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CREACIÓN DE NUEVO SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTE VARIACIONES EN PRECIOS INTERNACIONALES DE COMBUSTIBLES


La señora RINCÓN.- Me sumo al saludo a los miembros del Club de Adulto Mayor de Maipú que nos visitan, a quienes Su Señoría primero los saluda y después ¡les pide quedarse callados...!
Señor Presidente, yo fui quien solicitó que esta iniciativa se analizara en las Comisiones unidas de Hacienda y de Minería y Energía. Lo hice porque había seguido su discusión en la Cámara de Diputados, donde no se advirtieron algunas cosas que me llamaron la atención. Y, por cierto, aquí las debatimos largamente en aquella instancia.
Por cierto, lamento que no se encuentre presente hoy el representante gubernativo, porque nos habría gustado que el Ejecutivo nos respondiera diversas preguntas.
En las Comisiones unidas consultamos por qué en el informe financiero del Ministerio de Hacienda existía tanta diferencia en la estimación del costo fiscal del proyecto, que varía entre 3,2 millones y 245 millones de dólares.
Preguntamos asimismo por el impacto que tendría la medida de cambiar por otro incierto un sistema ya utilizado en el país y que había dado resultado.
Digo lo anterior por cuanto en este proyecto el Ejecutivo -reitero que el Ministro no se halla en la Sala- nos plantea cambiar el FEPP, que, de acuerdo a los informes del Gobierno, en una década costó 2 mil 344 millones de dólares, por otro mecanismo, que combina, en una primera etapa, el Sistema de Protección al Contribuyente (SIPCO) y el Seguro de Protección de los Precios de los Combustibles (SEPCO), el primero con un costo cuya dimensión se desconoce y el segundo con un mecanismo cuya operatoria no se describe en detalle.
En las Comisiones unidas se consultó al Ministro sobre tales aspectos, señor Presidente.
No se conocen las experiencias internacionales. No se detalla en la iniciativa cómo va a operar el seguro. No se sabe cuál será el impacto de esta nueva fórmula en Regiones.
Señor Presidente, por su intermedio, debo expresarle al Senador García que a nosotros nos agradaría que el Primer Mandatario cumpliera la palabra empeñada durante su campaña y reiterada en el discurso presidencial.
Nosotros también queremos que, de una vez por todas, a nuestros pensionados se les deje de descontar el 7 por ciento de cotización por concepto de salud, medida que por supuesto apoyaremos.
Queremos que el posnatal se aumente a seis meses.
Queremos que antes de diciembre de este año, de las 240 mil viviendas que perdió la gente, se entreguen más de 2 mil 500.
Quisiéramos votar favorablemente todas las iniciativas que significaran ir mejorando la calidad de vida de las personas tanto en Santiago cuanto en Regiones.
Digo lo anterior porque la diferencia que uno observa a este último respecto entre los ciudadanos de la Capital y los del resto del país -el colega García coincidirá conmigo- es realmente impresionante. Y, en verdad, eso no nos gusta.
Sin embargo, no sentimos que este proyecto de ley -abrigamos muchas dudas sobre el particular- ayude a acortar la diferencia.
En las Comisiones unidas el Ministro de Hacienda no despejó una serie de dudas que nos gustaría aclarar.
Él afirmó que a través de esta iniciativa de ley el Fisco no comprometerá más recursos públicos. La pregunta es si deseamos que se comprometan y que sea en favor de los sectores que más los necesitan.
Durante la discusión se sostuvo que no había claridad respecto a lo que pasaba con las Regiones.
En el último tiempo hemos visto que, en materia de combustibles, se ha mantenido un subsidio para la Región Metropolitana, pero no se ha extendido al resto del país.
De otro lado, planteamos en las Comisiones unidas que no se hallaba despejada la situación jurídica de la Empresa Nacional del Petróleo. Estamos discutiendo en Comisión -el texto pertinente pasará a la Sala- el proyecto de ley que traspasa la dependencia de la ENAP desde el Ministerio de Energía al de Minería. Y eso tiene que ver con el asunto que nos ocupa hoy.
Asimismo, se abordó lo concerniente al gas natural, y se dieron a conocer las observaciones del sector sobre la materia.
En fin, en las Comisiones unidas no se aclaró una serie de dudas. Por ende, responsablemente, con otros Senadores de la Concertación votamos en contra de la idea de legislar, pues no había claridad respecto a lo que el Ejecutivo pretendía con las medidas propuestas en el proyecto.
A nuestro juicio, el sistema anterior era bueno y había dado resultado. Y -repito- en una década, según los informes de que disponemos, se gastaron 2 mil 344 millones de dólares (alrededor de 230 millones anuales).
Estimamos que la iniciativa en debate requiere muchas respuestas. No se dieron en las Comisiones unidas. Espero que puedan entregarse durante la discusión particular.
Por eso, votaré que no.