SUSPENSIÓN TEMPORAL DE COMUNICACIÓN DE ANOTACIONES EN BOLETÍN COMERCIAL RESPECTO DE PERSONAS DE REGIONES DECLARADAS ZONAS DE CATÁSTROFE

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, primero que todo, quiero anunciar mi voto favorable a la idea de legislar acerca de la presente iniciativa legal, dejando en claro que se deben introducir modificaciones importantes al articulado, para que cumpla el objetivo deseado por sus autores y por quienes estamos en la Sala.

El artículo 3° consigna lo referente a un reclamo por parte de las personas en contra de la negativa injustificada e infundada de las empresas distribuidoras de información comercial de suspender temporalmente la comunicación de sus antecedentes. Señala que en estos casos se podrá reclamar ante la Cámara de Comercio de Santiago y sus oficinas regionales y solicitar que se suspenda la comunicación de la anotación comercial en un plazo no mayor a cinco días hábiles.

En lo relativo a tal precepto, creo factible introducirle enmiendas y discutirlas en su oportunidad.

El asunto en cuestión es de la mayor importancia no solo para los consumidores, sino también para los pequeños y medianos empresarios que han visto cómo el Gobierno, a través de Sercotec, está exigiendo la presentación de antecedentes financieros de DICOM para acceder al Plan Empresa y al Plan Emprende, instrumentos creados por el Estado para ir en ayuda de las empresas micro, pequeña y mediana.

Me parece que ello debe revisarse, porque en medio del proceso de crisis derivado del terremoto, el organismo encargado de otorgar cooperación técnica a los pequeños empresarios no puede exigir antecedentes a DICOM como requisito de postulación. Ello es una forma de marginar a un conjunto de personas que requieren de la ayuda del Gobierno.

De esa manera, en el fondo, se le está dando valor público a un certificado de una empresa privada, lo cual -en mi opinión por lo menos- resulta discriminatorio e injusto y atenta contra las libertades públicas establecidas en la Constitución y las leyes.

El actual sistema presupone mala fe de los deudores que caen en morosidad o tienen algún protesto, sin tomar en consideración su historial de pago. No distingue entre aquel que se atrasó cierto tiempo en una cuenta u obligación, pero que tiene antecedentes intachables, y quienes sistemáticamente no cumplen sus deberes y hacen del no pago una constante, lo cual significa que el deudor que debe seis meses un monto mínimo está en el mismo nivel de aquel que debe seis años.

En virtud de lo anterior, se hace urgente terminar con la "compra" del historial de deudas que realizan muchas empresas sin autorización de los deudores, estableciendo un ente único que administre la base de datos comerciales de los chilenos, a objeto de evitar que dicha información sea utilizada para fines distintos de la evaluación de la persona como sujeto de crédito.

En la última campaña presidencial, esta materia fue tratada durante el debate que organizó ANATEL para la segunda vuelta electoral, pronunciándose ambos candidatos a favor de introducir mejoras significativas al sistema.

En dicho debate, el candidato señor Piñera señaló que DICOM "se ha transformado en una cárcel que le quita oportunidades a la gente. Esta entra sin querer, y para salir cuesta fortunas y trámites eternos", afirmando que durante su mandato iba a modificar tal procedimiento, a fin de suprimir el efecto señalado.

Si bien es cierto que el proyecto de ley en discusión va en ayuda de los afectados por el sismo, no soluciona, desde ninguna perspectiva, el grave desamparo en que se encuentran muchos -entre ellos consumidores, agricultores y pequeños comerciantes-, quienes, aparte haberlo perdido todo, se hallan en el listado de deudores morosos que confeccionan empresas por deudas financieras anteriores al terremoto del 27 de febrero. Ellos, aun con la aprobación de esta iniciativa, quedarán igual imposibilitados de acceder a créditos y de mejorar su paupérrima situación económica, acentuada por el cataclismo.