CREACIÓN DE NUEVO SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTE VARIACIONES EN PRECIOS INTERNACIONALES DE COMBUSTIBLES

El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea un nuevo sistema de protección al contribuyente que enfrenta variaciones en los precios internacionales de los combustibles, con informe de las Comisiones de Hacienda y de Minería y Energía, unidas.

--Los antecedentes sobre el proyecto (7064-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 44ª, en 18 de agosto de 2010.

Informe de Comisión:

Hacienda y Minería y Energía, unidas, sesión 52ª, en 14 de septiembre de 2010.

Discusión:

Sesión 55ª, en 28 de septiembre de 2010 (queda para segunda discusión).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- La relación del proyecto se efectuó el día de ayer, ocasión en que se solicitó segunda discusión.

Cabe recordar que el objetivo principal de la iniciativa es crear nuevos mecanismos de protección ante variaciones en los precios internacionales de algunos combustibles derivados del petróleo, para lo cual se sustituye el sistema que opera sobre la base del Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo y el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, el proyecto en análisis establece un nuevo sistema a fin de evitar los efectos nocivos que las variaciones en el precio internacional de los combustibles ocasionan a los consumidores.

Antes de entrar en materia, me referiré a la historia de esta fórmula y de cómo se inició la estabilización de los precios.

El Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo fue creado en 1991, con un monto de 200 millones de dólares, para atenuar las variaciones de este producto. El mecanismo, que operaba otorgando un subsidio cuando el precio sobrepasaba el techo de la banda y cargando un impuesto cuando se situaba por debajo del piso, funcionaba sobre la base de un precio de referencia (centro de la banda), subiendo el techo en 12,5 por ciento y bajando el piso en 12,5. De esta manera, en un rango de 25 por ciento se generaba una amortiguación sin otorgar subsidio ni aplicar impuesto.

En 2005 se instauró el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo, sistema transitorio que se extinguió por el solo ministerio de la ley el 30 de junio del presente año. De este modo, a partir del 1° de julio volvió a regir el Fondo creado en 1991, con las modificaciones introducidas en el año 2000.

La iniciativa que nos ocupa crea un sistema de protección al contribuyente del impuesto específico a los combustibles -afecta solo a la gasolina y al diésel-, que será aplicado en dos etapas sucesivas.

En la primera, se utilizará un procedimiento parecido al Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo (FEPP). El impuesto específico a los combustibles se ajustará mensualmente; pero, en lugar de otorgarse un subsidio cuando el precio esté sobre el techo del piso, se rebajará dicho tributo si el valor del producto supera cierto límite, o se incrementará, en caso contrario.

Por ende, no habrá un fondo, excepto para la parafina, y se modificará el impuesto específico a los combustibles, que ahora tendrá un componente fijo y otro variable.

En la práctica, señor Presidente, a través del proyecto se acoge lo que por tanto tiempo solicitamos junto con el Senador Orpis a otros Gobiernos: establecer un impuesto móvil que evite que la situación de los usuarios de combustibles sea aún más gravosa cuando el precio internacional aumente, por la aplicación de la carga impositiva.

En una segunda etapa, el impuesto específico a los combustibles permanecerá en parte fijo, tal como se estableció en 1986, pero se aplicará un sistema de seguro de precio a futuro, utilizándose, de esta manera, los mecanismos que hoy día entrega el mercado para amortiguar las variaciones.

Con tal fin, el Ministerio de Hacienda contratará opciones para asegurar, a meses plazo, un precio máximo en el mercado internacional a cambio de una prima equivalente a un porcentaje de aquel. De tal manera, si el costo excede al previsto en la opción, esta se ejerce y se compra el producto al precio convenido, es decir, a menos de lo que establece el mercado. Por el contrario, si es posible comprar a un precio menor al previsto en la opción, esta no se ejerce y el producto se adquiere a ese menor valor de mercado, perdiéndose, en este caso, el porcentaje pagado como prima.

Finalmente, en esta segunda etapa, el proyecto hace adecuaciones al impuesto al gas natural comprimido y al gas licuado de petróleo, ambos para consumo vehicular.

En definitiva, la nueva propuesta del Ejecutivo utiliza los mecanismos que entrega hoy el mercado para amortiguar los precios, regulando de alguna manera los efectos nocivos que presentaba el sistema anterior, del cual abusaron en varias oportunidades los Gobiernos de turno, especialmente en épocas de campañas políticas, produciendo serios daños a la economía fiscal.

A mi juicio, con esta flexibilización del impuesto específico -tal como lo solicitamos- se evita recargar a los consumidores de los combustibles por la vía impositiva cuando el precio internacional sube -con esto se aumenta la recaudación fiscal-, lo que hace todavía más gravosa su situación.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, todos sabemos que los precios de los combustibles sufren en ocasiones enormes fluctuaciones, las cuales pueden provocar efectos bastante devastadores en los presupuestos de las familias o de alguna pequeña empresa.

Sin embargo, solo es posible que exista una política de estabilización de precios cuando estos fluctúan alrededor de un valor medio relativamente estable, es decir, si suben o bajan pero tienden a volver a ese importe medio.

En cambio, lo que sucedió en el mundo durante años fue que el valor de los combustibles "aumentó", "aumentó" y "aumentó".

Y, por lo tanto, retardar esa alza del precio a los consumidores ya no era una estabilización, sino más bien un subsidio. Y durante los últimos diez años el valor de ese subsidio llegó a mil 500 millones de dólares. Es mucho dinero.

Cuando uno se pregunta si resulta razonable subsidiar o no el precio del petróleo, creo que es un tema que hay que conversar en forma un poco más profunda. Porque los que reciben el subsidio pueden ser, por ejemplo, pequeños empresarios, que usan su vehículo como una herramienta de trabajo. Pero también perfectamente es posible que se trate de una familia que vive en La Dehesa, con cinco autos para cinco personas.

El subsidio a un pequeño empresario puede ser bastante razonable. Pero el que se aplica en el valor del petróleo para una familia rica pareciera absolutamente fuera de todo propósito, de cualquier sector político. Yo no me imagino ni a los socialistas, ni al PPD, ni a la Democracia Cristiana, ni a Renovación Nacional, ni a los independientes ni a la UDI con el objetivo de subsidiar a familias ricas que poseen cinco autos. Creo que ello no tiene ningún sentido.

Nosotros siempre hemos estado convencidos de que los subsidios deben ir a personas, a empresas o a familias que realmente los necesitan. Cuando hablamos, por ejemplo, de la pequeña empresa y de su lucha por sobrevivir, ahí claramente hay un grupo al cual uno puede entregar algún tipo de subsidio. Lo mismo sucede cuando nos referimos a familias de clase media o de escasos recursos. Pero cuando uno subsidia un producto el problema radica en que se beneficia cualquiera que usa ese producto o servicio. Por lo tanto, no hay ningún control sobre quién es el que lo recibe. Puede ser gente que de verdad requiere un subsidio, pero también personas de muchos recursos que en realidad no necesitan en absoluto un subsidio del Estado.

Por eso, señor Presidente, se ha decidido focalizar, ir modificando el sistema, de manera de no gastar tanto dinero en gente que no necesariamente lo precisa.

En primer lugar, ya no habrá un fondo de dinero, sino que el impuesto específico va a variar. Por lo tanto, también fluctuarán los ingresos del Fisco. Así, cuando el precio del crudo suba muy fuertemente, habrá un componente negativo del impuesto, con lo cual la tasa bajará, recibiendo el Fisco menos ingresos. Y cuando el valor disminuya mucho, se incrementará la tasa de tributación, con lo que se estabiliza un poco el precio.

No tiene sentido que las empresas grandes reciban un solo peso de subsidio. Estas perfectamente pueden -y a nuestro juicio deben- cubrirse como quieran. Lo harán con seguros, con compras y ventas a futuro, en fin, del modo que estimen más conveniente. Pero estas empresas no requieren ni merecen ser subsidiadas, porque ese no es el objetivo del Estado.

Por otra parte, en cuanto a las empresas más pequeñas, a los consumidores que no tienen cómo acceder a esos seguros, la idea es que los tome el Fisco por ellos, pero que se les cobren los seguros.

Cuando uno ve que se han gastado mil 500 millones de dólares, es decir, 50 por ciento más, por ejemplo, de lo que se pretende recaudar por el royalty -si se llegase a aprobar- durante los próximos tres años, se da cuenta de que es mucho dinero, y que lo recibió gente que de verdad lo necesitaba, pero también muchas empresas y muchas personas ricas que no tienen por qué estar beneficiándose de subsidios del Estado.

Por consiguiente, a nosotros nos parece bien que a la larga este sistema se transforme en un seguro, de manera de evitar fluctuaciones tan bruscas, que provocan problemas de caja, de presupuesto en empresas pequeñas y también en familias. Pero no estamos de acuerdo en que sea en realidad un subsidio estatal. Porque, a nuestro juicio, estos deben dirigirse a las familias modestas, a la gente que está enferma, que ya se encuentra en una edad en que no puede trabajar. La ayuda del Estado tiene que ir a personas, a pequeñas empresas que de verdad la necesitan. Pero nunca se debe subsidiar un producto, porque, como decía, este puede estar siendo consumido por gente de muy escasos recursos, pero también por personas muy ricas que no tienen por qué recibir un subsidio.

Entonces, la idea es reemplazar paulatinamente el subsidio que había por un sistema de seguros. Mientras tanto, existirá un impuesto con una tasa variable. Habrá una tasa fija -la misma que existe hoy- junto a otra variable, que puede ser positiva o negativa, con lo cual fluctuarán los ingresos del Fisco.

Eso nos parece razonable. Yo por lo menos nunca he sido partidaria de subsidiar precios de bienes o de servicios. Hay que focalizar siempre los subsidios en gente, en empresas o en usuarios, en entes que de verdad los precisan. El subsidio siempre ha de estar focalizado de acuerdo con la necesidad, con la pobreza, y no aplicarse a un producto que, como mencionaba, puede estar siendo consumido por gente pobre pero también por personas muy ricas.

Señor Presidente, consideramos razonable la propuesta. Lo que se plantea coincide con la filosofía de todos los partidos políticos.

Se ha dicho que con la iniciativa disminuye el aporte del Estado. Y eso es efectivo: bajará lo que este entrega. Pero, a mi juicio, es razonable, porque esa plata la debe emplear en la gente que lo requiere y no en subsidiar un producto.

En consecuencia, nosotros votaremos a favor. Y, además, nos parece bien que tengamos una visión en orden a focalizar los subsidios, la ayuda estatal en la gente, en las empresas, en las personas, en las familias que realmente lo necesitan.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona,

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, como manifestamos ayer, este nuevo sistema reemplaza el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo, que expiró por mandato de la ley el 30 de junio del presente año. Y, desde nuestro punto de vista, un mecanismo seguro es cambiado por uno inseguro, valga la redundancia, aun cuando la idea principal es que el Fondo de Estabilización fuese reemplazado por un seguro contratado en el exterior por el Ministerio de Hacienda.

¿Por qué decimos que este sistema es inseguro?

En primer lugar, porque no hay certeza alguna de que este eventual seguro pudiese funcionar.

Por otro lado, no existe ninguna claridad respecto de lo que podría costar.

En tercer término, la franja que se propone para cubrir es considerablemente más estrecha que la del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo.

Por ese motivo, como lo señaló en su intervención la Senadora Matthei, el FEPC le costó al Estado más de mil 200 millones de dólares en la época más aguda de la volatilidad de los precios de los combustibles. O sea, efectivamente el Fisco debió realizar un desembolso muy alto. Pero este tuvo un impacto en toda la economía, ya que al disminuir los costos en combustibles se benefició no solo el transporte, sino también el sector industrial, el minero, en fin, el conjunto de los sectores productivos de la economía.

En consecuencia, nosotros no estamos en ningún caso convencidos de las bondades que sugiere este nuevo sistema. Por el contrario, tenemos la preocupación de que un propósito loable, aunque en este caso no el principal, signifique que el nuevo sistema de seguros disminuya el aporte fiscal. Es cierto que este fue muy alto, pero posibilitó el control de los precios en el momento más agudo de la crisis económica.

¿Estará el nuevo sistema de seguros en condiciones de jugar el mismo rol de control de los precios ante una aguda crisis como la experimentada por la economía mundial hace aproximadamente dos años? Es completamente incierto.

Entonces, debo recordar que en las Comisiones unidas me abstuve porque entendí que mi responsabilidad era ayudar al Gobierno para que el proyecto llegara a la Sala con el fin de discutirlo. Pero, en realidad, no hemos escuchado de parte del Ejecutivo una argumentación que nos convenza plenamente.

Además, frente a la inexistencia de un sistema eficaz que posibilite el control de precios, tenemos la preocupación de que en las Regiones más apartadas del país el alza de los combustibles será considerablemente mayor. A pesar del enorme aporte que hizo el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo (FEPC) en las zonas más distantes del centro de Chile, el impacto del aumento fue tremendo, lo cual significó un enorme costo para la microproducción y el pequeño comercio. Es decir, el encarecimiento de la vida en las Regiones alejadas resultó muy elevado y me parece que sus costos no se encuentran debidamente aquilatados en esta iniciativa.

En consecuencia, de esa dificultad tampoco se hace cargo el nuevo sistema que se nos sugiere.

Nosotros podríamos guiarnos por la filosofía de decir: "Bueno, como no hay otro sistema, a fin de cuentas es mejor que exista alguno".

Sin embargo, la verdad es que más bien nos inclinamos por solicitar que el Ejecutivo revise la decisión que ha adoptado. Para épocas de crisis tan agudas como la que significó el desembolso de más de mil millones de dólares, con un descontrol de la situación económica, no cabe ninguna duda de que en esos casos el Fisco debe realizar un aporte a fin de sostener la economía nacional.

Esa pretensión no es una desviación estatista, sino que, desde nuestro punto de vista, constituye una conclusión elemental. Si se presenta un completo descontrol de la economía y el precio de los combustibles sube prácticamente al doble, es evidente que el Fisco debe hacer un esfuerzo mayor para regular los precios. Y me parece que un sistema de seguros como el que se nos sugiere no logrará ese propósito.

Ignoro, señor Presidente, qué pueda suceder en las Regiones más apartadas con el descontrol de los precios. El sistema de desarrollo productivo de ellas se tornará sumamente difícil, por cuanto el solo costo de los combustibles provocará que muchos de sus procesos económicos queden, de inmediato, en condiciones de competitividad absolutamente imposibles.

Por lo tanto, tenemos profundas dudas que nos llevan a no respaldar en esta fase de la tramitación legislativa el proyecto que se somete a la consideración del Senado.

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo, no obstante todo lo que se dijo acerca de su funcionamiento, resultó más eficaz. No quiero pensar en la ola de malestar, por ejemplo, de los automovilistas si se generara un descontrol económico ante el cual el nuevo sistema de seguros de los precios de los combustibles no tendrá ninguna capacidad de respuesta y el alza simplemente podrá causar un colapso en la utilización de los combustibles en el país.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, estimo que el proyecto en debate es bueno, porque crea un sistema de protección a los consumidores que enfrentan variaciones en los precios internacionales de los combustibles.

Y digo que es bueno porque, tal como manifestó el Senador señor Escalona, el 30 de junio recién pasado nos quedamos sin un sistema de protección, debido a que expiró el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo y, por lo tanto, en este momento carecemos de un mecanismo de protección ante fluctuaciones bruscas de los precios internacionales de los combustibles.

Por ello, me parece conveniente contar con un fondo de esta naturaleza.

El sistema que nos propone el Gobierno -como también se ha manifestado en la Sala- busca establecer un impuesto específico a los combustibles de carácter variable, de manera que no sabemos cuánto puede llegar a costar.

Si bien es efectivo que no vamos a tener un fondo de estabilización, no lo es menos que si el precio de los combustibles permanece por encima del promedio durante un lapso prolongado enfrentaremos una disminución en los ingresos fiscales, por concepto de impuesto específico a los combustibles, que puede ser muy elevada.

Por lo tanto, es cierto que no contaremos con un fondo de estabilización, pero también lo es el que el Estado, a través de una menor recaudación fiscal, terminará subsidiando el precio de los combustibles.

Como indicó acertadamente la Senadora señora Matthei, no nos parece conveniente subsidiar bienes ni servicios, porque en la medida en que son consumidos en mayor proporción por los sectores de más altos ingresos, que no necesitan de ayuda estatal para ello, nosotros deberíamos pensar, más que en un fondo conducente a otorgar subsidios, en un sistema de seguros.

Por ello, comparto muchos de los planteamientos esbozados por el Senador señor Escalona.

La iniciativa en debate propicia una idea nueva; no tenemos experiencia sobre lo que puede significar un sistema de protección a los consumidores por la vía de un seguro. Pero sí creo que esta es la vía que debemos intentar y, si no diera resultados, la cambiaremos oportunamente.

No obstante, insisto, creo que hemos de intentar esta nueva fórmula.

Yo llamo a mis estimados colegas a que pensemos en esos mil 500 millones de dólares que costó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo. ¿Cuánto de ese dinero se destinó a subsidiar el consumo de combustibles en los sectores más acomodados del país? ¿Quinientos millones de dólares? ¿Setecientos millones de dólares? ¡Cualquiera sea la cifra eso es mucha plata, más aún ahora que enfrentamos el desafío de la reconstrucción!

¡Solo para reponer el stock de viviendas que existía antes de la catástrofe necesitamos construir aproximadamente 220 mil casas que se derrumbaron!

¡Necesitamos reconstruir diecisiete hospitales que funcionaban y prestaban sus servicios a la comunidad, y que se vinieron abajo con el fenómeno telúrico!

¡Necesitamos levantar cientos de escuelas que quedaron en el suelo tras el terremoto!

Por lo tanto, si a mí me ponen en la balanza la reconstrucción de las viviendas, de los hospitales, de las escuelas versus la mantención del subsidio a las familias de mayores ingresos por el consumo de combustibles, no tengo dónde perderme. ¡Prefiero que construyamos las viviendas, los hospitales, las escuelas!

Tenemos desafíos por delante. Por ejemplo, terminar con el descuento del 7 por ciento a los jubilados para su cotización de salud...

--(Aplausos en tribunas).

...y ampliar, en lo posible, el sistema de protección a la maternidad. Todo eso, sin duda, cuesta dinero.

En consecuencia, estoy seguro de que todos los recursos que tiendan a focalizarse en las familias más modestas y sencillas, en las personas de la tercera edad, en la protección de la vida y la salud de los niños, serán inversiones sociales de mucho mayor rentabilidad que aquellas que pretendan seguir subsidiando a los sectores de más altos ingresos del país, a través de la estabilización de los precios de los combustibles.

Por eso, señor Presidente, tengo la convicción de que este proyecto es bueno para el país. Significa contar con una protección frente a las alzas bruscas en los precios internacionales de los combustibles y, al mismo tiempo, que finalmente se resguarde a toda la sociedad por la vía de un seguro que habrá de pagar un tercero.

No sabemos cuánto va a costar eso, pero estoy seguro de que será muchísimo menos que el desembolso por concepto del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que ascendió a 1.500 millones de dólares.

Por ello -repito-, considero que se trata de un buen proyecto.

Reconozco que las dudas del Senador Escalona son absolutamente razonables. Sin embargo, creo que debemos dar este paso; tenemos que probar con el sistema de seguros. Porque, si resulta, el costo fiscal de proteger a los consumidores de combustibles será muchísimo más bajo.

El señor PIZARRO (Presidente).- Antes de proseguir el debate, quiero saludar a los integrantes del Club de Adulto Mayor de Maipú que nos acompañan esta tarde desde las tribunas.

--(Aplausos en tribunas).

Junto con saludarlos, debo informarles que no pueden hacer manifestaciones, por interesantes que sean, porque de realizarlas, según el Reglamento, tendría que desalojarlos. Y, si se dieron el trabajo de venir, esto no sería bueno.

Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Me sumo al saludo a los miembros del Club de Adulto Mayor de Maipú que nos visitan, a quienes Su Señoría primero los saluda y después ¡les pide quedarse callados...!

Señor Presidente, yo fui quien solicitó que esta iniciativa se analizara en las Comisiones unidas de Hacienda y de Minería y Energía. Lo hice porque había seguido su discusión en la Cámara de Diputados, donde no se advirtieron algunas cosas que me llamaron la atención. Y, por cierto, aquí las debatimos largamente en aquella instancia.

Por cierto, lamento que no se encuentre presente hoy el representante gubernativo, porque nos habría gustado que el Ejecutivo nos respondiera diversas preguntas.

En las Comisiones unidas consultamos por qué en el informe financiero del Ministerio de Hacienda existía tanta diferencia en la estimación del costo fiscal del proyecto, que varía entre 3,2 millones y 245 millones de dólares.

Preguntamos asimismo por el impacto que tendría la medida de cambiar por otro incierto un sistema ya utilizado en el país y que había dado resultado.

Digo lo anterior por cuanto en este proyecto el Ejecutivo -reitero que el Ministro no se halla en la Sala- nos plantea cambiar el FEPP, que, de acuerdo a los informes del Gobierno, en una década costó 2 mil 344 millones de dólares, por otro mecanismo, que combina, en una primera etapa, el Sistema de Protección al Contribuyente (SIPCO) y el Seguro de Protección de los Precios de los Combustibles (SEPCO), el primero con un costo cuya dimensión se desconoce y el segundo con un mecanismo cuya operatoria no se describe en detalle.

En las Comisiones unidas se consultó al Ministro sobre tales aspectos, señor Presidente.

No se conocen las experiencias internacionales. No se detalla en la iniciativa cómo va a operar el seguro. No se sabe cuál será el impacto de esta nueva fórmula en Regiones.

Señor Presidente, por su intermedio, debo expresarle al Senador García que a nosotros nos agradaría que el Primer Mandatario cumpliera la palabra empeñada durante su campaña y reiterada en el discurso presidencial.

Nosotros también queremos que, de una vez por todas, a nuestros pensionados se les deje de descontar el 7 por ciento de cotización por concepto de salud, medida que por supuesto apoyaremos.

Queremos que el posnatal se aumente a seis meses.

Queremos que antes de diciembre de este año, de las 240 mil viviendas que perdió la gente, se entreguen más de 2 mil 500.

Quisiéramos votar favorablemente todas las iniciativas que significaran ir mejorando la calidad de vida de las personas tanto en Santiago cuanto en Regiones.

Digo lo anterior porque la diferencia que uno observa a este último respecto entre los ciudadanos de la Capital y los del resto del país -el colega García coincidirá conmigo- es realmente impresionante. Y, en verdad, eso no nos gusta.

Sin embargo, no sentimos que este proyecto de ley -abrigamos muchas dudas sobre el particular- ayude a acortar la diferencia.

En las Comisiones unidas el Ministro de Hacienda no despejó una serie de dudas que nos gustaría aclarar.

Él afirmó que a través de esta iniciativa de ley el Fisco no comprometerá más recursos públicos. La pregunta es si deseamos que se comprometan y que sea en favor de los sectores que más los necesitan.

Durante la discusión se sostuvo que no había claridad respecto a lo que pasaba con las Regiones.

En el último tiempo hemos visto que, en materia de combustibles, se ha mantenido un subsidio para la Región Metropolitana, pero no se ha extendido al resto del país.

De otro lado, planteamos en las Comisiones unidas que no se hallaba despejada la situación jurídica de la Empresa Nacional del Petróleo. Estamos discutiendo en Comisión -el texto pertinente pasará a la Sala- el proyecto de ley que traspasa la dependencia de la ENAP desde el Ministerio de Energía al de Minería. Y eso tiene que ver con el asunto que nos ocupa hoy.

Asimismo, se abordó lo concerniente al gas natural, y se dieron a conocer las observaciones del sector sobre la materia.

En fin, en las Comisiones unidas no se aclaró una serie de dudas. Por ende, responsablemente, con otros Senadores de la Concertación votamos en contra de la idea de legislar, pues no había claridad respecto a lo que el Ejecutivo pretendía con las medidas propuestas en el proyecto.

A nuestro juicio, el sistema anterior era bueno y había dado resultado. Y -repito- en una década, según los informes de que disponemos, se gastaron 2 mil 344 millones de dólares (alrededor de 230 millones anuales).

Estimamos que la iniciativa en debate requiere muchas respuestas. No se dieron en las Comisiones unidas. Espero que puedan entregarse durante la discusión particular.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, me cuesta entender la lógica con que se ha planteado el debate esta tarde.

En efecto, primero se dice: "El Estado va a tener un rol secundario". Y se señala como argumento que en el sistema antiguo el Fisco gastó -como se expresó en la Sala- sobre 2 mil millones de dólares.

Pero, en verdad, no será así en la primera etapa. El Estado tendrá un rol activo, pero de manera distinta, pues no deberá desembolsar recursos líquidos. Desde el momento en que exista un impuesto móvil y los precios suban, la tasa del tributo bajará y el Fisco percibirá una menor recaudación.

¡Cómo no va a tener un rol activo el Estado! ¡Por supuesto que lo tendrá!

Lo importante, señor Presidente, es que se establece un sistema permanente.

¡Cuántas veces hubo necesidad de operar por dos vías! Una de ellas fue la inyección de recursos al Fondo. Incluso, en determinado momento hubo que bajar la tasa del impuesto.

A través de esta iniciativa establecemos seguridad jurídica mediante parámetros permanentes en el tiempo.

Pero la lógica que más me cuesta entender, señor Presidente, es la expuesta con relación a la segunda etapa.

El sentido común de las personas y de las empresas indica que es preciso cubrirse frente a los riesgos. Eso es lo lógico frente a eventos extraordinarios.

En el texto se propone una idea innovadora: cubrirse con un seguro para que el nuevo sistema no impacte en la caja fiscal, para que el Estado de Chile no deba desembolsar recursos que puede destinar prioritariamente a fines distintos del de subsidiar a personas que no lo requieren.

Señor Presidente, actúa con sentido común un Estado que procura cubrir mediante seguros los riesgos del mayor número de actividades productivas, tal como lo hacen las familias, las empresas, en fin, para protegerse ante eventos extraordinarios.

Porque el nuevo sistema va a impactar sobre la caja fiscal. Pero será un impacto virtuoso, pues al final no habrá desembolso con cargo al erario, ya que los seguros deberán pagar.

Entonces, me cuesta entender la lógica del planteamiento formulado en esta Sala. Porque se está haciendo un esfuerzo por ahorrarle recursos al Fisco a través de la contratación de seguros, y esto se considera "riesgoso".

Quizá no va a resultar. Si ello sucede, se vendrá al Parlamento. ¡Pero cómo no auscultar la posibilidad, que existe en otros países del mundo, de cubrirnos mediante seguros ante la volatilidad de los precios!

Y no se trata de algo inédito, señor Presidente.

¿Cómo se protegen las grandes empresas de las alzas en el valor de los combustibles? A través de seguros.

¿De qué manera enfrentan los aumentos de precios las compañías aéreas, que gastan ingentes recursos en combustibles? Con seguros.

Y eso es lo que se está proponiendo mediante el proyecto de ley en debate.

Señor Presidente, a mí me resulta contradictorio que, en vez de la protección a través de seguros, se prefiera ocupar la caja fiscal, utilizando recursos con los que se pueden atender todas las prioridades aquí señaladas, parte de los cuales, como me apunta la Senadora Matthei, van a personas de altos ingresos.

Entonces, no entiendo la lógica expuesta. Porque el sentido común indica que lo más sano es cubrir el máximo de riesgos -no solo en esta materia, sino también en otras- para evitar los impactos fiscales.

Señor Presidente, no me calza que si, conforme a esta iniciativa, en la primera etapa hay un papel muy activo del Estado, a través de un impuesto variable, y en la segunda se procura evitar la destinación de dineros fiscales, especialmente a las familias de más altos ingresos, no terminemos aprobando la idea de legislar sobre este proyecto, independiente de los perfeccionamientos que se le puedan hacer en las Comisiones unidas durante la discusión particular.

Insisto: no entiendo la lógica de lo planteado aquí. Porque, según expresé, mientras con más seguros contemos para cubrirnos frente a ciertos eventos, mejor para el Estado, pues dispondrá de mayores recursos para dirigirlos prioritariamente a las necesidades sociales.

¡Si 250 millones de dólares al año son mucha plata! Con esa cantidad es factible hacer bastantes cosas.

Señor Presidente, este es de los proyectos más innovadores que he visto. Con los recursos fiscales susceptibles de ahorrar pueden construirse varios hospitales. Y podríamos citar una serie de inversiones sociales.

En definitiva, me parece tremendamente virtuoso el hablar de seguros para cubrir eventos sin comprometer recursos fiscales.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, pueden usarse muchas palabras para tratar de explicar las cosas. Pero la verdad es que, si uno lee el proyecto, le cuesta entenderlo, no porque no conozca las materias tratadas en él, sino por la complejidad con que se plantean.

Existe un hecho real: no hay en este momento Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.

Si hoy se presentara una crisis como la de hace algún tiempo, cuando el valor del barril de petróleo se escapó a entre 150 y 180 dólares a raíz de un conflicto en la zona productora, el país no tendría cómo enfrentarla.

Se me podrá señalar que en cierto momento, ante una situación grave, fue necesario ocupar mil millones de dólares. Yo me pregunto qué habría sucedido si no hubiese existido el subsidio que fue menester aplicar.

Se sostiene que el subsidio benefició a gente de altos recursos. Es factible. Por ejemplo, a quienes tienen automóviles de elevado valor para uso personal. Pero asimismo, a personas con vehículos de menor precio que los utilizan como herramienta de trabajo; a empresarios pequeños o medianos que los ocupan para movilizar su producción, etcétera. Y también, a empresas de diversos niveles que para producir requieren petróleo. Este, por supuesto, fue subsidiado; y el subsidio seguramente significó que el costo de los productos para los consumidores fuera menor que si no hubiera existido el Fondo de Estabilización.

En la agricultura, la falta de dicho Fondo habría provocado un impacto gravísimo en los sectores donde, para producir, muchas veces hay uso intensivo de petróleo.

Entonces, nadie puede negar que el manejo de un Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo es necesario en una economía mundial, donde existe alta volatilidad a ese respecto.

Por lo tanto, debemos tener un Fondo de tal naturaleza.

Ahora bien, no me pronunciaré sobre si el proyecto planteado es bueno o malo. Pero no puedo dejar de manifestar que me caben dudas acerca de cómo va a operar el sistema sugerido.

Me parecería bien la idea si en parte se financiara el Fondo haciendo flexible la relación impuesto-precio. Eso podría ser de entre 3 millones y 245 millones de dólares anuales, según el informe que tengo en mi poder.

El señor ORPIS.- Depende del precio.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Por supuesto, depende del precio. Pero podría ser -repito- de entre 3 millones y 245 millones de dólares al año.

No sé, señor Presidente, si con eso se puede solucionar el problema en una situación de crisis de gran magnitud o si solo es factible operar en mínima parte.

Veo que el Gobierno está tratando de cuidar los recursos. Me parece muy bien. Pero eso no significa que el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo va a ser eficiente en la primera etapa.

Considero que esta idea es positiva complementariamente, pero no como único elemento de financiamiento del Fondo. Y, si se aprobara, me gustaría ver cuál sería la reacción nuestra, ante una crisis inmanejable, para ayudar a los sectores productivos a evitar que sus costos se fueran más arriba de lo razonable.

Por otra parte, debo puntualizar que, al revés de lo dicho aquí, normalmente las empresas no usan seguros sobre el precio de los combustibles.

El señor ORPIS.- Sí. Está en el informe.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Se exceptúan las aéreas.

El problema se registra en la segunda etapa.

El Gobierno anterior también usó el seguro para el precio del petróleo. Pero lo hizo una sola vez. Porque era tal el costo -y podríamos preguntarlo al Ministro de Hacienda de la época-, que resultaba imposible asumirlo.

La señora ALLENDE.- Así fue.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Más aún: muchas aseguradoras no quisieron asumir el riesgo por su impredecibilidad.

Por consiguiente, tras leer el proyecto, concluyo que la segunda etapa carece de sustancia. No se ve cuál será el costo del seguro que habrá de pagarse en determinadas condiciones, en fin.

Señor Presidente, estoy cierto de que, si aprobamos la ley en proyecto, el próximo Ministro de Hacienda se quedará sin Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Y, así, el país no va a tener un mecanismo de esta índole para enfrentar eventuales crisis.

No se trata de que me niegue a legislar, señor Presidente. Me encantaría hacerlo, pero bien. Asumamos el planteamiento -reitero que me parece positivo- de que el impuesto específico a los combustibles juegue a favor del eventual Fondo. Pero veamos qué otros mecanismos hay para el caso de que no podamos asumir el seguro o ante la insuficiencia de los entre 3 millones y 245 millones de dólares a que hice referencia.

¿De qué manera hay sustento para evitar que la economía tenga un colapso?

Y no va a ser un problema de empresas grandes, medianas o pequeñas. Puede ser del conjunto de ellas.

Yo soy partidario, por supuesto, de que los subsidios favorezcan a la gente que más necesita, en la cual hay que focalizar el seguro. Pero (insisto) un país como el nuestro, inserto en la economía global, con las crisis que sobrevienen cada cierto tiempo, no puede dejar de tener previsto en forma estable, con seguridad, un fondo de estabilización para los precios del petróleo, elemento fundamental para la economía nacional.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, este proyecto tiene algunas complejidades. No es fácil entenderlo, ni mucho menos explicarlo. Sin embargo, creo que viene a reemplazar lo que existía como Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, el cual fue creado para atender grandes fluctuaciones después de la experiencia habida en la década de los 90, cuando se dispararon los valores del crudo y las poblaciones de distintas economías no podían enfrentar adecuadamente la desmesurada alza de precios en un insumo de tanto efecto multiplicador en la vida de las personas, especialmente las más modestas.

Este último factor, como decía el Senador señor Zaldívar, dice relación a los fletes, los alimentos. Nosotros observamos cómo se comporta la economía, muchas veces, midiendo el índice de precios al consumidor, que varía según el valor de la canasta -la alimentaria, la básica-, y el IPC va a subir si lo hace el transporte, que reproduce esa consecuencia en toda la economía y todos los sectores. Y, claro, ello afecta en mayor medida a los de más escasos recursos, que destinan la mayor proporción de su presupuesto a la alimentación.

Por tanto, estamos frente a un insumo y un mecanismo sumamente sensible, en cuanto a lo que hagamos para estabilizar el precio del petróleo, respecto de lo que va a ocurrir con el poder adquisitivo de los sectores de más escasos recursos y con la pequeña y la mediana empresas, las cuales muchas veces se hallan en el punto de equilibrio, en lo que cambia todo cuando existe un subsidio al combustible.

Cuando tratamos el proyecto del royalty y en el país se debatía acerca de cómo hacer para que las mineras efectuaran una contribución significativa al Presupuesto, la normativa enviada por el Ejecutivo importaba del orden de 600 millones de dólares para la reconstrucción. Y eso significaba anualmente, durante tres años, más o menos 200 millones de dólares. Aquí estamos haciendo referencia a 250 millones de dólares anuales, bastante más de lo que el Gobierno esperaba que arrojase la iniciativa sobre el incremento del impuesto específico a la minería, de tal modo que no es un asunto menor.

Y percibimos un texto que se sustenta en un financiamiento más virtual que real, porque se contempla el supuesto de que la compañía de seguros va a resolver los aspectos relacionados con la variación del precio del combustible. Pero eso tiene tope y un "techo" bastante bajo. ¿Qué va a pasar cuando se registre un sobreprecio que se encuentre mucho más allá de las capacidades o la tolerancia de esas empresas? Porque si bien es cierto que un seguro puede ser una buena fórmula para no ocupar recursos estatales, el mecanismo tiene un límite.

Me inclino a pensar, entonces, que el Estado, en forma complementaria, debería mantener un fondo de estabilización de precios de los combustibles, como los Gobiernos anteriores.

Por la razón expuesta, abrigo también muchas dudas respecto de cómo proceder de manera de dar seguridad a la economía, a las familias de más escasos recursos, de que contamos con un mecanismo conforme al cual no se va a amanecer con un precio del petróleo que impedirá llenar un estanque, especialmente a los sectores más modestos cuando tienen un pequeño vehículo como herramienta de trabajo. De modo que de lo que aprobemos va a depender también la certeza que podamos darles a esas familias, no solamente ante la eventualidad de una pérdida en el valor adquisitivo de sus presupuestos, sino también desde el punto de vista de la fuente laboral.

En consecuencia, señor Presidente, me inclino por rechazar el proyecto, el cual, si viene solo, si no constituye un complemento, no le da seguridad al país, en mi opinión, desde el punto de vista de la estabilidad de los precios de los combustibles.

El señor PIZARRO (Presidente).- Se tocarán los timbres para llamar a votar la iniciativa, pues está sesionando la Comisión de Constitución.

Entre tanto, tiene la palabra el señor Secretario.

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El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- En este momento ha llegado a la Mesa una moción del Honorable señor Muñoz Aburto, con la cual da inicio a un proyecto de ley que declara feriado el 21 de septiembre para la provincia de Chiloé y la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El señor PIZARRO (Presidente).- Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Asimismo, se ha recibido un proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señores Larraín, Cantero, Chahuán, Espina, García, Gómez, Letelier, Orpis, Pizarro, Quintana, Sabag, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés), referente a la extradición del ciudadano chileno Sergio Galvarino Apablaza Guerra desde la República Argentina.

El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, queda para Tiempo de Votaciones en la presente sesión, de modo que la Corporación se pronunciará al respecto una vez que lo haya hecho en relación con el informe de Comisión Mixta sobre el proyecto de ley relativo a las conductas terroristas y su investigación.

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El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la iniciativa que crea un nuevo sistema de protección al contribuyente que enfrenta variaciones en los precios internacionales de los combustibles.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (13 votos contra 8 y 2 pareos) y se fija el 25 de octubre próximo como plazo para presentar indicaciones.

Votaron por la afirmativa las señoras Matthei y Pérez (doña Lily) y los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chahuán, Horvath, Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.

Votaron por la negativa las señoras Allende y Rincón y los señores Escalona, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Pizarro y Tuma.