CREACIÓN DE TRIBUNAL AMBIENTAL

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, como todos sabemos, esta iniciativa es producto de un acuerdo político entre Senadores de la Alianza, independientes y de la Concertación, el cual permitió aprobar la nueva institucionalidad en materia ambiental, que creó el Ministerio y la Superintendencia del Medio Ambiente, así como el Servicio de Evaluación Ambiental, durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, y que ya fue promulgada como ley de la República.

No fui parte de la discusión que se efectuó en esta Sala respecto a la modificación de la institucionalidad ambiental, pero sí seguí, como muchos, la discusión a través de los medios de prensa, los portales ciudadanos y artículos de opinión de varios expertos en la materia.

Quiero centrar mi análisis en dos aspectos relacionados con la aprobación de este proyecto y que, a mi juicio, requieren un urgente debate.

Como señalé anteriormente, la creación de estos tribunales fue fruto de un pacto político el año 2009, cuando se suscribió el Protocolo de Acuerdo que permitió aprobar la nueva institucionalidad ambiental. Dicho Protocolo establecía que antes del 11 de marzo de 2010 debía estar aprobada esta iniciativa. Ello, como nos consta a todos, no ha sucedido, por lo que debemos acelerar la marcha.

Señor Presidente, estoy convencida de que, sin la necesaria voluntad política de todos los sectores para apurar la tramitación de este proyecto, la ciudadanía seguirá esperando una institucionalidad que esté acorde con un país que busca alcanzar el desarrollo mediante un crecimiento sustentable y el respeto al medio ambiente.

El hecho de que no se haya aprobado la creación de los tribunales medioambientales no es algo baladí, ya que, debido a ello, la Superintendencia del Medio Ambiente no puede ejercer las facultades que se le entregaron. Claramente, la mesa está coja.

Otro asunto que me parece preocupante es que se establezcan únicamente tres tribunales. A diferencia de mi colega el Senador Kuschel, no me quejo porque uno de ellos no se halle en el Maule, sino porque pienso que no solo tienen que estar en Antofagasta, Santiago y Valdivia.

Tal decisión no me parece del todo acertada. Es preciso revisarla, debatir de nuevo los motivos por los cuales se crearon solo tres y no uno por cada Región del país. En la discusión de la necesidad de abrir nuestra matriz energética a energías renovables -lo ha explicado largamente la Senadora Isabel Allende, con quien compartimos en la Comisión de Minería y Energía- este asunto no es menor. Se trata de ver cómo transformamos el país de aquí al año 2020, de manera que 20 por ciento de la generación total provenga de energías renovables. Es una materia importante, y va a despertar discusión y participación ciudadana.

En Regiones se están instalando los grandes proyectos energéticos. Cada vez son más los que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Frente a proyectos de tal envergadura ambiental y económica, como puede ser la instalación de centrales hidroeléctricas -o de energía eólica o mareomotriz el día de mañana-, o la discusión que se ha registrado en el Maule con la Central Los Robles, los ciudadanos deben sentir que tienen la posibilidad de ejercer sus derechos ante organismos jurisdiccionales independientes y cercanos a la realidad de las Regiones.

El fin de semana recién pasado denunciamos, en conjunto con organizaciones ciudadanas del Maule Sur, varias irregularidades en el proceso de aprobación de la mal llamada "central de pasada" en el río Achibueno, en la comuna de Linares. En este proceso, las autoridades regionales se manifestaron, con fecha de agosto de este año, en una serie de aspectos, en contra del titular del proyecto y le pidieron informes detallados. Un mes después, sin dar respuesta a esos requerimientos, se mostraron conformes con dicha central.

Lo mismo sucede con otro proyecto de gran envergadura que afecta el ecosistema costero del Maule Sur, que ya he mencionado: la instalación de la Central Termoeléctrica Los Robles, de 750 megawatts, la cual será abastecida, según se señala, por carbón proveniente de Australia, con una inversión de más de mil millones de dólares.

Señor Presidente, vuelvo a reiterar la importancia de aprobar la iniciativa que nos ocupa con prontitud. Con la creación de los nuevos tribunales, situaciones como la sucedida hace unos meses respecto a la Central Termoeléctrica Barrancones, en Punta de Choros, no se repetirán.

La nueva institucionalidad ambiental dispone reglas claras, iguales para todos; otorga certeza a los inversionistas y entrega herramientas a la ciudadanía para que pueda reclamar, conforme a Derecho, ante un tribunal especializado e independiente, en los casos en que sienta que su derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación ha sido conculcado.

La aprobación de estos tribunales por la Honorable Sala permitirá dar por concluido el establecimiento de toda la nueva institucionalidad ambiental aprobada ya hace bastante tiempo. Luego de sus primeros meses de funcionamiento podremos corregir los errores; estudiar, si es necesario, la instalación de tribunales ambientales en Puerto Montt, en el Maule o en Concepción; mejorar los aspectos más débiles y profundizar sus aciertos. Pero a pesar de esto, señor Presidente-, creo que el proyecto constituye un avance importante para que el sentido y anhelado espíritu de encontrar un justo equilibrio entre crecimiento económico y respeto al medio ambiente sea una realidad en nuestro país.

Estoy convencida de que es el deseo de todos quienes nos encontramos en la Sala.