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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 358ª
Sesión 32ª, en martes 6 de julio de 2010
Ordinaria
(De 16:19 a 19:53)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE,
Y JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedán, Eugenio
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Cristian Larroulet Vignau, y de Economía, Fomento y Turismo, señor Juan Andrés Fontaine Talavera.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor PIZARRO (Presidente).- Las actas de las sesiones 30ª y 31ª, ambas ordinarias, en 29 y 30 de junio del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor PIZARRO (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Ocho de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los dos primeros retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", respecto de las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para obtener recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción del país (boletín N° 6.927-05).

2.- Proyecto de ley que establece normas de excepción en materia de subvenciones a establecimientos educacionales (boletín N° 6.968-04).
Con los cinco siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto de las iniciativas que se indican a continuación:

1.- Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas (boletín N° 4.248-06).

2.- Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Allamand, Cantero, Espina, García y Romero, que reconoce el aporte de los pueblos originarios a la conformación de la nación chilena, y proyecto de reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas de Chile (boletines N°s 5.324-07 y 5.522-07, refundidos).

3.- Proyecto de ley que crea el Tribunal Ambiental (boletín N° 6.747-12).

4.- Proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 126 bis de la Constitución Política de la República, sobre territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández (boletín N° 6.756-07).

5.- Proyecto de ley sobre recuperación y continuidad en condiciones críticas y de emergencia del sistema público de telecomunicaciones (boletín N° 7.029-15).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el último retira de tramitación el proyecto, en primer trámite constitucional, que establece nueva Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos (boletín N° 5.887-06).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el proyecto junto con sus antecedentes.
Oficios
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero requiere el acuerdo del Senado para nombrar como integrante del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia al señor Jorge Andrés Jaraquemada Roblero, en reemplazo de don Roberto Guerrero Valenzuela (con la urgencia prevista en el inciso segundo del N° 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental) (boletín N° S 1.262-05).
Con el segundo solicita el acuerdo del Senado para designar como Ministros suplentes del Tribunal Constitucional a los señores Ricardo Israel Zipper y Christian Suárez Crothers (con la urgencia del inciso segundo del N° 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental) (boletín N° S 1.265-05) .
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el tercero requiere el acuerdo del Senado para nombrar como integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública a la señora María Beatriz Corbo Atria y al señor Rodrigo Egaña Baraona (con la urgencia prevista en el inciso segundo del N° 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental) (boletín N° S 1.264-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha dado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual (boletín N° 6.989-13).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Con el segundo informa que ha prestado su aprobación al proyecto de ley que establece normas de excepción en materia de subvenciones a establecimientos educacionales (con urgencia calificada de "discusión inmediata") (boletín N° 6.968-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y a la de Hacienda, en su caso.
Con el tercero comunica que ha rechazado las enmiendas propuestas por el Senado, en el segundo trámite constitucional, al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para obtener recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción del país (boletín N° 6.927-05) e informa la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que ha de constituirse de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 de la Constitución Política de la República (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Se toma conocimiento y se designa a los señores Senadores miembros de la Comisión de Hacienda para que integren la referida Comisión Mixta.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con el que remite copia autorizada de la resolución recaída en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 163, letra e), inciso primero, del Código Tributario.
--Se toma conocimiento y se remite el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Contralor General de la República, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Bianchi, en relación con la realización de una auditoría de la asignación e inversión de los recursos del Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena entre los años 2000 y 2008.
Tres del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, con respecto a los proyectos y obras que es necesario desarrollar en la Región del Biobío para enfrentar los efectos del sismo y el maremoto que afectaron a la zona.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Frei, referido a la necesidad de mantener las operaciones del aeródromo La Florida, en la Región de Coquimbo, y de ejecutar los paso-niveles de la conurbación La Serena-Coquimbo antes de iniciarse el funcionamiento del aeropuerto de Tongoy.
Con el tercero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Allamand, relativo a las presuntas irregularidades producidas en la entrega de dineros correspondientes a la expropiación de terrenos para construir el puente San Pedro en la comuna de Osorno.
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Frei, concerniente a la necesidad de iniciar el diseño de las avenidas Cisternas y Gabriel González Videla en la ciudad de La Serena.
De la señora Directora Nacional subrogante del Instituto Nacional de Deportes de Chile, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Bianchi, en cuanto a las razones por las cuales no está en funcionamiento la piscina pública de CHILEDEPORTES en Punta Arenas.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informe
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto de acuerdo, presentado por la Senadora señora Allende, con el que solicita rebajar el impuesto a los combustibles a favor de los taxis básicos y colectivos (boletín N° S 1.261-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
Mociones
De los Senadores señores Chahuán y Tuma, con la que dan inicio a un proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al señor Sergio Abad Antoun (boletín N° 7.042-07).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
De los Senadores señor Gómez, señora Allende y señores Bianchi, Lagos y Pizarro, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que entrega a cada Región la administración de hasta el 10 por ciento de la recaudación tributaria regional (boletín N° 7.043-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
De los Senadores señor Bianchi, señoras Matthei y Lily Pérez y señores Gómez y Lagos, con la que dan inicio a un proyecto de reforma constitucional que crea la Dirección General del Trabajo (boletín N° 7.044-13).
Del Senador señor Letelier, con la que inicia un proyecto de ley que prohíbe la aplicación del seguro de cesantía a pensionados por vejez o invalidez (boletín N° 7.045-13).
--Pasan a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señores Allamand, Bianchi, Escalona, Gómez, Longueira, Navarro, Tuma y Zaldívar, con el que solicitan el envío de un proyecto de ley que conceda a los trabajadores del comercio que deban laborar con ocasión de los feriados relativos al Bicentenario el derecho al pago de horas extraordinarias (boletín N° S 1.263-12).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
De los Senadores señora Lily Pérez y señores Chadwick, Kuschel y Sabag, con el que respaldan las acciones humanitarias en pro de la salud del ciudadano cubano señor Guillermo Fariñas (boletín N° S 1.266-12).

El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se eximirá del trámite de Comisión y quedará para el Tiempo de Votaciones de la presente sesión.
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Los Comités, en sesión del día de hoy, acordaron unánimemente lo siguiente:

1.- Tratar, como si fueran de Fácil Despacho, los proyectos de acuerdo signados con los números 6 y 8 en la tabla, es decir, el que aprueba el Convenio de Contratación Pública entre las Repúblicas de Chile y Oriental del Uruguay y el que aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y la India.

2.- Retirar de la tabla el proyecto que aparece en quinto lugar, esto es, el que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al Padre Rolf Schnitzler Heinderichs.

3.- Abrir plazo para presentar indicaciones, hasta las 18 de hoy, al proyecto que suspende temporalmente la aplicación de normas que regulan la comunicación de anotaciones comerciales respecto de las personas domiciliadas en Regiones declaradas zonas de catástrofe.

4.- Agregar al Tiempo de Votaciones de la presente sesión los proyectos de acuerdo sobre Venezuela, Honduras y Cuba. Este último, incorporado en la Cuenta de hoy, se refiere a la salud del ciudadano cubano señor Guillermo Fariñas.

5.- Autorizar a la Comisión de Economía para sesionar simultáneamente con la Sala a contar de las 18:30.

6.- Tener en esta sesión, en forma excepcional, hora de Incidentes, desde el término del Tiempo de Votaciones y hasta las 20.
7.- Tratar, en el primer lugar del Orden del Día de la sesión de mañana, el nuevo segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo recaído en el proyecto que permite la aplicación del procedimiento de demandas colectivas en los juicios por daños o perjuicios en la calidad de las construcciones.

El señor HORVATH.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, pido la anuencia de la Sala para que el proyecto de ley sobre protección de ecosistemas marinos, que figura en el noveno lugar de la tabla, también sea tratado como si fuera de Fácil Despacho, ya sea en esta sesión o en la de mañana. La idea es aprobarlo en general para después analizarlo más afinadamente en la discusión particular.

El señor WALKER (don Patricio).- De acuerdo.

El señor NOVOA.- Mañana, señor Presidente.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se incluirá en la tabla de Fácil Despacho de la sesión de mañana.
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA



CONVENIO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ENTRE CHILE Y URUGUAY

El señor PIZARRO (Presidente).- Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio de Contratación Pública entre las Repúblicas de Chile y Oriental del Uruguay, y sus Anexos, suscrito en Montevideo el 22 de enero del año 2009", con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6649-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 60ª, en 28 de octubre de 2009.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 30ª, en 29 de junio de 2010.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo principal del Convenio es alcanzar la apertura efectiva y recíproca de los mercados de contrataciones públicas de Chile y Uruguay y asegurar a sus bienes, servicios -incluidos los de construcción y obra pública- y proveedores un trato no discriminatorio en el territorio de la otra Parte.
La Comisión discutió esta iniciativa tanto en general cuanto en particular y le dio su aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Kuschel, Letelier, Tuma e Ignacio Walker), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo (27 votos afirmativos).
Votaron las señoras Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).


ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS ENTRE CHILE E INDIA

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo de Servicios Aéreos entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de la India, suscrito en Santiago el 21 de abril de 2008", con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6650-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 62ª, en 4 de noviembre de 2009.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 31ª, en 30 de junio de 2010.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo principal del Acuerdo es la mayor apertura posible de cielos para obtener el libre ingreso a los mercados y la libertad de precios con la mínima intervención de la autoridad.
La Comisión aprobó esta iniciativa tanto en general cuanto en particular por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Kuschel, Larraín, Letelier, Tuma e Ignacio Walker), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (30 votos afirmativos).
Votaron las señoras Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Letelier, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).


FACILITACIÓN DE CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE NUEVAS EMPRESAS


El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que facilita la constitución y funcionamiento de nuevas empresas, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6981-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 24ª, en 8 de junio de 2010.
Informe de Comisión:
Economía, sesión 30ª, en 29 de junio de 2010.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo fundamental de la iniciativa es facilitar y agilizar los trámites de inicio de nuevas empresas, para lo cual el Estado adopta un rol de posibilitador del emprendimiento y, asimismo, ejerce una labor fiscalizadora ex post para sancionar eventuales infracciones.
La Comisión de Economía estudió este proyecto solamente en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Allamand, García, Novoa, Sabag y Tuma).
El texto que dicho órgano técnico propone aprobar en general se transcribe en la parte pertinente del primer informe.
Cabe señalar que durante el debate en particular esta iniciativa debe ser conocida también por la Comisión de Hacienda.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, la burocracia es uno de los peores desincentivos que tiene nuestro país para el emprendimiento.
No conozco campaña alguna o reunión con los gremios donde el término o disminución de la burocracia no se haya planteado o prometido como propuesta. Sin embargo, en la práctica, esta costumbre marcada a fuego en la Administración Pública retrocede poco o nada.
Quiero traer al recuerdo de la Sala la oportunidad en que se discutió la denominada "Ley sobre el Silencio Administrativo", cuando se sembraron muchas esperanzas en el sentido de que la tramitación ante la Administración Pública iba a tener un plazo, y si esta no se pronunciaba, la documentación pertinente se entendería aprobada.
Poco o nada de ello se ha cumplido. Es más, en muchos servicios públicos nunca se dictaron los reglamentos respectivos para ponerlo en funcionamiento.
Por eso resulta tan importante la noticia de la discusión de este proyecto del Ejecutivo.
Deseo agradecerles al Gobierno y al señor Ministro de Economía -quien hoy nos acompaña- que esta iniciativa, que representa una gran aspiración en especial de las pymes, se haya enviado al Parlamento. Porque resulta imprescindible que se tramite a la brevedad por los efectos que debiera provocar. Y digo los efectos, pues ya se han aprobado otras normativas, pero los cambios pertinentes -como señalé anteriormente- no se han producido.
La desburocratización que pretende esta iniciativa legal va en apoyo de la instalación de nuevas empresas, y con ello la creación de nuevos puestos de trabajo, la generación de desarrollo, impuestos y patentes municipales y, en general, el incentivo a la actividad privada.
Las medidas en concreto se orientan a facilitar el pago de patentes municipales, el timbraje de boletas, guías y facturas en el Servicio de Impuestos Internos y a posibilitar la realización de publicaciones legales en la página web del Diario Oficial, lo que hoy día es caro y lento.
Si aprobáramos el proyecto y se pusieran en práctica todas estas disposiciones, estaríamos dando un gran salto adelante en favor de las empresas (especialmente de las pequeñas y medianas, que todos decimos que deseamos proteger), por la generación de empleo y la redistribución del ingreso que se produciría.
Pero quiero hacer una reflexión final, señor Presidente, acerca de las empresas ya instaladas, en cuanto al tema del timbraje de facturas que se contempla para las nuevas.
Hoy día, las empresas que no efectúan facturación electrónica, pertenecientes a la ruralidad, a la parcela pequeña, al pequeño minero, a los pescadores y a otros que no disponen de acceso a Internet y que, por lo tanto, nunca podrán usar dicho sistema -esto es una tarea para adelante-, realizan un timbraje por una docena de facturas. Y, por ejemplo, deben recorrer 100 kilómetros hasta la ciudad para efectuar cada trámite. O sea, el timbraje y la burocracia del Servicio de Impuestos Internos les significan un trabajo adicional a la generación de empleo y la conducción de la empresa.
Deseo formular una propuesta sobre el particular, porque entiendo que el Servicio de Impuestos Internos intenta evitar que operen quienes constituyen empresas de papel, realizan iniciación de actividades o compran facturas para recuperar el IVA, generando un fraude fiscal tremendo.
Creo que podríamos diseñar -como lo analizamos en conversaciones con el Director del Servicio de Impuestos Internos anterior- una especie de hoja de ruta del contribuyente, de manera que a uno que lleva funcionando 10 a 20 años o más, y que nunca ha tenido un problema con esa entidad, no se le niegue el timbraje de facturas. Porque, en la práctica, se le estaría impidiendo la posibilidad de trabajar, desempeñarse y generar empleos.
Por último, felicito al Gobierno por esta iniciativa. Ella, a mi juicio, es esperada por todas las pequeñas y medianas empresas, y de materializarse y hacérsele un seguimiento cuando se convierta en ley, producirá efectos muy positivos para la actividad comercial del país.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, este es uno de los proyectos más esperados por los emprendedores en general. Y aquí no hago una distinción entre los grandes, pequeños o microemprendedores, sino que me refiero a todos.
En verdad, la "tramitocracia" nos mantiene como un país que todavía no resuelve adecuadamente el modo de atender de manera rápida, eficaz, en tiempos económicos a quienes desean emprender,
Pienso que esta iniciativa apunta en la dirección correcta, y, por eso, la saludo.
En ella se imponen obligaciones a organismos del Estado, como los municipios, respecto a la inmediatez en el otorgamiento de la patente cuando se solicite para un emprendimiento. Esto sin perjuicio de que posteriormente continúen realizándose los trámites necesarios para cumplir ciertas exigencias. Pero, mientras tanto, se otorga el permiso, ya sea definitivo o provisorio, según el caso, a los efectos de iniciar las actividades.
A la autoridad sanitaria se le da un plazo de 30 días, y se le aplica el silencio administrativo, lo cual también permitirá acelerar la tramitación de una patente o una autorización sanitaria.
Respecto del Servicio de Impuestos Internos, se establece el criterio de que, al solicitarse boletas y facturas, se aplique el principio de la presunción de inocencia. Y por ello se consagra la obligación del Servicio de entregar tales documentos en el número necesario para desarrollar la actividad comercial o de emprendimiento.
Lo más importante del proyecto es el acortamiento de los plazos en lo relativo a los trámites en el Diario Oficial, en notarías, en conservadores. Y la rebaja en el costo de publicación en dicho diario me parece un paso especialmente significativo.
Sin embargo, señor Presidente, quiero llamar la atención respecto a que los efectos de las normas propuestas no son neutros. El proyecto no lo menciona, pero a veces se dice algo sin indicar lo que se encuentra detrás. Y, en este caso, el efecto colateral de la iniciativa -no directo, porque constituye un gran beneficio para el emprendimiento, para las pymes y para el ahorro de tiempo y de costos- es que no se enfrenta lo referido a qué va a pasar con el diario "La Nación".
Dicha empresa periodística se financia con los ingresos por la publicación que durante tanto tiempo han estado costeando los emprendedores. En buena hora si terminamos con ello, pero también lo sería sincerar qué vamos a hacer con el diario "La Nación". Esto no puede quedar ausente en el debate de un proyecto que importa un costo que, naturalmente, lo llevará a su cierre.
Por otro lado, resulta muy extraño lo que hoy día ocurre con la sociedad anónima, en la que participan privados, que tiene los derechos de publicación del Diario Oficial. Al respecto, consideramos que existe un serio cuestionamiento desde el punto de vista constitucional, en el sentido de si la ley le puede imponer a un privado la obligación de realizar a título gratuito actividades que conllevan determinado gasto.
Luego habrá que analizar qué haremos para solventar los costos de un procedimiento que, si bien es cierto ya no será impreso, sino computacional, también implica gastos y requiere personal, lo cual no se encuentra definido.
Por eso, en la discusión en general del proyecto me pronunciaré a favor. Pero me gustaría que sinceráramos el debate de fondo acerca de qué vamos a hacer con el diario "La Nación", cuál será su rol. En mi opinión, se debe mantener como medio de comunicación público, al igual que Televisión Nacional, pero cumpliendo otros objetivos. Por ejemplo, la publicidad de asuntos que, no siendo rentables, es preciso poner en conocimiento de la sociedad, como los culturales, deportivos y otros.
Por último, también deseo que se exprese claramente cómo vamos a financiar la nueva modalidad que se propone. Tenemos facultades como Poder Legislativo, al igual que el Ejecutivo como colegislador, para establecer un nuevo sistema. Podemos modificar la legislación vigente, porque el Diario Oficial tiene la concesión para publicar lo que hasta ahora se dispone legalmente. Pero se podría crear otro organismo que se encargara de hacerlo vía Internet.
A mi juicio, es la primera materia que deberíamos discutir de manera global.
En consecuencia, señor Presidente, reitero que votaré a favor de la idea de legislar. No obstante, estimo necesario analizar los puntos que planteé en el debate en particular de la Comisión.
He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, este proyecto tiene por objeto reducir de 27 a 16 días el tiempo utilizado para obtener todas las autorizaciones simples requeridas para la constitución de una empresa, desde que se inicia su trámite de constitución hasta que entra en funcionamiento.
En los países de la OCDE -organismo al que recientemente se integró Chile- se precisan 13 días, en promedio, para iniciar actividades emprendedoras. Esto indica que, a pesar de la iniciativa en debate, quedaremos por debajo del tiempo que hoy se emplea en esas naciones.
Pero ese no es el único desafío. A manera de ejemplo podemos citar lo que ocurre en Nueva Zelanda, donde un nuevo emprendimiento solo lleva dos días. ¡Y con la aprobación de este proyecto en nuestro país tardaremos 16 días! Ello demuestra que todavía tenemos un largo y difícil camino por recorrer. Pero debemos hacerlo para que cada día haya más emprendedores, más micro y pequeños empresarios, y, en pocas palabras, para que cada día exista más trabajo.
En lo específico, señor Presidente, esta iniciativa busca reducir el costo de constitución de una empresa como persona jurídica, al disminuir el valor de publicación en el Diario Oficial y facilitar dicho trámite.
Otro objetivo es acortar el tiempo de espera para el timbraje de documentos tributarios en el Servicio de Impuestos Internos, al optar por la facturación electrónica o prescindir de la verificación de actividades en terreno previa al timbraje. De esta manera, se podría -como se dice popularmente- "abrir de inmediato la cortina del negocio".
Un tercer propósito consiste en rebajar el período de espera frente a la solicitud de patente municipal, obligando a que se otorgue una provisoria, sin perjuicio de la fiscalización posterior y eventual clausura, de no cumplirse con los requisitos correspondientes.
Señor Presidente, tengo la convicción de que este proyecto, que modifica la Ley sobre Rentas Municipales y el Código Tributario, y que establece la gratuidad para publicar la constitución de sociedades en el Diario Oficial a través de una página web, representa un gran paso. Ello, no solo a fin de reducir los tiempos de espera, sino también para abaratar los costos de un emprendimiento, de la constitución de una sociedad, y, en definitiva, para que el poco capital de que normalmente disponen los pequeños emprendedores sea ocupado en poner el negocio en marcha y no en los trámites burocráticos que implica.
Finalmente, quiero decir que fui electo Senador para defender a las personas de trabajo; para que en el país haya más oportunidades de empleo. No siento que mi misión en el Senado sea defender los intereses ni de la Empresa Periodística "La Nación" ni del Diario Oficial. Estas entidades se pueden defender solas. No así los pequeños y medianos emprendedores, ni los jóvenes que quieren serlo, que desean volar alto y que carecen de los medios para hacerlo.
Por eso, entre defender al Diario Oficial o a la Empresa Periodística "La Nación", y proteger a la gente que busca emprender, no tengo dudas: ¡me quedo con las personas que quieren emprender!

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, en la Comisión de Economía estudiamos este proyecto, y consideramos necesario respaldarlo por la importancia e interés que reviste.
Sin embargo, debo hacer algunas precisiones que es relevante tener presentes.
Aquí se realiza un gran esfuerzo por tratar de disminuir todo lo relativo a los trámites burocráticos que muchas veces demoran el otorgamiento de permisos y patentes a las personas que pretenden iniciar determinada actividad.
En el Senado, hace algunos años aprobamos por unanimidad una normativa relacionada con la microempresa familiar, que hoy todavía se halla vigente. En la iniciativa que nos ocupa ello no se toca, se mantiene. Y me parece muy bien. Porque esa legislación le permite a una familia realizar actividades empresariales en su misma casa, ya sea propia o arrendada.
Pero quiero hacer presente a la Sala que me gustaría mucho que, cuando analicemos en particular este proyecto, tratáramos de evitar que sus disposiciones, por los objetivos y buen sentido que las inspiran, dejaran de aplicarse o que hubiera renuencia para utilizarlas.
Recuerdo a Sus Señorías que, al poco tiempo de aprobarse la ley que facilitaba la creación de microempresas familiares -contó con apoyo unánime-, no se pudo aplicar porque alguna autoridad edilicia estimó que el procedimiento establecido era demasiado ágil, pues bastaba con el registro en la municipalidad respectiva para obtener la patente provisoria, lo que le impedía el control. Y recurrió a la Contraloría, la cual dictaminó que no correspondía otorgar patentes provisorias ni permisos si no se acreditaba la recepción definitiva del inmueble correspondiente.
Y como en nuestro país la inmensa mayoría de las propiedades no tienen recepción definitiva, después de más de dos años sacamos otra ley para tratar de evitar que esa traba burocrática impidiera el desarrollo de este tipo de actividades empresariales.
Por eso, considero que cualquier esfuerzo encaminado a evitar las tramitaciones y a hacer simples los requisitos para que una persona inicie actividades debe contar con el apoyo de todo el Parlamento.
Por otra parte, me parece muy bien que se plantee acortar los plazos. ¡Ojalá los pudiéramos reducir en más días que los aquí propuestos! Y espero que al Gobierno le asista la intención de volver sobre la materia, a objeto de que la actividad empresarial se sienta más motivada y que desincentive la burocracia, que muchas veces impide la realización de iniciativas por alguna persona o familia.
En cuanto a la patente municipal, solicito al señor Ministro estudiar la posibilidad de analizar el tema. Sé que las municipalidades requieren ingresos. Pero puede establecerse un mecanismo mediante el cual se incentive y formalice la actividad. Eso se logró con la microempresa familiar, que muchas veces correspondía a una producción informal desarrollada sin control alguno. Hoy día, por lo menos, se halla registrada y regulada.
Lo que se debería hacer -estimo- es ver de qué manera el costo de la patente municipal fuera de un mínimo inicial y que progresara en el tiempo, una vez que la persona estuviera más asentada en su actividad. O sea, no solo ir de una patente provisoria a, luego de un año, una definitiva, sino que permitir -a lo mejor se puede lograr por la vía de una indicación- que el costo de la patente municipal comience con una cantidad exigua y que en un plazo determinado llegue al máximo, de acuerdo a las normas sobre ingresos municipales.
Es una cuestión que quiero manifestar -ojalá el señor Ministro la recoja y estudie-, porque creo que, en parte, motivaría también a muchas personas para iniciar una actividad sin mayor costo.
Una materia que analizamos en la Comisión es la relacionada con la publicación del extracto de las sociedades para los efectos de su constitución. En el texto del proyecto se da la posibilidad de que esta fuera incluida en una página web, sin previa impresión en papel. Pero aquí hay un problema que habría que solucionar, que incluso puede dar origen a una discusión de tipo constitucional.
Efectivamente, la configuración de la propiedad de la Empresa Periodística La Nación es híbrida. En el transcurso de las decenas de años que ha estado operando, se ha llegado a la conclusión de que, por un lado, es pública, porque participa el Estado. Sin embargo, supuestamente por unos convenios suscritos en 1934, los acreedores del Diario Oficial -que en esos años, al parecer, dejaba muchas pérdidas- pasaron a poseer derechos sobre él, los que fueron transferidos con el tiempo. Por ello, hoy día 20 y tanto por ciento de las acciones está en manos privadas y otro porcentaje en poder del Fisco.
De esta manera se halla conformada la propiedad de tal empresa.
Por eso, no sé si, sobre la base de ciertas condiciones, cabría la posibilidad constitucional de imponerle un gravamen de publicación gratuita. Espero que podamos lograrlo. Y en la Comisión tendremos que preocuparnos de ver cómo salvar el problema constitucional que se puede presentar. En razón de ello, si vamos a aprobar una ley al respecto, hagámoslo de manera tal que el día de mañana no deje de aplicarse por inconstitucional.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel.

El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, en primer término, felicito al Gobierno, y especialmente al Ministerio de Economía, por avanzar en este proyecto de ley, al cual adhiero, por supuesto.
No obstante, quiero manifestar mi preocupación por otros aspectos.
Con la iniciativa que nos ocupa, estamos haciendo varias cosas muy interesantes: se reducen de 27 a 16 los días necesarios para iniciar actividades emprendedoras; se minimizan los costos y los trámites de publicaciones; se facilita la facturación electrónica; se disminuyen los tiempos de espera al permitir patentes provisorias, en fin.
La ley acuícola, que debía contribuir a reactivar la actividad económica principal de mi Región, demoró 15 meses, porque contenía, además, 16 a 17 reglamentos.
¿Qué pequeña y mediana empresa entenderá la exigencia de esos reglamentos que están por aparecer? ¿Eso se va a arreglar en 16 días?
Señor Presidente, deseo dar a conocer, una vez más, el caso de los contribuyentes de Chaitén.
Esa ciudad fue condenada a muerte y la gente debía timbrar sus facturas y boletas en las provincias de Chiloé, Llanquihue y Osorno. Ahora, de nuevo, tienen que hacerlo solamente en una parte, no obstante estar desplazados.
No sabemos cuál sea la solución definitiva para el problema que menciono. Por eso quiero insistir, una vez más, ante el Gobierno y en especial ante el Ministerio de Hacienda, a fin de que esos modestos contribuyentes puedan timbrar sus documentos en cualquiera de las tres provincias en que se encuentran instalados en este momento.
Aquí se ha sostenido que, con la iniciativa en debate, se modificarán la Ley de Rentas y el Código Tributario. No obstante, respecto de las medianas y pequeñas empresas hay numerosas leyes, reglamentos y ordenanzas municipales que deberían observarse, pero que no conocen.
Es de desear que los emprendedores no vayan a creer que por ajustarse a esta nueva legislación se les facilitarán los trámites.
Algunos señores Senadores dijeron que se acaba de aprobar una ley que establece beneficios para las pequeñas, medianas empresas y microempresas familiares. Bueno, sin embargo en ella hay una vinculación a otros 14 cuerpos legales que las afectan.
Todo eso lo tenemos que podar, reducir o simplificar para que las pequeñas y medianas empresas se reactiven.
Hay que tener en cuenta que, si cada una de ellas contratara a una persona, faltarían trabajadores chilenos para ocupar los nuevos puestos. No digo que se acabaría la cesantía, pero seguramente tendríamos que traer gente de países vecinos. Este es el enorme potencial de las empresas pequeña y mediana en nuestro país, particularmente en Regiones. Algunas de ellas están especializadas en la minería, otras en la fruta, en fin. En el caso de la zona que represento, el sector acuícola resulta fundamental. Y allí existe una cesantía sin precedentes.
Imagino que en las zonas fruteras puede haber casos particulares; sin embargo, de aplicarse esos 16 a 17 reglamentos, ya no se trataría de pequeñas o medianas empresas, porque se requerirían varios gerentes, poco menos que uno por cada reglamento.
Por eso hay que facilitar los trámites. De lo contrario, esta maraña o jungla de normativas hace que únicamente las grandes empresas puedan desenvolverse.
¡Y después nos quejamos de la concentración económica...!
En el caso de las farmacias, recuerdo que hace varios años sostuve que íbamos a experimentar un fenómeno de concentración de tal actividad económica por las normativas que se establecieron aquí mismo, en este Parlamento, por iniciativa del Gobierno respectivo. Y resulta que ahora el mercado farmacéutico se halla concentrado.
Por eso, ahora, estimados colegas, pronostico que la industria salmonera también terminará de esa manera. Ojalá me equivoque. Pero, con esos 16 ó 17 reglamentos que señalé, más un proyecto de ley tan tardío y difícil de entender como el que nos ocupa, tendremos que asumir una situación de esa índole.
Me alegro de que nos preocupemos de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, creo que estamos muy lejos de avanzar en esta materia, porque siempre queda pendiente de solución lo referente a la infinidad de normas, reglamentos y ordenanzas municipales existentes.
Solo la municipalidad de Puerto Montt -de la que fui alcalde- tiene cerca de dieciséis ordenanzas. A mí me daba vergüenza esa situación y debo confidenciar que muchas de ellas se daban a conocer a escondidas, con la intención de que la gente no se enterara de las nuevas disposiciones que debían cumplir en sus negocios.
Hay una enorme cantidad de ordenanzas -sobre estacionamientos, carga y descarga, comercio, etcétera- que afectan a la pequeña y mediana empresa, de las cuales también debemos preocuparnos.
Me agrada la presencia en la Sala del señor Ministro de Economía -a quien felicito-, pero considero que estamos frente a un largo camino que debemos pavimentar en beneficio de las pymes, del empleo y, al final, de la multiplicidad de opciones laborales que fácilmente se pueden generar sin la aplicación de normas que dificultan innecesariamente su creación y funcionamiento.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, también concurriré a la aprobación de la idea de legislar. Sin embargo, deseo entrar de inmediato a aquellos puntos particulares que me merecen reparos o reservas.
En primer lugar, me parece que no publicar en el Diario Oficial la formación de una nueva empresa resulta sumamente delicado -no me referiré al diario "La Nación", que se mencionó hace un momento, pues ese es otro debate, que, por ahora, deseo omitir completamente-, por cuanto tal procedimiento representa la fe pública. Desde el punto de vista del Estado, es el medio que confirma la solvencia y la legalidad del trámite, que no se resuelve mediante Internet.
Pienso que la eliminación del Diario Oficial como requisito del funcionamiento de tales entidades implica debilitar severamente la base legal sobre la cual operan las personas jurídicas.
En eso aprecio un problema muy de fondo.
Cualquiera que tenga acceso a Internet podrá legalizar el funcionamiento de una empresa -ello parece lógico, dado que todos los nuevos instrumentos tecnológicos son interesantes y dignos de masificarse-, pero es preciso recalcar que el Diario Oficial es una institución que cumple una doble función: de legalidad y legitimidad.
Me da la impresión de que esto -lo digo con todo respeto, pues no pretendo subvalorar la importancia del proyecto ni mucho menos-, se asemeja al chiste de don Otto quien, ante la infidelidad de su mujer, vendió el sofá. O sea, si el problema es el encarecimiento del uso del Diario Oficial, entonces resolvamos ese aspecto; y si las mipymes no son capaces de pagar esa publicación, que no lo hagan.
¡Existen tantas otras alternativas!
Por ejemplo, en lo que respecta al IVA, en el caso de la utilidad futura el gasto se descuenta como crédito; y, si no la hay, la empresa no paga. O sea, es dable examinar numerosas fórmulas para conseguir el propósito de no encarecer los trámites legales, pero no me parece conveniente obviar la publicación en el Diario Oficial.
Además, es perfectamente factible, aparte de la impresión en papel, utilizar la publicación electrónica. Ambas vías son absolutamente complementarias.
Imagino que en muchas Regiones del país la fe pública es esencial para el emprendimiento de un negocio. Y eliminar esa base, más que facilitar su formación, debilitará la constitución de futuras empresas.
Ese es el problema de fondo que quiero plantear.
En segundo término, en lo que atañe a los artículos de la iniciativa que aluden a cuestiones sanitarias -no soy miembro de la Comisión de Economía, así que pido a mis colegas que me disculpen si opino como si nos halláramos en la discusión particular-, propongo que, dada la importancia del tema ambiental desde el punto de vista social y cultural, se agregue en el texto de la futura ley el término "medioambiental", por cuanto los organismos más vulnerables en esta materia son los municipios y quienes reciben los mayores costos de tales infracciones son los ciudadanos, dada la emisión de malos olores y otras poluciones si se trata de una actividad industrial vinculada a compuestos químicos u otros, cuya dimensión en el medio es imposible eludir.
En tercer lugar, aprovechando la presencia del Ministro de Economía en la Sala, sostengo exactamente lo contrario a lo que expuso mi distinguido colega el Senador señor Kuschel, con relación a los reglamentos de la llamada "ley del salmón", pues su publicación resulta indispensable. Lo ocurrido en dicho sector no fue un accidente cualquiera en el camino de un emprendimiento económico, sino el colapso de una empresa completa. La gente discute si se perdieron 18 mil, 20 mil o 30 mil empleos, entre directos e indirectos. El hecho concreto es que en la Región de Los Lagos esto fue una catástrofe económica, social y medioambiental.
Por lo tanto, la ley ha tratado de no incurrir en el prurito chileno consistente en que todo debe quedar reglamentado; pero no resulta viable elaborar un cuerpo legal que tome en cuenta la totalidad de esos aspectos. Naturalmente muchos de ellos quedaron a disposición de los reglamentos y, además, importan a los diferentes actores que participaron en el proceso de discusión.
Por ejemplo, cabe mencionar lo referente a bancos naturales o caladeros de la pesca artesanal. Si esta materia no queda bien resuelta, nos arriesgamos a provocar un grave conflicto con la pesca artesanal. Cosa semejante sucede con los espacios que en el borde costero le corresponden a la industria turística, ámbito donde también nos enfrentamos a un grave conflicto de intereses.
Entonces, este asunto debe quedar definido en los reglamentos que estableció la ley tanto respecto de los planos sanitario, ambiental y laboral, como los perjuicios que sufrieron los trabajadores por los malos tratos recibidos, etcétera.
Finalmente, señor Ministro, deseo formularle una propuesta: el proyecto en debate es valioso. Sin embargo, resulta habitual que un pequeño emprendedor, frente a las dificultades que se le presentan para inscribir su empresa cuando el municipio le dice que no cumple con determinado requisito y que, por tal razón, la tramitación llega hasta ahí. O sea, es detenida, frenada, sin nadie que lo ayude o respalde, pues actualmente esa tarea no la hace la CORFO ni ninguna otra entidad. No digo que deba haber un defensor de la pequeña empresa, pero me gustaría que hubiera algo parecido: la conformación de un instituto que ayude a las pequeñas empresas.
Digo esto porque si un nuevo emprendedor presenta deficiencias -por ejemplo, en la edificación del galpón de su fábrica- y la Dirección de Obras Municipales lo manda al departamento encargado de las patentes, que lo devuelve a la primera, él se encuentra completamente desprotegido y sin acceso a una entidad que lo represente.
Lógicamente, eso va más allá de los alcances del proyecto de ley en debate. Pero, en mi opinión, debiese generarse un instituto que represente a los nuevos empresarios ante las diferentes instancias del aparataje público -municipios, comisiones regionales del medio ambiente, etcétera-, con el objeto de viabilizar los emprendimientos que tantas decenas de miles de chilenos quieren materializar y que habitualmente quedan atrapados en las dificultades de los trámites iniciales.
He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, el proyecto en análisis, iniciado en mensaje, pone el dedo justamente en la llaga del problema, donde se van frenando no solo los emprendimientos, sino también la productividad y muchas actividades de nuestro país.
La característica de la burocracia es que los asuntos "de oficina" -como indica etimológicamente su nombre- priman por sobre las realidades. Y Chile es un país -no solo en esta materia- excesivamente legalista: se apega a los procedimientos. De hecho, hay ramas completas del Derecho sobre el particular (el procedimiento penal, el civil, el administrativo, etcétera), de las cuales vive mucha gente.
Pero pareciera que escabullimos el fondo del asunto.
Por ejemplo, si revisamos el flujograma para cabojate marítimo, veremos que contiene más de cuarenta trámites. Toda la carga en Chile se transporta en camiones, pese a que tenemos un enorme mar. ¡Aunque hoy estaba algo embravecido...!
¡Y qué decir de cómo se echó a perder el tren!
Menciono un caso de Coyhaique. Una persona que intenta poner un taller en un terreno prácticamente eriazo, dentro de sus posibilidades reales de emprendimiento, ha demorado cinco meses en trámites. Luego de obtener la aprobación del Servicio de Impuestos Internos y estar, por tanto, al día en el pago de tributos, se conecta al suministro de luz, de agua y alcantarillado. Sin embargo, la municipalidad no le indica la dirección. Por ende, no sabe cuál es el nombre de la calle, ni qué número tiene el terreno. Pero tal emprendimiento debe seguir adelante. Entonces, sencillamente lo hace.
Por otro lado, el decreto ley Nº 701, un buen instrumento que permitió forestar más de tres millones de hectáreas en nuestro país y que sustenta el 90 por ciento de la actividad del sector, hoy se encuentra absolutamente asfixiado y, también, desnaturalizado. Se encamina a un hoyo negro, pues, aparte de iniciativas sobre contención de dunas o sobre algún tipo de protección de suelo, en los hechos cada año se foresta menos de lo que se incendia. Y, además, se quema bosque nativo.
Lo mismo sucede en el caso del desarrollo de energías renovables no convencionales: todos los pasos necesarios para concretar una idea bien fundada son un laberinto.
También influye en el problema la naturaleza de la Administración Pública -lo digo en términos amplios-, sector por el cual tengo el mayor de los respetos. En efecto, los funcionarios se quedan pegados en los procedimientos. Se cuidan excesivamente ante una gran maraña de reglamentos, sobre todo para evitar la experiencia negativa vivida en las últimas décadas, cuando gente de fuera del servicio público llegó a hacer las cosas y a adoptar las resoluciones.
Existen ejemplos conocidísimos, como el de MOP-Gate o el de CHILEDEPORTES, donde se externalizaron el diseño del proyecto, la decisión de realizarlo, su ejecución y hasta su evaluación.
Por ese motivo, los funcionarios permanecen en sus escritorios viendo en cada parte si se cumplen o no las reglas.
Agilizar los trámites mediante el acortamiento de los plazos, como propone la iniciativa, resulta altamente conveniente.
Asimismo, cabe tener presente el aspecto ambiental. No se trata de que en las poblaciones se instalen talleres de herrería que produzcan gran ruido, u otros donde se trabaje con elementos tóxicos que afecten la calidad de vida de las personas.
Definitivamente, hay que romper las trabas al emprendimiento.
Para ello, propongo una revisión en cada Ministerio y municipio para poner término al excesivo reglamentismo que se observa en el país, el cual, entre otras cosas, nos ha hecho perder incluso territorio nacional. Es el caso de Laguna del Desierto, donde los abogados señalaban: "No importa. Hay una fecha crítica; existe un statu quo. Aunque pongan el Obelisco de Buenos Aires en Laguna del Desierto, no nos va a afectar". Los argentinos hicieron un camino, construyeron un poblado. Los parlamentarios aliados del ex Presidente Néstor Kirchner juraron en ese lugar. Según nuestros abogados y legalistas, nada de eso iba a influir. Bueno: ¡ahí está el resultado!
Por otra parte, el Diario Oficial tiene un sentido: que la gente se entere de la existencia de las sociedades que se constituyen. Si la publicación pertinente se hace vía Internet; si ella es plenamente válida y si se ahorra en la impresión, me parece un punto muy importante. Y si no se cobra a las personas, con mayor razón. Son otras las causales que nos llevaron a establecer complementariamente el deber de informar por otros medios de comunicación, como la radio, sobre todo cuando corresponde poner en conocimiento una situación que puede implicar oposición o duda, como es el caso de los derechos de agua o el de algunos tipos de concesiones o emprendimientos que afecten la calidad de vida de las personas.
Por lo tanto, en todo lo que signifique agilizar el procedimiento de patentes, timbraje y publicaciones, el proyecto en análisis constituye un relevante avance para todos los emprendedores del país. En consecuencia, lo apoyamos en general con entusiasmo.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que el proyecto en debate busca facilitar la creación formal, la apertura e iniciación de empresas, en particular de aquellas que no requieren el trámite sanitario.
Varios colegas, en especial los Senadores señores Prokurica y Kuschel, se han referido a la burocracia existente en Chile, que nos tiene sumidos -yo diría en un buen porcentaje- en el atraso que se observa en nuestro país.
Aquí se recordó que hemos aprobado leyes especiales, como la relativa a las empresas familiares. Pero salieron con tanta dificultad que dudo que alguien las haya utilizado. También legislamos sobre el silencio administrativo. Esperábamos que todos hicieran uso de él y que se agilizaran mucho más las cosas.
¿Pero cuántas personas han empleado dichas normativas? ¿Qué resultado dio cada una de ellas?
Por eso valoro esta iniciativa del Ejecutivo, que pretende agilizar la instalación de empresas.
El Gobierno señala que desde 1999 el promedio de creación de empresas en Chile es de 10 mil al año. Con el proyecto en análisis busca llegar a la meta de 25 mil anuales, para alcanzar 100 mil nuevos emprendimientos en un plazo prudencial. Naturalmente, esta es una gran aspiración. Y ojalá que se materialice, porque cada uno de ellos da trabajo a muchas personas y ayuda a la reactivación. Si llegáramos a crear 100 mil nuevas empresas, ¡por Dios que sería importante para toda la nación!
A fin de sacar adelante dicho objetivo, se propone reducir el costo de constitución de empresas como persona jurídica al rebajar los valores de publicación en el Diario Oficial; disminuir el tiempo de espera para el timbraje de documentos en el Servicio de Impuestos Internos y para obtener las patentes correspondientes en la municipalidad.
No me cabe duda de que lograr la concreción de cada uno de los aspectos mencionados será de gran beneficio.
En lo concerniente al Diario Oficial, se plantea que la publicación se haga por vía electrónica. Esta no tendrá costo y, por supuesto, se encontrará debidamente reglamentada. No será al lote. Hasta ahora existe el trámite de publicación en papel, por el que se paga. Por eso hay que esperar. Ahora se propone hacerlo en forma electrónica, pero quedará debidamente registrado, reglamentado y con el número correspondiente. Las cosas -repito- no serán al lote.
Espero que ello dé buen resultado y, además, signifique una economía para quienes efectúen el trámite.
También se modifica el Código Tributario.
El Congreso aprobó hace algún tiempo una iniciativa que fijaba los derechos del contribuyente, cuyo autor estoy mirando: el Senador señor Prokurica. Dentro de ellos se estableció que, cuando se requiriera hacer una rectificación, el procedimiento debía ser rápido. ¡Sin embargo, pasan diez meses y esta no se efectúa, en circunstancias de que la ley dice que ha de ser inmediata! Ello, sin perjuicio de que con posterioridad Impuestos Internos pueda efectuar las revisiones que estime convenientes.
En definitiva, aprobamos leyes y más leyes, pero la burocracia sigue entrampando todas nuestras buenas intenciones como legisladores para agilizar la marcha de nuestro país y terminar con las injusticias.
La iniciativa pretende que se autorice en forma inmediata la emisión de los documentos tributarios electrónicos, como facturas y guías, y el timbraje de todos los documentos que permitan empezar a operar en forma legal.
Además, se enmienda la Ley de Rentas Municipales.
Se plantea que los municipios estarán obligados a otorgar la patente definitiva en forma inmediata si el contribuyente acompaña los permisos de emplazamiento, sanitarios y otros, o la municipalidad verificó su cumplimiento, o si se trata de patentes de profesionales o de sociedades de profesionales.
También deberán entregar patentes provisorias en forma inmediata si el contribuyente acompaña los permisos mínimos requeridos.
Según tales modificaciones, obtienen la patente definitiva de inmediato quienes no requieren permisos sanitarios ni han hecho obras, como joyerías, ferreterías, librerías, sastrerías, fotografías, venta de muebles, talleres de costura, bazares, tiendas de vestuario y calzado, compraventa de vehículos. ¿Qué permiso sanitario necesitan? Ninguno. Entonces, deben recibir la patente inmediatamente.
Lo mismo sucederá con los que consigan todos los permisos necesarios.
Y a quienes estén al día con las autorizaciones de rigor y solo tengan pendiente la inspección municipal, se les concederá una patente provisoria de forma inmediata.
Nuestra única aspiración es que esta iniciativa -esperamos que se apruebe y se convierta en ley el día de mañana- se haga realmente efectiva y que vaya en beneficio de la gente.
Soy gran partidario de dar facilidades a las personas para que se ganen la vida honradamente. Muchas veces se les cierran las puertas por todos lados y, en su desesperación, no les queda otra opción que tomar el camino incorrecto: hacer negocios informales o, sencillamente, comenzar a delinquir.
Por eso, en la medida en que otorguemos más facilidades a los emprendedores para que puedan operar, creo que las condiciones van a cambiar para mucha gente modesta de nuestro país. El crecimiento que les reporte el éxito de sus negocios redundará en trabajo para otros chilenos. Así, granito a granito, todos aportaremos al engrandecimiento de Chile.
Señor Presidente, anuncio que votaré a favor la idea de legislar y, cuando llegue el texto definitivo, procederé de la misma manera.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero destacar cuatro lógicas que considero importantes en este proyecto de ley.
En primer lugar, me alegro cuando las iniciativas buscan facilitar la vida de los emprendedores. Ese debiera ser el título real del proyecto, el cual se traduce en la constitución de nuevas empresas. En el fondo, se trata de hacer un poco más fácil la vida de la gente que se atreve a crear riqueza.
Ello guarda relación con "desburocratizar", concepto que aquí hemos abordado una y mil veces. Uno se da cuenta de que, cuando hay voluntad, es posible facilitar las cosas. De hecho, todo lo que se plantea acerca de las patentes apunta exactamente en ese sentido.
Quienes hemos representado a distintas zonas del país, como Diputados o Senadores, no podemos dejar de reconocer que muchas de las reuniones o visitas realizadas son para atender a personas que precisamente desean emprender actividades económicas y les resulta muy complejo lograrlo por los enredos existentes para conseguir los permisos o por los plazos para que sus peticiones se resuelvan.
Entonces, cuando se presenta un proyecto de ley que simplifica la obtención de patentes o el timbraje de boletas y facturas, se está actuando en el sentido correcto.
Por eso destaco esa primera lógica.
El segundo elemento tiene que ver con abaratar la vida de los emprendedores. Tal concepto me parece no menor. Estamos hablando no solo de hacer el proceso más fácil, sino también más simple y más barato. A ello obedece el ahorro de tiempo, de 27 a 16 días, que se ha proyectado en la realización de trámites.
El tercer aspecto que cabe destacar es que se percibe la lógica de la nueva forma de gobernar. Quiero detenerme en este punto, pues merece una reflexión mayor.
A mi juicio, resulta clave entender que, a partir del proyecto en debate, cambia el eje en que se colocan el Gobierno, los municipios, las autoridades con relación a los contribuyentes.
Si uno mira el antes y el después de este conjunto de trámites, observa que el concepto actual se encuentra siempre en función de que el emprendedor debe ir a rendir cuentas ante la autoridad: hacer trámites, presentar documentos, recorrer oficinas, golpear puertas y perseguir la aprobación de los permisos necesarios para desarrollar un negocio.
Sin embargo, al establecer, por ejemplo, que la municipalidad tiene la obligación de otorgar la patente al solicitante sin que este acompañe todas las autorizaciones correspondientes en materia de sanidad o de otro tipo, se les está diciendo -y esta es la parte más profunda del proyecto- al municipio o al Servicio de Impuestos Internos: "Ustedes también están muy vinculados con el éxito de ese emprendedor, por lo que deben buscar las formas para verificar información, resolver las situaciones y facilitarle las cosas".
Me parece que esta nueva manera de gobernar es lo más destacable de la iniciativa que nos ocupa. Porque va más allá de su propio contenido.
Este es el inicio de un sistema en que los funcionarios públicos y todos los que estamos involucrados debemos comprender que no somos acreedores -en sentido figurado- de quien desea emprender, sino que hay un concepto asociativo. Y ello le facilitará mucho la vida a la gente.
Por último, señor Presidente, respecto de la publicación en el Diario Oficial, tema planteado por varios parlamentarios, creo que debiéramos darle una segunda vuelta.
Entiendo que el objetivo implícito en ese punto es abaratar el trámite o no cobrar por ello. He ahí el fondo del asunto. Y aquí se propone una solución -pero puede haber otras-: el acceso a la página web. Sin embargo, la redacción de la enmienda no aclara si la gratuidad se aplica al acceso o al registro digital.
Se abre un espacio para profundizar sobre la materia.
Sin duda, el Gobierno comprende que aquí hay un concepto. Ahora, ¿cómo se materializa? Si es a través de la creación de un archivo digital, de páginas web gratis o de formularios tipos, lo veremos en su momento.
La idea de legislar busca facilitarles las cosas a los emprendedores abaratándoles los trámites mediante nuevas formas de entender la lógica de gobernar. Debemos hacer un esfuerzo por sacar adelante proyectos de esta naturaleza.
Señor Presidente, esas cosas son las que cambian la vida de la gente y, por tanto, apuntan en el sentido correcto.
Obviamente, vamos a aprobar la iniciativa.
Lo referente a la publicación en el Diario Oficial refleja, más bien, la intención de abaratar costos y simplificar los trámites. Es posible sugerir medidas para lograr tales finalidades en este proyecto o en otro, pero sin alterar una suerte de fe pública implícita en ciertas tareas.
En ese sentido entiendo los puntos de vista legítimos de algunos parlamentarios. En el fondo, no por facilitar todo, se debe debilitar la fe pública. Cabe comprender de mejor forma este punto para modificar la norma, de modo de cumplir ambos objetivos simultáneamente.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, considero que el proyecto es muy importante por cuanto avanza siempre en la simplificación de los trámites para permitir la creación de emprendimientos.
También resulta relevante tener conciencia de que el sistema y la cultura jurídica del país de alguna forma generan trabas y obstáculos para emprender y disminuyen la productividad, porque somos, a veces en exceso, legalistas.
Por consiguiente, debemos revisar constantemente cómo facilitar las cosas, en lugar de poner barreras a las distintas iniciativas.
Para no repetir lo expresado, solo me referiré a lo relativo a la publicación en el Diario Oficial.
En primer lugar, el proyecto no elimina el Diario Oficial. Este resulta fundamental por cuanto da fe pública de su contenido y constituye un registro único en el cual se deja constancia de la historia de las sociedades y se publican las leyes, los decretos, los reglamentos.
En general, es fundamental que en el país exista un órgano que publique los distintos actos, sean de autoridad o contratos entre privados, donde se deje constancia pública de las actuaciones y donde sea posible recurrir en cualquier momento para demostrar la existencia de una norma, acreditar la legalidad de una sociedad o justificar o comprobar un derecho.
La plataforma sobre la cual editar el Diario Oficial puede ser papel, electrónica, o ambas.
Y yo entiendo que este proyecto se refiere a la intención de que ciertos actos puedan ser publicados en una plataforma electrónica del Diario Oficial, la que quedará determinada en un reglamento que se dictará dentro de 90 días.
De hecho, ese diario hoy día tiene convenios con las notarías, en virtud de los cuales los titulares de estas remiten electrónicamente los extractos y aquel los publica en papel -que es la manera como opera en la actualidad-, sin que sea necesario enviar el correspondiente documento. Basta que la notaría con la que tiene convenio se lo despache en forma digital, con las autentificaciones que técnicamente existen, para que se pueda acreditar que se trata de un texto único certificado por el notario.
Hoy día hay medios técnicos que garantizan la fe pública de las publicaciones en periódicos y en archivos digitales. Esa no es ninguna situación novedosa ni muy compleja. Y, eventualmente, se cuenta con archivos digitales que son más seguros que los de papel.
Por cierto, la iniciativa legal en estudio no profundiza en ese aspecto, pero el reglamento deberá hacerlo.
Por lo tanto, solucionado el problema de la fe pública y quedando claro que la publicación es en el Diario Oficial, tanto esta como el archivo electrónico y la consulta electrónica serán más económicos y más accesibles para la ciudadanía que lo que hoy día lo son la publicación en un medio con soporte en papel y el acceso a él. Piensen ustedes que si fuera posible -tal como se propone- remitir la publicación por vía electrónica, las personas de todas las Regiones del país podrían acceder al mencionado diario de manera expedita e instantánea. Si resultara factible conseguir copias de los archivos electrónicos de aquel, revestidas de una seguridad tal que no sean alteradas, cualquier ciudadano del territorio de Chile con acceso a internet obtendría documentos que en la actualidad debe adquirirlos recurriendo a medios impresos.
Y, ciertamente, para la gente que reside en Santiago puede ser fácil acudir a las oficinas del Diario Oficial. Pero hay que ver cómo lo hacen las personas que viven en Regiones para conseguir un ejemplar y poder acreditar una publicación determinada.
En consecuencia, me alegro de que en este proyecto de ley se abra el camino para que el Diario Oficial pueda contar con una plataforma electrónica o digital que les facilite la vida a todos los chilenos.
El segundo punto al que deseo referirme dice relación a la gratuidad, que es el aspecto conforme al cual se han planteado algunas dudas. Pero creo que ellas no están en el ámbito legislativo, sino más bien -como lo voy a explicar- en el campo contractual o comercial.
¿Qué es el Diario Oficial? Es un medio de comunicación -no es una empresa ni una persona jurídica-, como los hay muchos en nuestro país. Fue creado por decreto supremo hace más de cien años. Por lo tanto, habrá que buscar otros antecedentes en el cuerpo legal que dio lugar a su formación. Pero es un medio de comunicación.
¿Cuál es la estructura jurídica del Diario Oficial hoy día? Es muy escasa, por no decir nula. Es una marca comercial registrada a nombre del Fisco o del Estado.
Por consiguiente, es un medio de comunicación creado mediante decreto, y hoy día tiene la forma de una marca comercial de la que es titular el Estado.
Cabe señalar que las tarifas que tradicionalmente ha cobrado han sido determinadas por decreto del Ministerio del Interior. De modo que el hecho de que la ley pueda fijar una gratuidad respecto de ciertas actuaciones no parece una cosa muy rara desde el momento en que aquellas son establecidas por esa Cartera.
El Diario Oficial se edita en virtud de una concesión no escrita con la Empresa Periodística La Nación. No existe documento alguno sobre el particular, sino que, cuando de imprenta nacional -que era la imprenta del Estado- pasó a constituirse en dicha empresa, sencillamente se contempló la obligación o el derecho a editar el diario. Por lo tanto, si una ley dispone que cierta publicación es gratuita, no se está frente a un problema legal o ante una situación de la que pudiera decirse que el legislador se ha excedido en sus atribuciones al consignar que es gratuito algo que pertenecía a un privado.
Obviamente, si se establece que será gratuito el pan que vende una panadería, estaríamos incurriendo en una violación constitucional por privar a un particular de un derecho de propiedad.
En este caso, si el Diario Oficial tiene alguna entidad, esta es de propiedad del Estado. Ahora, si surge algún inconveniente en cuanto a establecer gratuidad, tendrá que ser analizado entre el Estado y la Empresa Periodística La Nación a la luz de la concesión que exista.
En consecuencia, se trata de un problema contractual o comercial, y no legal.
Conforme a lo anterior, creo que no hay dificultad alguna en aprobar la idea de legislar, como tampoco si, en particular, se estima necesario perfeccionar el texto en debate en lo que dice relación a las características que debiera tener la publicación o archivo electrónico, o contemplar en forma más precisa la gratuidad y la forma como se resolvería algún inconveniente sobre la materia. Respecto de esto último, yo insisto en que no sería un problema de carácter legal, sino de tipo contractual, en caso de que hubiera un contrato -aparentemente no lo hay-, o comercial, dado que existen relaciones comerciales entre el Diario Oficial, que lo representa el Estado, porque es el dueño -de hecho, nombra a su director-, y la empresa periodística que hoy día lo edita.
Por lo tanto, señor Presidente, me parece que el proyecto constituye un avance. Probablemente, habrá que ir perfeccionando cada vez más la normativa para disminuir la burocracia y facilitar todo tipo de emprendimiento.
Y, en materia de gratuidad de la publicación, entendiendo que no se elimina el Diario Oficial, sino que se mantiene un órgano que da fe pública, y que lo que se busca es un cambio de plataforma, considero que no hay inconveniente alguno en aprobar en general el proyecto.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, ante todo, quiero felicitar al Ejecutivo por esta iniciativa.
Pienso que el tema del emprendimiento debe estar asociado con mucha claridad a la capacidad que tienen los emprendedores en los países para desarrollar actividades productivas en forma expedita, sea para crear, sea para modificar o sea para disolver las sociedades a través de las cuales se realizan tales emprendimientos.
Y la verdad es que en esta materia Chile se encuentra en deuda, porque hemos avanzado en muchos aspectos en estos últimos años, pero no específicamente en cuanto a facilitar el emprendimiento.
Según los antecedentes que ha tenido en vista la Comisión, el reporte de Doing Business, el último conocido, pone a Chile en el lugar 69 entre 183 economías evaluadas, pero con el aditamento de que, en relación con el anterior informe, bajó 14 lugares en cuanto a rapidez para efectuar un emprendimiento.
En lo que dice relación a apertura de negocios, el promedio de nuestro país respecto de la posibilidad de establecer una sociedad comercial con capacidad legal es de 27 días, en circunstancias de que en las naciones de la OCDE llega a 9 días.
Con este proyecto estamos agilizando la capacidad de abrir negocios al bajar el trámite de 27 a 16 días. Es decir, en forma muy significativa, estamos dando un paso en la buena dirección.
Es importante también tener en cuenta lo relacionado con el cierre de los negocios. Resulta de gran relevancia la capacidad para terminar el funcionamiento de una empresa. No sé si algún señor Senador ha tenido una experiencia sobre el particular. Yo sí la tuve años atrás y, en verdad, es una odisea, un trámite muy difícil, terminar el giro de una sociedad.
En Chile, ello demora en promedio 4,5 años, mientras que en los países de OCDE alcanza a 1,7. Todavía es mucho, por lo tanto, también hay que trabajar en este aspecto.
La iniciativa es sencilla en las cosas fundamentales. Al final, facilita la tramitación, le da rapidez a los distintos pasos que se deben seguir -en los municipios, fundamentalmente- para la obtención de las patentes municipales y a la inspección y timbraje del Servicio de Impuestos Internos. Con ello, vamos progresando en forma acelerada para facilitar el emprendimiento.
Me parece que se trata de una buena normativa que merece nuestro reconocimiento y aplauso.
Sin embargo, aquí se ha levantado un asunto que considero necesario abordar. Porque, entre las facilidades que se dan se halla, además de la rapidez o expedición de los trámites, la gratuidad en el costo de las publicaciones, con el agregado de que estas no deben efectuarse en un medio impreso, sino en un portal tecnológico, en un sitio web, lo cual va a facilitar la publicación y la gratuidad de esta, así como también su difusión a mayores ámbitos, dado lo expedito y accesible que se ha vuelto internet en nuestro tiempo.
Se ha levantado además, quizás con razón, el tema del Diario Oficial. Y no me refiero al problema del diario "La Nación", sino específicamente al del Diario Oficial y su situación.
El Senador que recién me antecedió en el uso de la palabra se refería a los antecedentes históricos de este medio. Y lo hacía reflexionando sobre la inquietud que alguien planteó, incluso, levantando la posible inconstitucionalidad de la norma que confiere gratuidad a la publicación que debe efectuarse en el Diario Oficial, como si hubiera una suerte de expropiación del derecho que tuviese un particular para hacerlo.
Sobre el particular, quiero recordar algunos antecedentes.
Efectivamente, bajo su actual denominación, el Diario Oficial fue creado por decreto supremo el 15 noviembre de 1876, y apareció su primer ejemplar el 1º de marzo de 1877. Por lo tanto, tiene una antigüedad significativa: superior a un siglo.
Su publicación se realizaba por medio de la Imprenta Nacional, que era de propiedad del Gobierno, del Fisco, y su manejo se entregaba a través de una concesión de explotación a particulares.
El DFL Nº 79, de 1931, dispuso en su artículo 3º que a partir del 6 de abril de ese año la Empresa Periodística La Nación, también de propiedad fiscal, se haría cargo de la Imprenta Nacional y de la publicación del Diario Oficial. En el artículo 4º del reglamento se regulaban las condiciones del traspaso de la concesión. La Contraloría General de la República sería quien intervendría en la entrega de la Imprenta Nacional a los nuevos concesionarios.
La concesión de publicación del Diario Oficial otorgada a "La Nación" fue ratificada por el DFL Nº 111, de 1932, que reorganizó y le dio una nueva estructura a la Empresa Periodística La Nación.
Sin embargo, por problemas de funcionamiento económico, esa entidad entró en crisis financiera, lo cual llevó al gobierno de la época, como una forma de evitar la quiebra, a constituirla en una sociedad anónima donde el Fisco quedó como principal accionista.
¿Qué aportó la antigua empresa? Todos sus bienes. Pero aquellos de los cuales no era propietaria, sino mera concesionaria -como los provenientes de la Imprenta Nacional y del derecho a publicar el Diario Oficial-, se aportaron solo en las condiciones en que estos eran poseídos con anterioridad, es decir, como concesiones.
Esa es la historia de cómo "La Nación" se hizo del Diario Oficial. Se entiende, por lo tanto, que el titular de la concesión sigue siendo el Fisco y que "La Nación", con los cambios que ha sufrido con posterioridad, es solo una concesionaria.
Esa sociedad anónima ha tenido múltiples evoluciones. En la última se establece que la sociedad con Inversiones Colliguay S.A. es dueña del 29,5 por ciento de la propiedad de la empresa y que el Fisco posee el resto a través de todas las acciones ordinarias y de unas pocas acciones preferentes.
Sobre la legalidad de esta concesión ha habido diversos pronunciamientos de la Contraloría que han objetado distintas cuestiones suscitadas a lo largo de estos años. De acuerdo con el último informe -como bien expresó hace poco el Honorable señor Novoa-, uno podría decir que ha quedado claro que la situación jurídica del Diario Oficial es la de una marca comercial concedida en explotación a la Empresa Periodística La Nación. Por lo tanto, en lo sustantivo, todavía se encuentra regulada por el Derecho Público y, por consiguiente, no genera en tal sentido derechos patrimoniales que pudieran esgrimir en la materia los socios o algún tercero al reclamar que se estaría cambiando un elemento de constitucionalidad al determinar la gratuidad. El Fisco puede establecer que las publicaciones sean pagadas, pero también puede disponer que sean gratuitas, cuando deban aparecer en el Diario Oficial, ya que es una concesión en donde el Estado fija las reglas del juego. Por cierto, tiene que hacerse por ley, tal como funciona hoy día.
Por otra parte, se tiene que entender que el Diario Oficial no se halla establecido en la Carta Fundamental, sino que constituye una materia de regulación legal. Se refieren a él el Código Civil y diversos otros preceptos de nuestro ordenamiento legislativo. Por ende, a través de otra modificación legal puede hacerse lo que el Estado estime conveniente, tal como se está obrando en la actualidad.
Me permito agregar otro elemento adicional: de haber dificultades, el Fisco bien podría -por ejemplo, a través de esta ley en proyecto-, respecto de las publicaciones para poder dar a conocer y otorgar vigencia a una sociedad anónima o cualquier tipo de sociedad de naturaleza comercial o civil, establecer un sistema de información nuevo y distinto.
Por consiguiente, el intento de cuestionar esto llevaría al Estado a crear un sistema legislativo diferente para las publicaciones de leyes, decretos, reglamentos o de cualquier otro tipo.
En consecuencia, plantear aquí la inconstitucionalidad constituye solo una manera solapada de tratar de defender una prerrogativa que no existe.
Se trata de una concesión que el Estado tiene derecho a regular como quiera.
Hoy las publicaciones y cualquier acceso a la información deben ser gratuitos. Es la única manera de asegurar que todos tengan acceso real a ella. Por lo demás, eso permite facilitar el emprendimiento, porque no se trata solo de tramitación, sino de información, lo que se exige para dar vida a una sociedad.
De tal manera que, a mi parecer, los antecedentes jurídicos en torno a las publicaciones en el Diario Oficial nos hacen pensar que no hay problema alguno de constitucionalidad ni de legalidad, porque basta que una norma legal establezca la forma de publicación que estime conveniente, no solo para determinada sociedad que quiera empezar a funcionar, como requisito de conocimiento, sino para cualquier norma jurídica. Depende de una ley que así lo determine y nadie puede objetar que así ocurra.
Por eso, creo que esta es una buena forma de resolver el punto. Y si no, yo le pediría al Ejecutivo que resolviera creando un nuevo sistema, para evitar cualquier dificultad en la publicación de las normas.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, hace muchos años se hizo una investigación bastante a fondo respecto a las dificultades para el emprendimiento. Y, después de terminada, su título fue El difícil camino de emprender.
Por ello, me alegra mucho que en los primeros proyectos de ley asumidos por el Ministerio de Economía, con el Ministro aquí presente, se hayan abordado materias de esta naturaleza.
Sin embargo, lo que está haciendo esta iniciativa -no conozco los detalles de su génesis- es optar por algo práctico: colocarle más velocidad a la burocracia.
Porque aquí no se elimina ningún trámite, sino que, básicamente, se establecen plazos, se otorgan patentes por el solo ministerio de la ley, en fin.
El Ministro, entonces, ha sido sumamente práctico.
Porque aquí no se resuelve la cuestión de fondo: la modernización del Estado; o sea, cómo eliminar trámites, de qué manera facilitar las distintas actividades que realizan los ciudadanos. De modo que entiendo que el proyecto pertinente, por las dificultades que presenta esa modernización, debería abordarse en una segunda fase, independiente de aquella en que se coloca más velocidad a la burocracia.
Yo esperaría en consecuencia que, resuelto el proyecto de ley en debate, se abordara el segundo aspecto, que es esencial.
Señor Presidente, algunos servicios han enfrentado el asunto de la modernización, y con gran éxito. El de Impuestos Internos es un claro ejemplo.
Sin embargo, dadas la velocidad, la globalización, la agilidad con que ha de resolverse, al ir entrabándose la tramitación se pierden oportunidades.
Considero que, en definitiva, debe abordarse la modernización del Estado, y sectorialmente. No podemos tener un Estado desfasado en el tiempo.
Por eso, al abordar la idea de legislar, me quedo con el mérito de este proyecto: darle velocidad a la burocracia. Pero, en mi concepto, queda pendiente la tarea vinculada con la modernización del Estado, que, como lo han mencionado varios señores Senadores, tiene que ver con temas tremendamente profundos.
Aquí muchas veces hemos hablado de la concentración de la riqueza, de la igualdad de oportunidades, las cuales tienen que ver con aquello.
Evidentemente, en una pequeña empresa el propietario, quien realiza la actividad, casi siempre termina por realizar todos los trámites a que se ha hecho referencia, debiendo dejar de producir para ponerse al servicio de la burocracia. En tanto, las grandes empresas pueden pagar a gente que se dedica nada más que a llevar a cabo ese tipo de labores.
Por consiguiente, juzgo que estamos ante un significativo paso adelante. No obstante, espero que abordemos al menos sectorialmente, en los aspectos más sensibles, con las prioridades del caso, la modernización del Estado, pues no podemos limitarnos a imprimirle más velocidad a la burocracia.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Habiendo intervenido todos los oradores inscritos, corresponde pronunciarse sobre la idea de legislar.
En votación.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Yo, pues no está funcionando el sistema electrónico en la testera.
Le pido, señor Secretario, agregar mi voto afirmativo.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Así se hará, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (30 votos a favor).
Votaron las señoras Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Allamand, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

El señor PIZARRO (Presidente).- Antes de darle la palabra al señor Ministro, quien la está solicitando, fijaremos plazo para presentar indicaciones.

La señora RINCÓN.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor PIZARRO (Presidente).- Sí, Su Señoría.

La señora RINCÓN.- Hay un pareo, y no se dio cuenta de él.

El señor PIZARRO (Presidente).- La señora Senadora pide dejar constancia de un pareo suscrito por los Honorables señores Ruiz-Esquide y Pérez Varela.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Pero no se halla presente ninguno de ellos, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- El Senador Pérez Varela aparece votando.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Así es.

La señora RINCÓN.- Y hay un pareo.

El señor LARRAÍN.- Se puede levantar el pareo cuando quienes lo suscriben concuerdan en una misma posición.

El señor PIZARRO (Presidente).- El Senador señor Pérez Varela aparece votando, pero no está en la Sala.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Efectivamente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Bueno, se dejará constancia del pareo en las votaciones siguientes.
Plazo para presentar indicaciones.
¿Señor Presidente de la Comisión?

El señor PROKURICA.- El 20 de julio.

El señor PIZARRO (Presidente).- Porque el proyecto debe pasar a Hacienda en la discusión particular.

El señor PROKURICA.- Insisto: el 20 de julio.

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿O el lunes 19, a las 12?

El señor ESCALONA.- ¡No!

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Es poco?

El señor ALLAMAND.- Una semana más.

El señor ESCALONA.- Para vuelta de la semana regional.

El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, el 26 de julio, a las 12.
¿Les parece?
--Así se acuerda.


El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Ministro, tiene la palabra.

El señor FONTAINE (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, agradezco el apoyo del Senado a la idea de legislar sobre este proyecto, que pretende facilitar el nacimiento de empresas, desburocratizar y atacar aquello que el Senador Tuma llamó "tramitocracia".
Yo recibo con el mayor interés los comentarios y aportes surgidos de este debate. Por ejemplo, lo concerniente a las microempresas familiares, en los términos que indicó el Senador Zaldívar. También, la revisión del costo de las patentes en la fase inicial de la vida de las empresas. Obviamente, hay consideraciones de carácter presupuestario con relación a esa idea, pero es algo a cuyo análisis me abro con el mayor interés.
Por cierto, en la discusión pormenorizada habremos de aclarar interpretaciones, problemas redaccionales, aspectos oscuros e implicaciones de algunos aspectos de la iniciativa, en particular lo atinente al Diario Oficial. Pero pienso que en ningún caso debemos transar en el objetivo de facilitar la creación de empresas, abaratar costos y reducir tiempos.
Esta iniciativa, señor Presidente, es una de las que se inscriben dentro de una batería de medidas que estamos trabajando exactamente en tal dirección. Algunas van en la línea de lo que manifestó el Senador señor Orpis en cuanto a la modernización del Estado, de la ingeniería de los trámites -por así decirlo-; y otras, a aspectos más generales, como los que tienen que ver con la constitución expedita de sociedades, la revisión de los permisos de edificación y los permisos en los ámbitos sanitario y ambiental.
Estamos laborando, asimismo, en lo concerniente al cabotaje marítimo.
Los Senadores señores Kuschel y Escalona formularon planteamientos sobre los reglamentos del sector salmonero. Nos hallamos abocados a ellos. Espero que en los próximos días, de los dieciséis, se envíen a la Contraloría los dos primeros. En todo caso, estamos tratando de actuar con la máxima celeridad.
El propósito de esa batería de proyectos, señor Presidente, es destrabar el emprendimiento, eliminar barreras y conseguir desatar una ola de iniciativas que mejoren la productividad y el crecimiento de nuestro país.
Ahora entraremos a la fase de la discusión pormenorizada del proyecto que se acaba de aprobar en general.
Muchas gracias.


CAMBIO DE FECHAS PARA ELECCIÓN PRESIDENCIAL


El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de reforma de la Carta, iniciado en moción de los Senadores señores Coloma y Novoa, en primer trámite constitucional, sobre fechas para las elecciones presidenciales, con nuevo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4592-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional: (moción de los Senadores señores Coloma y Novoa).
En primer trámite, sesión 59ª, en 10 de octubre de 2006.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 9ª, en 14 de abril de 2009.
Constitución (nuevo), sesión 31ª, en 30 de junio de 2010.
Discusión:
Sesiones 13ª, en 29 de abril de 2009 (queda para segunda discusión); 14ª, en 5 de mayo de 2009 (se solicita aplazamiento de la votación); 15ª, en 6 de mayo de 2009 (vuelve a Comisión de Constitución); 26ª, en 9 de junio de 2010 (se aprueba en general).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Cabe recordar que respecto de esta iniciativa la Sala acordó, en sesión de 6 de mayo de 2009, que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento emitiera un nuevo informe.
En el nuevo informe se deja constancia de que el referido órgano técnico discutió la iniciativa tanto en general cuanto en particular y la aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chadwick, Espina, Pérez Varela y Patricio Walker.
Con esa misma unanimidad, se acordó solicitarle a la Sala discutir el proyecto solo en general, con el objeto de posibilitar la presentación de indicaciones.
El texto que se propone aprobar en general se consigna en el nuevo informe.
Conforme a él, esta iniciativa persigue el propósito de establecer que la votación para elegir Presidente de la República y la destinada a elegir parlamentarios se efectúen el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquel en que termina el período del Primer Mandatario en ejercicio; y la segunda votación para elegir Presidente de la República, cuando fuere necesaria, el cuarto domingo después de efectuada la primera.
Cabe tener presente que para aprobar esta reforma constitucional se requiere la conformidad de tres quintos de los Senadores en ejercicio; en este momento, 23 votos.


El señor PIZARRO (Presidente).- En la discusión general, tiene la palabra la Honorable señora Alvear.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, la iniciativa que nos ocupa tuvo su origen en una moción de los Senadores señores Coloma y Novoa presentada el 4 de octubre de 2006.
Como señaló el señor Secretario, su objetivo es que la elección conjunta de Presidente de la República y de parlamentarios tenga lugar el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquel en que termina el período presidencial en ejercicio, y si procede segunda vuelta en el caso de la elección presidencial, que la votación se efectúe el cuarto domingo después de la primera.
El proyecto busca, en primer término, modificar el artículo 26 de la Constitución Política a fin de consagrar lo que ya explicité.
En segundo lugar, plantea enmendar el artículo 27 de la Carta para establecer que el Presidente de la República y los parlamentarios electos asumirán sus cargos el 11 de marzo del año siguiente a aquel en que se efectúe la elección.
Ahora bien, señor Presidente, lamento que haya en la Sala solo un Ministro, porque voy a señalar algo muy relevante que se discutió en la Comisión.
Habiéndose presentado en octubre de 2006 la moción que dio origen al proyecto en debate, el Ejecutivo remitió al Parlamento una iniciativa de ley que plantea lo mismo: nuevas fechas para la elección presidencial.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, atendido ese hecho, invitó al Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet, quien concurrió a la sesión pertinente, donde se le hizo ver que, cuando existen mociones de Senadores o de Diputados y, en su legítimo derecho, el Gobierno quiere realizar observaciones, debe formular indicaciones a los textos de aquellas, pero no enviar nuevas iniciativas, pues eso no tiene ningún sentido. Porque en muchos casos las mociones llevan varios años de tramitación. Tal ocurre en esta oportunidad, en que la presentación data del 4 de octubre de 2006. ¿Qué sentido tiene, entonces, iniciar ahora una nueva discusión sobre la materia tratada en ella?
Señor Presidente, he querido exponer el punto aquí, en la Sala, porque entiendo que nos interesa a todos los Senadores que, cuando el Ejecutivo tenga interés en materias ya abordadas mediante mociones, les formule, dentro del período pertinente, las indicaciones que considere necesarias para perfeccionarlas. De esa manera podremos trabajar como Poderes colegisladores en igualdad de condiciones.
Finalmente, le sugiero a la Sala aprobar la reforma constitucional que nos ocupa esta tarde.
He dicho.

El señor LETELIER.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?

El señor ESCALONA.- Abramos la votación.

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Hay acuerdo para abrir la votación?

La señora RINCÓN.- Conforme.

La señora MATTHEI.- "Si le parece", señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Para fundar su voto, tiene la palabra la Senadora señora Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, este proyecto de reforma constitucional es muy importante, y los Senadores de la bancada de Renovación Nacional concurriremos a él con nuestros votos favorables.
En octubre de 2006 nuestro Partido le entregó en La Moneda a la Presidenta Michelle Bachelet un compendio que contenía un informe donde se proponía precisamente modificar las fechas de las elecciones parlamentaria y presidencial en términos de la primera y la segunda vueltas.
El cambio nos parece tremendamente significativo, porque es algo que la gente anhela en el caso de una eventual segunda vuelta: tener vacaciones tranquilas y fiestas de fin de año sin el entorpecimiento de procesos electorales.
En octubre de 2006, pues, nos hicimos eco de un anhelo cívico de la ciudadanía. Y le pedimos al Gobierno de la Presidenta Bachelet que apoyara una moción que presentamos sobre el particular. Desgraciadamente, no tuvimos éxito en ese momento.
Por lo mismo, para nosotros, como bancada de Renovación Nacional, sería muy significativo contar con todos los votos de la Sala esta tarde, porque nos parece que modificar la fecha de las elecciones es importante para la gente, para los electores, para las candidaturas, tanto presidenciales como parlamentarias, sobre todo cuando hay segunda vuelta, como ha ocurrido en las últimas tres ocasiones.
Por lo tanto, estamos ante un proyecto que apunta en la dirección correcta.
Concluyo señalando que el documento que presentamos en su oportunidad fue llamado "Informe Prokurica", pues dicho señor Senador, entonces Vicepresidente del Partido, y yo, como su Secretaria General, fuimos quienes lideramos y planteamos el tema en ese momento.
Por supuesto, estamos absolutamente de acuerdo y concurriremos con nuestros votos a la aprobación de la iniciativa.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, dos comentarios respecto de este proyecto de reforma constitucional, el cual, como bien señaló la Senadora Alvear, se presentó el 2006 y, dicho sea de paso, fue discutido en la Sala hace aproximadamente un año.
Quiero recordar cuál era la lógica.
Según parece, de aquí en adelante los Presidentes de la República se van a elegir en segunda vuelta. Es la sensación que existe, por lo menos si uno se atiene a las últimas elecciones registradas en nuestro país.
Adicionalmente, el sistema de votación será voluntario, conforme se ha acordado a propósito de otra reforma constitucional.
El desafío es facilitar la vida de la gente, entendiendo que el actual esquema, donde la segunda vuelta se lleva a cabo en enero, claramente genera dificultades tanto respecto de la participación ciudadana -no la favorece- como de actividades muy importantes para algunas Regiones y que surgen, básicamente, a partir del turismo.
Por eso nos pareció prudente, necesario, útil, innovar en la disposición constitucional que establece la elección 90 días antes de que asuma el nuevo Presidente, la cual, por la vía de los hechos, determina que la segunda vuelta se realice en enero.
La idea matriz fue estudiada y mejorada en la Comisión de Constitución, donde se hizo una adecuación acertada en términos de fijar la primera vuelta para el tercer domingo de noviembre, y la segunda, para el cuarto domingo después de efectuada la primera.
Si uno hace un ejercicio numérico, verá que lo más tarde que podría verificarse la segunda vuelta es el 20 de diciembre. Lo más probable, porcentualmente, es que ella se dé entre el 13 y el 20. Tuvimos especial cuidado en este punto, porque tampoco sería razonable que por alguna imperfección la segunda elección se realizara el 25 de diciembre o el 1° de enero. De manera que esa contingencia queda bien resguardada.
En suma, me parece que el proyecto le facilita la vida a la gente, promueve la participación política y propicia la acción de campaña, cuestión no menor, como bien sabemos quienes estamos aquí presentes.
Aprovecho de agradecer las palabras de la Senadora Alvear, muy ciertas y profundas, sobre todo cuando se expresan a propósito de un proyecto como este, del que Su Señoría no es autora. Pero ella tiene toda la razón, en términos de adoptar una política común en cuanto a hacer esfuerzos para que el Ejecutivo, cualquiera que este sea, siga la lógica de las iniciativas parlamentarias cuando ello proceda. Entiendo que en este caso el Gobierno se comprometió a seguir la tramitación correspondiente. Y de ahí que valoro que los miembros de la Comisión de Constitución hayan hecho prevalecer la lógica parlamentaria dentro de un sistema que, como sabemos, es poco generoso en ese sentido. Debemos tratar de hacer las cosas lo mejor posible para contribuir a construir un país superior.
Por eso, señor Presidente, voy a votar a favor.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, la verdad es que esta iniciativa la debiésemos haber aprobado hace ya bastante tiempo.
Sin perjuicio de ello, voy a presentar una indicación para que en la discusión particular veamos la posibilidad de reducir el plazo entre la primera y la segunda vueltas, ya que no veo ninguna razón para que este se mantenga en un mes. Lo único que se consigue con eso es aumentar considerablemente los costos de las elecciones presidenciales.
En realidad, la duración de la primera vuelta es suficiente para conocer las posturas y posiciones de los candidatos. Y hoy en día la tecnología permite perfectamente implementar la segunda en tres semanas.
Por tal motivo, estoy formulando una indicación que apunta a que la primera vuelta no sea el tercer domingo del mes de noviembre, sino el cuarto, lo que también presenta la ventaja de que, en el caso de que el Presidente de la República resulte elegido en dicha oportunidad, no se mantenga tanto tiempo en calidad de electo. Parte del objetivo que se buscaba al establecer los comicios 90 días antes de la asunción del nuevo Jefe de Estado era, precisamente, evitar un lapso demasiado largo entre ambas fechas, pues no es sano tener durante mucho tiempo un Presidente electo y, paralelamente, otro ejerciendo la conducción del país.
Asimismo, si reducimos en una semana la diferencia, fijando la primera vuelta el cuarto domingo de noviembre y no el tercero, y a la vez disponemos que la segunda se llevará a efecto el tercer domingo después de la primera y no el cuarto, estaremos evitando también lo que advertía el Senador Coloma y que se tuvo en vista al momento de fijar las fechas: que la segunda vuelta nunca coincida con la Navidad o, eventualmente, con el Año Nuevo.
En verdad, no veo ninguna razón para que la segunda vuelta se realice en un plazo tan largo. Es sano para la democracia que este sea más reducido. Tres semanas ayuda a que gastemos menos en las campañas y se mantiene un lapso más que suficiente para que las dos opciones que obtengan las más altas mayorías puedan expresar sus puntos de vista. Ya lo habrán hecho con bastante holgura a propósito de la primera vuelta. Y, a mi juicio, no es sano para el país extender innecesariamente las elecciones, por razones que todos conocemos.
Por lo tanto, espero que en la discusión particular contemos con los votos para perfeccionar el texto de una manera que resguarde las fechas que aquí se señalaron y que asegure que tanto la primera como la segunda vueltas tengan lugar, a todo evento, antes de Navidad.
Gracias.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, quiero intervenir brevemente para recordar que este proyecto, de los Senadores Novoa y Coloma, lo discutimos y lo analizamos aquí en su oportunidad. Y todos estuvimos muy de acuerdo con él, pero dijimos que estaba muy encima de las elecciones y que parecía estar presentado con ese propósito. Ellos dijeron: "No tenemos ningún problema en postergarlo y verlo más adelante, porque no es esa nuestra intención". La idea era, por tanto, que quedara para las elecciones futuras.
Pues bien, hoy es la oportunidad de analizarlo. Y creo que las fechas propuestas son las adecuadas. Sin embargo, tiendo a coincidir con el Senador Longueira en cuanto a que cuatro semanas para la segunda vuelta a lo mejor es mucho. Si fueran tres, ella se efectuaría, en vez del 20 de diciembre, el 13 del mismo mes, lo cual nos aleja un poco también de la Navidad y el Año Nuevo y la hace más llevadera para todos los ciudadanos.
Así que en esa parte estoy totalmente de acuerdo.
No obstante, quiero resaltar que el Gobierno del Presidente Piñera ha enviado dos proyectos de ley exactamente iguales a otros que ya se estaban tramitando. Uno es este, relacionado con las elecciones presidenciales, y el otro es el relativo a las votaciones de chilenos en el extranjero. Aquí ya hay iniciativas sobre tales materias con avances en su tramitación. Entonces, ¿cuál es el sentido de presentar nuevos articulados acerca de los mismos asuntos?
Por eso, quisiera que el Ejecutivo tuviera presentes cada uno de esos proyectos y les hiciera las indicaciones que estimara convenientes. Porque, si ya están en el Senado, ¿para qué enviar nuevas iniciativas a la Cámara de Diputados? ¡Para qué duplicar! ¡Si no estamos en contra! Todos queremos sacar las leyes adelante y efectuar las reformas que sean necesarias para nuestro país.
Por supuesto, votaré favorablemente el proyecto que nos ocupa. Lo dije el año 2006 y lo vuelvo a reiterar con mucho agrado ahora.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, quisiera referirme a dos puntos.
Lamentablemente, esta reforma constitucional no pudo aplicarse en la última elección presidencial, pese a que en la Comisión de Constitución existían iniciativas orientadas a que la segunda vuelta se realizara antes del mes de enero para evitar todas las dificultades que ello acarrea.
Deseo dejar constancia de ese hecho, porque el daño que se provoca en materia de turismo, particularmente en Regiones, es bastante alto.
En seguida, quiero abordar la sugerencia realizada por el Senador señor Longueira en cuanto a acortar el plazo de la segunda vuelta.
Estimo muy importante estudiar el tema a fondo, pues, en mi opinión, hoy en día no hay nada que justifique que entre la primera y la segunda vueltas existan 30 días. Todos los hechos demuestran que las elecciones, al final, no solo provocan una natural alteración en la vida cotidiana de las personas, sino que también dilatan una decisión que perfectamente se puede adelantar.
En este ámbito se han registrado dificultades con el Servicio Electoral, el cual ha hecho presente que el plazo para dar certeza al resultado de la elección es muy ajustado.
Sin embargo, ese juicio a mí no me parece correcto, ya que, cuando se analizó el tema en la Comisión de Constitución -sus miembros lo recordarán-, vimos que era del todo factible reducir el plazo de un mes a quince o veinte días.
Por último, en ese organismo se solicitó dejar constancia de todas las mociones presentadas sobre la materia a lo largo de los años. Hay al menos cuatro o cinco, de parlamentarios de Gobierno y Oposición, donde se planteó el tema. La Senadora Alvear, Presidenta de dicha instancia, recordará que nos encontramos con una lista de ellas, algunas incluso archivadas hacía muchos años. Así que ahora pedimos que sean incorporadas en este proyecto, con el objeto de que quede testimonio de todos los Senadores y Diputados que en su momento mostraron interés en el tema.
Por eso, señor Presidente, aprobaremos la iniciativa, pero siempre con la idea de acortar el plazo entre la primera y la segunda vueltas.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel.

El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, también quiero expresar mi voto a favor de este proyecto. Pero veo que el Senador señor Longueira plantea atrasar la primera vuelta y acercarla a la fecha que se propone para la segunda.
Mi idea es que sea al revés, es decir, que la segunda vuelta se adelante en una semana.
Además, me gustaría que se analizara alguna vez la factibilidad de introducir el voto electrónico. El punto ya ha sido planteado, por esto de tener apoderados, vocales de mesa, votar en un solo día, en fin. Creo que la tecnología que hoy existe permite intentar el sistema, en forma de "piloto" o como prueba, en algunas zonas, aunque reconozco que en otras ello todavía no es posible.
El señor PIZARRO (Presidente).- Consultaremos la experiencia de otros países para ver si se puede implementar aquí, señor Senador. En Venezuela hay un mecanismo electrónico que funciona a la perfección.
Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, simplemente quiero decir que estamos de acuerdo en lo esencial de este proyecto de reforma constitucional, que es modificar el plazo entre la primera y la segunda vueltas.
Sin embargo, a partir de lo expresado por el Senador Longueira se abre un debate que puede ser interesante y que va a enriquecer la discusión particular de la iniciativa.
La bancada del Partido Por la Democracia va a respaldar la reforma, porque pensamos que este es el momento para introducirla. Tratar de llevarla a cabo un año antes de la elección en verdad altera en alguna medida el cronograma que todos se han trazado.
Ahora, estrechar mucho el período entre la primera y la segunda vueltas es no dar cuenta exactamente de lo que se vio en las últimas elecciones. Las segundas vueltas son campañas distintas, procesos electorales distintos, por lo que quince días es muy poco tiempo, a mi entender, para plantear una nueva votación. No obstante, ello será parte de la discusión particular.
Lo que sí es importante es que la reforma le va a alivianar la vida a mucha gente, especialmente en las zonas agrícolas, donde la actividad productiva es muy relevante, y también en las turísticas.
Comparto asimismo lo manifestado por el Senador Kuschel. Creo que este proyecto debiera enmarcarse igualmente en un avance más significativo, más decidido en el plano electoral, como lo es el voto electrónico. Pero además se tendrían que considerar una serie de otros compromisos que el propio Presidente Sebastián Piñera ha adquirido, como la inscripción automática y el voto voluntario (entiendo que el texto pertinente se encuentra en la Comisión respectiva) y el voto de los chilenos en el extranjero. De tal modo que, a mi juicio, no hay excusa para no avanzar en estas materias.
La elección de los gobiernos regionales también es un tema al cual debiéramos echarle una mirada. Por cierto, hay otros donde tenemos algunos matices o, lisa y llanamente, diferencias sustanciales, como la modificación del sistema binominal.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, este es un proyecto bastante sencillo en su entendimiento y muy claro en su objetivo, el cual todos valoramos.
Sin embargo, hay una reflexión que creo importante tener presente en materia de plazos.
Es cierto -como señaló el Senador señor Coloma, uno de los autores de este proyecto de reforma- que la dinámica de las últimas elecciones hace pensar que habrá segunda vuelta. Pero puede que eso no ocurra y que uno de los candidatos gane en la primera.
Si eso llegara a suceder y la elección se llevara a cabo en noviembre en forma muy temprana, tendríamos un Gobierno electo durante un período de casi cuatro meses, lo cual no solo es inconveniente para este, sino también para el que termina su mandato, pues habría dos Gobiernos funcionando en paralelo.
Por lo tanto, pienso que se debería atrasar lo más posible la primera vuelta, por cuanto eso evitaría los inconvenientes descritos.
De ahí que sea importante tener presente el punto.
He conversado el tema con el Director del Servicio Electoral, que siempre plantea la necesidad de contar con más tiempo, por las reclamaciones que puedan producirse. No olvidemos que la elección presidencial es simultánea con las parlamentarias, por lo que la reforma no solo adelanta la primera, sino también las segundas, lo que significa que el plazo para pronunciarse acerca de posibles reclamaciones será menor.
Por eso, considero que habría que separar ambas situaciones, de manera que las reclamaciones de la segunda vuelta presidencial pudieran ser resueltas en forma expedita, ojalá dentro de un lapso de quince días.
Yo sé que son elecciones distintas, pero también es cierto que los juicios, a esas alturas del partido, ya están bastante avanzados. No se requiere mayor tiempo. Hay países en que la segunda vuelta se realiza la semana siguiente. Se hace la primera vuelta un domingo y siete días después se lleva a cabo la segunda, si acaso corresponde.
Me parece que lo que se requiere entre la primera y la segunda vueltas es un instante de reflexión. Y una semana puede ser suficiente, y dos semanas, más que suficiente.
Ojalá las dos elecciones se efectuaran en diciembre, de manera de evitar ese efecto, que puede ser complejo. Por ejemplo, el proyecto habla del tercer domingo de noviembre. Y desde esa fecha hasta el 11 de marzo hay prácticamente cuatro meses. Es mucho tiempo para mantener dos Gobiernos, uno electo y otro en ejercicio, funcionando simultáneamente.
Espero que esto se pueda revisar con la buena voluntad del Servicio Electoral, organismo que siempre coloca inconvenientes para realizar una elección lo más rápido posible.
En definitiva, si pudiéramos fijar las dos elecciones en diciembre -como dije-, ello sería óptimo para los objetivos de este proyecto, que, por cierto, apoyo.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, la iniciativa en debate en apariencia es muy sencilla. Entiendo su sentido. Es mejor y más recomendable reflexionar con calma sobre los plazos, las modificaciones que debemos introducir, pero no es aconsejable hacerlo cuando se está en pleno proceso electoral. En efecto, resulta mucho más razonable analizar esta materia con la perspectiva del tiempo. Y por eso creo que este es el momento oportuno.
Ahora bien, me asaltan algunas dudas. Sin embargo, como hoy debemos pronunciarnos sobre la idea de legislar, la vamos a aprobar, porque comprendemos la idea matriz.
Entre otras cosas, adelantar el plazo de 90 días para celebrar la elección presidencial al tercer domingo de noviembre parece razonable. Pero, de haber segunda vuelta, esta se llevaría a cabo "el cuarto domingo después de efectuada la primera". O sea, si la primera se realiza en la tercera semana de noviembre, podríamos estar efectuando la segunda vuelta en la segunda, tercera o cuarta semana de diciembre. ¡Ahí sí que los electores nos odiarían a todos nosotros por no tener capacidad para entender que en plena Navidad no se hace una elección!
Por eso, llamo la atención acerca de que podemos caer en una incoherencia como la descrita, en circunstancias de que buscamos facilitar un proceso, hacerles la vida más razonable a los ciudadanos y no provocar este tipo de situaciones.
Recuerdo lo mucho que se reclamaba porque la segunda vuelta caía a mediados de enero. Pero resulta bastante más dramático realizarla en medio de las fiestas navideñas, pues en enero no necesariamente todo el mundo se halla de vacaciones.
Entonces, me parece que en este punto existen varias contradicciones.
También, quiero señalar que comparto la opinión de que la segunda vuelta no es igual a la primera. Se ha alegado mucho al respecto, pero, en realidad, en esta materia es difícil sostener una opinión tajante.
Aquí se mencionó en reiteradas ocasiones que se trata de lo mismo, que el electorado ya está definido. Pero no necesariamente es así. En la primera vuelta hay más candidatos; en la segunda solo quedan los que obtuvieron las dos primeras mayorías, y puede cambiar bastante el mapa electoral, lo cual ya hemos vivido en elecciones pasadas.
Por lo tanto, no es legítimo decir: "Mire, da lo mismo. El electorado ya está decidido. La nueva votación podría ser hasta una semana después". ¡No! Y en el último proceso eleccionario se demostró. Es evidente que se modifica el mapa electoral, pues los candidatos se reducen a dos.
Entonces, estamos hablando de una elección que, desde el punto de vista político, presenta un contenido distinto.
Así que es importante que quienes analicen el proyecto en la Comisión lo observen con más calma. No nos precipitemos. Saquemos una iniciativa buena, que de verdad genere lo que buscamos, sin consecuencias indeseadas como las que podrían presentarse de quedar la normativa tal cual se ha propuesto. Al menos yo no estaría de acuerdo en efectuar la segunda vuelta la tercera semana de diciembre. Creo que no corresponde.
Por otra parte, señor Presidente, deseo abogar por que nuestro país avance en la votación electrónica. Nos estamos quedando atrás. Cada día es más frecuente su utilización en diversas naciones, con toda razón, legitimidad y sin cuestionamiento. Por tanto, no hay justificación para no implementarla.
Y también deseo interceder una vez más para que se cumplan las promesas que se formulan.
Recuerdo que, encontrándonos en Estados Unidos, con el Senador Ignacio Walker le planteamos al Presidente de la República lo del derecho a voto en el exterior.
Yo espero que en esta oportunidad podamos salir adelante con un compromiso no menor sobre una situación que para muchos chilenos radicados afuera es realmente importante.
Esa promesa se encuentra pendiente. Venía de mucho antes. El actual Primer Mandatario se comprometió verbalmente sobre el particular, y no pudo cumplir. En aquella ocasión se lo recordamos con el colega Ignacio Walker, y esperamos que de verdad lo haga.
En el Senado ya se votó en general el proyecto que regula la inscripción automática, el sufragio voluntario y el voto de los chilenos en el extranjero. Por eso, espero que la Comisión pertinente retome la materia y siga trabajando en ella, a fin de que avancemos sin buscar justificaciones para dejar afuera un asunto tan sentido, tan presente, tan necesario, que, lamentablemente, se ha postergado más de la cuenta.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (31 votos a favor y una abstención), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido, y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 26 de julio, a las 12.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Allamand, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Pizarro.




MODIFICACIÓN DE LEY DE TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE


El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.132, de Televisión Nacional de Chile, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6191-19) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 59ª, en 27 de octubre de 2009.
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones, sesión 22ª, en 1° de junio de 2010.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es modificar la ley que creó la empresa Televisión Nacional de Chile para reforzar las exigencias de neutralidad, transparencia y calidad aplicables a dicha entidad. Asimismo, se propone una regulación que asegure la eficacia de su gestión y la satisfacción del bien común.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió esta iniciativa solamente en general y le dio su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Cantero, Novoa y Ruiz-Esquide.
El texto que se propone a la Sala se transcribe en la parte pertinente del primer informe.
Cabe tener presente que el numeral 1 del artículo único es de quórum calificado, por lo que para su aprobación se requieren los votos conformes de 20 señores Senadores.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que en su primera columna consigna el texto de la Ley de Televisión Nacional, y en la última, el proyecto que la Comisión propone aprobar en general.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión la idea de legislar.

Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, este proyecto apunta a fortalecer la televisión pública en nuestro país (Televisión Nacional), a fin de promover valores como la tolerancia y el respeto a la diversidad, y a transformarla en un instrumento que permita construir una sociedad de mejor calidad.
Televisión Nacional de Chile juega un rol relevante, si no fundamental, en materia de información, de opinión, de traslado de debates esenciales a los ciudadanos para que puedan opinar y ser parte de nuestra sociedad.
La iniciativa que ahora debatimos en general propone un conjunto de políticas para el fortalecimiento de esa empresa, en cuanto a su Directorio y a definir su misión. Sin embargo, también es preciso realizar un debate acerca de que hoy tiene diversas exigencias y, al mismo tiempo, debe competir en el ámbito privado con las manos y los pies amarrados.
Por lo tanto, hay una interesante discusión sobre la manera de fortalecer la misión de Televisión Nacional como medio de comunicación público y de dotarla de los instrumentos necesarios para enfrentar los desafíos del futuro.
Coloco lo anterior en el contexto del mundo por venir, que generará una de las discusiones tal vez más trascendentes en el país: el cambio a la televisión digital.
Ello representa un universo nuevo, que abrirá infinitas oportunidades para que sean los contenidos los que dirijan o tengan prioridad. Y deberemos adecuar la televisión pública a fin de que pueda insertarse y desarrollarse apropiadamente el desafío de la televisión digital.
Por lo tanto, el proyecto que nos ocupa me parece relevante. Fue aprobado en general por unanimidad en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, y para que en esta lo podamos discutir en particular, voy a aprobar la idea de legislar.
He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (25 votos a favor y dos abstenciones), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido, y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el 2 de agosto, a las 12.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Allamand, Cantero, Chadwick, Chahuán, Escalona, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron la señora Pérez (doña Lily) y el señor Kuschel.

El señor ESPINA.- ¿Puede dejar testimonio de mi pronunciamiento a favor, señor Presidente?

El señor LETELIER.- ¿Y también del mío?
El señor PIZARRO (Presidente).- Se dejará constancia en la Versión Oficial de las intenciones de voto favorable de los Senadores señores Espina y Letelier.




INDIVIDUALIZACIÓN DE PERSONAS NATURALES DUEÑAS DE INMOBILIARIA EN ESCRITURA DE COMPRAVENTA


El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Muñoz Aburto y Sabag y en primer trámite constitucional, que obliga a individualizar en la escritura de compraventa a las personas naturales propietarias de la empresa inmobiliaria, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6905-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señores Muñoz Aburto y Sabag).
En primer trámite, sesión 12ª, en 21 de abril de 2010.
Informe de Comisión:
Vivienda y Urbanismo, sesión 26ª, en 9 de junio de 2010.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es modificar el artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones para disponer, respecto del propietario primer vendedor y de las personas jurídicas que tengan responsabilidad en la proyección y construcción de una obra, la obligación de individualizar a las personas naturales que sean dueñas de acciones o participaciones que representen el 10 por ciento o más del capital, sea directa o indirectamente (a través de otras sociedades relacionadas).
La Comisión de Vivienda y Urbanismo discutió el proyecto solamente en general y le dio su aprobación a la idea de legislar por tres votos a favor (de los Honorables señores Letelier, Sabag y Tuma) y una abstención (del Senador señor Pérez Varela).
El texto que se propone acoger en general se transcribe en la parte pertinente del primer informe.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión la idea de legislar.

Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.

El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, el terremoto y el maremoto que afectaron a la zona centro sur del país demostraron las graves falencias que en materia de protección aquejan a adquirentes de casas y departamentos.
La opinión pública ha sido testigo de los efectos provocados por la catástrofe en diversas construcciones -algunas de reciente data-, muchas de las cuales han quedado con daños de consideración o inutilizables.
Eso ha ocasionado el evidente malestar de sus propietarios, quienes han perdido inversiones de largos años, cuando no de toda la vida.
Algunos de ellos, por el tiempo transcurrido, carecen de mecanismos legales que les permitan perseguir responsabilidades.
En otros casos, referidos a construcciones más recientes, los propietarios han pretendido iniciar las gestiones y acciones pertinentes. Pero han encontrado enormes dificultades para dar con el paradero de las inmobiliarias vendedoras o de las empresas constructoras, pues, salvo las de mayor tamaño y más consolidadas, cambian de domicilio y de propietarios, o se constituyen para el solo efecto de llevar adelante un proyecto específico.
Lo anterior no logra ser resuelto con las disposiciones legales vigentes, en particular el artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que obliga a incorporar en la escritura pública de compraventa la individualización de proyectistas y constructores. Porque en casos graves no se busca únicamente la responsabilidad civil, sino también la penal de todos los involucrados en la obra, lo que puede exceder a tales profesionales y extenderse hacia los titulares de las inmobiliarias y constructoras.
En tal sentido, la naturaleza jurídica de las inmobiliarias y constructoras constituidas como sociedades importa una suerte de anonimato que entorpece la persecución de dichas responsabilidades, más aún cuando -como se apuntó previamente- muchas empresas pequeñas cambian de domicilio o, incluso, se crean para proyectos específicos.
Por lo expuesto, consideramos necesario incorporar en la Ley General de Urbanismo y Construcciones una precisión que obligue a individualizar, en el caso de inmobiliarias y constructoras que sean personas jurídicas, no solo a sus representantes legales, sino también a las personas naturales que posean, directa o indirectamente, al menos 10 por ciento de su propiedad.
De ese modo, cualquier adquirente contará con datos esenciales para iniciar acciones legales, sin requerir verdaderas pesquisas investigativas para dar con el nombre y paradero de quienes aparecen como responsables de los perjuicios sufridos.
En razón de ello, les solicito a Sus Señorías que respalden esta iniciativa, que presentamos con el Senador señor Sabag.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, el Senador señor Muñoz Aburto ya ha detallado claramente el sentido del presente proyecto.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo estimó que era necesario, y por eso lo aprobó en general. Y le solicita a la Sala que proceda de igual manera.
En la materia en análisis, puedo dar testimonio de que en la Octava Región una empresa estafó a muchas personas que deseaban tener su casa propia. Y al poco tiempo vimos con sorpresa que apareció otra, por supuesto con un nombre de fantasía, vendiendo los mismos inmuebles por otro lado.
¡El mismo estafador estaba detrás de cada una de las escrituras!
Por eso, considero altamente conveniente que en las compraventas se individualice el nombre y la dirección de las personas naturales propietarias de una empresa inmobiliaria. Porque, ante la destrucción de muchas viviendas -sobre todo nuevas- con ocasión del terremoto, ha pasado que las personas no tienen a quién recurrir o demandar.
Entonces, esta es una falencia que se ha ido recogiendo en las escrituras públicas.
Por eso, esperamos que a través del presente proyecto, por lo menos en los casos individuales, las personas se hagan responsables y den su nombre y dirección; y que aquellas que carecen de buena fama puedan ser identificadas claramente por los compradores al momento de realizar la transacción de alguna propiedad inmobiliaria.
En consecuencia, pido a la Sala que preste su aprobación general al proyecto y fije un plazo para presentar indicaciones.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, en la Comisión de Vivienda voté a favor la idea de legislar, porque me parecía interesante efectuar un debate sobre la materia.
Sin embargo, me causa una contradicción enmendar la legislación relativa para saber quiénes son los responsables de una sociedad anónima y trasladar la responsabilidad a los dueños de acciones que, en el correcto sentido de la palabra, son irresponsables y muchas veces personas naturales. Por eso, no justifico el propósito de determinar a los propietarios de ellas en cierto momento, porque los títulos correspondientes se transfieren constantemente. Por ejemplo, si mañana ocurre un terremoto y un señor González dueño de 15 por ciento de una sociedad inmobiliaria vende sus acciones, ¿de qué sirve a los afectados conocer a los dueños anteriores?
A mi juicio, lo importante es la representación legal y las responsabilidades, las cuales continúan en la sucesión de la empresa y la unidad jurídica. Porque distinto es el caso cuando se disuelve una empresa y el último representante legal de la sociedad no renuncia a la responsabilidad o cuando -según lo dispuesto en el artículo 18- solidariamente responden los profesionales que hayan tomado parte en el diseño y construcción de un inmueble.
Por lo tanto, no me queda claro el porqué establecer la individualización de las personas naturales que posean, directa o indirectamente, acciones de una inmobiliaria o de parte de una propiedad, en circunstancias de que no son responsables de la ejecución del proyecto ni tampoco de la administración.
No aprecio la utilidad de la normativa respectiva, menos aun cuando los dueños pueden transferir la propiedad en cualquier momento, ni tampoco el objetivo del proyecto.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, aunque la iniciativa implica preocupación por un problema real, tengo la impresión de que no ofrece la respuesta correcta. Es decir, el problema existe, pero no queda claro que lo propuesto sea la mejor solución.
¿Por qué? Supongamos el caso de una empresa constructora que tiene como dueños a diversas personas debidamente individualizadas donde el que se equivocó fue el calculista. ¿Qué responsabilidad tienen los dueños de la inmobiliaria frente a un error claro de dicho profesional? Es factible también que esa empresa haya contratado los servicios de otra constructora. Entonces, ¿cómo se van a hacer responsables sus dueños de obras ejecutadas por otra empresa? ¿Cómo podrían controlarlas?
Además, señor Presidente, si se llega a cometer una equivocación y no figuran en las escrituras públicas todas las personas con más del 10 por ciento de la sociedad, cabe la posibilidad de que tales instrumentos sean declarados nulos.
En resumen, tengo la impresión de que el proyecto en debate es un intento de responder a una situación grave que aflige a muchos compatriotas, pero que no contiene la mejor solución técnica.
En virtud de tales argumentos, señor Presidente, sugiero que la iniciativa sea revisada en su primer informe por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, a fin de que analice este tipo de situaciones y defina cómo operan las responsabilidades civiles cuando los encargados de una construcción son distintos de los dueños de las acciones. De otra manera, podríamos estar creando más burocracia y no dando una respuesta eficaz para determinar quién se hace responsable de escándalos como los ocurridos en Concepción, donde un edificio bastante nuevo se desplomó completamente a raíz del terremoto.
En consecuencia, propongo que el proyecto sea enviado a la Comisión de Constitución, para que nos diga si efectivamente esta es una solución eficaz y eficiente para el problema o si es más conveniente buscarla por otro lado.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.

El señor CHADWICK.- Señor Presidente, las argumentaciones del Senador señor Tuma y de la Honorable señora Matthei me ahorran bastante los planteamientos que iba a exponer.
Me parece que el proyecto de ley tiene una correcta intención, pero que el remedio propuesto puede ser peor que la enfermedad. Obviamente, nunca podremos evitar toda suerte de posibles estafas. Si hay ánimo de cometer delito, ello se va a producir sea en el nombre de fantasía de la inmobiliaria, en la identificación de las personas naturales o con los domicilios que entreguen estas, etcétera. Es decir, siempre habrá maneras de cometer el ilícito. Pero corregir tal situación a través de la ley, y en particular por este medio, puede generar problemas importantes.
En primer lugar, en Derecho existe una clara diferenciación entre las personas jurídicas y las naturales, cuyas responsabilidades son completamente diferentes. Al mezclar ambas, daremos pie a una confusión de responsabilidades, lo que puede provocar una situación superdifícil para definirlas o delimitarlas en los tribunales de justicia.
En segundo término, las personas jurídicas son muy amplias y diversas entre sí: hay sociedades anónimas abiertas y cerradas, con responsabilidades limitadas, en comandita por acciones, etcétera. Y los socios de cada una de ellas también son distintos: en el caso de la simple sociedad de responsabilidad limitada, son personas naturales claramente identificables; y en el de una sociedad anónima cerrada, por el contrario, es tremendamente difícil identificar a las personas naturales que la forman, por cuanto está constituida de otra manera.
Por lo tanto, estamos propiciando una situación muy difícil de establecer en cuanto a los socios que figuran en las escrituras.
El Senador señor Tuma decía que los socios pueden cambiar dentro de un mismo día y, por lo tanto, no agregamos nada con determinar la responsabilidad de alguno de ellos.

El señor LONGUEIRA.- ¡O en una hora!

El señor CHADWICK.- O más rápido, todavía.

El señor LONGUEIRA.- ¡Si son de la colonia, en unos minutitos!

La señora MATTHEI.- ¡Además, nadie va a querer tener más de un 9,8 por ciento de las acciones!

El señor CHADWICK.- Algunos Senadores están haciendo aportes bastante constructivos e inteligentes, pero menores.
La Honorable señora Matthei se refiere a un argumento económico: que los dueños no querrán poseer más del 9,8 por ciento de las acciones.

La señora MATTHEI.- ¡Obvio! Con eso quedarían fuera de toda responsabilidad.

El señor PIZARRO (Presidente).- Prosiga su intervención, Su Señoría.
El señor CHADWICK.- Entonces, señor Presidente, dados los aportes "laterales" escuchados, me parece muy atendible la petición de la Senadora mencionada, en el sentido de que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, donde -para no rechazar la idea de legislar-, junto con el Senador Muñoz Aburto, podemos modificar el texto de la iniciativa y ver en qué es posible avanzar para definir la responsabilidad de estas instituciones, que es lo que realmente importa.

El señor PIZARRO (Presidente).- Antes de continuar con el debate, consulto a los autores de la moción si están dispuestos a enviar el proyecto a la Comisión de Constitución. De ser así, suspenderíamos la discusión en este momento. De lo contrario, se corre el riesgo de que se rechace la idea de legislar.
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.

El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, aun cuando considero bastante discutibles las observaciones formuladas -algunas, por ejemplo, señalan que si un proyectista traza de forma incorrecta la construcción no sería responsable-, debo recordar que el artículo 18 del proyecto define claramente quién es el responsable del mal diseño de una obra.
Pero sí debo sumarme a quienes plantean dudas respecto a las responsabilidades. Porque el objetivo del proyecto es ampliar la responsabilidad indicada en el artículo 18, a fin de que quienes sufran daños irreparables, como los ocurridos con el terremoto, tengan claramente definida la persona jurídica o natural a la que deben demandar, y que no sea única y exclusivamente el representante legal.
Ahora bien, con la finalidad de salvar la iniciativa -la que, como se ha mencionado, posee muy buena intención-, creo que resulta conveniente que la analice la Comisión de Constitución.

El señor LARRAÍN.- Que se estudie en Comisiones unidas.

El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, el proyecto pasa a las Comisiones de Constitución y de Vivienda, unidas.
Acordado.
Tiene la palabra el Senador señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, no me opongo a que la iniciativa vuelva a Comisión, pero quiero hacer una pequeña reflexión, que podría servir de orientación a los integrantes de los órganos de estudio a que se remitirá.
El proyecto no dispone en parte alguna responsabilidad para los socios o accionistas. Lo único que establece es la obligación de informar acerca de quiénes la asumen.
Como consecuencia de las sesudas intervenciones hechas, el autor de la moción quiere ahora imputar responsabilidad a los socios, con lo que estaríamos pasando de castaño a oscuro.
Entonces, pido tener especial cuidado en el nuevo primer informe para que la iniciativa no incurra en una aberración, porque las sociedades tienen una responsabilidad propia distinta de la de los socios.

El señor WALKER (don Patricio).- Así es.

El señor NOVOA.- Yo entendía que el proyecto trata de individualizar a los socios, a fin de que si el día de mañana algunas personas naturales organizan sociedades para estafar, quede claro quiénes integran una sociedad, a fin de perseguir su responsabilidad penal. Pero en ninguna parte la moción establece en qué socios pudiera recaer responsabilidad personal. Por algo las sociedades poseen una responsabilidad diferente.
Entonces, quiero que estas modestas consideraciones sean tomadas en cuenta en el nuevo informe.

El señor LONGUEIRA.- Mejor que no vuelva a Comisión.
El señor NOVOA.- Yo preferiría que no vaya. Pero ya que hay acuerdo en ese sentido, sería conveniente, en todo caso, precisar que no se desea alterar un hecho que resulta clave en Derecho: que las personas jurídicas poseen una responsabilidad distinta de la de los socios, salvo en el caso de las sociedades colectivas.

El señor PIZARRO (Presidente).- Ya se acordó remitir el proyecto a las Comisiones de Constitución y de Vivienda, unidas, para un nuevo primer informe.
La advertencia del Honorable señor Novoa la asumirá cada Senador en particular.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, en respuesta a lo que sostuvo recién el Senador señor Novoa, en relación con los antecedentes jurídicos, el artículo 18 dispone lo siguiente: "El propietario primer vendedor de una construcción será responsable por todos los daños y perjuicios". Es lo que pretenden los autores del proyecto, en un claro objetivo.
Ahora bien, creo que no puede ser el propietario primer vendedor el responsable, sino quien se ha equivocado y causado el daño: si el calculista o la empresa constructora. Pero no el que vende, porque quizás no tenga nada que ver.

El señor PIZARRO (Presidente).- Pediremos a la Senadora señora Alvear que invite a la Comisión a los interesados en la iniciativa.



REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE SUPERVIGILANCIA Y CONTROL DE ARMAS


El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señora Alvear y señores Pizarro y Sabag, relativo a la supervigilancia y control de armas, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5373-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional: (moción de los Senadores señora Alvear y señores Pizarro y Sabag).
En primer trámite, sesión 55ª, en 3 de octubre de 2007.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 30ª, en 29 de junio de 2010.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo principal del proyecto es reemplazar el inciso segundo del artículo 103 de la Constitución Política para encargar a la ley el establecimiento de el o los Ministerios o de el o los órganos de su dependencia que ejercerán la fiscalización y el control de las armas.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió la iniciativa tanto en general cuanto en particular, por ser de artículo único, y la aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Alvear y señores Chadwick y Sabag.
El texto pertinente se puede consultar en el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios.
Corresponde hacer presente que esta reforma constitucional requiere, para ser aprobada, los dos tercios de los Senadores en ejercicio, es decir, 25 votos favorables.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general y particular.

Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, el artículo 103 de la Constitución Política dispone que solo se podrá poseer armas si se cuenta con la debida autorización. En seguida, el inciso segundo del mismo precepto encomienda al Ministerio encargado de la Defensa Nacional o a un organismo de su dependencia ejercer la supervigilancia y control de las armas.
Hoy, la Ley de Control de Armas entrega esa atribución a las Comandancias de Guarnición y a Carabineros de Chile.
Sin embargo, como es sabido, próximamente la institución policial pasará a depender del nuevo Ministerio del Interior, encargado de la seguridad pública, por lo cual no podría continuar prestando el importante servicio de ejercer la supervigilancia y el control de las armas que se encuentren en manos de particulares. Esta circunstancia daría lugar a importantes dificultades que la reforma constitucional en debate pretende enfrentar y resolver.
En efecto, el control de armas es básicamente una tarea de orden interno y seguridad pública. Por lo tanto, ha de recaer en primer lugar en Carabineros de Chile antes que en las Fuerzas Armadas. Ello, por cuanto estas últimas se encuentran más bien orientadas a la seguridad externa, mientras que Carabineros, al control de las armas en el interior del país.
Por otro lado, por distintas razones, la presencia de personal de las Fuerzas Armadas en labores operativas en los centros de población donde se deben controlar las armas genera reacciones que conviene precaver.
Comprenderán los señores Senadores que el ingreso de efectivos castrenses a determinada población o comuna en cualquier Región, con el objeto de verificar el control de armas, generaría una reacción muy innecesaria -no quiero mencionar cuál- para dichas instituciones.
En cambio, Carabineros, en su tarea diaria, ingresa a las poblaciones y a diferentes comunas en función de sus labores de seguridad interna, por lo que el control de armas les resulta propio de su oficio.
Por lo anterior, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros, aprobó en general el proyecto.
Al discutirse en particular, se hizo presente la conveniencia de dejar abierta en el nuevo texto constitucional que se propone la posibilidad de que en el futuro sea más de uno el Ministerio o el servicio público encargado de estas tareas de control. Por ello, se acordó sustituir el texto de la moción por otro que encarga a la ley determinar el o los Ministerios o el o los servicios que ejercerán la supervigilancia y el control de armas.
Estimamos que tal modificación, también acordada en forma unánime por la Comisión, perfecciona la iniciativa y da cuenta de un criterio que posiblemente genere el consenso -así lo esperamos- de todos los Senadores.
Debo agregar que la moción en análisis fue presentada luego de largas reuniones con el Ministerio de Defensa, con la Subsecretaría de Carabineros, con el Ejército, el que particularmente está interesado en que esta tarea la realice Carabineros.
Sin embargo, es obvio que las armas para la Defensa Nacional deben estar bajo el control del Ministerio de Defensa.
Por ende, la reforma que aprobó por unanimidad la Comisión pretende establecer en la Constitución Política que más de un Ministerio -pueden ser el del Interior y el de Defensa Nacional- o servicio público se encarguen de tales funciones.
Señor Presidente, el consenso habido en la Comisión y el interés de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile por regular esta situación ameritan que aprobemos la iniciativa.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.

El señor CHADWICK.- Señor Presidente, deseo plantear un asunto de procedimiento.
Voté a favor del proyecto en la Comisión de Constitución. Pero algunos de sus integrantes que no pudieron asistir a la reunión respectiva me han preguntado si se escuchó la opinión del Ministerio de Defensa Nacional. Yo al menos no supe de una sesión en que haya participado el titular de dicha Cartera. Creo que debería haberse oído su parecer sobre la materia.
Por lo tanto, sería bueno enviar de vuelta el proyecto al referido órgano técnico para recibir a las autoridades pertinentes, luego de lo cual restableceríamos la discusión en la Sala.
Les encuentro razón, señor Presidente, a quienes me han consultado por dicha circunstancia.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, soy miembro de la referida Comisión, y no asistí a la sesión en que se trató el proyecto. Por tanto, asumo toda mi responsabilidad sobre el particular.
Sin embargo, más allá de si la supervigilancia y el control de las armas deben corresponder al Ministerio de Defensa Nacional o al del Interior, a las Fuerzas Armadas o a Carabineros, considero muy importante que recibamos en aquel órgano técnico a las autoridades para que nos den su opinión.
Es factible que lo propuesto en el proyecto sea lo razonable, pero -admito de nuevo mi responsabilidad por no asistir a la Comisión para advertirlo- no cabe aprobar una reforma constitucional de tal envergadura sin escuchar la posición de las Carteras mencionadas, a fin de saber dónde debería quedar radicada la supervigilancia de las armas en el país.
Como la iniciativa es de artículo único y, por ende, una vez aprobada en general debe votarse de inmediato en particular y dejarse despachada, pido, señor Presidente, con la venia de sus autores -Su Señoría y los Senadores señora Alvear y señor Sabag-, que la iniciativa vuelva a la Comisión, en el ánimo de encontrar la mejor solución.
Algunos países encargan la supervigilancia de las armas a las policías; otros, a las Fuerzas Armadas. Y también existen sistemas mixtos.
Hay, además, otro antecedente -me lo acota el Senador señor Prokurica- que dice relación a la sobrecarga de trabajo que muchas veces afecta a los carabineros.
Entonces, no tengo un juicio formado sobre dónde debiera radicarse el control de las armas.
Es cierto que el proyecto simplemente traspasa la facultad a la ley. Solo expresa que esta determinará si la función corresponde a un Ministerio u otro.
Sin embargo, señor Presidente, me siento imposibilitado de votar a favor de una reforma de esta naturaleza -asumo otra vez que debiera haber participado en la Comisión- sin que previamente tengamos una reunión con las autoridades de los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior para preguntarles su opinión acerca de dónde debiera quedar una supervigilancia tan trascendente e importante como la de las armas.
Muchos años atrás este asunto generó en Chile un gran debate, el cual hizo cambiar dicho control a la Cartera de Defensa Nacional.
A mi juicio, se trata de una discusión legítima. Puede que efectivamente dicha tarea deba quedar en manos de Carabineros.
Sin embargo, antes de tomar la decisión, solicito a los autores de la moción, por intermedio del señor Presidente, que la iniciativa vuelva a la Comisión -esta reforma requiere un quórum de aprobación altísimo- a fin de escuchar la opinión de los Ministerios referidos. Si esta es coincidente con el cambio que plantea el proyecto, lo aprobaremos rápidamente. Y si no, buscaremos la mejor solución.

El señor PIZARRO (Presidente).- Al parecer, la Senadora señora Alvear y el Honorable señor Sabag concuerdan con la solicitud de que la iniciativa retorne a la Comisión con el objeto de escuchar la opinión del Ministerio de Defensa Nacional.

La señora ALVEAR.- Y la del Ministerio del Interior.

El señor PIZARRO (Presidente).- También.
Si le parece a la Sala, se enviará el proyecto de vuelta a la Comisión de Constitución para un nuevo primer informe.
--Así se acuerda.

El señor LETELIER.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Es sobre lo mismo?

El señor LETELIER.- Por cierto. Había pedido la palabra antes de que usted tomara el acuerdo.

El señor PIZARRO (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, yo no me quiero oponer a un acuerdo que, entiendo, debiera ser unánime. Pero la verdad es que la decisión que se tome será inconducente y no servirá para resolver la situación.
Esta discusión lleva décadas en Chile. No hay nada nuevo.
Al Ejército le gusta tener el control de las armas. No quiere que Carabineros cumpla una función -por lo menos en algunas áreas- respecto a la fiscalización de la tenencia de ellas en las casas de nuestro país.
Ya está prohibido el porte de armas de fuego en Chile gracias a que algunos de nosotros promovimos una moción con esa finalidad.
Actualmente hay normas que obligan a quien desee adquirir un arma a cumplir requisitos. Debatiremos sobre la materia, pues algunos queremos aumentarlos, y otros, disminuirlos. Pero hay requisitos.
Se establecen excepciones para las armas de uso deportivo o de caza.
Sin embargo, señor Presidente, respecto al tema de fondo de esta reforma constitucional, la Corporación deberá decidir si en la Ley de Control de Armas se dispone que tal función será una responsabilidad exclusiva del Ejército. Porque la norma constitucional dice: "El Ministerio encargado de la Defensa Nacional o un organismo de su dependencia". Y este es el Ejército de Chile, no las Fuerzas Armadas. En la actualidad, una institución concreta tiene esa tarea a su cargo.
Desde hace tiempo algunos queremos que Carabineros cumpla un rol en esta materia. Hoy en día, legalmente, tal institución no puede ir, por ejemplo, a mi casa a fiscalizar si poseo un arma inscrita en dicha dirección. Ese es el problema.
No avanzar en este asunto constituye un obstáculo para la seguridad ciudadana.
Señor Presidente, no tengo ninguna objeción al acuerdo adoptado, ni seré un impedimento para ello. Pero dejo constancia de que lo que ha pedido el Senador Espina -lo digo con todo respeto- no va a cambiar una coma la decisión que debe tomar el Senado, cual es darle la facultad a Carabineros en esta materia, como lo propone la moción.
Entiendo las razones que motivaron a los Senadores señores Sabag y Pizarro y señora Alvear para aceptar la solicitud planteada, pero creo que solo estamos dilatando una decisión. En un par de semanas volveremos a discutir el mismo texto, acompañado de un informe del Ejército que dirá que ellos pueden controlar la tenencia de armas, y otro de Carabineros donde se manifieste que requieren participar en dicha tarea.
Por tanto, no se va a cambiar nada.
Habría preferido, señor Presidente, que votáramos a favor la reforma constitucional hoy para permitir que Carabineros de Chile ayude en materia de seguridad pública, al igual que otras instituciones.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, entiendo la inquietud planteada por el Senador Letelier, pero me parece necesaria la discusión, toda vez que el nuevo Ministerio encargado de la Seguridad Pública incorporará -es lo más probable- a Carabineros en su seno.
Por lo tanto, la pregunta que surge deriva precisamente del propio comentario de Su Señoría: qué rol debe cumplir Carabineros con relación al control de las armas.
No digo que esta función deba traspasarse del Ejército a Carabineros. Pero puede haber responsabilidades compartidas. Hay lugares donde no está presente el Ejército. Tal vez ahí las atribuciones deberían quedar radicadas en Carabineros.

El señor PROKURICA.- Hoy día es así.

El señor LARRAÍN.- Efectivamente.
Y existen otras situaciones por discutir.
Por tanto, quizá sea necesario realizar un trabajo más fino sobre la materia.
Por su naturaleza, me parece que esto no debería ser regulado por una ley simple, sino por una normativa con exigencia de quórum más alto, debido al nivel de acuerdo que se requiere. Estos no son asuntos cualesquiera, sino extremadamente delicados.
Se puede precisar un poco la redacción. Y sugiero la siguiente: "Una ley orgánica constitucional" -para mi gusto- "determinará el o los ministerios o el o los órganos de su dependencia que ejercerán la supervigilancia y el control de las armas.". Considero que así se ordena el debate y se deja para una legislación de alto quórum una definición importante.
Como se encargará dicha función a organismos dependientes de distintas Carteras, resulta inevitable suprimir el inciso en cuestión -era la intención original de la moción- o dejar abierta la posibilidad para que más de un Ministerio se haga cargo de la tarea.
Al parecer, esto último es lo más razonable.
Yo comparto el texto propuesto, pero estimo necesario establecer exigencias mayores al definir la legislación que se ocupará de un tema tan delicado para zanjar un problema que ha sido muy discutido y que ahora exige solución.
No es posible dejar de dictar una norma a este respecto, considerando que próximamente se plantearán modificaciones para cambiar la dependencia de Carabineros, institución que hoy día cuenta con atribuciones sobre el particular, las que serían contradictorias o inconstitucionales de aprobarse dichas enmiendas y mantenerse el texto actual de la Carta. Dicha institución no podría seguir ejerciendo esa labor de fiscalización, porque ella está radicada en el Ministerio de Defensa.
Es necesaria, entonces, esta reforma constitucional.
Debería cambiar quizá su tenor respecto al tipo de ley que regula el asunto.
En consecuencia, me parece bien que el proyecto vuelva a la Comisión de Constitución para reestudiarlo y para oír a las partes interesadas. Así se podrá disponer de mejor información al objeto de abordar una materia -insisto- que urge resolver, porque el inminente cambio de dependencia de Carabineros obliga de todas maneras a dejar compatibles -por así decirlo- con el texto constitucional las facultades que hoy ejerce esa institución.

El señor PIZARRO (Presidente).- Como resta medio minuto para que termine el Orden del Día, se entrará al Tiempo de Votaciones.

El señor ESPINA.- ¿Y qué pasa con el proyecto, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Se acordó remitirlo a la Comisión de Constitución para un nuevo primer informe.
Terminado el Orden del Día.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Ha llegado a la Mesa el nuevo segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de la Honorable señora Alvear, que permite la aplicación del procedimiento de demandas colectivas en los juicios por daños o perjuicios en la calidad de las construcciones (boletín N° 6.841-14).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tal como fue acordado por los Comités, la iniciativa quedará en el primer lugar del Orden del Día de la sesión de mañana.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES

El señor PIZARRO (Presidente).- Recuerdo a Sus Señorías que el proyecto de acuerdo signado con el número 1, tal como vimos la semana pasada y en reunión de Comités, está fuera de oportunidad, por lo que se acordó sacarlo de la tabla.
Procederemos, entonces, a la votación de la iniciativa siguiente.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, ¿cuál es el proyecto que no se votará?

El señor PIZARRO (Presidente).- El relativo al apoyo del Senado a las iniciativas sobre conservación de las ballenas y a las propuestas acordadas por el Grupo de Buenos Aires.
Como quedó fuera de oportunidad, votaremos el proyecto mediante el cual se insta a reformar la Comisión Ballenera Internacional.



REFORMA DE COMISIÓN BALLENERA INTERNACIONAL Y POLÍTICA NACIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE CETÁCEOS. PROYECTO DE ACUERDO

El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde votar un proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Horvath, señora Lily Pérez y señores Bianchi, Chahuán, Espina, Girardi, Letelier y Prokurica.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1256-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 30ª, en 29 de junio de 2010.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El propósito de la iniciativa es solicitar al Ejecutivo que coordine acciones a nivel regional para impulsar un proceso de profunda reforma de la Comisión Ballenera Internacional y, además, que se defienda la protección de las poblaciones de ballenas y su uso e investigación científica no letal.

El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.

El señor HORVATH.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor PIZARRO (Presidente).- Estamos en votación, Su Señoría.

El señor HORVATH.- Es un asunto de procedimiento.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, señor Senador.

El señor HORVATH.- Gracias, señor Presidente.
Solo quiero señalar que este proyecto de acuerdo y el que se retiró serán analizados mañana por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura. Por lo tanto, no tiene sentido votarlos ahora.
Efectivamente la Comisión Ballenera Internacional ya se reunió y adoptaron las resoluciones a las que apuntan estas dos iniciativas.
Es preferible tratar el asunto en profundidad en función de la política futura que se lleva sobre el particular tanto en la Comisión de Relaciones Exteriores como en la de Pesca.
Gracias.

El señor PIZARRO (Presidente).- La Mesa no abrirá discusión de nuevo en cuanto a la materia. Esto ya lo conversamos la semana pasada; lo debatimos en Comités; se tomó un acuerdo, y es coherente con lo que se ha planteado.
Ahora bien, mientras los señores Senadores no retiren sus proyectos de acuerdo, existe la obligación de pronunciarse sobre ellos.
Se decidió retirar la primera iniciativa, y estamos votando la segunda, porque dice relación a una situación de mayor permanencia.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (16 votos a favor y 1 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Rincón y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Horvath, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Novoa.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, ¿cuándo se retiró el proyecto número 1?

El señor PIZARRO (Presidente).- Ayer, por acuerdo de Comités y de los autores. Y al inicio de la sesión lo dije expresamente acá, señor Senador.
Lamento que de repente tomemos acuerdos y que algunos Senadores, por no estar atentos o no hallarse en la Sala, hagan consultas sobre ellos a cada rato.
Le doy disculpas a Su Señoría si no entendió lo acordado. Pero eso fue lo que ocurrió.

El señor LETELIER.- Acepto sus disculpas, señor Presidente. Pero debo decirle que yo, como uno de los autores, no retiré mi firma del proyecto de acuerdo.



CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL DE ZONAS EXTREMAS. PROYECTO DE ACUERDO

El señor PIZARRO (Presidente).- En seguida, corresponde ocuparse en un proyecto de acuerdo de los Honorables señores Horvath, Bianchi, Cantero, Chahuán, Gómez, Lagos, Muñoz Aburto, Orpis, Rossi y Walker (don Patricio).
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1255-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 29ª, en 16 de junio de 2010.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es crear una Comisión Especial de Zonas Extremas integrada por los Senadores que representan a las Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Aysén y de Magallanes, y a las provincias de Isla de Pascua, de Chiloé y de Palena.

El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.

El señor LETELIER.- ¿Señor Presidente, se votan la creación y la composición a la vez?

El señor PIZARRO (Presidente).- Se trata de la creación de una Comisión, Su Señoría.

El señor LETELIER.- Es que el Secretario habló de composición.

El señor PIZARRO (Presidente).- El proyecto de acuerdo propone la creación de la Comisión Especial de Zonas Extremas.

El señor LETELIER.- La iniciativa dice otra cosa, señor Presidente. Debería hacerse la corrección para que podamos votarla a favor. Porque habla de quiénes la integrarán. Me parece un poco absurdo definir la composición en esta instancia.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Daré lectura al texto original, señor Senador.
Dice:
"MOCIÓN
"SEGÚN EL REGLAMENTO DEL SENADO
"CRÉASE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ZONAS EXTREMAS
"Créase, de acuerdo al Artículo 28 del Reglamento del Senado, la Comisión Especial de Zonas Extremas, integrada por los senadores que representan las circunscripciones correspondientes a las siguientes zonas del país: regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén y Magallanes, y provincias de Isla de Pascua, Chiloé y Palena.".

El señor LETELIER.- Señor Presidente, pido segunda discusión.

El señor PIZARRO (Presidente).- El Comité Socialista ha pedido segunda discusión para este proyecto de acuerdo.
Por lo tanto, queda para segunda discusión.


CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL DE DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR. PROYECTO DE ACUERDO

El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Bianchi, Gómez, Horvath, Orpis, Prokurica, Quintana y Sabag.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1259-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 31ª, en 30 de junio de 2010.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo del proyecto de acuerdo es la creación de una Comisión Especial...

El señor LETELIER.- ¿Esta iniciativa es solo para adultos mayores?

El señor PIZARRO (Presidente).- Por qué no espera hasta concluir la relación para efectuar consultas, señor Senador.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Como decía, el propósito del proyecto es la creación de una Comisión Especial de la Discapacidad y el Adulto Mayor, dos temáticas que tienen gran demanda social en nuestro país.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Pido segunda discusión.
El señor PIZARRO (Presidente).- El Comité Demócrata Cristiano ha solicitado segunda discusión.
Por lo tanto, corresponde tratar el proyecto signado con el número 5, conforme al acuerdo adoptado por los Comités.



PREOCUPACIÓN POR SALUD DE DISIDENTE CUBANO GUILLERMO FARIÑAS. PROYECTO DE ACUERDO

El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo de los Senadores señora Pérez (doña Lily) y señores Chadwick, Kuschel, Letelier, Sabag y Tuma.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1266-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 32ª, en 6 de julio de 2010.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El proyecto de acuerdo tiene por finalidad manifestar la preocupación humanitaria por la salud del disidente político cubano señor Guillermo Fariñas.

El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (25 votos favorables).
Votaron las señoras Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).


RECONOCIMIENTO A GOBIERNO DE HONDURAS Y APOYO A SU NORMALIDAD INSTITUCIONAL. PROYECTO DE ACUERDO

El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señora Rincón y señores Cantero, Coloma, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Tuma.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1258-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 31ª, en 30 de junio de 2010.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El proyecto de acuerdo tiene por objeto expresar el reconocimiento al Gobierno de la República de Honduras y ratificar el apoyo al establecimiento y consolidación de la normalidad institucional de dicha nación.

El señor ESCALONA.- Pido la palabra para dar a conocer una cuestión de Reglamento.

El señor PIZARRO (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, en la frase que señala "el Presidente de la República, disponga por parte del Gobierno de Chile" se está instruyendo al Primer Mandatario. De manera que el proyecto de acuerdo resulta enteramente inadmisible.
El Congreso no puede instruir al Presidente de la República en materia de política exterior.

El señor CANTERO.- ¡Que el Presidente disponga...!

El señor PROKURICA.- ¡Este proyecto se vio en el órgano técnico especializado!

El señor PIZARRO (Presidente).- Voy a dar la palabra al Honorable señor Larraín, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, no para hacer un debate, sino solo para completar la información, porque el proyecto fue enviado a dicho órgano técnico para que emitiera su parecer al respecto.
Me gustaría conocer más antecedentes.

El señor CHAHUÁN.- ¡Que se vote, señor Presidente!

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín; después, el Honorable señor Zaldívar.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en efecto, hoy día se dio cuenta de este proyecto en la Comisión de Relaciones Exteriores con el objeto de analizar eventuales observaciones, porque -como ya sabemos- estas iniciativas no se discuten en las Comisiones, sino que se revisan en caso de que alguien tenga alguna duda.
El Secretario de la Comisión hizo la relación y no se levantó inquietud alguna respecto de este proyecto ni -lo anticipo- del que veremos a continuación, relacionado con Venezuela. Por lo tanto, se autorizó para que fuera sometido a la consideración de la Sala y se procediera a votarlo.
En cuanto a la observación del Senador señor Escalona, aprovecho de decir que no se está obligando al Presidente a que "disponga" determinada cosa sino que se le solicita que haga algo.
Por lo tanto, a mi juicio, no es admisible la objeción de Su Señoría.

El señor PIZARRO (Presidente).- Para hacer presente un asunto reglamentario, tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, no es que yo esté en desacuerdo con el proyecto, pero la redacción es del todo contradictoria. Porque pareciera que el Senado otorga un reconocimiento a un gobierno extranjero y luego le solicita al Primer Mandatario hacer lo mismo.
Aparentemente, el Parlamento chileno no tiene ninguna de esas atribuciones o habilidades. Por lo tanto, si queremos aprobar un proyecto, hagámoslo bien, sin generar esta confusión.
Hacia fuera no puede aparecer el Senado asumiendo facultades que no le corresponden.

El señor PIZARRO (Presidente).- Le voy a dar la palabra al Senador señor Prokurica, autor del proyecto.
No obstante, parece razonable la petición del Honorable señor Zaldívar, en cuanto a la idea de mejorar el proyecto. Es perfectamente posible hacerlo en el tiempo que media de aquí a la sesión de mañana, en que lo votaríamos.
Senador señor Prokurica, ¿está dispuesto a acceder a la solicitud del Honorable señor Zaldívar de retirar el proyecto de acuerdo y mejorar su redacción de aquí a mañana?

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, nuestra Corporación ha establecido una fórmula para el tratamiento de los proyectos de acuerdo: que vayan a las Comisiones respectivas, según la materia de que traten, no para aprobarlos o rechazarlos, sino para que determinen si reúnen las condiciones que permitan ser votados por la Sala del Senado.
En este caso, fue a la Comisión de Relaciones Exteriores, y punto; se cumplió la normativa interna.
Me parece que no corresponde esgrimir la aplicación de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, aduciendo que no tendríamos iniciativa sobre la materia. ¡Por favor! No se podría presentar ningún proyecto de acuerdo si fuera de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Por lo demás, se trata de un proyecto de acuerdo, no de un proyecto de ley.
En cuanto al planteamiento formulado por el Senador señor Andrés Zaldívar, le pido al señor Secretario que saque la expresión a que se refiere Su Señoría y votemos el proyecto sin la palabra "disponga", porque me parece que esa interpretación podría tener algún asidero.

El señor PIZARRO (Presidente).- Con el objeto de hacer bien las cosas, sugiero a Su Señoría retirar el proyecto y...

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, pido segunda discusión.

El señor PROKURICA.- Pero se vota mañana.

El señor PIZARRO (Presidente).- O cuando corresponda. En definitiva, esta materia va a seguir vigente por unos días más.
Lo importante es corregir y mejorar el proyecto de acuerdo para que se apruebe adecuadamente en la Sala.
¿Estaría de acuerdo, Su Señoría?

El señor PROKURICA.- Si es posible, que se vote en la próxima sesión.

El señor PIZARRO (Presidente).- Mañana no habrá Tiempo de Votaciones.
¿Estaría de acuerdo, Senador Prokurica?

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, lo estoy, porque no deseo que hagamos algo a contrapelo. Pero le pido, si resulta factible, que se vote mañana, porque después el asunto en cuestión no tendrá ninguna importancia.

El señor PIZARRO (Presidente).- Reitero: en la sesión ordinaria de mañana miércoles no hay Tiempo de Votaciones.
Se ha pedido segunda discusión. Sin embargo, estoy buscando una salida al problema.

El señor LARRAÍN.- Cuando se solicita segunda discusión, el proyecto tiene que votarse en la sesión próxima.

El señor PIZARRO (Presidente).- El martes de la próxima semana, señor Senador.

El señor LARRAÍN.- Los proyectos respecto de los cuales se ha pedido segunda discusión deben votarse mañana.

El señor PIZARRO (Presidente).- Pero mañana no tenemos Tiempo de Votaciones para ver los proyectos de acuerdo.

El señor LARRAÍN.- Lo que procede es pronunciarse mañana respecto de todos los proyectos que se ha solicitado segunda discusión.

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Incluyendo los proyectos de acuerdo?

El señor LARRAÍN.- Por supuesto, es lo que corresponde.

El señor PIZARRO (Presidente).- En todo caso, si se corrige la iniciativa, existe voluntad para votarla mañana; no hay inconveniente. Pero atengámonos al Reglamento. No quiero tener problemas mañana en tal sentido.
El Senador señor Prokurica aceptó retirarla.
Existe una clara diferencia con la Mesa en la interpretación del Reglamento respecto del momento en que se vota, pero lo más relevante es que el proyecto se pueda retirar para mejorarlo.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, nadie ha solicitado retirarlo.
Lo que señalé es que estoy disponible para que se vote mañana el proyecto de acuerdo con la corrección sugerida por el Honorable señor Zaldívar en el sentido de sacar la palabra respectiva.

El señor PIZARRO (Presidente).- Por eso le estoy pidiendo que retire el proyecto: para que no se vote ahora; lo corrija y lo presente mañana. Luego, procederemos a votarlo en el momento que corresponda.

El señor LARRAÍN.- Sin trámite de Comisión.

El señor PROKURICA.- De esa manera se votará en dos semanas más y no va a tener destino.
Votemos, entonces, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Se ha solicitado segunda discusión.
Por lo tanto, el proyecto queda para segunda discusión.

El señor NOVOA.- Quiero plantear una cuestión de Reglamento, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, quiero saber por qué mañana no hay Tiempo de Votaciones. Porque el artículo 98 del Reglamento dice: "Los diez minutos que siguen al Orden del Día de las sesiones ordinarias, se destinarán a las Votaciones de primera hora.".

El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, hace bastante tiempo los Comités acordaron por unanimidad -ignoro quién presidía la Corporación en ese entonces- fijar los días martes para Tiempo de Votaciones, a fin de tratar proyectos de acuerdo, y los miércoles para hora de Incidentes.
Así se ha estado operando durante el último tiempo.
El señor Secretario tiene el acuerdo correspondiente.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El acuerdo unánime de Comités del día 8 de septiembre de 2009 dice:
"3) Tratar los Proyectos de Acuerdo sólo en las sesiones ordinarias de los días martes, suprimiendo en ellas la Hora de Incidentes,".
"4) Mantener, en las sesiones de los días miércoles, la Hora de Incidentes, suprimiendo en ellas el Tiempo de Votaciones.".

El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien. Queda más que claro el asunto.
Antes de proceder a votar el último proyecto de acuerdo, le voy a conceder la palabra al Honorable señor Gómez, quien la había solicitado con antelación.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, en relación con el último proyecto de acuerdo, quiero plantear un tema de fondo y de Reglamento.
Nosotros entendemos que estas iniciativas votadas por la Sala producen efectos políticos nacionales o internacionales. Y, a veces, con trece señores Senadores se aprueban proyectos de acuerdos en los que se señala que la Corporación tiene una opinión sobre determinada materia.
De ser así, y si más encima no se explicita en su redacción quiénes votaron a favor, en contra y quienes estuvieron presentes o ausentes, me parece que ello involucra al Senado en su conjunto.
Por lo tanto, en mi opinión, los proyectos de acuerdo en general -no tengo por qué distinguir entre unos y otros- presentan dificultades, como ha quedado demostrado con los tres o cuatro que vimos anteriormente. Y voy a plantear una más con el que nos toca tratar a continuación.
Ello significa que no existe en la Sala la posibilidad de argumentar a favor o en contra, para que quede claro en el Senado de la República y en la opinión pública cuál es el pensamiento de cada señor Senador, debido a la manera como se presentan los proyectos de acuerdo, que sabemos que no tienen efectos prácticos, pero sí políticos.
Entonces, pienso que se debe tomar la decisión de que uno pueda argumentar por cinco minutos durante la votación, tal como se votan todas las iniciativas de ley, o bien establecer una forma distinta de generar los proyectos de acuerdo.
Porque el que viene a continuación señala, por ejemplo, en el número 6: "Que la Comisión mandatada por la Internacional Socialista", de la cual el Partido Radical es su fundador...

El señor PIZARRO (Presidente).- No entre al mérito del proyecto, Su Señoría, porque si no vamos a...

El señor GÓMEZ.- Entonces, pediré la palabra después.

El señor PIZARRO (Presidente).- No se la puedo dar, señor Senador.

El señor GÓMEZ.- Es que no tiene lógica lo que estamos diciendo.
En ese proyecto de acuerdo hay una afirmación que no aparece en el informe de la Internacional Socialista y el Senado va a votar una frase que no corresponde. Ello, porque no hay debate y nadie aquí dice lo que opina ni lo que piensa. Simplemente, se vota.
En mi opinión, ese proceder es ilógico cuando involucra la opinión de la totalidad de la Corporación.

El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, ese tema lo analizamos en la reunión de Comités de hoy y acordamos elaborar una propuesta que permita combinar los dos elementos.
Por una parte, que pueda existir al menos un debate mínimo sobre los proyectos de acuerdo que se presentan y, por otra, que no se transforme su votación en una situación interminable, en la que al final se pierde una cantidad enorme de tiempo.
El procedimiento está dado por el acuerdo de Comités y porque hemos venido operando desde siempre así. Pero también en la Sala se ha discutido acerca de la validez, contenido y oportunidad de los proyectos de acuerdo.
Entonces, pediría que, mientras los Comités no hayan elaborado la propuesta para ser conocida por la Sala, mantengamos el procedimiento existente hasta ahora, a sabiendas de las limitaciones que posee, que ya han hecho presente varios señores Senadores.

El señor LETELIER.- ¿Terminó el Tiempo de Votaciones, señor Presidente?

El señor PIZARRO (Presidente).- Todavía no, Su Señoría.
Pasaremos al siguiente proyecto de acuerdo.



ENVÍO DE OBSERVADORES INTERNACIONALES Y DE SENADO DE CHILE A PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL VENEZOLANO. PROYECTO DE ACUERDO

El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Walker (don Patricio), señoras Alvear y Rincón y señores Allamand, Rossi, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1260-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 32ª, en 6 de julio de 2010.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- La iniciativa tiene como objetivo solicitar que los organismos internacionales adopten una actitud más vigilante respecto de la transparencia del próximo proceso electoral en Venezuela.
Asimismo, que concurran Senadores como observadores electorales el día 26 de septiembre del presente año.

El señor PIZARRO (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo.

El señor GÓMEZ.- Pido segunda discusión.

El señor PIZARRO (Presidente).- El Comité del Partido Radical Social Demócrata e Independiente ha solicitado segunda discusión.
Por lo tanto, el proyecto queda para segunda discusión.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios

El señor PIZARRO (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De la señora ALVEAR:
Al señor Ministro de Salud, para que informe sobre existencia de HOSPITALES PARA REHABILITACIÓN DE ARTRITIS CRÓNICA JUVENIL Y PLANES PARA UNA ATENCIÓN ADECUADA; a la señora Ministra del Medio Ambiente, requiriéndole información acerca de RETIRO DE DECRETO SOBRE CREACIÓN DE MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, y solicitándole antecedentes respecto de TRABAJADORES DE COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE.
Del señor HORVATH:
A las señoras Ministras de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales y al señor Subsecretario del Interior, pidiéndoles otorgar BENEFICIO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS A POSTULANTES CON POSESIÓN EFECTIVA EN TRAMITACIÓN; al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, referente a ELIMINACIÓN DE COSTO DE LLAMADAS A CELULARES DE PLAN CUADRANTE EN REGIÓN DE AYSÉN.
De los señores KUSCHEL y BIANCHI:
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, concerniente a ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DESOCUPADAS PARA OTROS BENEFICIARIOS; al señor Ministro de Hacienda, solicitándole adoptar medidas para AUTORIZACIÓN A HABITANTES DE CHAITÉN PARA TIMBRAJE DE DOCUMENTOS EN SII DE PROVINCIAS DE CHILOÉ, LLANQUIHUE Y OSORNO.
De la señora RINCÓN:
Al señor Ministro del Interior, requiriéndole antecedentes sobre PROGRAMA "MANOS A LA OBRA" EN PROVINCIAS DE LINARES Y CAUQUENES.
De la señora RINCÓN y señor WALKER (don Ignacio):
Al señor Ministro de Salud, para que informe acerca de REGLAMENTO SOBRE REGULACIÓN DE FUMIGACIONES AÉREAS.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Quedan 9 minutos para destinarlos a la hora de Incidentes.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Hoy no hay Incidentes.

El señor PIZARRO (Presidente).- Pero los Comités acordaron que, si quedaba un espacio entre el Tiempo de Votaciones y el término de la hora de la sesión, el señor Senador que deseara intervenir lo podía hacer en la hora de Incidentes.
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero solicitar, para el buen funcionamiento del Senado, que la petición de aplazamiento de la votación se efectúe antes de someter a votación un asunto. Creo que es lo que procede reglamentariamente.
Yo sé que hoy ha sido un día especial en esta materia. Pero, como criterio para el futuro, debería pedirse segunda discusión antes de someter un asunto a votación.

El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, lo único que le puedo decir es que el sistema existente respecto de los proyectos de acuerdo es distinto al de los proyectos de ley, ocasión en la que normalmente los Senadores dicen: "Voy a pedir segunda discusión sobre tal tema."
En este caso, yo pongo en votación de inmediato el proyecto de acuerdo y en ese instante los señores Senadores piden segunda discusión. Eso es lo que ha ocurrido hasta ahora.

El señor COLOMA.- Pero se puede pedir antes por escrito, como se hace en muchos casos, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Me parece oportuna su sugerencia y ojalá los Honorables colegas la puedan asumir, porque así es posible administrar mejor el debate por parte de la Mesa.
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en el tiempo de los distintos Comités, ningún señor Senador interviene.

El señor PIZARRO (Presidente).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:53.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción