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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 338ª, ORDINARIA
Sesión 31ª, en miércoles 16 de septiembre de 1998
Extraordinaria
(De 10:46 a 19:29)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
Y MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Díez Urzúa, Sergio
--Errázuriz Talavera, Francisco Javier
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda; Secretario General de Gobierno; de Economía, Fomento y Reconstrucción, y de Agricultura, y el señor Subsecretario de Hacienda, la señora Asesora del Ministerio de Hacienda y el señor Asesor del Ministerio de Economía.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 10:46, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 19ª, ordinaria, en 11 de agosto, y 20ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, en 12 de agosto, todas del presente año, que no han sido observadas.
Las actas de las sesiones 21ª, especial, secreta, y 22ª, ordinaria, ambas en 18 de agosto del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Dos de la Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que aprobó el veto del Presidente de la República al proyecto de ley que modifica los artículos 66 y 69 de la ley Nº 19.253, sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, respecto de la constitución del dominio en Isla de Pascua para los miembros de la comunidad rapa nui. (Boletín Nº 1.686-06).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con el segundo informa que ha prestado su aprobación al proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar, suprimiendo, en la integración de la Corte Suprema, al Auditor General del Ejército. (Boletín Nº 2.215-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y se manda comunicar a la Excelentísima Corte Suprema.
Del señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo al suministro de electricidad en las Islas Huichas.
--Queda a disposición de los señores Senadores.
Informes
Cinco de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Los tres primeros recaen en los proyectos de ley, en segundo trámite constitucional, que conceden, por gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote Antonius Theodorus Van Kessel, al religioso Armando Bridaroli Pulino y a la religiosa Elise Clementine Mottart Breban, respectivamente. (Boletines Nºs 1.814-17; 1.988-17, y 1.900-17).
Los dos restantes recaen en los proyectos de acuerdo relativos a las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía presentadas por don Vicente Segundo Aravena Sepúlveda y don Gunther Korver Jacob, respectivamente. (Boletines Nºs S 79-04 y S 348-04).
Segundo informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que modifica la legislación de mercado de valores, fondos de inversión, administración de fondos mutuos, de fondos de pensiones, de compañías de seguros y normas tributarias que indica. (Boletín Nº 2.005-05).
Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que rebaja la tasa de aranceles a las importaciones e introduce modificaciones a otras normas tributarias y económicas. (Boletín 2.218-05).
--Quedan para tabla.
Moción
De los Honorables señores Cantero y Horvath, con la que inician un proyecto de ley que regula honores públicos a los grandes servidores. (Boletín Nº 2.244-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Proyecto de Acuerdo
Proyecto de acuerdo de diversos señores Senadores relativo a la concesión de la nacionalidad por especial gracia. (Boletín Nº 357-12).
--Queda para tabla.
Permiso Constitucional
El Senador señor Boeninger solicita autorización para ausentarse del país por más de treinta días, a contar del 17 del mes en curso.
--Se accede.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, formulo petición en el mismo sentido, a contar del 19 de septiembre próximo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se incluirá la solicitud del Honorable señor Díez y se accederá a ella.
--Se accede.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.

El señor PÉREZ.- Pido la palabra sobre la Cuenta.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, no sé si ayer fue ratificado el acuerdo de Comités en cuanto a obviar el requisito reglamentario de repartir con 24 horas de anticipación el informe recaído en el proyecto sobre rebaja de aranceles.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Lo fue, señor Senador, y se acordó que en la mañana de hoy fijaríamos las horas de inicio y término de la discusión de esa iniciativa.


INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA ESPECIAL DE PRESUPUESTOS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Debo informar a la Sala que, conforme a un acuerdo adoptado por los Comités ayer, se propone como integrantes de la Comisión Mixta Especial de Presupuestos a los Senadores señora Matthei y señores Bitar, Boeninger, Díez, Foxley, Matta, Martínez, Novoa, Ominami, Páez, Prat, Sabag y Urenda.
--Se aprueba la proposición.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Advierto a los señores Senadores mencionados y al señor Secretario que dicha Comisión Especial debe constituirse antes del término de la legislatura ordinaria.
El señor PIZARRO.- Se cursó citación para las tres de esta tarde, señor Presidente.
V. ORDEN DEL DÍA



CREACIÓN DE BOLSA INTERNACIONAL DE VALORES


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En conformidad a lo resuelto ayer por la Sala y los Comités, corresponde tratar en primer lugar el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que modifica la legislación de mercado de valores, de fondos de inversión, de administración de fondos mutuos, de fondos de pensiones, de compañías de seguros, y diversas normas tributarias, con segundo informe de la Comisión de Hacienda.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 9ª, en 4 de noviembre de 1997.
Informes de Comisión:
Hacienda, sesión 16ª, en 22 de julio de 1998.
Hacienda (segundo), sesión 31ª, en 16 de septiembre de 1998.
Discusión:
Sesión 19ª, en 11 de agosto de 1998 (se aprueba en general).

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- La Comisión de Hacienda hace constar en su informe que a las sesiones en que se estudió esta materia asistieron, además de sus miembros, los Senadores señores Díez, Hamilton y Urenda; el Superintendente de Valores y Seguros; el Intendente de Valores, el Fiscal de la Superintendencia de Valores y Seguros; un asesor del Ministerio de Hacienda; el Presidente, el Gerente General y un asesor de la Bolsa de Comercio, Bolsa de Valores, de Santiago; el Presidente, el Vicepresidente y el Gerente General de la Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores, de Valparaíso; y el Vicepresidente, el Gerente General y un asesor legal de la Bolsa Electrónica.
Para los efectos reglamentarios, se deja testimonio de que no fueron objeto de indicaciones los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º. De acuerdo con el Reglamento, estas normas deberían darse por aprobadas automáticamente; no obstante, ello sólo es posible respecto del artículo 2º, pues el resto requiere para su aprobación quórum orgánico constitucional o calificado.

El señor HAMILTON.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, entiendo que el proyecto fue íntegramente aprobado, en general y en particular.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Senador, como las normas antes individualizadas requieren quórum especiales, debemos someterlas a votación una a una, con la sola excepción del artículo 2º, que es el único que no fue objeto de indicación y precisa quórum simple para ser aprobado.

El señor HAMILTON.- ¿Pero eso no había ocurrido en la sesión anterior, en que la iniciativa fue enviada a Comisión sólo por un aspecto?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Fue aprobada en general y volvió a Comisión.

El señor HAMILTON.- No: fue aprobada en general y particular, salvo una indicación que se presentó en esta Sala.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La sola circunstancia de que haya habido indicación hizo necesario el segundo informe, señor Senador. O sea, no existió aprobación en particular. El proyecto se aprobó en general, y desde el momento en que hubo indicación se hizo indispensable el segundo informe.

El señor HAMILTON.- Perdón, señor Presidente, por discutirle al respecto.
Existió una sola indicación, la que, reglamentariamente, pudo haberse tratado en la Sala. Pero el Honorable Díez pidió de manera expresa que el proyecto pasara a Comisión exclusivamente por esa indicación.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Precisamente para segundo informe. No hubo aprobación en particular, como me señala en este momento la Secretaría.

El señor HAMILTON.- Creo que la Secretaría está equivocada.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Foxley.

El señor FOXLEY.- Señor Presidente, quiero reforzar lo señalado por el Honorable señor Hamilton.
Este proyecto se aprobó en general y particular en la Sala. A último minuto se planteó una indicación. El acuerdo de este Hemiciclo fue que, sólo para el efecto de discutir aquélla, la iniciativa volviera a la Comisión de Hacienda. Ésta debatió largamente la indicación presentada, y finalmente llegó a un texto de consenso (puedo darle lectura), que se incorporó al proyecto. Y ése era el único punto en que había divergencia en esta Sala.
Por lo tanto, propongo que se lea la indicación de consenso. Y si la aprobamos, deberemos entender que el proyecto queda aprobado en general y particular.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Senador, yo debo aplicar el Reglamento en forma estricta.
El hecho de que haya una indicación significa que el proyecto vuelve a Comisión para segundo informe. Y tanto es así que tenemos sobre la mesa el segundo informe de la Comisión de Hacienda.
Ahora, estamos ante un problema procesal. Debemos cumplir el quórum constitucional requerido respecto de cada uno de los artículos que se señalaron. Y podemos hacerlo sin necesidad de gran discusión. Luego habrá de votarse la indicación a que se refirió Su Señoría, con lo que el proyecto quedaría despachado.
Reitero: la Mesa debe cumplir el Reglamento. Desde el momento en que hubo indicación nace la necesidad de segundo informe. No puedo obviar ese trámite.

El señor FOXLEY.- Señor Presidente, ¿por qué no buscamos una fórmula económica para votar? Porque, en realidad, el proyecto ya está aprobado.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Lo haremos así, señor Senador. Pero, como expresé, tengo que seguir lo que dispone el Reglamento. Y el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso también me obliga a proceder del modo explicitado.
No quiero producir ningún vicio, señor Senador, sobre todo porque en algunos casos se precisa quórum orgánico constitucional. De lo contrario, en cualquier momento se podría discutir que no se reunió la votación exigida por la Carta. Y hay que dejar esa constancia.
Creo, señores Senadores, que no perderemos tiempo en ello, máxime si actuamos en forma ordenada.
En consecuencia, si le parece a la Sala, se dará por aprobado el artículo 2º, que no fue objeto de indicaciones ni requiere quórum especial de aprobación.
--Se aprueba.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede continuar la relación, señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- El informe hace constar también que no hubo indicaciones aprobadas sin modificaciones; que fue aprobada con modificaciones la que señaló el Senador señor Foxley, signada con el Nº 1, y que no hubo indicaciones rechazadas, ni retiradas, ni declaradas inadmisibles.
Dicho documento deja testimonio del debate habido en el seno de la Comisión, y concluye proponiendo aprobar el proyecto con modificaciones. Votaron a favor de esta proposición los Senadores señores Boeninger, Foxley, Novoa y Ominami, y se abstuvo el Honorable señor Prat.
Cabe dejar constancia de que requieren para su aprobación quórum de ley orgánica constitucional las siguientes normas: artículos 184; 189, inciso segundo (que ha pasado a ser tercero); 191, inciso tercero; 197, inciso final (según el texto del Senado), todos los cuales están contenidos en el artículo 1º; inciso segundo del numeral 11, incluido en el artículo 3º; letra a), Nºs iv y v (texto del Senado) del artículo 4º; Nº 1, letra d) -texto del Senado-, del artículo 5º.
Finalmente, requieren para su aprobación quórum calificado las siguientes normas: A) Inciso primero del artículo 189, contemplado en el artículo 1º; letra d) del Nº 1 del artículo 2º, y letras b) de los números 2 y 3 del artículo 5º. B) Letra a), Nºs i, ii, iv, v y vi (texto del Senado); letra b) -texto del Senado-, que corresponde a la letra a) aprobada por la Cámara de Diputados; y letra c), Nºs i e iii del artículo 4º, por afectar materias de seguridad social.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión particular el proyecto.

Propongo dar por aprobados todos estos artículos que no fueron objeto de indicación y que requieren quórum especial.
Para verificar el quórum, solicito a la Secretaría contabilizar los votos.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, considerando a los Senadores que se encuentran fuera del país, ¿cuál es el quórum para aprobar esas normas?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- 25 señores Senadores.
Hay 25 votos. Se aprueba el informe, exceptuada la indicación.
Pasaríamos a votar la indicación.
¿También la daríamos por aprobada?

El señor DÍEZ.- Hay que votarla, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo?

El señor DÍEZ.- Con mi voto en contra.

El señor FOXLEY.- La indicación tiene acuerdo unánime de la Comisión de Hacienda.

El señor PRAT.- No es unánime el acuerdo, señor Senador. Excúseme por rectificarlo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, aprobaremos la indicación con los voto en contra de los Senadores señores Díez y Prat.

El señor PRAT.- Con mi abstención, señor Presidente, al igual que en la Comisión.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Entonces, la aprobaríamos con el voto en contra del Senador señor Díez y la abstención del Honorable señor Prat.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, quiero fundar mi voto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, voy a votar contra el artículo 44 bis, nuevo, propuesto por la Comisión, pues creo que deja pendientes problemas y originará litigios.
A mí no me gusta el mecanismo. Esto es, que la ley señale que las personas deberán convenir sistemas de comunicaciones e información, y que en la misma Comisión algunos Senadores crean lisa y llanamente que ello es voluntario, y otros, que la Superintendencia respectiva debe imponer el acuerdo. Porque no se dice "podrán convenir", sino "convendrán". Esa redacción, que no soluciona el problema, es inaceptable como legislación.
En consecuencia, voto en contra de la indicación.

El señor HAMILTON.- A propósito de la indicación que presenté junto con el Presidente del Senado y los otros Senadores de la Región para hacer viables las operaciones interbolsas y permitir el funcionamiento de un mercado unificado de valores, la Comisión de Hacienda, luego de un extenso debate, solicitó a la Superintendencia del ramo una proposición que resolviera el problema.
La Superintendencia cumplió el encargo y la Comisión, por cuatro votos a favor y una abstención, aprobó la indicación sugerida.
Esa indicación señala: "Las bolsas de valores deberán establecer entre sí, sistemas expeditos de comunicación e información en tiempo real respecto de las transacciones de valores que se realicen en cada una de ellas, sin que puedan comercializar o reproducir estas informaciones, salvo autorización expresa de la bolsa que las origina.
"Las bolsas de valores convendrán sistemas de comunicación, información, entrega de dineros y títulos; uniformidad de procedimientos y demás que sean convenientes a fin de facilitar el cierre de operaciones entre corredores de distintas bolsas, permitiendo al público inversionista la mejor ejecución de sus órdenes e instando por la existencia de un mercado equitativo, competitivo, ordenado y transparente.".
Lo interesante es que las bolsas "convendrán" procedimientos que permitan "el cierre de operaciones entre corredores de distintas bolsas", con lo cual se hará realidad la existencia de un "mercado unificado", como lo dispone la letra d) del artículo 42 de la ley Nº 18.045, de 1981, de Mercado de Valores.
Un estudio realizado por la Secretaría de la Comisión de Hacienda, a raíz de la discusión del tema, acerca de qué debe entenderse por "mercado unificado", llegó a las siguientes conclusiones:

"1.- Que la ley vigente propende a la existencia de mercados equitativos, ordenados, transparentes y bien informados que permitan la libre competencia y provean de oportunidades de éxito a todos por igual y no sólo a algunos.

"2.- Que las bolsas se darán un reglamento interno que contemplará todas las normas que sean necesarias para el funcionamiento ordenado, equitativo, competitivo y transparente del mercado bursátil.

"3.- Que el mercado unificado se constituye mediante las operaciones interbolsas que permiten la plena atención a todo el público inversionista.".
En efecto, según el Diccionario de la Lengua Española, el término "unificar" viene del latín "unus", uno, y "facêre", hacer. Y en su segunda acepción significa "Hacer que cosas diferentes o separadas formen una organización, produzcan un determinado efecto, tengan una misma finalidad, etc.".
La interpretación de la Secretaría de la Comisión, que está contemplada en la ley, es exactamente la que se da en el derecho comparado. Al respecto, me permito dar lectura a la parte pertinente de la exposición de motivos de la ley sobre mercado de valores de España:
"La regulación de los mercados secundarios oficiales de valores y de las Bolsas de Valores, aspectos a que se acaba de hacer referencia, guarda muy especial relación con el ejercicio de las competencias en materia de centros de contratación de valores por parte de aquellas Comunidades Autónomas que las tienen reconocidas en sus Estatutos de Autonomía.
"La Ley parte del irrenunciable principio de unidad del orden económico y del sistema financiero nacional, del que el mercado de valores constituye pieza esencial. Responde a la necesidad de organizar el mismo como un mercado único, condición inexcusable para su eficiencia y para su competitividad en el plano internacional. Resultaría inadecuada una solución que encaminase hacia un modelo territorialmente fragmentado, sobre todo si se tiene en cuenta el contexto europeo en el que se mueve la economía española.".
Por lo demás, lo mismo que consigna la indicación está contemplado -aunque no se haya dado cumplimiento en el último tiempo- en los respectivos reglamentos de las bolsas de comercio, tanto de Santiago cuanto de Valparaíso.
Por lo dicho, y una vez que el proyecto se transforme en ley de la República, las bolsas de valores tendrán que llegar a acuerdos, o en subsidio, la Superintendencia de Valores deberá resolver acerca de los procedimientos impuestos unilateralmente por la Bolsa de Comercio de Santiago, que hasta ahora impiden interactuar a los corredores de ambas entidades, y que se genere un mercado unificado de valores, como lo ordena la ley, lo estipulan los reglamentos y conviene al interés nacional.
Por tales motivos, voto favorablemente la indicación, en la versión entregada por la Comisión de Hacienda.

La señora MATTHEI.- Estoy pareada con el Honorable señor Pizarro, quien está presente. Si el señor Senador vota, yo también lo haré, y afirmativamente.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, en primer lugar, deseo señalar que esta indicación, que la Comisión acogió y cuya aprobación propone a la Sala, se originó en otra que obligaba a las distintas bolsas a diseñar mecanismos que permitieran colocar órdenes directas entre sus ruedas. Se produjo una larga discusión respecto de la forma como está estructurado el mercado bursátil en Chile, el que, por lo menos en opinión del Senador que habla, se basa en la existencia de entidades privadas denominadas "bolsas de valores", que se constituyen como sociedades, permitiéndose la transacción de los miembros de cada una de ellas en las respectivas ruedas. En toda la legislación pertinente se puede apreciar que, efectivamente, el sistema es operado por sociedades anónimas, con patrimonio propio aportado por sus socios, quienes se hallan sujetos a distintas obligaciones que esas mismas sociedades les imponen.
Por lo tanto, facultar por ley a los miembros de una entidad bursátil para actuar en forma directa en otra, e incluso para transferir patrimonio, significaba alterar sustancialmente el mecanismo.
En vista de las objeciones planteadas, el Ejecutivo sustituyó la indicación por la que estamos votando, la que, en su inciso primero, consigna en forma perentoria la obligación de las bolsas de establecer procedimientos expeditos de comunicación e información entre sí, en tiempo real, respecto de las transacciones de valores que se realicen en cada una de ellas. Entonces, su objeto es permitir la máxima información respecto de las transacciones, los que nos parece adecuado.
El segundo inciso dispone que las bolsas de valores convendrán sistemas de comunicación, información, entrega de dineros y títulos, y demás procedimientos que sean convenientes, a fin de facilitar el cierre de operaciones entre corredores de dichas entidades. A nuestro juicio, la distinta redacción de este precepto se justifica, precisamente, por ser las bolsas entes privados autónomos, en que, para facilitar dichas operaciones, necesariamente debe requerirse acuerdo de voluntades.
Discrepo absolutamente de la interpretación dada a una norma de la ley Nº 18.045, consistente en que se obliga a todas las bolsas a unificarse en un mismo mercado, porque, de ser ése el sistema previsto por la ley, no se entendería por qué ahora se debe establecer la obligación de contar entre sí con sistemas expeditos de comunicación. Si la intención del legislador apunta a que haya un solo mercado, es evidente que tal exigencia no es necesaria, porque en ese caso la comunicación se produce en forma autónoma.
Por lo tanto, difiero del criterio en cuanto a que el propósito de la indicación que votamos consista en disponer un sistema unificado que permita al corredor de una bolsa transar en otra, por ser completamente ajeno a su espíritu y a su letra.
Con esa prevención, voto que sí.

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, luego de escuchar los fundamentos de voto, uno se da cuenta que la lectura del contenido de la indicación de que quienes la apoyan no es la misma. Concuerdo con lo planteado por el Senador señor Prat en orden a dividir la indicación¿

El señor HAMILTON.- Señor Senador, no cabe dividirla porque estamos en votación.

El señor PÉREZ.- Lo sé, señor Senador. Sólo estoy manifestando mi acuerdo con lo manifestado inicialmente por el Honorable señor Prat.
La segunda parte de la norma dice que "Las bolsas de valores convendrán". ¿Esto significa "deberán convenir" o "podrán convenir"? Además, se afecta la libertad económica de las personas en cuanto a su derecho a asociarse. Por eso, comparto la interpretación que el Senador señor Novoa dio recientemente a este artículo.
En todo caso, para los efectos de la votación, he comunicado a la Mesa que yo asumo ahora el pareo del Honorable señor Romero con el Senador señor Adolfo Zaldívar, y, por lo tanto, no puedo votar.

El señor PRAT.- Por las razones expuestas por el Honorable señor Díez y que ratificó el señor Senador que me antecedió, me abstengo.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, estamos frente a una nueva redacción de un artículo que, efectivamente, suscitó distintas consideraciones respecto de la existencia de diversas bolsas en el país. Me parece que la solución alcanzada en la Comisión de Hacienda es la correcta. No me cabe la menor duda de que es indispensable aclarar que las propias entidades bursátiles convengan sistemas de comunicación, información, entrega de dineros y títulos, uniformidad de procedimientos y demás que sean convenientes. Si les imponemos determinada estructura, estaríamos interveniendo al interior de una actividad esencialmente privada y que debería basarse en la existencia de un mercado equitativo, competitivo, ordenado y transparente.
Ciertamente, estamos frente a un desafío, cual es que las bolsas sean las que resuelvan este tema, con prescindencia de definiciones impuestas desde arriba. Lo ideal sería el establecimiento en este ámbito de un sistema de mercado unificado, como ocurre en otros países. Aquí se señaló a España.
En definitiva, creo que esta solución permitirá equidad y -yo diría- libre definición interbolsas acerca de un asunto tan importante.
Por lo anterior, voto que sí.

El señor SILVA.- Señor Presidente, es necesario precisar que la proposición que ahora votamos en el fondo pretende materializar lo dispuesto expresamente por el artículo 1º de la Constitución Política de la República, que establece como deber del Estado procurar que se participe con igualdad de oportunidades. Entonces, razonablemente se pensó en pedir a las bolsas de valores que sugirieran la redacción de un texto. Y si bien se han puesto de acuerdo, lo hicieron sobre la base de una disposición que resulta ambigua, contradictoria y profundamente deplorable desde el punto de vista de lo que ellas pretenden en relación a lo que han querido decir. Como lo manifestó el Senador señor Díez, el artículo es indiscutiblemente contradictorio en la forma en que se nos ha presentado, y por eso será fuente de toda clase de dificultades.
Por tales circunstancias, voto en contra.

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la indicación (19 votos contra 2, 2 abstenciones y 3 pareos).
Votaron por la afirmativa los señores Boeninger, Canessa, Cordero, Errázuriz, Fernández, Foxley, Gazmuri, Hamilton, Horvath, Larraín, Matthei, Novoa, Pizarro, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Vega, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Díez y Silva.
Se abstuvieron los señores Parra y Prat.
No votaron, por estar pareados, los señores Pérez, Ríos y Stange.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Queda finalizada la discusión del proyecto en este trámite.




FORTALECIMIENTO DE FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Conforme a lo acordado ayer por los Comités, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fortalece la Fiscalía Nacional Económica, con informe de la Comisión de Economía.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 3ª, en 9 de junio de 1998.
Informe de Comisión:
Economía, sesión 30ª, en 15 de septiembre de 1998.

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- Los objetivos principales de la iniciativa son, primero, fortalecer la Fiscalía Nacional Económica, dándole el carácter de servicio público descentralizado y perfeccionando las facultades con que actualmente cuenta, y, en materia de personal, aumentando las plantas de profesionales que existen en el servicio, haciendo más estrictos los requisitos para postular a los cargos contenidos en dichas plantas, creando la de fiscalizadores, incorporando a su personal al régimen remuneratorio correspondiente a las entidades fiscalizadoras y estableciendo una asignación mensual de porcentaje variable como bonificación de estímulo por desempeño funcionario; y segundo, perfeccionar la institucionalidad de la promoción y defensa de la competencia, innovando en algunos aspectos vinculados al procedimiento ante la Comisión Resolutiva, en caso de impugnación de decisiones o medidas de las Comisiones Preventivas Regionales y Central.
El informe da cuenta de los antecedentes de derecho que se tuvieron en consideración y de la discusión general, y deja constancia de que el proyecto fue aprobado en general por unanimidad, con los votos favorables de los Senadores señores Bitar, Errázuriz y Pizarro.
Además, da testimonio de la discusión particular, señalando que tanto los artículos 1º y 2º permanentes como los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º transitorios también fueron aprobados por unanimidad, con los votos favorables de los Honorables señores Errázuriz, Pizarro y Zurita.
En consecuencia, la Comisión propone a la Sala aprobar la iniciativa con una sola modificación, que figura en la página 15 del informe.
Cabe dejar constancia de que dicho organismo técnico, fundado en el nuevo texto del artículo 36 del Reglamento del Senado, no envió el proyecto a la Comisión de Hacienda, por estimar que tal trámite debe cumplirse con motivo del segundo informe.
Además, cabe tener presente que los artículos 30 y 30A contenidos en el artículo 1º de la iniciativa fueron aprobados por la Honorable Cámara de Diputados con quórum de ley orgánica constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 de la Carta Fundamental.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general el proyecto.

El señor PÉREZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PÉREZ.- Pido segunda discusión.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Está en su derecho, señor Senador.
--La iniciativa queda para segunda discusión.


REBAJA DE ARANCELES Y ENMIENDAS A NORMAS TRIBUTARIAS Y ECONÓMICAS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que rebaja la tasa de aranceles a las importaciones e introduce modificaciones a otras normas tributarias y económicas, con informe de la Comisión de Hacienda.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 28ª, en 8 de septiembre de 1998.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 31ª, en 16 de septiembre de 1998.

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- Los principales objetivos del proyecto son fomentar y promover la competitividad del país para todos los sectores productivos, respetando plenamente los compromisos adquiridos por nuestro país frente a la Organización Mundial del Comercio; profundizar el proceso de inserción económica internacional; resguardar los equilibrios económicos fiscales básicos, y finalmente, compensar la recaudación fiscal neta, consecuencia de la rebaja de aranceles, mediante impuestos indirectos.
El informe deja constancia de que a las sesiones en que se trataron estas normas concurrieron, además de sus miembros, los Honorables señores Bitar, Cariola, Díez, Fernández, Hamilton y Sabag. Participaron, además, los señores Ministros de Agricultura, de Hacienda, de Economía, Fomento y Reconstrucción, del Interior, Secretario General de la Presidencia; el Subsecretario de Hacienda; el Subdirector Normativo del Servicio de Impuestos Internos; el asesor jurídico de la Dirección de Presupuestos; cinco asesores del Ministerio de Hacienda; el Subdirector Jurídico del Servicio Nacional de Aduanas; dos asesores del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; el Presidente, el Gerente de Estudios y un Director de la Asociación de Exportadores de Productos Manufacturados (ASEXMA); el Secretario General y un asesor de la Sociedad de Fomento Fabril; el Presidente, el Gerente General y el Asesor Jurídico de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI); el Presidente y el Secretario General de la Sociedad Nacional de Agricultura; el Gerente de SONAPESCA; el Gerente General, el Gerente de Finanzas, el Gerente Corporativo de Asuntos Públicos, un Director y el Vicepresidente del Directorio de CHILETABACOS, y el Presidente y el Secretario General de la Confederación Nacional de Cooperativas Campesinas.
Prosigue el informe reseñando los antecedentes de derecho y de hecho que se consideraron y describiendo el debate en general en el seno de la Comisión. Se deja testimonio de que la iniciativa fue aprobada en general por unanimidad, con los votos de los Honorables señores Boeninger, Foxley, Novoa, Ominami y Prat.
Asimismo, se consigna el debate en particular, para concluir declarándose que la iniciativa se encuentra financiada, de modo tal que no provocará desequilibrios presupuestarios ni incidirá negativamente en la economía nacional.
En consecuencia, la Comisión propone aprobar el proyecto enviado por la Honorable Cámara de Diputados, con las modificaciones que se señalan.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Advierto a los señores Senadores, y considerando los acuerdos de Comités de ayer, que la idea es que el proyecto empiece a ser tratado alrededor de las 12:30.
La verdad de las cosas es que, con motivo de la segunda discusión pedida respecto de la iniciativa anterior, sobre la Fiscalía Nacional Económica¿

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, ¿puede destinarse una hora a debatir el proyecto en tabla del Senador señor Díez?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No existen inconvenientes para ello, Su Señoría, siempre que también se encuentre presente el autor.

El señor PÉREZ.- En un minuto volverá.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Entretanto, si le parece a la Sala, se estudiará el informe de Comisión Mixta signado con el Nº 4 del Orden del Día.
Acordado.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto que rebaja la tasa de aranceles a las importaciones e introduce enmiendas a normas tributarias y económicas.


ENAJENACIÓN POR ESCRITURA SEPARADA DE PARCELAS CORA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta formada en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la República, aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, recaído en el proyecto de ley que establece la obligación de que las parcelas, sitios y bienes comunes derivados del proceso de reforma agraria sean enajenados por escrituras públicas separadas.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 9ª, en 21 de abril de 1998.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 15ª, en 21 de julio de 1998.
Informes de Comisión:
Agricultura, sesión 2ª, en 3 de junio de 1998.
Mixta, sesión 30ª, en 15 de septiembre de 1998.
Discusión:
Sesión 12ª, en 8 de julio de 1998 (se aprueba en general y particular).

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- El informe, luego de reseñar el debate que tuvo lugar, concluye sugiriendo, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Fernández, Matta y Prat, y Honorables Diputados señores Galilea, Melero y Silva, que se acoja el criterio que había sostenido el Senado, con la modificación que se expresa.
Sobre esa base, y como modo de resolver la diferencia suscitada entre ambas ramas del Congreso Nacional, se propone el artículo 1º que figura en el texto que Sus Señorías tienen a la vista.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el informe de la Comisión Mixta.
--Por unanimidad, se aprueba.


CASOS Y FORMAS EN QUE PROCEDE INDULTO PARTICULAR


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de ley, iniciado en una moción del Honorable señor Díez, sobre la determinación de los casos y formas en que procede el indulto particular, con informe de la Comisión de Constitución.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Díez)
En primer trámite, sesión 1ª, en 1º de junio de 1993.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 21ª, en 17 de diciembre de 1997.
Discusión:
Sesión 25ª, en 1º de septiembre de 1998 (queda para segunda discusión).

El señor HOFFMANN (Prosecretario).- El informe hace constar que a las sesiones en que se debatió la iniciativa concurrieron, además de los miembros de la Comisión, el Honorable señor Díez y un asesor jurídico del Ministerio de Justicia.
Expone que los principales objetivos del articulado son establecer una nueva normativa que regule los casos y formas en que procederá la concesión del indulto particular.
Entre otras innovaciones respecto de la ley vigente, que se deroga, se contemplan las siguientes:
-Se sujetan todas las solicitudes a las mismas reglas, al ser eliminada la actual facultad presidencial de prescindir de los requisitos y trámites en casos calificados.
-Se declara improcedente el indulto respecto de los condenados por determinados delitos.
-Se impide indultar delitos cometidos por ciertas autoridades, y
-Se obliga a comunicar a la Honorable Cámara de Diputados los decretos que concedan el beneficio y todos sus antecedentes.
El texto señala los antecedentes de derecho de la iniciativa y da cuenta de la discusión general y de los informes recibidos, provenientes de la Excelentísima Corte Suprema y de los constitucionalistas señores Alejandro Silva Bascuñán, Francisco Cumplido y Guillermo Bruna.
A continuación se reseña el debate general y la discusión particular.
El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables señores Fernández, Larraín y Otero.
En particular, los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 9º, 10 y 11 fueron acogidos por unanimidad y los artículos 5º, 7º y 8º fueron rechazados por unanimidad.
El informe concluye proponiendo la aprobación de la normativa que contiene.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general el proyecto.


El señor PIZARRO.- Excúseme, señor Presidente. Deseo plantear una cuestión previa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor PIZARRO.- Quisiera entender bien el procedimiento que se aplicará. Los Comités acordaron que a las 12 comenzara la discusión sobre los aranceles y que a las 18 se votase.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se iniciará a las 12:30.

El señor PIZARRO.- El acuerdo hace referencia a las 12.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Dispondré una suspensión de la sesión.

El señor PIZARRO.- O sea, ¿propondrá cambiar el acuerdo de Comités, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tengo derecho, de acuerdo con el Reglamento, a suspender la sesión en el momento en que lo estime prudente.

El señor PIZARRO.- Así es. Pero pregunto si usted modificará el acuerdo de Comités.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Anuncio, respetando ese acuerdo, que al iniciarse la discusión determinaré una suspensión hasta las 12:30, porque el señor Ministro de Hacienda me lo pidió a fin de poder traer todos los antecedentes necesarios para el análisis del proyecto.

El señor PIZARRO.- O sea, a las 12 se suspenderá hasta las 12:15 y después se volverá a suspender hasta las 12:30.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Exactamente.

El señor PIZARRO.- Y ahora se discutirá en general la iniciativa sobre el indulto, hasta las 12.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Sí.
El señor PIZARRO.- Muchas gracias por su aclaración, señor Presidente.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, espero que la Sala, al igual que la Comisión de Constitución, apruebe en general por unanimidad esta iniciativa, sin perjuicio de las indicaciones que se formulen.
¿Cual es el objetivo del proyecto? La Constitución establece, como atribución especial del Presidente de la República, la de "Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley.". El que nos ocupa es un articulado que viene a determinar los casos y formas del indulto.
La ley vigente, la Nº 18.050, además de establecer reglas, contiene un artículo que permite al Presidente de la República prescindir de los requisitos establecidos en ella y de los trámites indicados en el reglamento. Creo que eso linda con el campo de la inconstitucionalidad, porque se faculta al Primer Mandatario para salirse de las formas que determina la ley. Y la Carta se refiere expresamente -repito- a "los casos y formas que determine la ley". De manera que la primera intención del texto es someter el indulto a normas objetivas de aplicación general establecidas en la ley, como lo indica la Constitución Política del Estado.
En seguida, se fijan algunas normas que, como quedó el artículo al final del informe de la Comisión, no deberían merecer dudas.
El artículo 1º establece: "Toda persona que se encuentre condenada puede solicitar al Presidente de la República que le otorgue la gracia del indulto, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley y que su delito sea susceptible de ese beneficio.".
El proyecto en estudio señala algunos delitos que no son susceptibles del beneficio: las conductas que la ley califique como terroristas, delitos de parricidio, homicidio calificado, violación, infanticidio, robo con homicidio, injurias o calumnias, elaboración o tráfico de estupefacientes y lavado de dinero.
Se amplía así la cantidad de los delitos no indultables con la lista que acabo de señalar.
La gravedad de todos los delitos y la alarma pública que causan evidentemente, hacen conveniente que no sean indultables. Y al establecerse esta norma, no se pretende desconocer las facultades del Primer Mandatario, sino evitar que éste quede en la situación de tomar determinación sobre delitos de tal gravedad. De manera que ningún condenado por droga, lavado de dinero, terrorismo o infanticidio, pueda recurrir al Presidente de la República.
Hay un solo delito que no tiene esta gravedad, el de injurias y calumnias, aunque, por su naturaleza, por el daño que causa y el procedimiento establecido, también hace conveniente la no intervención del Jefe del Estado.
Existe además otra norma absolutamente nueva, que señala que algunas personas no pueden ser indultadas. La lista parece lógica: no pueden ser indultables los delitos cometidos por el Presidente de la República, Ministros de Estado, Senadores, Diputados, Contralor General de la República, miembros de los Tribunales Superiores de Justicia, Subsecretarios, Oficiales Generales y Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Jefes de Servicio, Intendentes, Gobernadores, Alcaldes, Concejales y Consejeros Regionales.
En resumen, corresponde aplicar la facultad de indultar del Presidente de la República a personas que carecen de poder político. Esto, porque no parece lógico que el jefe de ese poder pueda indultar a personas que lo ejercen.
Lo razonable es que el indulto se use en casos especiales y que esa norma general se aplique a personas que, por su nivel socio cultural, no están en condiciones de comprender realmente el delito que han cometido.
Adicionalmente, se precisa que para pedir la gracia del indulto se debe estar condenado por sentencia ejecutoriada y cumpliendo la condena. Ello, para garantizar la eficacia del Poder Judicial y no usar el indulto para desconocer la sentencia, sin siquiera haber empezado a cumplir la condena.
Por eso se señala que el interesado deberá acompañar las copias de la sentencia y la certificación de que se encuentra cumpliendo la condena.
En consecuencia, la solicitud de indulto no puede usarse para evadir por lo menos la iniciación de la sentencia judicial.
También se establecen causales para denegar el indulto, lo que procederá cuando se trata de delincuentes habituales o de condenados que hubieran obtenido un indulto anteriormente; cuando los solicitantes hubiesen cometido con anterioridad otro delito que mereciere pena aflictiva; en caso de que no hubiesen cumplido a lo menos la mitad de la condena. No quedarán afectos a esta exigencia los condenados por delitos a los que la ley asigna una pena no superior a la de presidio, reclusión, confinamiento, extrañamiento, relegación menor o destierro en sus grados mínimos.
Tampoco procede cuando la persona haya obtenido la libertad condicional y se le hubiere revocado este beneficio. Y establece la norma general a continuación de nuestros tratados internacionales:
Siempre procederá el indulto para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo.
En seguida, se consigna un artículo final muy discutido en la Comisión: el que dispone que los decretos que concedan indultos serán comunicados a la Cámara de Diputados, a la cual se enviará copia de ellos conjuntamente con sus antecedentes, tan pronto queden totalmente tramitados. Esto, porque se estimó con razón que el indulto es un acto del Gobierno, y por tanto está sometido a la fiscalización de la Cámara de Diputados. Seguramente, el autor de la moción formulará indicación para modificar esta norma en el sentido de establecer que se enviarán los antecedentes a requerimiento de la Cámara de Diputados, con la reserva y secreto correspondientes.
Por estas razones, solicito al Senado la aprobación en general de este proyecto, que se tramita desde hace bastante tiempo y al cual lógicamente se le pueden formular indicaciones. Estimo que debe haber unanimidad en cuanto a la necesidad de que se cumpla la Constitución y dictar una ley de indulto, porque no lo es aquella que permite al Presidente de la República no aplicar sus disposiciones.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, me llama la atención que esta iniciativa se haya tramitado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sólo con la participación de los señores Senadores de Oposición que la integraban en su momento, sin la de los de Gobierno.
En el fondo, aquí se trata de cercenar facultades que las Constituciones Políticas han contemplado desde siempre, en Chile y en otras partes del mundo, para el Jefe del Estado denomínesele Presidente de la República, Primer Ministro o de otra forma.
En la práctica, el otorgamiento de indultos particulares es atribución exclusiva del Jefe del Estado, la que naturalmente debe ser ejercida en forma justa. Los límites constitucionales del indulto particular están indicados en el artículo 9º de la Carta Fundamental.
Por lo anterior, nos asaltan dudas de constitucionalidad en cuanto a que por la vía legal pueda extenderse el catálogo de delitos que no sean materia de indultos, como se propone en los artículos 3º y 4º del proyecto.
Respecto al tema general de la iniciativa, concordamos con la opinión entregada en la Comisión por el ex Ministro de Justicia y Profesor de Derecho Constitucional, don Francisco Cumplido, en el sentido de que previamente a legislar en esta materia es necesario realizar una profunda reforma al Código Penal. Ello, porque las penas no se encuentran adecuadas a los valores actualmente predominantes en la sociedad chilena, a las modernas tendencias de la criminología y al exceso de penas privativas de libertad. Hay que recordar, también, que el Derecho Penal es ultima ratio para establecer o proteger los derechos en la convivencia social.
Por último, es preciso señalar que el indulto es el espacio de equidad que establece el ordenamiento jurídico frente a la aplicación del derecho estricto tomando en cuenta consideraciones posteriores a la ejecución del delito. Son los casos de enfermos terminales, de rehabilitación respaldada por informes profesionales que la acreditan, u otros. En otras palabras, los tribunales de justicia deben conocer y resolver los asuntos penales que les sean sometidos a su consideración con estricto apego a las normas jurídicas vigentes. Pero pueden existir razones humanitarias, de política con mayúsculas, de Estado, u otras que hagan necesario en determinado momento, desde el punto de vista de la sociedad, del interés del Estado, modificar una sentencia penal dictada por un tribunal de justicia. Esto se asigna exclusivamente al Jefe del Estado. Así ha sido en el pasado, en regímenes monárquicos, absolutos, republicanos o democráticos, en todos los países de la tierra.
Aquí ha habido una tendencia -expresada en éste y en otros proyectos de reforma constitucional tramitados de la misma forma-, y un claro interés y propósito de limitar y disminuir las facultades que al respecto la Constitución otorga al Presidente de la República, y que ha tenido en todos los textos constitucionales conocidos en Chile, desde 1833 hasta 1980.
Por tales razones, los Senadores de la Democracia Cristiana votaremos en contra del proyecto.

El señor DÍEZ.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

El señor HAMILTON.- No tengo inconveniente, con la venia de la Mesa.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Díez.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, para evitar interpretaciones suspicaces, quiero dejar constancia de que esta iniciativa se debatió en la Comisión -según figura en el informe- en las sesiones de 11 de abril de 1995, 2 de julio de 1996 y de 3 de septiembre de 1997, con asistencia de los Senadores señores Miguel Otero Lathrop (Presidente), Sergio Fernández, Juan Hamilton, Hernán Larraín y Anselmo Sule. Los Honorables señores Hamilton y Sule no participaron en las votaciones, pero sí en la discusión.
No me cabe ninguna duda de que las sesiones fueron citadas conforme al Reglamento y de que el informe refleja en forma fiel lo que en ellas se acordó.
En consecuencia, para evitar reparos en la tramitación de la normativa misma, dejo constancia de que, al momento de votar en la Comisión, aunque no estén presentes todos los Senadores que debieran estar, basta la concurrencia de tres de ellos para el quórum necesario.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Hamilton.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, quiero rectificar lo expresado por el Senador señor Díez.
Tengo en mi mano el informe respectivo. Según él, en la votación del artículo 1º participaron los Senadores señores Fernández, Larraín y Otero; en el artículo 2º intervinieron y votaron los Senadores señores Fernández, Larraín y Otero, y lo mismo sucedió respecto de los artículos 3º. 4º, 5º, 6º y 7º.

El señor DÍEZ.- ¡Nadie puede aprovecharse de su propio dolo ni de su falta de cumplimiento ¿!

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Ruego a los señores Senadores mantener silencio, pues hace uso de su derecho el Honorable señor Hamilton.
Después podrá solicitar una interrupción, Senador señor Díez.

El señor DÍEZ.- Yo no había terminado, señor Presidente.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON.- Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia trata la gran mayoría de los proyectos -aunque no la totalidad- en presencia de todos sus integrantes. Cuando algún miembro falta por cualquier razón, es reemplazado. Por lo tanto, resulta curioso que las dos iniciativas sobre la facultad presidencial de indultar se hayan tramitado, prácticamente, sin participación de Senadores de Gobierno. Es un hecho. No estoy suponiendo ninguna intención; pero lo señalo, por ser verdad. Así consta en el respectivo informe. A pesar de que aquéllos figuran en el debate, no sucede lo mismo en la votación de ninguno de los artículos.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Ruego al Honorable señor Silva conceder una interrupción al Senador señor Díez, para que termine su intervención.

El señor SILVA.- Con mucho gusto, señor Presidente.

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, yo también solicité la palabra.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Díez.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, nadie puede dudar de la constitucionalidad de la iniciativa en análisis. La norma pertinente de la Carta Fundamental señala: "..en los casos y formas que determine la ley.". No habla del reglamento, sino de la ley. Y la que está en este momento en análisis establece los casos y formas de otorgar el privilegio del indulto. Es decir, ella cumple una orden constitucional conforme a la cual al legislador le corresponde reglamentar la forma de otorgar indultos y los casos en que ellos proceden. Porque la legislación vigente no cumple la referida norma constitucional, al señalar que el Presidente de la República puede dejar de aplicar la ley. ¡Eso sí que linda en la inconstitucionalidad, pues la Carta Fundamental obliga a conceder indultos en los casos y formas que determine la ley! Si ésta no lo hace, no hay fuente del indulto.
Por lo tanto, si la ley determina que el Presidente de la República no se somete a ella, queda sin cumplir la norma constitucional. Por eso, el proyecto en debate viene a completar esa tarea al establecer los casos y formas en que procede el indulto.
No hay duda de que por la vía de la indicación se pueden agregar los afectados por enfermedades terminales, los mayores de cierta edad, etcétera. Eso es cooperar. Lo otro es defender una facultad de los Presidentes de la República que, a mi juicio, más les molesta y sobre todo se presta a malos juicios de la opinión pública.
Me parece que, dada la transparencia de la vida democrática moderna, es bueno que iniciativas de este tipo vayan a la Cámara de Diputados. No debemos olvidar que el indulto es una situación excepcionalísima. La regla general es que las sentencias de los tribunales se cumplan y que lo poderes políticos no intervengan en el cumplimiento de la sentencias judiciales.
Sin embargo; soy partidario de mantener la facultad presidencial, no de derogarla, porque puede haber casos en que evidentemente el indulto se justifica. Pero ellos deben quedar expresados en la ley. Si se quiere consignar los que con toda razón señalaba el Senador señor Hamilton, no hay duda de que se debe formular la indicación correspondiente. En mi opinión, nadie en el Senado se niega a la posibilidad de que el Presidente de la República conceda indulto, cuando éste se otorga teniendo en cuenta la situación personal de algunos condenados, como ser su edad avanzada, estado de salud, etcétera.
Pero negarse a legislar en general sobre la materia es una conducta, a lo menos -usando un término en boga-, inapropiada.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Silva.

El señor HAMILTON.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Honorable señor Silva, el Senador señor Hamilton le solicita una interrupción.

El señor SILVA.- Con la venia de la Mesa.

El señor PÉREZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Su Señoría está inscrito inmediatamente después del Senador señor Silva.

El señor HAMILTON.- Muchas gracias por concederme una interrupción, Honorable colega.
Señor Presidente, me he referido a la posible inconstitucionalidad del proyecto, en el sentido de que aumenta el número de delitos en los cuales el Primer Mandatario no podría ejercer su facultad constitucional de indultar.
El inciso segundo del artículo 9º de la Constitución dice: "Los delitos a que se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales y no procederá respecto de ellos el indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo.". Es decir, la Carta Fundamental señala cuáles delitos no pueden ser objeto de indulto. Esta iniciativa de ley, y no de reforma constitucional, extiende el catálogo de delitos que podrían ser objeto de inconmutabilidad de la pena y de no indulto.
Muchas gracias, señor Senador.

El señor FERNÁNDEZ.- Señor Senador, ¿me permite una interrupción breve?

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Honorable señor Silva, el Senador señor Fernández le solicita una interrupción.

El señor SILVA.- Yo no sé si voy a poder hablar.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Por supuesto, Su Señoría. La Mesa respetará su derecho.

El señor FERNÁNDEZ.- Seré breve, señor Presidente.
Sólo deseo referirme a una observación del Honorable señor Hamilton, en cuanto a que participaron en el debate de la Comisión sólo Senadores de Oposición.
Entiendo que tal organismo funcionó de acuerdo con el Reglamento; que fue debidamente citado, y que si el Senador señor Hamilton no asistió, habrá tenido buenas razones para no cumplir con ese deber. Sin embargo, no se puede cuestionar el trabajo de la Comisión ni hacer observaciones respecto de la validez de sus legítimos acuerdos.
El Honorable señor Hamilton tenía todo el derecho de asistir y de hacer presente sus observaciones. Además, si estimó que había un procedimiento irregular, debió advertirlo en la primera oportunidad en que se encontró presente.
Por tanto, rechazo absolutamente la argumentación del Honorable señor Hamilton de que la iniciativa fue tratada sólo con la presencia de tres señores Senadores, los que, por lo demás, cumplieron con su deber de asistir a las sesiones legítimamente citadas.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Silva por quince minutos.

El señor SILVA.- Señor Presidente, trataré de usar menos de ese tiempo.
Participo en el debate para plantear un punto de vista esencialmente objetivo, a mi juicio, sometiéndome a las disposiciones de la Constitución Política, tal como las interpreto.
Naturalmente hago abstracción de si asistieron o no asistieron a la Comisión algunos señores Senadores, pues, como muy bien dijo el Honorable señor Fernández, el proyecto llegó a la Sala de acuerdo con las normas reglamentarias respectivas. Por lo tanto, partimos de la base de que las disposiciones informadas son las que corresponden.
Quiero recordar a los señores Senadores que la denominada gracia del indulto, se viene aplicando en Chile in illo témpore. Esta materia estaba contemplada tanto en la Constitución de 1833 como, posteriormente, en la del 25.
Pero no es posible desconocer que la gracia del indulto, en la práctica, ha sido objeto de interpretaciones exageradamente abiertas. Recuerdo haber tratado el tema durante basta tiempo en la cátedra, al igual que él se discutió en sesiones del Parlamento. Hubo Presidentes de la República que dictaron -sin exagerar- miles de decretos de indulto. Cabe mencionar el caso de un Jefe de Estado que utilizó dicha facultad antes de una Navidad para indultar en un solo decreto a seiscientos y tantos reos rematados, quienes, entre esa fiesta y el Año Nuevo nuevamente habían delinquido. Esto no es exageración ni historia. Ocurrió así.
Comprendo que la Constitución Política haya establecido en el número 16 del artículo 32 las disposiciones relativas al otorgamiento de indultos particulares por parte del Presidente de la República "en los casos y formas que determine la ley". Es decir, queda claro que el sentido del constituyente no ha sido otro que regular paulatina y gradualmente tal facultad, la cual, primigeniamente, fue discrecional absoluta y que, por pretenderse que era de utilización graciosa, permitía inclusive llegar a la arbitrariedad en el uso de ella, sin que se pudiera imputar ilegitimidad al Primer Mandatario, pues estaba utilizando una potestad propia.
Sin embargo, cuando las instituciones se utilizan mal -y deplorablemente en el uso indiscriminado de las potestades discrecionales, éstas suelen emplearse mal-, es razonable que el constituyente establezca determinados costos para esos casos.
Yo les digo, señores Senadores, con la mayor buena fe y con el máximo respeto, que discrepo del hecho de que un Jefe de Estado, en cierto momento, use la potestad de indultar y, en consecuencia, releve del cumplimiento de la pena al condenado, porque su creencia religiosa le impide decretar la pena de muerte.
Sinceramente, pienso que se podrá estar a favor o en contra de la pena capital en la doctrina; pero cuando la norma jurídica consagra la posibilidad del indulto no se puede afirmar: "Yo la aplico así por tales y cuales razones.". Porque, entonces, habría que llegar a la conclusión de que si la ciudadanía elige a un Presidente de la República católico, implicará que, durante los seis años de su mandato, la normativa se transformará en letra muerta.
A mi juicio, ésta es la manera como debe interpretarse razonablemente la iniciativa.
Por lo tanto, ¿qué duda puede caber en el sentido de que si se está tratando de utilizar el precepto del número 16 del artículo 32 de la Carta Fundamental e intentando afirmar que el Parlamento soberanamente como colegislador va a aprobar un proyecto de ley que somete a regulación la potestad de indultar, se practique el ejercicio de una potestad perfectamente legítima?
Mal podrá hablarse de que puede existir una duda -aunque sea menor- acerca de que una iniciativa de esta naturaleza significa una transgresión en principio a la norma constitucional. Otra cosa es que pueda dudarse acerca de la procedencia de que tal o cual materia se haga extensiva a determinados delitos que antaño no figuraban como susceptibles de ser indultados y que ahora se pueden prohibir o no prohibir.
Para tales efectos, estamos en pleno trámite en función de permitir que -lo digo simplemente a modo de ejemplo- se pueda modificar el proyecto presentado por el Honorable señor Díez diciendo: "Mire, señor, eliminemos de la nómina aquellas materias que no son indultables, como la injuria y la calumnia, que no tienen la gravedad de otros delitos o no significan ilícitos de extrema gravedad como los homicidios y otros.".
Por ello, señor Presidente, estamos en presencia en primer término de una iniciativa que se ajusta a la Constitución. En segundo lugar, se trata de un proyecto extremadamente conveniente, que concuerda con la sana razón y que pretende someter a reglas una norma que, si bien en los inicios de nuestra vida independiente se aplicó con criterios de absoluta liberalidad, en la medida en que el tiempo ha ido corriendo no sólo en nuestro país sino también en otros, ha ido gradualmente reduciéndose este tipo de potestades legislativas abiertas, pues la conveniencia de la opinión nacional aconseja que así ocurra.
Quiero anunciar brevemente que apruebo ampliamente el proyecto de que es autor el Honorable señor Díez, pues se trata de algo sensato, de buen criterio, que nos permitirá comprobar, en la hipótesis de que se apruebe, que la facultad o potestad de indultar -la cual, como muy bien ha señalado Su Señoría, no se restringe en absoluto, ni se la hace desaparecer, sino que se la limita a términos fundamentalmente razonables- tal vez nos permita ver, en un futuro próximo y con agradable sorpresa, que dejará de ser usada abusivamente, retornándose a la sana razón en su aplicación.
Por estos motivos, voto favorablemente la idea de legislar.

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, en verdad hago mías las palabras del Honorable señor Silva, pues tiene toda la razón.
Por mi parte, propongo votar en general la idea de legislar para que en la discusión particular, y a través de las indicaciones, se sometan a la consideración de la Sala las rectificaciones que puedan mejorar el proyecto.
Me parece que, en el fondo, la moción del Senador señor Díez tiene propósitos de enorme transparencia con relación al tema del indulto.
Por un lado, indultar es una excepción a las reglas normales de justicia, e implica contravenir técnicamente la sentencia emanada de un tribunal. ¿Cómo no va a ser positivo que ciertos delitos de enorme calificación puedan ser exceptuados del indulto? ¿Cómo no va a ser positivo que aquellas personas que ostentan ciertos poderes públicos tengan mayores responsabilidades frente a los delitos y que algunos de éstos puedan ser exceptuados del indulto? Y finalmente, ¿cómo no va a ser positivo también que el Presidente de la República -ésta es la tercera idea matriz del proyecto- no pueda indultar por mera disposición de su voluntad y que la iniciativa exija que los decretos de indultos sean comunicados a la Cámara de Diputados, acompañando todos los antecedentes?
Como ha dicho el Senador señor Díez, eso se puede mantener en el marco de la privacidad, pero no cabe duda de que el Primer Mandatario va a tener mayor responsabilidad al dar esos indultos.
Por todo eso, junto con hacer mías las palabras del Honorable señor Silva, y en vista de que es una materia que debe volver a Comisión, propongo aprobar en general la iniciativa para que, posteriormente, se fije un plazo para las indicaciones.

El señor PARRA.- Señor Presidente, voy a procurar ser breve para facilitar el acuerdo que acaba de proponer el Senador señor Pérez.
Primero, el hecho de que en este minuto estén en discusión tres proyectos distintos en el Parlamento que versan sobre el tema del indulto refleja inquietud y dudas respecto a cómo está concebida y regulada esta institución jurídica entre nosotros. Eso hace, sin duda, que el proyecto sea pertinente.
Las otras dos iniciativas son reformas a la Constitución, una de las cuales está considerada en la tabla de hoy y la otra fue recientemente ingresada a la Cámara de Diputados.
Una de ellas pretende hacer intervenir al Senado en la concesión de indultos. La otra, sencillamente deroga la facultad que el Presidente de la República ha tenido tradicionalmente en Chile, como la tienen también la generalidad de los Jefes de Estado en el mundo occidental.
No soy partidario de tales reformas constitucionales. Creo que la facultad otorgada al Primer Mandatario ha sido en general bien ejercida y ha permitido aproximarnos a una dimensión más humana de la justicia, que es tan importante en nuestra vida colectiva.
No puedo ocultar que el proyecto en debate me ha planteado dudas de constitucionalidad.
El análisis gramatical y sistemático de la Constitución puede perfectamente llevar a la conclusión de que la lista de delitos no indultables que aparecen en el proyecto transgrede el precepto constitucional. Mi duda, sin embargo, ha quedado despejada por una vía distinta que consta en el informe, cual es la historia del establecimiento de la norma.
Es claro que la comisión redactora de la Constitución entendió que el término "casos" implicaba la posibilidad de que el legislador fijara una lista de delitos indultables.
Dudas de constitucionalidad me plantea también el texto en cuanto discrimina respecto de personas en función del cargo que ostentan, comprometiendo con ello el principio de igualdad ante la ley.
Sin embargo, considero que el proyecto, en general, constituye un avance respecto de la ley Nº 18.050, actualmente en vigor, y que la inquietud por el tema, reflejada en la existencia de las múltiples iniciativas señaladas, hace aconsejable efectuar una revisión de fondo de la legislación.
Por eso, aprobaré la idea de legislar.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, me sumo a las intervenciones pronunciadas aquí en favor del proyecto, aprobado en la Comisión de Constitución por la unanimidad de los miembros que asistieron a la respectiva sesión. Allí, luego de debatir ampliamente las inquietudes que también ahora se han suscitado en la Sala, se convino en que el indulto, en la forma como ha sido utilizado, efectivamente ha ido mucho más allá de lo que con él, como institución, se ha querido buscar.
La tendencia contemporánea en esta materia apunta a reducir, crecientemente, el espacio de concesión de esta gracia. No podemos olvidar que el indultado es una persona que ha cometido un delito y que se encuentra condenado por sentencia ejecutoriada. No obstante, a pesar de haberse acreditado judicialmente su responsabilidad en la comisión del mismo, el Presidente de la República tiene la facultad de extinguir, por gracia, las consecuencias del delito, vale decir, lo relacionado con las sanciones aplicables a él.
Lo anterior produce una suerte de inconsecuencia. En un Estado de Derecho lo que corresponde es aplicar a quien sea las consecuencias de sus actos de acuerdo con la ley. Nadie puede quedar ajeno a ésta. Eran otros los tiempos en que el monarca dictaba la ley y él mismo se marginaba de su aplicación. Uno de los principios básicos del Estado de Derecho busca, precisamente, corregir esa situación. Quien primero debe estar sometido a la ley es el jefe de Estado, el jefe de Gobierno, las máximas autoridades. El Estado de Derecho apunta, entonces, a delimitar el ámbito de sus actuaciones.
Con todo, han quedado instituciones como el indulto y la amnistía, que persiguen, por un motivo u otro, que la gracia pueda otorgarse bajo ciertas condiciones. En el caso de la amnistía y de los indultos generales, se requiere ley. Por lo tanto, su necesaria revisión y su conveniencia quedan garantizadas por un organismo más amplio, colegiado, representativo y plural. Sin embargo, el otorgamiento del indulto particular ha quedado entregado al Presidente de la República, restringido, eso sí, a la ley, que, al tenor de lo preceptuado por la Constitución, debe determinar "los casos y formas" en que aquél procede.
A mí me parece que "los casos y formas" deben ser debidamente definidos por el constituyente y por el legislador, y por eso hemos presentado también una reforma constitucional con tal propósito. No obstante, con el Honorable señor Fernández estamos dispuestos a revisar el contenido de dicha reforma en la medida en que lleguemos a un texto que sea riguroso en el otorgamiento del indulto particular. No queremos la discrecionalidad, en especial cuando se trata de ciertos delitos. Y a eso apunta precisamente la iniciativa en discusión.
Hay delitos que no deben ser indultables bajo ningún concepto, como los relativos al terrorismo, el parricidio, el homicidio calificado, el infanticidio y los concernientes al narcotráfico. Éstos no merecen excepción alguna. Asimismo, me parece razonable que tampoco puedan ser acreedoras al indulto las principales autoridades del país, porque eso permite el favoritismo y los privilegios políticos de ciertos sectores que no tienen por qué estar marginados de la aplicación de la ley. Al revés, si una autoridad es condenada por un delito, debe pagar las consecuencias del mismo, en particular porque está llamada a dar ejemplo en la sociedad y no a recibir beneficios por actos contrarios a sus responsabilidades.

El señor LAVANDERO.- ¡Como la Ley de Amnistía!

El señor LARRAÍN.- Por todas estas consideraciones, señor Presidente, pienso que estamos dando un paso muy importante. Creemos absolutamente conveniente y necesario legislar en esta materia. Estamos hablando de los indultos particulares, no de los indultos generales ni de las amnistías, que son instituciones distintas. Probablemente, no todos entienden la diferencia, pero la doctrina y el Derecho nunca han dejado de hacer la distinción, y por eso, como lo explicaba, exigen caminos y trámites distintos. Amnistías se han dictado siempre y en todos los tiempos, incluso durante los Gobiernos de la Concertación. En este caso, tratándose de una gracia atribuida a una sola persona, no podemos quedar sometidos a que se proceda con esa discrecionalidad respecto de ciertas materias.
Por eso, compartiendo la necesidad de revisar el proyecto en su estricto tenor, para precisar algunas cosas y, eventualmente, para añadir algunos delitos o para suprimir otros, según sea la voluntad del Senado, somos partidarios de apoyar entusiastamente esta iniciativa presentada por el Senador señor Díez.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz, y a continuación, los Senadores señores Boeninger y Lavandero.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, seré muy breve¿

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Perdón, Su Señoría. ¿Le permitiría una pequeña interrupción al Honorable señor Lavandero?

El señor ERRÁZURIZ.- Cómo no.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Puede usar de la palabra entonces el Senador señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, antes de que usted pasara a dirigir la sesión, el Presidente titular del Senado señaló que iba a suspender la sesión a las 12, para reanudarla 15 minutos más tarde y volverla a suspender en el acto, esta vez hasta las 12:30¿

El señor PÉREZ.- Pero ahora hay otro Presidente que, si así lo desea, no la va a suspender.

El señor LAVANDERO.- De tal manera que me parece inconveniente romper un acuerdo adoptado por la Sala¿

El señor PÉREZ.- El Vicepresidente puede no suspender la sesión.

El señor LAVANDERO.- Por eso, señor Presidente, pido cumplir el acuerdo tomado por el Presidente titular, don Andrés Zaldívar.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- La Secretaría me informa, señor Senador, que no hubo acuerdo, sino una disposición del Presidente frente a la alternativa de que el debate hubiera terminado y hubiese que esperar la llegada del Ministro de Hacienda.

El señor LAVANDERO.- El Presidente planteó lo que he dicho y lo aceptamos.

El señor PÉREZ.- Eso es facultad del Senador que esté presidiendo.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Honorable señor Lavandero, el Secretario, como ministro de fe, me manifestó lo que yo le he expresado, y él es quien reglamentariamente tiene la última palabra en esta materia.
El debate se ha venido desarrollando en buena forma, con antecedentes muy interesantes. Esperamos votar este proyecto antes de las 12:30, pero, si ello no resulta posible, iniciaremos la discusión de aquel vinculado a materias de Hacienda.
Continuando con el debate, tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.- Seré muy breve, señor Presidente, porque existe un acuerdo de Comités para empezar a tratar el proyecto sobre aranceles a partir del mediodía. Entiendo que sólo estamos esperando la llegada del Ministro de Hacienda.
En cuanto a la iniciativa que nos ocupa en este momento, considero que los interesantes planteamientos que aquí se han hecho sobre el tema se encuentran muy bien precisados en la intervención realizada por el Honorable señor Silva. Creo que no vale la pena abundar más en él, máxime si existe pleno acuerdo para la aprobación general del proyecto.
Por lo anterior, pido formalmente que se cierre el debate para proceder a la votación, y así, de paso, dejar también contento al Senador señor Lavandero.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- El último Senador inscrito es el Honorable señor Boeninger. Después de que intervenga Su Señoría, declararé cerrado el debate.

El señor LAVANDERO.- Pensé que también estaba anotado, señor Presidente.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Lo está, señor Senador. Ocurre que lo interpreté mal, entonces.
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.

El señor BOENINGER.- Señor Presidente, me pronuncio en contra de este proyecto. La verdad es que la facultad de indultar en manos del Presidente de la República es un presente griego, de modo que coincido perfectamente en que, en el mediano plazo, y teniendo en perspectiva otras reformas, ella sea limitada e incluso eliminada.
Sin embargo, me da la impresión de que en el actual estado de cosas hay varias razones que hacen prematuro legislar restrictivamente en esta materia. Desde luego, porque el sistema procesal penal, que está siendo reformado por diversas normativas que han sido discutidas en este mismo Parlamento, presenta algunos defectos en cuanto a las garantías de aplicar sanciones con perfecta objetividad. El hecho de que quien decide sobre la aplicación de una pena sea una sola persona, que investiga, acusa, sentencia, pero que, además, mediatiza y delega su labor en el actuario, que no está preparado para ello -práctica muy común-, es un elemento que apunta en esa dirección. En definitiva, uno deduce que la posibilidad de error del sistema es alta.
Lo anterior, me lleva a la conclusión de que la condición previa para legislar restrictivamente en esta materia y liberar al Presidente de la República de esta facultad -que no sólo aparece como posiblemente excesiva en doctrina, sino que también como muy poco deseada de parte de quien ejerce la Primera Magistratura- es de que exista la figura de los jueces de ejecución de penas, que contempla la reforma del sistema penal. De manera que haya informes objetivos sobre el comportamiento de los reos y otros antecedentes que permitan otorgar o no el indulto.
La otra razón, que por ahora no le veo una respuesta, son los problemas de tipo humanitario que se generan y que el sistema jurídico no le da resolución. El hecho de que se presenten enfermedades terminales en personas enfermas de SIDA, etcétera. Por ejemplo, me han citado el caso de un estudiante de arquitectura que fue condenado por cuasidelito de lesiones, lo que le impidió terminar su carrera y, en definitiva, se le liquidó su vida. Francamente, me da la impresión de que existe una desproporción brutal entre la infracción cometida por esta persona y la pena que recibió.
Por último, debo señalar que estadísticamente los indultos presidenciales son excepcionalísimos. Según los antecedentes que me ha suministrado el Ministerio de Justicia, no se otorga más del 5 por ciento de los que se solicitan. Es así como en 1997 se otorgaron 18. De manera que existiendo otras situaciones pendientes no me parece oportuno legislar en este sentido.

El señor LARRAÍN.- ¿Me concede una interrupción, Honorable colega, con la venia de la Mesa?

El señor BOENINGER.- Por supuesto.

El señor LARRAÍN.- Desde ya me hago cargo de su interés por estudiar la supresión de esta institución, porque creo que para allá van las cosas.
En todo caso, en cuanto a lo afirmado por su Señoría, en el sentido de que las resoluciones judiciales son subjetivas y no confiables, dado que pueden intervenir terceros -sabemos lo maleados que están- como puede ser un actuario, deseo manifestar que, en realidad, no obstante todos los errores de las instituciones y las personas, quienes resuelven finalmente estos casos no son los actuarios, sino los jueces, y son revisados por la Corte de Apelaciones. Además, existe la Corte Suprema. Es decir, hay todo un sistema de chequeos, de contrapesos, de recursos que hacen que al final los errores, que siempre van a existir, sean marginales.
En seguida, el caso específico del alumno de arquitectura que Su Señoría ha planteado, no tiene relación alguna con el proyecto, porque igual no se halla afectado.
Gracias por la interrupción, señor Senador.

El señor HAMILTON.- Con la venia de la Mesa, quiero pedir una interrupción al Honorable señor Boeninger.

El señor BOENINGER.- Con mucho agrado.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, creo que no es necesario plantear el problema desde el punto de vista de que los tribunales pueden equivocarse, lo que humanamente tiene que ocurrir, más de lo que uno conoce. El problema es otro. Los tribunales deben aplicar la ley y valorizar la prueba de acuerdo con las normas que la propia legislación establece. En consecuencia, están restringidos a un sistema formalista legal.
Lo que hace el indulto es otra cosa. Ante todo, es absolutamente excepcional. No todos los casos son revisables, sino un mínimo de ellos, y no están sometidos a formalismo alguno. Allí se pueden considerar razones de Estado, humanitarias y otras, que han sido las que han justificado a través de la historia la existencia de la institución del indulto hasta el día de hoy en todos los países civilizados.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Boeninger.

El señor BOENINGER.- Terminé, señor Presidente.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Finalmente, tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, una moción de orden. ¿Por qué no empezamos a votar? Debo ausentarme de la Sala.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Señor Senador, se ha solicitado aplazamiento de la votación por parte del Honorable señor Hamilton, en representación del Comité Demócrata Cristiano. Conforme a las normas reglamentarias, la Mesa no puede poner en votación el proyecto ahora.
Por lo tanto, una vez terminada la intervención del Honorable señor Lavandero, vamos a suspender la sesión por unos minutos.

El señor PÉREZ.- No se puede aplazar la discusión, señor Presidente, porque ya se pidió segunda discusión en una sesión anterior.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Se ha solicitado aplazar la votación, conforme al Reglamento.

El señor FERNÁNDEZ.- Pero el señor Senador no es Comité.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Los artículos 15 y 16 del Reglamento señalan que en ausencia del Comité lo puede hacer cualquier señor Senador miembro de él. De modo que la Mesa debe acceder a la petición del Honorable señor Hamilton, porque reglamentariamente corresponde.
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero; posteriormente, suspenderemos la sesión.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, considero inoportuno tratar en primer lugar este proyecto. Sobre todo, cuando -como ya se ha dicho- se está efectuando una modificación profunda al Código de Procedimiento Penal. Además, todo el aparato penal se está proyectando ya en algunas regiones del país.
En segundo término, creo que la materia que nos ocupa, tal como se ha planteado acá, no tiene que ver con la aplicación de la justicia. Me parece que son dos ámbitos distintos. La aplicación de la justicia está a cargo del Poder Judicial y nosotros debemos tratar de proporcionar las herramientas para que ella se pueda perfeccionar en la mejor forma posible. Pero muy diferente es el ámbito en que incide el tema de que trata el proyecto que estamos analizando hoy, que es el indulto. Diversos tratadistas han separado tajantemente esta materia desde hace mucho tiempo.
Por lo tanto, no es bueno decir o tratar de confundir este asunto, señalando que la forma de aplicar el indulto o la aplicación del mismo enerva la acción de la justicia ordinaria. Eso es absolutamente equivocado.
Además, como tercera razón, debo señalar que el hecho de que se condene en virtud de lo establecido en la ley, muchas veces, no tiene que ver con la justicia. Y aunque parezca insólito, así ha ocurrido. Porque no siempre se consideran diversas circunstancias especiales que, no obstante no estar contempladas en el Código Penal, aminoran la responsabilidad.
El cuarto argumento, que también se ha citado aquí, es que hay momentos en que la justicia se puede equivocar. O bien al aparato encargado de aplicar la justicia no le es del todo posible considerar todos los elementos necesarios para poder aplicar la ley con propiedad.
Hay algunos casos, a mi juicio, bastante notables. En Curicó se condenó a una persona, y durante seis años estuvo pagando la culpa de otro. ¿Quién le devuelve a esa persona ese tiempo de condena indebida? Y así podría citar otros casos en los que la justicia se ha equivocado. Es lógico que se pueda equivocar. Nadie es infalible. De tal manera que, frente a una equivocación de la justicia, debe existir la posibilidad de otorgar el indulto por otras razones. Tal como se ha señalado, hay razones de Estado, de humanidad. Y estas razones no sólo han existido siempre en nuestro país, sino también en diversas naciones.

El señor ZURITA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor LAVANDERO.- Con todo agrado.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor ZURITA.- Creo que no sólo es necesario que la justicia se equivoque. Si aun una buena sentencia es posible que no deba cumplirse. El fin del Derecho Penal no es convertir a la sociedad en una jaula de animales presos, sino rehabilitar.
Por eso, estimo que limitar la facultad de que se trata no es bueno. El Presidente de la República puede enmendar -no digamos "el error"- las malas conclusiones. Entonces, debe tener facultad para decir que un individuo se está rehabilitando o ya se rehabilitó.
Ya los romanos sentenciaron: "Summum jus, summa injuria". No es cierto que "Dura lex, sed lex". No. La ley dura a veces es demasiado dura y comete una "summa injuria".
En consecuencia, me parece que debe mantenerse tal facultad, porque los tribunales tienen que ajustarse férreamente al marco de la ley. Y el daño que la condena produce en otras personas sólo puede remediarlo el Ejecutivo o quien tenga facultad para modificar.
Gracias, señor Senador.

El señor HAMILTON.- ¿Me permite una pequeña interrupción, Honorable colega, para no perder el hilo del debate?

El señor LAVANDERO.- Con todo agrado, con la venia de la Mesa.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, celebro haber escuchado al Honorable señor Zurita, porque exactamente lo que sostiene justifica la institución del indulto.
El proyecto llegó tan lejos en su presentación inicial, que se confundía al Poder Judicial con la institución del indulto. Porque incluso se planteaba que para poder indultar se debía escuchar al tribunal que impuso la condena; y éste, a su vez, podía solicitar a la Corte Suprema que se opusiera al beneficio. El Máximo Tribunal, por supuesto, rechazó esta norma en el informe que entregó al Senado, porque nada tiene que ver el procedimiento judicial con el fundamento del indulto, por las razones que, a mi juicio, con mucha claridad ha expuesto el Honorable señor Zurita.
Muchas gracias, Su Señoría.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, estamos discutiendo el informe, no las modificaciones que aceptamos en él.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Continúa con el uso de la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, deseo agradecer al Senador señor Zurita, porque ha entregado -a lo mejor con más propiedad que yo- un complemento muy interesante y en el mismo sentido de lo que estoy expresando.
Lo mismo hizo el Honorable señor Hamilton al distinguir -tal como yo- que una cosa es la justicia, y otra, completamente separada, la aplicación del indulto.
Finalmente, deseo agregar -esto no es vanidad- que soy el Parlamentario más antiguo del Senado. Comencé en 1957, y he permanecido en el Congreso Nacional ininterrumpidamente, salvo durante los 17 años negros que nos tocó vivir, en que él fue cerrado.
En épocas pretéritas, gobernantes de toda índole -por ejemplo, en tiempos de los Presidentes Ibáñez, Alessandri, Frei- ejercieron esta facultad. Y, curiosamente, siempre la Oposición tomó como bandera de lucha el evitar que el Primer Mandatario indultara.
Entonces, no es una bandera sensata la que enarbola el proyecto en debate, sino una bandera con trasfondo político. Y el trasfondo político está destinado a disminuir las facultades del Presidente de la República. Éste es el objetivo de la iniciativa.
Pero se llega a lo increíble cuando el artículo 10 de la moción pertinente dispone que "Los decretos que concedan indulto serán comunicados a la Cámara de Diputados y se enviarán conjuntamente todos los antecedentes.".
¿Para qué servirá esa disposición? Por supuesto, para que la Oposición pueda controvertir un indulto.
Estimo, señor Presidente, que en un Gobierno de la Derecha o bajo el Régimen del General Pinochet jamás se habría presentado este proyecto, porque¿

El señor HAMILTON.- ¡Porque en el Régimen del General Pinochet no había Congreso¿!

El señor LAVANDERO.- No solamente porque no había Congreso. Porque la Junta de Gobierno decía que para algunas cosas era el Parlamento, y para otras, no, según fuera el caso. Por supuesto, cuando presentamos una acusación constitucional, la rechazó sosteniendo que no era el Congreso Nacional. ¡Pero igual trató de legislar¿!
Por lo expuesto -y también porque ha llegado la hora-, me opongo a la aprobación del proyecto en debate, tanto más cuanto que faltan antecedentes y algunos de los argumentos escuchados aquí son extraordinariamente discutibles.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Señores Senadores, como la votación ha sido aplazada, corresponde seguir analizando la iniciativa en la próxima sesión.
El señor Secretario dará cuenta de un asunto, y luego suspenderé la sesión.

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- Ha llegado a la Mesa una solicitud de permiso constitucional formulada por el Honorable señor Pérez para ausentarse del país por más de 30 días, a contar del 18 del mes en curso.
--Se accede.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Se suspende la sesión por 15 minutos.
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--Se suspendió a las 12:32.
--Se reanudó a las 12:49.
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El señor RÍOS (Vicepresidente).- Continúa la sesión.
Se suspende la sesión por 15 minutos.
_____________________
--Se suspendió a las 12:49.
--Se reanudó a las 12:53.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Continúa la sesión.
Solicito autorización para que ingresen a la Sala el Subsecretario de Hacienda, señor Manuel Marfán; don Álvaro Díaz, asesor del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción; y la señora María Eugenia Wagner, asesora del Ministerio de Hacienda.
--Se accede.



REBAJA DE ARANCELES Y ENMIENDAS A NORMAS TRIBUTARIAS Y ECONÓMICAS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El señor Secretario ya hizo la relación del proyecto que rebaja la tasa de aranceles a las importaciones e introduce otras normas tributarias y económicas.
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el señor Presidente de la Comisión de Hacienda.

El señor FOXLEY.- Señor Presidente, esta iniciativa reviste importancia fundamental como paso adelante de un país que ha seguido determinada estrategia de desarrollo -en línea gruesa, muy exitosa-, y que pareciera estar sometida a prueba o cuestionada por algunas circunstancias externas.
Creo que aprobar en este momento una rebaja de la tasa de aranceles, unido al reciente despacho del proyecto que modifica la legislación de mercado de valores, constituye la reafirmación de una política que ha brindado buenos resultados y, también, una señal muy positiva de confianza en lo que, como país, se ha aplicado en materia de desarrollo económico.
Estas normas se discutieron extensamente en la Cámara de Diputados y han tenido amplia difusión en la opinión pública. También han merecido numerosas consultas entre los Senadores. Y en el momento en que la Sala las debate, considero importante expresar un reconocimiento, desde luego, a todos los que participaron en esas conversaciones, especialmente a quienes han contribuido grandemente a la aprobación -así lo espero- de lo que será un protocolo de acuerdo, que se está redactando en su forma final y que firmarán un número significativo de Senadores de todos los sectores políticos. En ese sentido, debo valorar particularmente los aportes de los Honorables señores Gazmuri, Ominami, Cariola y Romero, (quien propuso que algunas de las medidas compensatorias que también quedarán consagradas en la ley); de la bancada Demócrata Cristiana, cuyos miembros han adoptado uniformemente una posición constructiva en esta materia; y de los Senadores institucionales, con quienes hemos conversado en varias oportunidades y que también, en términos generales, han considerado que se está dando un paso necesario, precisamente, en las actuales circunstancias externas.
La iniciativa -como es muy conocido- refleja en buena medida el diálogo entre Gobierno y Parlamentarios. Inicialmente se planteó una rebaja bastante brusca de aranceles; finalmente se propone una disminución gradual de un punto por año, lo que, a mi juicio, ayudará a que los sectores productivos más vulnerables o sensibles dispongan de un período de ajuste paulatino con miras a aumentar su competitividad y productividad.
El proyecto procura cambiar la estructura tributaria del país más que reducir simplemente unos impuestos, que en este caso serían los aduaneros. Por eso, simultáneamente con bajar la tasa de aranceles se suben algunos impuestos, fundamentalmente los que gravan el consumo.
Además, el cambio de estructura tributaria tiene por objeto lograr un efecto neto neutro en el nivel de gastos de la economía. No sería apropiado ni prudente que, en momentos en que debe incrementarse el ahorro, se aprobaran normas que impliquen en términos netos -repito: en términos netos, y por rebajas de unos impuestos sin compensarlas con alzas en otros impuestos- subir el gasto.
Deseo enfatizar la necesidad de que el Senado se pronuncie coherentemente y apruebe en su integridad el proyecto en cuanto reduce y aumenta impuestos. Sería fatal generar alguna brecha de financiamiento. El mercado lo interpretaría como una señal en el sentido de que esta Corporación está actuando contra lo que se necesita en este momento para ajustar la economía nacional, en consideración de las deterioradas condiciones internacionales.
La iniciativa también propone una adecuación gradual a ciertos compromisos internacionales contraídos con la Organización Mundial de Comercio, producto del acuerdo final de la Ronda Uruguay del GATT. En tal sentido, fija un calendario para la reducción de los reintegros a las exportaciones y para el pago diferido de aranceles a las importaciones de bienes de capital, complementándolo con una condonación de aranceles ligada al desempeño exportador. Estos dos temas se discutieron extensamente durante los pasos previos a la presentación del proyecto en el Senado, llegándose a algunas resoluciones bastante amplias en cuanto a que los recursos que el Fisco ahorre como consecuencia del desmantelamiento de dichos mecanismos serán utilizados, en parte -y sólo en parte-, para compensar la reducción de la tasa arancelaria, y en proporción bastante significativa se redirigirán, focalizadamente, a políticas de fomento, en particular en el sector de la pequeña y mediana empresas.
Es sabido que producto de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio se ha cambiado un poco el enfoque de los sistemas de fomento, que es legítimo subsidiar desde el punto de vista de las reglas multilaterales del comercio mundial. El proyecto avanza significativamente hacia la disminución de las modalidades de reintegro, pero -reitero- canalizando los recursos hacia formas de incentivos a la pequeña y mediana empresas, que les permitan, de acuerdo con las nuevas reglas de la OMC, mejorar su gestión, promover la asociatividad entre ellas, fortalecer la innovación empresarial, la promoción de exportaciones, etcétera. En lo concreto, se dispone que dos tercios de los recursos que se ahorren por reintegro simplificado se redirijan hacia el fomento de la pequeña y mediana empresas.
Otra materia que se discutió en la Comisión de Hacienda fue el pago diferido de derechos de aduana y la condonación de aranceles ligada al desempeño exportador. Senadores de distintos sectores políticos formularon observaciones en orden a intentar una mejor solución que la consignada en el proyecto de la Cámara, especialmente para que el desmantelamiento de este mecanismo sea más gradual, más suave, y no interfiera con derechos adquiridos que puedan existir o que se creen de aquí al momento de la aplicación efectiva de la norma. El Ejecutivo presentará una indicación -entiendo que ya está redactada- que resuelve adecuadamente la objeción hecha presente por distintos sectores respecto de este punto.
La iniciativa también recoge la observación de algunos señores Senadores en el sentido no sólo de explicitar la mantención de las bandas de precios para productos agrícolas como mecanismo permanente que el país mantendrá a futuro, sino, además, de introducir un desfase entre la reducción gradual de la tasa de aranceles y el momento en que esa rebaja se traduce en una modificación de las cifras que se incorporan para determinar la banda de precios de los productos sensibles. En particular, dichas bandas se van a mantener. Las correspondientes para este año agrícola y el siguiente no se alterarán, pero su aplicación durante el próximo lustro sufrirá un desfase de un año, de manera que cuando la disminución arancelaria se produce el año cero, recién entra en el cálculo de la modificación de la banda en el año uno, y así sucesivamente. De este modo se recoge la inquietud de Senadores representantes de zonas agrícolas, quienes pretenden dar una señal cierta especialmente a los agricultores dedicados a cultivos tradicionales.
Asimismo, en el Protocolo de Entendimiento se contempla el envío al Congreso de una iniciativa de ley especial, una vez que se apruebe el proyecto que ahora debatimos, que disponga un conjunto de medidas de fomento para el sector agrícola, con montos explícitos de recursos fiscales, que fundamentalmente se destinarán a programas de recuperación de suelos degradados y de riego intrapredial.
Al mismo tiempo, se prorroga por diez años la vigencia de la ley de subsidios al riego.
Con estas disposiciones, el Congreso en general, y el Senado en particular, expresarán, con recursos fiscales concretos, su voluntad de fortalecer la capacidad de elevar la productividad del sector, mejorar su tecnología y hacer más competitiva la agricultura llamada tradicional.
Finalmente, conforme al mismo Protocolo, el Gobierno ha contraído el compromiso de enviar otro proyecto, a más tardar el 6 de octubre próximo, para legislar sobre salvaguardias, tema que se va haciendo cada vez más fundamental, dadas las prácticas desleales de parte de socios comerciales del país. Tanto por razones de la crisis asiática cuanto por alguna de sus repercusiones, especialmente en el contexto de los países del MERCOSUR, nos ha parecido indispensable que el Ejecutivo disponga a futuro de un instrumento legal claro que permita actuar con fuerza y prontitud frente a tales prácticas. Al hablar de "actuar con fuerza y prontitud", me refiero a disponer de un mecanismo que posibilite establecer sobretasas arancelarias ad valorem en forma automática, sin perjuicio del proceso de investigación cuando exista presunción fundada de comercio desleal. La idea es que el proyecto de salvaguardias resuelva dos tipos de situaciones: primero, el aumento significativo, drástico, inesperado e inexplicable, de acuerdo con los flujos de comercio normal entre países, derivado del deseo de deshacerse de excedentes de producción, volcándolos en mercados muy abiertos, como sería el de la economía chilena. En tal circunstancia, se pueden aplicar, conforme a los acuerdos de la OMC, disposiciones legales que permitan reaccionar con sobretasas arancelarias, y después, con un proceso de investigación, posibilitando la mantención de esas sobretasas por un período de uno o dos años.
La segunda situación que puede gatillar el uso de estas salvaguardias es la configurada por productores extranjeros que pretendan ofrecer excedentes comerciales a precios notoriamente por debajo del internacional y, desde luego, desalineado respecto de cualquier medición razonable de costo de producción de las mismas.
El país cuenta con un mecanismo de protección para estos casos: la Comisión de Distorsiones, pero también es público y notorio que ella usualmente ha reaccionado -yo diría- con relativa lentitud ante ciertos problemas que enfrentan algunos productores chilenos. Para éstos hay una especie de desigualdad de acceso al mecanismo. De hecho, una empresa muy grande puede investigar en su país de origen una acusación por dumping, pero una pequeña o un agricultor cualquiera tiene enormes dificultades para hacerlo.
Por lo tanto, en la discusiones habidas entre los señores Senadores, se ha considerado la conveniencia de revisar los procedimientos de la referida Comisión y su composición, sugiriéndose que participen en ella expertos independientes. Y si se examinan las normas de la OMC, también es posible pensar en un mecanismo de "gatillación" automática en determinados casos, cuando el problema no sólo sea un aumento inesperado del volumen de importaciones, sino además una baja muy brusca en los precios con que esos productos ingresan al país.
A mi juicio, estos temas constituyen un todo bastante coherente, y la mayoría de ellos se aborda en este proyecto de aranceles, el cual, insisto, debe salir del Senado enteramente financiado. Las normas adicionales quedarán garantizadas por un Protocolo político suscrito por un conjunto importante de Senadores de todas las bancadas. Además, hay un compromiso del Gobierno de cumplirlas rigurosamente.
Al igual como lo hice al principio, deseo terminar mi intervención reiterando mi reconocimiento a los Honorables colegas que participaron en la suscripción del documento, a la bancada democratacristiana, a los Senadores institucionales y, muy especialmente, a los Honorables señores Gazmuri, Ominami, Cariola, Prat, Romero y varios otros que colaboraron para dar envergadura al acuerdo y hacer posible que parte de él se suplemente mediante otras iniciativas que se presentarían oportunamente en esta Corporación.
Señor Presidente, es todo cuando deseaba manifestar. Y espero que, con la intervención de los personeros de Gobierno aquí presentes, a los señores Senadores les sea evidente que este proyecto debe ser despachado, ojalá, con una aprobación muy amplia, a fin de dar una señal clara, sobre todo en el medio internacional, de que tenemos capacidad para resolver temas difíciles, con un respaldo político consensuado entre sectores que habitualmente están situados en distintos rangos del espectro político nacional.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Trataremos de acceder a sus deseos, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Ministro de Economía.

El señor LEIVA (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).- Señor Presidente, seré muy breve, pues desde que el Gobierno anunciara la entrega de una iniciativa legal para rebajar aranceles, ha habido un amplio debate nacional a nivel técnico y político que ha aclarado muchos conceptos.
Sólo deseo subrayar que el proyecto en análisis se inscribe dentro de la estrategia de largo plazo adoptada por el país, en cuanto a la inserción de la economía chilena en el contexto internacional. Dicha estrategia se ha mantenido por más de una década y ha aportado muchos beneficios para Chile, experiencia reconocida por todos los sectores nacionales.
Aquí no estamos tratando un punto de política económica que tiene un efecto simple por una vez, sino dando un paso hacia adelante en la profundización de la estrategia de integración de nuestra economía en el plano internacional. Debemos reconocer que él se dará en un momento difícil para nosotros, precisamente, porque en la economía internacional se ha producido una serie de turbulencias y a muchos socios comerciales del país les afectan crisis importantes. Vale decir, hay una situación que complica las relaciones externas de Chile -evidentemente, ello ha generado consecuencias en nuestra economía- y hará que el próximo año el ritmo de crecimiento que tenemos disminuya en relación al que hemos mantenido durante esta década, incluso al de 1998, que ya se vio afectado por estos problemas foráneos.
Sin embargo, el Gobierno ha decidido mantener los plazos planteados en el proyecto desde su inicio. Esto significa que ha dado una señal clara de que el país enfrentará esta situación difícil sin retroceder en su estrategia de largo plazo, de integración de la economía chilena en el contexto internacional, y que incluso, ante un problema complicado, es capaz de profundizarla, porque está convencido de ella y porque las bases de nuestra economía son suficientemente sólidas para poder hacerlo en una situación como ésta.
Ésa es una señal muy importante. En este sentido me sumo a la solicitud planteada por el Presidente de la Comisión de Hacienda, en cuanto a que un respaldo político notable para dar ese paso de profundización es un signo muy valioso dentro del país y en el exterior respecto de la opinión que podamos tener sobre la solidez de nuestra economía y de la estrategia de desarrollo que estamos implementando.
Por cierto, ha habido más controversia en algunos aspectos contenidos en la iniciativa. El Gobierno, desde luego, ha reconocido que determinados sectores quedan más expuestos en el proceso de rebaja de protección arancelaria. Esto ha sido planteado por él como una necesidad de preocuparse por quienes estarán en esa posición frente a la competencia internacional, y dentro de ellos se ha identificado, particularmente, a sectores agrícolas y de la pequeña y mediana industrias rural y urbana.
Respecto de ese punto, ha habido un acuerdo con diversos grupos parlamentarios a fin de realizar programas especiales que tomen en cuenta ese hecho, reconocido por el Ejecutivo. Además, éste se comprometió a elaborar antes del 30 de septiembre, para proponérselas con posterioridad al Congreso, modificaciones a la legislación que rige al comercio exterior, en el sentido de crear una nueva herramienta -es la relativa a la salvaguardia, que se encuentra contemplada en la normativa de la OMC- y de fortalecer en general nuestra institucionalidad para combatir las distorsiones del comercio internacional.
En lo concerniente al desmantelamiento del sistema de reintegro simplificado, nuevamente señalamos que éste no es un aspecto que haya planteado unilateralmente el Gobierno, sino que se desarrolló en un trabajo en conjunto con el sector privado, consensuado con la Confederación de la Producción y del Comercio y los gremios de exportadores, que aprobaron el Programa Nacional de la Competitividad preparado por el Ejecutivo, y hecho público en mayo pasado.
En el debate se ha expuesto, incluso, que la desmontadura del reintegro simplificado se habría podido postergar al menos en un año, respecto de la rebaja de aranceles. Sin embargo, como se hizo presente en la Comisión, ello significaría elevar el componente de subsidio que implica el reintegro, lo que Chile se ha comprometido con la Organización Mundial de Comercio a no realizar. En efecto, además de declarar los mecanismos de fomento con componentes de subsidio, el país suscribió, como todos los que pertenecen a la OMC, el convenio de no aumentar ninguno de esos últimos -en el caso que nos ocupa, a las exportaciones- en todos sus instrumentos de política económica.
Se está planteando una desmontadura gradual, entonces, hasta el 2003, en que el reintegro debe bajar al nivel máximo que nos parece compatible con las normas de la OMC, que es 3 por ciento del valor de la exportación.
Finalmente, en cuanto a las disposiciones sobre bienes de capital -en lo que también se recoge una restricción que nace de nuestros compromisos con la Organización Mundial de Comercio, respecto del castigo de las deudas que contraían los importadores en el rubro cuando postergaban sus aranceles-, ha mediado un trabajo progresivo y se ha considerado una indicación. Se intenta minimizar el cambio de un sistema implementado hasta el momento, pero no compatible con la OMC, a una situación que sí lo sea con las normas respectivas. De manera que la indicación, ya redactada, se presentará a la Sala para que pueda ser votada junto con el proyecto.
Muchas gracias.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, quisiera entrar en el debate con una gran tranquilidad, pero, a la vez, con la fuerza que me da el convencimiento muy profundo de que estamos cometiendo un error de graves proporciones.
Y no deseo aparecer como una persona solitaria en emitir su opinión. Citaré expresiones de algunos documentos del Programa de Asesoría Legislativa (PAL), que consignan juicios, también, para todos los Parlamentarios de la Concertación y avalan la posición que sostengo. En la página 32 del Nº 268 de la Bitácora Legislativa del PAL se dice:
"El primer objetivo es cuestionable respecto del momento elegido para aplicar una medida de largo plazo como es una rebaja de aranceles. Dada la situación delicada de los mercados externos, caben dudas de que este sea el momento más favorable para ello.
"Un escenario difícil como el actual, puede incrementar la incertidumbre respecto de los volúmenes de compras efectuados por el exterior;".
Más adelante se señala que, "Paralelamente, los productores y exportadores de otros países -que enfrentan las mismas dificultades que sus pares chilenos- se encuentran buscando nuevos mercados y también han sido afectados por una disminución en los precios internacionales de los bienes y servicios producidos por ellos.".
Y en otra parte se afirma:
"La disminución de aranceles genera costos de ajuste. Éstos se originan en el traslado de recursos -trabajo, capital, tecnología- desde unos sectores productivos a otros.".
Esos párrafos debieran revestir algún valor para nosotros, puesto que han sido elaborados por economistas de la Concertación.
Pero, además, recogiendo lo que me hizo presente en una oportunidad un Honorable colega que quería que en alguna oportunidad el Senador que habla leyera al entregar su intervención, así lo haré:
"Reducir los aranceles en medio de la crisis económica en curso -que, al decir de "The Economist" tiene al mundo "al borde del precipicio" y coloca a la economía global en la "situación más complicada de los últimos sesenta años"- es un profundo error.
"En la coyuntura actual, una reducción arancelaria se presenta como absolutamente negativa, dado el agudo proceso en curso de sustitución de producción nacional por importaciones que ya afecta claramente a no pocos sectores de la economía," -no solamente a la agricultura- "en particular a pequeños y medianos empresarios.".
En ello discrepo del señor Ministro de Economía, quien asevera que es interesante e importante que el país pueda acceder libremente a la economía internacional. Creo que una de las dificultades serias y graves de Chile es que hemos entrado a tal punto en una economía globalizada y sin regulaciones que, cuando estornudan en Asia Pacífico, en Japón o en Estados Unidos, a nosotros nos provoca una pulmonía.
Y se puede apreciar, por ejemplo, que en los dos últimos años cada uno de los trabajadores que depositan sus fondos previsionales en las administradoras de fondos de pensiones, a consecuencia de malas administraciones en las AFP y los efectos especulativos en las bolsas de valores de esos países, los ahorrantes previsionales han perdido anualmente, en promedio, entre 500 mil y un millón de pesos.
Son efectos de una política también globalizante, a causa de que nuestro país no ha tomado los debidos resguardos económicos para defenderse, a diferencia de lo que hacen los países desarrollados.
Prosigo:
"Este proceso -que no comienza recién, ya que lleva varios años- se agudizó debido al menor precio que tienen en los mercados internacionales los productos de origen asiático, de aquellos países cuyas monedas se han devaluado violentamente en el marco de la crisis. En el primer semestre, de acuerdo a las cifras de balanza de pagos del Banco Central, el precio promedio de los productos importados se redujo en 5%.
"Esta situación se suma a la sobrevaluación que tiene la moneda nacional, provocada fundamentalmente por el fuerte ingreso de capitales desde hace años. En 1997, para citar un ejemplo -siempre de acuerdo a datos oficiales- al país ingresaron recursos externos netos por aproximadamente un 10% del PIB, porcentaje superior en casi dos veces al requerimiento de financiamiento proveniente del elevado déficit en cuenta corriente.
"De otra parte, esta reducción de aranceles afecta en forma negativa, precisamente, al déficit en cuenta corriente, problema actual fundamental de la economía chilena y particularmente peligroso dada la alta inestabilidad existente en los mercados financieros internacionales. Dicho déficit alcanza ya un nivel muy cercano a un 7% del PIB," -y ello resulta grave- "porcentaje que en su momento fue un detonante y un factor determinante en las crisis económicas de México o Tailandia.".
"Entre los argumentos más repetidos para justificar la rebaja de aranceles se encuentra que ello aumentaría la competitividad de las exportaciones. Ciertamente, una reducción de aranceles también beneficia las adquisiciones en el exterior de los exportadores. Pero, de allí a sostener una especie de elevación automática del tipo de cambio real, que aumentaría los retornos en pesos de los exportadores, hay una gran distancia.
"En Chile, el tipo de cambio, como lo demuestra claramente la experiencia de todos los últimos años depende mucho más del movimiento de capitales que del comercio exterior, el cual, por lo demás, ya es fuertemente negativo provocando, por tanto, un elevado gasto de divisas. Si la devaluación no se produce en la actualidad, de otra parte, es por la acción del Banco Central, que desde octubre de 1997 se encuentra empeñado en un duro esfuerzo, de elevado costo, por frenar la devaluación, al privilegiar unilateralmente los objetivos contra la inflación. El uso del tipo de cambio como mecanismo antiinflacionario afecta la capacidad competitiva de los productos chilenos en el exterior. Este costo se expresa en reducción de las reservas internacionales, contracción de la liquidez en muchos momentos, lo cual empuja a un alza violenta en la tasa de interés interbancaria que obviamente repercute -como vemos en estos días- sobre la economía real. Citaré algunos datos que demuestran mis aseveraciones.
En 1993, la deuda externa total de Chile ascendía a 19 mil 186 millones de dólares; en 1998, a 29 mil 187 millones de dólares. En el mismo período, la deuda del sector privado ha aumentado de 10 mil 166 millones de dólares a 23 mil 785 millones de dólares. Esto produce un problema difícil de solucionar en el momento de plena crisis, debido a que no se fue riguroso en los momentos de bonanza.
En Chile, hay grandes temas vinculados al sector exportador que ameritan enfocarse prioritariamente antes que la reducción de aranceles. Por ejemplo, en primer lugar, la estructura exportadora del país basada fuertemente en la venta de productos primarios, problema colocado crudamente de actualidad en el curso de la crisis económica actual, dado que constituye un factor determinante en el fuerte deterioro de los términos de intercambio que provocará -según expresó recientemente el Presidente del Banco Central- una pérdida de mil 600 millones de dólares (2 por ciento del PIB). Y, en segundo término, los grandes diferenciales de rentabilidad que están extrayendo poderosos intereses privados, por las abultadas rentas de que se apoderan con la explotación de recursos naturales, particularmente del cobre.
La estructura de nuestras exportaciones ofrece hoy una gran fragilidad a la economía chilena, porque las estadísticas muestran que las exportaciones de recursos naturales constituyen el 57 por ciento del total, y las de recursos naturales procesados, 33 por ciento. Esto es, 90 por ciento de las exportaciones tiene un grado de elaboración relativamente limitado.
Desde luego, la óptica de análisis de la economía nacional no puede reducirse exclusivamente, de manera unilateral, al sector exportador, que en los últimos años ha sido fuertemente golpeado por las políticas aplicadas y que, en la práctica, no es tratado como un sector preferente para la economía nacional.
Últimamente, por la evolución concreta de la economía, el tema del desempleo está en el centro de la discusión. La medida de reducción de aranceles es claramente negativa en materia de empleo, no sólo por el ya mencionado proceso de sustitución de producción nacional por importaciones, sino porque, incluso colocándonos en el caso de que aquélla constituya un beneficio para algunos sectores exportadores, la elaboración de productos nacionales es nítidamente más intensiva en el empleo de mano de obra. El Presidente de la Confederación Nacional Unida de Mediana y Pequeña Industria (CONUPIA), Germán Dastres, habló con razón de la inoportunidad de la determinación, que -enfatizó- "obligaría a las pequeñas empresas, que aún están sobreviviendo, a cambiarse de productores a importadores, lo cual traería cesantía como consecuencia.". Son ya muchas las empresas que se han transformado, precisamente, de productoras en importadoras. Chile, en vez de exportar trabajo crecientemente lo importa.
En otro plano, la reducción de aranceles significa menores ingresos fiscales, en un momento en que ellos se están reduciendo por el notorio curso declinante de la actividad económica. Una vez más, este menor ingreso fiscal se pretende compensar, a través de impuestos indirectos, lo que no corresponde en un país con una estructura tributaria profundamente regresiva, precisamente por descansar absolutamente en este tipo de impuesto, que genera más del 72 por ciento de los ingresos fiscales.
Señor Presidente, el problema central es saber, con nombre y apellido, quién va a pagar por esta rebaja arancelaria.
El 79,35 por ciento de las familias chilenas obtienen ingresos inferiores a 208 mil pesos mensuales. Y el 20 por ciento de más altos ingresos se lleva más del 62 por ciento de lo que el país produce.
¿Quién va a pagar por las reformas arancelarias que se están proponiendo? Quiero señalar quiénes lo harán en este caso.
Las familias chilenas con ingresos inferiores a 208 mil pesos (cerca del 80 por ciento de la población chilena), gastan todos sus ingresos en comprar, en primer lugar, alimentos que en su mayor parte son de origen chileno -como las papas de la Novena Región, así como las legumbres, las hortalizas, la fruta etcétera-, igualmente producidos casi en su totalidad en las diversas regiones de Chile.
Los pocos productos alimenticios que son en parte importados, como la carne de vacuno o el trigo, provienen de países del MERCOSUR, por lo cual, no se ven afectados por una rebaja arancelaria general. Menos aún, lo son los pollos y pescados, ya que se producen en su totalidad en Chile.
El calzado, cuando no es chileno, viene del MERCOSUR, por lo que escapa también a la rebaja general del arancel.
Solamente en el vestuario tendría un cierto efecto esta rebaja, debido al gran consumo de ropa usada. Otro gran rubro del gasto de la familia chilena, son las viviendas, construidas íntegramente con materiales chilenos.
Entonces, cabe preguntar: ¿Quiénes son los grandes beneficiados con esta redistribución del ingreso producida por una rebaja arancelaria? Evidentemente, los mismos de siempre. En primer lugar, las grandes empresas extranjeras del cobre. Ellas hacen un intenso uso de tecnologías, maquinarias, vehículos, etcétera de origen extranjero, tanto en las inversiones como en el gasto corriente, por lo cual tienen que pagar aranceles. Es muy poco el gasto que tienen en productos nacionales.
Además, los aranceles son los únicos impuestos que esas empresas mineras extranjeras pagan en Chile, porque -como ya lo hemos demostrado ampliamente y que ha sido confirmado por el Servicio de Impuestos Internos-, en su mayoría, están liberadas del Impuesto a la Renta.
¿Qué otros sectores además son favorecidos por la rebaja arancelaria? Naturalmente, todas las empresas que gravitan alrededor de la importación de tecnología, maquinaria, equipo, vehículos para la minería y el resto de la escasa industria nacional, como la celulosa y la tala de bosques.
Adicionalmente, se verán favorecidos con esta rebaja los importadores de materiales electrónicos, de telecomunicación, electrodomésticos y hasta de ropa usada y de basura plástica del lejano Oriente. En ningún caso, se favorecerá a los pobres y la clase media del país.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminó el tiempo de su primer discurso, señor Senador. Puede continuar en el de su segundo discurso.

El señor LAVANDERO.- Solicito algunos minutos más para redondear la idea, señor Presidente.
Como señalaba, en Chile hay grandes temas vinculados al sector exportador.
Desde luego, la óptica de análisis de la economía internacional no puede, por otra parte, reducirse exclusivamente y de manera unilateral al sector exportador, el cual, en los últimos años ha sido fuertemente golpeado por las políticas aplicadas.
Podría entregar algunas cifras para demostrar que los aranceles que cobra Chile son los más bajos de América Latina.
Argentina tiene un promedio de 14 por ciento; Bolivia, 10; Brasil, 14; Chile, considerando los tratados de libre comercio de arancel cero, tiene de promedio un 8,5 por ciento de tasa de arancel; Colombia, 10; Ecuador, 12; Méjico, 13,5; Paraguay, 13,3; Perú, 13,5; Uruguay, 11; y Venezuela, 11,2. Con esto, se desvirtúa que nuestro país tenga aranceles por sobre los que existen en el resto de América Latina.
La CEPAL, en el curso del año, una vez más, insistió, con fundamento, que existe espacio en la región para incrementar la tributación, destacando particularmente el bajo porcentaje que tienen los impuestos directos, en comparación con los países desarrollados. En los países de la OCDE, el 65 por ciento de la recaudación -anota Cepal- corresponde a tipos de tributación directos y en relación con las utilidades, comparándolo con el 25 por ciento de los impuestos directos a los sectores de altos ingresos de América Latina.
En los países de la región, y desde luego en Chile, los tributos descansan en impuestos indirectos al consumo, al IVA, etcétera. De allí, la conclusión de Cepal acerca de "las grandes potencialidades para aumentar la tributación en muchos países, especialmente la directa, con sus correspondientes ventajas redistributivas". En Chile, mejorar la composición tributaria y usar los gravámenes con fines redistributivos, son objetivos que se encuentran absolutamente congelados, desde comienzos de la década. Los impuestos al consumo explican aproximadamente sobre un 70 por ciento de los ingresos tributarios totales y sólo el IVA poco menos de la mitad de ellos.
Aquí deseo hacer referencia a un cuadro estadístico relativo a los ingresos tributarios según tipo de impuestos en 1997. Según él, el monto del Impuesto al Valor Agregado es de 6.157 millones de dólares y los ingresos tributarios netos suman 12.898 millones de dólares. El Impuesto a la Renta explica sólo 2.961,2 millones de dólares.
Según lo anterior, vemos que los impuestos indirectos son el gran porcentaje de la recaudación fiscal; y, si el 80 por ciento de las personas ganan bajo 208 mil pesos mensuales, serán ellas, a no dudarlo, quienes pagarán esta rebaja arancelaria.
¿En Chile se seguirá sin tocar los intereses de los reducidos sectores que se apropian de la mayor parte del ingreso nacional? Políticas tributarias de este tipo acentúan el sistemático proceso de deterioro de la distribución funcional del ingreso, que coloca al país, según el Banco Mundial, entre las naciones más mal clasificadas, si se utiliza este indicador. Ello en un momento en que, al mismo tiempo, se habla de congelar las remuneraciones, mientras que la productividad, según las cifras oficiales, crece sobre el 4 por ciento al año.
La reducción de los aranceles forma parte de un proceso sostenido de abrir sistemáticamente y sin evaluar la economía nacional. El debate de fondo debería consistir en hacer un balance de este proceso que se presenta habitualmente como el único camino posible. Al igual que en muchas otras esferas, el análisis dominante adolece de unilateralidad; se da una visión parcial de sus supuestas o reales ventajas, y se dejan de lado los problemas que conlleva.
En la reunión efectuada en Ginebra durante mayo por la Organización Mundial de Comercio (OMC), varios Presidente de naciones en desarrollo llamaron la atención sobre las desventajas en que quedan en estos procesos los países del llamado Tercer Mundo, al reducirse, en la forma como se hace, las barreras comerciales. En la liberalización comercial no todos los países ganan, como se sostiene frecuentemente, sino que se agudiza el proceso de diferenciación a nivel mundial.
Recientemente, un dramático estudio del PNUD estableció que los 225 personajes más ricos en el mundo acumulan una riqueza equivalente a la que tienen los 2.500 millones de habitantes más pobres (el 47 por ciento de la población mundial). En el informe de hace sólo dos años se sumaban las fortunas de 358 multimillonarios -ya se ha reducido a 225- para llegar a un monto similar. Las desigualdades alcanzan niveles de escalofrío: "Las tres personas más ricas del mundo tienen activos que superan el PIB combinado de los 48 países menos adelantados". El PIB de China, el país más poblado del mundo con 1.300 millones de habitantes, lo supera la riqueza conjunta de 84 de los 225 millonarios citados.
En el caso de Chile, es necesario hacer un balance del proceso de apertura irrestricto seguido antes de proceder a dar nuevos pasos, por lo demás absolutamente unilaterales y que, por tanto, no generan ventajas en otros mercados. En lo fundamental, el país continua siendo un exportador de materias primas y de productos industriales de bajo valor agregado. La invasión de productos importados es muy grande. La experiencia revela que la apertura va acompañada, generalmente, de un creciente déficit comercial.
De otra parte, se ha establecido como verdad indiscutida que las reducciones de aranceles deben necesariamente ser generales, a pesar de que la multitud de acuerdos de libre comercio ha conducido a una estructura arancelaria no homogénea. Los aranceles pueden usarse en forma diferenciada de manera de estimular sectores económicos que al país le interesan, y gravar con porcentajes mayores aquellos bienes que no conviene estimular.
Para terminar, señor Presidente, quiero señalar que éstos son los grandes temas de fondo en los cuales debería centrarse la atención, en vez de empujar un nuevo proceso de reducciones arancelarias unilaterales que genera objetivamente en el país numerosos problemas y contradicciones.
Pero aparte de las materias señaladas existen otras. En nuestro país hay más de 120 personas jurídicas -haciendo una comparación con los multimillonarios internacionales- que obtienen un total de ingresos superior al 20 por ciento del que recibe el Estado chileno, quien debe realizar las tareas de solidaridad, educación, Administración Pública, jubilados, Fuerzas Armadas, etcétera. 120 personas perciben más ingresos con esta estructura que todo el Estado. Y seguir en este sistema de rebajas arancelarias compensadas con impuestos indirectos no nos lleva sino en una sola dirección: a que sea más regresiva la ya injusta redistribución del ingreso.
Si a ello agregamos que este país tiene la más baja carga tributaria del mundo con relación a su producto, podemos observar que estamos implantando gradualmente un sistema absolutamente injusto. Porque el 80 por ciento de los chilenos -entre los cuales se encuentran las personas que ganan menos de 208 mil 400 pesos mensuales- contribuye mayoritariamente a la generación de recursos estatales. El 72 por ciento de los ingresos que obtiene el Fisco para sus tareas provienen de los impuestos al consumo, fundamentalmente de ese 80% de chilenos que tienen rentas inferiores a los 208 mil 400 pesos .
Por estas razones, señor Presidente, me veo obligado a votar en contra del proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Como habíamos acordado suspender la sesión a las 13:45 para asistir al cóctel con motivo de Fiestas Patrias, quiero proponer proyecto reanudarla a las 15:30, ya que todavía faltan nueve inscritos por intervenir, y proceder a la votación en general a las 17. En ese momento, los señores Senadores cuya intervención se encuentre pendiente, harían uso de la palabra con prioridad durante la fundamentación del voto. Luego, dejaríamos sin efecto la discusión particular y procederíamos a la votación respectiva. con derecho a fundar el voto. Así podríamos terminar las ocho votaciones a una hora más o menos razonable.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, yo no tendría inconveniente en dar el acuerdo, pero sucede que los últimos inscritos, cuando empiece la votación, tendrán sólo cinco minutos para fundar su voto.
Como mi deseo es intervenir por un tiempo mayor, para lo cual solicito que me inscriba en la lista de oradores, sugiero comenzar la votación general a las 18, a objeto de hacer uso de la palabra por el tiempo necesario.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Hay una proposición formulada por el Senador señor Larraín para comenzar la votación a las 18.
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.


El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, complementando la proposición de la Mesa, sugiero aumentar el tiempo de la fundamentación del voto para los ya inscritos. Por lo tanto, la votación general podría comenzar a las 17 y aquellos que no alcanzaron a intervenir, hagan uso de la palabra durante la votación por 10 minutos.

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, también podríamos, por acuerdo de la Sala, disminuir las intervenciones de 15 a 10 minutos a partir de las 15:30.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, yo me opongo a disminuir el tiempo. No son tantos los inscritos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En ese caso, para evitar la discusión, propongo votar en general a las 18, y luego, dejar sin efecto la discusión particular y proceder a la votación respectiva, donde sólo se podrá fundar el voto.
¿Habría acuerdo?

El señor NÚÑEZ.- ¿Y por qué no a las 17, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Porque algunos Senadores no quieren que se les reduzca su tiempo y hay varios inscritos.

El señor SABAG.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SABAG.- Señor Presidente, en ese caso se encuentra el Honorable señor Larraín. Por lo tanto, ¿por qué no se le da la palabra primero durante los 15 minutos que le corresponden, y a las 17 procedemos a votar en general el proyecto?

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, habría que ver cuántos son los Senadores inscritos que restan por hacer uso de la palabra. Así podemos calcular el tiempo.

El señor GAZMURI.- Es mucho tiempo, señor Senador.

El señor ERRÁZURIZ.- Fui uno de los primeros en inscribirme, así que no me afecta el problema del tiempo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Hay 11 señores Senadores inscritos, lo que significa 165 minutos. Es decir, dos horas y 45 minutos de debate.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, propongo reanudar antes la sesión. Podemos emplear menos tiempo en la hora de almuerzo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No se puede, Su Señoría, pues debe constituirse la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
La Mesa propone a la Sala iniciar la votación general a las 18, sin perjuicio de que pueda adelantarse en caso de que la discusión general concluyera antes de dicha hora.

El señor ERRÁZURIZ.- Conforme.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Luego de la votación general, correspondería pronunciarse en particular,...

El señor LARRAÍN.- Sin discusión.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿sin discusión, sólo con fundamentación de voto, sobre los artículos que no haya habido unanimidad, sin perjuicio de que los miembros de la Comisión señalen los que pueden ser despachados mediante votación económica.
¿Habría acuerdo?
Acordado.


El señor FOXLEY.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor FOXLEY.- Señor Presidente, deseo reforzar lo que acaba de señalar, en el sentido de que a las 15 se constituye la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en la sala 9. Me parece que sus miembros deben estar informados oportunamente.

El señor STANGE.- Solicito que me inscriba para hacer uso de la palabra, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Así lo haré, señor Senador.

El señor MORENO.- Antes de suspender la sesión, señor Presidente, ¿podríamos conocer la nómina de los Senadores inscritos para el debate?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No hay inconveniente, señor Senador. Se la haré llegar por intermedio de Secretaría.

El señor PÉREZ.- ¿Por qué no la da a conocer ahora, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Los Senadores inscritos son los señores Pérez, Errázuriz, Novoa, Zaldívar (don Andrés), Ominami, Romero, Gazmuri, Ríos, Sabag, Larraín, Moreno, Stange, Díez y Prat.

El señor HORVATH.- Inscríbame, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Con todo gusto, Su Señoría.
Cerradas las inscripciones.
Se suspende la sesión.
_____________________
--Se suspendió a las 13:53.
--Se reanudó a las 15:37.
_____________________

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, ante todo, quisiera referirme a los beneficios de la rebaja de aranceles.
En primer término, fortalece una política de apertura que viene dando éxito en Chile desde hace más de 20 años, y eso es una muy buena señal para los agentes económicos nacionales y extranjeros.
En segundo lugar, da al sector productivo un impulso mayor de competitividad, y desde ese punto de vista, contrariamente a lo que señaló el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, fomenta el empleo.
En tercer término, la rebaja se orienta a reducir los precios de los bienes finales, en beneficio de los consumidores, lo cual contradice, también, lo que señaló el señor Senador que me antecedió.
El que la rebaja sea pareja responde al buen principio de una adecuada asignación de recursos en una economía libre, pues resalta las naturales ventajas comparativas que ofrecen la economía y el desarrollo del país.
Señor Presidente, lamento que no se encuentre en este momento el Senador señor Lavandero, porque deseo responder a algunas de las afirmaciones que ha hecho en forma reiterada sobre el sector de la minería. En cualquier caso, dejo constancia de que le avisé que iba a hacer alusión a sus planteamientos sobre este tema.
Así como hablamos del beneficio de los aranceles parejos, me parece que para la correcta asignación de los recursos y para resaltar las ventajas comparativas de un país los impuestos deben ser parejos en los distintos sectores productivos. Tener reglas claras y parejas es un requisito fundamental de la economía. Porque, uno podría preguntar: ¿Por qué no un impuesto a la ganadería? ¿Por qué no un impuesto a los granos? ¿Por qué no un impuesto a los salmones?
Del sistema tributario vigente en Chile no se desprende que la inversión extranjera tenga ventajas tributarias, porque el impuesto de primera categoría de 15 por ciento sobre la utilidad devengada es aplicable a cualquier empresa chilena con capital nacional o extranjero, de cualquier rubro y bajo cualquier tipo de sociedad.
Si la empresa matriz es chilena, recibe la utilidad y el crédito al impuesto pagado, pero si es extranjera, al remesar la utilidad debe pagar un impuesto adicional de 42 por ciento o de 35 por ciento, en su caso, con el crédito de 15 por ciento ya pagado, dependiendo de si tiene o no tiene garantizada la tasa de impuesto adicional.
Si la matriz chilena tiene pérdidas superiores a las utilidades de la empresa filial, se anulan las utilidades de ésta, conservando el crédito de 15 por ciento del impuesto pagado. En cambio, si la matriz es extranjera y tuvo pérdidas, ello no afecta al pago del impuesto que su filial chilena debe cancelar al remesar sus utilidades.
Por otro lado, creo muy importante señalar, de una vez por todas, que toda persona tiene derecho a tener sus propias opiniones, pero nadie tiene derecho a tener sus propias cifras. Se dice que las empresas privadas de la gran minería del cobre pagan 137 ó 147 millones de dólares de impuesto a la renta al año. No obstante, como se reconoció el otro día en una sesión ampliada de la Comisión de Minería del Senado, solamente la Compañía Minera La Escondida paga en impuesto a la renta 250 millones de dólares al año.
Estas comparaciones resultan equívocas, porque no se considera la edad de las inversiones por el efecto de las depreciaciones; las tasas de impuesto, que son distintas para CODELCO y para la minería privada; y, lo que es más importante, las características de cada proyecto. En lo futuro, cuando las depreciaciones y amortizaciones de las actuales inversiones extranjeras se hayan realizado, la gran minería privada del cobre y del oro tributará más que CODELCO en todas las categorías de impuestos en que ambos "compitan".
Según don Francisco Tomic, Presidente del Consejo Minero, el año 2002, por el solo concepto de impuesto a la renta, las empresas de la gran minería del cobre y el oro privadas, cuando estén en un régimen de plena utilidad, tributarán 2 mil 500 millones de dólares al año¿

El señor LAVANDERO.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

El señor PÉREZ.- Con mucho gusto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero, con cargo al tiempo del señor Senador que está interviniendo.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, es efectivo que, a lo mejor, algún día algunas empresas van a pagar. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de la Compañía Minera Disputada de Las Condes que, en 15 años, no ha cancelado un solo centavo, a pesar de ser la segunda productora nacional de cobre privado chileno. Según el informe de Impuestos Internos que Su Señoría no ha querido reconocer -pronto saldrá otro-, en 1966 toda la minería privada del cobre, que produce el 61 por ciento del total, pagó 137 millones 700 mil dólares, frente a los mil 700 millones de dólares que pagó CODELCO.
Señor Presidente, simplemente he querido retrucar las cifras mal señaladas por el señor Senador.

El señor PÉREZ.- Muy bien, pero el Honorable señor Lavandero está atrasado 32 años en las cifras, porque desde 1966 a 1998 han pasado 32 años¿

El señor LAVANDERO.- Si entiende mal, no es culpa mía, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Pérez.

El señor PÉREZ.- Ahora, respecto a la Compañía Minera Disputada de Las Condes cabe señalar que no es la segunda productora de cobre de Chile; es, más o menos, la décima. Y ha pagado más de 100 millones de dólares en impuestos distintos al IVA.
Además, en las dos fases en que ha habido alza del precio del cobre en este tiempo, en una oportunidad sufrió un alud y debió paralizar las faenas, y en la otra realizó una ampliación. La compañía tiene un costo de producción de 105 centavos de dólar la libra.
No obstante, si fuera cierto lo que dice el Senador señor Lavandero y la Compañía Minera Disputada de Las Condes no paga impuestos, a vista y paciencia de la ley chilena, Su Señoría debiera hacer una fiscalización del señor Director Nacional de Impuestos Internos, por la complicidad que puede tener con la empresa, o bien pedir a los Diputados de su Partido que investiguen por qué esa compañía le roba la plata al Fisco. Pero, hasta donde yo entiendo -lo dice en sus memorias-, no ha tenido utilidades durante los últimos 15 años.

El señor LAVANDERO.- Son cifras de Impuestos Internos, no mías¿

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, no voy a conceder más interrupciones.
En todo caso, aun cuando la gran minería no se encuentra en un régimen tributario de plena utilidad, su gravitación en el desarrollo del país se puede demostrar por el monto que estas empresas han pagado el año pasado en IVA, impuesto único al trabajo -es cierto que se recupera, porque se exporta-, tributos que pagan los contratistas, etcétera, que se acerca -estoy hablando de IVA- a los mil millones de dólares para el año tributario recién pasado.
Hay que ver todo lo que significa eso en términos de desarrollo para las Regiones del norte. Si en los últimos años el país ha crecido a una tasa de 7 por ciento -y aquí está el señor Subsecretario de Hacienda-, la Primera, Segunda y Tercera Regiones lo han hecho a una tasa de 14 ó 15 por ciento.
En segundo lugar, el capital extranjero venido al país, fundamentalmente durante los años anteriores, ha sido en minería. Es cierto que, de 5 mil millones de dólares, la inversión minera va a descender a 200 el año 2000. Pero también, en parte, es culpa del propio Senador señor Lavandero, del Ministro señor Villarzú y de otros personeros más, quienes han ahuyentado los capitales foráneos al decir que cuando vengan les van a cobrar impuestos¿

El señor LAVANDERO.- ¡Eso no es efectivo!

El señor PÉREZ.- ¡Por supuesto que lo es!

El señor LAVANDERO.- ¡Ellos siguen invirtiendo¿

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Senador, le ruego no interrumpir.

El señor LAVANDERO.- ¿porque el costo de 35 a 45 centavos de dólar¿

El señor PÉREZ.- ¡Señor Presidente, no concedo interrupciones!

El señor LAVANDERO.- ¿es lo más rentable que hay!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¡Honorable señor Lavandero!

El señor LAVANDERO.- Y aun al precio de 73 centavos de dólar.

El señor PÉREZ.- No deseo ser interrumpido, señor Presidente.
Quiero, simplemente, dar a conocer lo que dice la Corporación del Cobre, organismo contralor de la gran minería del cobre, pública y privada. Tengo los antecedentes aquí. En ellos se señala que la inversión extranjera, que fue de 4 mil 587 millones de dólares en los cuatro años anteriores, descenderá a 169 millones de dólares el año 2000.
El cobre en el mundo no lo produce Chile, señor Presidente: lo producen los capitales foráneos, los capitales transnacionales, esos que no gustan al Honorable señor Lavandero. Si no invierten en Chile, lo harán en otros países. Y de los 12 megaproyectos por realizarse del año 2000 al 2010, 11 están en Indonesia, en África, en Asia, en Perú, en Argentina, y sólo uno de los nuevos se halla en Chile.
Por lo tanto, como lo explicó el Presidente de CODELCO Chile en una brillante exposición durante una reunión a la que asistió el Presidente del Senado, tampoco somos capaces de manejar los precios futuros de los mercados actuales del cobre.
También deseo rectificar lo señalado por el Honorable señor Lavandero en el sentido de que la deuda externa es de 27 mil millones de dólares. Todos los economistas saben que la deuda externa se define como la deuda pública y privada de mediano o largo plazo, menos las reservas del Banco Central. Y eso no llega a 27 mil millones de dólares, sino a cerca de 10 mil millones de dólares.

El señor LAVANDERO.- Si Su Señoría está discutiendo los antecedentes del Banco Central,¿

El señor PÉREZ.- Otra rectificación que deseo hacer al Honorable señor Lavandero¿

El señor LAVANDERO.- ¿debo señalar que acabo de entregar fotocopias de un documento de ese organismo que dice lo contrario.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ruego al Honorable señor Lavandero no interrumpir.

El señor LAVANDERO.- ¡El Senador señor Pérez no puede decir una cosa falsa! ¡Está sosteniendo algo falso!

El señor PÉREZ.- Deseo, señor Presidente, hacer otra rectificación al Honorable señor Lavandero.
Su Señoría está muy preocupado porque el IVA afecta a los sueldos más bajos. La verdad es que los sueldos más bajos se ven beneficiados, porque al menos van a disminuir los precios de los bienes transables.
Pero quiero señalar asimismo que, de acuerdo con un informe que también se entregó, el promedio de ingresos nacionales de la clase trabajadora es del orden de los 234 mil pesos. En el caso de la minería del cobre y del oro privadas, es de alrededor de 850 mil pesos.
Debo hacer presente, además, que rebajar los aranceles en forma pareja al 6 por ciento tendrá un efecto positivo en la economía chilena. La medida se llevará a cabo en un plazo de 5 años y a contar de 1999, de modo que no habrá un efecto real inmediato, tendiendo a postergarse en el tiempo sus beneficios.
Con respecto a los impuestos que se plantean como contrapartida a la rebaja arancelaria, creo que el costo de ésta, que es del orden de 137 millones de dólares al año, bien puede paliarse con los mayores ingresos fiscales que tendrá la economía chilena en los próximos años.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz.

El señor LAVANDERO.- Le envío al Honorable señor Pérez, para que la lea, una fotocopia del documento del Banco Central que refuta lo que aseveró. ¡Y Su Señoría impidió que se insertara en mi exposición!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Senador, le ruego dirigirse a la Mesa y guardar el orden.
Puede hacer uso de la palabra, Honorable señor Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, en primer lugar, vale la pena hacer un breve análisis acerca de qué estamos tratando.
Estamos analizando la conveniencia de rebajar los aranceles. Éstos fueron establecidos como una forma de proteger los mercados en las economías que buscaban su autarquía; es decir, en aquellas que buscaban, dentro de un esquema que en Latinoamérica fue promovido por la CEPAL, cerrarse para lograr el desarrollo interno de los países.
Hoy los aranceles corresponden a un modelo de desarrollo económico del siglo XIX. Estamos ya ingresando al siglo XXI. Por lo tanto, los aranceles constituyen un anacronismo. El ideal sería, entonces, ir reduciendo lo más rápidamente posible estas trabas al comercio y a la globalización mundial.
En segundo lugar, cuando el Gobierno militar estableció el arancel parejo, dentro de una anarquía brutal de distintos tipos de aranceles, actuó bien. Lo hizo para ordenar la economía y lograr, por ende, que los recursos fueran asignados donde realmente hubiese ventajas y no donde el Estado, a través de la discriminación, fuera fijando aranceles más altos o más bajos, como existían antes. El arancel parejo, en consecuencia, cumplió adecuadamente en su momento un objetivo de ordenamiento digno de ser reconocido.
Empero, el arancel parejo no es bueno en el mundo globalizado actual. ¿Por qué? Porque estamos negociando y haciendo pactos con países que tienen aranceles que, por su naturaleza, son diferenciados.
Cuando se celebra un acuerdo, por ejemplo, con Canadá, que tiene aranceles diferenciados e iguales a cero para los bienes de capital y los insumos, y Chile, sobre la base de insumos y bienes de capital con aranceles de 6 o de 11 por ciento, debe competir con los productos terminados de ese país, obviamente estamos en desventaja.
Nuestra actividad exportadora, sin embargo, cuando ocupa insumos, como ocurre en la minería y en todos los demás sectores importantes, obtiene la devolución de esos aranceles. Por consiguiente, la existencia de aranceles en Chile no afecta a las actividades exportadoras relevantes, pues recuperan los aranceles pagados en los insumos (CODELCO recupera todos los meses muchos millones de dólares).
No obstante, los pequeños empresarios no tienen cómo recuperar esos aranceles, porque el trámite es muy engorroso, por una parte, y porque, por otra, se están eliminando los reintegros simplificados, que tenían como propósito estimar que se les estaban devolviendo precisamente los insumos que habían pagado.
En consecuencia, en un mundo globalizado, sería bueno tener aranceles diferenciados. ¿Por qué? Porque el saldo del mundo tiene aranceles diferenciados y estamos entrando en ese saldo del mundo, donde no vamos a cambiar las reglas del juego. Como es obvio, deberemos adaptarnos a ellas y competir dentro de ellas.
Y existe una razón adicional: la gran barrera no es la arancelaria, sino la distancia del flete. Cuando uno trae mercaderías desde los Estados Unidos, el 11 por ciento de arancel no es tan relevante como puede serlo, por ejemplo, dependiendo del tipo de mercadería, el costo del flete pagado.
Entonces, mientras mayor es el valor del producto, menor es la incidencia del flete. Por ejemplo, una pequeña radio altamente tecnificada, con chips, puede tener dos centímetros cúbicos y, sin embargo, pagar un flete bajísimo, pues se puede transportar hasta en avión. En cambio, en las materias primas o en lo que necesitamos para nuestras producciones, el flete sí es muy incidente. Por lo tanto, los aranceles diferenciados son importantes para los efectos de las mercaderías traídas desde otros lugares para integrar nuestras producciones y entrar en una segunda etapa, más relevante, dentro del desarrollo nacional, y no ser meros exportadores de materias primas.
Es conveniente, pues, la existencia de aranceles iguales a cero, adelantando la baja de aranceles, anticipándonos, para las materias primas y para los bienes de capital.
Lo que señalo hoy estoy sosteniéndolo desde hace muchos años. Pero el dogmatismo imperante en el país en determinados círculos, lamentablemente, no permite darse cuenta de la importancia de tener una mentalidad más abierta para entender lo que es el liberalismo. Y los que hoy se declaran liberales tienen una mentalidad dogmática, que es la antítesis de quienes tenemos un pensamiento liberal y, por ende, libre de dogmatismos.
El arancel, como he dicho, se devuelve a los exportadores. Por tanto, no es relevante para las grandes empresas exportadoras y sí lo es para quienes sustituyen importaciones. Porque nadie devuelve al agricultor chileno, por ejemplo, el arancel que ha pagado en sus insumos para producir trigo; y, sin embargo, compite con el trigo argentino, que tiene arancel cero en sus abonos, en sus insumos o en sus bienes de capital.
El arancel parejo daña -como he dicho- a la producción local, a la clase media chilena, a los productores medianos que quieren llegar a ser grandes.
En consecuencia, sería muy importante que la rebaja de los aranceles se hiciera rápido, tan rápido como llevarlos a cero para los insumos y los bienes de capital si, por razones presupuestarias, no se pudiera disminuir el resto con igual velocidad.
Si queremos desarrollar el país, entonces, la verdadera solución no es tanto hablar de los aranceles, sino del tipo de cambio. En las últimas semanas, el arancel chileno ha llegado a ser cero con relación al tipo de cambio; y entre ayer y anteayer el arancel subió porque bajó el tipo de cambio.
Por consiguiente, lo verdaderamente relevante en una economía globalizada, abierta al mundo, donde los países quieren competir, conseguir y conquistar mercados vecinos o más allá de éstos, como es el caso de Chile, con una pequeña población pero con una enorme riqueza, es el tipo de cambio. Éste debe ser, pues, necesariamente mayor.
La Honorable señora Matthei me está pidiendo una interrupción, que se la doy, con cargo a su tiempo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La señora Senadora no tiene tiempo, Su Señoría, así que debe ser con cargo al suyo.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, sólo quiero hacer presente que el tipo de cambio afecta a todos los bienes por igual; en cambio, los aranceles los afectan en forma distinta, de acuerdo con su procedencia.
Los aranceles tienen un problema: el comercio puede proceder de distintos orígenes, pues hay diferencias. Algunos países tienen 6 por ciento; otros, 11 por ciento. Y el hecho de que el tipo de cambio aumente o baje afecta a todos por igual.

El señor ERRÁZURIZ.- Gracias, señora Senadora. Pero no me referiré a lo que ha señalado, porque de hacerlo perderé el hilo de mis planteamientos y aún me quedan ideas que desarrollar.
Como expresaba, el tipo de cambio es verdaderamente importante. Por ende, lo ideal sería que en definitiva, en un esquema teórico, el arancel fuera cero, y el tipo de cambio, adecuado para conquistar las economías del mundo.
Tanto es así, que hoy día se teme que con la crisis pueda venir una competencia de devaluaciones -como la sufrida anteayer por Ecuador o, unos días antes, por Venezuela-, lo cual podría ser bastante complicado. Incluso, estimo que debemos prevenir estas situaciones. Y entiendo que eso es lo que se pretende a través de las cláusulas de salvaguardia -para evitar aumentos explosivos de importaciones- y otras normas, que vale la pena tratar en forma separada.
En el caso del sector agrícola, se negociaron para tal efecto, al ingresar al MERCOSUR, 500 millones de dólares. Como Presidente de la Comisión de Agricultura, me tocó desempeñar un papel activo en la materia. Y debo decir, con honda preocupación, que ese acuerdo no se ha cumplido, porque no se han entregado año a año a los agricultores las sumas comprometidas. Es más, la base de comparación para saber si se entregaban o no fue el Presupuesto del mismo año y no el del año anterior, que era el que debía considerarse. En resumen, lo que se entregó el año pasado fue prácticamente cero, de acuerdo con el Presupuesto.
La baja de aranceles significa, en muchos casos, echar por la borda la ventaja o protección lograda por Chile al negociar su ingreso al MERCOSUR. En esa oportunidad, por ejemplo, nuestro país cedió ciertos mercados, como el de Brasil para las pasas, las ciruelas secas, los vinos, fijándose cupos donde antes no había limitación alguna; esta cesión benefició a Argentina, que aceptó a cambio que Chile estableciera protecciones para su agricultura tradicional.
En mi concepto, esa negociación fue equivocada, porque nuestro país renunció a su agricultura potencial de mayor valor para defender su agricultura tradicional, en la cual tenía menor ventaja comparativa.
Pero rebajar hoy unilateralmente todos los aranceles, incluyendo los que mantuvimos altos por muchos años y a cambio de lo cual renunciamos a ciertos mercados importantes del MERCOSUR, me parece -por decir lo menos- una insensatez.
En resumidas cuentas, señor Presidente, no me cabe duda de que bajar los aranceles aumentará el déficit de la cuenta corriente, si no sube a la vez el tipo de cambio. Bajar los aranceles fomentará el daño, que será colateral al que ya estamos experimentando por efectos de la crisis, si no sube el tipo de cambio. Bajar los aranceles disminuirá los recursos del Estado, que se verán gravemente mermados como consecuencia de la crisis, si no sube el tipo de cambio y aumentan las exportaciones, y si no se incrementa la recaudación por alguna vía paralela creando aumentos en el ahorro -como vengo promoviendo-, que, a mi juicio, debiera ser la gran función del Estado, para lo cual debe contar con los recursos necesarios, que propongo generarlos mediante el IVA.
Ahora, hacer subir el tipo de cambio, el valor del dólar, no es fácil hoy, resulta complicado, porque tenemos una economía indexada. Japón ha devaluado en 40 por ciento su moneda -es decir, ha hecho subir el dólar en ese mismo porcentaje- en los últimos meses, con cero inflación. Lo mismo ha sucedido en Nueva Zelandia y otros mercados, con cero inflación.
En Chile, en cambio, ello no es factible. ¿Por qué? Porque, cuando sube el valor del dólar, no sólo aumenta el valor de los bienes transables -el azúcar, la mantequilla, los tallarines, el pan, etcétera-, sino además, con 30 días de rezago, la UF. Y al subir la UF crecen los valores de todos los bienes no transables que no debieran incrementarse en un proceso de ajuste: los servicios, la colegiatura, las cuotas hipotecarias, los terrenos, en fin. Ello, porque la economía está indexada. Y es por eso que he planteado desde hace tantos años la eliminación de la UF.
Lamentablemente, hoy se busca el ajuste por otra vía, donde pagan los más pobres: la alta tasa de interés, que causa cesantía. La alta tasa de interés significa una disminución del tamaño y desarrollo de las empresas; por lo tanto, menores recursos para el Estado. Y, en definitiva, terminan pagando esa contracción de la economía los más pobres, en vez de que se produzca un ajuste, que podría lograrse con muchos menores costos y con bastante mayor rapidez, sin perjuicio para la cartera de los bancos, sin daño ni quiebra de las empresas, especialmente de las más pequeñas y menos consolidadas, que son aquellas a las cuales debemos ayudar para procurar impedir en el país la concentración de la riqueza.
En síntesis, el proceso de ajuste que Chile necesita hoy será más difícil porque, lamentablemente, tenemos una economía aún indexada. Las naciones que debieron hacer ajustes con economías indexadas terminaron reventando en inflación. Tal ocurrió, por ejemplo, con Israel y Brasil. Nuestro país deberá sufrir un proceso de ajuste difícil y complicado, por las medidas en comento.
Sin duda, señor Presidente, la baja de los aranceles abre mayores espacios para que pueda subir el tipo de cambio sin los efectos colaterales explicitados.
Desgraciadamente, ya se acaba mi tiempo y no alcanzaré a responder a la Senadora señora Matthei. Por tanto, solicito a Su Señoría que, tal como procedí yo, en su momento me conceda una interrupción para contestarle.
Respecto de las cláusulas de salvaguardia que se están planteando, con el mayor agrado las atenderemos en forma debida en el Senado, para evitar que el país importe distorsiones; para impedir que la baja de aranceles sea una ayuda adicional a la crisis internacional; para hacer realidad lo que señaló el propio Presidente Frei en cuanto a que no somos ingenuos; para que los precios del mercado internacional beneficien el desarrollo de nuestro país y no perjudiquen a las empresas, especialmente a las más pequeñas que desean crecer.
Lamento, señor Presidente, que los aranceles no bajen a cero para los insumos y bienes de capital, porque ello deja en desventaja a la economía nacional y a los chilenos frente a su competencia externa, especialmente a los productores sustituidores de importaciones y a los pequeños exportadores que no tienen reembolso de aranceles.
Finalmente, espero que el Gobierno tome todas las medidas del caso para adecuar nuestros mercados a la modernidad del siglo XXI; es decir, para adecuar el tipo de cambio a la realidad que vivimos, en lugar de seguir pensando en los aranceles, que corresponden a un modelo propio del siglo XIX.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, este proyecto, en cuanto significa una rebaja de aranceles pareja, es una señal positiva, porque retoma el camino más adecuado para el desarrollo de Chile, cual es el de orientar su actividad hacia la exportación.
El momento en que se toma esta medida también es adecuado. Frente a la crisis económica que afecta a gran parte del mundo, la mejor señal que Chile puede dar es precisamente la adopción de medidas que fortalezcan sus potencialidades, en vez de refugiarse en su propio mercado, que es pequeño.
Desde ese punto de vista, creo que el proyecto, en lo sustancial, que es la rebaja de la tasa arancelaria, debe ser aprobado. Cabe hacer presente que, si bien ahora esa reducción se asocia a alzas de impuestos que compensan íntegramente los menores ingresos, en otras oportunidades se aprobó sin compensaciones o con compensaciones parciales. Se nos dice que, dada la situación económica actual, no sería coherente acoger esa disminución y rechazar el aumento de impuestos. No estoy de acuerdo con este planteamiento. A mi juicio, es una disyuntiva falsa. Y en todo caso, el despejarla no es responsabilidad de este Parlamento.
En primer lugar, la gradualidad que establece el proyecto dista mucho del anuncio del Presidente de la República de reducir en tres puntos los aranceles durante el primer año de aplicación de la ley. Ello sí habría producido un fuerte impacto en la recaudación fiscal del próximo año, y exigido, a quienes nos oponemos al incremento de impuestos, a la adopción, quizá, de una posición distinta.
En segundo término, la mayor carga impositiva presenta inconvenientes de diversa índole: la que se aplica al tabaco ha suscitado objeciones de tipo constitucional, por estimársela desproporcionada; la que grava a la bencina perjudica mucho a quienes viven en Regiones, cuyo pago de alguna forma compensaría las externalidades negativas de la gran congestión del tránsito en Santiago y, contrariamente a lo que se dice, se trata de un impuesto regresivo porque hoy día millones de chilenos se movilizan en vehículos que utilizan este combustible; y la que afecta a timbres y estampillas, que alza un tributo distorsionador del mercado financiero y respecto del cual siempre se ha manifestado la intención de eliminarlo.
En tercer lugar, si simultáneamente el país enfrenta dificultades económicas, la responsabilidad de ello recae exclusivamente en el Gobierno, que no pudo obtener oportunamente el apoyo de sus propios partidos y Parlamentarios para presentar el proyecto pertinente. Entonces, no me parece aceptable que seamos conminados a aprobar aumentos de impuestos, en circunstancias de que el Gobierno pudo perfectamente haber patrocinado esta iniciativa con mucha anticipación. Incluso una normativa presentada en forma oportuna y con señales más claras -vale decir, una rebaja más pronunciada- podría haber contribuido a que la situación actual no fuera tan grave.
El principal problema que está afectando a la economía nacional, y que es de responsabilidad interna, consiste en la desvalorización del dólar. En los últimos años, el peso chileno se ha ido apreciando con relación a la divisa en una forma que ha hecho perder competitividad al sector exportador. Hoy día quizá el signo más preocupante de nuestra economía es el déficit de su cuenta corriente, que se ha producido porque el tipo de cambio bajo ha impedido el desarrollo de toda la potencialidad exportadora del país y ha estimulado la importación. Entonces, no parece tampoco razonable que se nos obligue a la aprobación de medidas inconvenientes, como son las alzas de impuestos, para lograr un objetivo deseado, como la baja de aranceles, si no se corrigen los verdaderos problemas que están afectando la economía.
El tipo de cambio y el gasto fiscal -que probablemente impide al Banco Central dejar subir el dólar- son las principales causas de la situación económica que nos complica. Realmente, reducir en un punto los aranceles sin compensación no tiene, en orden de magnitud, ninguna gravitación. No puede decírsenos: "Bajen los aranceles, pero suban los impuestos, dada la situación actual", si no se adoptan las medidas correctivas de fondo que la economía chilena necesita.
Finalmente, no me parece indisoluble disminuir los aranceles y no alzar los tributos. Eso impondría al Ministro de Hacienda la tarea de reformular el proyecto de manera de satisfacer su objetivo central sobre la base de otro mecanismo de compensación o con compensaciones parciales.
Quiero también referirme a otro aspecto: el desmantelamiento paulatino del reintegro simplificado, la pérdida de la posibilidad de los importadores de bienes de capital de castigar su deuda por aranceles y el término del beneficio de obtener reintegro por los insumos nacionales que se incorporan a bienes exportados.
Son tres temas distintos. En realidad, me preocupa que de aquí al 1° de enero de 1999 se pierda el derecho a reintegro por la incorporación de insumos nacionales en productos que se exportan. No fue posible lograr información acerca de cuántos eran los productores nacionales de esos insumos que serían afectados. Tampoco pudimos materializar una indicación que postergara la entrada en vigencia de esa norma, razón por la cual anuncio que la votaré negativamente.
El desmantelamiento gradual del reintegro simplificado tiene una explicación que estimo del todo atendible. En la medida en que baje la tasa de los aranceles y no lo haga el reintegro simplificado, efectivamente se están aumentando los subsidios a las exportaciones, y Chile se ha comprometió a no hacerlo. Se obligó a suprimirlos dentro de una fecha determinada, que todavía no vence. La eliminación progresiva de ese reintegro simplificado fue aprobado unánimemente en la Comisión por entender que, si no se tomaba esa medida, se estaban violando acuerdos internacionales suscritos por Chile.
En cuanto a la pérdida del derecho de los exportadores para castigar su deuda por aranceles, el Ejecutivo envió una indicación que, a mi juicio, mejora sustancialmente el proyecto original.
Por último, quiero referirme de manera breve al Protocolo que se ha suscrito para atender problemas que afectan a la agricultura.
Tengo el convencimiento de que la rebaja arancelaria, por lo menos en esta forma tan gradual, no produce efectos muy significativos en la agricultura. Pero también tengo la convicción de que el sector agrícola tradicional ha sufrido, quizás de modo mucho más grave, la falta de competitividad o competencia desigual a consecuencia del bajo tipo de cambio. Y considero razonable que, con motivo de la discusión de estas normas, se haya concordado un compromiso para establecer dos programas muy necesarios para mantener la actividad agrícola en buen pie: uno de recuperación de praderas y otro para estimular obras de regadío. Creo que ello, junto con la reiteración de los compromisos adoptados con motivo de la aprobación del MERCOSUR, viene a hacer justicia a un sector importante de Chile, que ha estado afectado, quizás no tanto por los aranceles, pero sí, y en forma muy grave, por la situación derivada del tipo de cambio.
En síntesis, considero conveniente que el país dé una señal en el sentido de que enfrentará estos momentos difíciles en el mundo manteniendo fidelidad a una estrategia de desarrollo que ha sido exitosa. Creo que, desgraciadamente, en este caso como en otros la reacción es un poco tardía y tal vez no todo lo profunda que hubiéramos querido. Pero, fundamentalmente, la señal de rebajar la tasa de los aranceles es positiva. Y esta decisión no es indisoluble respecto de alzas impositivas. Si algunos de éstas no se aprobara, quisiera ver la creatividad del Gobierno y del Ministro de Hacienda para sacar adelante el proyecto, no obstante ese traspié.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ominami.

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, el Senador señor Lavandero me ha solicitado una interrupción de medio minuto para referirse a un oficio. Con su venia, se la concedo con mucho gusto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, no puede señalarse que un Senador no dice la verdad. Voy a entregar la fotocopia de un oficio del Servicio de Impuestos Internos, enviado oficialmente, relativo a que en 1996 toda la minería privada del cobre pagó la suma de 137 millones 700 mil pesos, "por concepto de impuesto de primera categoría y adicional a la renta.".
Señor Presidente, debo hacer esta aclaración, y pido que se reparta copia de este oficio a todos los Honorables colegas, para que no se manifieste aquí que un Senador ha faltado a la verdad. Cuando mencioné que toda la minería privada del cobre pagó sólo 137 millones 700 mil dólares en 1996, y que CODELCO, por el 39 por ciento, canceló 1 mil 700 millones, dije la verdad.
Reitero: solicito que copia de este oficio se reparta en la Sala, para que no se piense que estoy diciendo una mentira.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ruego hacer llegar a la Mesa el documento a que se refirió Su Señoría para fotocopiarlo.

La señora MATTHEI.- El Senador Lavandero podría dar también las cifras de 1997.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Habrá que pedírselas al Impuestos Internos, seguramente.

El señor LAVANDERO.- Tengo también la del último año -el 97-, en que la tributación de toda la minería privada del cobre subió a 277 millones.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Recupera la palabra el Senador señor Ominami. El señor OMINAMI.- Señor Presidente, quisiera partir haciendo una reflexión general sobre el proyecto que nos ocupa. Creo que se trata de una buena iniciativa, pero ha tenido mala fortuna. Hace dos años se anunció una nueva rebaja de aranceles y llevamos ya dos años intentando aprobarla en el Parlamento. La última vez que se discutió una normativa de esta especie fue en 1991, cuya urgencia se calificó de "discusión inmediata, y en diez día fue despachada por ambas Cámaras. Y luego de eso, tuvo rápido y, además, significativo efecto. Desde ese punto de vista, creo que se han deteriorado las condiciones políticas en el país. A esto se agrega, como digo, la mala fortuna del proyecto que ahora despachamos. Me parece que ha sido víctima de varias circunstancias negativas. Ha habido confusiones conceptuales en el debate, pues pensar que los problemas de la agricultura nacional se resuelven sobre la base de detener la rebaja de aranceles constituye un grave error de concepto. Se han hecho patentes debilidades en todos los sectores representados en el Parlamento. Se han evidenciado inconsecuencias de quienes supuestamente debieron haber defendido con mayor fuerza la idea de la disminución arancelaria. Y, posteriormente, se han presentado circunstancias internacionales por todos conocidas, que desgraciadamente se han agravado. En fin, se ha creado un contexto general que, lejos de facilitar la discusión, la ha hecho más compleja.

El señor PÉREZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor OMINAMI.- Con la venia de la Mesa, por supuesto, señor Senador.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Muy bien, pero con cargo al tiempo del Honorable señor Ominami.
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.

El señor PÉREZ.- Lamento hacer un paréntesis en este debate.
Cuando iba subiendo a mi oficina, el Senador señor Lavandero me mostró un papel. Y lo tengo aquí.
Él señaló que las empresas de la gran minería privada del cobre pagan ¿

El señor OMINAMI.- Señor Presidente,¿

El señor PÉREZ.- ¿-sólo le pido diez segundos, señor Senador- 137 millones de dólares. El Senador Lavandero tiene un oficio, solicitado por él mismo, y aquí lo tengo, que dice que en el año 1996, pagaron 277 millones 133 mil dólares en impuesto a la renta. ¡El doble!
No veo por qué el Senador Lavandero omite decir la verdad sobre las cifras.

El señor LAVANDERO.- El oficio fue entregado a la Mesa.
El señor PÉREZ.- Se entregó, pero no se ha dicho esto a los señores Senadores. Y omitir la verdad es no decirla.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Recupera la palabra el Senador señor Ominami.

El señor LAVANDERO.- Es una falsedad respecto de un documento que yo mismo he entregado. Está ¿

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ruego al Honorable señor Lavandero mantener el orden.

El señor LAVANDERO.- ¿diciendo otra falsedad.

El señor PÉREZ.- Lo dio por entregado, pero no expresó lo que decía el documento. Y eso es omitir la verdad.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, llame al orden al Senador Lavandero.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Estoy llamando al orden.
Tiene la palabra el Senador señor Ominami.

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, como dije, mi primera reflexión es que nos encontramos frente a un buen proyecto, pero que ha tenido mala fortuna por las razones que indiqué.
No obstante ello, en las actuales circunstancias, es importante que lo aprobemos. Creo que sería una señal positiva, en un momento en que hay fuerte cuestionamiento respecto de las economías emergentes en general, y de América Latina en particular, que Chile apruebe un proyecto de disminución arancelaria, aunque ésta sea muy gradual y muy modesta.
La iniciativa mejora la competitividad de la estructura productiva, como dije, en modesta medida, dada la gradualidad introducida en su última versión; ayudará a reducir las desviaciones de comercio, argumento que se ha dado, con razón, para hacer ver algunas de las dificultades de los acuerdos de libre comercio; y también mejorará la ubicación del país en los ranking de competitividad internacional. En el último tiempo hemos perdido lugares, fundamentalmente por el hecho de que otras naciones han ido más rápido en materia de rebaja arancelaria. Si estas normas se aprueban, subiremos en los ranking de competitividad internacional.
Naturalmente, eso no resuelve todos los problemas de nuestro desarrollo exportador. No cabe la menor duda de que el más crucial se relaciona con la situación del tipo de cambio. No es el momento de llevar a cabo el debate correspondiente, pero simplemente quiero decir que no basta con hablar de la necesidad de mejorar el tipo de cambio; lo fundamental es crear las condiciones para que ello pueda ocurrir. Y muchas declaraciones que se formulan respecto del tema no ayudan a que el Banco Central pueda hacer su trabajo en este campo.
En seguida, deseo centrar mi intervención en un aspecto sobre el cual insistí en la Comisión de Hacienda y que considero fundamental. Hay mucha tendencia a afirmar que estamos ante dos proyectos: uno, de rebaja de aranceles, y otro, de aumento de impuestos. Creo que ésa es una muy mala manera de presentar las cosas. Se trata de uno solo, de racionalización tributaria, que por un lado disminuye algunos aranceles, que son impuestos al comercio exterior, y por otro compensa tal disminución por la vía de incrementar otros tributos.
En consecuencia, no hay dos componentes distintos, sino un solo proceso de racionalización impositiva, que tiene la característica de mantener fija la carga de gravámenes, no la modifica y es neutro desde el punto de vista del efecto fiscal. Por ello, no me parece adecuado el planteamiento de algunos señores Senadores al señalar que les gusta la rebaja de aranceles pero no el aumento de impuestos. Ésta es una sola racionalización tributaria, que tiene, como dije, un efecto neutro desde el ángulo de la carga global, y mejora, a mi juicio, la calidad de la estructura impositiva, al disminuir gravámenes al comercio exterior que, entre otras características, presentan un sesgo antiexportador, y se incrementan otros que tienen externalidades claramente negativas.
El caso típico es el del tabaco. De convertirse en ley el proyecto en análisis, durante su primer año de vigencia, es decir, en 1999, la rebaja de los tributos al comercio exterior será compensada por el aumento del impuesto al tabaco, que no pagarán todos los chilenos. Él incide en un producto que -está claramente establecido- tiene consecuencias muy negativas para la salud de parte de la población, lo cual demanda al Fisco, por la vía de los servicios públicos, ingentes recursos para solventar los costos en que incurre al hacerse cargo de los problemas derivados del consumo de tabaco. Hay estudios al respecto, que no vale la pena citar en esta ocasión.
En todo caso, apoyar la rebaja arancelaria pero no el aumento de la tributación presenta, en las condiciones actuales, una grave inconsistencia macroeconómica. Si procediéramos de esa manera, estaríamos haciendo dos cosas que considero extremadamente negativas e inconsistentes con las necesidades macroeconómicas del país: por una parte, estaríamos aumentando el gasto interno, particularmente el consumo privado que se trata de rebajar, y por otra, erosionando lo que se ha reconocido como un gran activo de la economía chilena, cual es la solidez de las finanzas públicas.
Aún más: hay gran incertidumbre y surgen graves dudas respecto de lo que podría ocurrir en Brasil, fundamentalmente por sus problemas cambiarios y, en particular, por la existencia de un grave desequilibrio fiscal, porque las cuentas públicas brasileñas no están cuadradas.
A mi parecer, todo cuanto hagamos por fortalecer las finanzas públicas opera en el buen sentido, y todo lo que vaya en la dirección contraria es particularmente peligroso. Afirmar que se apoya la rebaja arancelaria pero se rechaza el aumento de los tributos significa, desde el punto de vista macroeconómico, infligir un daño al país.
Un comentario adicional respecto del gravamen específico al que se ha aludido y que -creo- vale la pena traer a colación.
No es primera vez que discutimos en el Parlamento un alza del impuesto al tabaco. Ya ocurrió en 1995, cuando se trató de un ligero incremento de dos puntos y medio de la tasa específica a que está afecto. La argumentación desarrollada entonces fue exactamente la misma que hemos oído en estos días: que era un tributo anticonstitucional y que, desde el punto de vista económico, era una decisión inadecuada, porque se traduciría en último término en un menor rendimiento fiscal, al desincentivar el consumo, e infligiría un grave daño a la empresa que ostenta el monopolio de la producción y distribución de tabaco en Chile.
Ninguna de tales situaciones se ha producido durante estos años: no ha disminuido el consumo, no cayó la recaudación por concepto de dicho impuesto, y las utilidades de la Compañía Chilena de Tabacos se han mantenido entre las más altas de las sociedades anónimas del país.
Por lo tanto, considero que no hay justificación alguna para formular un planteamiento que ya se hizo en 1995, y que se demostró fehacientemente que carecía de todo fundamento.
Para terminar, deseo hacer una reflexión de tipo político. Siento que si el Congreso Nacional consigue como resultado de esta discusión despachar en los próximos días este proyecto de rebaja de aranceles, estaremos entregando una buena señal desde el punto de vista político. Pienso -y lo he dicho en otras ocasiones- que parte importante del esfuerzo que hagamos para enfrentar la difícil situación por la que a traviesa nuestro país, producto de las condiciones internacionales, tiene que ver con las cuestiones económicas y, muy fundamentalmente, con la calidad de la conducción política. Si ella es adecuada, si hay capacidad para articular acuerdos y ánimo de privilegiar los intereses nacionales, contribuiremos a generar expectativas más favorables, condición fundamental para que Chile pueda salir cuanto antes de estas dificultades.
Desde ese punto de vista, siento que todos tenemos la obligación de ser coherentes y consistentes para dar esa señal política. Por cierto, los Parlamentarios de la Concertación debemos atender al llamado de Su Excelencia el Presidente de la República en orden a respaldar este proyecto de rebaja arancelaria. Sin embargo, considero que esto también involucra a la Oposición.
He sido muy crítico de lo ocurrido durante el Gobierno militar en muchas áreas, pero siempre he reconocido que hubo dos aspectos muy importantes en dicho período: uno tiene que ver con la apertura de Chile al mundo, y otro con la rigurosidad macroeconómica y la responsabilidad fiscal.
Sería muy inconveniente que en una circunstancia como la actual la Oposición abdicara de esos dos elementos que, a mi juicio, son parte de una herencia positiva que convendría mantener.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, pienso que la opinión pública está siguiendo muy de cerca este debate, porque no cabe la menor duda de que él se inserta en un momento muy difícil para la economía nacional y mundial. En este aspecto, debemos ser muy precisos y claros para manifestar nuestras opiniones en esta discusión que me alegro que haya retornado a la tranquilidad.
No basta decir con palabras o manifestar en reuniones que debemos enfrentar unidos las situaciones difíciles en el campo de la economía; debe ser una actitud permanente. En ese sentido, la Oposición ha jugado un papel ejemplar dentro de los grandes acuerdos nacionales, y el Senado ha sido el lugar de encuentro donde ellos siempre se han generado.
Entonces, es indudable que estamos nuevamente ante un hecho que calificaría de histórico, porque estamos haciendo una expresión de fe en los destinos del país. Quienes pertenecemos a estas bancas o somos de filas distintas no lo hacemos por consideraciones partidistas, sino porque estamos convencidos de que, si no tenemos capacidad para entender el momento -cada momento es distinto del otro-, tampoco la tendremos para construir nuestra propia historia. No podemos marginarnos o, simplemente, votar sin fundamento materias como las que hoy día se están planteando en la Sala.
Digo lo anterior porque ésas son señales que debemos tener muy claras, y hay que darlas por cuanto las expectativas de los agentes económicos son muy importantes. Si mostramos debilidad o inconsecuencia en nuestros planteamientos, la opinión pública lo advertirá; si por el contrario situamos los problemas en su verdadera dimensión, lo entenderá así.
Aquí se ha hablado de la inserción de nuestro país en los mercados internacionales. No cabe la menor duda de que el gran acierto en las décadas de los 70 y los 80 fue abrir Chile al mundo y haber creído en el rol fundamental de la empresa privada. Esto me parece esencial para comprender lo que hoy día estamos realizando, pues la rebaja de aranceles está inserta precisamente en este tipo de decisiones que se tomaron hace mucho tiempo en el país.
Pero las políticas internacionales se van haciendo día y día. No hay duda alguna de que se han cometido algunos desaciertos como nación. Muchas veces hemos complicado las cosas a través de convenios bilaterales o multilaterales, que, en diversas oportunidades, han hecho recaer el peso del gravamen y del soporte de esos instrumentos en determinados sectores y no en toda la población. Así, llegamos a un momento en que la opinión pública recogió con fuerza la idea de que en Chile ya no existían aranceles parejos, porque cada convenio bilateral estaba significando una diferenciación -no sólo implícita; también explícita- de la realidad de nuestro comercio con la del otro país firmante.
Estimo que la rebaja de aranceles tiene un gran mérito: el de borrar elegantemente los problemas suscitados por estas travesuras internacionales, que a veces cometemos con la mejor de las intenciones. En este aspecto, creo que será beneficioso dar una señal en un momento tan crucial, cuando nosotros, pese a las dificultades, estamos avanzando en un modelo de economía de mercado que ha colocado a Chile en las primeras planas de las publicaciones económicas de todo el mundo.
Se puede discutir la oportunidad de esta reforma. Se ha dicho que ella requiere prudencia al lanzarse en un instante en que la borrasca de la crisis internacional nos induce a dudar de su oportunidad. Sin embargo, cuando analizamos lo que debe hacerse en una crisis, no podemos menos que tener la confianza en que quien está haciendo el planteamiento debe ser el director de la orquesta, para así enfrentarla convenientemente.
Espero que para el señor Ministro de Hacienda, que hoy día nos distingue con su presencia, mis palabras puedan significar un respaldo, porque estamos confiando en su gestión, en la oportunidad que él ha escogido para abordar la materia. Ciertamente, tendremos que apretarnos el cinturón para desenvolvernos en los momentos críticos que se nos avecinan. Pero para eso hay que dar también señales consecuentes y permanentes.
Confío en que en los próximos días el señor Ministro nos indique de qué manera se enfrentará el ahorro público en el país, ya que vamos a entrar al debate del proyecto de la Ley de Presupuestos. Así como le estamos entregando un voto de confianza al adherir a este proyecto, esperamos que él nos devuelva el gesto, porque la opinión pública y los agentes económicos estarán preocupados de las señales que nosotros entreguemos sobre el manejo de la economía sean consistentes.
Conozco desde hace mucho al señor Ministro de Hacienda y, repito, tengo confianza en su honestidad y en su patriotismo. Deseo manifestarle que, con este mismo sentimiento, hemos alcanzado un nuevo gran acuerdo con las autoridades de ese Ministerio y de los de Economía y de Agricultura respecto de un sector que pagó la cuenta durante muchos años por la suscripción de convenios bilaterales y, particularmente, del MERCOSUR.
Hoy día tengo el agrado de señalar que existe un protocolo de entendimiento sobre la materia. Me gustaría, señor Presidente, en razón de que el acuerdo se logró en el Senado que su texto se insertara en la Versión Taquigráfica de la presente sesión, para lo cual solicito la autorización de todos los Honorables colegas, por cuanto es parte muy importante del debate que estamos sosteniendo.
Dicho protocolo contiene algunos capítulos que, a mi juicio, son importantes de destacar.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- ¿El protocolo está en poder de los señores Senadores, Su Señoría?

El señor ROMERO.- Efectivamente, señor Presidente. Y se los haré llegar con las firmas correspondientes, pues adhirieron a él numerosos Parlamentarios y también Ministros, a fin de que pueda ser incorporado a la Versión Taquigráfica de la sesión. Haremos fe en que esta vez se dará cumplimiento estricto a los alcances y espíritu del documento. Digo est, porque en verdad quedó un sabor amargo -no quiero responsabilizar a nadie- en cuanto a lo ocurrido con el MERCOSUR. En esta oportunidad seremos muy exigentes para pedir que se cumpla no sólo la letra del acuerdo, sino también su espíritu. Por eso, la confianza debe ser recíproca.
_____________________
--El documento referido, cuya inserción se acuerda más adelante es del tenor siguiente:
"16 DE SEPTIEMBRE 1998
"PROTOCOLO DE ENTENDIMIENTO
PROYECTO DE LEY DE REBAJA DE ARANCELES
"En Valparaíso a 16 de Septiembre de 1998, entre los Ministros de Hacienda, Economía y Agricultura, y los Honorables Señores Senadores que suscriben se ha convenido en lo siguiente:
"En la importancia que tiene para el país legislar ahora una reducción de la tasa arancelaria, considerando que esta rebaja otorgará un impulso al sector productivo chileno, lo que es especialmente relevante frente a la difícil situación que viven los mercados internacionales. La aprobación de una rebaja pareja de 5 puntos de la tasa general del arancel aduanero, permitirá fortalecer el tipo cambio y entregará señales claras en materia económica que consolidan el desarrollo de Chile en el mediano plazo.
"Este proyecto, el presente protocolo, como asimismo el protocolo suscrito el 18 de agosto recién pasado, son el resultado de un esfuerzo conjunto del Ejecutivo y los parlamentarios, que reconociendo la importancia de legislar hoy en materia de reducción arancelaria, han buscado fórmulas que a su vez recojan la preocupación que existe sobre eventuales costos de ajuste. Así, se ha acordado un Proyecto de Ley que permita un oportuno despacho y que considera una rebaja gradual y pareja de la tasa arancelaria, como la compensación de los recursos, con el objeto de mantener de este modo los equilibrios fiscales y la política social del Gobierno. Adicionalmente, se han tenido en consideración los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en el contexto de la Organización Mundial del Comercio, en cuanto a la necesidad de desmantelar los mecanismos que son contrarios a dichos compromisos y desarrollar nuevos instrumentos plenamente compatibles y focalizados al fomento productivo, la innovación, la gestión empresarial, el mejoramiento de la productividad de los activos, la readecuación ambiental, la capacitación y la promoción de exportaciones.
"Acuerdan:
"I. LA REBAJA COMPENSADA DEL IMPUESTO ARANCEL
"1. Se aprobará el proyecto de rebaja pareja de 5 puntos de la tasa general del arancel aduanero entre 1999 y el año 2003, a razón de un punto por año.
"2. La reducción de los ingresos fiscales, producto de la rebaja de los aranceles será compensada, con el objeto de mantener los equilibrios fiscales y la política social.
"3. La compensación aludida en el punto anterior será financiada por incrementos al impuesto a los cigarrillos, a la gasolina, a los timbres y estampillas y, con parte de los recursos que se liberen al eliminar algunos beneficios que hoy otorga el fisco, y que entran en contradicción con los compromisos asumidos en el contexto de la OMC en el Acuerdo de Marrakech.
"II. PROYECTO DE LEY DE SALVAGUARDIAS
"1. A más tardar el 6 de octubre próximo, y una vez aprobado el proyecto de rebaja de aranceles en el Parlamento, se enviará al Congreso un proyecto de Ley de Salvaguardias, con carácter de urgente.
"2. Dicho proyecto permitirá implementar el artículo XIX del GATT vigente por la vía de una modificación a la Ley 18.525, contemplándose la creación de un mecanismo expedito y eficaz de aplicación de medidas de salvaguardias, con el objeto de evitar efectos dañinos por aumentos excesivos de importaciones, ajustándose a los marcos de lo establecido por la OMC. La medida de salvaguardia se aplicará al producto importado y se materializará por medio de una sobretasa arancelaria ad-valorem transitoria. Asimismo, en circunstancias críticas, estas salvaguardias se podrán imponer desde el primer día de inicio del proceso de investigación. Se utilizarán criterios objetivos para evaluar la imposición de los derechos, considerándose comportamientos históricos de las variables relevantes.
"3. Adicionalmente, se facultará al ejecutivo para imponer salvaguardias como respuesta a caídas sustanciales de precios, siempre que estas permitan prever un incremento importante de las importaciones que provoquen grave daño a la industria nacional. En este caso la tasa total del arancel no podrá sobrepasar el arancel consolidado en la OMC.
"4. A futuro, se buscará cambiar la composición de la Comisión de Distorsiones, incorporando expertos independientes del poder ejecutivo, tales como, académicos de facultades de Derecho y Economía de Universidades de reconocido prestigio en el país. Asimismo se revisarán sus procedimientos.
"III. POLÍTICAS DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA 1999-2009
"1. El Gobierno mantendrá el cumplimiento gradual del compromiso asumido con ocasión de la aprobación del acuerdo de complementación económica con el Mercosur, de tal forma de completar el año 2001 los 500 millones de dólares comprometidos en dicha ocasión. Adicionalmente, estos recursos se mantendrán en régimen a partir del año 2002 y a ellos se les agregarán las cantidades que se indican en los años que a continuación se señalan:
"1999¿¿.17 millones de dólares
"2000¿¿.45 millones de dólares
"2001¿¿.50 millones de dólares, los que se mantienen en régimen.
"2. Se implementarán programas especiales dirigidos al sector agrícola. El principal objetivo de estos programas será propender a optimizar la productividad de la tierra, como también fomentar la creación de nuevas formas de gestión asociativas, aprovechando rendimientos a escala. Al efecto, se promoverán instrumentos adecuados para mejorar la gestión, favorecer la innovación y promover programas de apoyo compatibles con la OMC.
"3. Con el objetivo de mejorar la productividad de la tierra se pondrán en marcha las siguientes iniciativas legales:
"--Prórroga de la Ley 18.450, de fomento al riego, por un plazo de 10 años (2000-2009).
"--Iniciativa legal que otorga al poder ejecutivo la facultad de dictar un Decreto con Fuerza de Ley de Recuperación de Suelos Degradados orientado al subprograma de fertilización fosfatada de suelos, cuyos destinatarios serán exclusivamente aquellos suelos destinados al rubro agropecuario. Lo anterior por un período de 10 años (1999-2009)
"Estas iniciativas legales serán enviadas por el ejecutivo con trámite de urgencia a más tardar el 30 de octubre de 1998.En representación del Ejecutivo actuará el Ministerio de Agricultura en atención a las materias contenidas en estas iniciativas.
"Sin embargo, independientemente del grado de avance de la tramitación de las anteriores iniciativas legales en el Parlamento, las leyes de presupuesto contemplarán los recursos mencionados en el número 1 anterior, indicando las correspondientes partidas y programas presupuestarios de modo tal que queden suficientemente identificados.
"4. Los recursos mencionados en el punto 1 anterior tendrán la calidad de programas de apoyo compatibles con la OMC y serán destinados íntegramente al financiamiento de subsidio al riego (Ley 18.450) y al programa de recuperación de suelos degradados. Al menos US$ 90 millones, a partir del año 2001, serán destinados a estos fines. El objetivo de estos programas será el reforzamiento de la competitividad y de la productividad del sector. Los recursos de estos programas se orientarán principalmente a las regiones, zonas y a todas las categorías de productores cuyas actividades agrícolas se concentren en los denominados productos sensibles.
"5. Asimismo, se fomentará la creación de nuevas formas de gestión asociativas, aprovechando rendimientos a escala. Al efecto, se reforzarán y promoverán instrumentos adecuados para mejorar la gestión, favorecer la innovación y promover exportaciones de una forma compatible con la OMC. Dichos programas serán parte de aquellos a los que se hace referencia más adelante, en el punto IV, denominado "La Política de Fomento a la Pequeña y Mediana Empresa". En consecuencia, los recursos a agregar a dichos programas a partir de 1999 provendrán de parte de los 2/3 de recursos liberados al desmantelar el mecanismo de reintegro simplificado.
"6. Los recursos a asignar a los programas agrícolas -tanto a los que se alude en el punto 1, anterior, como en el punto IV, más adelante-, deberán distribuirse en forma clara y transparente de tal modo que permitan el acceso directo y expedito de los beneficiarios a tales programas. Forma parte del espíritu de este protocolo que los procedimientos administrativos para los beneficiarios serán los mínimos necesarios para asegurar un uso no abusivo de estos beneficios. Por ejemplo, la información necesaria para acceder a estos beneficios podrá ser la presentación de declaraciones juradas. facturas u otros instrumentos que contengan información fidedigna .
"7. Con el objeto de asegurar que el 100% de los recursos que se inviertan en programas dirigidos al sector agrícola se traduzcan efectivamente en beneficios claros, concretos y que logren una mejoría en la productividad de la tierra, se establecerá la revisión periódica de estos programas a nivel de los ejercicios presupuestarios sectoriales pertinentes, como asimismo el examen del desempeño regional de dichos programas. La ley de presupuesto contemplará el desglose regional de los mismos. Se procurará minimizar los costos de administración que estos programas involucren, así como, los recursos que se destinen a intermediarios. Cada año, semestralmente, el Ministerio de Agricultura deberá presentar un informe completo del desempeño de cada uno de los programas mencionados al Parlamento. Asimismo, se revisarán y complementarán los mecanismos de evaluación de los programas agrícolas con el objeto de obtener la necesaria información para su constante evaluación y rediseño, en el evento de estimarse pertinente.
"8. Para aquellos productos sensibles con banda de precio se mantendrá el referido mecanismo actualmente vigente, lo cual no obsta para aplicar salvaguardas en relación con estos mismos productos ajustándose a las normas de la OMC. Este mecanismo permite atenuar las fluctuaciones de precios internacionales. Por otra parte, se adoptarán las medidas pertinentes a fin de que la señal otorgada por las Bandas de Precios en la presente y la próxima temporada no varíe, asegurando de este modo no afectar las variables que incidieron en la decisión de siembra de los agricultores. Asimismo, las próximas bandas serán calculadas considerando el arancel vigente con un año de rezago a fin de facilitar el ajuste requerido. Lo anterior significa que cada decreto de banda de precio conservará su vigencia hasta el fin del ciclo agrícola pertinente.
"IV. LA POLÍTICA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
"1. Se fortalecerá un conjunto específico y bien focalizado de programas que favorecen la asociación de pequeños productores para aprovechar mercados tanto internos como externos, información y capacidad de gestión. Esta línea de acción será coordinada por CORFO y/o el ministerio sectorial que corresponda y será aplicable tanto a la pequeña y mediana empresa urbana. como a los pequeños y medianos productores del mundo rural.
"2. Para cumplir con el punto anterior, dos tercios de los recursos liberados por el desmantelamiento obligatorio del reintegro simplificado a los exportadores, se destinarán al fomento productivo como recursos adicionales a los establecidos en el presupuesto vigente en 1998. Su principal énfasis será: el fomento y apoyo para la pequeña y mediana empresa, ya sea ésta rural o urbana. La evolución de los montos anuales de recursos adicionales a destinar cada año hasta completar los US$ 67 millones en régimen el ano 2003 por sobre el presupuesto vigente en 1998 se presenta en el cuadro a continuación.
"INCREMENTOS DE RECURSOS RESPECTO DEL PRESUPUESTO
VIGENTE EN 1998
(cifras en millones de US$)
1999
2000
2001
2002
2003
en régimen
Fomento
(rural y urbano)
10
20
30
40
67
67
"3. Se ha acordado priorizar los nuevos recursos a programas que tiendan a corregir distorsiones que hoy dificultan a las PYMES el alcanzar la productividad y competitividad necesarias que la modernidad exige.
"4. Se revisará, en forma periódica, el comportamiento de estos programas y su impacto regional. Ello permitirá evaluar el desempeño de los programas en función del objetivo planteado y diseñar las modificaciones necesarias para mejorarlo en caso de ser necesario.
"V. MECANISMOS DE REINTEGRO OMC COMPATIBLES
"1. Los beneficios de amortización y castigo de la deuda, establecidos en la Ley 18.634 no se extinguirán antes del 1° de enero del año 2003, y se reconocerán los derechos adquiridos con anterioridad a dicha fecha, considerando la ley actualmente vigente en Chile y los compromisos asumidos en la OMC.
"2. Con el objeto de facilitar el reembolso a los exportadores de los aranceles pagados por concepto de importación de insumos compatible con los acuerdos adquiridos en la OMC, se modificará la ley 18.708 de modo tal que mejore la cobertura y se simplifique el procedimiento de dicho cuerpo legal. Así, una vez aprobado el proyecto de Ley en trámite, se formará un grupo de trabajo compuesto por asesores del Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General Económica de la Cancillería a fin de acordar una propuesta de proyecto de ley. Dicha propuesta se materializará en un plazo de 90 días y podrá incluir componentes tanto legales como reglamentarios, debiendo estar implementada antes del año 2003. Esta ley y su normativa deberá ser plenamente compatible con los compromisos asumidos en la OMC.
"En señal de conformidad, firman:
"--Por el Poder Ejecutivo
"Eduardo Aninat Ureta. (Ministro de Hacienda)
"Jorge Leiva Lavalle (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción)
"Carlos Mladinic Alonso(Ministro de Agricultura)
"--Por los Senadores de la República
"Edgardo Boeninger Kausel
"Marco Cariola Barroilhet
"Fernando Cordero Rusque
"Sergio Díez Urzúa
"Alejandro Foxley Rioseco
"Jaime Gazmuri Mujica
"Hernán Larraín Fernández
"Ricardo Núñez Muñoz
"Carlos Ominami Pascual
"Augusto Parra Muñoz
"Jorge Pizarro Soto
"Sergio Romero Pizarro
"Enrique Silva Cimma
"Rodolfo Stange Oelckers
"Ramón Vega Hidalgo
"Andrés Zaldívar Larraín".
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El señor ROMERO.- Señor Presidente, el protocolo ha considerado un proyecto de ley de salvaguardias -así lo pedimos, y a ello se accedió- a fin de que todos sus puntos queden respaldados en términos legales, y nadie tenga duda alguna acerca de lo que aquí se está planteando.
El capítulo relativo al mencionado proyecto es para implementar el artículo XIX del Tratado del GATT vigente, por la vía de introducir una modificación a la ley Nº 18.525. Dice el texto: para contemplar "la creación de un mecanismo expedito y eficaz de aplicación de medidas de salvaguardias, con el objeto de evitar efectos dañinos por aumentos excesivos de importaciones, ajustándose a los marcos de lo establecido por la Organización Mundial del Comercio. La medida de salvaguardia se aplicará al producto importado y se materializará por medio de una sobretasa arancelaria ad-valorem transitoria. Asimismo, en circunstancias críticas, estas salvaguardias se podrán imponer desde el primer día de inicio del proceso de investigación. Se utilizarán criterios objetivos para evaluar la imposición de los derechos, considerándose comportamientos históricos de las variables relevantes.".
En dicho protocolo se está facultando al Ejecutivo para iniciar una investigación con el objeto de imponer salvaguardias oportunamente, como respuesta a caídas sustanciales de precios, siempre que éstas permitan prever un incremento importante de las importaciones que provoquen grave daño a la industria nacional. En este caso la tasa total del arancel no podrá sobrepasar, naturalmente, el arancel consolidado de la Organización Mundial del Comercio.
También hemos planteado -y así se ha acordado- que debemos, de una vez por todas, cambiar la composición de la Comisión de Distorsiones, incorporando a ella expertos independientes del Poder Ejecutivo, tales como académicos de facultades de Derecho y Economía de universidades de reconocido prestigio en el país.
En tal virtud, hay un proyecto del Honorable señor Larraín, que simplemente no ha sido tramitado porque no ha habido voluntad para hacerlo. Hoy día, con este protocolo, esperamos que esa iniciativa pueda convertirse en ley o, mejor dicho, debe convertirse en ley.
El segundo aspecto importantísimo del protocolo lo constituyen las políticas de apoyo a la competitividad y a la productividad del sector agrícola entre 1999 y 2009. El compromiso dice relación a diez años -naturalmente, el actual Gobierno lo contraerá por el lapso que resta de su mandato- y tiene que revestir un carácter permanente para quienes lo firmamos.
Sobre esa base, al margen de la redestinación y reformulación de los recursos determinados para el MERCOSUR, se destinarán 17 millones de dólares en 1999, 45 millones de dólares en el 2000 y 50 millones de dólares en el 2001, hasta el 2009, los que se mantienen en régimen.
Y se implementarán programas especiales dirigidos al sector agrícola, tanto en el mejoramiento de praderas como en riego intrapredial, pero no para que la bonificación se quede enredada en los intermediarios o en los servicios profesionales que muchas veces la burocracia exige. Existe un compromiso formal en el protocolo, en el sentido de que se favorezca efectivamente a todos los productores, independientemente del tamaño de sus empresas. Porque creo que en el país ya no es hora de discriminaciones o distinciones odiosas. De lo que tenemos que preocuparnos es de la suerte del sector agropecuario y no de partes de éste.
En ese aspecto, me parece fundamental resaltar que se ha acordado contar con sistemas simplificados y eficaces, tanto en la fertilización de praderas -repito- como en el riego intrapredial. Y ello debe entenderse en el buen sentido de no burocratizar estas medidas y que simplemente se vuelva a la discrecionalidad y arbitrariedad que la Administración Pública muchas veces aplica en ellas.
No deseo extender más mis observaciones, señor Presidente, porque el tiempo prácticamente se ha agotado, sino sólo manifestar nuestro convencimiento de que las crisis debemos enfrentarlas unidos. Y es preciso hacerlo como país y como nación. Pero para ello se requiere actuar de buena fe. Como Oposición, nuevamente confiamos en que el protocolo y el proyecto serán cumplidos de la manera exigida por los intereses superiores de Chile, para seguir creyendo en nosotros mismos.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Como algunos señores Senadores no tienen en su poder el protocolo, se le está sacando fotocopia para los efectos de que, una vez entregado, se recabe el acuerdo de la Sala.

El señor ERRÁZURIZ.- ¿Me permite una breve interrupción, señor Presidente, con relación a lo expresado?

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Sí, señor Senador.

El señor ERRÁZURIZ.- En el texto se observa un problema técnico, con relación a los suelos degradados,¿

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Ése no es ahora el tema del debate. Si el Honorable señor Errázuriz estima que no es posible transcribir el protocolo como acuerdo del Senado, simplemente no se transcribe.

El señor ERRÁZURIZ.- Sería conveniente corregirlo, dado que el señor Ministro se encuentra presente.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, en realidad, a mi juicio, nos encontramos frente a un proyecto de mucha trascendencia. Como se ha dicho muy bien aquí, se halla dentro del marco del diseño de la economía por el que se optó hace ya mucho tiempo.
La última modificación de tipo arancelario fue en 1991, conforme a una medida que llegó a ser muy consensuada, después de un intercambio de opiniones entre los diferentes sectores. En esa época se dispuso una compensación total, por la vía tributaria, de lo que significaba la rebaja.
El proyecto en análisis fue planteado hace algún tiempo y seguramente podría haberse aplicado el año pasado, cuando con mucha más tranquilidad económica, no había tanta convulsiones como las que hoy se conocen.
Cabe recordar que cuando se trabajó en el proyecto del MERCOSUR se consideró un compromiso en orden a una rebaja de tres puntos. En verdad no fue posible un acuerdo, por desgracia, sobre el tema de las compensaciones. Muchos fuimos partidarios de aplicar dicha rebaja en 1997, la que hubiera provocado un muy buen efecto en la economía y seguramente ésta se hallaría en mejores condiciones incluso para afrontar la crisis actual.
Sin embargo, se dijo que se iba a establecer un sistema de compensaciones por partes: una sería compensada sobre la base de tributos y de mejor fiscalización tributaria y otra, absorbida por la propia política presupuestaria.
Pasó el tiempo, se suscitaron otras dificultades y surgió la cuestión del financiamiento de las pensiones, habiéndose ocupado la parte de recursos referente a la fiscalización tributaria.
Y hoy nos encontramos con un proyecto que ya no contempla la reducción de tres puntos de una sola vez, sino algo mucho más moderado, indiscutiblemente por la influencia en la nuestra de la economía mundial: comprometer una rebaja de cinco puntos -uno por año-, con compensaciones.
Pienso que estas últimas son absolutamente necesarias para que en realidad el proyecto pueda operar y no provoque efectos negativos, como lo hizo presente un señor Senador, desde el punto de vista de una política fiscal y presupuestaria más ordenada. Se trata de que no se originen descompensaciones, sobre todo en un momento cuando tanta dificultad obliga incluso a restringir el gasto público en forma bastante estricta, no sólo en lo que queda del ejercicio del presente año, sino también en la formulación del Presupuesto para 1999.
Por lo tanto, quiero llamar la atención del Senado en el sentido de que en el espíritu de la Constitución de 1980 tuvo su razón de ser, en mi opinión, el que los dos últimos incisos del artículo 64 planteen al Congreso Nacional la obligación de no despachar por ningún motivo una ley que no se encuentre plenamente financiada. Y es algo en lo que más bien se consideró el gasto, pero no un proyecto como el que nos ocupa, en circunstancias de que perfectamente se podría presentar la situación verdaderamente contradictoria de aprobar la rebaja arancelaria y rechazar los impuestos, sin que el Congreso contemplara un mecanismo de financiamiento para sustituir los ingresos que el Fisco está requiriendo y concretar la compensación.
Sobre la base del artículo 64, se dice que, incluso, si se aprueba un proyecto que signifique gasto y no existen los recursos necesarios para cubrirlo, el Ejecutivo podría recurrir a la Contraloría General de la República para que la ley se aplique sólo en la parte financiada. En el caso en estudio no puede suceder lo mismo, pues nos hallamos frente a la disminución de un tributo externo, como los aranceles, y un financiamiento proveniente de impuestos internos. En consecuencia, me parece que el tema debe analizarse con mucha seriedad, porque puede ser tanto el actual Gobierno o cualquier otro el que, por el hecho de que se apruebe sólo en parte lo que se propone, se vea ante un déficit presupuestario y una dificultad de manejo tributario.
En este tipo de situaciones los pronunciamientos debieran ser en un paquete, en el sentido de votar en un solo acto la disminución de los tributos y las normas con que aquéllos se compensan. Así procedió la Cámara de Diputados. En el Senado no sucede lo mismo, ya que nosotros disponemos de la facultad de pedir incluso la división de la votación respecto de un artículo.
Por eso estimo que la rebaja de aranceles debe llevarse a cabo de todas maneras.
Y también quiero llamar la atención sobre la necesidad de implantar un adecuado manejo de la política económica, sobre todo en un mundo tan globalizado y en el que los procesos se presentan muchas veces a una velocidad que ni siquiera permite tomar medidas para evitar los efectos que, en un sentido o en otro, pueden provocarse en otras economías. En tiempos pasados, antes de la Constitución de 1980, el Ministro de Hacienda -y, por lo tanto, el Presidente de la República- podía manejar los aranceles por decreto. Y le era posible hacerlo en la misma medida en que las necesidades de la economía lo exigieran. En la actualidad, ello ha quedado radicado en el Parlamento. No deseo que a éste se le quiten facultades. Estimo que en un tiempo próximo debería estudiarse el establecimiento de normas marco, que permitan al Primer Mandatario y a quienes con él gobiernan manejar con mayor flexibilidad los instrumentos tributarios y otros.
Hace pocos días, leí un interesante artículo de prensa publicado por el ex Ministro don Sergio De Castro -no estoy de acuerdo con la mayoría de sus planteamientos- respecto de instaurar algún mecanismo de flexibilidad en el manejo de las normas tributarias que se puedan establecer, o un instrumento que permita al Presidente de la República y al Ministro de Hacienda subir los impuestos en una determinada proporción, de acuerdo con las realidades de la política económica que se perciba en ese momento.
En el caso de esta ley en proyecto, planteé la idea -no tuvo acogida, seguramente por falta de tiempo para su análisis- de que podría darse al Presidente de la República la facultad de determinar en qué momento se gatilla la aplicación de la rebaja de los cinco puntos arancelarios, debido a la crisis que estábamos viviendo, de manera de permitir al Primer Mandatario que, si estimaba que, por a, b o c razones, no era conveniente establecer en el plazo de seis o nueve meses la rebaja, pudiera hacerlo por la vía del decreto, de acuerdo con esa facultad.
Tampoco se hizo respecto de este proyecto.
Y es bueno que para el buen manejo de una política global como la existente hoy en el mundo, en el próximo tiempo, pensemos seriamente en dar este tipo de facultades a quien tiene la responsabilidad mayor en el manejo de la economía: el Presidente de la República a través de su Ministro de Hacienda.
Ahora bien, se habla mucho de que habrá algunos sectores beneficiados y otros, afectados. En mi opinión -y hay que especificarlo claramente- el asunto se refiere fundamentalmente a la agricultura tradicional.
No es la política arancelaria la que está afectando a esa actividad. Su problema es estructural y proviene del mucho tiempo que lleva el adecuarse al proyecto de economía que estamos construyendo. Tal situación se ha presentado en todos los países del mundo. La agricultura siempre ha sido un punto conflictivo en los tratados de libre comercio o en las rebajas arancelarias.
La Comunidad Económica Europea ha demorado casi 30 años en adecuar sus relaciones de libre comercio en materia agrícola. Y todavía no logra un sistema más o menos equitativo. Incluso, existen especies de guerrillas por parte de productores de un país en contra de otro por culpa de determinados productos agrícolas. Además, Europa ha implantado algunas cláusulas de salvaguardia en relación con lo que pueda significar la afectación de sus propios productos agrícolas.
Por lo tanto, el tema de la agricultura tradicional chilena -sobre todo el de la pequeña- debe ser objeto de una preocupación y una política constantes de parte de cualquier Gobierno, para que ella pueda tener, por supuesto, productividad y capacidad de competencia. Pero no puede entrabarse por ello la política general en beneficio del país. Tampoco puede hacerlo una rebaja arancelaria, la cual puede afectar a los agricultores -constituyen un sector importante en el país-, los cuales deben protegerse.
Indiscutiblemente, a ese grupo se lo debe asistir, ayudar y potenciar. Por eso, me alegró mucho la firma del protocolo, ya que se traducirá en disposiciones legales o administrativas que solucionen algunos de sus problemas, como el riego, la mejoría de praderas o la reconversión de la productividad agrícola.
Nuevamente, llamo la atención en el sentido de que quien más tiene dificultades para adaptarse a estos cambios es el pequeño agricultor, más que la agricultura tradicional en su conjunto.
El gran agricultor posee mayor capacidad que el pequeño, más fuerza tecnológica, más capital e incluso mayores posibilidades de cambiar su rubro. Así sucede, porque el pequeño agricultor está absolutamente marginado de cualquier posibilidad de asistencia o de respaldo para realizar ese cambio.
Por otro lado, el tema de rebajar el arancel en un punto en 1999 no afecta a la agricultura, porque la sola modificación del tipo de cambio en los últimos seis meses -que ha significado más o menos una devaluación del orden del 6 a 7 por ciento-, representa de por sí y con creces el punto que se está rebajando.
Por lo tanto, nuevamente insisto en que el problema no es el de asistir a los pequeños productores agrícolas con este proyecto. Tenemos que ayudarlo, porque es un sector que necesita respaldo, con rebaja de aranceles o sin ella. Debe existir una política dirigida hacia ese mundo, pues representa una parte importante de la población chilena. Además, no hay razón para marginarlo del progreso de los demás sectores de la economía del país.
Deseo hacer una afirmación, de la cual seguramente discreparán algunos economistas, con quienes normalmente converso sobre el tema de los aranceles parejos. Me parece que éstos dejaron de ser parejos en Chile hace mucho tiempo. Y razonablemente. Hay diferenciación de aranceles por el solo hecho de haberse negociado muchos tratados de libre comercio, lo cual ha provocado que hoy día ellos sean distintos, no solamente por el producto de que se trate, sino también por su origen. Porque es muy diferente el arancel de un producto originario de un país con el cual Chile no ha firmado un tratado de libre comercio, que el proveniente de México, Canadá o del MERCOSUR.
En ese sentido, adhiero a una norma que puede ser un poco audaz. Soy partidario de un arancel cero para los insumos y bienes de capital. Una medida de tal tipo puede provocar mucho mayor capacidad de productividad, tanto de los sectores industrial y agrícola, como de los demás que participan en la actividad económica del país. No es un tema que guste cuando uno lo plantea; sin embargo, puedo decir con convicción absoluta que el problema es real. Si trajéramos maquinaria e insumos para exportar posteriormente productos nacionales, quedaríamos en mejor condición de competitividad con arancel cero. De otra manera, en el fondo, recargaríamos el costo de los propios productos con los cuales deseamos competir en el extranjero.
Ahora, aquí hay dos materias muy importantes que el Gobierno ha planteado con mucha razón. Por un lado, están las cláusulas de salvaguardia, las cuales deben existir para el manejo de la economía globalizada. En cualquier momento, desde países en crisis y que inclusive liquidan sus productos a precios que están absolutamente muy por debajo del costo de los nuestros, se puede hacer masiva la importación. Tal materia debe ser abordada en un proyecto que requiere urgencia. Ojalá el Gobierno lo envíe en los próximas días al Parlamento, junto con el otro destinado a mejorar las condiciones de la Comisión de Distorsiones. Recuerdo que el año pasado la Comisión de Hacienda aprobó la iniciativa que modifica su composición, pero el Senado todavía no la despacha. La Comisión de Distorsiones no funciona, no tiene agilidad ni produce efecto, y si lo logra respecto de los grandes productores, a lo mejor no lo alcanza para los pequeños. Es brutalmente rígida y muchas veces está imposibilitada de adoptar decisiones oportunas, o cuando las toma ya han pasado los efectos negativos de un posible dumping.
Por esas razones, me felicitaré si el Gobierno envía esos proyectos, porque las leyes respectivas originarán elementos para trabajar con menores riesgos en una economía abierta.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, quiero destacar la importancia de la suscripción del protocolo de entendimiento del proyecto de rebaja de aranceles, que hemos firmado 17 señores Senadores. La suscripción de tal instrumento asegura, por una parte -supongo-, el despacho de la iniciativa. Y, por la otra, demuestra la capacidad del Gobierno, de sus partidarios y de la Oposición para llegar a acuerdos sustantivos en la conducción económica del país en momentos de convulsión económica mundial. Sin duda, ellos son un factor de fortaleza que han de permitir enfrentar de la mejor manera los efectos de las crisis que han afectado a distintas economías del mundo y que no tienen que ver con los rendimientos de la nuestra.
Entiendo que, desde el punto de vista político y ético, dicho protocolo obliga a todos a aprobar el conjunto del proyecto. En ese entendido concurrí a su suscripción. Pienso que los 17 señores Senadores firmantes votaremos favorablemente los distintos aspectos que contempla la iniciativa. De otra forma, no tendría ningún sentido vinculante el Protocolo que hemos firmado. Obviamente, quienes no lo suscribieron, carecen de esa obligación.
Sin embargo, quiero dejar muy en claro que la suscripción del Protocolo -en ese entendido lo firmé- implica la aprobación del conjunto de disposiciones del proyecto, esto es -para ser más preciso-, tanto la rebaja gradual de aranceles como la compensación fiscal en materia impositiva, incluyendo los impuestos específicos contemplados en la iniciativa, que además se encuentran indicados en dicho Protocolo, como el impuesto a los cigarrillos, a la gasolina y a los timbres y estampillas.
Hago presente lo anterior antes de la votación, porque me parece un elemento central.
En la copia del Protocolo que se nos entregó, observo la firma de 17 señores Senadores. Por tanto, espero que al momento de la votación de cada uno de los artículos del proyecto, no falte el voto -más allá de cualquier fundamentación- de ninguno de los señores Senadores que suscribieron el referido documento.

El señor SABAG.- ¿Aunque esté pareado?

El señor GAZMURI.- Si el problema de los pareos puede inquietar la conciencia y el honor de algún señor Senador, podemos levantar los asumidos con estas bancadas.

El señor SABAG.- Sin el pareo podría quedar al descubierto.

El señor GAZMURI.- Los pareos los levantan los jefes de Comités, como señala el Reglamento, cuando existe disposición.
Después de este introito, me parece indispensable hacer algunas consideraciones respecto del mérito de la iniciativa.
En primer lugar, la votaré favorablemente, porque a mi juicio reafirma un compromiso con la política de apertura comercial del país, que -tal como se manifestó- en los últimos años ha sido uno de los ejes de nuestra estrategia de desarrollo.
El proyecto tiene la particularidad de plantearse en un momento complejo desde el punto de vista económico, en medio de una crisis de la que no sabemos exactamente hoy día su extensión; donde desconocemos si la crisis particular que ha afectado a algunas economías se va a detener allí o alcanzará características más globales. Por lo tanto, ignoramos la profundidad que esta crisis mundial pueda alcanzar, ni tampoco podemos hacer previsiones claras respecto de su duración. Y todos los pronósticos tienen un grado de incertidumbre, porque carecemos de instrumentos teóricos, analíticos, para evaluar con algún grado de certeza científica la extensión, la profundidad y la duración de ésta.
En consecuencia, desde ese punto de vista estamos tomando una medida audaz, pues rebajamos aranceles en una situación mundial de incertidumbre económica. Sin embargo, creo útil que el país realice este gesto, porque significa profundizar una decisión estratégica que comparto de manera plena.
En ese contexto, encuentro razonable la gradualidad de la rebaja, que no se planteó al inicio de la discusión, ya que la idea original era establecer una rebaja menos gradual. Por consiguiente, se ha hecho una concesión, por la coyuntura económica mundial que vivimos, al disminuir gradualmente los aranceles.
Esto ha llevado a algunas personas a criticar este sistema de rebaja gradual, que no comparto. Me parece que una rebaja más abrupta habría sido, en las actuales condiciones de la economía mundial, un gesto de extremado aventurerismo económico. Por eso, estoy de acuerdo con la gradualidad que finalmente hemos conseguido en la iniciativa.
Quiero destacar la importancia que a mi juicio reviste el compromiso alcanzado con el Gobierno para aprobar luego un proyecto de ley de salvaguardias. Porque ese elemento nos permite contar con los mecanismos mínimos de defensa frente a eventualidades producto de la inestabilidad de los mercados mundiales.
Se trata de dos aspectos de la misma política, que yo comparto. Por un lado, mantener el objetivo de la apertura e ir a una sustantiva rebaja de aranceles en cinco años, que coloca a Chile en el margen de los países con aranceles más bajos a nivel mundial, a lo que habría que añadir la rebaja que se produce por el conjunto de acuerdos comerciales que hemos alcanzado. Por lo tanto, al final de los cinco años nuestro arancel promedio va a ser bastante inferior al 6 por ciento que estamos estableciendo en la iniciativa.
Por otro lado, contar con un mecanismo de salvaguardia, tanto para aumentos excesivos de importaciones como para caídas sustanciales en los precios, es un elemento indispensable de prudencia en el manejo económico dentro del ámbito mundial, el cual se caracteriza -y no sabemos por cuánto tiempo- por su inestabilidad.
Espero que, una vez aprobado el proyecto -nuestro compromiso es aprobarlo rápidamente-, la autoridad haga una utilización adecuada de este instrumento legal. Planteo esto, porque, en general, comparto la incredulidad de la opinión publica nacional, respecto de la ineficacia, hasta ahora, de los instrumentos y organismos destinados a evitar la competencia desleal, a intervenir en mercados monopólicos, etcétera.
Hemos tenido, en general, una autoridad económica muy renuente a utilizar el instrumental existente para enfrentar distorsiones en los mercados tanto internos como externos.
En consecuencia, aprovechando la presencia y la atención de los tres señores Ministros que nos acompañan, hago votos por que esta ley en proyecto no sólo se promulgue, sino que efectivamente se aplique, con oportunidad y decisión, ya que, en mi opinión, este tipo de instrumentos, por lo menos en la experiencia reciente del país, ha sido aplicado de manera muy insuficiente.
Éste no es solamente un problema que guarde relación con la insuficiencia de la ley, sino también con la poca voluntad muchas veces de la autoridad para aplicar las medidas cuando los mercados internos o internacionales tienen distorsiones relativamente evidentes.
En segundo término, comparto el compromiso fiscal que implica el proyecto. Sobre esto -ya se ha dicho-, la rebaja de aranceles también forma un todo con la compensación tributaria. Considero que los impuestos que estamos subiendo son razonables.
Quiero hacer -lo ha hecho el Senador señor Ominami- una mención específica al tema del impuesto al cigarrillo. Esto, porque he escuchado opiniones que tienen que ver con el sector agrícola y, porque, además, represento a una región donde el cultivo del tabaco reviste bastante significación, especialmente para los pequeños productores. El cultivo del tabaco es de contrato y, por tanto, da estabilidad y posibilidades de trabajo a muchos pequeños productores de la Región del Maule y otras.
La verdad es que la experiencia demuestra que el impuesto al cigarrillo no afecta el consumo ni la producción de manera sustantiva. En ese sentido, voto con mucha tranquilidad -siendo representante, como dije, de una importante zona productora de tabaco- esta alza impositiva.
Finalmente, estimo muy importante los acuerdos tomados en cuanto a establecer políticas de fomento para la competitividad y la productividad tanto del sector agrícola cuanto del sector industrial y de servicio de la pequeña y mediana empresas.
Antes de referirme a ello, una pequeña digresión. En materia agrícola, fui fuerte partidario de mantener en 11 por ciento el arancel de los productos sensibles que fueron negociados con Canadá y con el MERCOSUR. Defendí esa medida, por razones que ya he explicado largamente en el Congreso y no quiero aburrir a los señores Senadores con un argumento reiterado. Pero, además, comparto las expresiones del Senador señor Andrés Zaldívar, en el sentido de que no me parece que la razón por la cual no podemos diferenciar aranceles tenga algún asidero en la teoría o en la experiencia chilena.
Desgraciadamente, una vez más no he sido suficientemente convincente con la autoridad económica, la que, sobre el particular, a mi juicio, hace gala de una ortodoxia de la que discrepo, y se sigue reiterando un argumento que, no obstante entender que es el de aquélla -repito-, no comparto, ni desde el punto de vista de la teoría ni desde la perspectiva de un país que, en la práctica, tiene arancel diferenciado.
Pero, en fin, ese error se compensa con las medidas acordadas en materia de fomento productivo tanto para la agricultura -insisto- como para la pequeña y mediana empresas.
Me parece útil reiterar el compromiso que asumimos con motivo de la firma del MERCOSUR de aumentar el presupuesto destinado al fomento productivo agrícola a 500 millones de dólares, los que se mantendrán en régimen. A esta cifra se añadirán 50 millones de dólares el año 2001, los que también se mantendrán en régimen. Además, hay un compromiso nuevo que consiste en destinar una parte sustantiva de los recursos que se van a ahorrar por la eliminación del reintegro de arancel para programas de apoyo a la competitividad en la pequeña y la mediana industrias, fondos que al año 2003 deberían llegar a los 67 millones de dólares.
Pienso que estamos dando una señal fuerte, poderosa, frente al país, en el sentido de que parte de nuestro arsenal de políticas económicas consiste en dar mucha importancia a las medidas de fomento productivo para aquellos sectores que por sí solos tienen dificultades para incorporarse a los procesos de modernización. Ése es el criterio que debe presidir todas estas políticas.
A mi entender, es indispensable hacer una revisión muy a fondo de los instrumentos y de las organizaciones del Estado que realizan y que ejecutan las políticas de fomento productivo, tanto en el sector agrícola cuanto en el sector industrial y de servicio de la pequeña y mediana empresas.
Mantengo serias reservas sobre muchas de las políticas de fomento en el sector agrícola. Estimo que muchas de ellas no apuntan a la modernización que hoy requiere nuestra agricultura y persisten diversas prácticas y técnicas burocráticas que corresponden a una visión pasada del desarrollo agrícola del país. Por ello, el seguimiento de estos compromisos será muy importante.
Concuerdo en cuáles deben ser las actividades que principalmente pretenden fomentarse: el riego, la recuperación de suelos.
Por último, las políticas de fomento, que, en definitiva, significan subsidios, deben tener claros criterios de focalización en su implementación. No creo necesario subsidiar economías agrícolas o no agrícolas que, con sus propios medios, pueden modernizarse e incorporarse al mercado global.
Creo que las políticas de subsidio deben orientarse hacia las regiones y categorías de productores que, por sí solas y carentes de medidas de fomento, son incapaces de operar procesos de modernización que les permitan competir en una economía más global.
En este sentido, anuncio mi intención de efectuar un seguimiento muy riguroso acerca de cuáles serán los programas, los instrumentos, las políticas y su implementación que permitan aplicar los cuantiosos recursos destinados al fomento productivo tanto agrícola como industrial.
Por todas estas razones, votaré a favor de la iniciativa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.

El señor RÍOS.- Señor Presidente, quiero recoger un par de opiniones importantes. Una, la formulada por el Senador señor Ominami que, desde mi punto de vista, resulta muy trascendente; y otra, la emitida por el Honorable señor Andrés Zaldívar en su intervención en la Sala, referida a los esquemas y acciones propias del desarrollo de los procesos prácticos que implican la aplicación de políticas.
Es cierto lo señalado por el Senador señor Ominami respecto al cuidado que merecen las normas macroeconómicas, las cuales en Chile han tenido una aplicación adecuada y -lo reconozco- inteligente en los últimos diez, doce o más años por parte de quienes han asumido responsabilidades en las áreas financieras del Estado y en los sectores gremiales, que se hallan muy comprometidos con los temas económicos y de desarrollo.
Uno de los aspectos trascendentes en materia macroeconómica, como se ha recordado aquí, es el relativo a los aranceles comunes. Sin embargo, éstos -como lo adelantó el Honorable señor Andrés Zaldívar- ya no existen en Chile. Los diversos tipos de aranceles se diferencian entre sí tanto por productos cuanto por convenios.
Efectivamente, en nuestro país la diferenciación de aranceles se ha generado por efecto de convenios bilaterales, y el área agrícola -que constituye mi primerísima preocupación al respecto- no ha salido fortalecida ni mucho menos.
Existe una serie de situaciones que nos permite suponer que vastos sectores agrícolas, fundamentalmente pequeños y medianos, están inmersos en problemas bastante delicados.
La agricultura tradicional, que debiera denominarse "agricultura alimentaria" -el resto de ella se dedica a los postres-, toda vez que es la productora de legumbres, carnes, harinas, que constituyen el alimento diario y permanente de los chilenos, sin duda alguna, no ha salido bien parada en todo este proceso, entre otros aspectos, por efecto de las diferenciaciones producidas.
En algunos convenios, como en el caso de uno suscrito con Canadá, la "agricultura alimentaria" se ha visto clara y específicamente marginada de competir con los productos lácteos, no obstante tener alternativas bastante atractivas, dado que el tratado en comento estableció un arancel -según entiendo- cercano o superior a 25 por ciento para los productos lácteos chilenos que ingresaran a dicho país del norte.
A través de la prensa nos hemos podido informar de que algo similar ocurre con algunos productos lácteos que Chile exportaba hacia las naciones miembros del MERCOSUR, básicamente Brasil.
Los agricultores parten de una base esencial, cual es la materia prima que surge del trabajo de nuestra tierra, con niveles de desarrollo realmente notables. No es posible pensar que el área agrícola, que hoy alcanza niveles admirables, tenga que atravesar también por problemas económicos admirables.
El primer país productor de maíz por hectárea en el mundo es Chile; en trigo, tengo entendido que es el segundo o tercero, después de Francia y otra nación; en producción de remolacha estamos ubicados en segundo lugar, peleando el primer puesto con Alemania; en cuanto a arroz de una sola cosecha al año también figuramos en los primeros lugares; en producción de leche por vaca, la zona lechera que comprende la Octava, Novena y Décima Regiones, ocupa -según entiendo- el cuarto lugar. Es decir, hay una potencialidad y una acción actual de este sector productor que es real.
Sin embargo, existe una descapitalización que es bastante delicada. Y hay un hecho que vale la pena destacar. El agricultor que ha logrado avanzar un poco más y ha incorporado algún grado de valor agregado a su producto está exportando frutas, frambuesas concretamente, a Alemania, previo pago de un arancel que alcanza a 7 por ciento. Sin embargo, si desea enviar ese producto transformado en mermelada, dicho país le cobra 25 por ciento por concepto de arancel.
Esas son cifras reales, y, obviamente, no pueden generar o mantener -como alguien señaló- la agricultura limitada, porque no existe esa misma relación de aranceles con otros países, concretamente con Alemania. Y esto último es muy claro y evidente, pues si la mermelada proviniera de Alemania nosotros cobraríamos 11 por ciento de arancel, que ahora se reducirá a 10 por ciento, en circunstancias de que al mismo producto ellos le aplican un 25 por ciento. Es un hecho absolutamente real, un ejemplo verdadero.
Hay una diferencia, señor Presidente, entre lo macro, que aceptamos y procuramos que se desarrolle en la plenitud de toda su acción, y la parte práctica, que es donde vienen los grandes tropezones.
En el área agrícola, fundamentalmente en los pequeños agricultores, sin duda alguna, no existe ni una gota de esperanza hacia el futuro. INDAP, organismo creado hace muchos años para atender ese sector, gasta 160 millones de dólares anuales. Durante el Gobierno del Presidente Frei se invertirán mil millones de dólares en distintos programas; pero, en verdad, el resultado ha sido negativo.
Por lo tanto, recordando el acuerdo del MERCOSUR, en que se dispuso una cantidad de recursos para fosfatar los suelos, en fin, y otros apoyos, lo cierto es que han llegado bastante distorsionados y no han tenido éxito en mayores desarrollos, y es porque la parte práctica, la aplicación, falla. Y falla en tal forma que lo macro termina siendo algo negativo para el desarrollo integral del país. En el caso de los agricultores, se margina a alrededor de 2 millones de personas que viven y trabajan en la tierra chilena, que hacen soberanía, que tienen sus tradiciones y que desarrollan una gestión admirable. Porque -repito- nos ubicamos en los primeros lugares del mundo, pero no existe una acción que permita asegurar que lo macro termine siéndolo también para todo el sector agrícola.
Desde el punto de vista de la política económica, del avance que debemos lograr, el proyecto constituye un elemento importante, pues produce efectos positivos en algunos sectores del país. Pero en la realidad de Chile, en un porcentaje tan alto como el sector agrícola, no es así.
Lo anterior me lleva a sostener que los análisis que se hacen en materias tan específicas y trascendentes como la de los aranceles (reconozco que es un tema muy técnico y que en general ha sido bien administrado por los Ministros de Hacienda y todos quienes trabajan en el área financiera del Estado) normalmente no tienen la misma respuesta en cuanto a lo que es la aplicación práctica.
Quería expresar esa idea, señor Presidente.
Creo, por ende, que en las reuniones de trabajo futuras, junto con estudiar muy a fondo la política económica y las cuestiones tributarias, necesariamente habrán de manejarse con bastante profundidad los aspectos propios de protocolos y acuerdos que, teniendo un objetivo bueno y sano, terminan siendo documentos muy generales que no producen efectos positivos.
En el Protocolo se dice que avanzaremos a focalizar bien el gasto; que procuraremos que el costo administrativo sea el menor posible; que estableceremos caminos que nos permitan desarrollar mejor la pequeña agricultura; que infundiremos mayor esfuerzo en el sector de secano costero. Puras cosas globales, las mismas que en algún instante se firmaron a propósito del ingreso al MERCOSUR y que finalmente no tuvieron el éxito deseado.
En ese caso, para defender a mi sector y a otros, me quedo con el arancel actual, no porque quiera cerrarme a la alternativa futura, sino porque no estoy dispuesto a rebajar el arancel, primero en un punto y en otros durante los años que vienen, sin estar absolutamente seguro de que una parte tan importante de los chilenos como la ligada a la agricultura alimentaria tendrá la posibilidad de desarrollarse en su plena capacidad y con los efectos económicos y sociales que el país realmente requiere.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, estamos discutiendo una iniciativa cuyo objetivo central es la reducción de aranceles. Y, conceptualmente hablando, soy partidario de ella. Es el camino que Chile adoptó hace muchos años -veinte, aproximadamente- y el que ha permitido, como lo han reconocido distintos oradores -hoy y en otras oportunidades- el despegue del país, el mejoramiento de su capacidad productiva y su preparación para la competencia internacional y, por tanto, para su desarrollo real en materias económicas.
Debemos consagrar y defender el valor de la apertura. Inclusive, debemos impulsarlo -pareciera que Chile fue premonitor en esta materia-, porque es clave para el desarrollo contemporáneo. Y la economía, ciertamente, no puede escapar del proceso de globalización que vivimos en todos los aspectos.
Es más: tan partidario soy de la rebaja de aranceles, que he propuesto, no sólo el compromiso de la gradualidad, sino aun el de llegar cuanto antes con los aranceles a cero, en la medida en que ello sea posible, de manera que mediante una disminución de un punto por año, por ejemplo, alcancemos esa meta el año 2010. Me parece que ése es un horizonte que permite definir con estabilidad las reglas del juego.
Sin embargo, en la discusión de ese tema se producen confusiones que, a mi juicio, son incorrectas incluso desde un punto de vista teórico.
En materia arancelaria, lo importante es llegar al arancel cero y avanzar en esa dirección, con la estrategia que más acomode al país. Si, por ejemplo, supiéramos que el año 2010 habrá arancel cero, con la certeza del horizonte alcanzado, los caminos para lograr ese objetivo podrían variar.
Deseablemente, deberíamos seguir un camino de aranceles que se fueran rebajando en forma pareja y sistemática para todos los productos. Pero no es el que Chile ha tomado. Los tratados de libre comercio firmados -el del MERCOSUR, el suscrito con Canadá y tantos otros- han abierto una ruta que ha permitido, de hecho, aranceles diferenciados. Y muchas veces son diferenciados no sólo los aranceles. Porque hay otro elemento que se olvida en el debate: las cuotas. Además de los aranceles, existen para determinados productos cupos que varían de país en país, a raíz de las negociaciones efectuadas.
Se podrá sostener que ésa no es la mejor estrategia. Pero es la que Chile ha estado siguiendo. ¿Y cuándo la salta? Cuando estima que hay motivos justificados para seguir otro camino.
Eso es lo que hemos propiciado para la agricultura. Eso es lo que a nuestro entender debe ocurrir en este ámbito. Lamentablemente, cada vez que lo planteamos, no encontramos la debida acogida en la autoridad.
¿Por qué la agricultura? No pretendo entrar en una larga exposición. Pero me parece que, a diferencia de todos los otros sectores productivos, la agricultura presenta una situación enteramente distinta. En el mundo, sobre todo en el desarrollado, ella no está entregada al funcionamiento de la oferta y la demanda, al funcionamiento de los mercados libres. Siempre ha existido una preocupación especial. Particularmente a contar de la segunda guerra mundial, las naciones desarrolladas -en especial las europeas; luego se extendió a Estados Unidos, a Canadá y a los países asiáticos- han implementado políticas alimentarias destinadas a proteger la agricultura, para precaverse de situaciones de necesidad (conciencia que se crea después de las guerras mundiales).
Los elementos esenciales de la agricultura -un señor Senador los calificaba como "agricultura alimentaria" o "de alimentos"- siempre han estado protegidos.
En Chile, hubo momentos de protección, cuando se otorgaron créditos blandos a través del Banco del Estado. Pero éstos desaparecieron hace ya muchos años. Por décadas, la agricultura quedó sin protección alguna. Y debe competir en un mercado que no es libre.
Todos los mercados tienen algún grado de intervención. No existe un mercado perfecto. Pero si hay uno categóricamente imperfecto, es el mercado agrícola. Por lo tanto, la agricultura no se encuentra en la misma situación que el resto de los sectores productivos.
Cuando se habla de un camino distinto para la agricultura, entonces, no se está pidiendo un trato discriminatorio. Existe discriminación si, habiendo las mismas razones, a uno se le otorga una salida diferente. Pero, cuando las situaciones son objetivamente disímiles, corresponde la aplicación de medidas distintas, porque no existen condiciones de igualdad.
En tal sentido, la agricultura tiene una situación diferente. Tanto es así que, luego de nuestras discusiones, logramos que en los tratados de libre comercio, sobre todo en los principales (el MERCOSUR y el celebrado con Canadá), hubiera para ella tratos disímiles.
Empero, ello no es suficiente, pues los problemas de la agricultura no son sólo arancelarios. Éstos son los que más la afectan. Porque entrar a competir directamente con mercados que han beneficiado durante décadas a sus agricultores -hasta el día de hoy-, por miles de millones de dólares, parece un poco ingenuo. Un país chico, pese a lo eficiente que pueda ser en la producción de sus cultivos principales, no está en condiciones de competir de igual a igual con esas naciones; porque, en realidad, no se compite con los demás agricultores, sino con el Banco Central o con el Ministerio de Hacienda que subsidia a aquéllos y, por lo tanto, genera ahí la desigualdad.
Ésa ha sido la causa fundamental de nuestro alegato: que cada vez que nos abrimos definamos para la agricultura, no una protección, no un subsidio indebido, sino un camino distinto para llegar al mismo objetivo.
Es evidente que el sector agrícola también va a tener que competir en condiciones de arancel cero en el tiempo. Pero si Chile, en el escenario que yo planteaba, va a llegar a ello en el año 2010, ¿qué dificultad hay para que en la agricultura lo haga por otro camino, que lo prepare para competir en el 2015? Si lo miramos desde una perspectiva histórica, no existe ninguna dificultad. ¿Por qué nos cerramos, entonces, a preparar a la agricultura para esa competencia, a efectuar las transformaciones de raíz que se requieren para llegar a ese objetivo?
Eso es lo que hemos pedido. Y debemos pedirlo, no sólo por lo que nos inquieta la situación internacional, que se traduce en múltiples subsidios que permiten una competencia desleal, sino además porque en Chile tenemos igualmente factores que complican nuestra situación. Uno de ellos, desde luego, es el no funcionamiento de la Comisión Antidistorsiones. Este organismo, que está llamado a evitar el dumping o el abuso extranjero, no funciona. Integrado fundamentalmente por personeros de Gobierno, tiene tales discrecionalidad y complejidad, que nunca logra el objetivo de paralizar la llegada de productos que vienen subsidiados desde el exterior.
Empero, hay asimismo un problema objetivo, tan importante como el de los aranceles, que de alguna manera van equilibrándose: el del dólar.
Cuando hace pocos días vino el Presidente del Banco Central, muchos Senadores -no sólo el que habla- hicimos presente la necesidad de fortalecer el dólar. Porque rebajar los aranceles con dólar bajo es una suma de factores que potencian negativamente la situación de quienes sustituyen importaciones, como es el caso de los agricultores.
Por eso, sería muy distinta la situación si tuviéramos un dólar real, como el que, por ejemplo, hubo en los años 80. Ésa es la década en que más se han rebajado los aranceles en Chile. Pero ello no provocó daño, porque estábamos con un dólar real.
Si lo lleváramos a moneda de hoy, el dólar de la década de los 80 estaría en 700 pesos. Y si el dólar estuviera actualmente en 700 pesos, yo no tendría ningún inconveniente en bajar todos los aranceles a cero. porque esa moneda se convertiría en la barrera de protección que nivela y equilibra los mercados.
Pero tenemos aquí la suma de los dos factores. Tanto es así que el déficit de la cuenta corriente está produciendo un impacto extremadamente negativo en nuestra economía. Y si no se potencia el dólar, tarde o temprano vamos a tener una situación más crítica que la que ya se está registrando con los factores económicos externos.
Ésos son los hechos, señor Presidente. Y por ello tengo inquietudes en cuanto al proyecto en debate. No porque rechace la cuestión de fondo. Me opongo al proyecto porque no se tiene en consideración debida una estrategia para la agricultura.
Cuando se firmó el ingreso al MERCOSUR, se dijo: "Hagamos compensaciones. Tengamos un calendario diferido de aranceles para los productos agrícolas sensibles. Con ello vamos a paliar los efectos negativos, vamos a aminorar esos efectos".
¿Cuál ha sido la realidad? Que esas compensaciones, en definitiva, no llegaron para lo pedido, salvo en un porcentaje pequeño.
En consecuencia, sobre la base, no de presumir intenciones de terceros, sino de la realidad, uno tiene datos en el sentido de que tales mecanismos compensatorios no han servido para los objetivos buscados. En los hechos, no se dio cumplimiento a las compensaciones para paliar los efectos del MERCOSUR.
Sin embargo, no sólo en materias económicas ha habido una falta de cumplimiento de lo que nosotros entendimos fue un compromiso, sino también en lo que respecta al calendario de aranceles distintos comprometido para el sector agrícola. Con esta medida se está borrando lo que se escribió ayer. Ayer se dijo que los productos agrícolas sensibles tenían determinado calendario. Hoy, al rebajar los aranceles sin respetar lo que se estableció para el MERCOSUR, se está generando en la práctica un cambio de las reglas del juego para la agricultura, las mismas que el Gobierno propuso hace dos años al Congreso Nacional y que en el Senado se aprobaron con mi voto en contra.
Entonces, señor Presidente, uno tiene justo temor en cuanto a lo que está ocurriendo aquí y al impacto que las medidas planteadas van a tener hacia el futuro en el sector agrícola.
Se habla de nuevas compensaciones y se ha firmado un Protocolo para lograr ese objetivo.
Por las razones antedichas, no tengo mucha fe en lo que el referido Protocolo pueda significar para la agricultura.
No soy un genio para las matemáticas, señor Presidente, pero sé contar. Por tanto, visualizo que este proyecto será aprobado, y una vez más emitiré mi voto en contra. Pero, ante esa aprobación, he querido sumarme a la firma del Protocolo, que algunas compensaciones otorga a la agricultura.
Como manifesté, no tengo mucha confianza en los resultados de ese Protocolo, no sólo por lo ocurrido en el pasado, sino, en general, porque la agricultura está pasando por una tremenda crisis y la rebaja arancelaria generará una nueva señal negativa para su futuro. Adicionalmente, porque el compromiso que se está tomando aquí, en la mejor de las hipótesis, podrán cumplirlo las autoridades del Gobierno actual. Pero un compromiso a 10 años, como el que comprende el Protocolo, tiene que ser aceptado, no sólo por las autoridades de esta Administración, sino por las de la siguiente y subsiguiente. Y no tengo muchos años como para estar convencido de que en próximos Gobiernos, aun cuando el país tuviera la mala suerte de que fueran de la Concertación, se van a cumplir estos compromisos.
Tengo la certeza de que habrá una nueva crisis asiática, un nuevo terremoto, una nueva situación, todo lo cual hará olvidar dichos compromisos. Y de nuevo la agricultura será la principal afectada y no tendrá las compensaciones consignadas en acuerdos que, en la mejor de las interpretaciones y en el mejor de los espíritus, se han pactado para la referida finalidad.
Concuerdo con el Honorable señor Ríos en que el Protocolo está redactado en términos muy genéricos. Pero, como vamos a perder esta votación, lo firmo para al menos asegurar que se cumplan esos objetivos.
El hecho de continuar aumentando los impuestos me parece negativo, e incluso, casi contradictorio. Se incrementa, por ejemplo, el impuesto al tabaco, lo que va a tener un efecto directo en las plantaciones de ese producto y reducirá un cultivo que hoy día existe para los agricultores. Pero ésas son las condiciones del juego.
Señor Presidente, por lo expuesto, no obstante ser partidario de la economía libre y de la apertura, creo que el dogmatismo con que se están aplicando las reglas en comento, al no permitirse estrategias que logren el objetivo en el tiempo, está produciendo daño a un sector que es el único que, por las razones objetivas que he mencionado, va a sufrir las consecuencias de esta normativa. Y si bien las compensaciones reflejan buena fe -y agradezco el espíritu con que se han planteado-, las experiencias del pasado me tornan escéptico en cuanto a su eficacia y aplicabilidad futura.
Creo representar, señor Presidente, a miles de agricultores y campesinos que temen a esta situación. Por ellos, no puedo sino rechazar este proyecto de rebaja de aranceles, en cuanto va a impactar gravemente sobre esos sectores, que hoy día son los más pobres de Chile.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que ésta es una iniciativa de interés para el desarrollo productivo de nuestro país. Por esa razón, la vamos a apoyar.
Pero también deseo hacer resaltar aquí lo importante que han sido los diversos entendimientos habidos con el Ejecutivo, que han flexibilizado las diversas materias del proyecto.
Desde luego, los cinco puntos de rebaja. El Gobierno pensaba rebajar tres puntos el próximo año y un punto por cada año siguiente. Ahora ha sido un punto por año. Y esto, por supuesto, ha quitado la presión, no tan sólo de la rebaja, sino también de las compensaciones de impuestos que afectaban a la ciudadanía.
También deseo señalar que hemos avanzado bastante en otros aspectos, como el referente a los protocolos de entendimiento suscritos con el Gobierno. Y me refiero tanto al que se firmó en la Cámara de Diputados como al que se concordó hoy en el Senado. ¡Qué importante es escuchar a los sectores afectados en cada una de estas materias! Anteayer era prácticamente imposible flexibilizar la rebaja de los tributos aduaneros que pesaban sobre los bienes de capital de la ley Nº 18.634. Sin embargo, no me cabe duda de que, gracias a la intervención de los dirigentes de ASEXMA, ahora tenemos en nuestras manos la indicación del Ejecutivo que elimina de aquí al 2003 el castigo que significaban los aranceles que gravaban los bienes de capital. Sin duda, estas cosas son muy positivas.
Si bien el proyecto favorece al conjunto del país, perjudica a algunos productos sensibles, como trigo, azúcar, leche en polvo y carnes. Y por eso el Protocolo de Entendimiento propone medidas de protección para ellos y, fundamentalmente, para la pequeña y mediana empresas. Me interesa mucho este tipo de beneficios, porque en esta Cámara represento, al igual que mi Partido, a los sectores más pobres, a la pequeña y mediana empresas, a los agricultores y a la clase media. Para mí, es relevante que se les apoye de manera clara y efectiva.
En la ciudadanía y en los agricultores se advierte un grado de desconfianza. La gente tiene la sensación de que muchos de los acuerdos aquí ratificados -particularmente los relacionados con el MERCOSUR-, no se han cumplido. Por ejemplo, ¿dónde está parte de los 500 millones de dólares que se comprometió en favor de los agricultores? Y a nosotros, que permanentemente estamos en contacto con la ciudadanía, se nos enrostran estos hechos. Por eso, vamos a mantener un seguimiento constante de la aplicación de este Protocolo, a fin de que los compromisos contraídos se cumplan plenamente, sobre todo los relativos a medidas de apoyo para los agricultores, la pequeña y mediana empresas, en especial para las más pequeñas, urbanas y rurales.
Coincido con las apreciaciones del Senador señor Larraín en cuanto a los agricultores. Es evidente que hace muchos años había una nítida diferencia entre la agricultura y otras producciones. Y yo agrego que la única actividad productiva más incierta es la agrícola. Sólo se sabe cuándo se siembra, pero no cuándo se va a cosechar, pues ello depende de muchos factores: de la lluvia, de la sequía, de las heladas, de los precios. ¿Qué otra labor económica se realiza con más incertidumbre? Sin embargo, se le da el mismo trato que a la industria, que funciona bajo techo, que inicia sus labores a las 8 de la mañana y las termina a las 18 y que tiene certeza en lo que produce día a día. En cambio, a la agricultura, que carece de dichas seguridades, se la hace competir sometiéndola al pago de iguales intereses y a las mismas inflexibilidades. Pienso que el sector agrícola merece un trato especial. Son miles de miles -diría millones- las personas que trabajan en ella y, si se suma lo que produce, se comprobará que es mucho más de lo que genera el cobre y muchas actividades juntas del país.
Por eso, espero que las medidas de apoyo sean efectivas y beneficien, especialmente, a los más modestos.
Por otro lado, deseo plantear algunas dudas en cuanto a un impuesto compensatorio. Me llama la atención el que afecta al tabaco, que alcanza a 311 por ciento sobre el valor base del producto. ¿Es posible que una empresa pueda soportar una carga impositiva tan alta? Me parece que a ninguna otra actividad se le aplica un gravamen de este monto. Entonces, resulta evidente que algún tribunal deberá pronunciarse sobre esta materia. Por mi parte, únicamente hago presente algo que llama la atención, no sólo en este país, sino también en otros.
También deseo destacar el compromiso del Gobierno de enviar el proyecto de ley de salvaguardias, que sin duda protegerá a los productores nacionales de la competencia desleal derivada de la aplicación de "dumping" o de subsidios, sobre todo en momentos difíciles que se viven en el mundo, como los actuales.
Cedo algunos minutos al Senador señor Viera-Gallo.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para incorporar en la Versión Taquigráfica de esta sesión el Protocolo de Entendimiento relativo al proyecto de ley de rebaja de la tasa de aranceles.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, he seguido con mucha atención el debate. Entre muchos argumentos, se ha reiterado uno que me llama la atención por su lógica. Varios Senadores han planteado que el proyecto, en principio, les parece muy bien, pero que quizás no es oportuno. Y si hay algo que caracteriza a la política y a la legislación es su oportunidad. Uno no se mueve en un mundo de abstracciones, sino que, básicamente, en uno concreto, coyuntural. Entonces, me preocupa que diversos Honorables colegas sostengan que hay, o puede haber, cierta disfunción entre el proyecto, y los compromisos que conlleva, y la oportunidad en que se vota. Es verdad que la iniciativa nació en un contexto político, y sobre todo económico, muy distinto del de hoy. Pero en este caso no cabe sino tomar nota de una situación bastante compleja.
Al igual que al Senador señor Sabag, a mí, que también represento a la misma zona, me preocupa la competencia desleal de los mercados asiáticos, cuyos bienes, además de ser producidos a bajo costo, ahora tendrán la ventaja de la devaluación de sus monedas. Si a ello se agrega la rebaja progresiva de aranceles en Chile, yo no sé -ésa es mi gran duda- si los recursos que se destinen al fomento productivo de la pequeña y mediana empresas y las medidas que contendrá el proyecto de salvaguardias, que aún no ha sido presentado, serán suficientes para enfrentar, paliar o compensar esa situación de competencia.
No tengo elementos para pronunciarme ni a favor ni en contra, pero tengo el deber de poner en este debate un signo de interrogación respecto de los efectos que esto puede causar en la pequeña y mediana empresas, tanto industriales como agrícolas.
Por cierto, me parece muy relevante haber convenido los acuerdos contenidos en el Protocolo, que también firmé porque representan un avance importante.
Sobre el resto, no queda más que confiar en las autoridades que impulsan esta iniciativa.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreno.

El señor MORENO.- Señor Presidente, entro al debate en una doble condición: primero, como Senador por la Región del Libertador Bernardo O`Higgins, y, segundo, en representación de sindicatos, de temporeras y temporeros, de cooperativas campesinas; en una palabra, intervengo en nombre de las organizaciones del mundo de la mediana y pequeña agricultura. Hablo a expresa petición de ellas. Por lo tanto, lo que aquí voy a exponer no son sólo opiniones de este Senador, sino también las que con ellos, en múltiples conversaciones públicas y privadas, hemos intercambiado respecto de esta materia.
En el mundo rural existe una clara inquietud y desaliento, sobre todo de quienes constituyen su mayoría. Todas las propiedades de 50 hectáreas hacia abajo agrupan prácticamente a más del 85 por ciento de la población rural. Son más de dos y medio millones de personas, las que se preguntan cuál es su destino en el presente y en el futuro de este país. Y cuando deben enfrentarse con el hecho cotidiano de la situación económica, de los precios de sus productos, de los avatares de la naturaleza, normalmente, sean incluso medianos y hasta grandes agricultores, ven con aprensión el futuro.
El debate de hoy tiene varias implicaciones, no tanto por la significación que desde el punto de vista técnico reviste la rebaja de puntos de los aranceles, sino como señal del país, y en particular del Senado, respecto, por una parte, de la ruralidad de Chile y, por otra, acerca del destino económico de quienes la componen.
Nadie ha mencionado algo que es un hecho evidente en la realidad nacional: que la regionalización, hasta este momento, está fracasando. No está funcionando de acuerdo con las expectativas e ilusiones forjadas e, incluso, con las buenas intenciones de las autoridades del Ejecutivo.
Hoy día la gente se pregunta quién será capaz de resolver el problema de la Región Metropolitana. Y éste se traduce en que, directa o indirectamente, no obstante los avances alcanzados por el Gobierno de la Concertación, se ha producido en ella un crecimiento poblacional que, en muchos casos, es mayor que el experimentado en otras comunas del país. En la actualidad, el Gran Santiago está llegando a cerca de siete millones y medio de habitantes. Por lo tanto, la pregunta que fluye cuando se discuten medidas económicas como éstas es cómo impactan en la regionalización, cuáles son las fuentes de trabajo que se crean, cuáles las que se eliminan y cuál es el destino de las personas vinculadas a las fuentes laborales que se suprimen y dónde ellas se radican. Tal es el tema de fondo que está rondándonos. No es el de quién se beneficia y de quién se perjudica, como aquí sostuvieron diversos señores Senadores, sino que cuál es el mensaje que el Senado envía al país respecto de lo que significa la actividad económica que se le asigna a quienes van a estar ocupando territorialmente el país y cuál es la calidad de vida y la fuente estable de trabajo con la que se mantendrán.
Por eso, creo que hablo en nombre de la agricultura chilena, y en el de los pequeños y medianos agricultores, aunque algunos de ellos no me hubiesen pedido formalmente hacerlo. Porque más allá de las diferencias ideológicas o políticas que podamos tener, la inquietud es compartida. Hay desconfianza respecto de lo que va a ocurrir con este sector, en una crisis que, como bien se ha dicho en este debate, ha sido generada por movimientos de capitales que no se controlan en la sociedad chilena -y no lo serán- y, por lo tanto, podemos suponer que los que pagarán su costo, si es que ella nos golpea, serán la clase media y los trabajadores. Quienes poseen mayores recursos se anticipan a las circunstancias de la crisis, toman sus medidas y se protegen. Los más débiles no tiene más resguardo que su trabajo, su pensión, su montepío.
En consecuencia, en el instante en que estamos planteando el tema de qué señal se entrega a esos vastos sectores de la población chilena respecto del futuro, quiero manifestar mi preocupación sobre los efectos reales que en el mediano y largo plazos se van a producir. Estos efectos reales no se sentirán en el corto plazo; no se reflejarán en el Presupuesto de 1999, o en el del 2.000 ó 2.00l; son señales que tienen otro tipo de implicación. Y ello es lo que me lleva a plantear la necesidad de que en esta Corporación se reconozca a tiempo la necesidad de establecer una política diferenciada para áreas, zonas y regiones de Chile. Nuestro país, por su peculiaridad geográfica, por la distribución de su población, incluso por las características de nuestros productos exportables, no va a funcionar en una condición homogénea.
Hoy he leído en la prensa que se va a construir la Costanera Norte. Discrepo de la medida y de que se diga por la prensa que no significará ningún gasto para el erario. Realmente, no hay ningún chileno que piense eso. Habrá costos y oportunidades para quienes se entronizarán en ese negocio, legítimo o no. Pero, en concreto, para quienes representamos a las Regiones no constituye una señal positiva, aun cuando se invoquen razones muy respetables: la congestión, la demora del tráfico y los problemas que se provocan en determinadas áreas de la ciudad. Pero, en el fondo, los chilenos entendemos que, así como la prolongación de la nueva línea del Metro implicó una inversión de millones de dólares en la ciudad de Santiago, la Costanera Norte se construirá a expensas de los sectores rurales.
Y éste es el punto sobre el cual deseo llamar la atención.
Este proyecto, como aquí se ha dicho, será aprobado. No es mi ánimo molestar a ningún señor Senador que haya hablado anteriormente, pero hubo algunas intervenciones que sencillamente no he podido seguir. Las escuché con atención, pero no logro entender cómo alguien puede afirmar que se opone y, sin embargo, firma el Protocolo. No me corresponde pronunciarme sobre ello, pero, sinceramente, no lo comprendo. Y lo digo con respeto, pues no está en mi ánimo molestar a nadie.
Hoy levanto mi voz para hacer una petición, y no me limitaré a hacerla. Somos muchos los Senadores que permaneceremos aquí hasta el año 2006. Hemos sido elegidos por la gente para eso. Por lo tanto, estaremos presentes, si Dios quiere, para ser testigos y actores de lo que hoy votamos. Yo asumo la responsabilidad en nombre de los que me eligieron y de quienes me pidieron hablar esta tarde, que son miles de personas de clase media y de los sectores más modestos del país y que no tienen voz en este Senado. Y lo hago con honor. Representamos a esa gente. Por ello, en primer término, pido que las medidas compensatorias sean dirigidas a la clase media y a los sectores pequeños, urbanos y agrícolas, y muy en particular, en el caso de la agricultura, a resolver cuatro o cinco problemas que hoy la agobian.
El primero es la falta de un sistema de apoyo a las organizaciones existentes, sin las cuales no hay mecanismo de modernización tecnológica posible. Quienes conocemos en profundidad el sector agrícola sabemos que la única correa real de transmisión es la organización del pequeño, del que está atomizado. Sin esa estructura, todos los esfuerzos de tecnificación se estrellan en la insatisfacción.
Rechazo las críticas hechas en el Senado en contra de organizaciones del Estado que apoyan a los pequeños agricultores, como es el caso de INDAP, pues son injustas, no corresponden a la realidad y, probablemente, están sesgadas de una visión de sociedad distinta de la que tenemos quienes defendemos a la mediana y pequeña agricultura.
Por lo tanto, pido que las medidas rectificatorias vayan por la vía de la compensación por crear un mecanismo de acopio, de comercialización efectiva, de refuerzo a la organización campesina y de estímulo a la creación de cooperativas, que prácticamente han sido condenadas al ostracismo. La cooperativa es el instrumento del pobre, del débil, del menor; las leyes vigentes en Chile no estimulan la existencia de ellas, y faltaría a la verdad quien diga lo contrario en esta Alta Corporación.
Pedimos a la gente que se organice para comercializar su leche, su trigo, su maíz, pero no existe mecanismo de estímulo para que eso ocurra. Esto acontece en vastas áreas de la zona central. De manera que pido una compensación efectiva para generar todo un sistema de información oportuna para el pequeño agricultor, el cual tiene derecho a saber lo que va a ocurrir con los mercados. Se está haciendo un esfuerzo incipiente, pero no basta. Asimismo solicito apoyo para un fondo de preinversión, para que a través de un bono productivo se produzca la transformación, la conversión del pequeño agricultor.
Señor Presidente, quienes hemos recorrido estos días las zonas rurales estamos conscientes de lo que a ocurre en ellas. Durante dos días acompañé al Presidente de la República en una gira por comunas rurales de la Sexta Región. Y quién sabe si el acto más significativo fue el encuentro que celebró el Primer Mandatario en la tarde de ayer, en Santa Cruz, con más de 400 dirigentes de las organizaciones campesinas de la Región. ¿Y qué dijo el Jefe del Estado? Que iba a honrar lo que había hecho su padre, don Eduardo Frei Montalva, quien cambió el destino de los pequeños y medianos campesinos de nuestro país. El Senador que habla hará otro tanto.
Por consiguiente, en esta etapa de incertidumbre que se abre para mucha gente, no cejaremos en representarla y en pedir que las compensaciones económicas lleguen efectivamente a esos sectores.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ha llegado la hora convenida para poner término a la discusión general. Por lo tanto, conforme a lo resuelto, corresponde iniciar la votación en general, que comenzará con el fundamento del voto del Honorable señor Stange; a continuación con los señores Senadores inscritos, y luego seguiremos el orden alfabético.

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, pido la palabra para formular una moción de orden.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Los señores Senadores que lo deseen pueden dejar registrado su voto en la Mesa, pero advierto que es necesario votar en particular cada uno de los artículos. De modo que propongo que las ocho o nueve votaciones que corresponde efectuar sean sin fundamento de voto.

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, ¿no podría precisarse el número de votaciones que es necesario realizar? Porque hay Senadores, como el Honorable señor Viera-Gallo, que se deben retirar y quisieran dejar registrados sus votos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Lo procedente es comunicar a la Mesa su parecer, a favor o en contra de los nueve artículos. No puedo aceptar que se vote a favor de uno y en contra de otro. Si algún Senador desea votar afirmativa o negativamente respecto de todos los artículos, lo puedo autorizar.

El señor MORENO.- Eso me parece razonable, señor Presidente.

El señor HAMILTON.- Está bien.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, no me queda claro, si ahora vamos a votar en general, fundamentando el voto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Sí, señor Senador.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).

El señor STANGE.- Señor Presidente, cuando en su oportunidad se aprobó el acuerdo del MERCOSUR, los agricultores de la zona austral, entre quienes me encontraba, recibimos con reticencia el anuncio. Con el correr del tiempo, y aún considerando el respectivo acuerdo de complementación económica, para la Región que represento éste no ha producido una ayuda significativa para el productor, ya que los sistemas implementados se caracterizan por ser burocráticos, de poco impacto en los costos de producción, discriminatorios y sólo es posible adjudicarse la compensación por una sola vez.
En tal forma, todo el tema MERCOSUR es de suma sensibilidad para los agricultores del sur, y especialmente para los pequeños, quienes, después de muchas generaciones dedicadas a las faenas tradicionales, se enfrentan a la obligación de readecuar sus esfuerzos para competir a nivel internacional. Para esta reconversión contaban con un plazo gradual de adecuación para productos sensibles hasta el año 2013, plazo que mediante el proyecto en análisis se pretende disminuir.
La agricultura del sur se caracteriza por presentar:
Primero, un alto porcentaje de pequeños y medianos agricultores. En la Décima Región, 80.9 por ciento de los predios tienen menos de 50 hectáreas.
Segundo, altos costos de producción, dado el tamaño y la escala productiva.
Tercero, baja rentabilidad. En los últimos cinco años los menores precios en leche (-12 por ciento), carne (-30 por ciento) y trigo (-25 por ciento).
Cuarto, la población rural en la Décima Región es de 36 por ciento.
La agricultura del sur pertenece al rubro que sustituye importaciones, dado que los productos principales no tienen una real posibilidad exportadora en el corto plazo.
El mercado internacional se caracteriza, a diferencia del chileno, por precios distorsionados, debido a agresivas políticas de subsidios que entregan los países desarrollados a sus productores.
La agricultura en el sur enfrenta, por lo tanto, un problema de pérdida de competitividad, debido a una baja rentabilidad, fundamentalmente por los altos costos de producción. Esto se demuestra con lo que está sucediendo con el MERCOSUR: disminución de 8 por ciento de las exportaciones, e incremento de 22 por ciento en las importaciones.
Por consiguiente, la rebaja de aranceles en discusión agravará aún más el problema, ya que la gradualidad alcanzada con el MERCOSUR y Canadá se alterará, acortándose ostensiblemente los plazos de adecuación, salvo que se impulse aún más la asistencia técnica y económica dirigida a los productores hasta alcanzar el arancel cero, que es lo deseable. Pero todo esto aún no es visible, ni a corto ni a largo plazo, en perjuicio de los agricultores, que desconfían mucho de los programas que se diseñan y no se cumplen adecuadamente.
Si la mayoría presente en el Senado, con mi voto en contra, aprueba en general el proyecto, dejo expresa constancia de que, de acuerdo al Protocolo firmado, se puntualice lo siguiente:
1º- Las compensaciones acordadas deben estar contenidas en un proyecto de ley, en el que quede plenamente establecida la continuidad en el tiempo futuro, a qué ítem se ingresarán los fondos y cuáles serán los montos.
2º- Los recursos no deberán ingresar a los presupuestos generales del Ministerio respectivo, sino a los específicos que operarán en los programas establecidos en la compensación.
3º- Deben quedar claramente establecidos los montos de recursos que se destinarán a la pequeña agricultura, y los dirigidos a la agricultura comercial. Asimismo, debe quedar consignado a qué regiones se beneficiará y las cantidades para cada uno de los programas antes mencionados.
Considerando estas especificaciones, estoy a favor del Protocolo de compensaciones a la agricultura; pero como representante de la Décima Región sur y de los pequeños y medianos agricultores, votaré en contra del proyecto en general.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Díez, para fundamentar el voto.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, hemos discutido un problema delicado, y a más de alguien se le han originado fuertes dudas acerca de cómo resolverlo.
No hay duda de que Chile debe demostrar su voluntad de crecer, conforme a políticas permanentes, y hacerlo en el mundo y no protegiéndose de él. En momentos en que la economía mundial se debilita, el país debe exhibir interna y externamente la convicción de que el camino elegido es el del futuro, de la realidad y de la modernidad económica.
Sin embargo, lo que estamos presenciando en el Senado, en que muchos de nosotros vamos a votar favorablemente algo que nos duele, corresponde a nuestra visión del futuro y de la actual crisis. Y al Gobierno le cabe adoptar una actitud similar en diversas áreas, a saber: primero, acelerar las privatizaciones de los puertos y de las empresas sanitarias, que, evidentemente, son motores de actividad económica. Segundo, dar ejemplos de austeridad real en el gasto y entender que, aun cuando hay programas de diverso orden que se justifican y aun son dignos de aplauso en condiciones normales, bien pueden disminuir su ritmo o paralizarse durante un tiempo, para destinar esos recursos, precisamente, a aumentar el ahorro fiscal y favorecer consecuentemente el desarrollo económico.
Por otro lado, el Ejecutivo nos ha demostrado con este proyecto una especie de incapacidad congénita para entender la agricultura, y sabe que, como muchos otros anteriores, perjudica a sectores del agro tradicional que producen principalmente carne, leche o productos sensibles de los cuales viven algunos millones de personas en las zonas que representamos.
Se ha elaborado un Protocolo, en el cual, como se verá, hay muchos elementos que valen la pena. La falla del Gobierno radica en que debió presentar, junto con la iniciativa en análisis, medidas positivas para compensar, y no partir con ellas para hacerlo a posteriori, producto de negociaciones y presiones, en lugar de expresar su libre y espontánea voluntad frente a un sector al que -y lo digo honestamente- no entiende bien.
En las conversaciones que hemos tenido con respecto a la aplicación de algunas políticas de riego o de mejoramiento de praderas, uno ve que hay una suerte de desconfianza hacia el agricultor, en el sentido de saber si la ayuda del Estado para enriquecer las tierras se usará para adquirir abonos fosfatados, por ejemplo, no bastando que la persona que la recibirá sea una especie de deudor hipotecario, con domicilio conocido y poseedor de bienes raíces. Y la simplificación de relacionar el documento que acredita haber pagado el IVA correspondiente al adquirir los fertilizantes, con la declaración jurada donde consta el lugar donde se emplearán, y el avalúo correspondiente para ubicarlo en el plano catastral del país debiera bastar, sin perjuicio de las medidas fiscalizadoras que corresponda adoptar a posteriori.
Lo que está ahogando muchas actividades nacionales son los plazos previos y los informes que es necesario elaborar. Los propios Parlamentarios oficialistas están contestes, como lo hemos hablado tantas veces, en cuánta plata se gasta en asesores de los sectores público y privado, en estudios, en gestores, y principalmente en el mundo campesino, que no está acostumbrado a hacer trámites. Hay en esto una falta de entendimiento de las autoridades y una especie de desprecio por el sector agrario.
Para terminar, daré algunos ejemplos. En general, las actividades económicas del país pagan y compensan el IVA a fin de mes. Los agricultores que venden madera saben que parte del tributo la cancelan directamente los que la compran; los campesinos que venden su trigo en los molinos saben que una fracción del mismo impuesto la pagan esos establecimientos, pero no la compensan los agricultores; y los que van a las ferias también saben que parte del gravamen la cancelan directamente ellas y otra va al agricultor. El Director de Impuestos Internos afirma que si queda un saldo, en cinco días lo devuelve, bastando pedirlo. Esto último significa hacer un trámite en la ciudad, lejos de donde se vive, que cuesta dinero y se traduce en dos o tres viajes a la oficina respectiva. Como puede apreciarse, hay en esto una injusticia extrema: el campesino que vende sus productos y adquiere sus insumos debe pagar la totalidad del IVA por ellos y pedir al Estado que le devuelva parte del tributo que pagó directamente. Ello demuestra que la agricultura no ha sido preocupación esencial del Gobierno y no la ha tenido presente para compensarla.
En el Protocolo suscrito por algunos Senadores y Ministros de Estado se consignan elementos importantes y novedosos, como el establecimiento de salvaguardias, el compromiso de dictar una ley para mejorar los suelos, obviar los trámites y proceder a la entrega directa de los recursos a quienes los requieran, y no a través del poder discrecional del Estado, que en el mejor de los casos trae burocracia, y en muchos otros trae aparejada corrupción.
Votaré a favor, teniendo presente el referido acuerdo. Espero que, además de cumplirlo, el Ejecutivo honre también la obligación moral que adquiere con la mayoría del Senado y adopte las acciones destinadas a paliar la crisis que nos afecta.

El señor PRAT.- Señor Presidente, dentro del maratónico y poco conveniente procedimiento seguido para discutir este tipo de materias, seguramente excederé los cinco minutos asignados para fundamentar mi posición. Y en el escaso tiempo de que dispongo daré mis razones respecto del proyecto, tanto en general como en particular.
Estimo que la rebaja arancelaria aparece conveniente y necesaria para poner al país en el nivel de apertura económica que exhiben las economías más desarrolladas, y permite potenciar su sistema económico, mejorar la asignación de los recursos y vitalizar el sector exportador. Sin embargo, se presenta prácticamente con un atraso de tres años respecto de lo convenido con el señor Ministro de Hacienda al adoptar la decisión de asociarse al MERCOSUR.
En definitiva, se nos propone una iniciativa que establece una marcada gradualidad de cinco puntos en el mismo número de años; pero esa misma gradualidad hace perder parte importante del efecto dinamizador que se habría obtenido con una rebaja inicial más significativa. La que se plantea es compensada en términos impositivos, lo cual sería entendible y lo compartiríamos cabalmente si estuviera ligada a una desgravación más sustancial e inmediata, pues obligaría a asegurar los equilibrios macroeconómicos y compensar adecuadamente; pero en la forma gradual como se propone, a cinco años, a mi juicio se justifica la compensación referida a los dos primeros puntos, pero aparece como discutible la siguiente, puesto que el crecimiento económico, de aquí a tres años, debería compensar por sí mismo las rebajas puntuales a partir de esa fecha.
Los impuestos que se proponen, básicamente, son tres -al tabaco, a la gasolina y a los timbres y estampillas-, y me merecen las siguientes observaciones.
El vinculado al tabaco, a mi juicio, constituye una suerte de persecución hacia los fumadores. Siendo el fumar una conducta que no se encuentra penada por la ley -de acuerdo a nuestro marco legal, es lícita-, no corresponde establecer al tabaco tributos que sean marcadamente discriminatorios e injustos. Ciertamente, la práctica de fumar está socialmente desacreditada. Pero eso no justifica perseguirla a través de impuestos.
Las propias autoridades de Gobierno señalaron en la Comisión de Hacienda que se propone dicho gravamen por cuanto sería el menos impopular. Sin embargo, pienso que los impuestos no pueden ser populares o impopulares, porque o son justos, consecuentes y procedentes, o bien, no lo son. Este tributo, a mi modo de ver, aparece absolutamente desproporcionado en las tasas actuales. Por lo tanto, desde ya, anuncio mi voto en contra de la norma respectiva, y formulo reclamación de constitucionalidad para los efectos procedimentales correspondientes.
Además, se contempla un impuesto a las gasolinas, respecto del cual -si bien tiene un sesgo antirregiones- la propia argumentación que se plantea en torno de él indica que desincentiva la congestión vehicular. Pero éste no es un problema de las regiones, sino de la Capital, que cuenta con mecanismos más expeditos para atenderlo, como puede ser, por ejemplo, el pago de patente de los vehículos que circulan en la Región Metropolitana, o la propia tarificación vial.
En todo caso, considerando que hay un componente de compensación que se justifica para esos dos puntos, en la Comisión de Hacienda voté favorablemente el impuesto a las gasolinas, y eso lo repetiré en la Sala. Incluso, en su oportunidad sugerí adelantar su vigencia, que está considerada a partir del año 2000, para que se pudiera poner en práctica en 1999, de manera de compensar el impuesto al tabaco en caso de que éste fuera desestimado en la reclamación que se hará ante el Tribunal Constitucional, y así no dejar desequilibrado el primer punto.
El tercer impuesto, que es a los timbres y estampillas, lo estimo absolutamente inconveniente. Tiene dos componentes: uno, afecta los créditos de consumo, y dos, afecta los créditos que mueven la producción y el comercio.
En lo referente a gravar el consumo, el carácter de la norma es claramente regresivo, porque los sectores que recurren a este tipo de créditos son, principalmente, los de menores recursos y medios. Por lo tanto, es regresiva en ese aspecto.
En cuanto a los créditos operacionales de las actividades productivas y del comercio, se avanza en sentido contrario de lo que busca el proyecto en general: acrecentar la competitividad y eliminar los costos de producción que resultan inconvenientes. Sin embargo, este impuesto en particular agrega un costo de este tipo, contrario al espíritu de la iniciativa. Por eso, voté en contra en la Comisión y me pronunciaré de igual modo en la discusión particular.
He ofrecido mi disposición para avanzar, por ejemplo, en un proyecto que grave al diesel -esto se mencionó en el debate que tuvimos ayer con distintos actores sociales-, el cual podría reemplazar a este otro impuesto, que regirá a partir del año 2001.
Señor Presidente, como veo que Su Señoría interrumpirá mi intervención, debo manifestar que es absolutamente necesario extender el tiempo de mi derecho a usar de la palabra durante el fundamento del voto, pues en la discusión particular no podremos precisar nuestra posición. Si extiendo demasiado mi exposición, la Mesa puede advertirlo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Senador, para los efectos de hacer la excepción, debo pedir autorización a la Sala, por cuanto hemos tomado un acuerdo en tal sentido. Por lo tanto, no se trata de un problema de querer interrumpirlo, sino de una manera de aplicar la regla. ¿Cuánto tiempo necesita, Su Señoría?

El señor PRAT.- Solicito que la norma sea de carácter general. En este sentido, pido a la Mesa que revise el acuerdo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No podemos hacerlo, porque, incluso, muchos señores Senadores se han retirado de la Sala.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, estoy de acuerdo en que se concedan diez minutos más al Honorable señor Prat.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Eso no puede ser, porque es más de lo que corresponde al tiempo acordado para la discusión general.

El señor PRAT.- No necesitaría, tanto, señor Presidente.
En todo caso, me parece que estos procedimientos deben ser revisados, porque resultan inconvenientes.
En el día de ayer, se planteó la posibilidad de avanzar en un impuesto al diesel -eso sí, avisado con un anticipo de dos años- que evite la desviación que hoy día se está provocando -y que se acentuará con el gravamen que se pretende establecer a la gasolina- desde vehículos gasolineros a los que usan diesel, los cuales resultan mucho más contaminantes. En tal virtud, la señal correcta sería anunciar un impuesto para el diesel dentro de un programa tendiente a la reconversión a gas comprimido, principalmente en la locomoción colectiva.
Pienso que si aquél se anuncia a partir del año 2001, fecha en que regiría el impuesto a los timbres y estampillas, significaría reemplazar este tributo e ir en la dirección correcta. Pero, desgraciadamente, no ha habido voluntad para avanzar en esa línea, lo cual nos impide dar una señal correcta, tanto de acción positiva del Congreso en perfeccionar una ley como ésta, cuanto a las orientaciones para quienes usan el diesel como combustible en la locomoción.
El proyecto aborda también lo relativo al reintegro simplificado, a cuyo respecto he dado me aprobación -que mantendré- y lo concerniente al pago de aranceles en forma diferida. Sobre el particular, la Comisión de Hacienda ha acordado una enmienda -se encuentra contenida en una indicación que tenemos a la vista- que recoge lo acordado. Por lo tanto, la votaré favorablemente.
En complementación a la presente iniciativa, se ha convenido un acta de protocolo, que establece apoyos estructurales a la agricultura. A mi juicio, es totalmente necesaria y me alegro de que se haya firmado. No he sido partícipe de ella, pues algunos aspectos que contiene me merecen ciertas objeciones, como lo señalé en mis observaciones. Sin embargo, creo que ese protocolo es fundamental; y, ojalá, se cumpla con un rigor muy superior al que se tuvo con ocasión de aquellos que celebramos al convenir la asociación con el MERCOSUR.
Por tales consideraciones, en esta discusión general votaré a favor del proyecto, y en el debate particular me pronunciaré en la forma que he señalado.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, estimo que esta iniciativa afecta los acuerdos del MERCOSUR en lo referente a los productos sensibles -como se manifestó-, los cuales además serán afectados no sólo por la rebaja de aranceles, sino también por los impuestos que se les asocian.
Por lo demás, en el contexto del MERCOSUR, los compromisos que el Gobierno asumió en el Senado en esa oportunidad respecto del desarrollo rural, no han funcionado.
En este sentido, haré un rápido repaso de la situación. Partiré señalando que no se ha hecho entrega, en todo o en parte, de los fondos destinados a capacitación y educación técnico-profesional rural, como tampoco los relativos a caminos rurales y sendas de penetración en áreas desvinculadas.
En lo referente a la productividad de praderas, en verdad, algo se ha hecho, pero no lo suficiente. Por lo demás, era lo que se había financiado para estos efectos.
Por su parte, la bonificación forestal no está funcionando. Y, en seguida, señalaré por qué.
La condición de los deudores y la crítica situación que vive el sector rural, en cuanto a la posibilidad de generar un flujo financiero y acceder a determinadas alternativas, están cada día peor.
Sobre el particular, se nos ha presentado un protocolo nuevo, el cual también requiere más de alguna observación. En lo que respecta a las salvaguardias, éstas deben adoptarse con el proyecto que se propone o sin él, pues la crisis que se está enfrentando necesita, de todas maneras, las medidas que se plantean y que, evidentemente, son positivas.
El tercer punto del protocolo señala: "El Gobierno mantendrá el cumplimiento gradual del compromiso asumido con ocasión de la aprobación del acuerdo de complementación económica con el Mercosur". Evidentemente, constituye un compromiso y es preciso cumplirlo. Por ello carece de sentido una declaración semejante en un documento de esta índole.
Lo agregado se debe hacer resaltar como positivo, obviamente, con algunas observaciones, en especial en lo relativo a los "programas especiales dirigidos al sector agrícola.".
Se anuncia la prórroga de la ley Nº 18.450, que bonifica proyectos de riego y drenaje. Hago hincapié en lo relativo al drenaje, porque en el país no sólo se registra sequía, sino también otros problemas.
Y las bondades del proyecto -con las transparencias que se requieren- continuarán siendo postergadas.
La fertilización fosfatada de suelos apunta a un solo sector, y creo que debe ser ampliada. O sea, dentro de las reglas que permite la Organización Mundial de Comercio, se precisa mejorar la tierra, controlar la erosión y aumentar la productividad. Por lo tanto, hay que apuntar en la dirección correcta. Es algo que intentamos hacer, sin que ello fructificara, porque el Gobierno, una vez que se dio cuenta de que contaba con los votos necesarios, "bajó la cortina".
Pienso que se deben perfeccionar el decreto ley Nº 701 y las leyes asociadas. Allí realmente existe una oportunidad para los sectores agrícola, ganadero y rural.
Los otros elementos del protocolo, como el de que los recursos "deberán distribuirse en forma clara y transparente", y el de que se "procurará minimizar los costos de administración", son obvios y declaratorios. En todo caso, debe tenerse algún cuidado.
Y, en cuanto a los fondos que se liberarán por la desmontadura obligatoria del reintegro simplificado, es también algo que de todas maneras se debe hacer si hay un acuerdo con la OMC.
Respecto de los pequeños propietarios forestales, los pequeños productores agrícolas y todos los sectores pequeños y marginados -sean pescadores, grupos étnicos, mineros, en fin-, estimo que respecto de ellos ha fallado la focalización Son muchos los fondos que, pese al objetivo que tenían, quedan rezagados y sin llegar a la comunidad, a causa de organizaciones intermedias, comisiones, viajes, seminarios, etcétera. En el fondo, es otra gente la que accede a ellos.
Y precisamente en esta parte se da la oportunidad -me parece que algo se avanzó en la mañana con el señor Ministro de Agricultura- de una mejor definición. A mi juicio, la ley Nº 19.561 -señala que es el pequeño propietario forestal el que accede a líneas de crédito o a mayores bonificaciones por forestación-, lleva asociadas las restricciones impuestas al pequeño productor agrícola por la ley Nº 18.910. Por eso, debe ser necesariamente redefinida la situación.
Es justamente lo que planteábamos, porque con ello habria una orientación correcta, en cuanto a dar movilidad al sector, a fin de que el modesto productor -en la medida en que se mantenga como tal y marginado- acceda a los beneficios. Se trata de estimularlo en su actividad. Desde mi punto de vista, se ha planteado en forma incorrecta la conjugación de esas dos leyes. Si eso no cambia, se daría la curiosa situación de que los pobres del campo vivan en esa condición y mueran como ricos, ya que sus activos (el campo, la casa, los cercos, las mejoras, etcétera), no obstante que puedan tener gran valor, no los pueden aprovechar.
También es preciso llamar la atención acerca del vínculo entre el protocolo y la declaración pública de una importante cantidad de Senadores. En verdad esta última, que hace referencia al requerimiento de "una adecuada transición" para que un sector productivo integrado por más de un millón de personas pueda enfrentar los desafíos de la globalización y la rebaja de aranceles, no ha sido bien representada en el protocolo. Por lo tanto, cabe pedir una reflexión posterior para estos efectos.
Estimo conveniente conocer la distribución de los posibles beneficiados y afectados por el protocolo. Por nuestra parte, no hemos tenido oportunidad ni tiempo para consultarlos. Las organizaciones gremiales se encuentran distribuidas en un territorio tremendamente desvinculado. Las regiones de la zona austral, entre ellas Aisén, como es obvio, no han podido imponerse del texto ni ser partícipes de su elaboración. Entonces, no podemos comprometernos sobre el particular, sobre todo si se trata de un territorio desmembrado en que, con bastante avidez y facilidad, se compra desde fuera: las aguas pertenecen a países y empresas foráneas, las concesiones marítimas son solicitadas permanentemente y para qué mencionar las terrestres.
Por lo tanto, si a este tipo de proyectos no se adjuntan medidas que apunten a más caminos, educación, capacitación, energía y comunicaciones, necesarios para la integración y para desarrollar el sector rural, se favorecerá a ciertos sectores en desmedro de otros.
Si la rebaja de aranceles se asocia al financiamiento del proyecto a través del alza de los impuestos a la gasolina y de timbres y estampillas, evidentemente ello afectará aún más al sector. Por ello no creo que sea conveniente la manera en que se legisla ni la premura con que se procede.
En consecuencia, voto en contra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No habiendo ningún otro señor Senador inscrito, continuará la votación nominal de acuerdo con el orden alfabético.
Pueden fundar su pronunciamiento quienes no hayan intervenido en la discusión general.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, ése no es el acuerdo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Los que ya intervinieron en la discusión general no pueden hacerlo ahora.

El señor ERRÁZURIZ.- No se dijo eso.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Así fue el acuerdo.

El señor ERRÁZURIZ.- Es algo que no se mencionó, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La Mesa lo estima de esa manera.

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, convocados a votar el proyecto, me surgen dos reflexiones, aun cuando me sumo a lo ya dicho por el Senador señor Novoa, cuyas palabras hago mías.
No cabe duda de que la reducción de aranceles es una medida acertada, que tendrá efectos positivos en el mediano plazo. La consideración que cabe hacer es que si ella se hubiera adoptado o implementado cuando procedía -o sea, al acordarse lo relativo al tratado del MERCOSUR-, tal vez no se habría requerido de compensaciones tributarias, las cuales hoy vuelven a gravar a la clase media chilena.
Y sobre el particular es preciso exponer con toda claridad, señor Presidente, que en su momento hubo falta de decisión del Gobierno, lo que ha conducido a la rebaja de aranceles y, para que ésta opere, al alza de algunos impuestos. Lo que señalo se hizo evidente cuando al interior de la propia Concertación los propios partidarios de la rebaja, no querían que se tomara tal medida.
Han transcurrido dos años y hoy, frente a una escenario dominado por una crisis económica, se aplica una decisión que, en general, es positiva en el mediano plazo, pero cuya implementación tardía obliga a cargar con más impuestos a la clase media. Si se hubiera resuelto a tiempo lo que hoy se propone, quizás nos hubiésemos hallado en mucho mejor situación para enfrentar el problema en el que nos encontramos. Tal vez, el país habría contado con un tipo de cambio y una posición financiera mejores para enfrentar los nuevos desafíos.
Lo claro es que, una vez más, señor Presidente -perdóneseme la expresión- "Moya sigue pagando". La gente a la que tanto bienestar se le ha prometido es la que, sin entender nada de lo que pasa -porque se trata de temas complejos que no logra descifrar el común de los mortales chilenos-, únicamente tiene claro que, llegada la hora de los ajustes, ella es la que asume el costo y también la que sufre con más rigor esa crisis. Y, entonces, por lo tardío de la medida, de nuevo se requiere echar mano a la esforzada clase media emergente chilena, la que deberá soportar, por la demora en las decisiones gubernamentales, un nuevo recargo tributario. Voto a favor la rebaja de aranceles, y anuncio que me opondré frontalmente a todo cuanto signifique más alza de impuestos.

El señor ERRÁZURIZ.- Me pronuncio en contra, lamentando no poder fundamentar el voto.

El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, me parece que la rebaja de aranceles apunta en la línea adecuada. Incluso, me habría gustado que fuera más amplia, como se anunció en su oportunidad, cuando se señaló que comprendería tres puntos y no la gradualidad establecida en el proyecto. En todo caso, estimo que es positiva, contribuye a afirmar el modelo económico vigente y, además, constituye una señal muy favorable para el extranjero que Chile, en momentos de crisis, adopte la decisión de disminuir sus aranceles con el objeto de hacer más competitivas sus actividades, sin entrar en los caminos seguidos por otras políticas económicas del mundo, con motivo de situaciones similares. Reitero: me parece muy positiva la decisión, y ello justifica aprobar el proyecto en general en lo relacionado con la rebaja de aranceles.
Sin embargo, habría preferido que el porcentaje de rebaja que se acordó aplicar de inmediato no sólo fuera mayor, sino también que no hubiera sido compensado, como las rebajas de aranceles de los años 80 o la de 1991 cuya compensación sólo fue parcial.
Asimismo, estimo que los impuestos establecidos en la iniciativa merecen reparos. Por ejemplo, el impuesto al tabaco grava en forma desproporcionada e injusta una actividad lícita, lo cual -a mi juicio- contraviene expresamente el Nº 20º del artículo 19 de la Constitución Política, que señala: "En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos.". Precisamente, aquí se da esta situación, porque a ninguna otra actividad en el país se aplica un impuesto de esta envergadura, que grava en más de 75 por ciento -o alrededor de ese porcentaje- el precio del producto final. Por lo tanto -reitero-, estamos en presencia de un tributo injusto y desproporcionado.
Del mismo modo, me parece inconveniente el impuesto a la gasolina, porque afectará fundamentalmente a la clase media, sobre todo en Regiones como, por ejemplo, Magallanes -que represento-, donde hay que recorrer grandes distancias y no es posible usar gas comprimido. Allí, las personas que han logrado adquirir un vehículo -imprescindible como medio de trabajo y recreación en esa zona- deben incurrir en gastos muy importantes en bencina. Esta medida, probablemente con el objeto de salvar una situación producida en Santiago, grava seriamente a las Regiones. Por otra parte, no olvidemos que en Magallanes se da la paradoja de que siendo la única productora de petróleo del país, es uno de los lugares donde éste y la bencina son más caros.
En cuanto al impuesto a los timbres y estampillas, éste incrementa el costo de los créditos; vale decir, afecta justamente a personas que pueden estar solicitándolos para efectos productivos. Esto es contradictorio, porque, por una parte, la rebaja de aranceles tiene por objeto dar mayor competitividad y, por otra, este tributo grava actividades productivas. Nos habría satisfecho un impuesto que afectara el consumo, pero no a actividades de esa naturaleza.
Por esa razón, señor Presidente, voto a favor del proyecto, en general, pero me pronunciaré en contra de los impuestos a los cigarrillos, a la gasolina y a los timbres y estampillas.
En cuanto al protocolo firmado, a mi juicio, es positivo y representa un avance. Además, una vez que se desarrollen los distintos programas, ojalá se incluya en forma adecuada y justa también a todas las Regiones, y no sólo a las representadas por quienes han suscrito el protocolo.
Voto a favor, y anuncio que me pronunciaré en contra de los impuestos.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, el Comité Unión Demócrata Independiente me levantó el pareo.
Por lo tanto, voto a favor.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, voto en contra del proyecto.
Y si alguien entiende que esto es contradictorio con el hecho de haber firmado el protocolo, entonces, retiraré mi firma de él.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, desde el punto de vista de una situación económica general de desaceleración de la economía -a mi juicio- el concepto de crisis está mal empleado.
Ante una desaceleración de la economía -como consecuencia, especialmente, de la ocurrida en los países asiáticos- la solución no pasa sólo por una rebaja pareja de aranceles y al mínimo posible, sino que además debe ir acompañada de una disminución de impuestos en general.
Las naciones del Asia Pacífico están mirando este problema con ese criterio, y, en general, todas las experiencias económicas del mundo señalan que, en estos períodos de desaceleración, en vez de aumentar los tributos se deben reducir los aranceles y también los impuestos.
Eso, como enfoque general.
Ahora, desde un punto de vista particular, en el área agrícola -que ha sido el centro del debate después de este análisis general-, aparece una alternativa que no ha sido mencionada y que también iría en la dirección de reactivar la economía. Por eso, hay que plantearse el problema que estamos viviendo una desaceleración. Sería una crisis si el país quebrara o dejara de cumplir con sus obligaciones. Eso no ha ocurrido ni ocurrirá. Tampoco ha sucedido tal situación en ninguna parte del mundo.
En esta coyuntura, al parecer, la forma de resolver el problema de la agricultura no radica en firmar estos compromisos sustentados sólo en la buena fe, ya que, a la larga, los cambios que ocurran en la política pueden dejarlos sin efecto. De hecho, ha quedado demostrado en el caso del MERCOSUR.
Pareciera que la solución pasa por una disminución de los impuestos en general que se aplican en la agricultura. ¿Por qué razón? Porque, eso permite que la reactivación, en otras palabras, la no dirección del Estado de esos recursos a través de subsidios -como se plantea-, sea hecha por el particular, por el agricultor común y corriente. Él sabrá cómo invertirá el excedente que resulta de no tener que pagar los impuestos que se le cobran. De esa manera, la actividad privada queda cubierta.
Sin embargo, en la forma como se halla concebida la ley en proyecto y las ideas contenidas en ella, nos encontramos con el fenómeno de que se está entregando finalmente al Estado el manejo "político", más que social, de estos recursos, que se quieren compensar con el aumento de impuestos.
Deseo agregar además que, a mi juicio, se está incentivando un proceso delictivo. Porque, entrando en detalle, ¿qué va a pasar con un alza de impuestos al cigarrillo? Va a ser atractivo el contrabando.
Entonces, por un lado, estamos hablando de que necesitamos evitar problemas de corrupción y de comisión de delitos, sobre todo, económicos. Pero, por otro, un aumento del impuesto no sólo frenará una actividad agrícola determinada, sino que además va a incentivar, en mi opinión, el contrabando.
Por consiguiente, estamos en una dirección absolutamente equivocada.
En este aspecto, estimo que la rebaja de aranceles es positiva, pero debe ir aparejada con una disminución de impuestos en general. Y si esto puede llevarse a cabo en el área agrícola por resolución política agrícola, debería aplicarse una rebaja a los impuestos en general que gravan a la agricultura, a fin de poder reactivarla.
Voto en contra del proyecto.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, voy a votar a favor de esta iniciativa, porque se está cumpliendo un compromiso suscrito entre el Gobierno y la Oposición con motivo de la aprobación del ingreso de nuestro país al MERCOSUR, hace aproximadamente dos años.
En ese momento, se acordó una rebaja de aranceles debido a que es importante tratar de minimizar la desviación de comercio que se produce cuando un mismo bien tiene un tratamiento arancelario diferente de acuerdo a su origen. Una serie de acuerdos comerciales suscritos por nuestro país ha creado ese tipo de distorsiones. O sea, un mismo producto, puede tener un arancel de 11 por ciento si proviene de un país con el cual no hemos suscrito acuerdo comercial alguno, y, asimismo, un arancel de cero por ciento o el que se haya acordado, si procede de uno con el cual existe un acuerdo firmado. Tales distorsiones obviamente provocan desviación de comercio y pérdida de eficiencia en la economía.
Se ha dicho, por otra parte, que la rebaja de aranceles producirá un aumento en el tipo de cambio real de nuestro país. En verdad, ese efecto es de segundo orden, no constituye un incremento significativo.
Deberemos preocuparnos de cómo aumentar el tipo de cambio real, a partir básicamente de un aumento del ahorro fiscal y privado, tanto en el corto como en el mediano y largo plazos, y también de una ampliación de la banda cambiaria, que espero que ocurra dentro de las próximas semanas, pues, a mi juicio, es importante para el futuro de nuestra economía, sobre todo por el tema de la brecha que tenemos en la cuenta corriente.
Por lo tanto, el efecto principal de esta rebaja arancelaria no incidirá -como dije- en un aumento en el tipo de cambio real, sino más bien en la eficiencia de nuestra economía. De hecho, el notable crecimiento de nuestro país en los últimos 15 a 20 años ha sido básicamente por la apertura económica que, en este minuto, estamos perfeccionando.
En consecuencia, voto a favor del proyecto.
Por otra parte, aunque no tiene mucha relación con la iniciativa, quiero corregir una cifra que señaló el Honorable señor Lavandero. Él dijo que las empresas mineras privadas pagan 126 millones de dólares en impuestos. Y, en verdad, Su Señoría confundió una cifra expresada en pesos con otra en dólares. La cantidad que debió leer en realidad era 126 mil millones de pesos. Por eso, se produjo la discrepancia con el Honorable señor Pérez, quien tenía razón en su planteamiento al expresar que el pago era de 277 millones de dólares, lo que, traducido en moneda actual -ya que esa cifra está expresada en dólares desde diciembre de 1996-, equivale aproximadamente a 304 millones de dólares.
Esta materia no tenía mucho que ver con el proyecto de rebaja de aranceles; pero fue una discusión que surgió en la Sala. Reitero: sólo hubo una confusión respecto de cifras que están dadas tanto en millones de pesos de diciembre de 1996, como en millones de dólares de igual fecha.

El señor PARRA.- Señor Presidente, si algo distingue al proyecto, es su coherencia. Y resulta, por eso, difícil entender la disociación que se hace de las partes que lo componen y que lleva a votar cada una de éstas de manera distinta, lo que, a mi entender, es verdaderamente contradictorio.
En primer lugar, la iniciativa apunta a una medida de política económica que ha sido positivamente saludada desde todos los sectores en la Sala. La rebaja de aranceles planteada se caracteriza, además, por su realismo y por el sentido de responsabilidad con que se aborda, a través de la gradualidad que, en definitiva, se adopta. Por la misma razón, aleja también los temores manifestados por algunos señores Senadores respecto de la falta de oportunidad que ella pudiera acarrear.
Pero, en segundo término, el proyecto cuida aquellos sectores más vulnerables frente a la rebaja de aranceles y lo hace mediante planes específicos de apoyo.
Me preocupa, en particular -y asistí a reuniones de trabajo con directivos de ASEXMA en la Región donde vivo-, la situación de la pequeña y mediana empresas.
Veo que felizmente la materias relativas tanto al reintegro como al pago diferido de IVA y derechos de internación en la adquisición de bienes de capital han quedado razonablemente salvadas.
Asimismo, observo con satisfacción una preocupación especial por la agricultura, que espero que responda a una decidida opción de Estado. No me cabe duda de que los programas convenidos deben ser ampliados. Y quiero en particular manifestar mi adhesión a lo señalado aquí por el Honorable señor Moreno respecto del sector cooperativo, que -a pesar de todos los inconvenientes con los cuales ha podido manifestar su existencia- tiene éxitos notables que exhibir, y que está reclamando un apoyo directo por parte del Estado.
Pero es evidente que para que la acción del Estado sea posible, éste no puede seguir perdiendo su capacidad captadora de ingresos. Por eso, se requería la compensación fiscal, y, en tal virtud, se introdujeron los impuestos sometidos a votación.
Me parece contradictorio reclamar la acción del Estado, por una parte, y negarle los recursos para poder realizar tal acción, por la otra.
Señor Presidente, no deseo con esto sostener que la opción tributaria propuesta haya sido la mejor. Quiero dejar constancia que sobre el particular comparto en gran parte el punto de vista sostenido en esta Sala por el Honorable señor Lavandero. Es necesario que hacia adelante "no pague Moya", para utilizar las expresiones del Senador señor Bombal.
El Informe sobre Desarrollo Humano -año 1998-, que acaba de hacerse público y del cual hasta ahora sólo conocemos reseñas, revela no sólo una exacerbación en el consumo, sino además el hecho de que éste, en correlación con los altísimos niveles de concentración del ingreso que se registran en nuestro país, se ha concentrado también de una manera verdaderamente preocupante, que toca a nuestra moral colectiva, y que reclama mecanismos de control que introduzcan asimismo un sentido solidario, que la sociedad no puede abandonar.
En tal virtud, desearía que en el futuro, al establecer nuevos impuestos, miráramos más bien al consumo superfluo y suntuario, que constituye una provocación para el grueso de la población chilena y que hoy tiende a gravarse en los niveles normales del resto del consumo que aquí se realiza.
Por esa razón, tratándose de un proyecto que es un todo coherente, lo voto afirmativamente en general y particular.

El señor RÍOS.- Señor Presidente, estoy pareado con el Senador señor Ruiz-Esquide¿

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Entonces no puede fundar su voto, señor Senador. Pero si quiere dejar una constancia breve, puede hacer uso de la palabra.
El señor RÍOS.- Señor Presidente, como estoy pareado con el Honorable señor Ruiz-Esquide en el entendido de que Su Señoría votaría favorablemente, sólo quiero dejar constancia de que mi pronunciamiento habría sido negativo.

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la votación
--Se aprueba en general el proyecto (26 votos contra 5 y un pareo).
Votaron por la afirmativa los señores Boeninger, Bombal, Canessa, Cariola, Cordero, Díez, Fernández, Foxley, Gazmuri, Hamilton, Matthei, Novoa, Núñez, Ominami, Parra, Pérez, Pizarro, Prat, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Errázuriz, Horvath, Larraín, Martínez y Stange.
No votó, por estar pareado, el señor Ríos.


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Según lo acordado por la Sala, corresponde pronunciarse en particular sobre la iniciativa -esto es, artículo por artículo-, sin fundamentación de voto.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, a lo mejor hay preceptos que pueden aprobarse con el mismo resultado anterior. Así se hace más económica la votación.

El señor PRAT.- Señor Presidente, son seis artículos. En mi opinión, será muy rápido votar económicamente cada uno de ellos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Procederemos a votar económicamente si lo acepta la Sala. No discutamos más el tema.
¿Habría acuerdo para aprobar el artículo 1º? Creo que no presenta ninguna dificultad.
--Se aprueba el artículo 1º, con el voto en contra del Senador señor Martínez.


El señor PRAT.- Señor Presidente, ojalá se precisara el contenido de cada artículo antes de votar.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Así lo hará la Secretaría, señor Senador.

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- Corresponde votar el artículo 2º, que dice:
"Artículo 2º.- Sutitúyense, a contar del 1º de enero del año 1999, en los artículos 3º, 4º y 5º del decreto ley Nº 828, de 1974, los guarismos "46%", "45,4%" y "42,9%", por "51%", "50,4%" y "47,9%", respectivamente.".

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Ministro, ¿éste es el impuesto al tabaco?

El señor LEIVA (Ministro de Economía).- Así es, señor Presidente.

El señor PRAT.- Señor Presidente, hago presente mi voto en contra y formulo objeción de constitucionalidad.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Hay votos en contra.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, yo habría votado en contra, pero estoy pareado con el Senador señor Ruiz, a quien no veo. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El Honorable señor Ruiz votó, Su Señoría. El señor FERNÁNDEZ.- En ese caso, voto que no. El señor LARRAÍN.- Por cumplir el Protocolo, voto que sí. El señor PRAT.- Voto en contra y formulo objeción de constitucionalidad.

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la votación.

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- Resultado de la votación: 22 votos por la afirmativa, 7 por la negativa y un pareo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Aprobado el artículo 2º.
Votaron por la afirmativa los señores Boeninger, Canessa, Cariola, Cordero, Foxley, Gazmuri, Hamilton, Larraín, Matthei, Núñez, Ominami, Parra, Pizarro, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Stange, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Bombal, Errázuriz, Fernández, Martínez, Novoa, Pérez y Prat.
No votó, por estar pareado, el señor Ríos.


El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- Corresponde pronunciarse sobre el artículo 3º, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 3º.- Introdúcese, a contar desde la fecha que en cada caso se indica, la siguiente modificación al inciso quinto del artículo 6º de la ley Nº 18.502:
"a) A contar del 1º de enero del año 2000, sustitúyese el guarismo "4,4084" por "5,2", y
"b) A contar del 1º de enero del año 2001, sustitúyese el guarismo "5,2", que introdujo la letra anterior, por el guarismo "6".".

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Lo aprobaríamos con la misma votación anterior? Se trata del impuesto a los combustibles.

El señor HAMILTON.- De acuerdo.

El señor PRAT.- No, señor Presidente. Yo voto a favor en este caso.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En votación nominal.

El señor GAZMURI.- ¡Que sea económica, señor Presidente!

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la votación.


El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- Resultado de la votación: 22 votos afirmativos, 8 negativos y un pareo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Aprobado el artículo.
Votaron por la afirmativa los señores Boeninger, Canessa, Cariola, Cordero, Foxley, Gazmuri, Hamilton, Larraín, Núñez, Ominami, Parra, Pérez, Pizarro, Prat, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Bombal, Errázuriz, Fernández, Horvath, Martínez, Matthei, Novoa y Stange.
No votó, por estar pareado, el señor Ríos.


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde pronunciarse sobre el artículo 4º, relativo a la Ley de Timbres y Estampillas.
¿Lo aprobamos con la misma votación anterior?

La señora MATTHEI.- Yo voto en contra.

El señor MARTÍNEZ.- Yo, también.

El señor PRAT.- ¿Se vota la modificación a la Ley de Timbres y Estampillas?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Así es, señor Senador.

El señor PRAT.- Entonces, también voto en contra.
--Se aprueba el artículo 4º (20 votos por la afirmativa, 9 por la negativa y un pareo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde pronunciarse acerca del artículo 5º, referente al reintegro de gravámenes.
Entiendo que hay una indicación del Ejecutivo y que existe acuerdo al respecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.

El señor NOVOA.- En este caso no hay indicación, señor Presidente.
Ahora bien, aquí existen dos normas distintas. Una es la que elimina definitivamente el reintegro por los insumos nacionales; está en el número 1) de la letra a), y en la Comisión se acogió con mi voto en contra. Todo el resto del artículo fue aprobado unánimemente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Así es.

El señor NOVOA.- Por lo tanto, pido votar separadamente el número 1) de la letra a), para determinar si se deroga o no el reintegro de gravámenes por los insumos nacionales a partir del 1º de enero de 1999.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará el número 1) de la letra a) del artículo 5º.
--En votación económica, se aprueba (23 votos contra 7).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará el resto del artículo 5º.
--Se aprueba, con el voto en contra el Honorable señor Martínez.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En seguida, hay un artículo 6º, nuevo, propuesto por el Ejecutivo.

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- Su Excelencia el Presidente de la República formula indicación para agregar como artículo 6º, nuevo, el siguiente:

"Artículo 6º.- Efectúanse, a contar desde la fecha de publicación de esta ley, las siguientes modificaciones a la Ley Nº 18.634:
"a) Suprímese el Título IV, "Castigo de la Deuda", con sus artículos 17 al 23;
"b) En el artículo 24, suprímense los vocablos "o castigadas" y la coma (,) que les sigue;
"c) Suprímense los artículos 27, 29 y 32, y
"d) Intercálase el siguiente artículo 5º bis nuevo:

""Artículo 5º bis.- Serán consideradas como exportación las prestaciones de servicios efectuadas en el extranjero con bienes de capital, acogidos a la Ley Nº 18.634, que hubiesen salido del país amparados por un título de salida temporal, siempre que el correspondiente contrato se encontrare registrado en el Servicio Nacional de Aduanas y sólo respecto de los retornos efectuados.
"Asimismo, serán considerados exportación, por parte del prestador de servicios:

"1.- Los servicios prestados directamente al extranjero, respecto del valor del soporte y del aporte intelectual incorporado, siempre que se dé cumplimiento a las exigencias y formalidades establecidas para las exportaciones, según calificación del Servicio Nacional de Aduanas.
"2.- Los servicios prestados a turistas extranjeros por las empresas hoteleras, respecto de la compra de monedas extranjeras que efectúen a dichos turistas, debidamente acreditados, para el pago de los servicios efectivamente prestados por el hotel.".".

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.

El señor MARTÍNEZ.- Con mi voto en contra.
--Se aprueba, con el voto en contra del Honorable señor Martínez.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde votar el artículo 6º del proyecto, que corresponde al artículo 7º del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados.

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- El artículo 6º propuesto por la Comisión dice:
"Artículo 6º.- Sustitúyense en los artículos 3º y 5º de la ley Nº 18.483, la expresión "de 11%", por la siguiente frase: "del porcentaje correspondiente a la tasa general de los derechos de aduana que deben pagarse por las mercaderías procedentes del extranjero al ser importadas al país.".

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba, con el voto en contra del Honorable señor Martínez.


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En seguida, corresponde pronunciarse respecto del artículo 7º propuesto por la Comisión.

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- El tenor de dicho precepto es el siguiente:

"Artículo 7º.- Todas las modificaciones contenidas en los artículos de esta ley, entrarán en vigencia en las fechas en ellos señaladas.".


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará, con los votos contrarios de los Senadores señores Novoa y Martínez.
--Se aprueba, con los votos negativos de los Honorables señores Martínez y Novoa.


El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- A continuación, Su Excelencia el Presidente de la República formula indicación para agregar el siguiente artículo primero transitorio:

"Artículo primero transitorio.- Las personas que antes de la fecha de publicación de la presente ley se hubiesen acogido a los beneficios de pago diferido de los derechos de aduana o de crédito fiscal contemplados en la Ley Nº 18.634 y que acrediten ventas al exterior de los productos obtenidos o que presten servicios al exterior con los respectivos bienes de capital, podrán invocar la franquicia del castigo de la deuda, conforme a las normas de la Ley Nº 18.634, manteniéndose subsistente para estas situaciones la aplicación de las normas que se derogan por el artículo 6º de esta ley.
"Las personas que después de la fecha de la publicación de la presente ley y antes del 1º de enero del año 2003, se acojan a los beneficios de pago diferido de los derechos de aduana o de crédito fiscal, contemplados en la Ley Nº 18.634, y que acrediten ventas al exterior de los productos obtenidos o que presten servicios al exterior con los respectivos bienes de capital, podrán invocar la franquicia del castigo de la deuda, conforme a las normas de la ley citada, manteniéndose subsistentes para estas situaciones, en lo que sean aplicables, las disposiciones que se derogan por el artículo 6º de esta ley sólo hasta la amortización de las cuotas cuyas fechas de vencimiento no excedan del 31 de diciembre del año 2005. Sin embargo, respecto de las modalidades de pago contempladas en las letras a) y c) y en las letras d) y e), cuando el período de depreciación o contratado, respectivamente, fuere de a lo menos 5 años, todas las del artículo 9º de la Ley Nº 18.634, en las siguientes condiciones:".

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Me permiten una aclaración antes de seguir con la lectura?
Los miembros de la Comisión de Hacienda me han hecho presente que en esta parte del artículo, para hacerla legible, hay que efectuar dos correcciones de redacción: la primera, para sustituir "todas las del artículo 9º" por "todas ellas del artículo 9º"; y la segunda, para reemplazar "las siguientes condiciones:" por "ello procederá en las siguientes condiciones:".
Si le parece a la Sala, se aprobarían por unanimidad estas enmiendas de forma.
Aprobadas.

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- El artículo primero transitorio continúa disponiendo:
"a) En dos cuotas iguales, con vencimiento al término del tercero y quinto año, contado desde la legalización de la respectiva declaración de importación o desde la fecha de factura de compra del bien de capital nacional, según sea el caso;
"b) Para el porcentaje de castigo de la primera cuota se aplicará lo dispuesto en el Nº 1 del artículo 20 de la ley N 18.634. Sin embargo, el factor que corresponde multiplicar por dicho porcentaje de castigo, a que se refiere el Nº 6 del citado artículo 20, para la primera cuota, será de 2,0, para ser aplicado como abono de esa cuota; y
"c) Para el porcentaje de castigo de la segunda cuota se aplicará lo dispuesto en el Nº 2 del artículo 20 de la ley Nº 18.634. Sin embargo, el factor que corresponda multiplicar por dicho porcentaje de castigo, a que se refiere el Nº 6 del citado artículo 20, para esta cuota, será también de 2,0, para ser aplicado como abono.".

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tengo entendido que la unanimidad de la Comisión sugirió al Ejecutivo incorporar esta indicación.
--Se aprueba el artículo primero transitorio, con el voto en contra del Senador señor Martínez.

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- A continuación, Su Excelencia el señor Presidente de la República formula indicación para agregar el siguiente artículo segundo transitorio:

"Artículo segundo transitorio.- Autorízase, por una sola vez, para modificar, de la misma forma como se establecen, los derechos y rebajas determinados con sujeción al artículo 12 de la Ley Nº 18.525, que se encuentren vigentes a la fecha de publicación de esta ley, manteniendo los valores contenidos en las tablas de los decretos de Hacienda Nºs 115, 116 y 117, todos del 17 de abril de 1998.
"Asimismo, autorízase para ampliar la facultad que el inciso segundo del artículo 12 de la ley 18.525 otorga al Presidente de la República, en el sentido de que los decretos que se dicten durante el período comprendido entre el 1º de enero del año 1999 y el 31 de diciembre del año 2003 considerarán como arancel a aplicarse el vigente durante el año inmediatamente anterior al período de que se trate.".

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- También hubo acuerdo unánime en la Comisión sobre este artículo.
--Se aprueba el artículo segundo transitorio, con el voto en contra del Honorable señor Martínez.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la discusión del proyecto.

Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, en nombre del Ejecutivo, quiero agradecer la discusión y el trabajo efectuados en Sala y Comisiones respecto de este importante proyecto para el país, tanto en la Cámara de Diputados como, muy especialmente esta semana, en el Senado, lo que posibilitó suscribir el Protocolo y concordar indicaciones en la Comisión de Hacienda.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:29.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción