestaron, con fecha de agosto de este año, en una serie de aspectos, en contra del titular del proyecto y le pidieron informes detallados. Un mes después, sin dar respuesta a esos requerimientos, se mostraron conformes con dicha central.
Lo mismo sucede con otro proyecto de gran envergadura que afecta el ecosistema costero del Maule Sur, que ya he mencionado: la instalación de la Central Termoeléctrica Los Robles, de 750 megawatts, la cual será abastecida, según se señala, por carbón proveniente de Australia, con una inversión de más de mil millones de dólares.
Señor Presidente, vuelvo a reiterar la importancia de aprobar la iniciativa que nos ocupa con prontitud. Con la creación de los nuevos tribunales, situaciones como la sucedida hace unos meses respecto a la Central Termoeléctrica Barrancones, en Punta de Choros, no se repetirán.
La nueva institucionalidad ambiental dispone reglas claras, iguales para todos; otorga certeza a los inversionistas y entrega herramientas a la ciudadanía para que pueda reclamar, conforme a Derecho, ante un tribunal especializado e independiente, en los casos en que sienta que su derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación ha sido conculcado.
La aprobación de estos tribunales por la Honorable Sala permitirá dar por concluido el establecimiento de toda la nueva institucionalidad ambiental aprobada ya hace bastante tiempo. Luego de sus primeros meses de funcionamiento podremos corregir los errores; estudiar, si es necesario, la instalación de tribunales ambientales en Puerto Montt, en el Maule o en Concepción; mejorar los aspectos más débiles y profundizar sus aciertos. Pero a pesar de esto, señor Presidente-, creo que el proyecto constituye un avance importante para que el sentido y anhelado espíritu de encontrar un justo equilibrio entre crecimiento económico y respeto al medio ambiente sea una realidad en nuestro país.
Estoy convencida de que es el deseo de todos quienes nos encontramos en la Sala.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, el que Chile tenga tribunales ambientales me parece un avance. Y deberían estar territorializados y haber uno por cada Región. Pienso que sería interesante que existiera una institucionalidad con cercanía, ética de proximidad, respecto a los problemas que deba enfrentar.
Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de controvertir algunos planteamientos formulados acá.
Se ha dicho que Chile va a ser líder en materia ambiental, y que esta legislación es una de las más modernas. Y quiero discutir esa afirmación.
Creo que la legislación que habrán de aplicar los tribunales ambientales sigue siendo precaria, insuficiente, y que el acuerdo que construyó el Gobierno anterior significa establecer un mínimo común denominador, es decir, una ley de baja intensidad.
¡Esta normativa no cumple con los estándares mínimos a nivel mundial! No hablo de los tribunales ambientales, sino de la ley que se aprobó en 2009. En esa oportunidad hubo varios parlamentarios -aquí lo hicimos cerca de siete u ocho Senadores- que presentamos más de mil indicaciones, que el Ejecutivo no quiso acoger. Y se alcanzó un acuerdo con la Oposición de entonces.
¡Esta legislación mantiene situaciones que, de no resolverse, constituirán en el futuro un grave impedimento para avanzar en materia ambiental! Y, de hecho, así lo planteó el propio Presidente Piñera ante lo ocurrido en Punta de Choros. Él señaló la necesidad de volver a modernizar la normativa recién aprobada.
Por ejemplo, aquí se ha afirmado que se trata de una institucionalidad técnica.
¡Esa es una mentira! Porque todavía se encuentra expuesta a una altísima discrecionalidad política. Aquí no resolverán las autoridades técnicas, sino aquellas que, si bien se modificó la COREMA, siguen siendo de designación política. Y la condición técnica no es dirimente respecto de la decisión política. Es decir, vamos a mantener la situación anómala de que, existiendo informes técnicos que impidan el desarrollo de ciertos proyectos, estos sean aprobados en definitiva por las autoridades. Tal vez ahora se agrega que, para votar en contra de tales informes, se requiera una pequeña justificación.
¡Esto es un fraude ambiental! Porque los sellos ambientales, la autorización ambiental que se otorga, no superan los estándares mínimos de cualquier país moderno. En estos se deben cumplir las exigencias técnicas, y solo una vez que ello sucede es posible aprobar un proyecto. Después puede ser objeto de una decisión política, lo que me parece razonable.
Nuestra institucionalidad, lamentablemente, no resolvió uno de los problemas más básicos y esenciales, relativo a los cuestionamientos que se venían planteando.
Por lo tanto, es una tarea pendiente.
Jamás hubiera ocurrido lo de Punta de Choros, donde justamente autoridades políticas resolvieron aprobar un proyecto que no cumplía con ninguna calificación técnica o, por ejemplo, el vergonzoso caso sucedido en la Tercera Región, donde se modificó la calificación ambiental de una de las centrales más grandes que habrá en Chile: la termoeléctrica Castilla.
No responsabilizo de esta situación únicamente a quienes se hallan en el Gobierno, porque se trata de un asunto que viene de antes, respecto de lo cual las anteriores Administraciones tampoco tuvieron alguna sensibilidad.
Por otra parte, no se establece un estándar internacional en materia de sanción del delito ambiental. Esto no se pudo aprobar, y muy bien lo sabe el Senador señor Allamand, quien hizo grandes esfuerzos en tal sentido. Cerca de mil indicaciones no fueron patrocinadas por el Ejecutivo. Y llevamos a cabo largas sesiones de discusión.
Tampoco se contempla una protección adecuada para los ecosistemas frágiles.
En definitiva, señor Presidente, hay asuntos muy importantes que están pendientes. Y ya que la Ministra se encuentra presente, quiero señalar que en "El Mercurio" de hoy se informa que se busca extender por tres años los plazos para la entrada en vigencia de las normas de emisión.
¡Eso sería mucho más grave que aprobar la construcción de la Central Barrancones, en Punta de Choros, o de la Central Castilla! Porque mantendríamos una emisión de carbón elevadísima en las termoeléctricas, en circunstancias de que debieran establecerse límites para ella.
Espero que, en coherencia con los discursos pronunciados acá, se impida que ello suceda.
Ya en el pasado se registró una situación absolutamente anómala en Chile: se aprobó el uso de basura tóxica: el petcoke, sin ningún tipo de resguardo en cuanto a los niveles de níquel, azufre y material particulado.
Por lo tanto, no es posible decir acá que esta es una de las mejores leyes ambientales. ¡Es un punto de partida, jamás uno de llegada!
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, en mi opinión -hemos trabajado fuerte con los integrantes de las Comisiones unidas de Medio Ambiente y de Constitución-, este es un buen proyecto y constituye un avance. El hecho de que existan tribunales especializados de composición mixta (dos letrados y un especialista en materias medioambientales) es un progreso.
Además, aumentaremos de uno a tres el número de tribunales colegiados. Al principio se había pensado solamente en uno, lo cual resultaba claramente insuficiente.
Sin embargo, evidentemente, hay materias pendientes.
La ubicación de los tribunales es arbitraria, y tal vez obedece a una razón geográfica: Antofagasta, Santiago, Valdivia. Pero hay que considerar que los proyectos de mayor impacto ambiental, que involucran inversiones altas, cuantiosas, se hallan concentrados en otras Regiones: Atacama, Los Lagos, Aysén.
Por eso, reiteramos nuestra propuesta en el sentido de que el día de mañana exista un tribunal por Región, que es lo que requerimos.
Acá hay muchos recursos involucrados. Nos alegra que existan jueces con dedicación exclusiva, que podrán trabajar con independencia. Pero, naturalmente, precisamos más tribunales, y ello es una tarea pendiente.
También destaco el hecho de que, cuando haya un interés público involucrado, personas o instituciones que no sean parte en el juicio puedan presentar informes que le ayuden al tribunal a resolver bien.
En lo concerniente a los procedimientos de reclamación, si existe daño ambiental será posible ejercer medidas y acciones para el otorgamiento de una indemnización adecuada y justa.
La aprobación de estos tribunales significará que empiece a operar la Superintendencia del Medio Ambiente para llevar a cabo su tarea de fiscalizar. Ello tendrá un efecto práctico relevante.
Asimismo, quiero compartir lo señalado acá en lo relativo a la intervención del Excelentísimo Presidente de la Corte Suprema, don Milton Juica, en el día de hoy.
Él señaló varias cosas. Pero lo más importante fue que, si estamos creando un órgano jurisdiccional, alguna participación debe tener la Corte Suprema para designar a las personas que ocupen los cargos de jueces, de magistrados, en los tribunales ambientales.
Así que la indicación que estamos presentando nos parece plenamente pertinente y muy importante para cumplir con ese objetivo.
¿Qué más nos dijo el Presidente del Máximo Tribunal? Que miraba con simpatía el hecho de que estos tribunales dispusieran de cierta flexibilidad, autonomía presupuestaria, pero también por qué no creábamos una norma similar para los tribunales en general.
Creo que nos falta avanzar a los efectos de que los tribunales de justicia, la Corte Suprema, cuenten con mayor flexibilidad presupuestaria, sobre todo habida consideración del buen desempeño de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, lo cual refleja que pueden manejarse con más autonomía.
En síntesis, señor Presidente, creemos en el desarrollo sustentable, es decir, en el crecimiento, en el progreso, pero con respeto al medio ambiente. Y por eso hablamos de "desarrollo sustentable".
Ello significa que no puede haber acciones impunes, ilegales, arbitrarias, irracionales en materia medioambiental. Esa es la razón para crear esta nueva institucionalidad, que le permitirá a una persona que considere que se cometió un acto ilegal, arbitrario, discriminatorio, recurrir a los tribunales, donde existirán jueces con dedicación exclusiva.
Todos sabemos que la inmensa mayoría de los recursos de protección en materias medioambientales son rechazados en las Cortes de Apelaciones. Lo que vivimos con la termoeléctrica Castilla, en la Región de Atacama, en cuanto a que se acogió un recurso de protección en contra de una resolución del ex Seremi de Salud, constituye una excepción. Ojalá se acogieran muchos más.
De ahí la importancia de disponer de tribunales permanentes, dedicados de manera exclusiva a conocer de los recursos que se presenten, especialmente, contra resoluciones del Consejo de Ministros, o aquellas de carácter general; contra decretos supremos, que efectivamente causen daño al medioambiente, y que sean ilegales o arbitrarios.
Por eso, señor Presidente, vamos a votar a favor las normas de este proyecto tan importante.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero valorar el avance que representa la iniciativa desde el punto de vista de la institucionalidad ambiental.
Sin embargo -como se ha dicho aquí-, con ella no se resuelven todos los problemas. Lo que debemos analizar es cómo va a funcionar hacia delante.
A los tribunales ambientales podrá recurrir, por ejemplo, el titular de un proyecto que siente que sus demandas no han sido recogidas por la institucionalidad, como en la Evaluación de Impacto Ambiental o por las actuales COREMA; como asimismo aquellos particulares que consideran que sus derechos medioambientales, que los recursos naturales, no han sido debidamente protegidos.
Por lo tanto, se trata de una normativa que ofrece amplias garantías desde esa perspectiva. Lo importante radica en cómo se comportará a futuro esta nueva institucionalidad mucho más robusta y completa.
Además, como bien explicó la Presidenta de las Comisiones unidas, Senadora señora Alvear, ha existido una tendencia en el país durante los últimos diez años al menos, primero con la reforma procesal penal y, luego, en materias de familia y laboral, en cuanto a especializar los tribunales respectivos, con salas que conozcan lo que deberán decidir en el ámbito de su competencia.
En ese sentido, recuerdo con toda nitidez el debate -tal como lo señaló la Honorable señora Allende- que tuvimos en la Cámara de Diputados hace un par de años cuando se nos propuso la creación del Ministerio del Medio Ambiente.
Por lo tanto, aquí no hay nada nuevo.
Estamos hablando de esa nueva Cartera, que tendrá a su cargo -según lo manifestado por la señora Ministra en algunas publicaciones que he leído- los aspectos normativos medioambientales, como su protección, preservación, biodiversidad, áreas protegidas, áreas silvestres; además, del Servicio encargado de la administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que deberá realizar una compleja misión, precisamente la que posibilitará, cuando él no sea bien aplicado, o cuando no estén recogidos de manera correcta el derecho y la normativa al respecto, recurrir a estos tribunales. Y también nos referimos a la Superintendencia del Medio Ambiente, que desempeñará un rol más bien fiscalizador cuando se incurra en algún tipo de incumplimiento.
Entonces, faltaba claramente un aspecto trascendente: el relativo a estos tribunales ambientales. Porque en ese debate que tuvo lugar hace dos años acerca de la creación del Ministerio del Medio Ambiente lo que surgió con más fuerza fue que, en ese momento, no existía claridad respecto de dónde interponer ciertos reclamos, o si existía la instancia, su ámbito de acción era bastante limitado, lo mismo que ocurría con los recursos de protección y con los administrativos.
Por lo tanto, el hecho de que exista mayor claridad y certeza jurídica en tal sentido creo que es algo realmente importante.
Sin embargo, lo que en mi opinión reviste más relevancia es que el Gobierno de turno va a dejar de concentrar el rol de juez y parte en esa contienda. De ahí el símil que se hace con los tribunales de la libre competencia, o con los contenciosos administrativos.
Se trata de un paso muy trascendente el que se está dando. Pero -insisto- deberemos analizar cómo funcionará la nueva institucionalidad en régimen. Es un gran desafío para el país, y representa una buena noticia para el medio ambiente.
En cuanto a la indicación aludida por varios Senadores, me parece muy razonable. No creo que haya alguien intentando debilitar la Alta Dirección Pública. Porque claramente, en este caso, lo que corresponde, más aún cuando se va a dejar a esos tribunales bajo la supervigilancia disciplinaria y correctiva de la Corte Suprema, es que ella sea la que proponga a sus integrantes.
Por lo tanto, la indicación presentada por el Ejecutivo, a insinuación o petición del Máximo Tribunal, nos parece que va en la línea correcta para que los organismos propuestos funcionen con la debida autonomía en esta nueva institucionalidad ambiental.
En tal sentido -como muchos lo han manifestado-, no tendremos que volver a presenciar un episodio como el de Punta de Choros. Y no lo digo por la acción del Presidente de la República, sino porque en esa oportunidad la ciudadanía sintió que no habían sido respetados sus derechos ambientales.
Sin embargo, el desenlace de ese suceso fue de acuerdo con la legislación ambiental vigente. Veo difícil impedir una situación como la descrita por el hecho de crearse estos tribunales. ¡Cuidado! Porque para eso tendrían que haber sido activados los recursos al nivel correspondiente.
Nos queda un gran aprendizaje por delante. Pero, sin lugar a dudas, este representa un gran paso, y, por eso, lo vamos a apoyar, al igual que la indicación del Gobierno.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, solo quiero recordar a la Sala que, con motivo de la creación del Ministerio y de la Superintendencia del Medio Ambiente, se firmó un Protocolo de Acuerdo entre el Ejecutivo de ese entonces y el Senado en general, a fin de incorporar una serie de elementos a la nueva institucionalidad medioambiental y a la propia Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Por ejemplo, se puede destacar la evaluación de impacto ambiental respecto de los glaciares, donde había casi un vacío legal, a no ser por lo existente en la Ley del Bosque Nativo; y lo que significa la liberación de organismos genéticamente modificados, además de que ciertas áreas se puedan declarar libres de transgénicos.
Hoy día se encuentran todos los instrumentos incorporados en las legislaciones respectivas, como el ordenamiento territorial, la zonificación del borde costero y el manejo integrado de cuencas. Pero, desgraciadamente, todavía no son vinculantes.
La zonificación del borde costero se halla incluida en la Ley General de Pesca y Acuicultura. Por lo tanto, todas las Regiones deben realizarla para poder definir compatibilidades e incompatibilidades, como ocurre, entre otras cosas, con las termoeléctricas.
Además, se acordó en dicho Protocolo la generación de una CONAF pública, ojala a nivel de subsecretaría; la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, materia respecto a la cual, en forma paralela al 20 por ciento terrestre, se está avanzando de manera bastante consistente para complementar el área marina de nuestra Zona Económica Exclusiva.
En ese sentido, la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, junto a Oceana, WWF Chile, National Geographic, y el personal profesional de la Biblioteca del Congreso, han entregado los antecedentes al Ejecutivo para generar un importante parque marino frente a nuestras costas.
Otro avance sobre el particular se refiere a las cuentas ambientales, en el sentido de lo que significa la variación de los recursos naturales y también de los pasivos ambientales.
Por otro lado, en dicho instrumento se acordó hacer más vinculantes los informes técnicos sobre evaluación ambiental con respecto a las decisiones que se deben tomar; y perfeccionar lo relativo a la participación ciudadana.
Entre las materias también allí contenidas figuraba en segundo lugar la creación de un tribunal ambiental, justamente para que se pudiese recurrir a él cuando se vulneraran las leyes o reglamentos ambientales, no como aquí se ha tratado de insinuar, sino con el afán de lograr su especialización.
Sin embargo, mediante una indicación, en la que también participó la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), eso se amplió a la generación de tres tribunales. Pero la idea es que haya uno de esos organismos en cada una de las Regiones, como corresponde.
Ello obedece a una mayor conciencia y a una mejor consideración previa de los aspectos ambientales, justamente en la línea -y a eso llamamos- de evitar la judicialización de los procesos.
Si de verdad se posibilita la participación ciudadana de manera oportuna, se aplican los instrumentos de planificación territorial y el sistema vigente, se podría esperar poco trabajo por parte de dichos tribunales. Esa es la idea.
Por tales argumentos, resulta evidente que aprobaremos las disposiciones de la iniciativa, además de la indicación presentada por el Ejecutivo a fin de incorporar algunas sugerencias de la Corte Suprema.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, quería intervenir cuando el Senador Kuschel estuviera presente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se encuentra detrás de Su Señoría.
El señor FREI (don Eduardo).- Perdón, creí que ya se había retirado.
En ese caso, debo manifestar que me sumo a la iniciativa, respecto de la cual no entraré en detalles, porque estimo que representa un avance sustancial.
El año 94 me tocó echar a andar la ley ambiental. Se trataba del primer cuerpo normativo existente en nuestro país sobre el particular. Él se aprobó en el Gobierno del Presidente Aylwin. Se promulgó en febrero de ese año, y durante seis meses trabajamos en su implementación.
Por lo tanto, el avance que hemos experimentado en tal sentido, junto con la creación del nuevo Ministerio del Medio Ambiente, revisten importancia. Ahora se sumará lo de los tribunales, fundamental en la fiscalización ambiental, por todo lo que se ha dicho.
Pero me quería referir a lo señalado por dicho colega respecto a Valdivia. Porque el hecho de que uno de los tribunales ambientales se instale allí -ciudad que siempre ha tenido una tradición en esta materia- resulta trascendente, pues la existencia de un solo organismo refleja un centralismo malentendido.
La Región de Los Ríos nace precisamente después de una lucha de 30 años, porque la de Los Lagos la perjudicó de manera permanente en materia presupuestaria. Y eso ahora no ha ocurrido.
Al respecto, le puedo entregar a mi colega un solo dato.
Hoy día el presupuesto de la provincia de Osorno -también la represento, porque soy Senador por Los Lagos- corresponde a un 12 por ciento del FNDR de dicha Región. Los recursos llegan a Puerto Montt y ahí se quedan, no van ni a Chiloé, ni a Palena, ni a Osorno. Y lo mismo acontecía cuando dichas provincias estaban separadas.
Durante mi Gobierno me tocó echar a andar el Proyecto Alerce, porque en Puerto Montt ya no había un metro cuadrado donde construir viviendas. Hoy supera los 40 ó 50 mil habitantes, hay nuevos planes habitacionales y se está pidiendo -seguramente lo va a lograr- su constitución en comuna, pues ya traspasó los umbrales de Puerto Montt y está llegando a Puerto Varas.
Entonces, no creo que se vaya a caer el mundo o el país por el hecho de que se instale la sede de uno de los tribunales en Valdivia. Démosles algo a las Regiones.
Cuando debatimos el proyecto que creó la Región de Los Ríos postulamos que algunos servicios públicos quedaran radicados en ella. En algunos casos se logró.
En la actualidad, en Osorno no hay ningún servicio público (para qué hablar de Seremías). Y lo hemos pedido una y mil veces. En dicha Región, la mayor productora de carne y leche, no existen dependencias del Ministerio de Agricultura. Todo se concentra en Puerto Montt.
El concepto centralista generalizado en el país se acentúa profundamente en las Regiones.
Y el que a lo menos nos toque ser sede de uno de los tribunales no creo que constituya una causa especial.
Quiero agregar un comentario respecto a las materias energéticas planteadas a raíz de la iniciativa en debate.
Yo desearía que el Senado citara a reunión algún día para discutir latamente el tema energético. Hoy pagamos 162 dólares por megawatt y, de acuerdo a proyecciones de la Comisión Nacional de Energía, llegaremos, no más allá de febrero, a 220 dólares. ¿Cuántas empresas en Chile dejarán de ser competitivas?
Si uno revisa el listado de proyectos ingresados en la Comisión Nacional de Energía, se podrá observar que la gran mayoría corresponden a centrales térmicas. Aquí, el lobby para conseguir su construcción ha sido impresionante. Y nadie habla en su contra.
Las decisiones son políticas. Un señor Senador decía que no las había en esta materia. Cuando Argentina resuelve construir dos nuevas centrales nucleares y reactivar las dos con que cuenta, ¿es una decisión técnica o política?
Por su parte, Brasil se encuentra levantando ocho centrales nucleares.
Y nosotros nos estamos quedando atrás en cuanto a energía con respecto a lo que están haciendo todos los países.
Aquí nos tratan de convencer de que la energía nuclear es la más contaminante y de que no hay que construir centrales hidráulicas. Y resulta que en todo el mundo estas últimas funcionan sobre la base de energías renovables y no se las califica como contaminantes. ¿Cuánto escándalo hubo en su tiempo por Ralco y Pangue? ¿Cuál es la destrucción que produjeron? Si no fuera por ellas, estaríamos con racionamiento desde los últimos cuatro a cinco años.
Entonces, si queremos discutir sobre el tema energético hagámoslo de verdad. Y mencionemos todo lo que se hace. A Chile vienen de Estados Unidos a hablar contra las centrales hidráulicas. Y cuando un grupo de Senadores fuimos a Canadá nos percatamos de que le vende 45 mil megas a ese país; o sea, cuatro veces lo que consumimos nosotros. Y de qué tipo: energía hidráulica y nuclear. Las líneas de alta tensión recorren dos mil kilómetros desde Québec y de otro lugar cercano a Toronto -donde se sitúan las grandes centrales- para abastecer ¿a quién? a Nueva York. Y aquí llegan a convencernos de que no podemos instalar líneas de alta tensión y construir centrales.
Vamos a destruir el país. Los precios de la energía nos van a impedir ser competitivos.
Las cuentas de luz que pagan los chilenos en este momento son de las más altas del mundo. Basta mirar cualquier país latinoamericano para constatar lo anterior.
Vemos la cantidad de proyectos que se están llevando a cabo aquí, en nuestro barrio, y nosotros qué: paralizamos todo. Lo único que construimos son centrales térmicas. No sé qué varita mágica tienen algunos lobbystas para que solo se autoricen todos los proyectos relativos a aquellas -como señalé denantes- en la Comisión Nacional de Energía.
Hagamos un gran debate. Es importante para resolver el tema energético por los próximos diez o veinte años, al igual que lo están haciendo todos los países.
Aquí, cuando se presenta un proyecto se lo trata de destruir de cualquier forma. Por eso estamos pagando la energía más cara, no solo de Latinoamérica.
El caso de Argentina es especial, porque subsidia el gas. Pero veamos el programa de Brasil en materia de energía. Lo que hacen otros países. En Chile llegaremos a pagar el próximo año tres veces lo que cuesta en cualquiera otra nación. ¿Cómo vamos a ser competitivos con esos costos? Estamos discutiendo el royalty, etcétera, pero con ese precio no serán competitivas las empresas mineras ni de ningún otro tipo.
Señor Presidente, no quiero abusar del tiempo, pero pido que hagamos una discusión en serio sobre energía.
Cuando firmamos los acuerdos comerciales con Canadá, con Estados Unidos y con la Unión Europea concordaron en que nuestra legislación era de rango internacional. Otra cosa es su aplicación. Pero no tenemos una legislación medioambiental rasca ni mala.
Y, sin duda, las decisiones en materia de energía, cuando se hacen grandes inversiones, son políticas. Nosotros no hemos sostenido ese debate, y si no lo hacemos vamos a pagar un costo inmenso.
Por último, me referiré a lo señalado por el Senador señor Horvath sobre los transgénicos.
En Chile producimos cientos de miles de toneladas de transgénicos. ¿Y adónde van?: las exportamos, porque aquí no se pueden consumir. Pero, al mismo tiempo, importamos. Es decir, exportamos todos los productos transgénicos que cultivamos en el sur e importamos todos los que consumimos. O sea, nos hacemos trampa en el solitario, porque, además, de afuera traemos fallas, contaminación, etcétera.
Con el Honorable señor Allamand presentamos un proyecto hace cinco años vinculado con los transgénicos, pero nadie quiere hablar sobre ellos.
¡Y aquí se producen miles de toneladas e importamos miles de toneladas...!
El señor HORVATH.- También lo deberíamos discutir.
El señor FREI (don Eduardo).- Efectivamente, y le haríamos un gran favor al país.
He dicho.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Aprovecho de saludar a los estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Las Américas, sede Santiago, que se hallan en las tribunas.
Sin embargo, lo más relevante para el Senado deviene del hecho de que su profesor es don Fidel Oyarzo, quien forma parte del inventario de este Congreso.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, qué duda cabe de que estamos ante un buen proyecto, a la luz de lo que han señalado quienes me han precedido en el uso la palabra.
Los tribunales ambientales cumplirán su labor de acuerdo a la competencia que se les asigna. Si es insuficiente, se deberá a la institucionalidad vigente en nuestro país, la cual, llegado el momento, habrá que modificar.
Sin embargo, me quiero referir al artículo 5°, como lo hicieran los Senadores señor Kuschel y señora Allende, porque considero limitado el número de tribunales ambientales. Establecer tres, con tan amplia jurisdicción, no me parece una buena medida, ya que las materias y problemas de esa índole se analizan y debaten en todas nuestras comunas y Regiones.
Cuando se produzcan asuntos puntuales referidos a reclamaciones sobre la competencia de dichos tribunales resultará difícil, por ejemplo, si se trata de Magallanes, ir a Valdivia a entablar las demandas por aquellas supuestas irregularidades o ilícitos cometidos contra la preservación ambiental u otras cuestiones relacionadas.
Estimo que lo más acertado hubiera sido regionalizar los tribunales ambientales -lo señaló un Honorable colega- y haber creado por lo menos uno por cada Región.
Pienso que el proyecto constituye un retroceso.
Me recuerda los años 70, cuando las Cortes del Trabajo eran tres: había una en Concepción, otra en Valparaíso y una en Santiago. Y esta situación me trae a la memoria también la vieja discusión que se produjo cuando se analizó la creación de los tribunales laborales para todo el país. ¿Por qué algunas importantes capitales regionales o provinciales se quedaban sin sus respectivos juzgados del trabajo?
Si hubo alguna simulación a efectos de determinar por qué se creaban tres jurisdicciones a lo largo del territorio, creo que ha sido equivocada y el tiempo demostrará que no fue una medida muy acertada.
Señor Presidente, insisto en que cada Región debiera contar con su tribunal ambiental, por la importancia que revisten los temas ambientales no solo para el desarrollo económico de las Regiones, sino también para el desenvolvimiento personal de quienes vivimos en ellas.
¿Qué pasará -algo señalaba el Senador Horvath-, por ejemplo, cuando concluya la zonificación de los bordes costeros y haya problemas que uno deba dar a conocer? Desde las diversas zonas donde ellos existan, se tendrá que recurrir a tribunales muy alejados. No cualquier particular podrá presentar sus reclamos. Y ello también atenta contra una de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.
Ojalá tratemos de reparar la omisión -espero que sea involuntaria- de que adolece el artículo 5º.
Yo insistiría en que cada Región, para el mejor funcionamiento de los tribunales ambientales, contara con uno. Lo han señalado otros colegas. Me sumo a su petición. Y ojalá que el Ejecutivo tuviera en consideración la disconformidad que hemos manifestado diversos Senadores con lo dispuesto en el artículo mencionado, que crea solo tres tribunales ambientales, con tres amplias jurisdicciones en el país.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, se ha hecho un análisis bastante extenso sobre este proyecto, que estamos discutiendo en particular y que, quizás por el interés que ha despertado la creación de los tribunales ambientales, ha dado origen a un verdadero debate en general.
Lo que ocurre es que dichos tribunales serán una pieza clave en la nueva institucionalidad ambiental que está llevando adelante nuestro país.
Se han creado el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente. En poco tiempo más -esperamos- se establecerá el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y se está produciendo la reconversión de CONAF.
Me parece que todo ello, junto con los tribunales, le otorgará al tema ambiental una nueva perspectiva, una nueva mirada.
No dispongo de antecedentes para determinar si esta es la mejor legislación del mundo o si es "ahí no más". Pero estimo que, sin lugar a dudas, constituye un avance muy significativo respecto de lo que hoy tenemos.
Al haberse logrado compartiendo principios de distintos sectores, producto de un acuerdo político, creo que tiene un valor especial. Y estoy seguro de que su funcionamiento permitirá resolver un aspecto particularmente complejo: conseguir el difícil equilibrio entre, por una parte, la necesidad de preservar y mantener de la manera más perfecta, más pura nuestro medio ambiente en beneficio de las personas, y por otra, el desarrollo que requiere nuestro país para ir satisfaciendo las necesidades de bienestar de nuestra población, que en un porcentaje elevado aún se encuentra muy por debajo de las exigencias mínimas.
Por lo tanto, si tenemos presente que toda actividad humana genera externalidades, es evidente que siempre el progreso y el desarrollo económico irán produciendo algunos reacomodos en distintos ámbitos, entre los cuales está el medio ambiente.
Cómo lograr ese difícil equilibrio para mantener el medio ambiente y al mismo tiempo avanzar, es la tarea por realizar, que no resulta fácil y que debemos llevar adelante con mucho cuidado.
Se habla de la matriz energética. Sin embargo, incluso aquellas fuentes que aparecen como más deseables, por ser renovables, provocan efectos contaminantes. Es el caso de la energía eólica -parar citar un ejemplo-: la contaminación visual de un parque eólico, más las líneas de transmisión, también generan consecuencias negativas.
No existen, por lo tanto, soluciones perfectas.
Lo que requerimos es analizar cada proyecto, según su impacto ambiental, de la forma más técnica posible. Y por eso los tribunales en comento son extraordinariamente significativos. Complementan el conjunto de entidades que conforman la nueva institucionalidad, para, dentro del rol que cada una tendrá, asegurar que los conflictos surgidos sean resueltos seria y razonablemente.
Por eso mismo, pienso que esta contribución, que por lo demás surgió -no se hallaba en el proyecto original del Ejecutivo de entonces-...
El señor PROKURICA.- Así es.
El señor LARRAÍN.-...del debate en torno al acuerdo político que se alcanzó en las Comisiones...
El señor PROKURICA.- Fue una indicación parlamentaria.
El señor LARRAÍN.- Pero indicación parlamentaria que debió ser patrocinada por el Gobierno. Y por eso digo que la proposición se originó en el debate parlamentario y que el Ejecutivo supo hacerla suya en el marco del acuerdo alcanzado.
En consecuencia, reitero que los tribunales en comento permitirán que problemas complejos del ámbito medioambiental sean resueltos de mejor modo.
Mi experiencia en estas materias no ha sido buena. Es el caso de la central Los Robles, donde recurrimos de apelación sin éxito, porque no se logró entender la importancia que el sector involucrado revestía para el país.
Porque, señor Presidente, en este orden de cosas debe primar el interés general por sobre los intereses particulares, que son muy legítimos, pero que han de compatibilizarse con aquel.
De haberse aplicado en nuestra zona el criterio seguido en Punta de Choros, probablemente se habría evitado la aprobación del proyecto de la mencionada central, precisamente porque se encuentra en medio de un sector privilegiado por la naturaleza.
Ahora, en cuanto a la inquietud, muy legítima, por tener más tribunales, deseo recordar que la iniciativa original consideraba uno solo. Y el actual Gobierno, justamente por el interés de todos sobre el particular, estuvo disponible para establecer tres.
¿Cuántos se requieren hoy? No lo sabemos. Todos quisiéramos que incluso hubiese más de uno por Región -¡a menos que estemos pensando en las Regiones del futuro...!-; y a mí me gustaría que existiera también uno en el Maule sur.
Ojalá haya muchos tribunales ambientales a lo largo del territorio. Pero empecemos con lo que existe.
No teníamos nada; nos propusieron uno, y vamos en tres. Probemos con ellos, y la historia se escribirá muy rápido. Si se requieren más, estoy seguro de que en poco tiempo esos tres se convertirán en los que Chile necesite.
Finalmente, deseo señalar que las cuestiones de fondo planteadas por la Corte Suprema me merecen una profunda reflexión.
Hemos creado una serie de tribunales administrativos en forma diversa, con procedimientos contenciosos administrativos que tampoco hemos armonizado. Por lo tanto, hemos generado una selva frondosa.
Ese es un asunto muy de fondo, pero no podemos resolverlo con motivo del proyecto en análisis.
Sin embargo, me parece válido lo hecho por el Ejecutivo a propósito de la inquietud de las Comisiones unidas en orden a recoger en una indicación lo más central: la forma de designar a los ministros, para asegurar la sujeción de los tribunales que se crean a la superintendencia de la Corte Suprema, en los términos del artículo 1º.
Por las consideraciones formuladas, voto a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, sin duda, el elemento que faltaba para completar la institucionalidad ambiental era la existencia de tribunales especializados, independientes.
Habiendo ya una Superintendencia con fuertes funciones fiscalizadoras y toda una institucionalidad ambiental, se requería una instancia como la que se nos propone.
En consecuencia, estimo indispensable acelerar la aprobación del proyecto.
Me gustaría, entonces, colocar el énfasis en lo importante de avanzar rápido en lo relativo a los tribunales. Porque, en lo inmediato, muy pronto vamos a enfrentar una serie de cuestiones ambientales. Existen varios proyectos sobre la materia. Urge, pues, la implementación de la institucionalidad completa.
El Senador señor Frei hacía alusión al aspecto energético. Sin duda, será un gran tema, con consecuencias ambientales. Lo más probable es que mañana lo tengamos en la discusión. Y no necesitaremos una sesión especial.
Hoy se dio cuenta del informe recaído en el proyecto que propicia la ampliación de la matriz energética mediante fuentes renovables no convencionales, que fue asumido por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Minería y Energía. Y espero que mañana tengamos un gran debate sobre el particular en esta Sala.
Pero eso es parte de las consecuencias que vienen, señor Presidente.
Por consiguiente, me parece de suma prioridad tener implementada a la brevedad posible, dados los eventuales conflictos que surgirán, toda la institucionalidad ambiental, donde los tribunales que se están creando juegan un rol muy protagónico e importante.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueban los artículos 1º, 3º, 6º, 7º, 9º, 10, 14, 16, 42 y 45 permanentes, y los artículos primero, segundo, tercero y cuarto transitorios, todos acogidos por unanimidad en las Comisiones unidas (32 votos afirmativos y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Espina, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Escalona y Kuschel.
El señor PIZARRO (Presidente).- En seguida, corresponde colocar en...
La señora MATTHEI.- ¿Me permite referirme a un asunto anecdótico, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora MATTHEI.- De los 33 Senadores varones que integran esta Corporación, en estos momentos solo hay 9 en el Hemiciclo.
En cambio, de las 5 Senadoras, estamos todas.
--(Aplausos en la Sala).
El señor PIZARRO (Presidente).- Lo dejaremos como anécdota.
La señora ALLENDE.- Hay que incluir a la Ministra.
La señora RINCÓN.- En ese caso seríamos seis mujeres.
El señor PIZARRO (Presidente).- Así es.
La señora RINCÓN.- ¡Sumémosla, entonces...!
El señor PIZARRO (Presidente).- Hay muy pocas mujeres en la Sala.
La señora RINCÓN.- Por ahora somos cinco.
El señor PIZARRO (Presidente).- Después de la próxima elección serán más.
La señora MATTHEI.- Iremos avanzando, señor Presidente.
La señora ALLENDE.-. Y seremos más: ¡el cien por ciento...!
El señor PIZARRO (Presidente).- Prosigamos, Sus Señorías.
Como varios Senadores se encuentran fuera del Hemiciclo, pido hacer sonar los timbres.
Mientras tanto, a los efectos de avanzar en el despacho del proyecto, sugiero dar por aprobados con la misma votación anterior los preceptos de quórum simple acogidos por unanimidad en las Comisiones unidas.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
--Se aprueban con la misma votación anterior (32 votos afirmativos y 2 abstenciones) los artículos 4º, 8º, 11, 12, 13, 15, 17 -excepto su numeral 2)-, 18 a 24, 26 a 32, 35 a 39, 43 y 44 permanentes, y quinto y sexto transitorios.
El señor PIZARRO (Presidente).- A continuación, corresponde pronunciarse sobre el artículo 2º, para cuya aprobación se requiere quórum de ley orgánica constitucional.
Su Excelencia el Presidente de la República formuló una indicación al inciso segundo de este precepto, a la cual se han referido casi todos los señores Senadores.
En las Comisiones unidas hubo unanimidad para tratarla y votarla.
Por lo tanto, si le parece a la Sala, cerraremos el debate y procederemos a votar la indicación.
El señor WALKER (don Ignacio).- De acuerdo.
El señor NOVOA.- Conforme.
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- La indicación presidencial propone sustituir el inciso segundo del artículo 2º por el siguiente:
"Cada Ministro será nombrado por el Presidente de la República con el acuerdo del Senado, a partir de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá la Corte Suprema. Para la confección de las nóminas, dicha Corte realizará un concurso público para seleccionar a los candidatos a los cargos de ministro. No podrán participar en estos concursos quienes se desempeñen o hayan ejercido el cargo de abogado integrante en las Cortes de Apelaciones o en la Corte Suprema. El Senado adoptará el acuerdo en votación única, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Si no se aprobare la propuesta, el Presidente de la República deberá presentar a otra persona que forme parte de la misma nómina elaborada por la Corte Suprema. Si se rechazare la segunda proposición, se deberá llamar a un nuevo concurso.".
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra del Medio Ambiente, quien desea hacer un alcance antes de que se inicie la votación.
La señora BENÍTEZ (Ministra del Medio Ambiente).- Señor Presidente, quiero destacar la importancia que la aprobación de los tribunales ambientales tiene en el contexto de la nueva institucionalidad ambiental, sobre todo por las facultades fiscalizadoras y sancionatorias que puede ejercer en él la Superintendencia del Medio Ambiente una vez que la normativa entre en funcionamiento.
Además, agradezco el trabajo de las Comisiones unidas de Constitución y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, especialmente por el acuerdo político suscrito, que permitió que más del 90 por ciento de los artículos fueran aprobados en forma unánime.
Asimismo, expreso mi gratitud a la Presidenta de las Comisiones unidas, Senadora señora Alvear, por su receptividad y por la búsqueda de acuerdos, lo que posibilitó avanzar rápidamente en el despacho del proyecto.
Por último, aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a los Diputados integrantes de las Comisiones encargadas de analizar esta iniciativa en la Cámara Baja a fin de que contribuyan a la pronta concreción de la ley en proyecto.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Lo que la señora Ministra pidió al final es un poquito más complicado...!
En votación la indicación.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueban la indicación del Ejecutivo y los restantes incisos del artículo 2º (22 votos favorables), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Chadwick, Chahuán, Escalona, Espina, García, Kuschel, Larraín, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, agregue mi voto afirmativo, por favor.
El señor LAGOS.- El mío también.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se dejará constancia en la Versión Oficial de la intención de voto favorable de los Honorables señores Allamand y Lagos.
El señor ESPINA.- ¡Y el Senador Frei, después de su tremendo discurso, ni siquiera votó...!
El señor PIZARRO (Presidente).- En seguida, corresponde pronunciarse sobre los artículos que no fueron aprobados por unanimidad en las Comisiones unidas.
Les sugiero a Sus Señorías que votemos inmediatamente el artículo 5º, para cuya aprobación se requiere quórum orgánico constitucional.
Entiendo que fue rechazado solo por la Honorable señora Allende.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Así es.
La señora MATTHEI.- "Si le parece", señor Presidente, con la misma votación anterior.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura a la norma.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El artículo 5º -página 8 del boletín comparado- establece el número de tribunales ambientales y su jurisdicción.
Su texto es del siguiente tenor:
"Artículo 5°. Número de Tribunales y Jurisdicción. Créase un Tribunal Ambiental con asiento en cada una de las siguientes comunas del territorio de la República, con la jurisdicción territorial que en cada caso se indica:
"a) Primer Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de Antofagasta, y con competencia territorial en las Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo.
"b) Segundo Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de Santiago, y con competencia territorial en las Regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Libertador General Bernardo O´Higgins y del Maule.
"c) Tercer Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de Valdivia, y con competencia territorial en las Regiones del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena.".
Esta disposición fue aprobada por 8 votos a favor (Senadores señora Alvear y señores Allamand, Chadwick -cada cual con dos votos-, Larraín y Patricio Walker) y uno en contra (Senadora señora Allende).
El señor PIZARRO (Presidente).- Esta norma es la que ha generado parte importante del debate de esta tarde.
Le propongo a la Sala votar.
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, ¿es de quórum especial este artículo?
El señor PIZARRO (Presidente).- Sí, señor Senador.
El señor NOVOA.- Entonces, haga sonar los timbres.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Ya están sonando, Su Señoría.
El señor LARRAÍN.- ¿Tenemos quórum?
El señor PIZARRO (Presidente).- Al parecer, hay votos de más para aprobar la disposición con el quórum necesario.
La señora ALVEAR.- Pido la palabra.
El señor PIZARRO (Presidente).- Nos encontramos en votación, señora Senadora.
¿Quiere fundamentar su voto?
La señora ALVEAR.- Sí, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, deseo llamar la atención sobre lo siguiente.
El proyecto original del Ejecutivo contemplaba solo un tribunal ambiental. Posteriormente, fruto de la inquietud, solicitud, requerimiento de los Senadores de ambas Comisiones, se logró que fueran tres.
Tal como lo informé al comenzar el debate particular en esta sesión, un número mayoritario de Senadores estamos convencidos de que debe existir -y quiero decirlo así de claro- un tribunal ambiental en cada Región.
Sin embargo, en todas las reformas que hemos realizado para generar nuevos procedimientos -es el caso de los tribunales laborales y de los relacionados con la reforma procesal penal- se ha contemplado, a fin de resguardar la adecuada implementación de la institucionalidad creada, la gradualidad.
Esta iniciativa, según se ha expresado, crea tres tribunales ambientales en vez de uno.
A diferencia de los juzgados de familia, que empezaron a regir en el mismo momento, los tribunales laborales y los de la justicia penal fueron implementados gradualmente y con éxito.
En el caso de la reforma procesal penal se eligió para partir a Coquimbo y La Araucanía. Y se procedió paulatinamente con las demás Regiones.
Señor Presidente, debo subrayar que si por consideraciones en cuanto a los lugares donde estarán los tres juzgados que se crean se rechaza el artículo 5°, no habrá ley, sencillamente porque los tribunales ambientales no existirán.
El señor PROKURICA.- Además, el artículo es de quórum especial.
La señora ALVEAR.- Efectivamente.
Por esa razón, llamo a mis colegas a tener conciencia real sobre lo que estamos votando.
Entiendo que algunos parlamentarios prefieran que los tribunales ambientales se instalen en otras Regiones. Eso me parece completamente atendible. Como dije, soy partidaria de que exista uno en cada Región del país.
Pero, para la gradualidad de los nuevos tribunales, lo aconsejable es que partamos por tres --que son más que un-- y que los incrementemos gradualmente en los próximos años.
Si no se aprueba el artículo en examen, no habrá tribunales ambientales.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el asunto fue largamente debatido en la Comisión.
En verdad, no hubo mucha posibilidad de diálogo con el Ejecutivo, primero, en torno a la localización más adecuada de los tribunales, en particular el de Valdivia.
Entiendo que esa circunscripción sea representada por Senadores importantes -y, por cierto, los considero-; pero también discutimos un criterio en la materia y le pedimos razones a la señora Ministra. Estas no fueron ni cuantitativas ni cualitativas, sino más bien de carácter discrecional respecto de la importancia de la radicación territorial.
En segundo lugar, con relación al número de tribunales, la Secretaria de Estado expresó en todo momento que no se hallaba en condiciones de llegar a ningún acuerdo.
Por mi parte, le reiteré el punto en la Comisión, hasta el extremo de destacar la necesidad de conversar sobre el particular con el señor Ministro de Hacienda. Si no se trata de una decisión de Medio Ambiente,... Comprendo a la señora Ministra. Pero tampoco ha habido oportunidad de tratar con Hacienda a fin de poder saber si es posible llegar a cinco tribunales o a un acuerdo político acerca de la gradualidad de constituir más que los tres señalados en el proyecto.
En consecuencia, me voy a abstener, señor Presidente.
Ahora, algunos preguntarán qué pasará si el artículo efectivamente se cae. En ese caso, conversaremos. Porque la verdad es que el Gobierno se encuentra obligado a ello, y sobre esta cuestión no lo hemos hecho. No hemos dialogado ni con la señora Ministra ni con el señor Ministro de Hacienda. Parece que eso se realiza con algunos Senadores, no con todos.
Pido particularmente a mis colegas de la Oposición que mantengamos un criterio coherente. Si se registran aspectos de diferencia con el Gobierno, intentemos lograr un criterio para llegar a acuerdos, positivo.
Soy partidario de los tribunales, pero me parece que el número es insuficiente, y la localización, al menos discutible.
Ya he anunciado mi decisión. El señor Ministro de Hacienda no se halla en la Sala y la señora Ministra expresó que no se encuentra en condiciones de llegar a ni un solo acuerdo -repito- acerca de cambios y aumentos de tribunales, de modo que vamos a llegar a un punto cero.
Los organismos jurisdiccionales de que se trata son necesarios. Estamos trabajando para que hagan el enganche respecto de la Superintendencia. Pero insisto en que el Gobierno tiene que dialogar en algún ámbito con los Senadores de Oposición cuando median diferencias. Manifiesto toda mi voluntad para participar en ello. Mientras tanto, la única alternativa que me dejan -repito- es la abstención.
He dicho.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, en primer lugar -para no repetir-, suscribo completamente los argumentos dados por la Senadora señora Alvear en cuanto a que sería muy inconsecuente aprobar una ley que crea los tribunales ambientales y luego no establecer ninguno. No sé cómo se apreciaría eso cuando se revisaran las resoluciones del Senado.
Ahora, haciéndome cargo de los aspectos de fondo, deseo observar que lo normal es que exista un solo organismo en este tipo de judicaturas especiales. Así ocurre con el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con el Tribunal de Contratación Pública.
Quisiera consignar, además, que el Presidente de la Corte Suprema estuvo hoy día en las Comisiones unidas de Constitución y de Medio Ambiente, y recordó que los asuntos medioambientales se llevan a los tribunales mediante el recurso de protección. Se registran alrededor de 200 casos anuales. Entonces, se comprenderá que resultaría poco razonable crear 15 organismos jurisdiccionales para ver un promedio de 12 ó 15 casos cada uno.
El criterio de la gradualidad me parece adecuado, de toda lógica. Y la ubicación -lo entiendo- es lo más arbitrario que hay. Porque se podría haber optado por Antofagasta o Copiapó, o bien, por Valdivia, Osorno o Puerto Montt; pero cuando se trata, no de 15 tribunales, lo que sería realmente un exceso, sino de 3, para no concentrar todo en Santiago, la decisión acerca de dónde se sitúan es facultativa. No media una razón para que Valdivia se prefiera a Osorno, u Osorno a Puerto Montt.
A mi juicio, el hecho de que la decisión sea arbitraria no es un argumento para votar en contra. Porque cualquier determinación que no sea la de un tribunal en la Capital o de uno en cada Región va a revestir ese carácter.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, hoy día se cumplen 22 años del triunfo del "No".
El señor PROKURICA.- ¡Su Señoría va a votar que no...!
El señor ROSSI.- El Primer Mandatario afirmó haberse pronunciado por esa alternativa en la época. Así que celebra hoy día como toda la Oposición.
Y varios Ministros también lo hicieron.
El señor LAGOS.- ¡Votó a ganador!
El señor ROSSI.- Sí. Parece que apostó a ganador.
Pero lo que deseo destacar es que, en la intervención central del acto que realizamos aquí, en Valparaíso -porque queremos descentralizar-, se expusieron mensajes importantes respecto de tres problemas que tenemos que resolver: primero, el de la exclusión; segundo, el del elitismo, y tercero, el de un centralismo feroz.
El proyecto de ley que nos ocupa es expresión y reflejo de ello. En efecto, no entendemos cuál es la razón para que, de los tres tribunales ambientales que se crean, se establezca uno en Antofagasta, y no en Iquique o en Arica, ciudades de las Regiones que represento, donde existen parques nacionales, monumentos naturales, conflictos ambientales; ni en la Octava Región. Y otro tiene asiento en Valdivia. ¡Qué extraño!
No creo en la buena voluntad y disposición para descentralizar. Porque el ejemplo más patente de lo que señalo -y, por eso, voy a aprovechar la votación para manifestar también mi malestar respecto al Protocolo sobre el transporte público en la Capital- es lo que pasa con el Transantiago. Esta es la manifestación del centralismo más voraz.
El acuerdo suscrito al respecto representaba la entrega de 188 mil millones de pesos a las Regiones, como subsidio nacional al transporte durante el año en curso -¡188 mil millones de pesos!-, y la ejecución presupuestaria del primer trimestre asciende a 1,2 por ciento. O sea, ¡el Transantiago consumió todo, y las Regiones, 1,2 por ciento!
Pero hay más. El compromiso del Gobierno es devolverles la plata que se les recortó. Porque también queremos subsidio para los operadores; inversión en infraestructura; subsidios rurales -había uno para fomentar el uso del transporte público en zonas extremas-; el voucher o bono de locomoción para la gente más humilde, que no le va a llegar.
¿Y saben Sus Señorías lo que se adujo? "Esos recursos que les recortamos a las Regiones por querer descentralizar" -¡qué raro!- "vamos a entregarlos en seis años". ¡En cómodas seis cuotas anuales!
Por si lo anterior fuera poco, se agregó: "En el caso de la plata nueva que vamos a darle ahora al Transantiago, también se la entregaremos a las Regiones, pero en 2015 y 2016".
¡Con esa voluntad de descentralizar, es evidente que no pueden pedirnos creer que va a ir aumentando progresiva y paulatinamente el número de tribunales ambientales!
Por tanto, en expresión de molestia y protesta por el centralismo imperante, que se revela en cada una de las iniciativas que envía el Gobierno, voy a abstenerme.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, únicamente haré un par de comentarios respecto del debate que se ha originado, con el ánimo de clarificar las cosas.
Tal como lo expresó la señora Presidenta de la Comisión de Constitución, la proposición inicial del Ejecutivo -entre paréntesis, ello tuvo lugar en el Gobierno anterior- fue que existiera un solo tribunal ambiental, con asiento en Santiago.
Como lo ha precisado el Senador señor Novoa, la regla general, cuando se trata de estos organismos jurisdiccionales especiales, es que se establezca uno solo. Hay un solo Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, para citar un caso. Aquí se han dado los ejemplos pertinentes.
Por lo tanto, se logró un avance significativo al disponerse dos tribunales adicionales; pero, sobre todo, el debate apuntó a dejar sentado un criterio. Y este último es precisamente el consignado por las Honorables señoras Alvear y Allende, así como también por otros parlamentarios que han hecho uso de la palabra. De lo que se trata es de ir avanzando en forma gradual, en la medida en que la carga procesal y de causas así lo amerite, hacia el objetivo de contar finalmente con un tribunal por Región, si se justifica.
Sin embargo, en las actuales circunstancias, ello no es posible determinarlo. Lo razonable, entonces, es no dejar todo concentrado en Santiago y dar una señal de descentralización.
En consecuencia, a diferencia de lo manifestado por el Senador señor Novoa, aquí no ha habido una decisión arbitraria acerca de dónde instalar los dos tribunales adicionales al de la Capital.
Básicamente, los criterios sobre el particular -y así lo expuso el Ejecutivo en la Comisión- fueron los siguientes.
En primer lugar, se consideró la equidistancia, desde el punto de vista geográfico. Creo que basta solo mirar un mapa para percibir, por ejemplo, cuál es naturalmente, desde Biobío hacia el sur, el lugar "más central", por así decirlo. Y si se hace igual reflexión en cuanto al norte, ocurre exactamente lo mismo. Sobre la base a que hago referencia, los dos tribunales "regionales" -por calificarlos así- se hallan bien emplazados.
En seguida, se tuvieron presentes la inversión y el número de proyectos. Y, otra vez, si se revisan desapasionadamente ambos elementos, se concluye que es razonable determinar un organismo jurisdiccional en Antofagasta y otro en Valdivia.
Aquí no ha mediado una actitud arbitraria. Era preciso adoptar un criterio y ubicar los tribunales en algún lugar. En cuanto a lo geográfico, repito que están bien emplazados, así como también en lo relativo a la carga potencial, si se piensa en la cercanía física con los proyectos.
Insisto en que aquí no hay arbitrariedad, sino una decisión coherente. Pero, sobre todo, se da una señal particularmente poderosa en términos de que, con la gradualidad en la implementación de los tribunales, que será hasta de 18 meses, se podrá apreciar si son o no suficientes. Lo importante es dejar sentado el principio de que el Ejecutivo tiene la disposición, en la medida en que lo justifique la carga procesal, de continuar aumentando su número.
Resulta absurdo sostener una suerte de discusión vacía producto de una especie de pugna respecto del lugar de instalación. Reitero que, desde el punto de vista geográfico, se ha aplicado un criterio de realismo, y desde la perspectiva del número de proyectos, de la inversión, ocurre exactamente lo mismo.
Por lo tanto, señor Presidente, lo que corresponde es aprobar la disposición en debate.
De más está decir que en la materia no hay iniciativa parlamentaria. Por ende, es mucho mejor tener tres tribunales que ninguno, como asimismo dejar sentado el principio de que, en la medida en que sea necesario, el Ejecutivo va a aumentar el número.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor LAGOS.- Santiago no es Chile.
El señor GIRARDI.- Coincido con esta última afirmación, señor Presidente.
También comparto lo expresado por el Senador señor Allamand en el sentido de que la propuesta original contempló un solo tribunal. Al menos, se registra un aumento de 300 por ciento.
A mi juicio, el desafío es que exista uno de ellos por Región. Eso es lo que garantiza el acceso a la justicia.
Ahora, ¿por qué se plantea el punto?
Quiero ser muy claro, señor Presidente: en materia ambiental, la Derecha y la Izquierda son lo mismo. Exhiben visiones antropocéntricas, desarrollistas, y su ética no contempla la parte ambiental sino como una variable económica.
Es de las cuestiones pendientes, no solo en Chile, sino también en el mundo entero.
Pienso que la conciencia ciudadana va a exigirles a las izquierdas y derechas de todos los países entender que lo ambiental tiene que ver con la existencia; con el planeta en que estamos, del cual no podemos cambiarnos, y con la modificación de esa mirada antropocéntrica, de esa ética del hombre. Al menos debe igualarse una ética de la vida: el respeto por el resto de los seres vivos.
Lamentablemente, carecemos de una concepción ecosistémica. Nuestro modo de desarrollo es hiperracionalista, hipercompartamentalizado, y casi se basa en la visión de que los recursos naturales y la vida son ilimitados, en circunstancias de que son completamente finitos, frágiles y sensibles a los cambios que efectuamos.
No me sorprende, entonces, la presente discusión. Por tales razones tenemos la legislación con que contamos, que aquí aparece como una de las más innovadoras, modernas, cuando es una de las más retrógradas a nivel mundial por lo que señalé anteriormente. Uno de estos tribunales tendría que implementar una ley de muy baja intensidad, que no resolverá los problemas de nuestro país en ese ámbito de que se trata, pero, como los cambios en la ciudadanía son mucho más potentes y fuertes, estimo que en muy corto plazo estaremos obligados de nuevo a reformar la institucionalidad ambiental aprobada en 2009.
Es más, con un conjunto de parlamentarios volveremos a presentar, como proyecto de ley, parte de las mil indicaciones que formulamos con los Senadores señores Navarro, Gómez y otros, todas ellas desechadas por el acuerdo registrado entre la Izquierda, la Derecha y el Centro, sectores que no tienen como eje central, evidentemente, los asuntos ambientales.
Considero muy importante lo planteado por mi Honorable colega Frei. Es necesario discutir con urgencia una cuestión como la de los transgénicos. Chile está produciendo semillas de esa naturaleza y no dispone de ningún método de regulación. Los europeos cuentan con una rotulación en el caso de que ese tipo de contenido exceda de uno por ciento. Los estadounidenses regulan en origen, en la frontera. Nosotros no tenemos ni lo uno ni lo otro. Por lo tanto, todos los transgénicos que los otros países desechan por peligrosos llegan acá, ya que no se regula ni controla nada.
Solo deseo recordar que cuando se alude a los transgénicos se hace referencia a traspasar todos los lindes de la historia de la vida y la Humanidad, cual es tomar genes de una especie y ponerlos a otra. Los efectos son muy complejos, evidentemente. La discusión que se ha llevado a cabo en algunos lugares dice relación a la seguridad de lo anterior.
A ello se suman todos los cambios biotecnológicos que se están proponiendo en la Humanidad. Los señores Senadores saben muy bien que se acaba de construir la primera célula o micoplasma artificial por Craig Venter, lo que significa un cambio fundamental en la historia de la vida y la evolución.
El Congreso debiera involucrarse, tal vez, en estos temas científicos e intentar una discusión, al menos, con respecto al mundo que viene.
Lo mismo se extiende a la energía. En lo concerniente a la energía del futuro, que va a provenir del hidrógeno, el mismo investigador, Craig Venter, acaba de fabricar, con un código genético desarrollado en un programador -es decir, empleando programación-, bacterias que producen hidrógeno. La duda es si la generación de estos cultivos puede contaminar a otras y originarse un cambio de envergadura, interesante, a escala mundial, en caso de que todas adquiriesen la misma capacidad, pues podría cambiar el metabolismo en el mundo.
Estas son las cuestiones ambientales que vienen y vamos a estar obligados a discutirlas. Lo que no podemos hacer es creer nosotros mismos que la legislación es una de las más modernas. Esta exhibe una precariedad extrema. Juzgo que los tribunales ambientales serán un punto de apoyo, pero lo que tendrán que aplicar es una normativa de una sociedad todavía en la era del hierro planetario. No estamos en la modernidad. Este ordenamiento presenta los más bajos estándares y no cumple con ninguno de los europeos. Por lo tanto, nos hallamos en un punto de partida y no de llegada.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, en una intervención anterior expresé que estaba de acuerdo con el proyecto de ley, el cual venía a culminar un proceso de negociación exitoso entre la Alianza y la Concertación que partió en el Gobierno de la Presidenta Bachelet. Pero también manifesté que no era suficiente empezar con tres tribunales ambientales y que resulta necesario que cada una de las Regiones cuente con alguno.
Además, coincido con lo expresado por quienes me han antecedido en el uso de la palabra, pues comparto la teoría de la gradualidad. Creo que es la que corresponde y la que se ha aplicado en materia tanto penal como laboral, siendo exitosa.
Lo que echo de menos es la consignación de tal principio en la normativa. Porque lo que se hizo fue determinar, después de las intervenciones de los parlamentarios, que no hubiera un solo tribunal -y en Santiago-, sino tres, para comenzar, pero no se dejaron establecidas una revisión y evaluación en el futuro para poder ir implementando los tribunales que fueren necesarios.
Coincido -insisto- en la conveniencia de legislar y en la importancia de la iniciativa en examen. Creo que constituye un avance y la respaldo. Sin embargo, en esta materia no puedo votar a favor, de modo que me abstengo.
Gracias.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 5° propuesto por las Comisiones unidas (22 votos a favor y 11 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple con el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Matthei y Pérez (doña Lily) y los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Espina, Frei (don Eduardo), García, Gómez, Horvath, Larraín, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron las señoras Allende y Rincón y los señores Escalona, Girardi, Kuschel, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Quintana, Rossi y Tuma.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- En seguida, corresponde ocuparse de otras modificaciones propuestas por las Comisiones unidas que no fueron aprobadas en forma unánime.
La primera de ellas dice relación al numeral 2) del artículo 17, que expresa: "En el caso del número 2), las personas naturales o jurídicas que hayan sufrido el daño o perjuicio; las municipalidades, por los hechos acaecidos en sus respectivas comunas, y el Estado, por intermedio del Consejo de Defensa del Estado. Deducida demanda por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros;".
Dicha norma se aprobó por 9 votos a favor (de los Senadores señoras Allende y Alvear -como integrante de ambas Comisiones- y señores Allamand, Chadwick, Gómez, Larraín y Longueira -como integrante de ambas Comisiones- y 1 en contra (del Senador señor Navarro).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión el numeral 2) del artículo 17.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el numeral 2) del artículo 17 (25 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Allamand, Cantero, Chadwick, Chahuán, Espina, Frei (don Eduardo), García, Horvath, Kuschel, Lagos, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Tuma, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- En seguida, corresponde analizar, en el artículo 25, sobre apelaciones e improcedencia del recurso de casación, el inciso primero, que señala: "En estos procedimientos sólo se admitirá apelación respecto de las resoluciones que declaren la inadmisibilidad de la demanda, que reciban la causa a prueba o que pongan término al procedimiento o hagan imposible su continuación. De este recurso conocerá la Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional tenga asiento el Tribunal Ambiental que haya dictado la resolución apelada.".
Esta disposición fue aprobada por 7 votos a favor (de los Senadores señora Alvear -como integrante de ambas Comisiones- y señores Allamand -como integrante de ambas Comisiones-, Gómez, Longueira y Patricio Walker) y 1 en contra (del Honorable señor Espina, quien, además, hizo reserva de constitucionalidad).
El señor ESPINA.- ¿De qué norma se trata?
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Del inciso primero del artículo 25.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión dicho inciso.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el inciso primero del artículo 25 (20 votos a favor y 7 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Allamand, Cantero, Chadwick, Chahuán, Frei (don Eduardo), García, Gómez, Horvath, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Espina, Girardi, Lagos, Navarro, Quintana, Rossi y Tuma.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- A continuación, en el artículo 33, denominado "De la prueba", el inciso primero dice:
"El Tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Serán admisibles todos los medios de prueba obtenidos por medios lícitos y que sean aptos para producir fe. El Tribunal podrá reducir el número de pruebas de cada parte, si estima que son reiterativas. El Tribunal podrá decretar, en cualquier estado de la causa, cuando resulte indispensable para aclarar aquellos hechos que aún parezcan obscuros y dudosos, la práctica de las diligencias probatorias que estime convenientes. No habrá testigos ni peritos inhábiles, lo que no obsta al derecho de cada parte de exponer las razones por las que, a su juicio, la respectiva declaración no debe merecer fe.".
Dicha norma fue aprobada por 8 votos a favor (de los Senadores señoras Allende y Alvear -como integrante de ambas Comisiones- y señores Allamand, Chadwick, Larraín y Longueira -como integrante de ambas Comisiones) y 1 en contra (del Senador señor Navarro).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión dicho inciso.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra para fundamentar el voto el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la prueba es un elemento esencial en todo proceso judicial.
En las Comisiones unidas pedí mayor claridad respecto de la oración: "Serán admisibles todos los medios de prueba obtenidos por medios lícitos". Solicité a los abogados presentes que explicaran cuáles serán los medios lícitos. Porque no estamos hablando de un tribunal penal ni de uno civil, sino de un juzgado ambiental.
Varias de las pruebas conseguidas, por ejemplo, en juicios contra el sector pesquero artesanal se obtuvieron por medios que muchos consideramos ilícitos: en horario inadecuado, contra la voluntad de la ciudadanía, en condiciones que constituyen -en casos referidos a las cinco millas o a las áreas de manejo- una invasión de territorio administrado por pescadores artesanales.
En segundo lugar, el artículo consagra: "No habrá testigos ni peritos inhábiles, lo que no obsta al derecho de cada parte de exponer las razones por las que, a su juicio, la respectiva declaración no debe merecer fe.". O sea, puede declarar quien lo desee. El testigo o el perito puede ser cualquiera. No importa si tiene intereses económicos, si fue sobornado o si fue pagado por la empresa.
No habrá ningún tipo de inhabilidad para ser testigo o perito.
Eso me parece extraordinariamente complejo.
Siempre existe caución para la presentación de una prueba o la declaración de un testigo o un perito inhábil, por alguna razón justificada, legal o de fe. Pero el artículo en comento señala que no se podrá impugnar ni al testigo ni al perito como tal.
Creo que dicha norma resulta en exceso flexible y, por ello, voto en contra.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el inciso primero del artículo 33 (21 votos a favor, 3 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Allamand, Chadwick, Chahuán, Frei (don Eduardo), García, Gómez, Horvath, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Girardi, Navarro y Tuma.
Se abstuvo el señor Quintana.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- En seguida, el artículo 34 preceptúa: "Contestada la demanda o vencido el plazo para cumplir con este trámite, el Tribunal recibirá la causa a prueba, si lo estima procedente. En contra de esta resolución podrá interponerse el recurso de reposición dentro de tercero día y subsidiariamente el recurso de apelación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la presente ley. En caso contrario, convocará a una audiencia para una fecha no superior a treinta días y en ella, propondrá a las partes bases para conciliación, si ésta es pertinente. Si no lo fuere o no se llegare a acuerdo por las partes en esa misma audiencia, el Tribunal fijará un término con el fin de que cada una formule sus alegaciones orales. A continuación, el Tribunal citará a las partes para oír sentencia la que deberá dictarse en el lapso no superior a treinta días, salvo que, de conformidad al artículo 40, se hubiese solicitado informe pericial y el plazo para evacuarlo se encuentre pendiente, caso en el cual se procederá según lo dispuesto en dicho artículo. Este plazo podrá ampliarse hasta por cinco días, por razones fundadas y si, vencido este aumento, el fallo no se dictare, los ministros incurrirán en grave incumplimiento de sus deberes.".
Fue aprobado por 8 votos afirmativos y 1 negativo. Se pronunciaron a favor los Honorables señoras Allende y Alvear (como integrante de ambas Comisiones) y señores Allamand, Gómez, Larraín y Longueira (como integrante de ambas Comisiones); votó en contra el Senador señor Navarro.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión el artículo 34.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor NAVARRO.- Pido la palabra.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra para fundamentar el voto, Su Señoría.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, respecto del informe pericial que se debe evacuar, se señala que el plazo dispuesto "podrá ampliarse hasta por cinco días, por razones fundadas y si, vencido este aumento, el fallo no se dictare, los ministros incurrirán en grave incumplimiento de sus deberes.".
No sé por qué el plazo es tan estricto: ¡5 días! Me parece demasiado restrictivo.
Considero factible fijar una mayor cantidad de días, sobre todo en causas muy complejas, donde las demostraciones requieren más tiempo; aún más, si se trata de situaciones en zonas aisladas. Por ejemplo, puede producirse un conflicto medioambiental en la Primera Región, en plena Cordillera de Los Andes, y el tribunal más cercano se encuentra en Antofagasta. Estos juzgados se hallan muy alejados de los lugares donde se llevan adelante los proyectos de esta naturaleza.
Creo que los plazos cortos ayudan a los poderosos, no a los débiles; o sea, a quienes están mejor preparados para defenderse. Los plazos flexibles siempre son buenos para mejor decidir, como dicen los jueces.
Por eso voté en contra del artículo en las Comisiones unidas. Y mantengo mi posición.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 34 (21 votos a favor y 1 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Allamand, Chadwick, Chahuán, Escalona, Espina, García, Gómez, Horvath, Novoa, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Tuma, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Navarro.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Seguidamente, corresponde ocuparse del artículo 40, denominado "Informe pericial".
Los incisos primero y segundo fueron aprobados por unanimidad en las Comisiones unidas. No así el inciso final, que dice: "Excepcionalmente, el Tribunal podrá relevar a la parte, total o parcialmente, del pago del honorario del perito cuando considere que ella no cuenta con medios suficientes para solventarlo. En este caso, el Tribunal regulará prudencialmente la remuneración del perito, teniendo presente los honorarios habituales de la plaza y el porcentaje de la remuneración que no fuere cancelada por el solicitante. La cantidad asumida por el Tribunal será de cargo fiscal.".
Esta norma fue acogida por 5 votos afirmativos y 4 negativos. Se pronunciaron a favor los Senadores señora Alvear (con dos votos) y los señores Larraín, Navarro y Walker (don Patricio), y en contra los Senadores señores Chadwick, Espina (con dos votos) y Longueira. El Honorable señor Espina, además, formuló cuestión de constitucionalidad respecto de esta indicación, como consta en el informe.
Por su parte, la Comisión de Hacienda, en forma unánime (Senadores señora Matthei y señores Escalona, Frei (don Eduardo), García y Lagos), recomienda suprimir el inciso final del artículo 40, en razón de incurrir en una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión el inciso final del artículo 40.
Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, quiero llamar la atención sobre la importancia de este artículo.
Como han dicho varias señoras y señores Senadores, la mayoría de las causas que se verán en los tribunales ambientales implicará la presencia, por una parte, de empresas muy grandes y, por otra, de personas u organizaciones que buscarán presentar los antecedentes sobre el proyecto.
¿Qué señala el inciso final? Que, en caso de que las personas no cuenten con los recursos económicos para pagar los honorarios de un perito, existe la posibilidad de que el costo sea de cargo fiscal.
Es lo mismo que ocurre en la Corporación de Asistencia Judicial o en la Defensoría Penal Pública. En este último caso, se le proporciona un abogado al imputado que carece de medios. Si posee recursos pero son insuficientes, hay un copago. Y si puede cubrir tal gasto, no cabe que exija un defensor público, sino que contrate su propio abogado.
Aquí debiera pasar lo mismo.
Las empresas podrán contratar peritos. Sin embargo, a las organizaciones les resultará muy difícil hacerlo. Y frente a un peritaje, se necesitará contar con el de la otra parte. Eso es lo que busca el artículo, señor Presidente: asegurar la igualdad ante la ley, desde el punto de vista de los peritajes que se requieran.
Llamo al Senado a aprobar esta importante disposición, pues permite -insisto- que las personas de escasos recursos dispongan de un perito.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, en la Comisión de Hacienda, estuvimos de acuerdo con el tenor de la disposición. El problema radica en que su origen fue una indicación parlamentaria, lo que es absolutamente inadmisible, dado que su contenido genera gasto público. Constitucionalmente, tales normas solo pueden ser presentadas por el Presidente de la República.
No logro entender cómo se votó a favor de dicho inciso en la Comisión de Constitución. Lo único que cabe advertir es que, si se aprueba, probablemente después se va a caer en el Tribunal Constitucional. Si queremos contar con una norma como esta, debe ser patrocinada por el Primer Mandatario.
El inciso final del artículo 40 es absolutamente inadmisible. En la Comisión de Hacienda estuvimos todos de acuerdo en ello.
En consecuencia, pese a compartir el fondo de la disposición, consideramos que provocará problemas, por la forma en que fue presentada.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la Corte Suprema ha dicho que los jueces de los tribunales ambientales en realidad no serán tales, dado que no ejercerán justicia; que estos juzgados son más bien de carácter administrativo. En definitiva, el Máximo Tribunal, mediante un escrito que remitió al Senado, ha informado negativamente el proyecto de ley que nos ocupa.
Pese a ello, dichos juzgados deben buscar la justicia y la verdad.
Tal como ocurre con los tribunales civiles y penales, existe un fondo al cual los jueces recurren para financiar ciertas pericias cuando una de las partes no está en condiciones de solventarlas. Así lo señalaron los abogados de las Comisiones unidas.
En esa oportunidad dijimos que, si los tribunales ambientales pretendían administrar justicia con igual ansiedad y devoción que los otros juzgados, debía existir un fondo que permitiera financiar un informe pericial cuando una de las partes no pudiera pagarlo; más aún, si ello contribuye a mejor resolver y, particularmente, a la búsqueda de justicia.
En las Comisiones unidas planteamos el punto al Ejecutivo -no recuerdo exactamente si fue a la señora Ministra-, pero nada relacionado con recursos se discutió en esa instancia.
En todo caso, me parece adecuado el sentido de la intervención de la Senadora señora Alvear.
Sin embargo, entiendo que estamos debatiendo la eliminación del último inciso del artículo 40 del proyecto, que señala: "Los honorarios y demás gastos derivados de la intervención de los peritos mencionados en este artículo corresponderán a la parte que los presente.". Es decir, se dejará fuera el hecho de que tales costos puedan ser financiados por las partes, lo cual conlleva un lado positivo: si estas no pagan los peritajes, deberán ser solventados por el tribunal.
Pero tal facultad, de aprobarse, deberá ejercerse con prudencia. Muchas empresas disponen de recursos para contratar peritos. ¡Nadie pensará que a HidroAysén, a la ENDESA, a la Compañía General de Electricidad (CGE) les vamos a solventar ese costo! Yo sí se lo financiaría a los vecinos de Los Sauces o a los de la Central Castilla.
En eso se apelará al criterio de los tribunales ambientales.
La eliminación de dicho inciso genera la obligación de que los juzgados cuenten con los recursos pertinentes. Precisamente, en el proyecto de Ley de Presupuestos deberemos discutir su financiamiento. Y allí se planteará lo que ha señalado la Senadora señora Matthei. Ante la falta de resolución del Ejecutivo, en dicha iniciativa se debieran incorporar los dineros necesarios para solventar el pago de los peritajes cuando corresponda a buen criterio del juez; o sea, cuando una parte no posea los medios para financiarlos.
Señor Presidente -esta es una inquietud para la Senadora señora Alvear-, al eliminarse el inciso mencionado y no existir, por tanto, la obligación de que las partes paguen los peritajes, los tribunales ambientales quedarían en la condición de tener que pagarlos siempre. A mi juicio, tales juzgados sí pueden aceptar que una parte los financie y los presente.
En mi opinión, debiera quedar explícito que, una vez presentada la solicitud de peritaje por una de las partes, el juez, si concuerda en que ello contribuirá a mejor resolver, puede también decidir acerca de su financiamiento cuando la parte interesada no tenga cómo pagarlo. Con la redacción actual del artículo 40, sobre informe pericial, ello no queda tan claro. Más bien, los jueces podrían prescindir de ese financiamiento.
Por lo tanto, estoy a favor de eliminar el último inciso. El efecto que provoca es que el juez efectivamente tendrá que dirimir entre financiar el peritaje de la parte insolvente y aceptar el pago de la parte que sí dispone de recursos.
El problema suscitado con esta norma se produce porque los proyectos que implican algún tipo de financiamiento son revisados por la Comisión de Hacienda y no por el órgano técnico; en este caso, por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Por eso no tuvimos una respuesta de parte de la Ministra del Medio Ambiente sobre el particular. Ella carece de facultad en esa materia.
Espero que, cuando nos toque analizar lo relativo a los tribunales ambientales durante la tramitación del proyecto de la Ley de Presupuestos, sí podamos generar un debate que nos permita obtener los recursos necesarios para que tales juzgados funcionen. Creo que eso es lo procedente.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Hago presente a la Sala que estamos viendo, en el texto comparado, el último inciso del artículo 40, que dice: "Excepcionalmente, el Tribunal podrá relevar a la parte, total o parcialmente, del pago del honorario del perito cuando considere que ella no cuenta con medios suficientes para solventarlo. En este caso, el Tribunal regulará prudencialmente la remuneración del perito, teniendo presente los honorarios habituales de la plaza y el porcentaje de la remuneración que no fuere cancelada por el solicitante. La cantidad asumida por el Tribunal será de cargo fiscal.".
Eso fue suprimido por unanimidad en la Comisión de Hacienda. Y la razón indica que si esta indicación no es del Ejecutivo, no puede ser presentada por los parlamentarios.
De ser así, es inadmisible.
El señor CHADWICK.- ¡Absolutamente!
El señor PÉREZ VARELA.- ¡Así es!
La señora ALVEAR.- Pido la palabra.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, debe recordarse que en el Presupuesto de la Nación, en la Partida referida al Poder Judicial, se consignan, de manera específica, honorarios para peritos. Por tanto, en la Ley de Presupuestos de cada año se incluyen los recursos en el fondo existente para tal efecto.
En esa dirección, la argumentación de parte de los miembros de las Comisiones unidas -entre los que me incluyo- es que esta norma es admisible, pues no está creando un nuevo ítem, sino que se trata de uno ya vigente. Dependerá del Poder Judicial y del Ejecutivo, en su caso, determinar los recursos presupuestarios que permitan financiarlo.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- El criterio de la Mesa es que esta indicación es inadmisible.
El señor LAGOS.- ¿Es inadmisible el artículo que estamos analizando?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- No, se trata del último inciso del artículo 40.
Por su parte, el inciso segundo del artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional señala: "La declaración de inadmisibilidad puede ser hecha por el presidente de propia iniciativa o a petición de algún miembro de la corporación, en cualquier momento de la discusión del proyecto.".
En consecuencia, la Mesa lo declara inadmisible.
El señor CHADWICK.- ¡Muy bien, señor Presidente!
La señora ALLENDE.- ¿Me permite, señor Presidente?
Antes de que Su Señoría declarara inadmisible, yo había solicitado intervenir. Es importante que la Mesa no deje de dar la palabra a quienes estamos inscritos para fundamentar el voto.
En la Comisiones -de las cuales formo parte- no fue declarada inadmisible la indicación que nos ocupa. Y en ellas estaban sus integrantes y representantes del Ejecutivo.
Yo quiero ir al fondo, señor Presidente: me duelo muchísimo de que, a pesar de las explicaciones de la Senadora Alvear -que son las mismas que dimos durante la discusión en las Comisiones-, no se logre salvar el problema de la admisibilidad.
El fondo es extraordinariamente relevante, porque si hay una cuestión que nos inquieta es la desigualdad que se puede producir: va a haber una parte que siempre tendrá las condiciones para pagar peritajes. Obviamente, me refiero a la clase empresarial. Pero habrá otra que continuamente va a exhibir mayor debilidad: los ciudadanos organizados, algún afectado, una comunidad o lo que sea, que no van a disponer de recursos económicos. Y la modificación establece: "Excepcionalmente, el Tribunal podrá relevar a la parte, total o parcialmente, del pago del honorario del perito...".
A mi juicio, según se ha explicado, esto debería formar parte del fondo con que siempre cuenta un tribunal para pagar a los peritos. Eso mismo lo volvió a ratificar hoy el Presidente de la Corte Suprema cuando argumentó que el Máximo Tribunal lleva un listado riguroso de estos peritos, que son a quienes ellos buscan para hacerse asesorar.
Por lo tanto, existe un listado de estos profesionales y también están los fondos para pagar sus servicios, recursos que provienen de la Ley de Presupuestos.
Entonces, no es que nos estemos arrogando la facultad de generar un mayor gasto, pues los dineros ya están cubiertos en el Presupuesto.
Lo lamentable de esta situación es que vamos a dejar a una parte sin posibilidades de actuar, salvo que el Tribunal la libere del pago del peritaje.
En mi opinión, ello representa un contrasentido respecto de lo que decimos en cuanto a que queremos avanzar, a lo menos en términos de mayor equidad entre los actores involucrados en cuestiones relativas al daño ambiental o en asuntos que causan controversia.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Cuando la Mesa toma la decisión de declarar inadmisible una indicación se cierra el debate. Por eso no di la palabra a la señora Senadora.
La señora ALLENDE.- Estaba inscrita antes.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- La Mesa tomó la decisión de declarar inadmisible la indicación de acuerdo a la Ley orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Por lo tanto, concedí la palabra a Su Señoría para que opinara. Pero, desde el punto de vista de la administración de la Mesa, correspondía cerrar en ese momento el debate.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, quiero apoyar la tesis de la Honorable señora Allende.
Esta no es una disposición inadmisible, a pesar de que el señor Presidente la haya declarado como tal. Pero, tal vez, podría variar el parecer de la Mesa, sometiendo la cuestión a consideración de la Sala.
¿Por qué no es inadmisible? Porque no provoca un mayor gasto. En la Ley de Presupuestos -y, normalmente, en el presupuesto del Poder Judicial- se destinan recursos precisamente para el peritaje que requieran hacer los jueces para resolver los asuntos sometidos a su conocimiento.
Es una norma general en la administración de justicia.
Esta disposición no provoca mayor gasto, sino que son ítems dentro de la normativa del Presupuesto para cumplir determinadas funciones.
Por eso, apoyo la tesis de la Senadora señora Allende en cuanto a que no es inadmisible.
Hay una falsa interpretación. Aquí no hay un mayor gasto. Y todos los tribunales normalmente tienen recursos para llevar a cabo este tipo de gestiones. Incluso, pueden trasladarse fuera o dentro del país con el objeto de requerir determinadas declaraciones, necesitando para tal efecto solo la aprobación del órgano pertinente, ya sea la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones.
Por eso, en mi opinión, no es inadmisible la indicación.
Si se pudiera corregir el parecer de la Mesa, podríamos tener en la legislación en estudio un elemento importante para resolver los problemas de tipo ambiental. Me refiero al informe pericial, sobre todo pensado para aquellos sectores que muchas veces no pueden contratar un peritaje.
Yo creo que debilitamos la ley...
La señora ALLENDE.- ¡Exactamente, la debilitamos!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ...respecto de una cuestión de este tipo al no aprobar la norma.
No considero que sea inadmisible.
Se podría consultar a la Sala la decisión de la Mesa.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¿El señor Senador solicita votar el punto?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Así es, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- De acuerdo a la reglamentación, es posible. Por lo tanto, se somete a votación...
El señor NOVOA.- Pedí la palabra hace mucho rato.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¿Su Señoría desea argumentar respecto de la materia que nos ocupa?
El señor NOVOA.- Sobre la inadmisibilidad.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, creo que la norma debe ser rechazada por las siguientes razones.
En primer lugar, nosotros estamos votando el texto final que no incluye este inciso. Y no lo hace, porque fue suprimido por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Hacienda que emitió el último informe que hemos conocido.
Cuando se votaron las modificaciones aprobadas por unanimidad, nos pronunciamos sobre todas ellas, incluyendo la que se suprime. De hecho, en el texto final no aparece el inciso.
A mi juicio, es bueno que las normas del Reglamento por aplicar las conozcamos todos.
Reitero que, al pronunciarnos sobre las enmiendas acogidas por unanimidad, aprobamos esta que suprime el inciso final.
En segundo término, respecto del fondo del asunto relativo a la inadmisibilidad, la Constitución señala que el Congreso solo podrá aceptar, disminuir o rechazar gastos. Y acá se crea un gasto.
El hecho de que el Presupuesto de la Nación otorgue fondos a la Corporación de Asistencia Judicial o a los tribunales no nos autoriza a crear gastos con cargo a ellos. Si fuera así, podríamos crear gastos en Obras Públicas, en Vivienda y en todas partes, porque estarían en el Presupuesto.
Entonces, no es admisible crear el gasto.
Lo que habría sido admisible y conveniente es hacer aplicable a la parte que no tiene los recursos suficientes las normas relativas a la Corporación de Asistencia Judicial.
Ahora, si, por la naturaleza del caso, queremos establecer un estatus especial -en mi opinión, así debiera ser, cuando se trata de peritajes más caros-, habría que solicitar el patrocinio al Ejecutivo.
El señor LAGOS.- Es lo que cabe.
Me quitó las palabras de la boca el señor Senador.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Honorables colegas, como el Senador señor Zaldívar solicitó votar...
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Hay un problema reglamentario.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Debe hacerse el debate que corresponde.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Insisto en que hay un problema reglamentario.
Pido la palabra.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Primero daré a conocer lo que la Mesa opina y luego se la doy.
Como hay una petición de Su Señoría en orden a que la declaración de inadmisibilidad formulada por la Mesa sea sometida a la consideración de la Sala, vamos a ponerla en votación, de manera que cada Senador pueda fundamentar su voto. Así se halla establecido en el Reglamento.
El señor ESPINA.- ¿Por qué no se repone la norma en la Cámara de Diputados?
El señor NAVARRO.- ¡No! ¡Definamos el asunto ahora!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¡Además, el Senador Novoa introdujo otro elemento dentro de la discusión!
El señor ALLAMAND.- Sí, pero eso ya está resuelto.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Según aquello, no procedería votar el inciso final.
Sin embargo, este fue aprobado -así se aprecia al menos en el texto comparado- por las Comisiones unidas de Constitución y de Bienes Nacionales por cinco votos a favor y cuatro en contra. Luego la Comisión de Hacienda acordó suprimirlo.
El señor ALLAMAND.- ¡Prima el último criterio!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¡No! ¡Hay dos informes!
La señora ALLENDE.- ¡Exactamente!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Y por tanto tenemos que decidir cuál votamos.
Una Comisión no puede dar por aprobado lo que otra definió en términos diferentes.
Hay que separar las cosas.
El Senador Novoa ha planteado un tema distinto de la inadmisibilidad. Pero primero debemos pronunciarnos sobre esta y enseguida sobre el tema reglamentario.
La señora MATTHEI.- ¡No! ¡Al revés: sobre el tema reglamentario primero!
El señor GIRARDI.- Pido la palabra.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Senador Girardi, Su Señoría ocupa el noveno lugar en el orden de peticiones de uso de la palabra.
La situación es la siguiente: la Mesa declaró inadmisible el inciso final del artículo 40; y, a petición de un colega, se tomará el parecer de la Sala al respecto.
Las Senadoras Alvear y Allende y el Honorable señor Zaldívar consideran que la norma es admisible.
En votación la inadmisibilidad declarada por la Mesa.
--(Durante la votación).
El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Qué significa votar "sí"?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Votar "sí" implica estar a favor de la inadmisibilidad; votar "no", rechazarla.
El señor ESCALONA.- Pido la palabra.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, no es el criterio reglamentario -que yo respeto, por supuesto-, sino el espíritu de querer aprobar el proyecto el que aconseja que la unanimidad de la Sala acuerde no realizar la votación, porque esto indefectiblemente nos llevará al Tribunal Constitucional.
La señora MATTHEI.- ¡Así es!
El señor ESCALONA.- Ambos criterios son perfectamente opinables. Según el primero, acá se crea un gasto, y esa es facultad exclusiva del Ejecutivo. El otro punto de vista es que ya hay una Partida en el Presupuesto de la Nación del cual se puede extraer dicho gasto. Ambos van a ir al Tribunal Constitucional y, en consecuencia, se va a dilatar la aprobación del proyecto.
Lo más correcto es que primero la unanimidad de la Sala acuerde no efectuar la votación; y, en segundo lugar, solicitar el patrocinio del Ejecutivo, como aquí se ha indicado, para aprobar el referido inciso, con lo que se satisface el deseo de sacar adelante la ley y no dilatar su despacho.
La señora ALLENDE.- Es una buena alternativa.
La señora RINCÓN.- ¿Qué hacemos, entonces?
El señor ORPIS.- Eso requiere la unanimidad de la Sala.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¿Hay unanimidad para...
La señora ALVEAR.- ¡No, señor Presidente!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- La Senadora Alvear ha manifestado su oposición.
Por lo tanto, prosigue la votación.
El señor ORPIS.- ¡Hay que preguntar al Ejecutivo, señor Presidente!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Una vez que termine la votación.
El señor NAVARRO.- ¡El Ejecutivo ya ha dicho que no va a dar su patrocinio!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- La Senadora señora Alvear ha pedido la palabra.
La señora ALVEAR.- Aun cuando el proyecto sea aprobado sin el inciso final del artículo 40, de todas maneras deberá ser examinado por el Tribunal Constitucional, como cualquier normativa de rango orgánico constitucional. De modo que el argumento recién planteado no tiene relevancia en ese aspecto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, he escuchado atentamente la explicación de la Senadora Alvear. El punto es que, aunque la iniciativa vaya igualmente al Tribunal Constitucional, este puede rechazar la norma que permite que un tribunal ambiental releve a una parte del costo de los informes periciales cuando considere que ella no cuenta con medios suficientes.
Creo que lo que procede es recabar del Ejecutivo su disponibilidad a apoyar una indicación en tal sentido, para evitar el peligro que estoy mencionando.
En consecuencia, reitero la solicitud del Senador Escalona, que creo que interpreta a varios, para que sea el Gobierno el que, no digo que tenga la última palabra -nos corresponde a nosotros, que debemos votar-, exprese su disposición a otorgar o no su patrocinio.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Como estamos en votación, haré la consulta una vez que ella termine.
Tiene la palabra el Honorable señor Allamand para fundar el voto.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, voy a fundamentar mi voto, en vista de que no ha prosperado la sensata alternativa propuesta por el Senador Escalona.
En mi concepto, es evidente que aquí se está creando un gasto. Me parece que el argumento del Honorable señor Zaldívar es errado. Porque existe un fondo, pero, en verdad, no está a disposición de cualquier cosa; tiene un cierto destino. Si el Parlamento le agrega otros, es evidente, como expresó el Senador Escalona y como resolvió la Comisión de Hacienda, que se está creando un gasto.
No se está creando un fondo, pues ya hay uno, pero no tiene destinos ilimitados o indefinidos. El actual, como hizo ver la Senadora Alvear, cumple un determinado objetivo. Por ejemplo, las pericias relacionadas -voy a decir cualquier cosa- con los tribunales de familia. Si nosotros establecemos que financiará pericias vinculadas no solo con dichas instancias, sino también con procesos laborales, ambientales o civiles, ¿qué estamos haciendo? Obviamente, creando un nuevo gasto.
Es tan evidente que se está generando una alternativa de gasto no existente, que francamente resulta absurdo sostener que ella corresponde a una facultad del Congreso, porque a todas luces no es así.
Considero tan abrumadora y de sentido común la argumentación de la Comisión de Hacienda que, en mi opinión, deberíamos seguirla.
Y en el poco tiempo que me resta voy a plantear una duda reglamentaria que me quedó luego de escuchar la intervención del Senador Novoa.
Cuando en la Sala nos pronunciamos sobre un proyecto, lo votamos con un determinado artículo o sin él. Si la Comisión de Hacienda eliminó una disposición que venía aprobada por sus pares de Constitución y de Medio Ambiente, los señores Senadores que querían insistir en ella deberían haber renovado una indicación para reponerla.
Así las cosas, la pregunta es la siguiente: ¿qué fue lo que se aprobó, en definitiva, al comienzo de la discusión? Hay dos opciones. O se acogió el texto con el inciso eliminado, o bien el texto con el inciso incorporado. Pero las dos situaciones no pueden haber ocurrido al mismo tiempo.
Y es de sentido común suponer que, cuando se requirió el asentimiento de la Sala, el texto que se estaba sometiendo a su consideración era el del último informe emitido sobre la materia, que suprimía el inciso final del artículo 40. Porque no es admisible que se haya aprobado una normativa que incorpore una disposición y, simultáneamente, la elimine. Eso, simplemente, sería kafkiano.
En consecuencia, señor Presidente, creo que el argumento del Senador Novoa es el correcto.
En realidad, lo que aquí sucedió fue lo siguiente: cuando se hizo presente que no se votaban determinados artículos, lo que estábamos haciendo en la práctica era acoger el punto de vista de la Comisión de Hacienda. Si algunos Senadores hubieran querido insistir en alguna norma, deberían haber presentado indicación para reponerla. Pero -repito- no es dable que se haya aprobado un texto que acogía un precepto y que, simultáneamente, lo eliminaba, de acuerdo con el criterio de una Comisión.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En cuanto a lo que acaba de plantear el Honorable señor Allamand, debo decir que se dieron por aprobadas todas las normas acogidas por unanimidad. El artículo 40 quedó pendiente, y no se hizo la observación de que había una discrepancia entre lo propuesto por las Comisiones de Constitución y de Hacienda.
Le he pedido a la Secretaría que resolvamos el problema reglamentario planteado por el Honorable señor Novoa. Pero en este momento estamos sometiendo a la decisión de la Sala si el inciso final de esa disposición es admisible o no. Y el señor Secretario nos dará la explicación conforme al Reglamento acerca de la diferencia que se produjo entre ambos órganos especializados.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, tal como señala la Corte Suprema en su oficio, su opinión con respecto al proyecto que crea los tribunales ambientales es desfavorable, por cuanto les otorga a las Cortes de Apelaciones la facultad de dirimir las contiendas de competencia. Y, además, les asigna a los ministros de los nuevos tribunales mejores sueldos que a los de las Cortes de Apelaciones.
Siento que la iniciativa no es fácil, es compleja. Pero resulta claro que busca que haya justicia ambiental, un arbitraje, en un sistema absolutamente desbalanceado.
El actual sistema ambiental, mientras no se creen estos tribunales, es del todo favorable a las grandes empresas. Por ejemplo, el estudio de impacto ambiental de un proyecto le puede costar centenares o decenas de millones de dólares a una comunidad donde lo más importante que existe es el alcalde y un par de profesionales.
Por lo tanto, el establecimiento de los tribunales ambientales persigue que siempre haya equidad, igualdad ante la ley.
¿Y alguien puede decir que existe igualdad ante la ley si ENDESA puede pagar un informe pericial, mientras que los ciudadanos comunes no? ¿O en el caso del embalse Punilla, en el río Ñuble, si la Compañía General de Electricidad (CGE), una empresa poderosa, puede realizar un peritaje, pero no la población por carecer de recursos?
Si se les niega esa posibilidad, significará que estamos creando tribunales para los poderosos. ¡Así es!
Ese es el sentido de la normativa. Porque aquí hay algo que no se ha dicho. Efectivamente, con la proposición planteada por la Senadora Alvear se busca que exista un adecuado equilibrio entre la defensa de los derechos de las empresas y la de los ciudadanos.
Entonces, yo emplazo a la señora Ministra en el sentido de que si la iniciativa no incluye lo anterior, tendrá en mí un férreo adversario. Y vamos a trabajar en la Cámara de Diputados para que se rechace. Porque, si no logramos que al menos se financien las pruebas para mejor resolver, de acuerdo a las capacidades de las partes -por cierto, previa declaración del juez-, en igualdad de condiciones, estaremos legitimando los proyectos de los poderosos, tal como ocurre hoy con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Pues en este hay una decisión política.
Entonces, siento que esto va más allá de una cuestión reglamentaria en cuanto a si una norma es constitucional o no lo es. A mi juicio, tiene que ver con el espíritu de los tribunales, porque afecta la igualdad de derechos de los ciudadanos ante la ley. Y, si no queda establecido así, terminaré por convencerme de que les estamos confeccionando un "terno a la medida" a los poderosos para que puedan justificar sus proyectos que invaden, destruyen, pisotean o socavan derechos ciudadanos.
¡Aquí yo reclamo igualdad!
Es factible que el Senador Novoa tenga razón respecto a determinado procedimiento. O también puede ser cierto que se requiera el patrocinio del Ejecutivo para esta modificación. Entonces, pidámoslo. De no otorgarlo ahora, lo hará en la Cámara de Diputados. Al final, accederá.
Pero -repito- siento que no estamos hablando solo de un procedimiento reglamentario, sino de la creación de tribunales de la República. Tampoco se establece una instancia administrativa. Aunque la Corte Suprema afirma lo contrario.
Hemos accedido a discutir sobre estos tribunales, aun cuando -como dijo el Senador Girardi- en el debate sobre el proyecto que creó el Ministerio del Medio Ambiente -está presente aquí la señora Ministra- nuestras indicaciones fueron desechadas por un acuerdo político en el que no participé. Queríamos una ley mucho más potente, mucho más ciudadana, mucho más vinculante, pero dicho acuerdo no lo permitió.
Entonces, tratemos de que los tribunales ambientales tengan al menos legitimidad para defender con igualdad tanto a los ciudadanos como a las empresas. Es decir, que para todos exista la posibilidad de defenderse. Y para ello es clave que las pruebas periciales puedan ser financiadas, por decisión de los propios tribunales, cuando una de las partes no disponga de recursos para hacerlo. Eso significaría la primacía de un criterio de justicia, y no de cantidad de recursos ni de volumen de la cuenta corriente de alguna de las partes.
Ese es el sentido de lo que se propone, señor Presidente.
Voto en contra de la inadmisibilidad, y si la disposición debe ir al Tribunal Constitucional, el Gobierno tendrá que decidir si patrocina o no esta modificación cuando el proyecto se encuentre en la Cámara de Diputados, a fin de evitar que aquel le formule objeciones.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, solicito que, en mi nombre y en el de los señores Senadores que deseen adherir a ello, se oficie al Ejecutivo para pedirle el patrocinio de esta norma.
A mi juicio, aquí estamos eludiendo la discusión de fondo con cargo a decidir sobre su inconstitucionalidad. Y esto nos pasa muchas veces.
Tengo la convicción personal de que esta disposición, lamentable o afortunadamente, es de iniciativa del Ejecutivo, porque implica gastos. Entonces, debemos regirnos de acuerdo con un marco y saber que hay ciertas materias que -para bien o para mal- nuestra Constitución declara propias de las atribuciones del Ejecutivo, y otras, de los parlamentarios.
Entre paréntesis, me parece que en el proyecto de Ley de Presupuestos nos va a pasar lo mismo: por querer aceptar algunas glosas estaremos siempre al borde de lo que deseamos aprobar y de lo que no es constitucional.
Pero vamos al asunto de fondo.
Considero de absoluta justicia el inciso en cuestión, el cual, además, es clave.
Hay que señalar que el peritaje se pide en el momento en que se va a dictar la sentencia. Y seamos concientes de que la finalidad de los tribunales ambientales es permitirles fundamentalmente a las personas afectadas por problemas ambientales poder defenderse frente a actos que dañen el medio ambiente. Y la regla general es que se trate de una disputa entre intereses legítimos de quienes invierten y una comunidad, habitualmente pequeña, que no cuenta con recursos para defenderse.
Y fíjese, señor Presidente, que el inciso señala algo de Perogrullo:
"Excepcionalmente, el tribunal podrá relevar a la parte, total o parcialmente, del pago del honorario del perito". Recordemos que el juez pide la realización del informe pericial en el instante de dictarse la sentencia; o sea, para resolver en un sentido o en otro. Y agrega: "cuando considere que ella no cuenta con medios suficientes para solventarlo".
¡Es obvio que un tribunal debe adoptar tal resolución! ¡Calculen, Sus Señorías, el costo que puede alcanzar un peritaje de esta naturaleza en determinado momento! ¿Sería posible preguntarle a una de las partes si tiene uno, tres, cuatro, cinco, seis millones de pesos para pagarlo? ¿Y si no posee dinero?
El juez puede necesitar que se efectúe un peritaje con urgencia, porque le surge una duda. ¿Y qué pasa si una de las partes le pide realizarlo antes de que dicte la sentencia, y este le responde que no es posible hacerlo por falta de plata?
Es un principio de la administración de justicia que la decisión del tribunal no puede quedar condicionada a la situación económica de una de las partes. De lo contrario, estaríamos retrocediendo siglos en aquella.
Entonces, señor Presidente, como aquí hay una contradicción, por cuanto a mi juicio la norma es inconstitucional, y me parece bien que así se declare, pero el proyecto debe seguir su curso, solicito -reitero- que se oficie al Gobierno, en mi nombre y en el de los señores Senadores que quieran adherir, para solicitarle su patrocinio con respecto a este precepto. Y en el tercer trámite veremos si accede a ello o no.
Debo decir que una base esencial en un Estado de Derecho democrático es el debido proceso. Y eso significa que las partes deben tener exactamente igual acceso a los medios probatorios. Ello es clave en el sistema judicial.
Esa es mi absoluta convicción.
Por otra parte, simplemente para desahogarme dentro de mi tiempo -entre paréntesis-, lamento no haber defendido la norma anterior que voté en contra, donde también se incurre en una enorme injusticia, que espero sea resuelta en la Cámara de Diputados.
Ella dice relación a lo absurdo que significa apelar en contra de la resolución del Tribunal Ambiental, y que ese recurso deba seguirse ante la Corte de Apelaciones de la ciudad donde se encuentra el Tribunal. Eso significa que una persona que viva en otro lugar tendrá que viajar todos los martes, mientras esté la causa en tabla, para conocer su estado.
El argumento que se dio al principio hablaba de especialidad. Y yo pregunto, ¿de qué principio de especialidad se trata, si los ministros de la Corte de Apelaciones son todos preparados? Además, si se pretende que, en determinado momento, haya más tribunales ambientales, es bueno que las Cortes de Apelaciones respectivas sean capaces de ver esas causas.
Pero, lamentablemente, ello se me pasó. Y espero que en la Cámara de Diputados -así lo voy a plantear- se pueda modificar esa norma.
Por las razones mencionadas con anterioridad, señor Presidente, le vuelvo a pedir que se mande el oficio al cual me referí, en mi nombre.
La señora ALLENDE.- Y en el mío.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, aquí hay varios puntos complejos.
En primer lugar, el acceso a la justicia de las personas de escasos recursos. Todos sabemos que las Corporaciones de Asistencia Judicial son un desastre. Entonces, quiero saber por qué se destinarán recursos para los peritajes medioambientales si, en cambio, muchas mujeres agredidas por sus maridos deben pedirnos a nosotros que les coloquemos un abogado que las represente.
Porque el problema del acceso a la justicia no se registra solo con respecto a la materia que nos ocupa. A veces, a los trabajadores se les conculcan sus derechos laborales y no cuentan con un profesional que los represente bien; o de repente contratan a uno cualquiera que deja la causa a mitad de camino, y pierden el juicio por haber tenido un mal representante.
Creo que a todos nos pasa que llega gente a pedirnos que por favor les pongamos un abogado para que los defienda ante alguna situación. De tal manera que el problema del acceso a la justicia es un poquito más grande que esto.
En segundo término, señor Presidente, yo me pregunto si el fondo que existe -o que dicen que existe; porque desconozco su funcionamiento- está destinado a que el juez pueda adoptar algunas medidas para mejor resolver (o sea, que le sea factible declarar que necesita un peritaje porque de otra forma no puede tomar una decisión) o a darles a las partes la oportunidad de probar.
Repito que no sé cómo funciona el fondo. Pero si, como señaló el Senador señor Chadwick, su propósito es que el juez disponga de plata para solicitar peritajes que le permitan mejor resolver, estamos hablando de un asunto distinto y la norma es totalmente inconstitucional.
En tercer lugar, señor Presidente, a nosotros nos parece superrazonable que la gente de escasos recursos pueda defenderse. Pero quiero señalar que en mi Región un grupo de personas que se opuso a uno de los grandes conglomerados económicos obtuvo 25 a 35 millones de dólares. Entonces, por lo menos tengamos el cuidado de que si ganan el juicio o se desisten porque llegaron a un acuerdo, paguen ex post.
Porque, ¿saben lo que pasa? Esto se hizo mal. Uno puede sentir simpatía por el fondo. Pero lo cierto es que la falta de acceso de la gente pobre a la justicia se da en el Derecho Familiar, en el Derecho Económico, en el Derecho Penal, ¡en todas partes!
En consecuencia, por un problema generalizado en nuestra sociedad, no vengamos aquí a rasgar vestiduras y a tratar de introducir una disposición totalmente inconstitucional.
Yo por lo menos voy a votar que sí.
Además, veo con preocupación que lo único que provocará esta norma será detener largamente la iniciativa en el Tribunal Constitucional. Y el Ejecutivo tendrá que decidir si le otorga su patrocinio y en qué condiciones. Porque he visto a personas que se oponen a proyectos que pueden afectar el medioambiente ¡que se hacen millonarias, multimillonarias! De hecho, probablemente los abogados más ricos de Chile son los que se dedican a estos casos.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.- Señor Presidente, creo que la intervención de la Senadora señora Matthei apuntó exactamente al centro del debate en esta materia.
En efecto, el fondo que se asigna en el Presupuesto para los peritajes o medidas que pueda pedir un juez está destinado a lo que él necesite para mejor resolver. No existe en el sistema judicial chileno una subvención a las partes en un proceso, salvo que previamente se le otorgue a una de ellas el privilegio de pobreza. Y, si vamos a introducir una innovación de esta naturaleza, es obvio que debe abarcar al sistema judicial en general. Porque no puede haber determinado procedimiento en que haya subvenciones para las partes y otros -como el laboral, el de familia, etcétera, igualmente importantes- donde no existan.
Por lo tanto, no tratemos de innovar hoy día sobre un asunto que es mucho más amplio, completamente nuevo y que no puede quedar establecido solo para un sistema de carácter excepcional o particular, sino que debe abarcar a todo el sistema judicial, de existir acuerdo en ello.
Y, por cierto, eso sería completamente inadmisible, porque implicaría gasto a todo evento.
En consecuencia, señor Presidente, propongo resolver ahora sobre la inadmisibilidad y dejar para otra oportunidad la discusión global y los oficios que se ha solicitado mandar.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, quiero referirme a dos aspectos.
Primero, en cuanto a la forma, a la técnica legislativa, estoy de acuerdo en que la disposición es inadmisible. Ello es obvio. Están todas las pruebas sobre el particular. Y se dieron muchísimas argumentaciones, latamente, en la línea de que, como nos decía el Senador señor García, aquí se genera gasto.
Pero, yendo al problema de fondo, yo concuerdo con quienes señalan la importancia de que se otorgue el patrocinio del Ejecutivo.
En tal sentido, me sumo a lo que manifestó el Honorable señor Espina. ¿Por qué? Porque los proyectos en evaluación de impacto ambiental, que son muy invasivos -me refiero, sobre todo, a la instalación de termoeléctricas, donde aquí, en la Región de Valparaíso, a lo largo de todo el borde costero hay muchas iniciativas en fila para ser aprobadas o que ya lo fueron de manera absolutamente express, como he señalado-, siempre persiguen instalarse en comunas pobres, donde la gente tiene pocas posibilidades de defenderse; alejadas, en general, de los centros urbanos, de movimientos masivos o de medios de comunicación que den cuenta de esta realidad. Además, buscan lugares con gran necesidad de empleo y, obviamente, hacen grandes ofertas laborales, que en su mayoría nunca se concretan. Y en esos lugares se constituyen pequeñas organizaciones, como el Consejo Ecológico Puchuncaví-Quintero -por citar uno-, al que invitamos en algún minuto a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, cuando yo era Diputada.
Lo anterior da cuenta de una realidad. En el fondo, es David contra Goliat: qué hacen estos grupos, estas personas, cuando no tienen posibilidad alguna de conseguir recursos para defenderse. Y estamos hablando de que el juez, en forma excepcional, va a determinar los peritajes.
Debo agregar, señor Presidente, que en los casos de delitos sexuales sí existe un precedente. Cuando una de las partes pide una diligencia, se recurre al Servicio Médico Legal; y este la realiza, porque tiene los recursos para hacerlo. Eso forma parte de su normativa, producto de una modificación de ley. Por lo tanto, no se puede decir que no hay precedente alguno.
Además, las normas medioambientales se inscriben dentro de un conjunto mucho mayor, que incluye no solo a estos tribunales sino también a un nuevo Ministerio y una nueva visión que deseamos impulsar desde el Parlamento.
En tal virtud, me parece que el oficio que se ha propuesto enviar al Ejecutivo a fin de que patrocine esta disposición va en la línea correcta, ya que, como he dicho, desde el punto de vista de la técnica legislativa ella es obviamente inconstitucional.
Por lo tanto, señor Presidente, es claro que debemos votar a favor de la tesis de la Mesa. Pero, simultáneamente, hay que solicitarle al Gobierno, conforme a lo planteado por el Senador señor Espina, que patrocine esta norma.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, tengo la convicción de que el precepto, de origen parlamentario, que busca que el Fisco asuma la totalidad o una parte del pago del honorario del perito es inadmisible, porque corresponde a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Sin embargo, creo que esto podría tener una fácil solución en el trámite en la Cámara de Diputados.
Y cito el artículo 40, que habla precisamente del peritaje: "El Tribunal podrá decretar la realización del mismo, pudiendo designar para ese efecto a una o más personas naturales, a Facultades, Institutos o Unidades de Universidades reconocidas por el Estado o a organismos públicos especializados.".
Tal vez se podría establecer que, tratándose de universidades, facultades y organismos públicos especializados, los informes serán gratuitos, a petición del tribunal.
¿Por qué lo digo? Porque la norma agrega más adelante que "La pericia debe evacuarse en el término de quince días". Es decir, no estamos hablando de informes ni de diligencias extremadamente gravosas. Porque Sus Señorías comprenderán que en ese lapso no se puede llevar a cabo un gran peritaje. Este tiene que recaer en algo muy puntal.
Es más, el artículo 40 al que me refiero dispone que "Si dentro de este lapso, no se acompaña el informe, el Tribunal dictará sentencia en un plazo no superior a treinta días.".
Por lo tanto, creo que la situación descrita es perfectamente posible de arreglar, de tal manera de compatibilizar los intereses, sobre todo cuando se trata de defender a comunidades que carecen de los recursos para presentar tales informes.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, cuando discutimos esta materia en la Comisión me pareció que no se trataba de una iniciativa que generaba gasto. Porque hablamos acá de una atribución que el juez tiene normalmente para poder resolver mejor: encargar pruebas u otras diligencias que estime convenientes.
Sin embargo, al revisar el punto y al oír la discusión, en mi concepto, el inciso que se agrega mediante indicación parlamentaria le está confiriendo al juez una atribución que representa un gasto, independiente de que este se encuentre financiado. Es decir, al otorgar al juez dicha posibilidad implicamos un gasto.
Yo sigo creyendo que se trata de una buena indicación. La estimo conveniente porque les da a las partes verdadera equiparidad en un asunto extremadamente complejo. Pero, al mismo tiempo, me convenzo de que podemos estar incurriendo en un exceso al generar un gasto para lo cual no tenemos iniciativa.
Así que también quiero sumarme a la petición al Ejecutivo a fin de que patrocine esta indicación, para hacerla más explícita. Porque si bien es cierto que el juez siempre tiene esta atribución, lo importante es que las partes puedan solicitar su ejercicio cuando lo estimen necesario, porque carecen de los recursos para sacar adelante estudios o antecedentes que requieren determinada especialización.
Por eso, si bien voy a votar a favor del criterio de la Mesa, haciendo presente que a mi juicio en esta materia hay inconstitucionalidad, al mismo tiempo deseo sumarme también a la solicitud al Ejecutivo para que patrocine esta indicación. Hay tiempo para que lo haga en la Cámara de Diputados, así no detenemos el trámite de este proyecto y logramos el objetivo que sí me parece esencial para la mayor equidad en un asunto tan delicado como el que ahora nos convoca.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, solo quiero agregar que esta materia la vimos en la Comisión de Hacienda. Y tengo la convicción -trato de ser consecuente y coherente con lo que creo- de que es inadmisible. Por eso se votó de esa forma en dicho órgano técnico: unánimemente.
Dicho lo anterior, me parece que existe un asunto de fondo, que han planteado varios parlamentarios, y estamos de acuerdo en ello. Espero que el Ejecutivo pueda patrocinar esta indicación y apoyarla.
Pero deseo hacer una reflexión sobre algo que dijo un colega que me antecedió -creo que fue la Senadora Matthei, o el Senador Chadwick-, en cuanto a que no se podían introducir diferenciaciones en el sistema de justicia en el sentido de que en algunas áreas hubiera un subsidio de parte del Estado a ciertos elementos periciales y en otros juicios no.
Lo anterior puede ser correcto desde el punto de vista de una justicia pareja para todos, pero sigue siendo injusto. Porque, entonces, con ese criterio, en tanto no sintamos que disponemos de los recursos en Chile para financiar a la mujer maltratada, los casos de abuso sexual o los de aquel trabajador que no tiene cómo probar que no le han pagado sus imposiciones, nunca tendremos esa posibilidad.
En consecuencia, no es un sano principio en cuanto a la aplicación; es orientador, pero no sano. Creo que uno debe establecer diferenciaciones, tal como lo hemos hecho en muchas oportunidades.
La Senadora Lily Pérez dio un ejemplo concreto que varios sabemos que ocurre: el Instituto Médico Legal efectúa una cantidad de pericias -comillas- a título gratuito del beneficiado, pero no de la sociedad chilena y del Estado, pues hay que pagarlas. No existe esa cosa de la gratuidad.
Por eso, estimo importante dejar en claro que en materia de acceso a la justicia hay que precisar esta diferencia. Para eso se creó la Corporación de Asistencia Judicial, que fija una diferenciación con relación a otros. No funcionará como quisiéramos, pero establecemos una diferencia entre aquella persona de 75 años, que vive de un arriendo y no dispone de plata para solventar los honorarios de un abogado a fin de que entable la demanda por el no pago del arriendo con el cual subsiste, con respecto al trabajador que estamos subsidiando con la Corporación de Asistencia Judicial.
Establecemos la diferenciación. De modo que -reitero- lo planteado no me parece sano como criterio.
Espero que el Ejecutivo patrocine esta indicación, que debería discutirse en la Cámara Baja. Pero me iría bastante más tranquilo, podría hablar con mucha más tranquilidad con mi bancada de Diputados del Partido por la Democracia -imagino que lo mismo harán los Diputados de Renovación Nacional-, si pudiéramos recabar del Ejecutivo, o al menos de la Ministra, la voluntad en tal sentido. Ayudaría mucho si ella nos diera algunas luces respecto de la disponibilidad y voluntad de hacer suya lo señalado transversalmente, no solo de este lado de la Sala, pues también lo manifestaron los Senadores Larraín, Espina, Lily Pérez.
Entonces, creo que hay espacio como para generar el estímulo adecuado para que la titular de la Cartera nos dé alguna señal, y de esa forma -como digo- poder conversar con nuestras bancadas en el sentido de que se va a reponer lo que se aprobó en las Comisiones unidas del Senado, materia que estimo inadmisible, pero que resuelve la injusticia a la que he hecho mención.
He dicho.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se declara inadmisible el inciso final del artículo 40 propuesto por las Comisiones unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (17 votos contra 10).
Votaron por la afirmativa las señoras Matthei y Pérez (doña Lily) y los señores Allamand, Chadwick, Chahuán, Escalona, Espina, García, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro y Prokurica.
Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Girardi, Muñoz Aburto, Navarro, Quintana, Tuma, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para enviar el oficio solicitado por el Senador señor Espina.
El señor TUMA.- Con nuestra adhesión.
El señor LAGOS.- Y en mi nombre también, señor Presidente.
El señor NAVARRO.- Conforme.
El señor LARRAÍN.- De acuerdo, señor Presidente.
El señor PROKURICA.- Nosotros también nos sumamos.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Entonces, el oficio se enviará con la adhesión de todos los señores Senadores.
Acordado.
La Mesa claramente adhiere a la petición hecha por Sus Señorías. Nosotros cumplimos con la norma, señora Ministra. Al término de la votación le daré la palabra para referirse al punto.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- A continuación, corresponde ocuparse del artículo 41, el cual se aprobó por mayoría de votos (siete a favor y una abstención). Se pronunciaron afirmativamente los Senadores señora Alvear (con dos votos), y señores Chadwick, Espina (con dos votos), Longueira y Walker (don Patricio), y se abstuvo el Honorable señor Navarro.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En votación.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Votar "sí" significa aprobar el texto propuesto por las Comisiones unidas.
--(Durante la votación).
El señor NAVARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro para fundamentar su voto.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la verdad es que siempre en el ánimo de los jueces prevalecen las medidas para mejor resolver, esta particular y peculiar definición que opera en los tribunales. Pero cuando un juez decreta una medida de esa índole esta debe cumplirse para que se logre aquello.
Sin embargo, el artículo 41 propuesto señala que "Estas medidas deberán cumplirse dentro del plazo de quince días, contado desde la fecha de la notificación". Y agrega que vencido este plazo, las medidas no cumplidas se tendrán por no decretadas y el Tribunal dictará sentencia.
No considero adecuado que por un animus de que no se dé cumplimiento a estas medidas para mejor resolver alguien las impida y el juez deba resolver igual.
Uno podría decir, primero, que si no se cumplen las medidas decretadas por un juez, tendrá que haber una sanción, y, segundo, si la medida solicitada es importante y no se han cumplido los quince días, el juez podrá otorgar un nuevo plazo.
Pero establecer que por no cumplida la medida para mejor resolver se tendrá por no decretada, y con ello, entonces, no puede haber apelación, me parece una forma subrepticia para decir: "Sí, acepto la petición para mejor resolver", y luego dejo pasar el tiempo sin que nadie la pueda apelar. Eso no lo encuentro apropiado.
A mi juicio, una medida para mejor resolver debe cumplirse. De lo contrario, su omisión tiene que acarrear una consecuencia. Pero al decretarse y, después, ignorarla o considerarla como no decretada, es decir, como si no causara ningún afecto, o no pudiendo apelarse, debilita la facultad del juez en esa fase del procedimiento.
Por eso me abstuve en las Comisiones unidas, y voy a perseverar en mi postura, porque nuestra pretensión es crear tribunales que ejerzan justicia en materia ambiental, y las medidas para mejor resolver se decretan con ese objetivo, y, de no cumplirse, se resuelve mal la controversia.
Esa es la consecuencia de una lógica impecable: si ordeno algo para mejor resolver y no se cumple, debo concluir que el problema no se resolverá de manera correcta.
No creo que una norma de tal naturaleza dé garantías para que los jueces -integrantes de tan complejo tribunal- realicen su función con la debida credibilidad.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, coincido con el Senador Navarro en que se trata de una mala redacción.
Lo lógico habría sido que esas medidas se cumplan "dentro del plazo de 15 días, contado desde la fecha de la notificación de la resolución que las disponga", y que luego el tribunal procediera, de no cumplirse, a dictar sentencia, sin más trámite.
Pero señalar que dichas medidas "se tendrán por no decretadas", es una mala redacción. Lo racional sería establecer que, vencido el término, el juez dictará la resolución correspondiente, sin más trámite.
Eso es lo que procede.
Reitero que, a mi juicio, la norma se halla mal redactada. Espero que en la Cámara se pueda corregir.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 41 propuesto (18 votos favorables y una abstención), y el proyecto queda despachado en particular.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Allamand, Chahuán, Espina, García, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Navarro.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora BENÍTEZ (Ministra del Medio Ambiente).- Señor Presidente, respecto de lo que se me ha consultado, puedo señalar que lo estudiaremos.
Así que nos quedamos con esa tarea pendiente.
Muchas gracias.