SANCIÓN POR NO PAGO DE TARIFA EN VEHÍCULOS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la verdad es que cuando uno revisa las informaciones sobre los niveles de evasión que se han registrado, resulta impresionante constatar la cantidad de recursos que se ven involucrados.

Las pérdidas diarias llegan a 300 mil dólares, lo que equivale a cerca de 80 millones al año.

Y al reflexionar acerca de lo que esto significa para las Regiones, cuesta oponerse a una iniciativa de esta naturaleza.

Como dije en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, a pesar de mis reparos, consideraba necesario aprobar este proyecto en general a fin de poder analizarlo en particular. Porque pienso que el texto enviado por el Ejecutivo no es suficiente: no basta con la creación de un registro de pasajeros, que, además, al cabo de tres años se borra automáticamente, sin que exista en rigor ninguna sanción mayor que el figurar en el llamado "DICOM", como se ha dicho en esta Sala.

Es importante destacar ese punto cuando se observa la realidad de las Regiones.

Como decíamos, a raíz de la discusión de la iniciativa que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado y de la relativa a la subvención en materia del Transantiago (que se discute en la Cámara de Diputados), es injusto, desde el punto de vista de la equidad territorial, inyectar recursos al transporte público de Santiago cuando en el de comunas rurales o urbanas de nuestro territorio nacional que no pertenecen a la Región Metropolitana no se ha efectuado una intervención de tal naturaleza.

El señor PROKURICA.- ¡Gracias a Dios!

La señora RINCÓN.- En ellas, Su Señoría, las tarifas son tremendamente caras, no hay paraderos, no existe transporte de calidad, no se ha modernizado la maquinaria, aunque, obviamente, reconozco la mala implementación del Transantiago.

Creo que las Regiones se merecen también una discusión al respecto. Y coincido con lo señalado por el Honorable señor Letelier: nos gustaría que todas estas materias se abordaran en una normativa sobre el transporte público en general, no solo el de la Capital, que afecta a 40 por ciento de los habitantes del país, sino el de todos los chilenos y chilenas.

Por eso -insisto-, en la Comisión di mi aprobación a la idea de legislar del proyecto, y también lo haré ahora, haciendo el reparo de que su texto quedará solo en el papel, sin provocar ninguna consecuencia práctica, y entendiendo que detrás de este debate se encuentra la necesidad de regularizar el pago en el pasaje del transporte público.

Debemos llevar esta discusión al país en general. Tenemos que pensar que cada peso que no se paga en el transporte público de Santiago es uno que se les quita a las Regiones, y que cada vez que subvencionamos la evasión les negamos recursos a los habitantes del resto del país. Eso no puede mantenerse.

Además, cuando dimos el respaldo en general a esta iniciativa lo hicimos para demostrar una vez más nuestra disposición a legislar y a no obstruir los proyectos que le interesan al Gobierno, pero nos gustaría ver esa misma disposición en el Ejecutivo para discutir las iniciativas que como parlamentarios de la Concertación creemos necesario impulsar.