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ANÁLISIS DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO PREVISTAS POR GOBIERNO PARA RECONSTRUCCIÓN


El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- La presente sesión especial tiene por finalidad analizar las fuentes de financiamiento previstas por el Gobierno para la reconstrucción del país.
Han sido invitados los señores Ministros del Interior y de Hacienda; la señora Directora de Presupuestos, y el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. Han llegado los tres primeros.
Informo a la Sala que se acordó otorgar una hora para la exposición del Ejecutivo y otra hora para las intervenciones de los señores Senadores, a fin de que formulen preguntas o emitan sus opiniones.
Para ese efecto, el Comité Demócrata Cristiano cuenta con 14 minutos; el Comité Renovación Nacional, con 13; el Comité Unión Demócrata Independiente, con 13; el Comité Socialista, con 8; el Comité Partido Por la Democracia, con 6; el Comité Independientes, con 3, y el Comité Radical Social Demócrata e Independiente, con 3.
Pido a los jefes de Comité hacer llegar la lista de los oradores inscritos, así como el tiempo que usará cada uno.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, agradezco la invitación que se me cursó para exponer sobre el Plan de Reconstrucción, el Programa de Gobierno y el financiamiento de ambos, asunto que es del mayor interés en este momento.
Quiero partir dando a conocer la misión y los desafíos para el presente período.
Primero, enfrentar la emergencia y la reconstrucción del país.
Segundo, desarrollar el Programa de Gobierno. Este es un asunto importante, porque la Administración que encabeza el Presidente Piñera, si bien reconoce que la misión fundamental en el corto plazo es la reconstrucción, no quiere abocarse solamente a ella y ceder en lo relativo a su Programa. Después de todo, fue lo que comprometió ante los chilenos.
Y tercero, recuperar el equilibrio fiscal estructural. Esto constituye un dato. Porque la revisión de las cifras, con la sobreasignación de gastos que se hizo después de la aprobación de la Ley de Presupuestos en noviembre pasado, arroja un punto inicial de 1,2 por ciento de déficit estructural, lo que corresponde a 2 mil 300 y tantos millones de dólares.
Ese es el punto de partida.
Por lo tanto, si queremos llegar a un equilibrio estructural al final del período, en 2014 -es lo que estamos planteando-, vamos a necesitar también reducir dicho déficit.
A modo de recuerdo, debo puntualizar que las pérdidas causadas por el terremoto y el maremoto se estiman en torno a los 30 mil millones de dólares. Hubo una sesión especial donde analizamos la situación.
Para ser más precisos, se trata de 29.600 millones de dólares, de los cuales 21 mil millones corresponden a infraestructura. De esa cifra, cerca de 10.600 millones equivalen a infraestructura del sector público, a los cuales hay que descontar alrededor de 1.300 millones de seguros comprometidos. Ello arroja un saldo del costo económico por el daño neto de 9.300 millones de dólares, que se reconstruirá en cuatro años.
Eso, solo para recordar la cifra inicial.
Sin embargo, también hemos dicho que en el proceso de reconstrucción habrá ganancias de eficiencia -no se va a reconstruir todo igual-, por lo cual esperamos ahorrar una cantidad que plantearemos próximamente.
PLAN DE RECONSTRUCCIÓN 2010-2013
Partamos analizando el Plan de Reconstrucción del período 2010-2013.
En Vivienda tenemos recursos totales estimados en torno a 2 mil 300 millones de dólares.
Se contemplan 200 mil subsidios para reparación y reconstrucción, que se entregarán en el período 2010-2011. Para ser precisos en la aproximación de los números, 135 mil subsidios corresponderán a viviendas nuevas, que cubrirán las destruidas por el tsunami y el terremoto, y 65 mil se destinarán a la reparación de viviendas dañadas.
En Educación se consideran recursos totales del orden de 1.200 millones de dólares.
Con ello se busca reparar o reconstruir más de 1.000 escuelas y cientos de salas cuna -el número final es cercano a 370-; construir escuelas de emergencia (escuelas modulares, tiendas-escuelas y otras infraestructuras habilitadas para el sistema escolar), y reponer el equipamiento y la tecnología en las salas de clases.
En salud, tenemos recursos totales del orden de los 2.100 millones de dólares, que incluyen la reconstrucción o reparación mayor de 13 hospitales -incluido el de Talca- y de más de 50 consultorios; reparaciones significativas de 66 hospitales y de más de 100 consultorios; la instalación de 16 hospitales modulares, de campaña o de emergencia, y la reposición del equipamiento médico y hospitalario dañado con el terremoto.
En términos de infraestructura y de obras públicas, los fondos totales proyectados ascienden a 1.200 millones de dólares, con los cuales se construirán o repararán 422 sistemas de agua potable rural gravemente dañados o destruidos, 27 caletas de pescadores, 6 colectores de aguas lluvia, 5 embalses, 8 riberas de cauces naturales, caminos, puentes, puertos, aeropuertos, edificios públicos y obras del patrimonio cultural que también fueron afectadas en forma significativa.
Haciendo un resumen de los recursos destinados al Plan de Emergencia y Reconstrucción, nos encontramos con un total de 8.431 millones de dólares y una ganancia de eficiencia del orden de 875 millones de dólares. Es decir, el costo de la infraestructura caída o dañada, según lo reportado por los distintos Ministerios y las asociaciones gremiales de productores, más las investigaciones propias de la Cartera de Hacienda, asciende a 9.300 millones de dólares.
Pero la reconstrucción -reitero- costará alrededor de 8.430 millones de dólares, que, como se observa en el gráfico, se descompone de la siguiente manera: 25,4 por ciento en salud; 13,9 en obras públicas; 14,3 en educación; 27,4 en vivienda, y 19 en otros rubros.
PROGRAMA DE GOBIERNO 2010-2013
Pese a la emergencia, el Ejecutivo ha puesto todo su empeño y esfuerzo en no dejar de lado su Programa de Gobierno, el mismo que el Presidente Piñera planteó al país durante la campaña.
Quiero recordar aquí las grandes metas propuestas: recuperar la inversión; apuntar a un crecimiento promedio de 6 por ciento anual para los próximos cuatro años; crear, en promedio, 200 mil empleos por año, lo que significará un millón de puestos de trabajo en el período 2010-2014.
Asimismo, se pretende eliminar la indigencia y reducir fuertemente la pobreza, para terminar con ella hacia el año 2018, en el bicentenario de nuestra Independencia.
También se plantea, como objetivo importante y fundamental, que Chile sea un país desarrollado en 2018.
Hay una serie de elementos que son parte de tales desafíos tendientes a conseguir las metas que hemos planteado.
La suma destinada al combate contra la delincuencia y el narcotráfico es del orden de 490 millones de dólares.
Aprovecho de aclarar un punto.
Al final, cuando se haga la cuenta del costo total del Programa de Gobierno, vamos a sumar 9.255 millones de dólares, monto superior a los recursos ya asignados y comprometidos en el gasto público; pero este, en realidad, es mucho mayor. O sea, lo indicado es algo extra del Programa de Gobierno.
En los recursos para combatir la delincuencia y el narcotráfico, se incluyen el Programa Barrios en Paz (deporte, recreación y cultura); cárceles dignas y seguras; 10 mil carabineros adicionales entre 2010 y 2014 (2 mil por año) y aumento en la cobertura del Plan Cuadrante; 10 centros especializados de rehabilitación; los programas de prevención y rehabilitación Vida Sana y Vida Nueva, y terminar con la "puerta giratoria", frase que, a mi juicio, hizo famoso al Presidente.
Para la superación de la pobreza, se contemplan casi 2.000 millones de dólares, que corresponde a casi un cuarto del total del Programa.
En este ámbito, se considera el ingreso ético familiar, que -como Sus Señorías recordarán- fue planteado como una manera de juntar los distintos subsidios que reciben las personas y complementarlos, pero con la exigencia de que se haga el esfuerzo de buscar trabajo y de enviar a los niños al colegio para que se eduquen.
También se contempla un bono de capacitación para 160 mil trabajadores; el subsidio al empleo; el perfeccionamiento de la Ficha de Protección Social, trabajo que se está empezando a hacer; un posnatal flexible; el Programa Chile Acoge; la calidad de la educación; el fortalecimiento de la familia como un elemento importante para superar la pobreza; la incorporación de la mujer al mundo del trabajo -sabemos que estamos rezagados en las tasas de participación laboral femenina-, y fomento al desarrollo del mundo rural y de los pueblos originarios, dentro de los cuales la incidencia de la pobreza es bastante mayor que la del promedio del país.
En cuanto a cómo mejorar la calidad de la educación, se estiman recursos por 2.209 millones de dólares, lo que representa un poco más de un cuarto del total del Programa.
Uno de los elementos centrales en este punto es el aumento de la subvención escolar con el propósito de duplicarla en ocho años. Nosotros habíamos planteado elevarla en forma significativa durante el período de Gobierno del Presidente Piñera, cosa que se va a hacer, pero no en forma tan ambiciosa como se había pensado al principio, por un problema de recursos. Es probable que no podamos aumentarla en 50 por ciento; no obstante, el alza va a ser considerable.
También se contempla mejorar la formación y capacitación de los profesores y directores de escuelas; fortalecer la dignidad y el respeto al profesor; procurar mayor participación e información a los padres y apoderados; modernizar los contenidos y métodos de enseñanza, así como el Estatuto Docente; ampliar la calidad y cobertura de la educación preescolar y universitaria; requerir -aspecto muy importante- un mayor compromiso a los alumnos y exigirles más; implementar todo un programa tecnológico (aulas tecnológicas, computadores y conectividad para las escuelas y hogares), y construir 50 liceos de excelencia, como se prometió en el Programa.
Para el mejoramiento de la salud, se consignan recursos totales por 930 millones de dólares, que representan 11,1 por ciento del Programa.
En este ámbito se incluyen los bonos de garantía al Programa AUGE; la construcción y el mejoramiento de hospitales; más y mejores consultorios; más especialistas y mayor equipamiento; una red de centros integrales para el adulto mayor, con atención especializada para la tercera edad.
Un aspecto interesante en esta materia es que, a fines de esta década, la cantidad de personas de tercera edad superará a la de los menores de 25 años. Ello ocurrirá en esta década.
Asimismo, se propone reducir y eliminar el 7 por ciento de salud a las personas vulnerables de la tercera edad -no a todos, sino a los vulnerables-, y modernizar la tecnología de salud.
Para el apoyo a las pymes, hay fondos totales comprometidos del orden de 2.500 millones de dólares.
Se pretende fomentar la inversión a través de estímulos tributarios -los explicaré en un momento más-: la exención de tributación sobre las utilidades reinvertidas para empresas con ventas inferiores a 50 mil UF anuales -esto es, extender el incentivo del artículo 14 bis- y un mecanismo de depreciación acelerada, elemento que también figura en el Programa de Gobierno.
Asimismo, se buscará fortalecer la capacitación de las pymes y su acceso a la tecnología; fomentar la innovación y el emprendimiento; facilitar el acceso al crédito a través de fondos de garantía; mantener el impuesto de timbres y estampillas en 0,6 por ciento -también me referiré a ese punto más adelante-; fomentar la asociatividad y el acceso a mercados externos, para que las pequeñas y medianas empresas puedan participar en todos los que se han abierto, en parte, por los tratados de libre comercio; fortalecer el rol del BancoEstado y de la CORFO en apoyo de las pymes, y simplificar los trámites burocráticos.
Así llegamos al costo total del Programa de Gobierno de 9.255 millones de dólares.
Con todo ello esperamos recuperar la capacidad de crecimiento y creación de empleos en nuestro país, lo que significará recobrar la inversión, aumentar la productividad e impulsar el empleo.
FINANCIAMIENTO DE PLAN DE RECONSTRUCCIÓN Y DE PROGRAMA DE GOBIERNO
Probablemente este es el asunto de mayor interés para Sus Señorías.
Lo primero que cabe señalar -como ya hemos planteado- es que todos deben sumarse a este esfuerzo.
Hemos diseñado un programa de financiamiento que incluye muchas fuentes, precisamente para evitar los efectos negativos que generaría en las variables macroeconómicas claves el financiar todo de una sola forma.
Debo decir que hubiera sido más fácil financiarnos en forma casi exclusiva con el Fondo de Estabilización Económica y Social. Ello habría significado usar 80 a 90 por ciento de los recursos hoy disponibles, lo cual habría surtido un efecto relevante en el tipo de cambio.
A muchos de los señores Senadores que vienen de zonas donde la actividad agrícola e industrial y las pymes son muy importantes les preciso que utilizar un mecanismo concentrado en dicho Fondo probablemente habría afectado en 30 a 50 pesos el tipo de cambio.
Todos deben sumarse a este esfuerzo
Señor Presidente, partimos por emprender un proceso de reasignación que no ha sido fácil, y en que todos participamos.
Se reasignaron 730 millones de dólares, los que están ya más que utilizados. O sea, el gasto tuvo un aumento que abordamos con la reasignación presupuestaria, como explicamos detalladamente en semanas anteriores.
Se establece un proyecto de ley de donaciones para crear el Fondo de Reconstrucción Nacional. En este momento está siendo considerado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Se plantea la venta de activos prescindibles; la emisión de deuda interna y externa, el uso del Fondo de Estabilización Económica y Social y del Fondo del Cobre. Esto es una novedad interesante, porque este último va a contribuir a la reconstrucción del país en forma bastante significativa: con cerca de 1.200 millones de dólares.
El aumento de impuestos no estaba en el Programa de Gobierno del Presidente Piñera. Sin embargo, consideramos adecuada esta medida para una circunstancia extraordinaria. Tiene un componente fundamentalmente transitorio, que incluye al Impuesto de Primera Categoría; gravámenes específicos a la minería; contribuciones (0,25 por ciento de sobretasa anual por dos años); impuesto al tabaco, y perfeccionamiento del sistema tributario, que incluye el DFL 2, los depósitos convenidos y los fondos de inversión de capital extranjero.
Más adelante, me referiré en detalle a cada uno de esos elementos.
Principios
Como comenté, los principios corresponden a que el financiamiento del Programa de Gobierno no requiere aumento de impuestos, pero este es necesario para financiar parte de la reconstrucción. ¿En cuánto? En alrededor de 35 por ciento de los recursos necesarios para la reconstrucción y emergencia,
Impuesto de Primera Categoría
En cuanto al Impuesto de Primera Categoría, quiero dejar en claro que, de acuerdo con la propuesta, en el 2010 la tasa permanece en 17 por ciento; en el 2011 aumenta 3 puntos, y pasa a ser de 20 por ciento; en el 2012 cae a 18,5, y en el 2013 vuelve a 17 por ciento.
Es decir, se trata de un incremento transitorio de tal tributo por dos años. Después veremos cuánto rinde en este tiempo.
Contribuciones
En esta materia, se considera un aumento transitorio de 0,25 por ciento de la tasa de impuesto, aplicado solo al 5 por ciento de los bienes raíces de mayor avalúo fiscal durante los años 2011 y 2012. Esta medida no afecta a ninguna propiedad de clase media o de grupos vulnerables, pero sí a 106 mil propiedades, de un total de más de 6 millones, de las cuales 2 millones 120 mil pagan contribuciones.
Royalty a la minería: conceptos de la nueva ley
Voy a intentar explicar pormenorizadamente lo que pensamos en materia de royalty.
Hoy el impuesto específico a la minería, conocido como royalty, se calcula de la siguiente forma: es igual a 4 por ciento de la renta operacional minera. Nosotros vamos a proponer una alternativa para determinar dicha tasa, que según la ley vigente pasará a ser de 5 por ciento a partir del 2018, momento en que también, de acuerdo con lo pactado ahora, se acabará la invariabilidad tributaria. O sea, esta existirá hasta el año 2017 y pasará a ser de 5 por ciento en el 2018. Pero se acaba el compromiso de invariabilidad.
En nuestra propuesta, se mantiene la renta operacional minera, que básicamente es el margen, como la base sobre la cual se aplica la tasa del royalty.
No se modifica la tributación a la pequeña o mediana minería; es decir, empresas bajo 50 mil toneladas métricas equivalentes de producción de cobre anual, cuya recaudación hoy es menor a 2 por ciento del royalty total.
Se propone, entonces, que la tasa de impuesto específico a la minería se calcule anualmente según una tabla basada en los márgenes operacionales de cada empresa. La lógica es asociar dicha tasa al ciclo de la industria, de manera que, a mayor margen, mayor tasa. Pero, en períodos donde haya márgenes malos o de caída, la tasa sea menor.
Planteamos una tasa que parta de 3,5 por ciento en escenarios de márgenes bajos, y que llegue hasta 9 por ciento en escenarios con márgenes superiores a 75 por ciento.
Después me referiré a lo que esperamos que ocurra hoy.
Invariabilidad tributaria: no es un cambio unilateral
En esto hay un concepto importante: no es un cambio unilateral. Se respeta la invariabilidad tributaria y se ofrece a las empresas una alternativa, que básicamente hace dos cosas: generar una tasa variable de acuerdo al margen y, en segundo lugar, extender el período de invariabilidad tributaria desde el 2018 al 2025.
De esa manera, se logra una reducción importante en la incertidumbre futura posterior al 2017, cuando se termina el período de invariabilidad. A la vez, se crea un mecanismo para reducir la volatilidad que presentan los precios de metales, en el sentido de que en períodos buenos la tasa aumenta, y en los malos baja.
Ante la pregunta de por qué las empresas podrían optar a ello en forma voluntaria, cabe responder que también valoran la extensión en el período de invariabilidad tributaria y el esquema de tasa variable. Pero pueden permanecer en el esquema en que se encuentran.
¿Qué ocurre cuando una empresa con invariabilidad decide renunciar a esta? Que entra al régimen de tabla, que corresponde a la tasa entre 3,5 y 9 por ciento para el período 2010-2011.
En este punto, quiero ser claro: vamos a obtener recaudaciones en los años 2010 a 2012. Porque esto operará para 2010 y 2011, pero los impuestos del 2011, que corresponden al ejercicio 2011, se liquidan el 30 de abril de 2012. Por lo tanto, tendremos ingresos durante 3 años.
En definitiva, las empresas ingresarán al nuevo esquema en el período 2010-2011; luego se les respeta la tasa de 4 por ciento que hoy tienen pactada para el período entre los años 2012 a 2017. En el 2018 entrarán al nuevo esquema de tasa variable, que en nuestra propuesta se halla protegido por invariabilidad durante 8 años más.
En el fondo, según el gráfico anterior, el esquema actual es 4 por ciento hasta el 2017; 5 por ciento de ahí en adelante, y lo que estamos planteando es tabla hasta el 2010-2011; del 2012 al 2017, vuelta a 4 por ciento, que es lo mismo de hoy, y tabla desde el 2018 al 2025.
Resumen
En resumen, en materia de royalty, en los próximos dos años vamos a obtener una recaudación adicional para la reconstrucción, del orden de 700 millones de dólares con el cambio voluntario. O sea, más de lo que pagarían con la tasa de 4 por ciento. ¿Por qué? Porque con los precios que hoy podemos proyectar para los dos próximos años pasarán a tener una tasa entre 7 a 8 por ciento de royalty, versus el 4 por ciento que pagan en la actualidad.
Esto en lo inmediato, pero a futuro el país gana una opción de upside sobre el precio del cobre.
Por tanto, una vez que terminan las cláusulas de invariabilidad vigentes, Chile participa de los booms del precio del cobre en un esquema que no afecta a las empresas en períodos deprimidos del ciclo. Vale decir, si en ellos el precio del metal y el margen bajan mucho, la tasa puede caer a 3,5 por ciento; pero en períodos muy buenos participamos en un 9 por ciento.
Entonces, si creemos y tenemos fe en que el precio se va a mantener alto y en que la demanda de los países emergentes -también de los industrializados, pero especialmente de China e India- va a seguir fuerte, ganaremos una opción muy atractiva, muy valiosa, en términos de participación. Y durante tal proceso nos haremos más socios de las empresas mineras.
Estimamos que esto no va a afectar la inversión ni el crecimiento, porque vamos a entregar un esquema de tasa variable que estará de acuerdo al ciclo económico y, además, porque vamos a extender la invariabilidad tributaria hasta el año 2025. Al reducir la incertidumbre, no debería afectarse la inversión de los proyectos.
Por último, respecto a la institucionalidad vigente, no se altera el compromiso de inalterabilidad que se ofreció a la industria cuando se implementó el impuesto específico a la minería, dado que las empresas se acogen voluntariamente al sistema.
Al plantear 700 millones de dólares de recaudación adicional, somos optimistas al pensar que una buena parte de las empresas va a acoger el nuevo esquema, pero no todas. Ahora, si la totalidad lo hiciera, la recaudación esperada sería un poco mayor: 730 millones de dólares. Entonces, la elevada tasa de participación corresponde a una hipótesis, pero no alcanza al cien por ciento.
Perfeccionamiento del Sistema Tributario
También queremos incluir mecanismos de perfeccionamiento al Sistema Tributario.
En el DFL2, puntualmente, vamos a limitar el uso del beneficio solo a personas naturales y a un número acotado de propiedades por RUT. No tiene que ser necesariamente uno, pueden ser dos. Eso es algo que estamos estudiando en este momento.
La razón fundamental de lo anterior se debe a que, al examinar los guarismos, observamos que se ha desvirtuado el procedimiento. Así, uno encuentra algunos RUT asociados a cientos de propiedades acogidas al DFL2; y la impresión que tenemos es que esa no fue la intención del legislador cuando estableció dicho beneficio.
En materia de depósitos convenidos, queremos plantear un límite anual exento de 600 UF, que es equivalente al Ahorro Previsional Voluntario (APV).
Hoy día las personas, mientras se aporta, pueden utilizar 50 UF mensuales del APV, las cuales se hallan exentas de impuestos. En el momento en que se retira, pasa a la tasa que corresponda en el global de la persona.
Lo queremos limitar para hacerlo equivalente a lo que existe y a fin de evitar lo que, a nuestro juicio, ocurre en algunos casos cuando esto se aprovecha en bonos elevados que quedan fuera de la tributación. Lo lógico sería darle el mismo tratamiento al APV que a los depósitos convenidos.
Elementos tributarios del Programa de Gobierno
El paquete también incluye dentro del financiamiento los elementos tributarios del Programa de Gobierno.
Una cuestión importante de señalar es que esto ya se encontraba incorporado en ese Programa. Se iba a plantear de todas maneras. El elemento novedoso corresponde al aumento de los impuestos. Pero -reitero- todo lo que veremos a continuación se hallaba contemplado en el Programa del Presidente Piñera.
Ampliación del incentivo a la inversión de las pymes (artículo 14 bis)
En primer lugar, tenemos la ampliación del incentivo a la inversión de las pymes (artículo 14 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta).
Creemos que se contribuye al fortalecimiento de las pymes y a que las pequeñas empresas se eximan de impuestos en las utilidades retenidas. Nuestra propuesta concreta es extender el beneficio tributario desde el máximo de ventas que hoy fija la ley en 5 mil UTM -que equivalen aproximadamente a 8 mil 800 UF- a aquellas empresas con ventas de 50 mil UF. Esto con un límite o un techo máximo de utilidad. O sea, podrán acceder al beneficio 2 mil empresas que vendan hasta 50 mil UF y que obtengan un máximo de 2 mil 500 UF en utilidades.
Las 2 mil 500 UF no corresponden a un número arbitrario, porque nosotros planteamos en el mencionado Programa llevar el límite del artículo 14 bis a las 25 mil UF, y luego hacer una desgravación del beneficio hasta llegar a cero. De tal manera que una empresa con 25 mil 1 UF de ventas no quede fuera del beneficio. ¿Cómo se logra eso? Bueno, diciendo que las primeras 2 mil 500 UF se pueden acoger a esta exención y de ahí en adelante las mismas 2 mil 500. Y si vende 40 mil UF y tiene una tasa de rentabilidad de 4 mil, las primeras 2 mil 500 se acogen al mecanismo y de ahí en adelante las 1.500 restantes van a tributar en forma normal de acuerdo al Impuesto de Primera Categoría.
De esa manera, se produce esta suerte de desgravación del beneficio a medida que aumenta la venta. Y las 2 mil 500 UF en utilidades -es el tope que se puede utilizar en la propuesta-, como los señores Senadores se darán cuenta, corresponden a una tasa de retorno de última línea de 10 por ciento sobre una empresa que vende 25 mil UF, lo que, de acuerdo a la información de que disponemos para las pymes resulta una buena tasa de retorno de última línea: 10 por ciento de utilidad.
Esta medida va a beneficiar a gran número de empresas. O sea, potencialmente se pueden beneficiar más de 800 mil de ellas. De acuerdo a los números que tenemos están en torno a las 820 mil las que pueden ser favorecidas, porque son las que venden menos de 50 mil UF anuales.
Mantención del Impuesto de Timbres y Estampillas
La mantención de dicho gravamen es otro compromiso que teníamos incorporado en el Programa de Gobierno. Creemos que constituye una importante ayuda para las pymes. Es cierto que dicho tributo las afecta a todas; pero, como sabemos que para ellas el financiamiento representa una dificultad importante, que golpea especialmente a las empresas pequeñas y medianas, planteamos mantener el impuesto en 0,6 por ciento.
Quiero recordar que, de acuerdo a la legislación vigente, el Impuesto de Timbres y Estampillas debería pasar a 1,2 por ciento el 1º de julio. ¿Cuánto nos cuesta en tasa anual? En torno a los 400 millones de dólares; pero no este año, porque ahora solo sería la mitad de esa cifra. Pero, en régimen, mantenerlo en 0,6 por ciento versus la alternativa de 1,2 por ciento implica 400 millones de dólares.
Depreciación acelerada
En seguida, planteamos un esquema de depreciación acelerada transitoria para la inversión en activos fijos en el período 2010-2012.
La idea es que esto se haga efectivo inmediatamente después de que la ley quede promulgada y que rija hasta el año 2012.
Técnicamente -esto es algo plenamente aceptado en economía- un incentivo transitorio a la inversión por la vía de la depreciación acelerada resulta más potente para estimularla que un incentivo permanente de depreciación acelerada. Porque justamente lo que las empresas y los inversionistas buscan es agolparse en el período en que está disponible el incentivo, y aprovecharlo. Por eso esperamos que esta medida tenga un efecto potente en la inversión. Y este punto es importante, porque el incentivo es para todas las Regiones del país. Queremos lograr un efecto macro, recuperar la inversión.
Hay que recordar que el año pasado la inversión, en términos de formación bruta de capital fijo, cayó aproximadamente 15 por ciento de acuerdo a las estadísticas que nos entregó el Banco Central. Aspiramos a recuperarlas.
El cuadro anterior se refiere a las cuentas fiscales. Sus Señorías lo conocen. Resulta muy difícil de apreciar en las pantallas. Por lo mismo, les voy a pedir un voto de confianza.
El señor LETELIER.- ¡No queda otra...!
El señor PIZARRO (Presidente).- Supongo que el señor Ministro nos va a dejar el documento.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Por supuesto, la presentación quedará disponible para quienes deseen consultarla.
Básicamente, lo que pretendemos con este cuadro es señalar cuál es nuestro punto de partida. Y este es, como se aprecia en las dos primeras líneas, ingresos por 43 mil 902 millones de dólares, y gastos por 46 mil 451 millones de la misma moneda, lo cual genera un déficit del orden de 2 mil 549 millones de dólares; un déficit fiscal efectivo, corriente, de 1,3 por ciento, y un déficit estructural inicial de 1,2 por ciento.
Eso es lo que nosotros llamamos "punto de partida", porque es lo que existía a fines de febrero de este año, antes de la catástrofe y antes de comenzar a implementarse nuestro programa de Gobierno.
A eso le añadimos los gastos corrientes del terremoto, que son 443 millones de dólares, y el gasto en infraestructura -que también podríamos llamar "gastos de capital"- por el mismo terremoto. En definitiva, el gasto total a raíz del sismo suma 8 mil 431 millones de dólares.
Luego, es preciso agregar los gastos del programa de Gobierno, con un costo de 9 mil 255 millones de dólares.
Y, en seguida, los ingresos tributarios, que este año van a ser pocos -317 millones de dólares-, porque, fundamentalmente, provendrán, una parte, del royalty, y otra, del impuesto al tabaco. Los restantes ingresos tributarios comenzarán a regir desde el año 2011. En términos globales, los ingresos por este concepto ascienden a 3 mil 235 millones de dólares.
A eso hay que añadir las donaciones, las cuales, estimadas de acuerdo al informe financiero presentado en el proyecto respectivo, alcanzarán, este año y el próximo, los 154 millones de dólares.
Además, hay que agregar, como fuente de recursos, reasignaciones presupuestarias por 730 millones de dólares.
Con todo eso, llegamos a un déficit fiscal de 3 mil 277 millones de dólares para este año, que equivale a 1,7 por ciento de déficit efectivo, y a 1,8 por ciento de déficit estructural.
Ese es, pues, nuestro punto de partida, con un crecimiento del gasto público estimado para el año en curso de 8,5 por ciento.
A lo anterior tenemos que añadir "otras necesidades de financiamiento". O sea, el déficit hay que financiarlo de todas maneras, pero también es preciso financiar la amortización de la deuda pública, el aporte al Fondo de Reserva de Pensiones y otros compromisos del Estado que técnicamente se conocen como "ítems bajo la línea".
Ello nos da un monto estimado a financiar, después de impuestos, reasignaciones y donaciones, de 5 mil 868 millones de dólares. Y eso lo vamos a cubrir con un mix de endeudamiento interno, endeudamiento externo, uso del Fondo de Estabilización Económica y Social, venta de activos prescindibles y recursos de la Ley del Cobre. La suma de estos ítems nos va a dar los 5 mil 868 millones de dólares.
Por último -y esto tal vez Sus Señorías lo pueden ver con mayor claridad-, está el cronograma de recaudación de impuestos que estimamos para el período 2010-2013, según el cual el impuesto de primera categoría generaría el próximo año alrededor de 840 millones de dólares, y un total de 1.260 millones de dólares en el período completo; las contribuciones nos darían 140 millones de dólares por año, 280 millones de dólares en total; el royalty, 700 millones de dólares en total; el tabaco, en torno a 280 millones de dólares por año y 990 millones en total, todo lo cual nos da una recaudación global de impuestos que en su momento más alto, el año 2011, llega a 1.440 millones de dólares, y para el período completo, a 3 mil 235 millones de dólares. Es decir, un poco más de un tercio del costo de la emergencia y reconstrucción se financiará por la vía tributaria.
En conclusión, el costo del terremoto, principalmente, y la sobreasignación de gastos 2010, en forma secundaria, hacen inevitable un aumento transitorio de impuestos.
Y el financiamiento a través de varias fuentes es crucial para evitar los efectos indeseados en el tipo de cambio y la tasa de interés, las principales variables macroeconómicas.
La reconstrucción, por supuesto, es fundamental, pero no nos vamos a agotar en ella. También debemos cumplir con nuestro programa de Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- A usted, señor Ministro.
Entiendo que dentro de la participación del Gobierno se contemplaba también la intervención de la señora Directora de Presupuestos.
¿Desea usar de la palabra ahora, o después?
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- La señora Directora me indica que estará encantada de contestar algunas preguntas hacia el final de la sesión.
El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, le guardaremos los minutos que le corresponden para ese momento.
Pido a los distintos Comités que hagan llegar la nómina de los Honorables colegas que van a exponer sobre el tema. La distribución del tiempo, como todos saben, es la misma de la hora de Incidentes.
Al inicio de la intervención de cada una de las bancadas voy a indicar el lapso total con que cuentan, para que sus miembros se sometan a él.
Primero le corresponde intervenir al Comité Partido Demócrata Cristiano, que dispone de 14 minutos.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.


El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, en primer lugar, creo que ha sido muy útil el haber dispuesto de esta ocasión para poder escuchar nuevamente al Ministro de Hacienda, quien ha efectuado una exposición que ya conocíamos en parte a través del propio Presidente de la República.
En lo personal, no voy a entrar a discutir si las cifras que nos dan son las que corresponden o no, porque eso tendremos que verlo en el debate del proyecto pertinente, cuando se nos traiga aquí físicamente todo su articulado.
Tenemos claro que hay dos proyectos de ley: uno, de donaciones, que está actualmente en la Cámara de Diputados, y otro, de financiamiento de la reconstrucción, el cual, según se ha dicho, llegará al Parlamento en los próximos días.
Mi primera interrogante -se la hemos planteado al Gobierno de modo reiterado- es por qué se optó por tramitar en forma separada el proyecto de donaciones en lugar de traerlo conjuntamente con aquel relativo al financiamiento. Nosotros pensamos que eso fue un error, sobre todo tratándose de una iniciativa de rendimiento escaso e incierto, puesto que nunca se puede calcular exactamente cuánto va a donar el sector privado para una emergencia como esta. Ello dependerá, como es natural, de los incentivos que el texto otorgue para tal efecto.
De acuerdo con lo que nos ha indicado el Ejecutivo, la Ley de Donaciones tendría un rendimiento del orden de 300 millones de dólares en el período completo, el cual, dentro de un gasto total de 9 mil millones de dólares, representa apenas un 3 por ciento. Entonces, no veo por qué se ha provocado una discusión, a lo mejor innecesaria, sobre una iniciativa que carece de la trascendencia que debe tener el financiamiento para la reconstrucción.
En segundo término, quiero hacerle presente al Gobierno -se lo dijimos ayer al Presidente de la República- que en estas bancadas estamos claramente decididos a aprobar las vías de recaudación que sean necesarias para afrontar el problema de la reconstrucción en el próximo tiempo. Incluso, estimando que -y esta es una opinión personal- los recursos requeridos van a ser mayores que los que nos está planteando el Gobierno, por los daños que hay en la zona afectada por el terremoto. Y puedo traer como testigos a los Senadores que representan a las Regiones más perjudicadas por la catástrofe para dar fe de que los estragos son mucho más profundos que lo que se cree. Hacia el final de mi intervención voy a hacer un par de observaciones que me gustaría que el Ejecutivo pudiera responder.
Paso a referirme al tema de los recursos.
Nosotros pensamos que el Gobierno ha tomado el camino correcto en cuanto a hacer un mix entre impuestos, endeudamiento, fondos de la Ley Reservada del Cobre. Sin embargo, estimamos que lo planteado como alza transitoria, en relación con el impuesto a la renta, debiera mantenerse como permanente. Porque -vuelvo al tema de la reconstrucción-, yo creo que -y espero equivocarme- no va a bastar el período de este Gobierno para poder reconstruir el país después del terremoto y maremoto que hemos sufrido. Pasaremos más allá, necesitaremos más de cuatro años. Creo que es ser demasiado optimista pensar que lo podremos hacer en menos tiempo. Ojalá, como digo, que me equivoque.
Por eso, estimamos que lo del impuesto a la renta debiera ser permanente, porque me parece que el sector empresarial está en condiciones de aportar, no solo en lo transitorio, sino también en lo permanente, una mayor tasa.
La Concertación, al comienzo de su Gobierno, en 1990, llegó a una negociación con el ahora Presidente de la República, quien fue uno de los actores más importantes en aquella oportunidad. Y cuando llevamos el impuesto a la renta del 10 al 15 por ciento, se nos hizo la misma observación que ahora: que ello iba a afectar la inversión, que casi iba a producirse una debacle en el manejo de la economía. El resultado, al final, fue que se creció durante cinco años al 7 por ciento.
Entonces, no veo en esta alza de tasa que proponemos en términos permanentes algo que realmente vaya a afectar la inversión en Chile. Al contrario, creo que existe conciencia en el sector empresarial de que se trata de un aporte necesario no solo por lo transitorio del terremoto, sino por lo imperioso de enfrentar otras obligaciones que el país tiene con muchos sectores que hoy esperan respuesta a sus propios requerimientos.
Con respecto al royalty minero, cuestión que ha planteado aquí el señor Ministro, quisiéramos discutir el punto una vez que conozcamos el articulado que se propondrá. Pero inmediatamente aparece claro que el aporte del royalty será transitorio, por dos años, y que recaudará 700 millones de dólares. El resto es un reacondicionamiento del impuesto.
Sí creo que hay una circunstancia interesante, novedosa, que me parece bien: que el royalty lo vinculemos a la variación del precio del cobre. Es decir, que tenga una tasa menor en momentos de bajos precios, y una mayor cuando se registren alzas de precios. Deberemos ver la manera de tratar esta materia de forma tal que sea eficiente.
Y es una situación que, por lo demás, me tocó afrontar como Ministro de Hacienda cuando llevamos a cabo la chilenización del cobre, donde establecimos el impuesto al mayor precio en ese momento para rescatarlo en favor del país. Creo que es una idea interesante que habría que explorar.
Sin embargo, pienso que incluso las empresas mineras estarían en condiciones de hacer un aporte mucho más importante, por el nivel de utilidades que han tenido, tienen y pueden tener en el próximo tiempo.
Un tema que a nosotros nos preocupa, señor Presidente, es la venta de activos.
El Gobierno puede llevarla a cabo, por decisión propia. No requiere ley para hacerla; no tiene por qué venir aquí, al Parlamento, a pedirnos autorización. Pero tendrá que asumir la responsabilidad de vender activos muy rentables para el país, como es el caso de las sanitarias. Cuando estas se negociaron y privatizaron, el Estado se quedó con un 35 por ciento, no por mantener ese porcentaje porque sí, por tener una inversión, sino porque era necesario contar con presencia en tales empresas, que en el fondo cumplen un servicio público.
Se estimó conveniente que el Gobierno tuviera participación en los respectivos directorios. Además, ello se vinculó con los subsidios de agua potable que debían otorgarse a los usuarios de menores recursos. Y con esas utilidades se financian los subsidios.
Entonces, desde el momento en que se vendan esos activos el Estado dejará de percibir dicha rentabilidad y deberá cargar él con ese gasto. De manera que tendríamos que ver cómo incluir también esta materia para poder financiar en el próximo tiempo los subsidios si el Gobierno llegara a desprenderse de, en este caso, las sanitarias.
La rentabilidad de estas empresas es muy alta, de gran importancia para el Estado, y sirve incluso para financiar parte de los programas de la CORFO.
Es un asunto que quiero plantear al señor Ministro, para que lo tenga en consideración cuando deba ver cuál es el monto real entre los ingresos y los gastos.
En seguida pasaré a referirme a puntos que nos interesa aclarar.
Uno es el relativo a la amortización acelerada, que debemos analizar. ¿Qué implica su aplicación, que en el fondo es postergar impuestos? ¿Cuánto significa eso? Porque, a lo mejor, estamos cobrando un impuesto a la renta de tanto por ciento, para recaudar 300, 400 millones de dólares más, y por la amortización acelerada estamos disminuyendo los ingresos por otros tantos millones. Por un lado estaríamos obteniendo beneficios, y por el otro, restando ingresos.
Es un asunto que debemos estudiar.
Aquí, en esta Corporación, ya hubo una discusión sobre amortización acelerada. Y los Senadores de las bancadas hoy día de Gobierno rechazaron el proyecto respectivo. Así que, en mi opinión, este tema vamos a tener que discutirlo a fondo, con mucha seriedad.
En cuanto al impuesto de timbres y estampillas, pienso que para que realmente tengamos una ley que discrimine respecto de las personas que poseen mayor capacidad económica, que usan los créditos, más bien debiera establecerse una tasa de interés por tramos, no fija. Porque, si aplicamos una tasa baja, de 0,6 por ciento, por ejemplo, a los créditos inferiores a 5 mil UF, ¡perfecto! Pero, cuando apliquemos la misma tasa a quien tome un crédito por 100 mil UF -hay muchas empresas grandes que piden esas cantidades, y más-, por supuesto que entre el 0,6 y el 1,2 por ciento hay bastante diferencia.
Entonces, si queremos favorecer y proteger realmente a la pequeña empresa, tenemos que hacer una discriminación en la materia, estableciendo una tasa progresiva en el impuesto de timbres y estampillas.
Sí quiero preguntarle al señor Ministro, o a la señora Directora de Presupuestos, cuánto significa el menor ingreso. Porque el ingreso de 1,2 por ciento ya se encontraba contemplado en la Ley de Presupuestos. Y si esto se aplica -y yo soy partidario de que así se haga, en favor de la pequeña empresa-, hay que ver cuánto es lo que disminuye la recaudación. Y ello, por cuanto no veo dónde se contempla cómo calzar los mayores ingresos producidos por la tributación y los menores ingresos que se den por este tipo de cosas.
Voy a terminar planteándole dos cuestiones más al señor Ministro.
Nosotros quisiéramos, con toda claridad, afrontar aquí lo relativo al desfinanciamiento de las municipalidades, que no viene contemplado.
Ese desfinanciamiento no solo es producto del terremoto. Las municipalidades de las zonas afectadas están padeciendo una merma de ingresos increíble. ¿Dónde están los recursos que les vamos a traspasar a ellas? ¿Cuáles vamos a entregarles? Y todas -lo sabemos los Senadores de las Regiones respectivas- tienen déficit. Alcaldes de todos los colores políticos están reclamando porque no les han proporcionado los recursos necesarios para afrontar la situación.
Es otra cuestión que deberemos estudiar.
Lo segundo tiene que ver con cuánto les vamos a dar a los sectores medios afectados por el terremoto.
Las personas de clase media que han perdido sus casas en la zona más comprometida por el terremoto no tienen capacidad de crédito. Entonces, se precisa un subsidio. Pero eso cuesta dinero, y más del que se cree. Porque son más de 100 mil las viviendas afectadas en esos sectores.
Otro tanto ocurre con los pequeños comerciantes. Hay que darles recursos, hay que darles capital de trabajo, hay que permitirles levantar nuevamente sus establecimientos.
Esas cosas son muy necesarias.
Y quiero formular una última pregunta al señor Ministro, que me surgió cuando él planteó el tema. Dijo que se iba a reducir el 7 por ciento de salud a los pensionados vulnerables.
Durante la campaña yo no escuché a ninguno de los dos candidatos presidenciales efectuar tal discriminación.
Ese 7 por ciento se iba a eliminar a todos los pensionados, no solo a los vulnerables. Porque con esto nuevamente vamos a afectar a los pensionados de clase media, que no caben dentro de esa categoría. Es lo mismo que ocurre con ciertos subsidios.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Aún le restan dos minutos al Comité Demócrata Cristiano.
Recuerdo a los jefes de bancada que inscriban a los Senadores que intervendrán señalando el tiempo durante el cual lo harán, con el objeto de indicarles al inicio los minutos con que cada uno cuenta y de que el señor Secretario proceda a cortar el micrófono cuando se cumpla el lapso correspondiente.
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Horvath, por cuatro minutos.


El señor HORVATH.- Señor Presidente, como uno de los convocantes de esta sesión especial, quiero señalar que el tema de enfoque es el ajuste y los efectos en las zonas no afectadas por el terremoto y el maremoto cuando se les restó 730 millones de dólares para constituir un fondo de emergencia.
Si revisamos la situación de las zonas extremas, veremos que estas representan el 45 por ciento de la superficie de Chile y que viven en ellas apenas el 5,8 por ciento de su población.
Sin embargo, si apreciamos sus potenciales, la visión es que el Estado debe hacer algo por ellas.
A la Región de Aysén se le han recortado o recalendarizado 40 millones de dólares: solo en obras públicas, 14 mil millones de pesos, y en gobierno interior, del orden de los 6 mil millones de pesos, los cuales se están recuperando de a poco a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, porque nos han dicho que es una suerte de préstamo.
De la exposición del Ministro de Hacienda, incluyendo la próxima reforma tributaria, ha quedado claro que con 8 mil 432 millones de dólares se cubre el gasto originado por el terremoto y tsunami; con 9 mil 255 millones, los programas de Gobierno, y con alrededor de 2 mil millones se vuelve a la estructura de equilibrio económico requerida por el país.
En esta perspectiva, el grave efecto de los ajustes en las zonas extremas requiere ser amortiguado.
Hoy, 21 de abril, se cumplen tres años del sismo y tsunami en Aysén, que cobró más de 10 vidas, y hasta la fecha no se han cumplido una serie de compromisos de Estado.
De ahí que también queremos levantar la voz por esa gente afectada.
La Región de Aysén, por motivos de aislamiento, depende en un 70 por ciento -increíble que así ocurra- de los fondos de inversión pública para su actividad económica. Obviamente, hay que revertir tal situación a futuro, de manera que esos recursos permitan desarrollar sus potencialidades.
A lo anterior, se superpone la crisis de la salmonicultura, la de la actividad minera, de la cuenca del lago General Carrera; y la precaria condición de continuidad territorial debido a la erupción del volcán Chaitén, en mayo del 2007.
En las imágenes siguientes, mostraremos las áreas más afectadas.
Hace tres años se comprometió la realización de una serie de obras, que no se han cumplido hasta la fecha, entre otras: un polideportivo -según palabras del propio Ministro de la Cartera-, en adjudicación; un hospital en Puerto Aysén, cuya construcción no corresponde que sea postergada y prioritariamente destaca la necesidad de contar con especialidades médicas; una serie de caminos de conexión del área: río Blanco-lago Portales-valle Laguna; puerto Chacabuco-Playas Blancas-Quitralco; lago Riesco-río Cóndor-lago Ellis-Huemules, y un nuevo puente en Puerto Dun, ya que el actual presenta una condición de vulnerabilidad. Lo anterior, sin considerar la reparación de daños sufridos por las víctimas y muchos otros aspectos.
En la imagen siguiente se ubica Chaitén.
Chaitén, si bien se halla en la Región vecina, representa la puerta de entrada a la de Aysén. Todo lo que ahí suceda afecta a la provincia de Palena y a la Región de Aysén.
Por lo tanto, es preciso tener particular cuidado con la recalendarización respecto a la reconstrucción gradual de Chaitén en la misma área, pues hay que garantizar la continuidad territorial de la Región de Aysén y Palena hacia Puerto Montt.
Esta lámina nos sirve para ilustrar los recortes presupuestarios en Obras Públicas, que tenía asignado 38 mil millones y hoy día solo 24 mil millones de pesos.
Algo similar sucedió con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Sin dejar de ser solidarios, no podemos traspasar los efectos del terremoto a las restantes Regiones.
Ese es el aviso principal que deseamos dar a conocer en la presente sesión especial, a objeto de que sea asumido por parte de las autoridades
El cuadro siguiente muestra...
El señor PIZARRO (Presidente).- Se acabó su tiempo, señor Senador.
El señor HORVATH.- En 30 segundos termino, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Cada segundo que se extralimite se lo cargaré al tiempo de su Comité.
El señor NAVARRO.- ¡No hay crédito...!
El señor PIZARRO (Presidente).- Así es.
Puede continuar haciendo uso de la palabra, Su Señoría.
El señor HORVATH.- Gracias, señor Presidente.
Solo quería manifestar que entre los potenciales de la Región de Aysén está la posibilidad de intervenir 480 mil hectáreas de bosque nativo, lo que originará 6 mil 500 nuevos empleos; 10 mil hectáreas por año en materia de forestación, con 5 mil empleos; revitalizar una nueva acuicultura, desarrollar el turismo de intereses especiales y de los servicios asociados.
Por lo tanto, peso que se invierta en la Región con buenos proyectos, el Estado lo recuperará con creces.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín, por cinco minutos.


El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero valorar la presentación realizada hoy día por el Ejecutivo, a través del Ministro de Hacienda, sobre el Plan de Reconstrucción, el Programa de Gobierno y el financiamiento de ambos.
Entendemos que se trata de un proyecto serio, no recurre a medidas demagógicas ni afecta los resguardos macroeconómicos necesarios para el país; justo, porque obtiene los recursos donde están, incluyendo en el ámbito tributario a las grandes empresas; completo, pues muestra una variedad de caminos para lograr el financiamiento; y responsable, ya que el Gobierno no olvida que debe cumplir el programa al cual se comprometió ante la ciudadanía.
Al mismo tiempo, aprecio el que se haya incorporado en los planteamientos formulados lo que hicimos presente los Senadores de la UDI aquí hace cuatro semanas, a propósito de la sesión sobre esta materia, el 23 de marzo.
En esa oportunidad, propusimos ocho medidas para financiar el Fondo de la Reconstrucción: la reducción del gasto público; la focalización de Partidas del Presupuesto hacia las Regiones más damnificadas; la venta de activos prescindibles; el alza de impuestos a las grandes empresas, incluyendo el de primera categoría, que las grava en sus utilidades, excluyendo a las pymes y a las personas; las exenciones tributarias para las donaciones destinadas a la reconstrucción; el aumento del endeudamiento nacional y extranjero; el uso del Fondo de Estabilización Económica y Social, y la redestinación de recursos derivados de la Ley de CODELCO para las Fuerzas Armadas hacia el Fondo de la Reconstrucción.
Todas esas medidas que propusimos hace cuatro semanas fueron incorporadas. Por eso, quiero agradecer tal reconocimiento y valorar el hecho de que también contribuimos con nuestro trabajo, realizando un aporte concreto para nuestro país.
Deseo aprovechar, sin embargo, esta oportunidad para formular algunas inquietudes surgidas de la explicación dada sobre el Plan de Reconstrucción y de otros temas relacionados.
La primera dice relación a lo señalado por el señor Ministro de Hacienda en cuanto al déficit presupuestario que se enfrenta el presente año.
Si entendimos bien, por las cifras entregadas, existe un saldo fiscal inicial negativo antes de la asunción de este Gobierno de 2 mil 500 millones de dólares, es decir, un déficit estructural de base de 1,2 por ciento, muy elevado para los estándares históricos.
Si a eso se agrega el déficit en el Presupuesto del año pasado de 7 mil 200 millones de dólares, creo que la situación presupuestaria en que se encuentra el país es extremadamente delicada.
De ahí que, sobre esa base, deseo pedir mayores antecedentes respecto de tal circunstancia y de su impacto en el funcionamiento de nuestra economía.
Una segunda preocupación tiene que ver con el comentario realizado por el Senador señor Zaldívar.
Tengo claro que la estimación de los daños se hizo en forma muy completa y con todos los antecedentes posibles. Sin embargo, por la experiencia que hemos recogido al advertir las dificultades diarias que van surgiendo, podemos señalar que, probablemente, la mejor estimación hoy día sea menor a la realidad, porque existen muchas cosas ocultas que irán apareciendo. Y lo vemos día a día, porque cuando se interrumpe la cadena productiva en una parte, el impacto que sufre algún tercero u otra persona de la línea es todavía difícil de prever.
Por eso, hay que tener mayor flexibilidad en la materia, y tanto las Partidas del Fondo de Estabilización Económica y Social como el endeudamiento deben servir de caminos para hacer frente a la situación descrita cuando se produzca.
Mi tercera inquietud se refiere a la emergencia.
No hemos hablado de ella. Por eso, quiero señalar la dramática situación de miles de familias que todavía no han resuelto sus problemas inmediatos causados por la catástrofe.
Al respecto, deseamos saber cómo se puede acelerar la resolución del problema, aunque sea anticipando recursos si fuera necesario.
Las soluciones habitacionales provisorias avanzan con lentitud respecto de las necesidades. Tengo claro que se están construyendo e instalando rápidamente mil viviendas provisorias, y lo que se ha realizado en un mes y medio probablemente equivalga a lo efectuado en cinco años. Pero todavía necesitamos progresar más en la construcción de mediaguas.
El retiro de escombros pareciera ser algo todavía pendiente de resolver. Y, además, hay otras situaciones menores.
Hace varias semanas planteé al Ministro del Interior el problema de los empalmes eléctricos.
Necesitamos soluciones a ese respecto, porque, de lo contrario, se producirán agitaciones sociales, muchas veces con buena causa, o, también, aprovechamientos políticos para dar al asunto un giro distinto.
Por eso, le pido al Ministro del Interior la mayor celeridad posible en cuanto a la solución de los problemas provocados por la emergencia, y ojalá nos pudiera anticipar algo concreto sobre las tres materias que he planteado.
Por último, estoy seguro de que, por la calidad y voluntad de lo expresado, la unidad va a permitir la aprobación del proyecto respectivo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto, por dos minutos, según nos indica su Comité.


El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, en la misma línea del Senador Horvath, y por pertenecer a una Región que no fue afectada por el terremoto, voy a ser bastante preciso.
El recorte presupuestario inicial a las Regiones para crear un Fondo de Emergencia le significó a la de Magallanes, aproximadamente, un 5 por ciento menos, lo cual representó unos mil 300 millones de pesos. Posteriormente, se recorta un 25 por ciento más, lo que asciende a 5 mil millones de pesos, con lo que se afecta gravemente proyectos priorizados y aprobados por el CORE.
En Magallanes se estima que el déficit para financiar proyectos ya comprometidos rondaría entre 2 mil millones y 3 mil millones de pesos.
Nosotros reclamamos que se ha carecido de información que señale claramente cuáles son los proyectos afectados y por cuánto tiempo lo estarán. Las respuestas de las autoridades nacionales y regionales han sido vagas e imprecisas.
Señor Presidente, nadie en la Sala se halla en contra de la solidaridad y del apoyo de todo el país a las Regiones dañadas, pero nos parece que esta no era la forma más adecuada. Este tipo de solidaridad perjudica a los habitantes de las zonas no afectadas por el sismo y traslada a ellas las consecuencias de la catástrofe.
Por eso, me parece muy importante que el Gobierno pueda avanzar en tres líneas de acción:
Primero, explicitar claramente qué proyectos regionales se verán perjudicados por estos recortes e indicar si habrá o no restitución de estos recursos y en qué oportunidad.
Segundo, precisar el impacto de la reasignación de programas a las zonas afectadas en otras Regiones. Esto es muy relevante a nivel de la pesca artesanal, donde hay mucha inquietud, en especial, en cuanto a recursos destinados a subsidios de vivienda para los postulantes de las Regiones no damnificadas.
Tercero, comprometer todos los esfuerzos con el objeto de restituir a las Regiones esos dineros, particularmente si durante la discusión presupuestaria se obtuvieran fuentes tradicionales de financiamiento.
Esto demuestra que la regionalización es insuficiente. Los Intendentes no son representantes de sus comunidades, sino del Presidente de la República, por tanto, no existe una contrapartida local al poder central. Por eso, necesitamos autonomía presupuestaria para las Regiones e Intendentes regionales elegidos directamente.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Le quedan 5 minutos al Comité Socialista.
En el tiempo del PPD, tiene la palabra el Senador señor Tuma, por 2 minutos.


El señor TUMA.- Señor Presidente, todos debemos sumarnos a este gran esfuerzo, pero tenemos que hacerlo de acuerdo a los ingresos y las potencialidades.
Me parece que la decisión de restringir a las Regiones el presupuesto del FNDR denota que no todos nos estamos sumando con un criterio de equidad a ese esfuerzo.
Hemos sido convocados para conocer cuáles son las fuentes de financiamiento para esta reconstrucción nacional.
Yo me alegro de que se haya echado mano a las utilidades de las grandes empresas. Lamento que no sea permanente, aunque sí celebro que se haya tomado esa decisión.
No obstante, señor Presidente, el Ministro de Hacienda nos dice en su exposición: "Estas son las fuentes de financiamiento. Vamos a incrementar los recursos aumentándoles transitoriamente la tributación a las grandes empresas en los años 2010 y 2011 -el incremento disminuye gradualmente- y al mismo tiempo permitiéndoles usar un instrumento que tiene que ver con el incentivo de la depreciación acelerada.". Es decir, damos un paso hacia delante, y luego, otro hacia atrás.
Deseo preguntarle al señor Ministro si, frente a esas dos medidas -por una parte, recaudar más, y por otra, entregar un incentivo-, las empresas no van a recurrir a todas sus "invenciones" para usar la depreciación, sabiendo que solo la pueden utilizar durante dos años y que en ese período tienen que aportar más a la reconstrucción.
Tengo la convicción de que aquí estamos frente a gastos seguros e ingresos eventuales. Y eso no me da certeza alguna en cuanto al cumplimiento del plan de reconstrucción.
También recojo lo que planteó el Honorable señor Zaldívar respecto al 7 por ciento de los pensionados, que se anunció durante la campaña presidencial.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro, por 3 minutos.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ante todo, me sumo a lo planteado por el señor Ministro. Es claro que el recorte resulta preocupante.
En las reparticiones públicas todavía desconocen cuál será la estructuración del recorte del FNDR que, por una parte, se nos da, y por otra, se nos quita. Hay un dicho que dice: "El que da con una mano y con la otra quita, le sale una jorobita.".
Aquí estamos frente a una enorme injusticia. Siento que es posible aplicar una excepcionalidad en las Regiones más afectadas, ya que estamos hablando de una "ley de excepción". Como estos impuestos transitorios son excepcionales, necesitamos que también lo sea el recorte de 4 mil 131 millones de pesos que se hace a la Región del Biobío. Es una situación grave.
Los alcaldes han dicho -y yo los voy a respaldar- que no harán la devolución de lo recaudado por concepto de patentes hasta que tengan claridad sobre cómo les va a afectar este recorte presupuestario, porque no lo consideramos justo. Y estamos hablando de condiciones extraordinarias.
Respecto del royalty minero, señor Presidente, necesito saber por qué dos años. Y, en especial, ¿por qué ocho años más de invariabilidad? O sea, aquí hay una negociación: se suman a este régimen y les concedo ocho años más, es decir, hasta el 2028.
Me parece un poquito excesivo.
Solo la Minera Escondida ha tenido utilidades, de 2006 a la fecha, por más 18 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de empresas que ganan mucho, mucho dinero. Y ahora les anunciamos que hasta 2028 no les vamos a variar el régimen tributario. No sé si van a querer cambiarse, pero considero que la extensión es absolutamente excesiva.
Respecto a la depreciación acelerada, se trata de una materia que vimos antes. Con el entonces Senador señor Ominami planteamos objeciones y detuvimos la continuación de su estudio en el Gobierno de la Concertación.
No tengo motivo alguno para cambiar mi voto en esta oportunidad. Voté negativamente la depreciación acelerada en el Gobierno anterior y, por cierto, también lo voy a hacer ahora
Deseo apoyar el proyecto. Quiero que se financie la reconstrucción, pero existen principios básicos sobre los cuales no hay comprensión económica.
Por último, me referiré a la venta de activos.
Se ha señalado en general qué activos se van a vender.
Cuando defendimos a ESSBIO en la Región del Biobío, lo hicimos por las mismas razones que ha señalado aquí el Senador señor Zaldívar: mantener acciones de las sanitarias en manos del Estado. En mi opinión, la venta de esa empresa fue un equívoco que no podemos volver a cometer y claramente constituye un atentado nuevamente contra la Región.
Sobre dicha materia debe llevarse a cabo un gran debate, porque no me parece que dicha enajenación aporte los recursos necesarios para financiar la reconstrucción. Además, ello se hace de manera definitiva.
Queremos respaldar esta opción financiera. Creo que tal posibilidad amerita una discusión al respecto.
Ojalá el señor Ministro pueda responder nuestras inquietudes, porque, en verdad, aquí se trata de convencer o ser convencidos.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi, por 3 minutos.


El señor BIANCHI.- Señor Presidente, tenemos una urgente obligación: sacar adelante cuanto antes este proyecto de reconstrucción.
Yo quiero iniciar mi intervención siendo muy solidario con los señores Senadores de la Undécima y de otras Regiones del país, pues nos hemos olvidado de lo que pasó en Chaitén, en Tocopilla, en Coyhaique. Se trata de situaciones que, hasta hoy día, todavía no son resueltas. Han transcurrido casi tres años de esas catástrofes -en algunos casos más tiempo- y los efectos causados no han sido solucionados.
A mi juicio, nos asiste la obligación de enfrentar esta urgencia lo antes posible e ir en ayuda de las personas que pronto deberán enfrentar las inclemencias del tiempo, lo cual, obviamente, hará más difícil su situación.
En cuanto a los fondos de los gobiernos regionales, me hubiese gustado debatir esta materia en el Congreso Nacional. Sin embargo, el Gobierno tomó una decisión amparada en las facultades extraordinarias que le otorga al Presidente de la República la ley N° 16.282 y el decreto supremo N° 338, y simplemente no se discutió en el Parlamento, lo cual hubiese sido muy sano.
Todos queremos contribuir y colaborar, pero, sin lugar a dudas, habríamos preferido hacerlo por la vía del diálogo y de los acuerdos acá, en el Congreso, y que hubiésemos podido llegar a feliz término en cuanto a los recursos que les es posible entregar a las distintas Regiones del país.
No soy partidario de que la modificación del royalty sea solo por dos años. A mi juicio, su incremento tendría que ser permanente y lo recaudado debería ser destinado a tecnología, educación, ciencia, salud, como ocurre con el FONDEMA, que es un fondo productivo para una vez que se acaben los hidrocarburos. Yo aspiraba a que el aumento en el royalty a las mineras les sirviera a las Regiones en el futuro, cuando no dispusieran de tales recursos energéticos.
Señor Presidente, seis Senadores y una Senadora presentamos un proyecto de acuerdo -es importante, y espero que el Gobierno lo acoja- que dice relación a la posibilidad de que las personas que habitaban en las casi 360 mil viviendas que resultaron destruidas a raíz del terremoto, muchas de las cuales no tienen acceso a un crédito bancario, retiren, para reconstruir sus casas, un porcentaje de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual en las AFP. Ello no implicaría ningún perjuicio final en sus pensiones y de esa manera podrían recuperar un bien tan preciado, como lo es su vivienda.
De otro lado, no comparto la idea de que la eliminación de la cotización del 7 por ciento para salud se aplique solo a los pensionados más vulnerables.
Todo adulto mayor tiene vulnerabilidad. Y me gustaría que el Gobierno respetara su compromiso tal cual lo asumió el propio Presidente de la República durante su campaña.
Nosotros aquí hacemos votos y nos esforzaremos para lograr que la supresión de ese 7 por ciento comprenda a todos los adultos mayores y no solo a los más vulnerables.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.


El señor HINZPETER (Ministro del Interior).- Señor Presidente, quiero referirme a los planteamientos formulados por el Honorable señor Larraín para abordar aspectos muy puntuales de la emergencia. Y aprovecharé la oportunidad para hacer con todos los señores Senadores una reflexión general que me parece importante.
El Gobierno, o al menos el Ministro que habla, tiene muy claro que vienen meses extraordinariamente duros. El invierno será un período sobremanera complejo, durante el cual una significativa cantidad de chilenos y chilenas lo van a pasar bastante mal.
Enfrentaremos un invierno frío, con lluvia. La gente se encuentra en malas habitaciones, en malas casas. Se trata de viviendas de emergencia, con precarios sistemas de energía eléctrica y sin calefacción; están instaladas en la tierra, lo cual va a generar barro.
En consecuencia -lo digo francamente-, deseo compartir con Sus Señorías mi convicción en el sentido de que este no es un problema solucionable en el corto plazo.
El terremoto fue muy extenso, demasiado grave: afectó a una extensión territorial de aproximadamente 145 mil kilómetros cuadrados, donde vive el 75 por ciento de la población del país.
Por lo tanto, debo manifestar, con harta honestidad, que los Senadores, Diputados o Alcaldes que deseen criticar al Gobierno por ineficiencia tendrán una gran ocasión para ello a lo largo del invierno que se avecina.
Si esa es la opción, probablemente habrá un importante grado de conflicto social. Porque -lo digo con absoluta honestidad- la gente va a tener legítimas y buenas razones para estar angustiada; lo va a pasar muy mal, y, por consiguiente, la motivación que aduzcan los dirigentes políticos va a constituir caldo de cultivo para que se exprese con violencia.
Desde esa perspectiva, como Ministro del Interior, les pido a los señores Senadores que, hasta donde les resulte factible, me ayuden en la solución de los problemas y mantengan conmigo una comunicación permanente -todos los presentes saben que pueden tenerla-, para apoyar a la gente, en vez de complicarle la vida con manifestaciones destinadas a perjudicar al Gobierno.
Me asiste también la convicción -dentro de las certezas que un ser humano puede tener- de que hemos realizado un buen trabajo en la emergencia.
Hemos sido verdaderamente capaces de brindarles a quienes más estaban sufriendo una ayuda eficaz a partir de un punto muy complejo.
Porque, por ejemplo, Chile -y quizá ningún país se halla preparado para afrontar un terremoto de la magnitud del que nos afectó- no contaba con capacidad productiva para instalar la cantidad de casas de emergencia a que se comprometieron el Gobierno anterior y el actual.
Y aprovecho lo que señaló el Honorable señor Larraín para informarles a los Senadores que representan a las zonas afectadas que hasta la fecha hemos instalado 16.500 viviendas de emergencia y que todavía hay déficits: en la Región de Valparaíso, de 1.894; en la Metropolitana, de 4.900; en la del Libertador Bernardo O´Higgins, de 4.500; en la del Maule, de 4.700; en la del Biobío, de 13.000. Es decir, de aquí al 11 de junio, fecha comprometida por nosotros para tenerlas instaladas todas, debemos levantar 29.700 mediaguas. Y en estos 40 días llevamos 16.500.
Sin perjuicio de que al comienzo el accionar fue más lento -algo anticipó el Senador Larraín-, el incremento de la capacidad de producción permitió entregar entre 1.500 y 2.000 casas por semana. Así que pienso que llegaremos a tiempo a la meta.
Pero ha sido un trabajo difícil, señor Presidente. Y hay una situación que agrega complejidad: no es fácil determinar con exactitud cuánta gente perdió su casa. Porque, por ejemplo, muchas personas que vivían como allegadas o en campamentos con viviendas de peor calidad que las mediaguas ahora aparecen demandando estas. Entonces, la estimación inicial de casas dañadas va creciendo con la aparición de gente que se hallaba en tal condición y que ahora, con legítimo derecho, aspira a una mediagua.
En materia de ayuda más blanda, como colchones, frazadas, camarotes, en fin -puedo dejar a disposición del Senado algunos documentos, para no aburrir a Sus Señorías con detalles-, hemos hecho un puente logístico muy exhaustivo. Así, hoy día tenemos desplegada en las zonas siniestradas gran cantidad de esos elementos. Adicionalmente, colocamos órdenes de compra por más de mil millones de pesos, para terminar de abastecer, dentro de lo que queda del mes de abril, a todos los damnificados.
El Senador Larraín se refirió, asimismo, a las conexiones eléctricas.
Al respecto, con la Compañía General de Electricidad (CGE), que abastece a cerca del 99 por ciento de las zonas afectadas, llegamos a un acuerdo sobre el costo de la conexión. Ello, en el marco de tres programas. Porque la situación varía dependiendo de si se trata de una casa enteramente nueva, de un sitio enteramente nuevo o de una mediagua que se instala en un lugar donde antes había una vivienda y, por consiguiente, existe conexión eléctrica cercana.
En principio, yo diría que para entre 60 y 70 por ciento de los afectados la reposición de la energía eléctrica no tendrá ningún costo y que algunos usuarios deberán desembolsar 10 mil a 12 mil pesos.
El costo de la conexión asciende a más de 100 mil pesos. El Gobierno está asumiendo el pago de 60 por ciento; la CGE, el 40 por ciento restante. Y hay un diferencial, de 10 mil a 12 mil pesos como máximo, que el usuario podrá pagar hasta en 24 cuotas.
Es decir, en el peor de los casos, para las situaciones más extremas, habrá que desembolsar 12 mil pesos. Y, obviamente, las autoridades estaremos dispuestas a analizar los casos que por su naturaleza exijan un esfuerzo adicional del Gobierno.
En lo concerniente a escombros, es preciso distinguir entre la situación de las Regiones del Libertador Bernardo O´Higgins y del Maule y la de la Región del Biobío. La de esta última es mucho más compleja, porque el maremoto generó escombros con gran cantidad de material orgánico. En consecuencia, el traslado es bastante más caro y lento. Y, además, esos escombros no se pueden depositar en cualquier lugar. Entonces, hemos tenido que conseguir sitios especialmente habilitados al efecto, porque se trata de elementos muy dañinos.
Hasta hoy, en las Regiones Sexta y Séptima hemos retirado, a esta fecha, 1.351.140 metros cúbicos de escombros. Tengo el desglose de lo ejecutado en cada una de las comunas.
Obviamente, no se trata de un trabajo exclusivo del Gobierno. En parte importante ha sido hecho por las propias municipalidades, a veces con fondos fiscales. En otra, por el Ejército, en virtud del convenio que firmamos con esta Institución y con el Cuerpo Militar del Trabajo, y en otra, por empresas privadas, mediante donaciones (por ejemplo, Antofagasta Minerals, que se hizo cargo de Curepto; la Cámara Chilena de la Construcción, etcétera).
Espero que alrededor del 10 de mayo podamos tener un avance casi total en materia de escombros.
A continuación, señor Presidente, me referiré a los estándares.
A veces alguien visita una ciudad y encuentra escombros en las calles, en circunstancias de que el día anterior el Ministro del Interior le había informado de su retiro. Pero eso no quiere decir que esa persona está viendo mal, ni tampoco que el Ministro mintió. Aquellas dos situaciones son compatibles. En estos casos, los estándares internacionales dicen que los escombros deben ser retirados cuatro veces. Porque, después de la primera, la gente, al observar que la calle está limpia, ordena su casa y vuelve a arrojar escombros. Y eso se repite.
De acuerdo a lo ocurrido en ciudades que han sufrido catástrofes como la que afectó a Chile, se exige que, en promedio, los escombros se retiren en cuatro ocasiones. De modo que a veces uno encuentra sucia una ciudad que antes estaba limpia.
En consecuencia, hasta que logremos llegar a un estado de limpieza total pasará un tiempo que espero que no sobrepase la primera quincena de mayo.
Eso, Senador señor Larraín, respecto a sus tres inquietudes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán, por cuatro minutos.


El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, en primer lugar, felicito la decisión valiente que ha tomado el Ejecutivo para establecer un financiamiento extraordinario a los efectos de financiar el Fondo Nacional de Reconstrucción y, paralelamente, cumplir el Programa de Gobierno que se diseñó.
Hemos señalado en reiteradas oportunidades que nos hallamos frente a una de las catástrofes más emblemáticas de nuestra historia.
Particularmente, hemos hablado de los 25 hospitales que están inhabilitados y de las 4 mil 900 embarcaciones de pescadores artesanales dañadas.
Hemos hablado también de la situación de los puertos. Y sobre este particular, por intermedio del señor Presidente, les solicito a los señores Ministros de Hacienda y de Transportes y Telecomunicaciones prioridad tanto para el puerto de Valparaíso cuanto para el de San Antonio, que se encuentran funcionando a media máquina, lo cual concita la preocupación de los porteños.
Se ha fijado una meta ambiciosa: que el 26 de abril todos los estudiantes se encuentren en clases. Mañana se inaugurará la escuela de Juan Fernández a los efectos de dar una señal en cuanto a que dicho objetivo se va a cumplir y a que el Gobierno ha hecho el esfuerzo para ello.
Se mencionó también la situación de la pequeña y mediana empresas, que en las zonas devastadas por el terremoto y posterior tsunami se hallan por los suelos.
En general, la catástrofe afectó la vida de las personas y las condiciones de sus viviendas -190 mil fueron derrumbadas-, echando abajo cuatro años de exitosa política habitacional de las Administraciones de la Concertación.
Por tanto, hoy día el desafío es mayúsculo.
En tal sentido, el Gobierno no tembló para decir claramente que es menester que quienes tienen más aporten al Fondo Nacional de Reconstrucción. El alza impositiva, especialmente en el caso de las grandes empresas, constituye una señal importante que dice relación a la necesidad de desideologizar el debate para poner de manifiesto que una Administración de Centroderecha está disponible para, en eventos de emergencia, golpear la puerta de aquellos que poseen más a fin de que "se pongan" con la reconstrucción del país.
Tenemos, por otra parte, la creación de un nuevo estatuto jurídico para las donaciones -fue una propuesta que en su oportunidad le hicimos a la Presidenta Bachelet (dimos copia del proyecto de ley al entonces Ministro Viera-Gallo), y también, uno de los borradores que le entregué en su momento al Ministro Larroulet- con el propósito de establecer un sistema que no castigue tanto al donante como al donatario y estimule la solidaridad para que los privados también puedan realizar aportes al Fondo Nacional de Reconstrucción.
De otro lado, cabe destacar la elevación del impuesto territorial y el aumento del royalty a la minería.
Lo que quiero indicar con claridad, señor Presidente, es que estamos frente a un Ejecutivo que ante una situación excepcional y de enorme envergadura, como lo fueron el terremoto y el tsunami del 27 de febrero, ha dicho: "Estamos disponibles no solo para levantar a Chile, sino también para cumplir el Programa de Gobierno".
El señor LETELIER.- Nosotros estamos disponibles para apoyar el plan de reconstrucción, no el Programa del Gobierno.
El señor CHAHUÁN.- Y en la reunión que celebramos ayer con el Primer Mandatario -también hubo una con los presidentes de los partidos de la Concertación y los jefes de Comités de las respectivas bancadas- se señaló que la propuesta tiende básicamente a satisfacer las expectativas que la gente tuvo en primera y en segunda vuelta para votar por el candidato Sebastián Piñera. Y dentro de ella hay cuestiones emblemáticas, beneficios sociales, como la eliminación del descuento de 7 por ciento para salud en el caso de los jubilados, entre otros aspectos que constituyen aspiraciones legítimas de muchos chilenos.
Por último, simplemente, quiero pedirle a la Oposición que tenga altura; apoye al Gobierno; muestre que todos estamos dispuestos a imprimir un sello de unidad nacional cuando la situación lo amerita, y así le permita a la ciudadanía ver que juntos podemos construir un mejor país y levantar a Chile.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Intervendré después, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Víctor Pérez, por tres minutos.
El señor PÉREZ VARELA.- Que intervenga la Senadora señora Matthei, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Sus Señorías le ceden también su tiempo a la Honorable señora Matthei?
La señora MATTHEI.- ¡Todo, señor Presidente...!
El señor PÉREZ VARELA.- ¡Claro!
El señor COLOMA.- ¡Con mucho cariño!
El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, la señora Senadora tiene la palabra por ocho minutos.
La señora MATTHEI.- Solo ocuparé dos, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien.


La señora MATTHEI.- Señor Presidente, el proyecto de reconstrucción presentado por el Gobierno me parece completo, balanceado. Por eso, lo apoyo absolutamente.
No obstante, quiero hacer dos peticiones.
En primer lugar, hay una situación que afecta a muy poquita gente, pero en forma supercomplicada. Se trata de personas que durante su vida tuvieron un ingreso razonable y pudieron comprar una casa; hoy día se hallan jubiladas; sus rentas apenas les alcanzan para vivir; el barrio donde adquirieron su vivienda se revalorizó, y por esos motivos enfrentan enormes dificultades para pagar las contribuciones.
A ese respecto, nunca hemos podido establecer tasas diferenciadas para los jubilados, porque, si lo hiciéramos de manera permanente, ligerito todas las casas más caras del país estarían a nombre de personas mayores de 65 años. ¡Obvio!
Sin embargo, la sobretasa que plantea el Gobierno es solo por dos años. ¡No creo que nadie vaya a traspasar su vivienda a sus padres debido a una mayor tasa por un par de años!
Por lo tanto, solicito que, en el caso de la sobretasa en comento, se haga una excepción con los jubilados. Probablemente esto signifique muy poco dinero menos para el Fisco, pero para esas personas implica la diferencia entre conservar sus casas y no poder hacerlo.
Mi segunda petición, señor Presidente, tiene que ver con las pymes que mantienen deudas previsionales.
En el Senado hemos hecho muchas leyes para reprogramar las deudas tributarias, pero nunca para la reprogramación de deudas previsionales. Estas afectan muy fuertemente a los trabajadores en sus futuras pensiones, pero también a las pymes, que, por ejemplo, quedan imposibilitadas de participar en ChileCompra y en contratos con el Estado.
Por lo tanto, solicito que se les permita a las pymes reprogramar sus deudas previsionales y pagarlas en plazos. Ello irá en beneficio tanto de los trabajadores como de dichas empresas.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende, por dos minutos.


La señora ALLENDE.- Señor Presidente, esta es la segunda sesión que celebramos para analizar lo concerniente a la reconstrucción. Y no tenemos ninguna duda en valorarla, por cuanto permanentemente estamos preocupados por la gravedad de los efectos de la catástrofe, por el sufrimiento de muchos de nuestros compatriotas, sobre todo ahora, cuando se avecina un invierno crudísimo, que sin duda los afectará mucho más, como ya comienza a verse.
Sin embargo, el terremoto y el maremoto dejaron al desnudo a un país, tal cual lo expresé en la otra sesión.
En ocasiones como esta Chile muestra sus vulnerabilidades, la falta de comunicaciones alternativas y la incapacidad de prevenir emergencias.
Pero hay algo más grave aún: este país deja en evidencia una vez más las profundas y enormes desigualdades sociales existentes.
En tal sentido, espero que la reconstrucción apunte a posibilitar una mirada diferente y nos permita trabajar ese plano de desigualdades.
Ahora, si bien valoro que el Gobierno se haya abierto a algo que no estuvo en su Programa y que nunca habría incorporado en él, cual es el hablar de un cambio tributario o, al menos, considerar la posibilidad de gravar mayormente a las grandes empresas, opino que el proceso de reconstrucción no tardará solo cuatro años.
En mi concepto, esas hondas desigualdades y la necesidad de lograr no solo una reconstrucción material sino también la existencia de un país diferente, con mejor calidad de vida y más sustentable, ameritan analizar serenamente si la elevación de los tributos a las grandes empresas debiera ser permanente.
Finalmente, dos reflexiones más.
La verdad es que me cuesta entender que no se consideren los estándares internacionales en el caso del impuesto específico a las empresas mineras. En Estados Unidos va entre 15 y 35 por ciento; en Canadá, entre 10 y 18 por ciento; en Australia es de 14 por ciento.
A nosotros nos costó muchísimo el que se fijó. Y, encima de eso, tenemos la invariabilidad y se nos ofrecen alternativas francamente mezquinas.
Cuando uno observa que en los últimos cinco años las mineras obtuvieron 60 mil millones de dólares, creo que no podemos seguir analizando la materia con esa mirada.
Yo espero que el alza sea permanente y, además, que vaya en apoyo, no solo de la reconstrucción, sino también de las Regiones, que tanto entregan y que nada reciben a cambio. Estoy pensando particularmente en la de Atacama.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana, por dos minutos.


El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en primer lugar, no quisiera dejar pasar una reflexión formulada recién por el titular del Interior en orden a que la agitación social que podría registrarse en el país durante los meses de invierno quizás llevase a algunos actores políticos a caer en la tentación de hacerse parte de ella.
Creo que esa afirmación es algo audaz...
El señor NAVARRO.- Premonitoria.
El señor QUINTANA.- El señor Ministro le puso "un poquito mucho". Pienso que si se ha manifestado una voluntad en este momento es justo de lo contrario. Y eso se expresó anoche en la reunión de los parlamentarios y dirigentes de la Concertación, de la Oposición, con el Presidente de la República, donde se dieron muestras de sobra de disposición para colaborar en la iniciativa que se plantea.
En seguida, me alegro de conocer por fin un plan de reconstrucción, detallado, como el que aquí se ha expuesto, con fuentes claras de financiamiento.
Asimismo, me complace que el Gobierno no haya escuchado al ex Ministro de Hacienda Hernán Büchi, de cuyo esquema para llevar adelante un plan de reconstrucción todos nos hemos impuesto. Este expresa, eso sí -es preciso advertirlo-, en la prensa del fin de semana: "Cómo se les ocurre que los empresarios pagarán el costo. Si ello lo va a pagar la gente, los consumidores, con el aumento de precios. No habrá crecimiento y caeremos en competitividad".
En cuanto al alza del impuesto de primera categoría, ¿por qué hemos insistido tanto en que sea permanente? No porque nos gusten los tributos; no por razones doctrinarias, ideológicas, sino porque quedarán muchos asuntos sin resolver, como lo mencionaba el Senador señor Zaldívar. Es algo que no termina en cuatro años. Existen reformas sociales pendientes, como la del 7 por ciento que se aplica a los pensionados, entre otras.
En lo atinente a las Regiones, la Presidenta del Partido por la Democracia, Diputada señora Adriana Muñoz, le observó ayer al Primer Mandatario que ha habido poca participación ciudadana, institucional. Los alcaldes no han dicho una sola palabra. Solo se les comunica que les quitan los recursos.
Hace tres semanas, el Jefe del Estado anunció la construcción de 13 nuevos hospitales. Hoy lo expresa de nuevo el señor Ministro de Hacienda. Pero no se tiene conocimiento, por ejemplo, acerca de si el de Angol se encuentra entre ellos. Solo se sabe que tres corresponden a la Región Metropolitana, y cuatro, a la del Maule. Y de los otros no posee información ni siquiera el Subsecretario de Redes Asistenciales.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear, por dos minutos.


La señora ALVEAR.- Señor Presidente, en primer lugar, valoro la presentación realizada.
En aras del poco tiempo disponible, deseo plantear una tremenda preocupación, que ojalá sea recogida especialmente por los señores Ministros y la señora Directora de Presupuestos y también escuchada por mis Honorables colegas.
El lunes pasado me reuní con el titular de Planificación, quien me precisó que existe una ficha única de emergencia, aplicada a través de los municipios -la Senadora que habla no tenía esa información-, y que es la que se consideraría para la entrega de los diferentes subsidios dirigidos a los afectados por el terremoto y el tsunami.
Mi inquietud -y lo he conversado con otros Honorables colegas- apunta a lo siguiente: si varios de nosotros no teníamos idea de lo anterior, como tampoco las personas, ya que lo comprobé al recorrer distintas comunas, ¿cómo se puede haber elaborado ese instrumento?
Resulta que el plazo fijado en la materia vence el 23 de abril. Ayer hablé con el Presidente de la Asociación de Municipalidades, a quien le llegó el 14 de abril la ficha de ingreso con la clave. Vale decir, en poco más de seis días se debe completar un documento donde se solicita una enorme cantidad de antecedentes, incluida una evaluación que un alcalde ha de realizar de cada caso.
Pido a los señores Ministros que se revise la situación, pues el término a que hago referencia se cumple el viernes de la presente semana.
En la Municipalidad de La Granja, cuyo jefe comunal es la persona mencionada, se han podido encuestar solo 25 casos.
Me pregunto cómo se podrá contar con un diagnóstico cierto, en circunstancias de que, si consideramos que este será el instrumento necesario para otorgar cada subsidio, no existirá la posibilidad de que los alcaldes de las zonas afectadas lo completen en poco más de seis días. Ello resulta del todo inviable.
Solicito efectuar la modificación que sea necesaria en el sistema, con el objeto de disponer de un diagnóstico adecuado. Si no, ¿cómo podremos llevar adelante un plan de reconstrucción y cómo sabremos cuántos recursos se requieren?
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García, por cuatro minutos.


El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer término, celebro que el alza de impuestos sea temporal, porque a lo que debemos propender es a un crecimiento económico alto y sostenido. Este último constituirá la fuente de recursos de carácter permanente para solucionar los múltiples problemas sociales de nuestro país. ¡Y qué duda cabe de que si el aumento tributario -en particular, en el impuesto de primera categoría de las empresas- fuera permanente caería la tasa de inversión! El mérito de la propuesta radica en que, al ser la medida transitoria, lo más probable es que no afecte la inversión o, si lo hiciera, que ello se registre en forma mínima.
Respecto a la ficha de emergencia a la que aludió la Honorable señora Alvear, le encuentro razón en cuanto a que se revise la fecha. Pero quiero recordar que el Ministro señor Kast, cuando concurrió a esta Corporación, se refirió a dicho instrumento.
El señor PROKURICA.- Así es.
El señor GARCÍA.- Incluso, ello fue materia de polémica, porque muchos señores Senadores estimaron que no era necesario, pues bastaba con la Ficha de Protección Social, a partir de la cual se debían entregar las ayudas para superar la situación de emergencia.
Al final, creo que todos llegamos a la conclusión de que era bueno identificar a las personas realmente afectadas por el terremoto y el maremoto, porque se requiere focalizar la asistencia en ese sector.
En definitiva, señor Presidente, nos embargan dos preocupaciones, respecto de las cuales tengo fe en que trabajaremos cuando lleguen los proyectos al Congreso.
La primera se refiere a las viviendas acogidas al decreto con fuerza de ley Nº 2. Entendemos que el Ejecutivo apuntará a evitar los abusos, pero no a terminar con el beneficio, porque mucha gente -la gran mayoría, de clase media- hace un esfuerzo y compra una de ellas.
La otra es el tratamiento tributario de los depósitos previsionales convenidos. Me parece que todo lo que aporten las empresas para mejorar la pensión de un trabajador es positivo. Y si ello es preciso estimularlo desde el punto de vista tributario, como ocurre hoy, mejor todavía.
Cada día debe existir más cultura acerca de lo que significa la vejez; más conciencia de que esta se prolonga, de que vivimos más años. Por lo tanto, esforzarnos para que las pensiones sean mejores tiene que constituir una parte esencial de nuestra preocupación legislativa.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos, por dos minutos.


El señor LAGOS.- Señor Presidente, agradezco la presentación efectuada por el señor Ministro de Hacienda.
Iré directo al grano, pues en dos minutos no se puede decir mucho.
Lo que tenemos hasta el día de hoy es un anuncio presidencial en la mañana del viernes recién pasado, una conferencia de prensa del titular de Hacienda en la tarde del mismo día, informaciones de los medios de comunicación el fin de semana y la presentación del señor Ministro hoy en el Senado.
De ello se desprende, básicamente, que existen fuentes tributarias bien acotadas en la materia que nos ocupa: un aumento transitorio del impuesto a las empresas y un incremento del royalty, del impuesto al tabaco y de las contribuciones de los bienes inmuebles más caros de Chile. Perfecto. Todo eso da un total de 3 mil 200 millones de dólares.
Simultáneamente, en la tarde del primer día -el anuncio no lo formuló el Presidente Piñera, sino el Ministro de Hacienda- se hizo referencia a rebajas tributarias. Vale decir, en la mañana se dio a conocer un alza en los impuestos, para financiar la reconstrucción -con ello estamos todos de acuerdo-, por 3 mil 200 millones de dólares y en la tarde se proporcionó esa otra información. Y las rebajas fundamentalmente consisten, primero, en mantener el Impuesto de Timbres y Estampillas en 0,6 por ciento, sin subirlo a 1,2 por ciento, como estaba dispuesto en la ley; segundo, ampliar el beneficio de la no tributación de las utilidades reinvertidas, y tercero, incrementar la tasa de depreciación en 50 por ciento, en vez de 12,5 por ciento anual.
Lo anterior se traducirá en impactos fiscales.
Lo que expresamos hoy día se basa en declaraciones, en presentaciones que imagino que obedecen a la idea de ser lo más acertadas posibles; pero no contamos con los proyectos de ley en detalle.
Se nos ha pedido estudiar el asunto con celeridad, despacharlo rápidamente. No obstante, hasta ahora solo disponemos de una sola iniciativa legal: la de Donaciones, que representa 1,5 por ciento del total del financiamiento, de acuerdo a lo señalado en la página B 5 de "El Mercurio" de Santiago del sábado recién pasado. O sea, no tenemos con qué legislar, salvo el mencionado proyecto de ley, el cual además fue objeto hoy día de indicaciones para hacerlo compatible con situaciones de legalidad.
¿Qué quiero decir con ello, señor Presidente? Que acá no sabemos tampoco -y, por su intermedio, pido al señor Ministro de Hacienda precisarlo- si las rebajas serán transitorias o permanentes. Porque una rebaja de impuestos es transitoria -y aquí lo único de esa índole es dicha medida, y el Gobierno actual que es también transitorio -, pero las que se contemplan van a ser de carácter permanente. Y queremos claridad en esa materia.
Un solo ejemplo...
¿Alguien me puede conceder un minuto para terminar?
El señor PIZARRO (Presidente).- Dispone de 15 segundos para exponer ese ejemplo, señor Senador.
El señor LAGOS.- Gracias, señor Presidente.
Con respecto al Impuesto de Timbres y Estampillas, el mismo señor Ministro acaba de consignar que se trata de 400 millones de dólares anuales. En tres años, ello representa mil 200 millones, a los que se suman los 200 millones correspondientes a 2010, con lo cual la cantidad llegará a mil 400 millones. Lo anterior equivale a 40 por ciento de lo que se recaudará por impuesto en los mismos cuatro años. O sea, en cuatro años se obtendrán 3 mil 200 millones y, automáticamente, se descontarán mil 400 millones.
A ello podría sumarse el royalty. Setecientos millones de dólares son una quimera, como diría un minero, porque no sabemos si se aceptará o no la invariabilidad tributaria. Si esta se acogiera, entiendo que lo que estaríamos haciendo, en el fondo, es decirles a las Administraciones posteriores que se está adelantando el pago de impuestos; que solamente se está haciendo caja, sin alterarse el sistema tributario.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, solo deseo puntualizar que estamos preparados para responder cuando usted lo estime conveniente. No sé a qué hora terminará la sesión.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ya es la hora que se había fijado para tal efecto, señor Ministro. Pero quedan alrededor de 8 ó 10 minutos para que intervengan los señores Senadores y a usted todavía le restan 11.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Esperaré a que finalicen las exposiciones, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis por tres minutos, en reemplazo del Senador señor Pérez Varela.


El señor ORPIS.- Señor Presidente, solo quiero dejar establecido un punto: el royalty se origina en las Regiones mineras -y el nombre correcto es "impuesto específico", que se incorpora a los ingresos generales de la Nación-, pero ellas no han recibido prácticamente nada a cambio.
Porque aquí no se trata de aumentar simplemente un impuesto de manera permanente. No estoy dispuesto a avanzar en la materia si no se considera el proyecto de ley, en tramitación en el Senado, respecto del Fondo de Innovación para la Competitividad, que efectúa una distribución como corresponde en relación con las Regiones mineras. Evidentemente, es preciso aplicar la solidaridad; pero, ya que se está legislando de manera permanente, debe procederse de igual forma en cuanto a ese otro asunto.
Por lo tanto, señor Presidente, me gustaría que las dos iniciativas se tramitaran en paralelo: la del royalty y la del Fondo de Innovación para la Competitividad.
Deseo hacerle presente al Ejecutivo que en el Senado existe una Comisión especial que se ha fijado 90 días para legislar sobre la cuestión mencionada. Resulta necesario, entonces, tener conciencia de ella, conversar con el Gobierno y tramitar ambos textos en la forma señalada.
Como en lo referente al royalty se legislará de modo permanente, se debe proceder de la misma manera acerca del Fondo de Innovación para la Competitividad.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.


El señor LETELIER.- Señor Presidente, nosotros somos partidarios de un acuerdo nacional en torno a la materia que nos ocupa precisamente por lo que ha dicho el Ministro señor Hinzpeter; pero, para evitar lo que llamó "posibles agitaciones", lo importante es que todos estemos comprometidos con un mismo plan.
Con respecto a uno de los puntos anunciados por el Gobierno: la venta de activos, es importante dejar en claro lo siguiente. Incluso durante la dictadura, tales operaciones se hicieron por ley. No porque activos que algunos declaran prescindibles sean de entidades como la ENAMI, CODELCO o CORFO y presenten tal figura legal es posible su enajenación al margen de dicho procedimiento.
Queremos dejar planteado lo anterior y disponemos de informes en tal sentido: la venta de bienes como las acciones del Estado requiere una ley.
En seguida, en lo atinente a las viviendas de la clase media, lo único que deseo advertir es que las políticas anunciadas no sirven, porque se registran problemas de...
El señor PIZARRO (Presidente).- Se acabó su tiempo, Su Señoría. Puede terminar la idea.
El señor LETELIER.- Quiero dar solo un ejemplo de lo que expreso, señor Presidente, porque los valores que se entregan son insuficientes. En el caso de la Sexta Región, a la que representamos con el Senador señor Chadwick, se discrimina: se consideran nada más que 330 unidades de fomento en los programas, a diferencia de lo que se proporciona en la Región Metropolitana, que asciende a 370.
Para los efectos de la clase media -como lo planteó la Senadora señora Matthei en relación con las personas mayores-, el costo del impuesto para la reconstrucción es altísimo.
Los cobros de los notarios y conservadores de Bienes Raíces deben quedar contemplados en una ley que se dicte en la materia, si queremos efectivamente asegurar que la clase media pueda reconstruir con otro tipo de subsidios, los que hasta ahora no se encuentran disponibles por parte del Ministerio.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
Le restan 4 minutos al Comité Unión Demócrata Independiente.


El señor COLOMA.- Señor Presidente, dentro de las exposiciones medio telegráficas a que nos encontramos abocados, quisiera expresar tres reflexiones.
En primer lugar, me alegro de que, a 40 días de asumido el Gobierno, estemos en presencia de un plan de reconstrucción y financiamiento tan completo. Y creo que es bueno valorarlo. El hecho de que una Administración que recién se instala -ello no tiene precedente en la historia, según entiendo- deba asumir una contingencia de la naturaleza que conocemos es un desafío muy relevante, obviamente. Y me parece que se apunta en el sentido correcto.
Sin embargo, creo que no se trata solo de un plan -y quiero decirlo en el Senado-, sino también de un desafío para todos los presentes. Quiero ser claro en el sentido de que, en lo relativo al financiamiento, algunas cosas gustan más y otras menos. No voy a ocultar que, en materia impositiva, tiendo a pensar que los países se desarrollan mejor con impuestos bajos y parejos, con apertura al comercio exterior, con un dólar competitivo. Y, dentro de lo normal, uno buscaría esos elementos para lograr un desarrollo más potente hacia delante. Pero también comprendo que el terremoto constituye una excepción, por lo que uno flexibiliza su posición en función del bien común.
Lo mismo les solicito a las bancadas de enfrente. Entiendo que, desde el punto de vista ideológico, ellos pueden mantener visiones distintas. Sin embargo, el país nos está pidiendo un esfuerzo máximo, no darnos un gusto mínimo. Si fuera por darse gustos, por aspirar simplemente a una sociedad en la que no se hubiera registrado un terremoto, estaríamos en otra. Pero estimo que Chile nos pide un sacrificio mucho mayor. Y eso es lo que al menos la Coalición por el Cambio está dispuesta a hacer.
En segundo término, en cuanto a la Ley de Donaciones, existe un problema al cual deseo hacer referencia.
Me sorprende la falta de voluntad para comprender que se plantea un nuevo sistema, moderno, que permite incorporar al mundo privado en la ayuda para conseguir un objetivo público. Me cuesta imaginar cuál es el inconveniente de que el Estado ponga un peso por cada cinco que aporte un privado. Juzgo que ese es exactamente el tipo de sociedad que se necesita construir. Porque, de otra manera, el privado no pondría los cinco pesos y, probablemente, el Estado tendría que colocar uno a todo evento. Entonces, me sorprende la falta de una mayor flexibilidad para entender que estamos ante una forma inteligente de ser solidarios.
Por otro lado, en lo tocante a las objeciones formuladas acerca de la institucionalidad, cabe señalar que la otra forma de hacerlo es mucho más simple: mediante decreto supremo. Así se ha procedido en otras ocasiones. Pero no creo que el camino vaya por ahí, sino por tener capacidad de innovación.
Mi última reflexión, en el tiempo que me queda, guarda relación con la propiedad.
Oí atentamente al Ministro Hinzpeter referirse al problema de los escombros. Al respecto, todos hemos aprendido que estos van surgiendo en cadena: se limpia una casa y a la semana aparecen más escombros, y después, más todavía.
Le pido al Gobierno -lo hice en forma personal- que haya una suerte de fast track en la materia. Porque dicha situación afecta a los ciudadanos de las Regiones del Libertador Bernardo O`Higgins, del Maule y del Biobío. Cualquier esfuerzo que se despliegue en ese sentido resulta fundamental.
Además, comparto en su integridad el aporte planteado por la Senadora señora Matthei -me parece de gran relevancia- en cuanto a que seamos capaces, como Senado, de proponer una excepción transitoria para los propietarios mayores de 65 años respecto del alza de contribuciones contemplada en el Plan de Reconstrucción.
En forma adicional, señor Presidente, resulta esencial que el Ministerio de Hacienda revise a fondo el pago de contribuciones en las zonas afectadas. Si hay un problema dramático en este momento, es precisamente este, pues está por vencer el plazo para dicho pago.
Se habla de que en esa materia habrá una postergación y un reavalúo.
Solicito al señor Ministro que, dentro de los tiempos que quedan, se planifique un sistema de cobro de contribuciones para las regiones afectadas.
Ha habido un cambio brutal, existencial, en el valor de la propiedad.
La noticia de que se va a postergar por determinado período el cobro de las contribuciones apunta en un sentido correcto. Pero aprovechemos ese lapso también para efectuar un reavalúo definitivo, a fin de pagar en función de lo que realmente vale hoy la propiedad.
Espero, señor Presidente, que el esfuerzo que realizarán el Parlamento y el Gobierno se vea coronado en pocos años con la posibilidad de que nuestro país seque sus lágrimas y comience a sonreír y a mirar el futuro de forma distinta.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el minuto que resta al Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor Escalona.


El señor ESCALONA.- Señor Presidente, solo quiero manifestar que, en realidad, no me calzan las cifras. Lamento decirlo.
Se nos señala que se recaudarán 3 mil 200 millones de dólares, incluidos los 700 millones completamente virtuales del llamado "royalty voluntario".
Pero, además, sabemos que con el impuesto de timbres y estampillas se reducirán mil 400 millones de ingresos. Esto más el beneficio de no tributar por utilidades reinvertidas -o sea, la aplicación del artículo 14 bis- y los efectos de la depreciación acelerada suman más de 2 mil millones de dólares de menor recaudación.
En consecuencia, al final el balance no me cuadra.
Espero que un problema tan de fondo para las finanzas públicas y la buena salud de nuestra economía, especialmente del gasto fiscal, lo podamos dilucidar cuando discutamos en particular cada uno de los proyectos de ley pertinentes.
Es cuanto puedo decir en un minuto, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.


El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, quiero hacerme cargo de las observaciones planteadas por los señores Senadores -las que logré anotar- e intentar contestarlas. Voy a tratar de agruparlas, porque varios comentarios apuntan en una misma línea.
Con relación a la iniciativa sobre donaciones, se ha dicho que representa una pequeña parte del total del financiamiento y que debería incluirse en el proyecto general de reconstrucción y no presentarse en forma separada.
Al respecto, realizaré solo dos comentarios.
En primer lugar, efectivamente tal proyecto es una pequeña parte del gran paquete de financiamiento. De eso no cabe ninguna duda. Por esta vía se espera recaudar alrededor de 300 millones de dólares en dos años.
Y en segundo término, la razón por la cual dicha iniciativa se tramitó separadamente radica en que propone la creación de una institucionalidad más permanente para enfrentar catástrofes. Tal objetivo, aparte del monto de los recursos involucrados y de la posibilidad de que el sector privado aporte, constituye uno de los elementos de contribución del proyecto. En el diseño de esa institucionalidad -dicho sea de paso- estuvimos dispuestos a incorporar los comentarios y las proposiciones formulados en la Comisión de Hacienda.
Algunos señores Senadores opinaron que el costo de la reconstrucción va a ser mayor que el que hemos calculado. Me alegro de escuchar esas palabras, porque varias personas -como Sus Señorías habrán leído en los diarios- han dicho que hemos sobreestimado el costo. Algunos de ustedes, en cambio, piensan que en realidad lo estamos subestimando.
Debo expresar que, después de haber estudiado en forma detallada los números, me parece que el costo planteado -lo recogimos de distintos Ministerios y, además, de las asociaciones empresariales que agrupan a los productores, quienes han sufrido los daños- es el correcto.
Estoy muy convencido de que podremos superar el problema en cuatro años. Es importante aclarar, eso sí, que no será en menos tiempo, pues la reconstrucción durará todo el período de Gobierno.
Por otra parte, en varias intervenciones se señaló que el royalty es transitorio. La verdad es que no es así. Se trata de un cambio permanente. Lo que pasa es que debemos respetar el período de invariabilidad tributaria. Para ello, en los próximos dos años rige una tabla (entre 3,5 y 9 por ciento), la que se vuelve a aplicar en 2018 para todos. Y los que se incorporen a proyectos nuevos van a quedar incluidos en la nueva tabla.
Las empresas que hoy tienen invariabilidad en el royalty son aquellas con producciones superiores a 50 mil toneladas métricas anuales equivalentes de cobre.
Por lo tanto, no es una interpretación adecuada afirmar que estamos frente a algo transitorio, cuando en realidad se aplica de forma permanente.
Si Sus Señorías creen que el cobre cuenta con buenas perspectivas futuras y buenos precios, estarán de acuerdo en que el Estado de Chile, a través de un esquema variable de royalty, podrá beneficiarse de esos precios más altos.
Estimo relevante puntualizarlo.
En algunas intervenciones, como en la del Senador Lagos, entre otras -el Senador Escalona también dijo algo al respecto, aunque parece que ya se retiró-, se ha planteado, mirando el valor neto, que nosotros estamos rebajando algunos impuestos junto con aumentar otros.
En ese punto, quiero separar las cosas por un motivo conceptual esencial.
Desde nuestro punto de vista, lo nuevo acá, en lo fundamental, es lo derivado de la catástrofe por el terremoto.
En el Programa de Gobierno nosotros teníamos incorporado lo relativo a los incentivos tributarios, a la depreciación acelerada, al artículo 14 bis y a la mantención del impuesto de timbres y estampillas. Por tanto, ello no debe constituir una sorpresa para nadie. Se hallaba contenido en el Programa. Es un compromiso que habíamos asumido y que de todas maneras íbamos a plantear.
¿Qué es lo nuevo? Lo marginal, lo distinto, lo adicional es que hemos planteado un paquete tributario de alrededor de 3 mil 250 millones de dólares.
Entonces, no estimo adecuado "netear" las cifras, porque una parte de esas medidas impositivas -las incluidas en el Programa de Gobierno- igual iba a ocurrir. Por lo demás, tales incentivos tributarios se encuentran incluidos dentro de los 9 mil 255 millones de dólares estimados como costo total del Programa.
Considero importante entender esa distinción. De lo contrario, se argumentará diciendo: "en términos netos". Pero, incluso en esos términos, vale la explicación.
Estoy encantado de compartir y recordar algunas de las cifras económicas que Sus Señorías manejan.
En el próximo año (2011), con la tasa del 3 por ciento, la estimación que tenemos es que el impuesto de primera categoría recaudará 840 millones de dólares.
Respecto de la depreciación acelerada, me referiré a los cálculos que se hicieron para el proyecto que presentó el entonces Ministro Velasco. Ahí se hablaba de un costo de 260 millones de dólares, que en realidad no es una disminución de recaudación, sino simplemente una posposición del pago de tributos. Ello es diferente del 20 por ciento planteado para el impuesto de primera categoría en 2011, que sí se cancela. Esos 3 puntos adicionales no se recuperan después. Se pagan por una vez y ahí quedan. En cambio, en el caso de la depreciación acelerada se trata de una posposición.
Por lo tanto, primero, se están comparando cosas de naturaleza distinta.
Segundo, cabe aclarar que la depreciación acelerada es transitoria, al igual que el alza de impuestos.
Y tercero, si una empresa llegara a tener un efecto positivo como consecuencia del alza de impuestos versus el beneficio que recibe por la depreciación acelerada -en términos generales los números son claros: 840 millones de dólares menos 260 da 580 millones de dólares de recaudación neta entre esos dos tributos-, con mucha franqueza yo no podría menos que alegrarme, porque esa entidad invirtió en forma muy significativa para acceder a tal beneficio.
Al Gobierno le interesa estimular la inversión -es parte de nuestro programa y creo que todos estamos de acuerdo en ello-, sobre todo considerando que el año pasado esta cayó 15 por ciento. Necesitamos recuperarla para generar crecimiento y empleo.
Por ello, en términos generales, me parece positivo ese efecto.
Vinculado también al tema de la depreciación acelerada, nosotros no hemos dicho en forma definitiva qué tipo de activos vamos a liquidar. Lo estamos estudiando. Cuando resolvamos el asunto, haremos el planteamiento respectivo.
En todo caso, recojo las observaciones formuladas por el Senador señor Andrés Zaldívar en el sentido de analizar muy bien lo relativo a los subsidios en el caso de las sanitarias. Porque hay que proceder adecuadamente en el cálculo de las cuentas netas. Y aprovecho de decirle que, obviamente, así lo haremos.
Con relación a la medida de eliminar o reducir el 7 por ciento de cotización en salud para los grupos más vulnerables de la tercera edad, hago presente que en la campaña presidencial siempre planteamos que tal beneficio era para ellos. Siempre se dijo así. Ahora, puede ser que alguien, llevado por el entusiasmo, haya entendido que eso era para todos. Pero, como no disponemos de recursos para tanto, debemos focalizar la rebaja o eliminación del 7 por ciento en los adultos mayores más vulnerables.
La proposición de exceptuar de las contribuciones a las personas mayores a 65 años constituye una medida que estamos dispuestos a estudiar. El único detalle -esta es una observación de carácter personal- estriba en que no conviene hacerla aplicable a todos, porque hay personas de 65 años que no tiene problemas. Tal vez se puede buscar algún mecanismo para viabilizarlo: que la gente con dificultades económicas llene un formulario -ello servirá un poco como el peso de la prueba- en el Servicio de Impuestos Internos, y que este resuelva de alguna manera.
A mí no me gustaría fijarle un cobro a una persona a la que forzamos a liquidar activos o cosas muy preciadas, sino ayudarla. Pero, para ello, habría que estudiar caso a caso.
Hoy gente de 65 años está en inmejorables condiciones de salud. Y muchos de ellos tienen viviendas con un avalúo fiscal superior a 96 millones de pesos, las cuales están dentro del 5 por ciento de los bienes raíces de mayor avalúo afectados por el alza de contribuciones.
Creo que con eso he respondido las inquietudes de los señores Senadores.
La señora Directora de Presupuestos, señor Presidente, contestará -si es posible- las múltiples observaciones que se han formulado respecto de las reasignaciones presupuestarias.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Con acuerdo de la Sala, tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. Le pedimos que sea lo más concisa posible.


La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Seré muy breve, señor Presidente.
En cuanto a las reasignaciones presupuestarias efectuadas como primera medida por el nuevo Gobierno, quiero precisar lo siguiente.
En primer lugar, ellas básicamente consisten en un ajuste de 5 por ciento en bienes de consumo para todas las instituciones de Gobierno, excluidos los poderes independientes. El Ejecutivo no le pidió un esfuerzo similar al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la Contraloría y al Congreso Nacional.
Después de haber crecido en torno al 20 por ciento real el año pasado, en que el gasto respondió a un ajuste contracíclico, estimamos posible pedir un esfuerzo de eficiencia de esa naturaleza para ayudar a las Regiones más damnificadas del país.
El segundo componente se refiere a un ajuste en programas no comprometidos. Se trata de recursos que no estaban identificados ni asignados a instituciones gubernamentales. Entre ellos, los elementos más importantes y a los que más referencia se ha hecho en la Sala corresponden a fondos para los gobiernos regionales.
Debemos precisar que el tratamiento que se tuvo con todos los gobiernos regionales fue parejo y que son dos los componentes en esta materia.
El primero es el de emergencia.
Los recursos para enfrentar una catástrofe de esta naturaleza siempre son una fuente para financiar las condiciones derivadas de la emergencia. Hoy los fondos que se requieren para sacar escombros, para reponer viviendas de emergencia antes de que lleguen las lluvias, para instalar los hospitales iban a ser usados de todas maneras.
El segundo componente de la reasignación de los recursos regionales son los dineros del Transantiago. Se acudió a este instrumento por una razón muy simple: dichos fondos están garantizados legalmente a todas las Regiones del país; de manera que su postergación tiene respaldo, no solo por el compromiso del Gobierno, sino por una ley permanente de la República.
Esos son los dos componentes de las reasignaciones presupuestarias en Regiones.
Con posterioridad al decreto respectivo, se ha ido distribuyendo el resto de las provisiones contempladas en la Ley de Presupuestos, y así seguirá sucediendo a lo largo del año.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- A usted, señora Directora.
Tiene la palabra el señor Secretario.
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El señor HOFFMANN (Secretario General).- Ha llegado a la Mesa un informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que modifica la ley Nº 20.428, que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos.
Como recordarán Sus Señorías, respecto de esta iniciativa la Corte Suprema estimó que no fue escuchada.
Hago presente, además, que tiene quórum de ley orgánica constitucional.
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se pondrá en el primer lugar de la tabla de la sesión ordinaria de hoy y se tratará como si fuera de Fácil Despacho.
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 14:27.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción