FINANCIAMIENTO DE RECONSTRUCCIÓN
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, hoy en este Hemiciclo quiero ejercer mi derecho a decir nuestra verdad, la verdad de la Concertación, que ha sido tergiversada reiterada y persistentemente.
Siempre hemos manifestado nuestra disposición a garantizar todos los recursos necesarios para la reconstrucción.
Nuestra propuesta siempre ha sido garantizar mayor recaudación para esa finalidad.
Siempre hemos creído, tal como lo dijo el Presidente de la República en su discurso del 21 de mayo recién pasado, que los que más tienen son los que deben financiar el costo del terremoto, y planteado la necesidad de que la explotación de recursos naturales no renovables tributen, para devolver parte del beneficio a todos los chilenos.
Y no puedo dejar pasar afirmaciones como las siguientes, y cito:
2 de junio. "Presidente Sebastián Piñera llama a dejar pequeñeces y aprobar con urgencia el plan" (ORBE).
1 de junio. "Ministra Ena von Baer sostiene: Se debe financiar la reconstrucción pensando en los intereses del país y no poniendo por delante las órdenes de partido" (UPI).
8 de junio. "Senador Hernán Larraín sostiene que con esta actitud los parlamentarios de la DC de las zonas afectadas le están negando la sal y el agua a quienes los apoyaron" (La Nación).
La aprobación en general del proyecto en la Comisión de Hacienda del Senado ha demostrado que todo lo que señalamos reiteradamente era efectivo y que todo lo dicho por el Gobierno y sus parlamentarios, en orden a que no queríamos aprobar el plan de financiamiento para la reconstrucción, no se apegaba a la verdad.
Tal como lo han expresado los parlamentarios de la Concertación, la propuesta del Gobierno es cuestionable por varios motivos.
Ha mezclado el objetivo de financiar la reconstrucción con finalidades de reformas permanentes para favorecer a las empresas, especialmente las de mayor tamaño.
Si bien, en términos netos, los ingresos fiscales crecerían en alrededor de mil 820 millones de dólares en el período 2011-2012, se reducirían en aproximadamente 400 millones anuales en forma permanente a partir del año 2013, lo cual afectaría las políticas de financiamiento del Estado para los futuros Gobiernos. Además, los recursos necesarios para la reconstrucción se requieren más allá del año 2012.
No se conoce el monto de los fondos que se utilizarían del FEES, del endeudamiento interno y de la venta de activos prescindibles, como tampoco los efectos esperados sobre el tipo de cambio y la tasa de interés, ni las medidas adicionales para contrarrestar esos efectos.
En definitiva, es un proyecto engañoso y poco claro. Así es.
Si la sociedad chilena ha manifestado su acuerdo con hacer un esfuerzo adicional y solidario para financiar la reconstrucción, entonces lo que se esperaba era que el Gobierno presentara un proyecto plenamente coherente con ese propósito.
Adicionalmente, esta iniciativa es a lo menos insuficiente para la magnitud del daño. Todos los especialistas, chilenos y extranjeros -y se lo señalaron así al Presidente Sebastián Piñera en Nueva Orleans-, han estimado que el proceso de reconstrucción tomará, en el mejor de los casos, cinco años, y en el más probable, diez. Por lo tanto, no se explica que se busque solo una mayor recaudación para los dos primeros años y se arriesgue un déficit para los años sucesivos.
En esto quiero ser muy clara, señor Presidente: la preocupación de la Democracia Cristiana y de la Concertación es evitar que los habitantes de las Regiones afectadas queden en la indefensión y el abandono luego de agotados los fondos extraordinarios; es decir, que solo sean atendidas las personas que alcancen a beneficiarse en los dos primeros años y se cree una lista de espera eterna para quienes no estuvieron entre los privilegiados de la primera etapa.
En ese contexto, debe quedar claro que la voluntad de la Democracia Cristiana y de la Concertación es llegar a un acuerdo y perfeccionar este proyecto, para lo cual parece conveniente aprobar algunas propuestas. Por ejemplo:
1) Disminución de los beneficios del DFL 2 a causa de los abusos existentes y el traspaso de recursos fiscales a sectores de altos ingresos.
2) Sobretasa en contribuciones de bienes raíces con avalúo fiscal mayor.
3) Uso de los recursos de la Ley Reservada del Cobre.
4) Aumento del impuesto al tabaco (lo comparto).
Y en este punto quiero detenerme.
En 1998, cuando el Presidente Eduardo Frei propuso compensar una rebaja de aranceles con un alza del impuesto al tabaco, la Derecha recurrió al Tribunal Constitucional señalando que ello era "confiscatorio" y "manifiestamente desproporcionado e injusto" (se subía el impuesto de 55,4 a 60,4 por ciento). Y se expresó: "Esta situación es manifiestamente contraria a un orden público económico basado en la libre empresa y en la subsidiariedad del Estado. Consecuentemente, una ley que incrementa el umbral de los tributos en términos que implica afectar el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, indudablemente impide su libre ejercicio y es inconstitucional".
¿En qué ha variado la Constitución defendida en aquella época para que la Derecha cambie tanto de opinión y sea ella misma la que pide aumentar el impuesto en comento?
Lo señalo porque demuestra un cambio de parecer respecto de materias en las que claramente no hay dogma, y además, para reivindicar más aún nuestro derecho legítimo, hoy como Oposición, a intentar diálogo y acuerdo en torno a estos asuntos.
Tenemos reparos, pero también propuestas que siempre hemos querido conversar sobre algunos temas que a nuestro entender, tal como están presentados, son negativos y acerca de los cuales el Gobierno debe abrirse a hablar con los Senadores de la Concertación en el Parlamento:
a) Cambios en el mal llamado "royalty".
Esta es una medida altamente negativa, por varias causas:
-En un país soberano, los gravámenes no son voluntarios, sino obligatorios. Por lo tanto, resulta cuestionable en su esencia que se establezcan de esta manera.
-En la propuesta del Presidente Sebastián Piñera se incrementan los tributos por un período muy breve con relación al prolongado beneficio de invariabilidad tributaria que se ofrece. En definitiva, son las empresas quienes determinan cuándo tributan.
-La invariabilidad establecida debiera discutirse en detalle, y el Gobierno no ha entregado los antecedentes para un análisis serio.
Creo que en este punto perfectamente podríamos discutir como alternativa la elevación de la tasa del impuesto a la renta de las grandes empresas, en forma de consignar un tributo que grave obligatoriamente a las grandes mineras y a otras empresas de gran tamaño y que probablemente tengan ganancias oligopólicas en sectores no mineros. De ese modo se evita la selectividad tributaria, que ha sido cuestionada por motivos constitucionales.
b) Impuesto de timbres y estampillas.
Aquí quiero ser clara, señor Presidente.
La ley Nº 20.259 -el Senado aprobó en 2008 el proyecto pertinente- eximió de manera permanente y definitiva a las micro, pequeñas y medianas empresas del impuesto de timbres y estampillas al permitirles descontarlo del pago del IVA. Por lo tanto, ya están beneficiadas a permanencia.
Podríamos discutir sobre la materialización del descuento, pues los representantes de la CONUPIA señalan que el sistema es engorroso; pero no nos resulta factible desconocer que el beneficio existe.
Al respecto no cabe tener dos opiniones. El Senado aprobó dicho beneficio. No se puede pretender hoy que no existe y acusarnos de estar negando una posibilidad con la que ya se cuenta.
Por consiguiente, nuestro reparo es a no incorporar en ese beneficio a las grandes empresas. Podemos revisar a quiénes lo extenderemos en las medianas, recalificando el universo de la exención.
c) Está finalmente el alza transitoria del impuesto de primera categoría en las grandes empresas.
No voy a explayarme sobre esta materia. Mucho ya han expresado acerca de ella mis colegas de la Concertación. Lo único que diré es que no comparto lo señalado en orden a que las alzas deben ser transitorias porque la emergencia tiene este carácter.
Bajo esa premisa, todos los beneficios tendrían que seguir la misma lógica. Y si así fuera, deberíamos discutir cuánto dura la emergencia. Claramente -y no voy a reiterar argumentos-, al menos dos períodos presidenciales, lo cual, en simples matemáticas, equivale a cuatro veces el lapso considerado por el proyecto de ley.
Señor Presidente, ayer se efectuaron en este Hemiciclo una serie de aseveraciones que no puedo dejar de responder.
1.- Sobre el actual déficit fiscal y las afirmaciones de que la Administración anterior habría dejado un significativo déficit, de aproximadamente 2 mil 500 millones de dólares, es importante manifestar:
a) El referido Gobierno de la Concertación dejó las arcas fiscales en una situación única en la historia de nuestro país.
b) El actual déficit fiscal equivale a alrededor de 1,1 por ciento del producto interno bruto. Él se contempló en la Ley de Presupuestos para el año 2010. Por lo tanto, no solo fue conocido sino también aprobado por el Congreso, y consiguientemente, por este Senado. No hay gasto que no haya sido parte del Presupuesto.
c) En los tres años previos, el superávit alcanzó a 21,8 por ciento del PIB. Es decir, un año de déficit y tres de superávit fiscal.
d) Adicionalmente, el Presupuesto de 2010 fue construido con un precio del cobre de 2,7 dólares por libra. Dicho precio acumula este año un promedio de 3,1 dólares la libra.
e) Pero no es solo eso. Chile cuenta también, por decisión del Gobierno de la Concertación precedente, con activos financieros resguardados en el FEES (Fondo de Estabilización Económica y Social), en el Fondo de Reserva de Pensiones, y con otros activos del Tesoro Público, que totalizan a la fecha más de 16 mil millones de dólares.
f) Como si aquello no fuera suficiente, Chile, lejos de la realidad internacional, registra una deuda pública ínfima, equivalente solo al 6,2 por ciento del PIB. Países desarrollados exhiben hoy una deuda de 50 y hasta 100 por ciento de su producto interno bruto.
g) Finalmente, el anterior Gobierno de la Concertación, al que se ha señalado como "el Gobierno de los ineficientes, del cuoteo, de los inoperantes", ha dejado al "Gobierno de la excelencia y de los mejores" más de 450 millones de dólares de libre disposición -cifra inédita en la historia del país- y la posibilidad, en virtud de la Ley de Presupuestos vigente, de un nivel de endeudamiento de hasta 6 mil millones de dólares. Eso, sin mencionar que al 21 de abril se han reasignado y gastado, como lo informó el Ministro de Hacienda en el Congreso, más de 700 millones de dólares. Pero hasta la fecha ese Secretario de Estado no ha respondido cómo y dónde se han gastado esos recursos.
2) Han dicho que la Democracia Cristiana dio una orden de partido a sus Senadores; que eso no corresponde, por ser inconstitucional, y que a ellos jamás se les ocurriría, como Senadores, hacer algo así con sus parlamentarios.
Solo quiero recordar dos oportunidades que han venido a mi memoria (y Google me permitió encontrar la información):
1º La instrucción de Renovación Nacional a sus parlamentarios para que no apoyaran el proyecto de royalty a la minería.
2º La instrucción que se dio a los parlamentarios, bajo amenaza de multa en caso de no acatarla, de aprobar la acusación constitucional contra la Ministra Provoste.
Además, deseo expresar que, a diferencia de ambos casos, la Democracia Cristiana no ha dado hoy orden de partido -en realidad, no necesitaba hacerlo- ni ha amenazado con multa a sus Senadores.
Y cito el acuerdo de la Junta Nacional de mi Partido, porque en este punto se ha mentido y desinformado a la opinión pública.
Dice:
"Del mismo modo, en el Proyecto de Ley de financiamiento de la reconstrucción, el Gobierno ha propuesto subir transitoriamente ciertos impuestos y otorgar beneficios tributarios permanentes.
"Anunciamos desde ya, que nuestros parlamentario legislarán a favor de un aumento permanente de impuestos.
"Hacemos un llamado a la derecha y a su gobierno para que concordemos un ajuste tributario permanente que permita financiar la reconstrucción y corregir las severas deficiencias que posibilitan que algunos paguen menos de lo que deben".
3) Finalmente, quiero señalar que se ha sostenido que somos intransigentes y que habríamos manifestado: "o es permanente el aumento o no hay voto".
Señor Presidente, ¿no hemos sido nosotros, en la Concertación, todos juntos -el Partido Socialista, el Partido Por la Democracia, el Partido Radical Social Demócrata y la Democracia Cristiana-, los que hemos insistido incansablemente en que deseamos conversar con el Gobierno? ¿No han sido los parlamentarios de Derecha quienes han sostenido públicamente que, o se vota el proyecto tal como lo envió el Ejecutivo, o prefieren perderlo?
¿Quién es el intransigente?
Más aún, yo pregunto -y lo hago en nombre de Parral, Retiro, Cauquenes, Chanco, Pelluhue, Longaví, Linares, Colbún, Villa Alegre, Yerbas Buenas y San Javier; pero también en nombre de las Regiones Metropolitana (allí fui Intendenta), de Valparaíso, del Libertador Bernardo O`Higgins, del Biobío (donde nací) y de La Araucanía-: ¿no es justo que pensemos (y recojo las palabras de mi colega de circunscripción) "que son otros los objetivos que están detrás de este debate" y que el Gobierno pretende usar el terremoto a los efectos de lograr beneficios permanentes para quienes tienen más, en detrimento de aquellos que sufrieron la tragedia del 27 de febrero, incluyendo en el costo no solo a las familias de estos sino a las de Chile entero, hipotecando su futuro?
Ayer la Ministra Von Baer le mostraba a todo el país el despliegue comunicacional hecho para que los chilenos sepan cómo se seguirán los partidos del Mundial de Fútbol desde La Moneda.
Le pido a la Ministra Von Baer que instale el mismo sistema y proceda a igual despliegue informativo para realizar un seguimiento a lo que ocurre en cada una de las comunas que sufrieron los efectos del terremoto del 27 de febrero último.
Señor Presidente, aprobaré en general el proyecto -en la contradicción reseñada también por el Senador señor Gómez-, pero reiterando que deseamos más recursos, para que todos los chilenos sigan teniendo oportunidades, y reafirmando que siempre legislaremos pensando en el bienestar de Chile.
He dicho.