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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 358ª
Sesión 44ª, en miércoles 18 de agosto de 2010
Ordinaria
(De 16:17 a 19:31)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE,
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE, Y JUAN PABLO LETELIER MOREL, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
SANCIÓN POR NO PAGO DE TARIFA EN VEHÍCULOS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA


El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional e iniciado en mensaje, que busca evitar el no pago de la tarifa en los vehículos de locomoción colectiva, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6948-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 41ª, en 10 de agosto de 2010.
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones, sesión 43ª, en 17 de agosto de 2010.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es incentivar el pago del pasaje en los vehículos de locomoción colectiva, para lo cual se propone incorporar al artículo 200 de la Ley de Tránsito, que consagra las infracciones o contravenciones graves, el no pago de la tarifa, hecho que se sancionará con multa de 1 a 1,5 unidades tributarias mensuales.
Asimismo, en la ley que establece procedimiento ante los juzgados de policía local se plantea crear el Sub Registro de Pasajeros Infractores, en el que se anotará a las personas que fueren condenadas por no pagar la tarifa en el transporte público.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Rincón y señores Girardi y Novoa.
El texto que se somete a la consideración de la Sala para su aprobación general se transcribe en el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión la idea de legislar.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, este asunto se inserta dentro de una secuencia de iniciativas legales tendientes a mejorar la condición del Transantiago.
El proyecto de ley sobre financiamiento del transporte público en Santiago nuevamente requiere millonadas. Su déficit llegará a los 800 millones de dólares anuales, lo que constituye una cifra absolutamente insostenible.
Por otra parte, se nos pide modificar las facultades del Ministerio de Transportes respecto de los actuales contratos con los operadores, a fin de aminorar las pérdidas que implica el que las empresas manejen por completo tales instrumentos. El Ministro anterior no logró concretar ese cambio. Hoy día se insiste en la solicitud de mayores atribuciones para el titular de dicha Cartera. Yo tengo dudas en cuanto a que ellas sean suficientes para resolver el problema. Pero -reitero- el ex Ministro Cortázar planteó tal requerimiento en esta Sala, y muchas de esas facultades le fueron negadas.
Además, se nos solicita otorgar el financiamiento para el transporte público de Santiago, sin tener claridad respecto de si habrá compensación para las Regiones y, sobre todo, de si el sistema logrará sostenerse.
Yo he dicho que el Transantiago no resistirá más; que el drenaje o la sangría que arrastra no pasa por el no pago de la tarifa por parte de los pasajeros, sino por un modelo fallido en su implementación técnica.
Mis preguntas son las siguientes: ¿SONDA y Andrés Navarro han pagado las multas que se les cursaron? ¿Las empresas concesionarias cancelaron las más de 2.500 infracciones que se les aplicaron por violar los derechos de los trabajadores? ¡Se han cumplido tales sanciones!
El señor Contralor General de la República ha anunciado, a propósito de una presentación que hice un mes atrás, que indagará sobre las multas cursadas a los operadores del sistema, a los concesionarios y al Administrador Financiero. ¿Cuántas de estas se han cobrado en favor del Fisco? ¿Qué porcentaje de esa cifra representará el déficit crónico del Transantiago?
La verdad es que carecemos de datos, señor Presidente.
Por ello, no estoy disponible para sancionar a los usuarios. Son víctimas de un sistema fallido, carente de seguridad y eficiencia, y más encima, ¡les vamos a cobrar multas! ¡O sea, el ladrón detrás del juez! A los pasajeros que no han tenido la posibilidad de gozar de los beneficios de un proceso de modernización, ¡ahora pretendemos multarlos!
Desconozco si la evasión equivale a 40 o más por ciento hoy día del déficit del Transantiago. Por cierto, esta debe ser combatida. Sin embargo, estimo que no surtirá efecto alguno amenazar a los usuarios con el pago de 1,5 unidades tributarias mensuales y con llevarlos ante los juzgados de policía local, si a los responsables del fracaso del sistema no se les aplican y cobran las multas respectivas solo porque son poderosos, solo porque tienen amigos en el Gobierno, pese a que se equivocaron y no lograron reparar el daño hecho.
Por lo tanto, señor Presidente, estimo que, en forma paralela a un proyecto de esta naturaleza, debe haber una comprensión general del drama del Transantiago, lo que significa reconocer la existencia de otros drenajes y otras situaciones que provocan el déficit. Porque -insisto- el sistema no se sostiene.
¡Con la iniciativa en debate estamos subsidiando a las empresas!
Los colombianos de Alsacia tienen mucho que responder: tratan pésimo a sus trabajadores. Los de Transaraucarias llevan más de 45 días en huelga. ¡El Ministerio permitió que este operador fuese adquirido por otra empresa, cuyo dueño es de origen ruso, en circunstancias de que aquel mantiene una deuda previsional superior a mil 700 millones de pesos con sus trabajadores! ¡O sea, el sistema está completamente quebrado!
En consecuencia, centrar el esfuerzo en pasar multas a los evasores, en llevarlos a los tribunales y en elevar el costo de ellas de falta leve a infracción grave debiera ir aparejado de una sanción similar -de leve a grave- en los contratos con los operadores. De esa manera, podríamos saber si SONDA debiera seguir con sus contratos -he leído que todavía los mantiene-, en circunstancias de que no ha respetado sus compromisos, pues los buses tecnológicamente no funcionan y el software instalado fracasó. Y también sería factible enterarse de si el Administrador Financiero del Transantiago, que se queda con el 58 por ciento del valor de cada pasaje -¡58 por ciento!-, mejoró la eficiencia, lo que aún no logramos visualizar.
¡Porque todo en el Transantiago es negro! ¡Desconocemos incluso adónde irán a parar los 800 millones de dólares que nos piden aprobar para esos efectos!
El artículo 2º de la iniciativa señala: "Los infractores que fueren condenados por no pagar la tarifa en el transporte público de pasajeros serán" -¡escúchenme bien, estimados colegas!- "anotados en un `Sub Registro de Pasajeros Infractores¿" -¡o sea, un DICOM del Transantiago!- "que se creará en el `Registro de Multas del Tránsito no pagadas¿" -con esto asimilamos la situación de los infractores a la de los autos- "contemplado en el artículo 24 de esta ley. El Secretario del Tribunal, cada dos meses, individualizará a los infractores sancionados que no hayan pagado las multas aplicadas y lo comunicará, para su anotación, al Servicio de Registro Civil e Identificación. El procedimiento de anotación y eliminación de los infractores sancionados se reglamentará por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones conjuntamente con el Ministro de Justicia. La anotación se eliminará, por el solo ministerio de la ley, transcurridos tres años contados desde su efectiva anotación en el Sub Registro o con anterioridad, si el sancionado paga el total de la multa infraccional aplicada y los aranceles correspondientes.".
Es decir, en el caso de que se considere que la multa puede ser efectiva, al usuario se le dice: "Cuando usted pague, quedará eliminada su anotación". Ojalá se hubiese aplicado el mismo criterio a las empresas que no cumplieron sus obligaciones, como SONDA. Le pregunté varias veces al señor Contralor: "¿Sigue esta empresa a cargo de la responsabilidad tecnológica después de que fracasó, o la ha transferido? ¿Ha pagado alguna multa por el colapso del sistema?".
En definitiva, señor Presidente, se sigue reprimiendo a los usuarios con la amenaza de manchar sus antecedentes. ¡Cuánta gente podría perder la pega si resulta sancionada por no tener plata o por subirse por la puerta trasera del bus, ya que es un verdadero combate tomar en la mañana esas "latas de sardinas" que son los buses oruga!
Algunos Senadores en Santiago se han subido a las micros y al metro y han palpado en terreno la situación.
Ignoro si sancionar penalmente a los pasajeros será la fórmula adecuada para evitar que eludan la cancelación de la tarifa. ¡La única manera de obligar a la gente a pagar es brindar un buen servicio!
¡El único modo de que los usuarios sientan que cancelar su pasaje forma parte de su responsabilidad y su compromiso ético y ciudadano es implementar un modelo de transporte que les brinde confort, rapidez y eficiencia, tal como se les prometió! Mientras ello no ocurra, ¡con qué cara el sistema les va a cobrar y a exigir que paguen!
Ni siquiera existe un seguro de accidentes para los pasajeros del Transantiago. ¡Se lo pedí a Cortázar diez veces! ¡Y se lo planteé al actual Ministro de Transportes otras cuatro! Se requiere un seguro de vida y de accidentes para los usuarios del Transantiago, porque es muy común la ocurrencia de siniestros. ¡Son cientos los perjudicados!
El actual seguro obligatorio de accidentes personales cubre hasta 300 UTM y tiene una vigencia de un año. Pero las consecuencias de un choque pueden persistir por más tiempo. Un tratamiento por quebradura de pelvis, por ejemplo, dura varios años. En definitiva, contamos con un pésimo sistema para garantizar la vida y la salud de los pasajeros del Transantiago. Ni siquiera hemos conseguido un seguro especial.
Estoy convencido de que la gente pagaría con gusto su pasaje si el sistema de transportes fuese eficiente y si sintiera que con ello ve garantizada su integridad física. ¡Pero no es así! El actual sistema de seguro de accidentes personales del tránsito funciona de pésima manera. Por lo general, la gente ni lo conoce y las compañías eluden el pago cuando los accidentes son muy complejos.
El proyecto en análisis no constituye una solución al desfalco del Transantiago. Tampoco menciona, ni por casualidad, las estafas cometidas por empresas como SONDA, ni la poca transparencia con que ha actuado el Ministerio del ramo. En este punto, solo mencionaré una causa: la rol Nº 29656, de 2008, "Hernández Morales con Barahona Moraga".
En definitiva, se plantea más y más burocracia; más atochamiento para los agotados juzgados de policía local. De ese modo, veremos a personas pobres pagando multas extremadamente caras y figurando en registros públicos como delincuentes o no pagadores, al igual que en DICOM.
El Estado soporta el déficit del sistema de transporte público en Santiago. Y se sigue pidiendo plata al Parlamento para mantenerlo.
El Transantiago nació con deficiencias; por tanto, intentar arreglarlo de la forma como se sugiere es un camino absolutamente equivocado. Si no abordamos una propuesta global para mejorar el sistema, cuyo resultado efectivo sería la disminución de la evasión en razón de un buen servicio y de una protección al pasajero, las multas no surtirán efecto alguno. El problema de la evasión no se soluciona con más multas. Por lo tanto, voy a votar en contra del proyecto, porque quiero una solución más amplia y definitiva.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.


El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, como pocas veces, coincido plenamente con lo que el Senador Navarro acaba de expresar: en verdad, esta iniciativa no resuelve nada.
Sin embargo, a diferencia del colega, no pretendo justificar el hecho de que la gente no pague la tarifa, aduciendo mala calidad del servicio. Ello, porque muchas personas que reciben la misma prestación cumplen con su deber. En consecuencia, aquellas que no lo hacen castigan precisamente el esfuerzo de quienes pagan aunque tal vez se encuentren en condiciones económicas iguales o peores.
En cuanto al Sub Registro de Pasajeros Infractores que se establece, como señaló Su Señoría -lo tenía en mis apuntes antes de escucharlo-, equivale a un DICOM del transporte público. Y lo cierto es que no soy partidario de crear otra institución semejante. Es suficiente la que existe. Además, en este caso resultaría inútil, aparte de que sería muy parecido a la Guía de Teléfonos, con millones de personas de todo el país.
Si se aprobara una idea como esa, tendrían que dictarse leyes de amnistía cada cierto tiempo, por el gran número de pasajeros que, lamentablemente, debido al cambio a un sistema mal hecho, han caído en la práctica de no pagar la tarifa.
En forma adicional, se generará una burocracia administrativa, con un costo no menor. Y no creo que tal mecanismo induzca a la gente a variar de conducta. Si así fuere, a lo mejor tendría algún sentido.
En el transporte público hay muchos otros instrumentos eficaces a través de los cuales se puede lograr que las personas que no cumplen con el deber de pagar su pasaje lo hagan.
No me parece lógico crear una burocracia de tal magnitud para registrar la conducta de quienes evaden el pasaje en vehículos de la locomoción colectiva. Ello no conduce a nada. Lo único que se conseguirá es provocar un efecto más complejo aún para la gente, en general de escasos recursos, que usa ese tipo de transporte en Santiago.
De otro lado, la forma de limpiar el Sub Registro es curiosa. Se hará después de un tiempo bastante largo -tres años- de no pagarse la multa. Y se establece la posibilidad de eliminar antes la anotación si el infractor ha concurrido a pagar lo adeudado y los aranceles correspondientes.
En realidad, señor Presidente, pienso que no debiéramos avanzar en la creación de ese registro.
Ya hemos reclamado sistemáticamente aquí acerca de lo que significa para muchas personas el que su nombre aparezca publicado en DICOM. Y hace algunas horas legislamos precisando que, respecto de aquellas que aparecen en dicha publicación por no haber podido cumplir sus compromisos en las zonas afectadas por el terremoto, quedara explícitamente establecido que tal incumplimiento no se debe a una mala práctica, sino a fuerza mayor, fruto de la catástrofe. Y eso me parece muy valioso.
Mediante este tipo de instrumentos se trata de identificar a quienes hacen del no pago de sus obligaciones una práctica permanente y sistemática. Son pillos a los que, por cierto, se debe sancionar.
Asimismo, en estos días hemos estado analizando los casos de los deudores que caen en DICOM y que muchas veces no encuentran trabajo precisamente por figurar en él. Con relación a ellos, sugerimos incluir la anotación pertinente cuando la morosidad sea producto de la cesantía.
Esa información es muy útil, porque, en definitiva, el ser incluido en dichos registros obedece a situaciones que muchas veces no dependen de la voluntad de las personas.
En lo atinente a la práctica de no pagar en la locomoción colectiva, no pretendo justificarla pero estimo que tal hecho es la reacción frente a una muy mala calidad del servicio. Antes, el transporte público en Santiago conllevaba otro tipo de externalidades negativas, como contaminación y congestión. El cambio experimentado y la masividad de esa conducta llevó al Ejecutivo a enviar a la Cámara de Diputados la iniciativa que nos ocupa y que nos tiene ahora discutiendo sobre la creación de un Sub Registro de Pasajeros Infractores.
Como dije, tal sistema de anotaciones carece de sentido. De aprobarse, solo se logrará consignar en él a miles de personas y generar más burocracia; pero no constituirá un incentivo eficaz para mejorar las conductas. Existen muchas otras formas de corregirlas.
Esperamos que, con las modificaciones que se están introduciendo al régimen jurídico del Transantiago en otro proyecto paralelo, el Ejecutivo pueda efectuar enmiendas en los contratos y, de alguna manera, reducir, en el menor tiempo posible, la evasión del pago de la tarifa en el transporte público.
Reitero: la creación del Sub Registro en la iniciativa en debate no va a lograr que se alteren esas prácticas. Originará más burocracia, con un costo innecesario; sus efectos serán muy variados y, finalmente, por el alto número de personas involucradas, no me extrañaría que se deban dictar leyes de amnistía. Así sucede a causa del voto obligatorio en los procesos electorales, en que a quienes no concurren a sufragar se les aplica una multa y después, dada la enorme cantidad de infractores, se dictan leyes de amnistía para que no la paguen. Y lo mismo ocurrirá con el registro que se propone.
A mi juicio, el esfuerzo del Estado no debe centrarse en la creación de registros burocráticos, sino en la realización de cambios significativos, que impliquen mejorar la calidad y los recorridos del transporte público, a fin de que este sea más amigable y no un sistema que persiga a los usuarios en forma creciente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.


El señor GIRARDI.- Señor Presidente, evidentemente, este problema no es de fácil resolución. Como el Senado sabe, el Ejecutivo, además del proyecto en debate, envió uno que le permite enmendar los contratos y establecer un marco regulatorio. Y en la Cámara de Diputados se tramita otro que otorga mayores recursos al Transantiago.
Muchos de nosotros hemos señalado que estamos dispuestos a entregar al Gobierno las facultades que pide para modificar los contratos, con el propósito de acoger lo planteado acá: dar a la Capital un sistema de transporte público que sirva a los usuarios. Para ello, resulta fundamental rectificar los actuales contratos -son garantistas y aparte de absurdos han demostrado ser un fracaso- y generar un equilibrio entre los prestadores, los usuarios y los trabajadores.
Nosotros estamos absolutamente disponibles para introducir mayores flexibilidades que las que se han discutido en materia de vehículos alimentadores y troncales. Esto no quiere decir que pretendamos que se vuelva al sistema de los buses amarillos, los que en realidad eran verdaderos camiones que recorrían la ciudad.
La idea es que, manteniendo el estándar de buses de calidad: pesados; la modalidad de gestión de flota y choferes con sueldo fijo, se puedan establecer niveles de flexibilidad para, entre otras cosas, disminuir los transbordos. Hoy día, muchas personas permanecen en el bus el doble del tiempo que en el pasado, por los problemas de frecuencia y de cobertura.
Hemos instado al Ejecutivo a informarnos qué quiere hacer en esta materia. Porque no basta con entregarle atribuciones genéricas. Queremos que las facultades que se le den las utilice para mejorar el transporte público en beneficio de los usuarios.
Además, hemos sostenido que el pago a las empresas debe supeditarse a que estas previamente cumplan con las leyes sociales; tengan respeto por la jornada de trabajo y el derecho a casino, y den cumplimiento a todas las normas legales básicas en cuanto a garantías laborales y condiciones mínimas de salud.
A nuestro juicio, estos problemas son integrales.
El proyecto en análisis es más bien general. Los miembros de la Comisión de Transportes hicimos presente al Ejecutivo la inconveniencia de crear una base de datos relativa a los pasajeros infractores. Pero, respecto de cuanto implique desafíos complejos, es preciso hacer diversas cosas a la vez.
Nosotros no aprobamos esta iniciativa para el actual sistema del Transantiago, sino para un proyecto integral que está presentando el Ejecutivo -se supone- y que modifica las regulaciones, que enmienda los contratos, que tiene -según el Ministro y el Subsecretario- interés genuino en establecer los instrumentos que permitan mejorar la calidad del servicio al usuario. Además, se están discutiendo recursos adicionales.
Pero ello, a mi juicio, requiere cambiar la cultura.
Con respecto a esta iniciativa, cabe observar que, si 30 por ciento de usuarios no pagan su pasaje -pareciera que hay una solidificación del 20 por ciento establecido-, lo único que se logra es imponer un gravamen a quienes cumplen. Y pienso que de esa manera el procedimiento va a fracasar, pese al esfuerzo que el Ejecutivo está haciendo, que contará con el apoyo de todos nosotros si se cumplen ciertas condiciones básicas, evidentes.
Imaginemos un escenario para implementar todas esas medidas. Si no actuamos aplicando también un desincentivo al no pago de las tarifas, el sistema va a colapsar.
En consecuencia, yo entiendo la preocupación del Honorable señor Longueira, porque la vivo cotidianamente como representante de la Región Metropolitana. Además, comparto la del Senador Navarro; pero considero que la solución no pasa por olvidarnos del problema: 30 por ciento de las personas no paga.
Estoy absolutamente de acuerdo en que no se puede introducir modificación alguna mientras no se encuentren implementadas las normas que el Ministerio de Transportes está planteando hoy día y que se ha comprometido adecuar justamente para mejorar la cobertura y la frecuencia del Transantiago, junto con disminuir los trasbordos y establecer más zonas pagas. Sabemos que los choferes de los buses, por el incentivo que tienen, no se detienen en los paraderos.
Evidentemente, entendemos todo aquello.
Considero este proyecto del Ejecutivo como un instrumento de apoyo en la perspectiva de que el sistema funcione en régimen, no antes. Y esto forma parte de las condiciones que nosotros mismos establecimos al Gobierno. No se puede exigir un pago y estipular sanciones si a la vez no se dan los mínimos niveles de calidad que la gente merece.
No obstante, poniéndonos en las circunstancias de que se pueda avanzar hasta tener un sistema que funcione en mejores condiciones, me parece muy importante consignar también un mecanismo de desincentivo, pero no a través del DICOM. Debemos procurar un instrumento inteligente, viable. De hecho, señalamos al Ejecutivo que el sistema planteado por él no nos parecía del todo factible y que podía generar justamente lo que se ha manifestado acá: una suerte de burocracia.
Pero lo cierto es que aquí estamos legislando en general, y tenemos que ver la iniciativa en un contexto mayor. Les pido que la consideren en función de las otras, porque no es la única que ha presentado el Gobierno para enfrentar el problema del Transantiago. De esa manera, nosotros, como Oposición, podremos hacernos cargo de la necesidad de mejorar ese medio de transporte.
Hemos planteado al Ejecutivo nuestra disponibilidad para establecer un protocolo de acuerdo sobre bases concretas, que tiendan a corregir el actual problema de traslado de los usuarios, de los trabajadores, y que den plena garantía de que los recursos que se van a entregar mejorarán el transporte público, el cual es fundamental para una parte muy importante de chilenos.
Yo, por lo menos, no tengo inconveniente en otorgar subsidios al Transantiago, porque están destinados a los más pobres, ya que los ricos no lo usan.
Ahora bien, si no se resuelve este tipo de problemas, por molesto que ello sea, tampoco nos haremos cargo integralmente de la situación relacionada con el sistema vigente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.


El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, doy por sentado que la evasión es un mal que queremos atacar y erradicar.
Ella consiste -como ocurre con la competencia desigual entre las empresas- en un abuso por parte de los listos y aprovechadores en contra de las honestas familias de trabajo y esfuerzo que pagan pasaje.
Eso sí que la evasión no se produce en cualquier lado. En el Metro de Santiago no acontece eso, aunque probablemente, en términos prácticos, se trata del mismo tipo de personas que se desplaza en buses alimentadores o en los troncales.
Tengo la convicción de que la única forma de atacar de manera seria la situación -es la opinión de nuestra bancada- consiste en abordarla desde otra perspectiva. Vamos a proponer al señor Ministro del ramo, cuando se lleve a cabo la discusión integral del Transantiago -respecto del cual este proyecto es una parte-, la necesidad de licitar las zonas pagas y de que los operadores se hagan responsables de quienes acceden a ellas, como condición previa para subir a un bus.
El diseño de los buses de tres puertas, con abordaje en lugares donde no hay acceso controlado o zona paga, es el corazón de la evasión y contribuye a la práctica abusiva de algunos.
Queremos atacar la evasión por ser uno de los problemas relacionados con el financiamiento del mayor sistema público de transporte de pasajeros.
No consideramos bueno un proyecto aislado como este, ni tampoco es conducente. Por ello, es necesaria una discusión global para después llegar a un acuerdo y ver qué instrumentos son los más eficaces.
Sin embargo, a lo anterior se suma una tremenda duda -por no decir abierta desconfianza- con respecto a la creación de registros en el país.
El DICOM -que administra el sector privado-, no debe utilizarse cuando la gente busca trabajo o requiere un crédito. En la actualidad, este mecanismo ha llevado a que algo que es propiedad de un individuo, como son sus datos personales, esté en lugares que no corresponden. Por tal motivo, hoy día se está discutiendo un marco regulatorio relacionado con esos antecedentes, su uso, autorización para el empleo de ellos, etcétera.
La creación de un sub registro en nada resuelve el problema.
Ignoro si en esta iniciativa legal se incluye una consideración especial. Entiendo que el señor Ministro dijo que eso iba a ocurrir. No sé si estoy equivocado, pero él señaló que haría algo. Se habló de las penas del infierno para quienes no pagaban -eso no figura en el proyecto, sino solo algunas multas- y de otro tipo de sanciones, como quitar ciertos derechos o algo más fuerte. Sin embargo, aquello no aparece. Lo que sí se consigna es esencialmente un marco de multas. Y quienes saben cómo opera el mecanismo podrán concluir que ello se resuelve en el juzgado de policía local. Lo único nuevo que aquí se propone es la creación de ese registro, el que, en términos prácticos, no sé para qué servirá; tal vez, para estigmatizar a personas o usarlo para otros fines.
En Europa, señor Presidente, cuando se quiso combatir la evasión en el transporte público de pasajeros, se dispusieron sanciones más graves: las personas iban presas. Y hasta el día de hoy se recluye a quienes no pagan. Hay una cultura, cierta conciencia al respecto. Pero en ningún caso se les ocurrió establecer un registro, por la convicción de que el uso de datos personales en esos sistemas no siempre es bueno.
Entiendo que aquí se pretende consignar un procedimiento para elevar las multas, pero en nada se ataca la causa de la evasión ni se busca una solución integral. Nosotros somos partidarios de una fórmula más completa, relacionada con el diseño, con la concesión o licitación de las áreas de pago y con que los operadores o terceros se hagan cargo de la recaudación. Y creemos que lo sugerido aquí no es lo mejor. Habríamos preferido -entendimos que así sería- que el Ejecutivo no insistiera en adelantar el envío de este proyecto, como tampoco los otros relacionados con el Transantiago, hasta no haber llegado a un acuerdo.
Como ahora solo estamos votando la iniciativa en general, no vamos a hacer observaciones sobre su mérito ni mayores cuestionamientos. Pero estamos ciertos de que, al final del día, esta no es la solución para enfrentar la evasión.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se ha solicitado abrir la votación.
¿Habría acuerdo para ello?
El señor BIANCHI.- Sí, señor Presidente, pero conservando los tiempos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Acordado.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.


El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, ciertamente, este proyecto no resuelve todos los problemas del Transantiago. Por lo mismo, como indicó el Senador Girardi, el Gobierno ha enviado tres mensajes distintos.
El primero dice relación al cambio de régimen jurídico del sistema de transporte público concesionado a los efectos de establecer que el servicio de transporte de pasajeros es un servicio público, de entregar facultades al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para, incluso, terminar con los contratos, y de dar una poderosa señal a los operadores del Transantiago para que finalmente hagan su pega.
Por otra parte, también entrega, en caso de quiebra o notoria insolvencia, la posibilidad de que el administrador provisional tome determinada malla concesionada.
La segunda iniciativa, actualmente en trámite en la Cámara de Diputados, instaura un subsidio adicional de 400 millones de dólares. Algunos Senadores de la Coalición por el Cambio le hemos hecho ver al Gobierno -en su momento se lo dijimos claramente- la necesidad de compensar lo anterior con las platas que perdieron las Regiones después del terremoto, en particular con las mermas y la redistribución de los fondos regionales. El Presidente de la República respondió de modo favorable a nuestra petición y la devolución de esos dineros está en proceso.
Aquí, entonces, nos enfrentamos a un proyecto cuyo propósito específico es enfrentar el problema de la evasión. Si queremos contar con un servicio de transporte público eficaz y eficiente, tenemos que terminar con lo que ha sido un cáncer del sistema: la evasión, incentivada en su oportunidad desde el propio Gobierno, que dijo: "Mientras haya un mal servicio, existe justificación para el no pago".
El asunto es que hoy ella ha alcanzado un nivel alarmante -estoy hablando del 18 por ciento- que indudablemente atenta contra el financiamiento del plan de transporte capitalino. Según expone el mensaje que contiene el proyecto, la evasión llega a la increíble suma de 6 mil millones de pesos mensuales, la cual resulta indispensable revertir para que aumenten los ingresos del sistema. ¡Seis mil millones de pesos!
En consecuencia, nos parece por completo acertada esta iniciativa, ya que constituye la única manera de disminuir la evasión y lograr dar viabilidad al Transantiago. Por ello, resulta plenamente pertinente que el no pago de la tarifa fijada sea castigado ahora como falta grave en lugar de leve y que, por lo tanto, el monto de la multa suba.
Lo que hay que cambiar es la cultura. Hay que establecer también una cultura del deber, no solo del derecho. Estamos ciertos de que en la actualidad el servicio que se presta dista muchísimo del que se prometió, tanto en la etapa de gestación como en la de implementación. Pero lo cierto es que hoy se debe sacar a flote un sistema que les cuesta no solo a los capitalinos, sino además a los habitantes de todas las Regiones, incluida la nuestra. Afirmamos que tenemos el servicio de transporte público más caro de Latinoamérica, junto con Concepción.
Es indudable que deben tomarse las medidas adecuadas para que, si se está prestando un servicio, si se está haciendo un esfuerzo importante por parte del Estado, también los usuarios cumplan pagando.
En nuestro concepto, resulta particularmente relevante que este proyecto haya contado con el pleno respaldo de la Asociación de Jueces de Policía Local.
En cuanto al registro, podría compartir algunas de las aseveraciones hechas acá. Sin embargo, hay que mandar una señal potente en términos de cambiar la actual cultura, a fin de generar asimismo una cultura del pago y el deber.
Quiero agradecer la actitud de los Senadores de Oposición en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Su Presidente, el Honorable señor Girardi, si bien ha hecho ver sus puntos de vista, ha respaldado este proyecto de ley al advertir que es posible efectuar la mejoría necesaria al sistema de transporte público en su integridad.
Por eso, deseo agradecer la actitud del Senador Girardi, de la Senadora Rincón. También la del Senador Cantero, la del Senador Novoa y la propia, aunque para nosotros es una obligación.
El señor CANTERO.- ¡No hay obligaciones!
El señor CHAHUÁN.- Claro, pero lo cierto es que estamos contribuyendo a mejorar el sistema de transporte público.
El señor CANTERO.- ¡Menos para los independientes!
El señor CHAHUÁN.- Sin embargo, hay que contribuir justamente.
Y, en ese sentido, quiero agradecer en particular la postura de los dos Senadores de Oposición, porque considero que el problema del Transantiago tenemos que solucionarlo entre todos.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.


El señor NOVOA.- Señor Presidente, en este Hemiciclo se han mencionado los defectos del Transantiago. Creo que todos los conocemos de más y son múltiples. Tienen su origen en un mal diseño; en contratos rígidos; en, probablemente, acuerdos tomados en cierto momento que hoy se ve que resultaron inconvenientes.
No considero necesario ahondar en ese punto.
Se ha expresado también que la solución debe ser integral, lo cual es obvio. Durante los 4 años que el servicio lleva en funcionamiento ha habido 20 ó 30 intentos de efectuarle correcciones parciales que no han funcionado, y sigue siendo muy deficiente para los habitantes de la Región Metropolitana.
Respecto al proyecto en discusión, quiero señalar, en primer término, que no se trata de una iniciativa aislada, y en segundo lugar, que no pretende ser una solución completa al problema.
Como ya se mencionó, existen otros.
Uno constituye un complemento del aporte financiero, que permitirá nivelar el sistema y tener un horizonte de aportes extraordinarios hasta el 2014.
Hay un segundo proyecto -en actual trámite en el Senado, pero ya aprobado en general por esta Corporación- que establece un marco regulatorio nuevo y le da al transporte colectivo concesionado el carácter de servicio público.
Sobre la base de tales iniciativas, es perfectamente posible iniciar la fase de modificación de los contratos, que no es fácil, para, de esa manera, realizar ajustes en lo que de verdad importa: que los recorridos sean adecuados a las necesidades de la gente, que los transbordos sean menores, que se puedan establecer zonas pagas, que se puedan regularizar las frecuencias y los horarios.
Toda esa parte, que no es de dominio legal -porque nosotros no vamos a fijar por ley los recorridos o la forma concreta en que va a operar el sistema-, es materia de una política de transporte. Y el Ministro del ramo ya ha manifestado estar dispuesto a recoger los planteamientos de los parlamentarios tanto de Gobierno como de Oposición.
Durante bastante tiempo fui legislador de Oposición. Y, además, como Senador por la Región Metropolitana fui muy contrario a la instauración del Transantiago. Incluso, me opuse desde antes, porque me di cuenta de que sería un problema. Sin embargo, ahora no nos queda otra alternativa que tratar de mejorarlo. Y ya hay proposiciones, tanto del oficialismo como de la Concertación, que apuntan en esa dirección.
Entonces, no veamos esta normativa como un proyecto aislado, sino como uno que forma parte de un conjunto de iniciativas legales que además van unidas al diseño de un plan para mejorar el sistema, plan que, por cierto, no va a operar de un día para otro, sino que va a requerir un tiempo. Por lo menos es necesario que existan las herramientas para poder elaborarlo.
Ahora bien, yendo específicamente al proyecto en discusión, que busca evitar la evasión, quiero decir que se trata de una iniciativa muy simple. Básicamente, le da al no pago de la tarifa de la locomoción colectiva la connotación de una infracción menos grave, de manera que la multa pueda ser superior a la actual.
¿Por qué es necesario hacerlo? Porque, por desgracia, se produjo una cultura de no pago que resulta dañina, abusiva y perjudicial para quienes pagan.
En segundo lugar, se dice que la evasión, en promedio, alcanza a casi el 20 por ciento. Pero la realidad es que ese es un promedio, pues toda la gente que anda en Metro paga y en muchas líneas el no pago es menor. Ello significa que hay lugares donde la evasión alcanza a 50, 60 ó 70 por ciento.
Por lo tanto, resulta necesario contar con mecanismos para fiscalizar esa situación. Aquí no se trata de multar a 2 millones de personas ni de crear otro DICOM, sino de que los encargados tengan al menos alguna atribución para exigir el cumplimiento de la ley. ¿Cómo se hace eso? Mediante inspectores que controlen y puedan pedir a quienes no pagan que bajen del bus, dejándolos notificados al juzgado de policía local correspondiente.
Denantes un Senador señaló que en Europa a los evasores los metían presos. Bueno, si el Gobierno presentara un proyecto que asignara pena corporal a quienes no pagan, me gustaría saber el escándalo que se armaría. Aquí, modestamente, se está planteando una multa.
Ahora, en cuanto a si se debe establecer o no un registro, eso es parte de la discusión particular.
El objetivo principal de la iniciativa es consagrar un mecanismo que permita controlar algo evidente: el pago de la tarifa. Y eso solo se logra otorgando atribuciones a los inspectores para ser eficaces, y la forma de serlo es citando a los infractores al juzgado de policía local pertinente. El proyecto no va a solucionar todo el problema de la evasión ni las diversas dificultades que enfrenta el Transantiago, pero, en un sistema en que la cancelación de la tarifa ya no será de competencia del mercado ni del interés del conductor de turno, alguien debe preocuparse de que los usuarios paguen.
Hoy no existen incentivos para que se preocupen del pago ni las empresas ni sus choferes. Antes, una de las críticas que se le formulaban al sistema de los buses amarillos era que los conductores corrían y competían por los pasajeros, lo que obviamente reducía a cero por ciento la evasión, pero elevaba el peligro de accidentes del tránsito.
Entonces, como ahora no existen esos incentivos, se debe crear un mecanismo para que el pago de la tarifa -una cosa elemental- pueda ser exigida de alguna forma.
Con tal propósito, la iniciativa establece una multa -no muy elevada, pero que no deja de ser: son 50 mil pesos o algo así-, y en segundo lugar, propone la creación de un registro.
Pienso que este puede ir o no -eso será parte de la discusión particular-, pero la señal de establecer que existe la obligación de pagar y de que el incumplimiento de dicha obligación acarreará una multa es lo mínimo que nosotros podemos hacer como legisladores para cubrir este aspecto del problema que es la evasión.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.


El señor BIANCHI.- Señor Presidente, ¡qué gran negocio ha sido el Transantiago para los bancos, para la empresa SONDA, para los operadores, y qué espantoso negocio ha sido para los ciudadanos que deben usarlo!
Recuerdo que cuando recién se comenzó a discutir la idea del plan de transporte capitalino, en algún momento el Senador Eduardo Frei hizo la pregunta de qué tipo de transporte queríamos para Chile: un transporte público, uno de carácter mixto o uno privado. Y ahora seguimos discutiendo el tipo de transporte que se necesita, no para Chile, sino solo para Santiago.
Yo voy a concurrir con mi voto favorable a la aprobación del proyecto porque debo entregar una señal consecuente. Por supuesto que en las demás Regiones del país no gozamos de este beneficio especial que tienen los usuarios del Transantiago. Malo, regular o bueno, es el Estado el que, al fin y al cabo, financia parte importante de un sistema mal concebido desde su origen: contratos absolutamente perversos, que propician incentivos contrarios a todo evento. Claro, a la gente le da lo mismo pagar o no pagar porque de todos modos el Fisco deberá responder por el pago de la tarifa.
En resumen, señor Presidente, a mí la consecuencia me hace expresar que hoy nosotros no podemos entregar una señal distinta, no podemos entregar una señal que ampare a la gente que no paga y evade su responsabilidad, cuando los más están cumpliéndola y, fundamentalmente, cuando en las diversas Regiones del país no tenemos estos buses oruga (malos o buenos -repito-; es lo que hay), pero se paga cada centavo y no existe evasión.
Entonces, la señal que nosotros debemos dar desde las Regiones es obviamente, la de que no podemos amparar la evasión, aunque ello signifique volver a aprobar un mal proyecto.
Pero si alguien debiera encabezar la lista, esa persona tiene nombre y apellido. La persona o las personas responsables de este pésimo sistema de transporte público tienen nombre y apellido.
Por eso yo no me voy a detener en el análisis de si esto es otro DICOM o no. ¡No! Yo creo que la gente que no paga el servicio debe asumir su responsabilidad. Los que pagan el servicio son los más. Y, obviamente, me gustaría mucho que en algún momento el Gobierno actual enviara una iniciativa de ley que apuntara a una solución técnica.
Seguimos amparados en un acuerdo político, no técnico. Más allá de lo indicado por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra -que dio toda una demostración técnica de lo que debieran ser las soluciones-, lo que aquí hubo fue un acuerdo político que al día de hoy no ha resuelto los aspectos técnicos del peor de los desastres, del peor de los proyectos, que hemos votado una y otra vez sin encontrarle solución.
En definitiva, lo que uno debiera preguntarse es cuándo vamos a poder hablar de un transporte público, o mixto, o el que fuere, pero que sea igual para todo el país.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.


El señor SABAG.- Señor Presidente, no iba a intervenir, pero el lunes me tocó, en mi calidad de Presidente de la Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, revisar la partida del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, donde tuve la oportunidad de expresarle al titular de dicha Cartera lo que yo pensaba sobre el sistema y lo que había escuchado esa mañana en mi oficina del Parlamento en Santiago.
Llegó una persona que me señaló que de 40 personas que suben a un bus del Transantiago solo pagan 5 ó 6. El resto, no. Y que más encima se ponen a discutir en el trayecto: "¡Tú eres tonto porque pagas!", "¡Y tú, sinvergüenza porque no pagas!". Es decir, se produce una pelea entre los tontos que cumplen y los hábiles que no lo hacen.
Las consecuencias son las que estamos viviendo hoy respecto de un sistema que se trata de modernizar, que a lo mejor se implementó mal, pero en el que, de una manera u otra, todos tenemos responsabilidades.
Las micros amarillas andaban por montones, una detrás de otra, dejando humaredas por Santiago. Era un mal sistema de transporte de pasajeros, pero al Estado no le costaba un solo peso y la gente llegaba a todas partes.
El señor BIANCHI.- ¡Así es!
El señor SABAG.- Entonces, tratamos de modernizarnos.
Yo lo dije aquí. Frente a La Moneda, por calle Teatinos, había una corrida interminable y permanente de buses amarillos. "¡Oiga, pero en qué país estamos! ¡El progreso que estamos teniendo...!".
Y, bueno, se llegó al Transantiago. A lo mejor se implementó mal, a lo mejor todos estos acuerdos han significado que el chofer ahora no cobre la tarifa. Pero se olvidan que hace mucho tiempo que no matan a un conductor. Antes, ¿cuántos eran asesinados justamente para quitarles la recaudación de la caja?
En fin. Se ha ido buscando la manera de mejorar el servicio para ponerlo a tono con el grandioso avance que hemos tenido en todos los niveles en nuestro país. Y llegamos a este sistema.
Hubo colegas que fueron expulsados del partido sencillamente porque no dieron su asentimiento a la destinación de fondos para tal efecto en su oportunidad, la cual fue aprobada con nuestros votos.
En fin, en esta materia ha habido muchos dramas, y seguimos con esta situación. Cuando ya pensábamos que se habían asignado recursos hasta el año 2014, resulta que ahora nuevamente se habla de destinar una cantidad de dinero similar, lo cual seguramente veremos en algunos días más.
Ahora bien, el Gobierno trata de ponerle coto a la evasión en el pago de tarifas. Esta puede ser una de las causas claras del déficit en el sistema de transporte. Pero a lo mejor hay otras. Por ejemplo, antes veíamos que se pagaba la prestación de servicio saliera o no saliera el bus a trabajar. Creo que eso ya se ha ido remediando.
Y se cometieron muchos otros vicios tal vez por inexperiencia, porque se partió inmediatamente con todo el sistema cuando se pudo haber comenzado con una sola línea, y haberla ido mejorando paulatinamente.
Pero esas cosas ya pertenecen al pasado. Ahora debemos hacernos cargo de la "criatura" y ver cómo solucionamos este problema.
Aquí el Gobierno nos presenta una alternativa: llevar un registro de las personas que no pagan. Por lo menos quedará constancia de las que son honestas, de las que responden por los servicios que presta el Estado y de aquellas que desean aprovecharse de ello. Y habrá un antecedente: se aplicará una multa, existirá un registro que servirá para determinar quiénes son ciudadanos honrados en Chile y quiénes tratan de sacar ventaja de la modernidad, cual es la circunstancia de que nadie cobra la tarifa al interior del bus.
En otros países vemos que para comprar un periódico las personas sacan un ejemplar, dejan la plata ahí y retiran el vuelto. ¿Qué pasaría si uno de los nuestros llegara a ese lugar? ¡Pescaría el diario y todo el dinero, pues!
Entonces, en materia de responsabilidad de los ciudadanos a lo mejor todavía no alcanzamos un nivel de progreso similar al de otras naciones.
Aquí confiamos en que las personas honrarían el servicio que se les prestaba, el cual ha ido mejorando ostensiblemente gracias a los esfuerzos de la Administración.
Por eso, voy a aprobar este proyecto, porque entiendo que responde a la preocupación del Gobierno, al igual que otras iniciativas que vendrán, por que existan mayores facultades y atribuciones a fin de que los que no cumplan como empresarios también reciban las sanciones correspondientes.
¡Hasta cuándo vamos a seguir destinando fondos a este sistema, que podrían ser muy útiles para satisfacer grandes necesidades existentes en nuestro país!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la verdad es que cuando uno revisa las informaciones sobre los niveles de evasión que se han registrado, resulta impresionante constatar la cantidad de recursos que se ven involucrados.
Las pérdidas diarias llegan a 300 mil dólares, lo que equivale a cerca de 80 millones al año.
Y al reflexionar acerca de lo que esto significa para las Regiones, cuesta oponerse a una iniciativa de esta naturaleza.
Como dije en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, a pesar de mis reparos, consideraba necesario aprobar este proyecto en general a fin de poder analizarlo en particular. Porque pienso que el texto enviado por el Ejecutivo no es suficiente: no basta con la creación de un registro de pasajeros, que, además, al cabo de tres años se borra automáticamente, sin que exista en rigor ninguna sanción mayor que el figurar en el llamado "DICOM", como se ha dicho en esta Sala.
Es importante destacar ese punto cuando se observa la realidad de las Regiones.
Como decíamos, a raíz de la discusión de la iniciativa que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado y de la relativa a la subvención en materia del Transantiago (que se discute en la Cámara de Diputados), es injusto, desde el punto de vista de la equidad territorial, inyectar recursos al transporte público de Santiago cuando en el de comunas rurales o urbanas de nuestro territorio nacional que no pertenecen a la Región Metropolitana no se ha efectuado una intervención de tal naturaleza.
El señor PROKURICA.- ¡Gracias a Dios!
La señora RINCÓN.- En ellas, Su Señoría, las tarifas son tremendamente caras, no hay paraderos, no existe transporte de calidad, no se ha modernizado la maquinaria, aunque, obviamente, reconozco la mala implementación del Transantiago.
Creo que las Regiones se merecen también una discusión al respecto. Y coincido con lo señalado por el Honorable señor Letelier: nos gustaría que todas estas materias se abordaran en una normativa sobre el transporte público en general, no solo el de la Capital, que afecta a 40 por ciento de los habitantes del país, sino el de todos los chilenos y chilenas.
Por eso -insisto-, en la Comisión di mi aprobación a la idea de legislar del proyecto, y también lo haré ahora, haciendo el reparo de que su texto quedará solo en el papel, sin provocar ninguna consecuencia práctica, y entendiendo que detrás de este debate se encuentra la necesidad de regularizar el pago en el pasaje del transporte público.
Debemos llevar esta discusión al país en general. Tenemos que pensar que cada peso que no se paga en el transporte público de Santiago es uno que se les quita a las Regiones, y que cada vez que subvencionamos la evasión les negamos recursos a los habitantes del resto del país. Eso no puede mantenerse.
Además, cuando dimos el respaldo en general a esta iniciativa lo hicimos para demostrar una vez más nuestra disposición a legislar y a no obstruir los proyectos que le interesan al Gobierno, pero nos gustaría ver esa misma disposición en el Ejecutivo para discutir las iniciativas que como parlamentarios de la Concertación creemos necesario impulsar.
Voto a favor, señor Presidente, haciendo la salvedad de que en la discusión particular debemos perfeccionar esta normativa, y de que nos gustaría observar la misma reciprocidad en el Gobierno con los proyectos de la Concertación.
El señor PIZARRO (Presidente).-Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.


El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, a mí me enseñaron, y ojalá esto se hubiera consolidado a través de los años en la cultura chilena, que las deudas se pagan, la palabra escrita o no escrita se cumple, y que la mayor obligación de dar testimonio en esta materia recae en quienes tienen más posibilidades de acceder a la cultura, a la educación, que de alguna manera son los líderes del país.
También me enseñaron que la justicia es una forma de igualar las obligaciones y las diferencias entre las personas. No se le puede pedir al más pobre, al más pequeño, al más ignorante, que cumpla lo que otros no.
Y cuando ello ocurre, surge la duda acerca de cómo aplicar la justicia y la ley.
Cuesta mucho decir "No voy a sancionar a una persona que deja de pagar en el Transantiago". Nosotros, cuando éramos jóvenes, anduvimos en los buses amarillos, colorados, verdes, y siempre sufrimos por un pésimo servicio en Santiago o en Regiones. Pero eso no justificaba no pagar por él.
Por lo tanto, en primer lugar hay que resolver el problema a fin de que paguen los que tienen que hacerlo.
En segundo término, es preciso considerar que las condiciones de las personas para cumplir con su deber están dadas por el cuadro cultural que recibimos entre finales del siglo XX y comienzos del XXI, en que al parecer los más poderosos, los que más tienen, los que más ganan son los que menos cumplen.
Y se observa algo muy extraño: sancionamos a las personas incultas, torpes, que no quieren pagar 10 ó 500 pesos, a las que les pena que todos los días haya otras que burlan la ley, a sus empresas, a sus trabajadores y a los demás.
Entonces, la pregunta es: ¿se puede dejar de sancionar a quien no paga? ¿Es posible asilarse en la expresión clásica de que la justicia tiene que ser justa ante todo?
Yo no voy a votar a favor este proyecto. Se los digo sinceramente. Me parece un escarmiento innecesario. Porque también es obligación de quien da un servicio, generar condiciones para que no surja la tentación de burlar el sistema.
Cuando se señala que la evasión es tan brutal, uno debe preguntarse honestamente, ¿qué está pasando en el servicio para que un porcentaje tan alto de usuarios -alrededor de 20 por ciento- sea capaz de evadir el pago? Es evidente que hay un mecanismo que ayuda a que se produzca ese fenómeno.
Entonces, aquí estamos atacando solo un punto y no dando una solución general.
Otro aspecto, señor Presidente, tiene que ver con que algunos -se ha sostenido con mucha fuerza- ganaron con el Transantiago. Una empresa que, según entiendo, ahora ya no está en ese rubro, ha ganado mucho dinero, y así lo dice su propio dueño. Pero, de acuerdo a lo que se comenta, también se han beneficiado los bancos. Y hoy día, con un reajuste de uno por ciento -el cual yo no voté- y una inflación de 3, 4 ó 5 por ciento, hay empresarios bancarios que ganan mucho dinero con este sistema, del orden de cuatro a cinco veces ese porcentaje.
No conozco las cifras. Pero se dice que, al menos por los montos que he recogido, los bancos llegan a ganar anualmente del orden de 20 y 25 por ciento entre su capital y sus ingresos.
Por lo tanto, en esas condiciones, para sancionar a quien no paga 500 pesos por el pasaje, no me parece cuerdo que se recurra a una ley tan extraordinariamente mal aplicada, tan distinta e imposible de justificar ante una ética comercial mínima.
Los que tratamos de aplicar nuestra visión humanista cristiana, de repente, caemos en dudas existenciales. Y yo me guío por lo que ha sido mi pensamiento clásico. Es decir, en determinado caso, cuando tengo dudas técnicas, entre un soberbio y un humilde, estoy con el humilde. Y cuando me surgen dudas entre un millonario, un rico o un hombre que lo tiene todo, y alguien que gana muy poco o comete un error menor, me quedo con el segundo. No es fácil, lo reconozco.
Con franqueza, no voy a votar a favor de la iniciativa, porque esta doctrina es muy alta, muy antigua, con relación a cosas parecidas.
Un Honorable colega, aquí a mi lado, me dice que eso lo trasmitió Lenin. Pero no fue así: lo hizo Jesús hace muchísimos años.
Señor Presidente, el último argumento que tengo para no votar favorablemente se refiere a que se ha señalado que existe un acuerdo, un planteamiento que conocen los que han estado trabajando en la materia, y es que el Gobierno va a enviar un proyecto completo. Y en ese proyecto completo, amplio, genérico, veremos cómo se aplica esta norma, en términos que sean equitativos para lo que corresponde hacer con el resto de las cosas.
Pero seguir sancionando a cierto sector, dejando impune al otro, a mi juicio, solo agudiza algo que es extremadamente peligroso y que se está introduciendo en nuestra cultura. Aquí la norma es no pagar. Pero es peor cuando la justicia o la ley chilena, que nosotros mismos hemos aprobado, termina ratificando que las posibilidades de ser sancionado son mayores para quien debe un peso que para el que debe mucho y no paga.
Por último, al final del proyecto hay un punto que es bastante curioso, porque con el transcurso del tiempo la pena se extingue. Por lo tanto, una persona puede permanecer 2 a 3 años con el estigma de ser deudor y terminar su sanción en cero. Ello, quizás, sirve para justificar que los perdonazos a través de los años han sido tantos que, por lo menos, habría que hacerlos equivalentes en uno y en otro sistema.
No me parece que este sea un buen proyecto, ni que sea la oportunidad de presentarlo. Espero que haya una suerte de visión más global, porque el tema -insisto, también lo comprendo- debemos resolverlo. Pero me he acostumbrado a ver que cuando hay grandes pérdidas, también hay grandes ganadores y gente que se aprovecha, siendo la misma ley la que les permite beneficiarse. Y no quiero cargar eso en mi visión de cómo se aplica la justicia.
Voto que no.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.


El señor PROKURICA.- Señor Presidente, las intervenciones que hemos escuchado hoy día en la tarde me obligan a exponer un par de ideas.
¿Quiénes son los verdaderos responsables del Transantiago? Aquí no se ha dicho nada de eso. De modo que la pregunta del Senador Navarro es absolutamente legítima.
Muchos creen que el proyecto del Transantiago fue materia de una ley que aprobó el Parlamento. Pero eso no se le preguntó a nadie. En una oportunidad se vino solo a exponer, y recuerdo -por lo que señaló el Honorable señor Novoa- que fue en la Comisión de Transportes del Senado. Varios parlamentarios le planteamos nuestra preocupación al Ministro de la época por el destino y el resultado que tendría ese proyecto estrella de los Gobiernos de la Concertación, no solamente para la gente, sino también para los miles de pequeños y medianos empresarios de Santiago, dueños de los buses amarillos, que con su trabajo habían mantenido por años a familias completas.
Yo me pregunto, ¿dónde están los genios que crearon este monstruo que se ha tragado más de 5 mil millones de dólares hasta la fecha? ¿Han tenido alguna sanción? ¡Ninguna, señor Presidente!
Estoy de acuerdo con el Senador Navarro: los culpables, el ex Presidente Lagos y la ex Presidenta Bachelet, no han pagado ningún costo; no han dado la cara; no han pedido perdón al país ni a las miles de familias que han sido destruidas por andar horas arriba de las micros antes de llegar a sus casas. ¡No han pedido perdón a nadie! Tampoco he escuchado aquí que algunos de las bancas del frente les digan a sus ex Presidentes que crearon esa maravilla que se disculpen ante las miles de familias que han destruido.
Como si esto fuera poco, en estos últimos días, algunos "cara de palo" le han sugerido al Presidente Piñera que dé excusas por el Transantiago. ¡Perdón! Y como si eso fuera poco, le niegan el voto para aprobar pequeños proyectos que, por supuesto, no resuelven la situación de fondo.
Este parece ser, señor Presidente, un hoyo negro, un problema sin solución.
Ahora, nadie piensa que la iniciativa que sanciona a quienes no pagan y eluden el costo del pasaje vaya a resolver todas las dificultades. ¡Obvio que no lo hará! Pero nosotros no podemos seguir amparando la evasión y la frescura. Tenemos que terminar con esto, porque lo que está haciendo la evasión es que paguen todos los costos las pocas familias que están dispuestas a cumplir con su responsabilidad por andar en el transporte público.
No voy a describir la molestia que produce a quienes vivimos en Regiones observar que los Gobiernos están preocupados solo del transporte público de Santiago, generando y poniendo más y más recursos para ello, mientras el pasaje de dicho servicio en el resto del país sigue subiendo de acuerdo al precio internacional de los combustibles.
Por eso, señor Presidente, le digo a mi Gobierno: voy a votar a favor del proyecto; sin embargo, espero que si se otorgan más recursos para el Transantiago, deberá haber también una compensación para las Regiones. Porque si no, mi voto no estará disponible para darle nuevos dineros a ese monstruo que creó la Concertación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.


El señor GARCÍA.- Señor Presidente, ante todo, los fundamentos que hemos escuchado coinciden en que es necesario aprobar el proyecto de ley para sancionar a los pasajeros del Transantiago que no paguen el respectivo pasaje.
Pues bien, debo hacer presente que estamos modificando la Ley de Tránsito para agregar como infracción o contravención grave el no pagar la tarifa en vehículos de la locomoción colectiva en todo el territorio nacional. De manera que la ley en proyecto no solo afectará a los usuarios del Transantiago en la Región Metropolitana, sino a los del transporte público en todo el país.
Quiero que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, al revisar en particular el proyecto, tenga especial cuidado, porque, según entiendo, a quienes han sido objeto de determinado número de infracciones de tránsito de carácter grave les pueden quitar la licencia de conducir o negar el derecho a renovarla.
¿Estamos dispuestos a castigar de esa manera a una persona que, en cualquier lugar de Chile, no paga el pasaje de la locomoción colectiva?
Si así fuera, me parecería francamente excesivo; entre otras cosas, porque por esa causal podríamos estar dejando a alguien sin posibilidades de trabajar.
En segundo lugar, también pido ser extremadamente cuidadosos en la redacción del artículo 2° que se nos sugiere.
Dice el artículo 22 que mediante aquel precepto se propone agregar a la ley N° 18.287: "Los infractores que fueren condenados por no pagar la tarifa en el transporte público de pasajeros serán anotados en un `Sub Registro de Pasajeros Infractores¿ que se creará en el `Registro de Multas del Tránsito no pagadas¿.".
La verdad es que no queda claro si se ingresará al Registro por el solo hecho de haber infringido la norma que obliga a pagar el boleto de la locomoción colectiva o también por no cancelar la multa emanada de aquella infracción.
Creo que hay que aclarar ese punto.
Por último, debo decir que yo al menos no quisiera que el Registro en comento, si fuera necesario crearlo, luego anduviera circulando; fuera vendido, como ocurre con otra información personal de carácter sensible, y finalmente sirviera para fines por completo ajenos al de controlar la evasión en los sistemas de transporte público de todo el país.
Con tales prevenciones, señor Presidente, voto a favor del proyecto, en el bien entendido de que es necesario mejorar su texto.
Yo estoy de acuerdo en que multemos a quienes no pagan su pasaje en la locomoción colectiva y también en que se cobre la multa aplicada, pero no en que se lleve a la gente a situaciones que van a perjudicar su vida personal o comercial, su inserción en la sociedad. De lo contrario, en mi concepto, no estaríamos ante medidas disuasivas, sino frente a una penalización del todo exagerada.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.


El señor ESCALONA.- Señor Presidente, luego del exabrupto del Senador Prokurica, creo que resulta indispensable restablecer algunas normas básicas de la verdad.
Tengo acá un documento, fechado el día 27 de marzo del año 2007, donde figura la intervención en que la Presidenta Bachelet pide disculpas públicas por el Transantiago.
Ese es el primer establecimiento de la verdad que hay que poner de manifiesto aquí, en la Sala.
A mi maestro Clodomiro Almeyda le gustaba repetir que "Las cosas, por sabidas, se callan, y por calladas, se olvidan".
En este caso, ese Honorable Senador desgraciadamente olvidó que la Presidenta de la República, en representación de su Gobierno y acompañada de los miembros de su Gabinete -entre ellos, su vocero, el actual Senador Ricardo Lagos Weber-, pidió excusas por las consecuencias que tuvieron para la ciudadanía de todo el país, pero en particular para la de la Región Metropolitana, los graves defectos y errores derivados de la implementación del llamado "Transantiago".
En segundo lugar, el Honorable señor Prokurica olvida que el Acuerdo Político del año 2009, que permitió legislar sobre esta materia, estableció en la ley respectiva la Comisión de Expertos que, entre otras cosas, se pide ahora modificar en el proyecto de ley que se halla en la Cámara de Diputados. Pero esa propuesta fue de la Oposición de entonces: ¡la bancada de Senadores en que participa el Senador Prokurica!
Por tanto, no resulta válido el ejercicio de mirar de forma enteramente unilateral el proceso que todos hemos vivido.
Yo también podría recordar -pero no tiene mucho sentido- las tensas sesiones habidas cuando fueron rechazadas las propuestas de financiamiento que formuló, al menos en dos ocasiones, el Gobierno anterior. Afortunadamente, luego ese clima fue reemplazado por el del Acuerdo Político.
Por consiguiente, con relación a esta materia, creo que es incorrecto el ejercicio de mirar la verdad de una manera tan enteramente unilateral y en blanco y negro.
Al menos yo, las veces en que he participado en este debate he señalado que quienes formamos parte de la Concertación tenemos en este aspecto, obviamente, una inequívoca responsabilidad.
Antes de concluir mi argumentación, señor Presidente, quisiera también traer a colación la declaración pública del 19 de diciembre del año 2007, difundida por los medios de comunicación, donde el ex Presidente Ricardo Lagos, "con dolor", pide perdón por el Transantiago.
Ese es, asimismo, un hecho público y conocido.
¿Por qué digo esto? Primero, porque es conveniente tener bien clara la memoria sobre los hechos, y segundo, para poder disponer de libertad de opinión.
¿Y por qué me refiero a la libertad de opinión? Porque considero que establecer en el proyecto que nos ocupa un "Sub Registro de Deudores" puede tener insospechadas consecuencias negativas, ya que, como bien señaló el Senador García -aunque él argumentó en un sentido distinto-, la Ley de Tránsito consigna una serie de penalidades.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?, ¿cuántas personas evaden el pago? ¡Son decenas de miles!
Entiendo que los técnicos señalaron en la Comisión que la principal causa de desfinanciamiento del sistema es precisamente la evasión. Por consiguiente, decenas de miles de personas pueden sufrir, si nosotros aprobamos de manera desaprensiva esta iniciativa de ley, consecuencias que en este momento no visualizamos con claridad -por ejemplo, sanciones civiles o penales; privación del carné de conducir, en fin-, lo cual puede convertirse a la postre en un lastre desde el punto de vista de lo que se quiere obtener.
Yo, de verdad, creo que no es esa la intención del Gobierno. Lo siento así.
Pude conversar en una ocasión con el Ministro de Transportes, don Felipe Morandé, y nunca entendí de sus palabras que quería resolver los problemas de la evasión por la vía de penalizar a decenas o centenares de miles de personas.
Entonces, tal vez lo que ocurre aquí es que se está legislando sin medir lo que puede suceder con la ley en proyecto.
El sistema político de nuestro país, a mi entender, no se halla en condiciones de sancionar a cientos de miles de habitantes por la evasión que se registra en el Transantiago.
En las comunas populares de la Región Metropolitana, donde todos tenemos responsabilidad -porque el alcalde y los concejales pueden ser de Gobierno o de Oposición- y en que la evasión es masiva, las consecuencias de medidas como las sugeridas pueden ser incalculables.
Este proyecto, señor Presidente, no va al corazón de las propuestas formuladas por el Gobierno.
Hemos señalado que, frente a las radicadas aquí, en el Senado, tenemos la mejor disposición, naturalmente sobre la base de corregir lo que -entiendo yo- cuenta con acuerdo: que en lo referente al financiamiento haya el mismo criterio que se aplicó en las leyes anteriores; es decir, un peso en la Región Metropolitana, un peso en las demás Regiones.
Mecanismos como el que sugirió el Senador Letelier -generar un dispositivo de control que obligue a las personas que utilizan el sistema de transporte público a pagar- pueden ir al corazón del problema y a la superación de la evasión.
Pero tenemos la sensación de que, en este caso, el "Sub Registro" que se plantea puede significar una penalización francamente inconveniente para centenares de miles de personas de la Región Metropolitana y, al final, ser una dificultad insoluble para el sistema político del país.
No desearía yo que de aquí a dos o tres años hubiera una iniciativa con "discusión inmediata" al objeto de eliminar las consecuencias derivadas de la ley en proyecto.
En virtud de lo expuesto, no con el ánimo de entorpecer el mejoramiento del Transantiago, sino porque estoy convencido de que la ley en proyecto puede transformarse en un gran problema para el sistema político, voto en contra.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis para fundar su voto.


El señor ORPIS.- Señor Presidente, al leer el informe emitido por la Comisión (página 7), desprendo que la evasión de que se trata está castigada hoy como falta leve.
Dice textualmente ese documento: "El proyecto de ley, en estudio, propone elevar las multas que están establecidas en la Ley de Tránsito para estas faltas, pasando la falta de leve a la categoría de falta grave. En la actualidad, una falta leve se sanciona con una multa cercana a $18.000, en cambio, una falta grave paga como máximo $56.000,...".
Por lo tanto, se me suscita una cuestión previa: si se han aplicado o no las multas consignadas en la legislación vigente.
Para mí, ese es un elemento fundamental a los efectos de determinar la evasión.
No tengo la menor duda de que, si se hubiera sancionado la referida falta en los términos que señala el informe, la evasión habría sido bastante menor.
En segundo lugar, desde un punto de vista más bien formal, tengo testimonios respecto a las multas que se cursan en el ámbito de las concesiones viales en cuanto a que los juzgados de policía local se hallan completamente colapsados.
Ahora, aquí no se ha citado a esos tribunales ni a las municipalidades para escuchar su parecer acerca del impacto financiero que podría tener el llevar procedimientos en el área que nos ocupa.
Desde esa perspectiva, podemos encontrarnos con que se dicte una legislación y, como ha ocurrido muchas veces en el Parlamento, ella esté completamente desfinanciada y, por ende, no pueda aplicarse.
Yo tengo la impresión, por citaciones anteriores cursadas a la Asociación de Jueces de Policía Local, de que el gran cúmulo de trabajo ha colapsado los tribunales de este sector, particularmente por el impacto que ha provocado lo de las concesiones viales, al punto de que los partes de este ámbito están llegando con retraso de dos a tres años.
La proposición de ley que se nos ha traído esta tarde va a significar una cantidad inmensa de multas, para las que, en mi concepto, los juzgados de policía local no están preparados.
Entonces, señor Presidente -retomo mi argumentación-, creo que primero hay que preguntar si se ha aplicado o no la multa correspondiente a la falta leve que prevé la actual Ley de Tránsito, y segundo, en caso afirmativo, ver los efectos que ello ha tenido.
Considero esencial determinar aquello antes de elevar el monto de las multas. Porque, a mi entender, nada sacaremos incrementándolo si al final no se va a materializar la sanción.
Existen muchas interrogantes que habría sido bueno tener presentes antes de votar la idea de legislar.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Pérez para fundar su voto.


La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, en la misma línea, estimo que los Honorables señores García y Orpis colocaron énfasis que deseo tomar: uno, en la legislación vigente, y otro, en la evasión de que es objeto el sistema de transporte público.
Si hoy día no existe un diagnóstico claro con respecto a cómo ha andado la fiscalización, es muy difícil que tengamos una visión certera sobre el problema que nos inquieta.
El colega García, además, puso énfasis en algo que me parece relevante mencionar esta tarde.
Al legislar en el sentido de que el no pago de la tarifa en los vehículos de la locomoción colectiva será considerado infracción o contravención grave, debemos tener en cuenta que una falta de tal naturaleza, por ejemplo, incide en el cumplimiento de uno de los requisitos que se exigen para postular a la licencia de conducir: el de no tener en los cinco años previos registro de una transgresión de aquella naturaleza. De lo contrario, les causaremos un problema enorme a quizá cientos de miles de personas que necesiten renovar su carné de chofer.
Señor Presidente, comprendo y comparto absolutamente -tal como lo dijo, por ejemplo, el Senador señor Prokurica- el espíritu de la ley en proyecto, en términos de que el Ejecutivo busca, como forma de evitar la evasión, sancionar a quienes no pagan la tarifa en el transporte colectivo.
En eso estamos todos de acuerdo, pues con aquel tipo de conducta se perjudica a aquellos que hacen el esfuerzo y pagan como corresponde.
Pero el punto estriba en que, respetando el espíritu de lo que nos pide el Gobierno, al que por cierto vamos a apoyar, hay que mirar bien en detalle y analizar muy profundamente el articulado durante la discusión particular. Porque, señor Presidente, podemos cometer un error enorme si a la ley en proyecto no se le introducen por la vía de las indicaciones las enmiendas que requieren muchas de sus normas.
Por otra parte, a las Senadoras y a los Senadores de Regiones, que somos una gran mayoría, nos da una rabia y una impotencia enormes ver cómo siempre hay que estar resolviendo el problema del Transantiago, que les trastornó la vida a los capitalinos, mientras nuestra gente, aquella a la que representamos, no recibe ninguna compensación en materia de transporte público.
Si aquí mismo, donde está el Senado de la República, en la Región de Valparaíso, queremos reabrir la estación Merval para la nueva provincia de Marga Marga, pero no hay recursos; deseamos tener la estación Rumié, y tampoco existen fondos.
¡Un kilómetro entre Quilpué y Villa Alemana sale más caro que un kilómetro en la Capital!
Eso es lo que nos pasa a las Senadoras y a los Senadores de Regiones, quienes vemos con impotencia cómo cada peso se va finalmente a paliar "el desastre del Transantiago".
Por lo mismo, creemos que nos hallamos ante una buena oportunidad, a partir de este proyecto de ley, que busca sancionar a quienes evaden el pago de la tarifa en la locomoción colectiva y no ayudan a resolver el problema existente hoy día, para despachar una legislación adecuada.
Debemos, pues, mirar bien, con atención, para no tener que hacer enmiendas de última hora o, como un Senador dijo esta tarde en la Sala, no vernos abocados a la "discusión inmediata" de una iniciativa destinada a solucionar errores que se puedan cometer.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto por 18 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones, fijándose como plazo para presentar indicaciones el lunes 13 de septiembre, a las 12.
Votaron por la afirmativa las señoras Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín, Novoa, Prokurica, Quintana, Sabag y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Chadwick, Escalona, Frei (don Eduardo), Letelier, Longueira, Navarro, Pérez Varela, Ruiz-Esquide y Walker (don Patricio).
Se abstuvieron los señores Orpis y Pizarro.