NUEVO ESQUEMA PARA RECUPERACIÓN DE IMPUESTO ESPECÍFICO A PETRÓLEO DIÉSEL EN TRANSPORTE DE CARGA
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el plazo y el esquema para el reintegro parcial a las empresas de transporte de carga por concepto del impuesto específico al petróleo diésel establecido en la ley N° 19.764, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7019-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 34ª, en 13 de julio de 2010.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 35ª, en 14 de julio de 2010.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El propósito principal de la iniciativa es modificar temporalmente, entre el 1° de julio del año en curso y el 30 de noviembre de 2011, el esquema de reintegro parcial por concepto de impuesto específico al petróleo diésel aplicable a las empresas de transporte de carga.
La Comisión de Hacienda aprobó el proyecto tanto en general cuanto en particular por la unanimidad de sus integrantes (Honorables señores Escalona, Frei, García, Lagos y Novoa), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El texto pertinente puede ser consultado por Sus Señorías en el informe de la Comisión.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, Honorable Sala, estamos debatiendo hoy día un proyecto de ley de extraordinaria importancia para el sector del transporte de carga. Y quiero recordar su origen.
A raíz de la crisis de los combustibles, que elevó considerablemente el precio de estos, se generó una iniciativa con la finalidad de cooperar con el referido sector.
Chile es un país donde todo se transporta por cientos o miles de kilómetros. Por tanto, el aumento en el precio de los combustibles significa muchas veces el encarecimiento de los alimentos básicos y, además, la generación de un cuadro muy difícil para un sector como el del transporte, cuyos resultados mejores o peores no dependen solo de su eficacia, sino también de los precios internacionales, que no controlamos.
Con motivo de la crisis del 2009, el Gobierno autorizó a las empresas de transporte de carga, por el período de un año -esto es, desde el 1° de julio de 2009 hasta el 30 de junio de 2010-, para recuperar 80 por ciento del impuesto al petróleo diésel si sus ingresos anuales eran iguales o inferiores a unos 68 millones de pesos; 50 por ciento si no superaban los 1.500 millones, y 38 por ciento si excedían este límite.
Ahora se propone extender el plazo en 18 meses, a partir del 1° de julio de 2010, generando una escala distinta. En virtud de ella se podrá descontar 63 por ciento cuando los ingresos anuales sean iguales o inferiores a 18 mil 600 unidades tributarias mensuales; 39 por ciento si van más allá de las 18 mil 600 UTM y no exceden de 42 mil 500, y 29,65 por ciento los que superan 42 mil 500 unidades tributarias mensuales.
La compensación, señor Presidente, nace con motivo de una crisis mundial en que el barril de petróleo llegó a casi 150 dólares, pero hoy, a pesar de que el precio internacional no alcanza ni a la mitad, el que se cobra en las bombas de bencina, el que les importa a los camioneros, los taxistas, los colectiveros, es muy parecido y no ha variado mucho, por alguna razón que desconozco. Se ha reducido muy poco.
Por ello, no debemos renunciar al reestudio en el futuro de la disminución del impuesto, en la línea de lo que planteamos alguna vez con mi Honorable colega Orpis y los dirigentes de los camioneros, de los taxistas, de los colectiveros, a fin de lograr un tributo móvil, que baje cada vez que suba el precio internacional, para ser serios en la recaudación fiscal. La idea es que esta se mantenga pero no aumente cuando se registre un alza, lo que significaría una mochila más para un sector tan complejo como el del transporte.
De todas maneras, señor Presidente, agradezco al Ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín, por haber acogido, en parte, las propuestas que le hicimos junto con los representantes del sector. Porque no nos hallamos ante la presentación original. Aquí se había firmado una distinta, que contenía una escala diferente y perjudicaba al camionero mediano con dos o tres vehículos.
Asimismo, extiendo mi agradecimiento, por supuesto, a los dirigentes, quienes aspiraban a mucho más -y con toda razón-, pero han llegado al acuerdo sin duda inspirados por el interés de cooperar para que se puedan enfrentar los efectos del terremoto, así como también con las arcas fiscales, que están pasando por momentos difíciles. No es todo lo que quisieran.
Y repito que si no mediara el factor del sismo se hubiese generado, a mi juicio, un escenario distinto de discusión. Porque desde hace una década he pedido -y no he cambiado de opinión- una reestructuración y un estudio del impuesto. No he renunciado a ello, como tampoco lo han hecho los dirigentes de los camioneros en el acuerdo celebrado con el Gobierno. Y creo que tienen razón.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, el proyecto en debate, aprobado en la Cámara de Diputados, trae importantes cambios respecto del mensaje que ingresó el martes 29 de junio con urgencia de "discusión inmediata".
Con mucha anterioridad, los Senadores de la Concertación solicitamos claridad acerca de los mecanismos que implementaría el Ejecutivo para hacer frente al término, por ley, tanto del beneficio de reintegro parcial por concepto del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte de carga como de lo relativo al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, cuya vigencia concluyó también el 30 de junio recién pasado. Nos habría gustado que la discusión de un tema tan importante hubiera sido realizada con tiempo.
Cuando hicimos nuestra presentación, le pedimos al Gobierno que mantuviera las medidas adoptadas por la Administración de la Presidenta Bachelet, las cuales demostraron ser eficientes y financiables.
El Ejecutivo, conforme a su manera habitual de relacionarse con el Congreso, no escuchó y resolvió presentar un proyecto de ley en virtud del cual se iba a recuperar 80 por ciento del gasto en impuesto específico por las primeras 5,4 unidades tributarias mensuales pagadas por tal concepto y 25 por ciento por lo que que excediera esa cantidad, sin tope.
Esa decisión recibió el rechazo generalizado de todos los sectores políticos, ya que perjudicaba a los pequeños y medianos empresarios del transporte de carga, que representan 96 por ciento del total de empresas de transporte de carga por carretera y de las organizaciones del sector, como la Confederación Nacional de Dueños de Camiones y la Asociación Gremial Chile Transporte.
El mismo día en que el proyecto era revisado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y ante el eventual rechazo de la propuesta, el Gobierno decidió cambiar su postura anterior y modificar la base sobre la cual se determinaba el reintegro, de 5,4 unidades tributarias mensuales de impuesto efectivamente pagado a 18 mil 600 unidades tributarias mensuales de ingresos anuales del contribuyente. Las cifras de 80 y 25 por ciento contempladas en el texto original, que afectaban a una parte significativa de los medianos empresarios del transporte de carga, cambiaron también a 63 por ciento, para los contribuyentes de hasta 18 mil 600 unidades tributarias mensuales de ingreso anual; a 39 por ciento, para el rango entre esa cantidad y 42 mil 500 unidades tributarias mensuales, y a 29,65 por ciento, para los montos superiores. O sea, se trata de 20 por ciento menos de lo existente durante el Gobierno anterior, pero con el mismo mecanismo: el reintegro del impuesto al diésel.
Señor Presidente, no quiero ser majadera sobre el particular, pero le advertimos al Gobierno que era necesario discutir la cuestión con tiempo. Y le expresamos, asimismo, que era preciso prorrogar el sistema ya existente, hasta efectuar un análisis profundo del asunto.
Afortunadamente, la indicación sustitutiva del Ejecutivo recogió el mecanismo en aplicación y lo extendió hasta noviembre de 2011, es decir, 18 meses.
El acuerdo al que llegó el Gobierno con los transportistas termina el próximo año y establece el compromiso de crear una comisión que estudiará una solución definitiva. Esperamos que, para los efectos de la discusión de un tema tan estratégico para nuestro país, la medida se concrete con tiempo, con altura de miras y con visión de futuro, y que los parlamentarios no tengamos que estar todos los años debatiendo una materia que debería ser abordada de manera global.
Quiero consignar en la Sala que la iniciativa en discusión no es la ideal y que casi todos los transportistas están más tranquilos. Y digo "casi todos" porque ayer, a petición del Senador señor Chahuán, conversamos con los de la Quinta Región, quienes no estaban contentos con el acuerdo. He tratado el asunto con Juan Araya, Presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, y con Julio Villalobos, de Chile Transporte, así como también con dirigentes de Linares, quienes me plantearon el punto como una situación compleja.
Hago presente, además, que nos habría gustado que la cuestión se discutiera también en la Comisión de Transportes, que integro, y que se escuchase al Ministro del ramo. Confío en que ello será reparado en la mesa de trabajo que el Gobierno se ha comprometido a crear.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, el proyecto comenzó en un ambiente complejo, en efecto, pues la asociación de los transportistas expresó enfáticamente su rechazo a la propuesta inicial del Ejecutivo, que no se correspondía con el sentido y el espíritu de la iniciativa enviada a mediados del año 2009 por el Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Finalmente, el Ministerio de Hacienda corrigió ese primer planteamiento, que causó una reacción seria en el sector, y, por la vía de la indicación, propuso la normativa en debate y en proceso de aprobarse. El texto establece, como se ha señalado, un beneficio consistente en la devolución de hasta 63 por ciento del impuesto específico para los ingresos anuales de hasta 18 mil 600 unidades tributarias mensuales, es decir, aproximadamente 690 a 700 millones de pesos. Luego se determina un tramo intermedio, de 18 mil 600 unidades tributarias mensuales hasta 42 mil 500. Y, finalmente, se favorece también al sector de más capacidad económica en el transporte de carga al disponerse 29,65 por ciento de devolución para los contribuyentes cuyos ingresos superen esa última cantidad.
Tal como se ha señalado, nosotros concurrimos, por cierto, a la aprobación del proyecto. Hubiera sido muy negativo para el país, por los costos económicos involucrados, la conformación de un movimiento que se tradujese en un paro en el sector de los transportistas. Pero el desembolso fiscal en el proyecto de la Presidenta Bachelet se focalizaba de mucho mejor manera -es preciso expresarlo con claridad- en el transporte pequeño, ya que se generaba una devolución de hasta 80 por ciento, y en el sector mediano o intermedio no era de 39 por ciento, sino de hasta 50 por ciento.
En consecuencia, se ha reequilibrado el desembolso, pero una parte se desplazó desde los pequeños y medianos transportistas hacia los grandes. Y, lógicamente, esa no era la motivación que, desde nuestro punto de vista, debiera inspirar a la legislación. Ello, independientemente de que reconocemos, por cierto, que 63 por ciento de devolución para los más pequeños y 39 por ciento para el tramo siguiente constituyen un instrumento positivo, y que, además, permitió llegar al acuerdo con la asociación gremial del sector.
Concurriremos, entonces, a la aprobación del proyecto, señor Presidente, sobre la base de que la experiencia resulta positiva en el sentido de beneficiar al sector del transporte de carga con la devolución de una parte del impuesto específico, y de que con ello, además, se genera un alivio en la economía y, especialmente, se abarata el costo del consumo más inmediato de la población. Es decir, existe un efecto favorable para el conjunto del país.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda subrogante.
El señor ÁLVAREZ (Ministro de Hacienda subrogante).- Señor Presidente, si me permite un comentario previo, quisiera expresar que si puedo estar hoy día en la Sala e intervenir de manera directa es porque asisto como Ministro de Hacienda subrogante. Pero, ante una información difundida en un medio de prensa, deseo rectificarla y aclararla, tal como lo hice en la Comisión de Hacienda, en el sentido de reconocer y agradecer, como siempre, el hecho de que Sus Señorías han permitido habitualmente mi ingreso al Hemiciclo -e incluso, mi participación cuando no se encuentran Ministros presentes-, al igual que a los órganos técnicos.
Al menos en términos personales, por lo tanto, deseo expresar mi reconocimiento -solo en una oportunidad no se otorgó esa autorización- por el privilegio que me han concedido los señores Senadores de todas las bancadas y esclarecer la referencia que menciono.
Tocante al proyecto, cabe recordar que desde 2001 existen instrumentos para la devolución de impuestos. Pero destacan particularmente dos leyes muy importantes al respecto.
Una de ellas -la Nº 20.278- fue motivada por el alza en los precios de los combustibles, como lo expresó el Honorable señor Prokurica. En momentos en que el barril llegaba a 143 ó 144 dólares, se estableció un sistema de reintegro en virtud del cual se aumentó de 25 por ciento, cifra normal en la ley -hoy se encontraría vigente-, a 80 por ciento.
Un año después se dictó la ley Nº 20.360, sobre la base de que, si bien ya no se daba la condición del precio del petróleo -no era de 140 dólares por barril, sino de 67 ó 70 dólares-, existía una crisis económica. Por lo tanto, ante un reintegro de solo 25 por ciento, era necesario determinar -no encontrándose ya presente el elemento del precio, repito, pero sí el de la crisis- algún tipo de devolución mayor que el porcentaje básico fijado en la ley. Eso llevó -como expusieron distintos señores Senadores- al mecanismo de devolución contemplado hasta hace algunas semanas, que consideraba 80 por ciento para los contribuyentes cuyos ingresos anuales no superaran las 18 mil 600 unidades tributarias mensuales, 50 por ciento para los que registraran entre 18 mil 600 y 42 mil 500, y 38 por ciento para los que superaran las 42 mil 500.
Nosotros empezamos un proceso de discusión con las asociaciones a que se ha hecho referencia y llegamos a un principio de acuerdo. Lamentablemente, ello no se pudo concretar, y presentamos un proyecto que, debido precisamente a la discusión legislativa, el Gobierno optó por modificar, que es lo que hoy planteamos. Ello se combina -como también lo han hecho presente algunos de Sus Señorías- con una mesa de diálogo para revisar las políticas y demandas del sector.
El mecanismo propuesto determina, en definitiva, una rebaja pareja, en cada una de las tres categorías, en torno de algo menos de 22 por ciento. Ello se traduce en que la devolución del impuesto específico será de 63 por ciento para los contribuyentes con ingresos anuales de hasta 18 mil 600 unidades tributarias mensuales; de 39 por ciento para el tramo entre 18 mil 600 y 42 mil 500 unidades tributarias mensuales, y de 29,65 por ciento para una cantidad superior a 42 mil 500 unidades tributarias mensuales.
Si se anualizara el costo de la medida -aun cuando esta se halla establecida para un período de 17 meses-, se llegaría a unos 73 millones de dólares. Eso es inferior a lo que se pagaría con el último sistema, pero supera evidentemente a lo que resultaría si solo rigiera la ley que proporciona actualmente el marco respectivo, que contempla una devolución de 25 por ciento.
Atendidas las razones que hemos expuesto y las que hemos escuchado a muchos señores Senadores, el Gobierno presentó su propuesta y espera que sea aprobada por la Sala.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, aquí ocurre algo bien curioso, porque en la iniciativa que debatimos con anterioridad -lo conversamos recién con el Senador señor Tuma- se acoge finalmente el mismo sistema de capacitación, con los mismos incentivos establecidos por el Gobierno de Michelle Bachelet.
Ahora nos ocupamos en otro proyecto, respecto del cual el Ejecutivo quiso innovar, pero en el que se acoge, en último término, el mismo mecanismo adoptado por el Gobierno de Michelle Bachelet, con su Ministro señor Velasco, tan criticado por muchos de los Honorables colegas de las bancadas de enfrente y también por algunos de la Concertación.
Lo cierto es que estamos volviendo a la misma forma de hacer las cosas. Aquí se habló mucho del nuevo modo de gobernar, pero se intenta innovar y finalmente se llega a lo mismo. Lo menciono a propósito de la puesta en escena de ayer -donde se criticó todo- para dar una mala noticia, como la de los resultados de la última encuesta CASEN, que todos lamentamos.
Para entrar en materia, deseo observar que el asunto en análisis data de 1986. También se relaciona con un terremoto: el de 1985. El propósito perseguido es que una parte importante de la construcción de carreteras sea de cargo de quienes las usan, que son los transportistas. Y ese planteamiento presentaba bastante lógica en aquel momento. Podría decirse que esta, en algunos casos, era incluso más ambiciosa que la de algunas de las iniciativas de reconstrucción que hemos conocido y aprobado en el último tiempo. Ahí surge el impuesto específico al diésel, con la clara y precisa idea -insisto- de reponer la infraestructura dañada por el terremoto de 1985.
El señor Álvarez, Ministro de Hacienda subrogante, mencionó recién el debate registrado en 2001, el cual fue bastante interesante, por cuanto los transportistas, con mucha razón, consignaron que las condiciones habían variado y que ya era tal vez tiempo de ir terminando paulatinamente, al menos, con el gravamen.
Y el entonces Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, sostuvo que era preciso ser cuidadosos, pues si bien se requería acoger esa legítima aspiración, el beneficio se tenía que focalizar de manera adecuada. Recuerdo que se explicó que el ingreso al país de vehículos "suburban", 4 por 4, todos ellos petroleros, determinaba que 10 por ciento de los chilenos, de más altos ingresos, también se podían favorecer con el mecanismo.
En definitiva, llegamos a 2008 con un fuerte incremento en los precios de los combustibles. Ello no dio para más en 2009, como muy bien lo expresaron mis Honorables colegas señor Escalona y señora Rincón, y se logró la importante medida de que se trata, que implicó hasta 80 por ciento de reintegro.
Hoy, el Gobierno -y hago hincapié en ello- ha intentado en la Cámara de Diputados una fórmula donde no se focaliza ni siquiera sobre la base del tramo de facturación anual, sino más bien por consumo real. Esa es la propuesta que explicaba claramente la Senadora señora Rincón, en el sentido de aplicar 80 por ciento hasta 5,4 unidades tributarias mensuales -aproximadamente, 200 mil pesos- y 25 por ciento sobre ese monto.
Naturalmente, ello no fue aceptado por ninguno de los sectores políticos de la otra rama del Congreso, y, por supuesto, tampoco por el gremio del transporte. No hago referencia solo a las grandes empresas, sino también al transporte menor, a la locomoción menor, en fin, a todos los que usan diésel.
Y se planteó, entonces, el mecanismo en estudio, que reitero que no es el mejor. Se vuelve al sistema propuesto por el entonces Ministro señor Velasco, con tramos de facturación anual y porcentajes, y con la tabla ya expuesta: 63 por ciento, hasta 18 mil 600 unidades tributarias mensuales; 39 por ciento -anteriormente, 50 por ciento-, entre 18 mil 600 y 42 mil 500 unidades tributarias mensuales, y 29,65 por ciento -originalmente, 38 por ciento de reintegro-, en caso de superarse las 42 mil 500 UTM.
En términos generales, esta iniciativa nos parece necesaria, por cuanto el 30 de junio recién pasado expiró el beneficio en comento y hoy no existe ese sistema de cobertura. Y, como aquí se ha dicho, nos aqueja un serio problema económico y social, lo cual no solo se demuestra por los resultados de la encuesta CASEN conocidos ayer, sino también por los argumentos vertidos por el propio Gobierno en el Senado respecto de otros proyectos de ley en que nos ha pedido apoyo (con excepción del beneficio tributario a la minería, en todo lo demás ha contado con nuestro respaldo).
Señor Presidente, la norma en análisis forma parte de un conjunto de iniciativas que tenemos que respaldar "sí o sí" hasta que nuestro país logre el pleno funcionamiento y la economía pueda despegar, como todos deseamos.
Por las razones expuestas, porque creemos que la modificación propuesta permitirá que no se les cambien las reglas del juego a los transportistas de carga durante 18 meses y porque estamos convencidos de que el país lo necesita, vamos a respaldar el proyecto.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, Honorables colegas, a fines de abril de este año una asociación gremial de transportistas de la comuna de Loncoche me abordó para manifestarme su preocupación por lo que iba a ocurrir a partir del 30 de junio, cuando venciera la franquicia que los favorecía, porque habían establecido un precio para sus fletes ubicado justo en el punto de equilibrio.
Existe mucha inquietud en comunas donde ha decaído la actividad comercial, industrial y maderera, porque los transportistas sobreviven apenas con las tarifas que cobran y el beneficio en comento les permite recuperar el 80 por ciento del impuesto específico que pagan, tributo que es fijo y se calcula de acuerdo al consumo por metro cúbico de diésel, con independencia de su precio internacional, que no tiene relevancia para tal efecto.
Muchos transportistas partidarios del actual Presidente de la República dijeron: "Ahora van a cambiar las cosas. Después del 30 de junio no solo recuperaremos el 80 por ciento: a lo mejor vamos a quedar exentos".
Por eso, señor Presidente, estimo que el presente debate tiene que ver con si es pertinente o no el modo como el Fisco recauda impuestos.
Numerosos parlamentarios -algunos, hoy de Gobierno- señalaron hace bastante tiempo que el impuesto específico a los combustibles ya no tenía vigencia porque se había establecido en determinado momento para construir carreteras y que -al igual como yo manifesté- gravar el uso de aquellos para movilizar maquinarias no constituía la mejor manera de recaudar tributos.
En mi opinión, ello ha de formar parte de una reforma tributaria más justa, que apunte a que tanto las personas como las empresas paguen los mismos impuestos. Y el Ministerio de Hacienda no debería recurrir a esta manera fácil de recaudación.
Sin embargo, no se ha acogido la realización de un cambio en esta materia; no ha habido una reforma tributaria, y continuamos parchando las modalidades de recaudación y manteniendo un sistema impositivo sobre los combustibles; en este caso, sobre el diésel.
Entonces, buscamos algunas fórmulas para alivianar la difícil situación que viven determinados sectores de la economía, particularmente los pequeños empresarios transportistas.
Pero ocurre que ahora, cuando venció el plazo de vigencia del beneficio y tenemos un Gobierno distinto, aquellos van a recibir 63 por ciento de reintegro de impuesto, en circunstancias de que antes percibían 80 por ciento. Y con 17 por ciento de alza en los costos, naturalmente, cabe esperar que el costo de los fletes suba.
Por ende, lejos de pensar que la iniciativa en examen ayudará al Estado, por la mayor recaudación, a enfrentar la reconstrucción, creo que provocará menor crecimiento de la economía. Porque, obviamente, cuando se encarecen los fletes se genera un efecto multiplicador que no permite su desarrollo.
Señor Presidente, los transportistas y el país pierden con la fórmula propuesta en el proyecto. Hubiéramos querido que al menos se mantuvieran los porcentajes que les permitían a los pequeños empresarios conservar sus tarifas.
Empero, los parlamentarios no tenemos iniciativa para incrementar los beneficios. Entonces, no nos cabe más que aprobar lo propuesto. Pero lo hacemos con desagrado. Porque yo me comprometí con los transportistas de mi Región a defender sus derechos a fin de que se mantuviera el porcentaje de recuperación en 80 por ciento. No lo pudimos lograr. Sin embargo, de no votar afirmativamente el proyecto, no tendrán ni un peso de descuento.
Por lo tanto, con bastante insatisfacción, anuncio que me pronunciaré a favor de la iniciativa.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, tal vez el Subsecretario de Hacienda nos pueda explicar el proceso de negociación. Porque al menos de parte de la Federación de Dueños de Camiones de la Región del Biobío había una oposición legítima a la fórmula escalonada de recuperación del impuesto al diésel.
Nos hallamos en una situación muy contradictoria. Porque cuando discutimos este beneficio, al menos el año pasado, las bancadas del frente nos hicieron ver lo injusto que era el Ministro de Hacienda al mantener este impuesto. Y eran férreas defensoras de su eliminación.
Entonces, le pregunto al Subsecretario: ¿El Ejecutivo va a suprimir la ley sobre impuesto específico a los combustibles cuando pasen los efectos del terremoto? Se trata de una cuestión clave para tener claridad sobre qué vamos a hacer. Porque aquella no es transitoria.
Me habría gustado un acuerdo para establecer la transitoriedad de la rebaja escalonada propuesta -hace perder 17 por ciento de reintegro- y que el Gobierno dijera que la mantendrá hasta 2013 o mientras duren los efectos de la crisis, y no de manera definitiva, porque todos aspiramos a que haya crecimiento y que desaparezcan o se mitiguen sus efectos.
Aquí se ha planteado que durará hasta 2011. En definitiva, el pacto es que tenga vigencia entre el 1° de julio de 2010 y el 30 de noviembre de 2011.
En esa fecha nuevamente volverá a caer, y, por lo tanto, abriremos el debate, que se centrará en la eliminación del impuesto al diésel o en la permanencia de lo obrado por los Gobiernos de la Concertación.
Esta última propuesta, duramente criticada, constituía un avance, pero no era suficiente, porque mantenía una odiosa discriminación contra el transporte. En efecto, en ninguna otra actividad en que se usa petróleo, por ejemplo, para generar electricidad, salir a pescar o realizar diversas labores productivas, se aplica este impuesto. O sea, solo ese sector, compuesto mayoritariamente por pequeños empresarios, es gravado. Las otras actividades que mencioné corresponden a grandes empresas, como las termoeléctricas y la gran industria pesquera; porque la pesca artesanal también está exenta.
Entonces, mantener este impuesto únicamente para un sector productivo del país resulta discriminatorio.
Por eso, me interesa saber si el Gobierno lo conservará después del 2011; si hasta esa fecha habrá una tregua con los camioneros, y si luego de ello tendrá que debatirse esta materia desde cero.
Si la ley cae el 2011 y volvemos a las condiciones de antes, entiendo que es transitorio. Si lo es y existiera un acuerdo en tal sentido, me gustaría que el Subsecretario explicitara con quién se alcanzó y cuáles fueron los términos. Porque yo me quedé con la película de que por lo menos las asociaciones de camioneros rechazaban que se mantuviera el reintegro existente y postulaban que se prorrogara la ley por un año para abrir una mesa de trabajo tendiente a discutir cómo quedaría definitivamente el impuesto específico.
Se ha optado, señor Presidente, por la disminución de los beneficios por un año. Y me gustaría saber los detalles: con quién se logró el acuerdo, si fue con todos los sectores...
El señor BIANCHI.- ¡Solo faltó el MAS...!
El señor NAVARRO.- La idea es conocer exactamente sus alcances. Eso determinará mi voto.
El señor PROKURICA.- El acuerdo es el mismo.
El señor NAVARRO.- Este debate es similar al del sueldo mínimo. Nos pone en la situación de tener que aprobar algo que nos disgusta y que no podemos eliminar, pero que es necesario acoger, porque, de no hacerlo, la pérdida será mayor.
Resulta muy complejo -como debe de haber sido para muchos Senadores- explicarles a los trabajadores cómo uno aprueba un sueldo mínimo pésimo, con el que no vive ninguna familia, porque si lo rechazamos no hay reajuste y se quedan con mucho menos.
Ahora nos encontramos en una situación muy parecida: de no aprobar este acuerdo transitorio, que baja en 17 puntos el beneficio con que ya contaban los transportistas, volveremos a lo que había antes de la ley actual, y, por lo tanto, se les cargará todo el impuesto específico.
En consecuencia, es muy importante que se conozcan los términos del acuerdo, salvo que sea reservado. Si el Senado ha de votar una propuesta del Gobierno que se dice que va de la mano con el sector productivo en comento, quiero conocer su alcance para determinar si me pronuncio a favor.
Tengo una voluntad positiva en tal sentido, porque se trata de una norma transitoria y comprendo el fenómeno de la crisis posterremoto.
Pero también quiero saber si el Ejecutivo se comprometió a efectuar una revisión a partir del 30 de noviembre de 2011, o si se va a instalar una mesa de negociación que permita llegar a esa fecha a fin de abordar la desaparición del impuesto específico para un sector productivo que hasta ahora ha llevado sobre sus hombros toda la carga discriminadora de un tributo que afecta a muchos pequeños transportistas.
Señor Presidente, de esa explicación dependerá mi voto.
Sería muy importante que cada vez que discutamos proyectos que impliquen acuerdos políticos o un proceso de negociación tuviéramos una explicitación al respecto. Desconozco si me la perdí en algún momento de la sesión. De ser así, pido disculpas. Si no -tengo entendido que no ha existido, pues he estado presente desde el inicio-, se la solicito al Subsecretario, quien además, en su calidad de ex Diputado y ex Presidente de la Cámara Baja, sabe que para poder votar en conciencia y de manera informada es necesario contar con los antecedentes pertinentes. Le rogaría, pues, que estos se dieran a conocer.
Ahora bien, todos los debates acerca del impuesto específico los realizábamos con los Ministros...
El señor BIANCHI.- Hoy está como Ministro.
El señor NAVARRO.- Ministro, entonces.
El señor LARRAÍN.- ¡No lo mire en menos...!
El señor PÉREZ VARELA.- ¡No, pues...!
El señor NAVARRO.- Para nada. Tengo un extraordinario aprecio y valoración por el señor Álvarez desde antes de que fuera nombrado Subsecretario de Hacienda.
Creo, entonces, que él nos podrá dar una explicación. Esto es decisivo. Porque al final del día se nos exige que elaboremos buenas leyes. Y es necesario que, cuando haya que aprobar proyectos que puedan contravenir incluso la voluntad de los ciudadanos, dispongamos de todos los argumentos para informarles por qué se toman determinados acuerdos y no otros.
Soy partidario de eliminar el impuesto específico al diésel en una fórmula que sea acordada con el sector productivo pertinente. Y quiero saber cómo se integrará la comisión respectiva; si estará representada la Región del Biobío; cuál es la voluntad del Gobierno; si hubo acuerdo previo, para no repetir de nuevo este debate en 2011. El proceso dura un año; es un período corto.
Había mucha expectativa, y, si bien la sangre no llegó al río, volvimos a escuchar la palabra "movilización". Hubo tensiones entre el sector transportista y el Ejecutivo. Y muchos nos decían: "Eso depende de ustedes".
Reitero que no es así. Depende de este Gobierno eliminar o no el impuesto específico al diésel. Cuando sus integrantes eran Oposición siempre señalaron que había que suprimirlo. Hoy existen causas especiales que -lo comparto- inhabilitan una medida de ese tipo. Pero ello es transitorio.
Reitero: quiero saber cuál fue el acuerdo, para poder votar favorablemente la iniciativa.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
El señor PÉREZ VARELA.- ¡O sea, vamos a seguir utilizando el petróleo...!
El señor NAVARRO.- ¡Pero sin impuesto...!
El señor PIZARRO (Presidente).- Le cederé brevemente la palabra al Ministro de Hacienda subrogante, don Rodrigo Álvarez, para que, si quiere -no es obligatorio-, conteste la consulta del Senador señor Navarro.
El señor ÁLVAREZ (Ministro de Hacienda subrogante).- Señor Presidente, haré una breve precisión al Honorable señor Navarro, y luego responderé.
La precisión consiste en que, en el actual marco legislativo, al volverse a la situación anterior, en este momento el reintegro es de 25 por ciento. Y por eso tiene cierto grado de urgencia la aprobación de la ley en proyecto: se trata de que alcancemos a incorporar esta devolución en la correspondiente al mes de julio y de que, así, no se generen los efectos de retornar a la tasa de 25 por ciento base.
En cuanto a lo que hemos acordado, en parte ello se encuentra reflejado en la propia iniciativa. Para disponer de un espacio de discusión, optamos por un modelo distinto del empleado en las últimas dos leyes, que se hacía año a año, en un horizonte de doce meses. Preferimos tener mayor claridad, en un espacio de diecisiete meses, hasta el 30 de noviembre de 2011.
Lo anterior se encuentra recogido en el proyecto, como también lo que integró el acuerdo con la Confederación Nacional de Dueños de Camiones y otras asociaciones gremiales, en orden a reducir de manera pareja, en los mismos tres tramos que existían, un porcentaje similar.
También concordamos con esa organización gremial -ello fue respaldado por los Ministros de Hacienda y de Transportes- crear a la brevedad, dentro de las próximas semanas, una mesa de trabajo para debatir el asunto mencionado por el Senador señor Navarro, así como otros que se presentaron en estas conversaciones. Se habló de materias relacionadas con la competencia, con la renovación del parque camionero, con los peajes, etcétera. Todo esto formará parte de un diálogo amplio que el Gobierno, a través de los Ministros antes mencionados, se encuentra plenamente dispuesto a sostener con las distintas asociaciones gremiales.
Por ahora, el marco de acuerdo es ese: una mesa de diálogo. Se prefirió un plazo más claro para no estar discutiendo la vigencia de la ley cada doce meses como ha sido hasta ahora; para tener tranquilidad de que existirá lo que ahora se propone y no estar sometidos -ya lo comentaba- a las dos variables económicas que justificaron las leyes anteriores: el alza del precio del barril de petróleo y la crisis económica. Preferimos dar un margen de diecisiete meses y desarrollar ese debate en las próximas semanas.
Gracias, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, indudablemente, el proyecto en análisis se cruza con la discusión de fondo que algunos señores Senadores planteaban: la presencia del impuesto específico a los combustibles, que discrimina de manera efectiva a la empresa del transporte. Así lo dijimos cuando éramos Oposición, y hoy lo reiteramos. Ojalá que este tributo desaparezca, que el Gobierno esté dispuesto a eliminarlo, porque genera una discriminación muy importante.
Ese es el elemento central de nuestra visión sobre la materia.
Ahora bien, respecto a la iniciativa en examen se ha expresado una suerte de insatisfacción, desconociéndose que ha habido un debate del Ejecutivo con las organizaciones que demuestra que se escuchan y valoran las opiniones y que, por lo tanto, es posible llegar a acuerdo.
Quiero recordarles a los señores Senadores que la última vez que estuvimos discutiendo un impuesto de esta naturaleza fue con urgencia de "discusión inmediata" y con los camioneros parados. En consecuencia, se tuvo que legislar bajo la presión de una huelga; de las carreteras tomadas; de que en muchas ciudades, particularmente de la zona centro sur del país, no había ya combustible.
Por consiguiente, el Gobierno ha llevado adelante de manera absolutamente distinta el proceso de análisis de esta materia tan relevante.
Comprendemos la posición de las asociaciones y los dirigentes de los camioneros. Y en el diálogo sostenido con el Ejecutivo han asumido una cuota de gran responsabilidad para alcanzar el presente acuerdo, que no es el objetivo que ellos buscan ni el que nosotros anhelamos: la eliminación de este impuesto.
Lo acordado refleja adecuadamente esa voluntad de diálogo, que quiero valorar.
Aquí hubo un diálogo muy importante. El Gobierno modificó su postura original. Y lo hizo porque tiene capacidad para conversar, escuchar y presentar al Parlamento una propuesta que permita llegar con una base de solución a un sector tan fundamental como el transporte, sobre todo con posterioridad a la catástrofe del 27 de febrero, que lo revela como una actividad básica.
Indudablemente, es posible discutir los guarismos. Ojalá la cifra de devolución siga en 80 por ciento y no se hubiese rebajado a 63 por ciento. Pero debemos comprender que las situaciones eran del todo distintas.
Reitero que en la ocasión anterior, cuando se votó en esta Corporación el proyecto que fijaba dicho porcentaje en 80 por ciento, las carreteras se hallaban paralizadas, enfrentábamos una huelga y las ciudades presentaban dificultades en el abastecimiento de combustibles. Además, el precio del barril de petróleo estaba extremadamente alto, a lo cual hay que agregar que después vino la crisis económica.
Esas condicionantes hoy día no se dan, lo que se refleja adecuadamente en el proceso de discusión habido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y también en el acuerdo a que el Gobierno llegó con las organizaciones gremiales.
Por lo tanto, estamos alcanzando una solución transitoria -así se deduce de las normas del proyecto-, mediante la cual se establece el mes de noviembre de 2011 como plazo para la aplicación del mecanismo que, por ser provisional, sin duda tendremos que seguir analizando.
Asimismo, valoro el hecho de contar con un acuerdo paralelo con las organizaciones de camioneros y con el establecimiento de una mesa de trabajo. Estoy seguro -y así lo espero- de que en el diálogo que se suscite abordaremos de mejor manera una solución definitiva para un impuesto que discrimina a las actividades empresariales de los transportistas, en especial a los pequeños.
Porque no nos engañemos.
Sería importante conocer cuántos pequeños transportistas -dueños de uno, dos o tres camiones- pudieron hacer uso del beneficio del 80 por ciento de devolución que establecía la ley anterior, por cuanto el tope fijado adolecía de una suerte de incompatibilidad con su régimen tributario. Y eso hace que la derogación del gravamen sea una tarea y un objetivo permanentes que debemos requerir del Gobierno.
No obstante, el acuerdo alcanzado es importante y nos permitirá tener certeza durante alrededor de 17 meses, lapso en el cual espero que podamos converger en una solución definitiva para el transporte de carga - es absolutamente necesaria-, con la finalidad de no discutir año tras año lo relativo a esta materia. Con ello, además, evitaremos conflictos que -reitero- en el pasado nos hicieron legislar con la urgencia de "discusión inmediata".
Gracias a Dios ahora, a través del diálogo, en algunas semanas, se pudo arribar a un acuerdo que es verdaderamente significativo.
El señor PROKURICA.- ¿Podría abrir la votación, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- De ser así, la Mesa propone mantener los tiempos asignados hasta ahora, para que no haya dificultades con el resto de los oradores que deseen intervenir.
¿Habría acuerdo para proceder en esos términos?
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, seré muy breve pues ya se ha dicho casi todo sobre la materia.
Al igual que otros señores Senadores, me alegro mucho del acuerdo a que se llegó con los dirigentes del gremio del transporte con relación a la devolución del impuesto específico al petróleo. Si bien no traduce su aspiración total, por lo menos se logró subir la primitiva propuesta del Ejecutivo en la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, me complace que los dirigentes gremiales hayan sido escuchados esta vez, más de lo que, seguramente, se nos oyó a nosotros.
En todo caso, deseo hacer presente al señor Ministro de Hacienda subrogante una reflexión: cuando discutimos en el proyecto sobre reconstrucción la modificación a la Ley de Timbres y Estampillas, formulamos diversas indicaciones, cuyo propósito era establecer tramos y eximir de dicho tributo a los créditos de hasta 20 millones de pesos.
Por otro lado, varios señores Senadores -entre ellos el que habla- presentamos una indicación para que los créditos hipotecarios de hasta 2 mil unidades de fomento quedaran exentos de impuestos. La respuesta que nos dio el Ministro de Hacienda -y que yo rebatí- fue que no era factible dividir los montos por tramos, pues ello generaba condiciones para evadir el pago de tributos.
Por ello, quiero hacer notar que en el proyecto que se nos trae en esta oportunidad, se fijan tres tramos muy legítimos: mayor devolución para los pequeños, menos para los medianos y menor aún para los grandes.
Y no veo por qué en esta iniciativa se omite la reflexión que hiciera el Ministerio en cuanto a la evasión tributaria.
Entonces, me gustaría que hubiese más coherencia al respecto. Cuando aleguemos sobre ciertas materias, hagámoslo con consistencia, porque en el proyecto que modifica la Ley de Timbres y Estampillas -que seguramente será promulgado como ley en el próximo tiempo-, no pudimos establecer tramos para favorecer a los pequeños comerciantes y empresarios y a las personas en sus créditos de consumo.
El argumento que se nos entregó en esa oportunidad se consideró válido. Sin embargo, hoy día no lo sería, sobre la base de otro tipo de planteamientos.
Me alegro ahora por el gremio del transporte, y lo siento mucho por los pequeños comerciantes, por los pequeños empresarios y por las personas que, al pedir un crédito de consumo, no podrán gozar de la liberación del Impuesto de Timbres y Estampillas.
Con la constancia de esas objeciones, voto a favor del proyecto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, valoramos que el Ministro de Hacienda y el Presidente de la República hayan acogido, aunque solo en parte, la propuesta que algunos parlamentarios formuláramos en las reuniones sostenidas durante las últimas semanas y también la que presentaron los transportistas, acogida en forma parcial.
Creemos que el proyecto de ley, con las consideraciones antes señaladas, de todas maneras constituye una señal de alivio para los transportistas de vehículos pesados, toda vez que va a permitir recuperar, desde el 1º de julio del año en curso y hasta el 30 de noviembre de 2011, las sumas pagadas por concepto del impuesto específico al petróleo diésel que dichas máquinas utilizan. Sin embargo, ahora la devolución se hará sobre la base de un sistema de recuperación vinculado a los montos efectivamente pagados.
El gremio de los camioneros siempre se ha visto afectado por las fluctuaciones del precio del petróleo diésel, lo que indudablemente repercute en el impuesto específico, razón por la cual la iniciativa legal en debate constituye un paliativo importante para un sector productivo de tanta relevancia en nuestra economía.
A nosotros nos hubiese gustado la implantación de plazos distintos. Los gremios de los transportistas hablaban de la posibilidad de establecer la vigencia de la ley por un año, a efectos de sentarse a discutir en tiempo y forma -ojalá en un proceso que comenzara ahora y durase hasta junio del próximo año-, con la finalidad de revisar los términos de esta recuperación.
Lamentablemente, el proyecto fijó un plazo de dieciocho meses.
Por lo tanto, aunque se encamina por la vía adecuada, hay que destacar que la medida que se somete a la consideración del Senado en los términos propuestos por el Ejecutivo -nos habría gustado que fuese más amplia- es el resultado, según sostuvo el Senador señor Víctor Pérez, de un primer proceso de negociación abierta.
Nos decían los dirigentes de los transportistas que, por primera vez, tuvieron en sus manos y en la mesa de trabajo datos y propuestas concretos. Este es un tema que los Ministerios de Hacienda y de Transportes trabajaron con anticipación, lo que nunca había ocurrido en los Gobiernos de la Concertación, porque se procedía a dictar estas medidas sobre la base de la presión y la paralización.
Sin embargo, los transportistas, asumiendo el rol que les ha tocado vivir, sobre todo después de la crisis del 27 de febrero, consideraron que era una cuestión ética sentarse a conversar sin presionar al Ejecutivo con algún tipo de movilización.
Por ello, me gustaría plantear en presencia del señor Ministro de Hacienda subrogante que se hace necesario instalar ya una mesa de trabajo, a fin de consensuar y encontrar una solución integral del problema, no legislar en forma coyuntural al respecto y fijar una política definitiva sobre tan importante materia que impacta a numerosos empresarios del transporte.
Otro tema, que también es de fondo, dice relación a los topes para crecer.
La medida propuesta involucra un techo para los pequeños empresarios del transporte. Estamos hablando de los transportistas que poseen uno, dos o tres camiones, quienes sienten que tienen un techo que les impide seguir creciendo.
Ese aspecto debe ser evaluado.
Por lo mismo -por intermedio de la Mesa-, llamo al señor Ministro de Hacienda a estudiar desde ya la posibilidad de constituir una mesa de trabajo con el gremio.
Agradecemos que al menos se haya escuchado la voz de los parlamentarios que hemos defendido este beneficio. Junto con los Senadores señora Rincón y señor Prokurica, sostuvimos varias reuniones con el titular de Transportes y con personeros de Hacienda; incluso, con el segundo de los colegas mencionados nos entrevistamos con el propio Ministro de Hacienda, a quien le expusimos nuestros puntos de vista.
El señor PROKURICA.- ¡Esta no es la iniciativa original!
El señor CHAHUÁN.- En efecto, como se acota, el texto en debate es distinto del presentado primitivamente por el Ejecutivo.
Logramos un avance importante. Sin embargo, como las pretensiones de los gremios dicen relación a expectativas más altas, no resultó factible cumplirlas en su totalidad a través de esta iniciativa. Pero lo cierto es que se avanzó.
Señor Presidente, voy a aprobar el proyecto, sin perjuicio de que quienes lo hemos apoyado y estado al lado de los transportistas creemos que se requiere un esfuerzo adicional. Por ello, no renunciamos a que el asunto se revise en el futuro.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (26 votos a favor y 2 pareos) y, por no haberse presentado indicaciones, se aprueba también en particular, quedando despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón, y los señores Bianchi, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Kuschel, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
No votaron, por estar pareados, los señores Pérez Varela y Pizarro.