Click acá para ir directamente al contenido
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 338ª, ORDINARIA
Sesión 30ª, en martes 15 de septiembre de 1998
Ordinaria
(De 16:15 a 19:50)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE, Y ENRIQUE SILVA, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Díez Urzúa, Sergio
--Errázuriz Talavera, Francisco Javier
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:15, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 17ª y 18ª, ordinarias, en 4 y 5 de agosto, respectivamente, todas del presente año, que no han sido observadas.
Las actas de las sesiones 19ª, ordinaria, en 11 de agosto, y 20ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, en 12 de agosto, todas del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cuatro de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero, retira la urgencia y la hace presente nuevamente con el carácter de "Suma", respecto del proyecto de ley que fortalece la Fiscalía Nacional Económica. (Boletín Nº 2.105-03).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo, hace presente la urgencia, con el carácter de "Simple", respecto del proyecto de ley que modifica la legislación de mercado de valores, fondos de inversión, administración de fondos mutuos, fondos de pensiones, compañías de seguros y normas tributarias que indica. (Boletín Nº 2.005-05).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el tercero, retira la urgencia y la hace presente nuevamente, con el carácter de "Simple", respecto del proyecto de ley que modifica la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de gestión municipal. (Boletín Nº 1.598-06).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el cuarto, hace presente la urgencia, con el carácter de "Simple", respecto de la observación del Presidente de la República recaída en el proyecto de reforma constitucional que modifica el inciso segundo del artículo 74 de la Carta Fundamental, estableciendo la oportunidad para solicitar el pronunciamiento de la Corte Suprema. (Boletín Nº 1.602-07).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Cuatro de la Cámara de Diputados:
Con el primero, comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que crea un fondo para la modernización de las relaciones laborales y desarrollo sindical. (Boletín Nº 2.170-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y a la de Hacienda, en su caso.
Con el segundo, informa que ha dado su aprobación al proyecto de ley que otorga la titularidad en el cargo a los profesores contratados a plazo fijo por más de tres años. (Boletín Nº 1.934-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Con el tercero, comunica que ha dado su aprobación al informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que establece la obligación de que las parcelas, sitios y bienes comunes derivados del proceso de reforma agraria sean enajenados por escrituras públicas separadas. (Boletines Nºs 1.496-01 y 1.572-01).
--Queda para tabla.
Con el último, informa que ha dado su aprobación a las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto que modifica el Código Civil, fijando las cuantías que indica en unidades tributarias mensuales. (Boletín Nº 1.935-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Tres del señor Ministro de Educación:
Con el primero, contesta un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Lagos y Larraín, referido a la asignación de título profesional.
Con el segundo, responde un oficio enviado en nombre del Senado, relativo a la presentación de una indicación al proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Moreno, que modifica el artículo 2º de la ley Nº 19.386, para incluir donaciones de retazos que señala.
Con el tercero, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Silva, referido al monumento histórico casa de Pedro Aguirre Cerda.
Dos del señor Subsecretario del Interior:
Con el primero, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la reposición del alumbrado público en la ciudad de Puerto Aisén.
Con el segundo, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Chadwick, referido al financiamiento de un taller en el Colegio Julio Valenzuela.
Del señor Intendente de la Segunda Región, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la destrucción de petroglifos en San Pedro de Atacama.
Finalmente, uno del señor Director General de Obras Públicas, con el que remite un cuadro resumen de los oficios de respuesta del señor Ministro de Obras Públicas, a Parlamentarios y autoridades, en el período que indica.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Dos de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura:
El primero, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Horvath, Errázuriz, Lagos, Muñoz Barra y Ruiz De Giorgio, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, prohibiendo la pesca de arrastre por parte de pescadores artesanales. (Boletín Nº 1.792-03).
El segundo, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que amplía a los tribunales de las ciudades que indica, la competencia para conocer de infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura. (Boletín Nº 2.180-01).
--Quedan para tabla.
Moción
Del Senador señor Andrés Zaldívar, con la que inicia un proyecto de ley que modifica el artículo 9º del decreto ley Nº 2.695, sobre saneamiento de propiedad. (Boletín Nº 2.241-12).
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Permiso Constitucional
Del Senador señor Bitar, con el que solicita autorización para ausentarse del país por más de treinta días, a contar del 16 de septiembre en curso.
--Se accede.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de Comités.

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- Los Comités, en reunión celebrada hoy día, resolvieron:

1.- Tratar en la presente sesión como si fueran de Fácil Despacho los siguientes asuntos en el orden que se indican: primero, la observación del Presidente de la República recaída en el proyecto de reforma constitucional en lo relativo a la oportunidad para solicitar la opinión de la Corte Suprema; segundo, el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Ruiz De Giorgio, que modifica la ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, con el objeto de facilitar la inserción de los discapacitados al trabajo; y, por último, el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Carmen Frei y señores Ruiz-Esquide y Páez y de los ex Senadores señores Díaz y Hormazábal, que modifica el artículo 205 del Código del Trabajo respecto al profesional a cargo de la atención de salas cunas.
Posteriormente, se continuaría el estudio de las diferentes iniciativas en el orden con que figuran en la tabla de hoy, fijando las 18 como hora de votación del proyecto relativo al aborto.
En cuanto a la sesión extraordinaria que se celebrará mañana de 10:30 a 18:30, se acordó tratar primero el problema relativo a la bolsa "off shore", después lo atinente al fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica, y, si hubiere informe, comenzar a las 12 el estudio del proyecto sobre aranceles, para proceder a su votación, a más tardar, a las 18.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobarían.
Aprobados.
_____________________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Aprovecho esta oportunidad para saludar a las secretarias de diversos Ministerios, Subsecretarías y principales instituciones públicas, que se hallan en las tribunas invitadas por esta Corporación.
V. ORDEN DEL DÍA



PLAZO A CORTE SUPREMA PARA LA EMISIÓN DE INFORMES DE SU COMPETENCIA. VETO


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Observación de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, recaída en el proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 74 de la Carta Fundamental en lo relativo a la oportunidad para consultar la opinión de la Corte Suprema, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional: (moción de los señores Fernández, Larraín, Otero, Sule y Zaldívar (don Adolfo).
En primer trámite, sesión 1ª, en 30 de mayo de 1995.
En tercer trámite, sesión 26ª, en 26 de agosto de 1997.
Observaciones en primer trámite, sesión 26ª, en 2 de septiembre de 1998.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 5ª, en 7 de junio de 1995.
Constitución (segundo), sesión 2ª, en 4 de octubre de 1995.
Constitución (nuevo segundo), sesión 26ª, en 4 de enero de 1996.
Constitución (observaciones), sesión 29ª, en 9 de septiembre de 1998.
Discusión:
Sesiones 24ª, en 8 de agosto de 1995 (se aprueba en general); 4ª, en 10 de octubre de 1995 (vuelve a Comisión para nuevo informe); 35ª, en 24 de enero de 1996 (queda para segunda discusión); 43ª, en 20 de marzo de 1996 (se aprueba en particular); 1ª, en 2 de junio de 1998 (se despacha el tercer trámite); Congreso Pleno, en 1º de agosto de 1998 (se aprueba).

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- Como es de conocimiento de los señores Senadores, el veto incide en un proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Honorables señores Fernández, Larraín y Adolfo Zaldívar, y de los ex Senadores señores Otero y Sule.
El propósito fundamental de la iniciativa es el establecimiento de un plazo dentro del cual la Corte Suprema debe dar su opinión en los casos en que, en virtud de lo establecido en el artículo 74 de la Carta Fundamental, debe consultársela. Tales casos se refieren a las modificaciones de la Ley Orgánica Constitucional sobre Organización y Atribuciones de los Tribunales de Justicia.
El proyecto aludido siguió su tramitación constitucional y, luego de ser aprobado por ambas Cámaras y por el Congreso Pleno, fue remitido a Su Excelencia el Presidente de la República el 1 de agosto del año en curso, el que, con fecha 28 del mismo mes formuló observaciones, veto del cual se dio cuenta en la sesión 26ª, del 2 de septiembre en curso.
Tanto las normas aprobadas por el Congreso como las propuestas en el veto, figuran en un texto comparado que sus Señorías tienen en su poder.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en su informe reseña los antecedentes que tuvo en consideración al estudiar el veto, como también la tramitación de que fue objeto la iniciativa en el Congreso Nacional. A continuación, describe el contenido de la observación del Presidente de la República y la discusión habida en el seno de la Comisión, como también una constancia, que la unanimidad de sus miembros aprobó, como testimonio del real sentido y alcance de un concepto, para la historia fidedigna del establecimiento de la norma.
Concluye el informe dejando constancia de que la Comisión aprobó el veto por cuatro votos contra uno (votaron a favor los Senadores señores Díez, Hamilton, Larraín y Viera-Gallo, y en contra, el Honorable señor Martínez), y, en consecuencia, propone a la Sala adoptar igual pronunciamiento.
Por último, cabe dejar testimonio de lo siguiente:
1º) Que para aprobar la observación se requiere el voto conforme de los tres quintos de los Senadores en ejercicio. Lo anterior, conforme a lo preceptuado por los artículos 116 y 117 de la Carta Fundamental, dado que dicha observación incide en una norma del Capítulo VI de la Constitución Política.
2º) Que si el veto no fuere acogido, ambas Cámaras pueden insistir en el texto originalmente aprobado, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio.
3º) Finalmente, que la observación debe ser aprobada o rechazada en su totalidad, por lo que no procede división de la votación. Ello, en atención a lo preceptuado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general y particular la observación.

Hago presente que para aprobarla se requiere quórum de las tres quintas partes de los Senadores en ejercicio.
Ofrezco la palabra.

El señor HAMILTON.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, quiero hacer presente que para la aprobación del veto presidencial, que acoge las propuestas que formulara el propio Congreso Pleno en la ratificación de la reforma constitucional, se requieren 27 votos favorables; y no hay ese número de señores Senadores en la Sala.
Es cierto que la unanimidad del Congreso Pleno -salvo un señor Senador que se manifestó en contra- aprobó la reforma. Y la Comisión, por abrumadora mayoría, también propone la aprobación del veto. Pero si no contamos con los votos suficientes, no tendremos posibilidad alguna de aprobarlo. El señor VIERA-GALLO.- Hay 27 votos, señor Senador. El señor FERNÁNDEZ.- Hay quórum.

El señor MARTÍNEZ.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, mi voto es negativo. Lo he sostenido desde el primer momento de la tramitación de esta reforma.
Quiero llamar la atención -si se me permite- sobre el texto de Su Excelencia el Presidente de la República. Y quiero insistir en un hecho: todavía queda más desmedrada la Corte Suprema como Poder Judicial -repito: como Poder Judicial- frente al resto de los Poderes del Estado. Porque la ampliación del plazo para dar su respuesta, que el Congreso acordó en treinta días, prorrogables hasta por otros treinta, ha desaparecido. En otras palabras, la Corte Suprema, en materia de organización y atribución de tribunales, temas exclusivamente de su incumbencia para la eficiencia de la justicia, queda disminuida mucho más que en la anterior propuesta, por el hecho de que ahora no podrá solicitar esa prórroga.
Hago presente esta situación, en consideración a Sus Señorías.
Mi voto es negativo, por las razones que esgrimí anteriormente y por las que he señalado ahora.
He dicho.

El señor HAMILTON.- Pido la palabra.

El señor CANESSA.- Pido la palabra.
El señor DÍEZ.- El proyecto está aprobado, señor Senador. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Aún no. Se solicitará el pronunciamiento de la Sala.
Tiene la palabra el Senador señor Canessa.

El señor CANESSA.- Señor Presidente, el veto de Su Excelencia el Presidente de la República tiene la lógica que es propia de la función que él sirve en el Estado, esto es, la del poder político.
En ese contexto, lo que él propone es coherente: si un determinado proyecto de ley debe ser calificado, a su juicio, con algún grado de urgencia, la Excelentísima Corte Suprema debiera adaptarse a esa urgencia y, en consecuencia, emitir la opinión que le fuera solicitada en un plazo menor.
Sin embargo, dicha lógica es más bien aparente.
En efecto, el veto confunde e incluye en un mismo plano dos realidades que son diferentes: de una parte, las exigencias que fluyen del ejercicio del poder político; de otra, la conveniencia de respetar las características propias de la función de consejo que el más alto Tribunal está llamado a cumplir para ilustrar al Congreso en los proyectos que inciden en la administración de justicia.
Me parece que la función de consejo tiene una dinámica, un estilo y un ritmo que distan mucho de ser mero reflejo de las exigencias políticas del momento.
Por lo general, el grado de la urgencia que merece un proyecto de ley está determinado por la coyuntura, por la presión inmediata de algunos sectores de la sociedad particularmente influyentes. En cambio, la opinión del Poder Judicial obedece a razones diferentes, cuya elaboración exige estudio y reflexión, actividades intelectuales que requieren cierto tiempo para madurar.
Por lo anterior, velando por la dignidad de la función judicial, y sin estimar necesario ahondar por ahora en lo que este veto implica como amenaza a la autonomía de las diversas esferas en que se manifiesta el Poder estatal, votaré rechazando el veto presidencial.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, sólo quiero reafirmar por qué votamos a favor del veto.
En la Constitución Política, el parecer de la Corte Suprema no es obligatorio, sino que simplemente se estima oportuno que se le solicite. Si el Máximo Tribunal considera que debe darlo a conocer, es fundamental que se pronuncie en el momento en que corresponda, y no cuando ya el Poder Legislativo ha visto la materia y avanzado en el análisis del proyecto.
Por eso, se establece un plazo razonable: 30 días.
Si la Corte Suprema estima que no tiene que emitir juicio alguno, o que la materia no es suficientemente importante, basta que no lo haga, y el proyecto seguirá su tramitación normal. Es decir, el parecer del Tribunal Supremo no es vinculante, ni siquiera como trámite.
En ese sentido, creo que el veto enmienda una falla de la iniciativa que despachamos, que dice relación a lo que ocurre para estos efectos cuando el Presidente de la República hace presente la urgencia a un proyecto.
Por eso, más que disquisiciones sobre el rol de la justicia en esta materia, me parece que se trata de algo bastante más simple.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hamilton.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, el artículo 74, inciso segundo, de la Constitución Política dice que para modificar la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales hay que oír a la Corte Suprema, aunque ese informe no sea vinculante. Es decir, no obliga al Congreso Nacional.
Esto, en la práctica, dio lugar a problemas por el retraso, a veces excesivo, en la entrega o evacuación de los informes, cuando eran requeridos constitucionalmente. Por eso, se presentó en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, la idea de este proyecto de reforma constitucional, que suscribieron sus miembros. Fue aprobado en todos los trámites constitucionales y, finalmente, el Gobierno envió un veto.
La observación del Ejecutivo tiene dos diferencias respecto de lo aprobado por el Congreso Pleno. Primero, establece un plazo de 30 días (normal), sin prórroga, para que la Corte Suprema evacue el informe. Lo único que se cambió fue la posibilidad -estatuida por la Cámara de Diputados- de prorrogarlo hasta por otros 30 días. Y, segundo, se hace cargo de un problema que ya había sido tratado en el Senado, esto es, qué ocurre con los proyectos respecto de los cuales se ha hecho presente la urgencia, para que, así como ésta obliga al Congreso a despacharlos en determinado plazo, también la Corte Suprema deba evacuar su informe, que exige la Constitución Política, dentro del plazo de la respectiva urgencia.
Hay que recordar que el veto del Ejecutivo recoge las observaciones formuladas por diversos señores Senadores y Diputados al aprobarse la reforma en el Congreso Pleno. En esa ocasión, hubo sólo un voto en contra, el del Senador que me precedió en el uso de la palabra, quien también se opuso en la Comisión (en eso Su Señoría ha sido consecuente, aunque yo no comparta sus puntos de vista).
Por otra parte, la observación del Presidente de la República es muy similar a lo aprobado por el Senado en el segundo de los tres informes que se despacharon. Es prácticamente lo que aprobó en su oportunidad el Senado (no así la Cámara). Y, por último, la Comisión acogió el veto por cuatro votos a favor y uno en contra -aunque minoritario, consecuente-, del Honorable señor Martínez.
Aquí no hay ningún problema de otro orden. Hasta 1980, nunca se pidió parecer a la Corte Suprema. La consulta establecida por la disposición constitucional no es vinculante. Y el Máximo Tribunal aplica en términos muy restrictivos esa norma, al revés del Senado, que pide más informes de los que estrictamente exige el precepto fundamental, para obtener, en los casos en que corresponde, su experiencia o aporte. Por lo demás, en los proyectos que dicen relación a la organización y atribuciones de los tribunales nunca se pone urgencia. Y como ocurre en la actualidad, al discutirse el nuevo Código de Procedimiento Penal, se cuenta con la presencia permanente de un Ministro del Máximo Tribunal en la propia Comisión de Constitución.
Por lo tanto, acá no hay problema alguno entre Poderes. Tampoco se trata de una facultad colegisladora que la Carta haya entregado al Tribunal Supremo. Simplemente, se procura corregir un problema relativo al procedimiento para la tramitación de las leyes, a fin de hacerlo más expedito. Eso es todo, señor Presidente. Y lo propuesto por el Ejecutivo es lo que le pidió el Congreso Nacional y lo que nosotros ya habíamos aprobado previamente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ofrezco la palabra.

El señor VIERA-GALLO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, no me queda muy claro el argumento expuesto en la Sala por los Senadores señores Martínez y Canessa para oponerse al veto.
Deseo insistir en que se trata de un parecer de la Corte Suprema que se puede omitir. La Constitución establece la posibilidad de que intervenga si lo desea. Y sólo se está consignando que, de hacerlo, dispone de un plazo de 30 días.
No veo en qué sentido aquello podría lesionar al Máximo Tribunal. Por lo menos los cuatro miembros de la Comisión que votamos a favor (los Honorables señores Larraín, Hamilton y Díez y el Senador que habla) no alcanzamos a visualizar que por ese hecho se pudiera menoscabar la función de la magistratura.
Tal vez el Senador señor Martínez podría explicar mejor su posición o abundar más en ella.

El señor MARTÍNEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, el problema es muy sencillo. El Estado de Derecho se apoya en la independencia de los Poderes. Aquí, al modificarse el funcionamiento interno de los tribunales, se están tocando aspectos propios de sus atribuciones y funciones. Y si bien no existe la obligación de tomar en cuenta el parecer de la Corte Suprema, la consulta constituye precedente.
Recuerden Sus Señorías que nos estamos moviendo en el plano de la independencia de los Poderes, no en el de las relaciones de tipo político o de la urgencia que tenga el Gobierno al respecto. Entonces, frente al juego de cada uno de ellos -el impulso político, en el caso del Ejecutivo; el impulso legislativo, en el del Parlamento-, de fijarse un plazo a la Corte Suprema para opinar, se la constreñirá en su libertad para expresarse, lo que al final atentará contra la eficiencia de su cometido.
Ése ha sido mi argumento, y sigo sosteniéndolo.
A mi juicio, la Constitución de 1980 mantiene el espíritu en el sentido de no dar plazo. En otras palabras, confiere la dignidad y altura correspondientes a un Poder del Estado, el Judicial, cuya única fuerza radica en el tiempo, en la meditación para absolver las consultas que se le formulen.
Ahora, que el Congreso tome en cuenta o no la opinión de la Corte Suprema, es otro asunto. Aquí estamos ante un aspecto relacionado con la esencia misma del funcionamiento de los tribunales.
Tales han mis argumentos para votar en contra del veto, que me parece inapropiado. Y hago presente que él introduce una restricción adicional, pues no deja alternativa para los efectos de prorrogar el plazo.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zurita.

El señor ZURITA.- Señor Presidente, creo que hay una confusión al hablar de Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder Judicial no es colegislador. Por consiguiente, cuando el Ejecutivo o un Parlamentario presenta un proyecto y éste se aprueba con consulta a la Corte Suprema o sin ella, no existe más remedio que aceptar, cumplir y respetar la ley pertinente.
En consecuencia, creo que poner una restricción, incluso la de tener por evacuado en rebeldía -por decirlo de algún modo- su informe, no significa restar al Máximo Tribunal facultades, que no tiene, ni darle otras, que no ha pedido. Muchas veces su opinión es negativa respecto de una reforma y no se le hace caso. ¡Mala suerte! Quizás debió hacérsele caso algunas veces. Pero, en verdad, ello no es vinculante, no es obligatorio.
Por tanto, no hay tales limitaciones. Se trata de disposiciones legales que el Poder Judicial debe aceptar.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Díez.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, considero que el veto es razonable y adecuado: razonable, porque da a la Corte Suprema la posibilidad de contestar dentro del término de 30 días; adecuado, porque guarda relación con las demás disposiciones constitucionales al relacionar el plazo con la urgencia. De manera que no veo en esto ninguna situación de desmedro para aquélla.
Aun más, es tradición inveterada del Congreso -incluso antes de la norma pertinente de la Constitución de 1980- el consultar a los tribunales de justicia, y especialmente a la Corte Suprema, sobre cualquier materia que diga relación a su funcionamiento y atribuciones. Y en la práctica así sucede. Los ejemplos de nuestra vida parlamentaria reciente son múltiples. Y el Máximo Tribunal no sólo ha sido consultado, sino que el Congreso ha contado con su colaboración, al punto de participar actualmente con regularidad en las sesiones de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en que se analiza la reforma del Código de Procedimiento Penal.
Por consiguiente, en nuestro país no sólo rige la ley escrita. Felizmente, también se respetan las tradiciones que crean buenos hábitos. Y el Congreso Nacional ha respetado siempre la de consultar a la Corte Suprema cuando estima que una ley va a afectar el funcionamiento de los tribunales.
Lo que sucede es que hemos sido tan escrupulosos en la aplicación del respectivo artículo de la Constitución de 1980, que se ha pedido el parecer de la Corte Suprema incluso tratándose de un asunto entregado al fallo del juez de policía local y no al del juez del crimen correspondiente. Y cuando disponemos que una cuestión análoga o igual a otra existente se va a someter a conocimiento de la justicia, siempre consultamos la opinión de aquélla.
Ahora, estimo adecuada la fijación de plazo, para que la Corte Suprema sepa cuánto tiempo tiene para emitir su informe.
Además, la proposición del Ejecutivo llena una especie de vacío constitucional al disponer que "Si la Corte Suprema no emitiere opinión dentro de los plazos aludidos, se tendrá por evacuado el trámite.". Esto se desprendía del espíritu general de la Carta y de los plazos en que estamos obligados a despachar los proyectos de ley. Pero prefiero que esté consignado en forma expresa, porque hay una laguna que algún día se podría prestar para malas interpretaciones.
A mi juicio, el veto enviado por el Presidente de la República, que corresponde a la petición que le formuló prácticamente la unanimidad del Congreso en el sentido de fijar un plazo a la Corte Suprema, debe ser acogido por la Sala, al igual como fue aprobada la reforma constitucional respectiva. Y entre quienes la aprobamos no hay imagen alguna de situación de desmedro para las facultades o el prestigio del Máximo Tribunal.
Nosotros estamos sujetos a plazos mucho menores. Cuando el Ejecutivo califica de "Suma Urgencia" o de "Discusión Inmediata" una iniciativa, los términos son muy inferiores al que la Constitución fija a la Corte Suprema. Y ello no significa que el Gobierno mire en menos al Congreso o nos prive de tiempo para pensar. Nuestra Constitución, de carácter presidencialista, señala que el Presidente de la República es el Jefe del Estado; en consecuencia, debe otorgarle las facultades correspondientes a fin de que obtenga las leyes que necesita para su gobierno y administración con la prontitud que le indica la velocidad de la vida moderna.
Por esas razones, anuncio que aprobaré el veto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Recuerdo a la Sala que, conforme a lo acordado por los Comités, este proyecto sería tratado como si fuera de fácil despacho.
Otorgaré la palabra a los Senadores señores Fernández y Larraín, y después cerraré el debate, para que procedamos a la votación.

El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, en forma muy breve, anticipo que me pronunciaré a favor del veto, que, dicho sea de paso, fue solicitado por el propio Senado cuando se discutió la materia.
No existe ánimo ni intención -soy unos de los autores del proyecto de reforma pertinente- de causar desmedro a la Corte Suprema. No se trata de eso, sino simplemente de armonizar las normas constitucionales de manera tal que puedan tener eficacia.
Nos parece que fijar a la Corte Suprema un plazo prudencial de 30 días no significa en caso alguno que estemos atentando contra sus facultades.
Por otra parte, no olvidemos que constitucionalmente, conforme a la regla general, el Congreso no tiene la obligación de consultar, por ejemplo, si se modifican sus leyes orgánicas, a las Fuerzas Armadas, o al Banco Central, o a la Contraloría General de la República. Tratándose de la enmienda de la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, la Carta Fundamental hace una excepción y obliga al Parlamento a oír previamente a la Corte Suprema.
Sin embargo, aquella excepción no puede trabar todo el trabajo legislativo. Porque sería factible que, atendidas circunstancias muy especiales, el plazo fijado a la Corte Suprema no se aviniera con los términos de que dispone el Congreso para resolver. Éste muchas veces tiene que emitir pronunciamiento antes de treinta días; incluso, cuando el Ejecutivo califica un proyecto de "Discusión Inmediata", la Cámara respectiva debe despacharlo dentro de tres días.
Entonces, se ha producido en las normas constitucionales una inconsecuencia que estamos dispuestos a corregir a través de la reforma en estudio.
Por eso presentamos la iniciativa pertinente, en el entendido de que no se trata de disminuir las facultades de la Corte Suprema, sino de hacer más eficaz el ordenamiento fundamental. Y estamos de acuerdo con el veto del Presidente de la República, que fue solicitado mayoritariamente por esta misma Sala cuando analizamos el proyecto en tercer trámite constitucional.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, hay muy poco que agregar a lo manifestado por el Honorable señor Fernández y otros señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.
Por ende, sólo deseo dejar constancia de que este proyecto nació del análisis que realizamos sobre uno semejante que venía de la Cámara de Diputados, donde se proponía, a nivel de ley orgánica, establecer un plazo para el pronunciamiento de la Corte Suprema. En esa oportunidad convinimos en que no era prudente hacerlo a ese nivel, sino que debía tramitarse una reforma constitucional.
Ése es el origen de la iniciativa. Y los miembros de la Comisión de Constitución de esa época redactamos la proposición de reforma y posteriormente la presentamos, con el apoyo del Senado y, en definitiva, del Congreso.
Una enmienda de la Cámara Baja generó esta situación. Pero el veto la corrige. Ciertamente, yo habría preferido un plazo de 30 días prorrogables -como lo planteamos- por otros 30; no habría existido ninguna dificultad. Sin embargo, tampoco es algo determinante.
La otra modificación que introduce el veto tiende a evitar cierta reglamentación de la facultad. Lo habíamos propuesto en el primer informe, pero fue modificado. De manera que se vuelve a lo que planteamos.
En síntesis, creo que la observación del Presidente de la República es útil, práctica, sencilla, y corrige, a solicitud nuestra -soy de aquellos que lo pidieron-, las deficiencias surgidas a raíz de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, también anuncio mi voto favorable.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará el veto, con los votos negativos de los Honorables señores Martínez y Canessa.
--Se aprueba por 30 votos a favor y los votos contrarios de los Senadores señores Martínez y Canessa, dejándose constancia de que se cumple con el quórum constitucional requerido.




INSERCIÓN LABORAL DE DESCAPACITADOS


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En seguida, conforme al acuerdo de Comités, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Ruiz De Giorgio, que modifica la ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, con el objeto de facilitar la inserción de los discapacitados al trabajo, para cuyo estudio se cuenta con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Ruiz De Giorgio).
En primer trámite, sesión 4ª, en 10 de octubre de 1995.
Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 19ª, en 11 de agosto de 1998.

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- Los propósitos esenciales de la iniciativa son, primero, imponer al jefe del servicio u órgano de la Administración del Estado que rechace la postulación de una persona con discapacidad a un cargo público la obligación de fundarse en un informe médico que acredite la imposibilidad de cumplir las funciones inherentes al cargo pertinente; y segundo, establecer que en el Registro Nacional de Discapacidad se clasifique a las personas según el grado de discapacidad que padezcan, edad, sexo, nivel de escolaridad y aptitudes labores.
El informe deja constancia de que al debate habido en el seno de la Comisión concurrió el autor de la moción, Honorable señor Ruiz De Giorgio.
Por otro lado, describe los antecedentes legales de la iniciativa y los de la moción, como asimismo las discusiones general y particular.
Consigna el informe que el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes -Senadores señora Frei y señores Canessa, Cantero y Cariola-, y añade que los dos artículos de que consta aquél fueron aprobados con modificaciones por la misma unanimidad.
Concluye dicho documento proponiendo la aprobación del texto contenido en sus páginas 7 y 8.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra al Honorable señor Ruiz De Giorgio.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, el artículo 1º de la Constitución Política de la República señala en su inciso primero que "Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos.". Y en el inciso cuarto agrega: "El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.".
El proyecto de ley que he presentado y que ahora considera esta Sala guarda perfecta armonía con los principios recién enunciados. Pretende poner en un plano de igualdad a las personas discapacitadas con las que no lo son. No postula que, merced a su discapacidad, algunas de ellas tengan privilegios en relación con los requisitos que se exigen para el ingreso a la Administración Pública, sino que se busca dar un tratamiento justo a quienes, por razones físicas, encuentran serias dificultades para incorporarse a la vida social y, particularmente, al mundo del trabajo.
A través de esta iniciativa se busca materializar la obligación del Estado de crear condiciones y velar por la inserción laboral de las personas con discapacidad, a fin de asegurar su independencia, desarrollo individual, ejercicio del derecho a constituir una familia y a gozar de una vida digna. Se pretende que este principio general consagrado en la legislación sobre discapacidad tenga una aplicación real y se traduzca en un efectivo acceso de esas personas al trabajo.
Según la definición legal (artículo 3º de la ley Nº 19.284), se considera persona con discapacidad "a toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, síquicas o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la causa que las hubiera originado, vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración social.". Esta menor capacidad productiva se convierte, para las personas con discapacidad, en una importante barrera para acceder a un empleo, no obstante existir muchas ocupaciones que pueden ser desarrolladas en forma eficiente por ellas.
El Estado, en su calidad de empleador, puede y debe contribuir al ingreso de los discapacitados a la Administración Pública. Para ello, es menester dar a esas personas un trato preferente que, sin ser una discriminación arbitraria, les permita acceder efectivamente al mundo laboral.
Conforme lo dispone el Estatuto Administrativo (ley Nº 18.834), es requisito para ingresar a la Administración Pública tener una salud compatible con el cargo. En la práctica, dicha exigencia se convierte en una limitación para quienes sufren alguna incapacidad física, no obstante contar con las aptitudes necesarias para desempeñar el cargo de que se trate.
En el proyecto, con el objeto de flexibilizar dicho requisito de ingreso, se propone agregar al artículo 11, letra c), del cuerpo legal recién citado nuevos incisos que consideren las ideas expuestas, del siguiente modo:
-Se flexibiliza en favor del discapacitado el requisito de salud compatible para ingresar a la Administración Pública, en tanto la deficiencia que lo afecte no impida el desempeño en el cargo al que postula. Para esos efectos, se recoge la definición de persona con discapacidad que entrega la ley Nº 19.284.
-Se condiciona el rechazo de la postulación a una serie de exigencias tendientes a evitar cualquier discriminación que no se base en la real y absoluta incompatibilidad con la labor específica que correspondería desempeñar. Todo ello, mediante la debida acreditación de la discapacidad por los organismos públicos competentes.
Finalmente, se propone modificar el artículo 47 de la ley Nº 19.284, para agregar una nueva función al Registro Nacional de la Discapacidad, a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. Esa tarea sería la de clasificar a las personas inscritas que se encuentren cesantes o busquen trabajo por primera vez, de acuerdo con la naturaleza de la discapacidad, edad, sexo, nivel de escolaridad, aptitudes laborales actuales o susceptibles de ser desarrolladas. Con ello se pretende que tanto las empresas públicas como privadas puedan disponer oportunamente de esa información útil al momento de contratar personal.
Esta iniciativa constituye sólo un paso en una política de inserción de personas discapacitadas; pero a quienes de nacimiento o por accidente han visto disminuidas sus condiciones físicas les permitirá avanzar en el reconocimiento de su condición como sujetos capaces de aportar en la construcción de la sociedad.
Agradezco la aprobación unánime que la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización dio al proyecto, y solicito a la Sala que lo acoja del mismo modo.
He dicho.

El señor RÍOS.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor RÍOS.- Señor Presidente, tal como lo ha expresado el Senador señor Ruiz, nos hallamos frente a un proyecto muy interesante, que responde a los preceptos constitucionales que ha recordado y que tiene por objeto establecer las dignidades correspondientes a personas que por factores de carácter físico carecen hoy de ellas en la participación laboral y la acción del país.
Hay un elemento que no sé si puede ser incorporado en alguna indicación, señor Presidente, porque sin duda alguna el proyecto será votado favorablemente. El discapacitado enfrenta dos situaciones, entre muchas, referidas a su participación en la sociedad. Una de ellas se relaciona con los temas del trabajo y la educación, siendo resuelto el primer punto por la vía de abrir alternativas dentro del Estatuto Administrativo. Y la otra es la participación en los organismos colectivos, como el propio Senado, la Cámara de Diputados y los concejos comunales.
Por alguna circunstancia muy específica, los concejos comunales -que, por lo demás, han funcionado con varios errores- desarrollan sus actividades en el segundo o tercer piso de los edificios respectivos. Ninguno de ellos -y ésta es una información de los discapacitados- dispone de accesos para que participen en el gobierno comunal, como pueblo, las personas que nos ocupan.
Lo curioso es que muchas veces se ha pedido a los alcaldes y los concejales estructurar las reuniones de trabajo del concejo comunal en un lugar adonde puedan concurrir los discapacitados en silla de ruedas, etcétera, pero en todos los casos ha mediado una negativa. Existe un elemento como misterioso en el asunto. Mientras esta Corporación, a través de un proyecto tan bueno, se preocupa de esas personas, no ocurre lo mismo en las entidades mencionadas.
Estaba leyendo los fundamentos iniciales del articulado. Resulta difícil incorporar la indicación pertinente, por cuanto ello obliga necesariamente a algunos cambios, pero deseo llamar la atención del Ejecutivo al respecto, señor Presidente. Pido que, a propósito de la discusión suscitada -y felicito a los autores de la iniciativa-, se envíe, en mi nombre, un oficio al Presidente de la República, para que a la brevedad inicie un proyecto de ley tendiente a modificar las obligaciones propias de la administración comunal, a fin de que en toda participación del consejo los discapacitados cuenten permanentemente con acceso, en cada una de las comunas. Ésa es una cuestión fundamental. Si ese objetivo no se logra, nunca se conseguirá que alcancen plena actividad en sus respectivas comunidades.
Felicitaciones a los Senadores señores Ruiz y Ruiz-Esquide, porque se trata de un proyecto realmente interesante, que permite ir exponiendo los dramas que tantos miles de chilenos viven por aspectos de carácter físico, en lo que a muchos de ellos en ningún caso les incumbe responsabilidad.
Muchas gracias. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Advierto que la iniciativa en debate se tramita como de fácil despacho. Se darán cinco minutos para intervenir a cada señor Senador que lo solicite.
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.

El señor SILVA.- Señor Presidente, me alegro de encontrarme presente en la Sala en el momento en que se discute un proyecto de ley de tanta relevancia como el planteado por el Senador señor Ruiz, a quien congratulo cariñosamente por su autoría. Soy, desde hace muchos años, Presidente de una entidad de carácter nacional, privada, que tiene por finalidad estudiar la protección a los discapacitados mentales.
La verdad es que el de la discapacidad es uno de los problemas de singular relevancia y gravedad en el país. Afortunadamente, nuestra sociedad ha venido preocupándose sobre el particular desde el Gobierno del Presidente Frei Montalva, que estableció una Comisión para analizar lo relativo a la discapacidad mental, pudiéndose detectar la singular trascendencia que entrañaba.
Desde entonces, afortunadamente se ha venido tomando una serie de iniciativas que condicen con la del Senador señor Ruiz, la cual podría implicar, desde muchos puntos de vista, algo de gran proyección. ¿Por qué? Porque, en el fondo, la legislación apunta hoy a establecer una suerte de integración de los discapacitados -en el más amplio sentido- en la sociedad. El texto en debate permite quebrar discrepancias actuales que de alguna manera se materializan, también, en normas de la legislación positiva, como aquellas que mi Honorable colega pretende modificar. Evidentemente, no se trata de establecer privilegios porque sí, ni tampoco disposiciones que de alguna manera conduzcan a señalar equiparidades cuando no son razonablemente posibles.
En el fondo, el proyecto se concilia, esencialmente, con el sentido de la ley general sobre la discapacidad, dictada en las postrimerías del Gobierno del Presidente Aylwin, y también con otro cuerpo legal que se aprobó, curiosamente, al término del período del señor Pinochet. Ambas legislaciones justamente llevan a establecer una tendencia en el sentido de crear ciertas normas que permitan a los discapacitados, en la medida de lo posible, integrarse dentro de la sociedad. Y, dentro de esos criterios, la iniciativa propuesta por el Senador señor Ruiz es, obviamente, de una innegable proyección tanto ética como material en el futuro del país. Por esa razón, me pronunciaré a favor, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra por otros cinco minutos -con ello se agota el tiempo de fácil despacho- el Honorable señor Bitar.

El señor BITAR.- Señor Presidente, la normativa en estudio, que votaremos favorablemente, asimismo conduce a abrir -y es el comentario que deseo expresar- una reflexión más sustantiva sobre el tema, que debe llevar a la adopción de medidas adicionales.
Quiero traer solamente a colación, a propósito del debate, experiencias europeas en que se está impulsando, incluso por ley, la obligación de los distintos empleadores de incluir en su fuerza de trabajo un porcentaje que presente grados de discapacidad, como una forma de generar una igualdad mayor.
En relación con el caso que nos ocupa, en particular, hago presente que hace poco tiempo tuve ocasión de conversar con representantes de una institución italiana que impulsa un proyecto en Iquique, habiéndose iniciado un trabajo con discapacitados en la Primera Región y en dicha ciudad. Al respecto, se exploran las posibilidades de usar tecnologías avanzadas con el objeto de incorporar, por ejemplo, a ciegos en el mundo laboral, mediante el uso de computadores que funcionan directamente con sonido y voz. Ello les permite trabajar en distintos ámbitos, en los cuales despliegan una capacidad bastante mayor gracias a estos avances tecnológicos. Incluso, se han presentado antecedentes de una ley italiana que establece para las empresas la exigencia de aceptar un porcentaje mínimo de personas con discapacidad en trabajos para cuyo desempeño revelen habilidades complementarias.
Junto con felicitar al Senador señor Ruiz por esta moción y anunciar mi voto favorable, invito a reflexionar más profundamente en lo planteado por el Honorable señor Silva, a fin de que nuestra legislación, sobre la base de la aplicación tecnologías modernas, abra espacios a los discapacitados tanto en el sector público como en el privado.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobaría el proyecto en general y particular.
Aprobado.


El señor RÍOS.- Señor Presidente, solicité que se enviara un oficio en mi nombre.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se le dará curso en la hora de Incidentes, señor Senador.

El señor RÍOS.- Muchas gracias.



ATENCIÓN DE SALAS CUNAS POR EDUCADORES DE PÁRVULOS


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Conforme al acuerdo de Comités, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señora Frei y señores Ruiz-Esquide y Páez y de los ex Senadores señores Díaz y Hormazábal, que modifica el artículo 205 del Código del Trabajo, respecto al profesional a cargo de la atención de las salas cunas, y que cuenta con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de la señora Frei y de los señores Ruiz-Esquide, Hormazábal, Páez y Díaz).
En primer trámite, sesión 28ª, en 10 de enero de 1998.
Informe de Comisión:
Trabajo, sesión 25ª, en 1º de septiembre de 1998.

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- La Comisión deja constancia en su informe de que a la sesión en que se trató este asunto asistieron, además de sus miembros, el Honorable señor Ruiz-Esquide, la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, su Jefa de Gabinete, la Coordinadora de la Reforma Curricular de Educación Parvularia del Ministerio de Educación y un asesor jurídico de la Subsecretaría del Trabajo.
El informe consigna los antecedentes de hecho y de derecho que se tuvieron en consideración y reseña el debate habido en el seno de la Comisión, tanto general como particular.
A la aprobación general y particular, concurrió la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables señores Canessa, Gazmuri, Prat y Ruiz.
En consecuencia, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por unanimidad, propone aprobar el proyecto cuyo texto figura en el informe que Sus Señorías tienen a la vista. Además, sugiere que, por tratarse de un proyecto de artículo único, se discuta en la Sala en general y particular a la vez.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto

.

El señor VIERA-GALLO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, esta moción incide en un tema de vital importancia para el futuro del país: la necesidad de que, para que la mujer se reincorpore al trabajo y así aumente el ingreso familiar -especialmente en los hogares de escasos recursos-, haya un sistema de salas cunas que la auxilie en las labores de crianza de los hijos. Actualmente, estos establecimientos atienden a un porcentaje excesivamente bajo de niños de poca edad. Las demandas son muy altas, pero los recursos públicos y privados que se destinan a estas instituciones aún son escasos, lo que se hace mucho más patente si se las compara con las que imparten educación preescolar o jardines infantiles.
El único comentario que haré de esta iniciativa, que propone que las salas cunas sean atendidas por educadores de párvulos, se refiere al riesgo de que se piense que en el país ya existe una red montada de estos establecimientos y que solamente correspondería elevar su nivel de tecnificación. En verdad, la primera exigencia es masificarlos; pero -por cierto- no se trata de hacerlo a cualquier costo. Por tanto, debe existir algún tipo de cualificación profesional, y nadie mejor la cumplen que los educadores de párvulos. Entonces, si bien esta normativa es necesaria y útil, no debe quedar la impresión de que simplemente se pretende elevar el nivel de algo ya existente, como ahora se dice respecto del sistema escolar en general.
Podría expresar muchas otras cosas sobre las salas cunas.
El proyecto es un primer paso. Sólo deseo dejar constancia de que lo votaré a favor, en el entendido de se trata más bien de un llamado de atención para que la sociedad -tanto el sector público y como el privado- destine mayores recursos a esta área.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Señor Presidente, entiendo que este proyecto establece que el profesional competente para hacerse cargo de la atención y cuidado de los niños en las salas cunas debe ser, preferentemente, el educador de párvulos, y no, preferentemente, el auxiliar de enfermería. En verdad, si esto es así, el avance no es muy significativo.
Por otra parte, estimo que la materia es debatible. Se trata del cuidado de niños que no caminan y que requieren de atención especial, particularmente en materia de salud, de enfermería. En esta actividad, hay aspectos en que la preparación profesional parvularia no es absolutamente indispensable. Me parece que esta situación provocará alguna inquietud.
No comparto el punto de vista del Honorable señor Viera-Gallo. Este proyecto, a diferencia del anterior, es malo: confunde, crea preocupación y no me parece adecuado.
Por la información de que dispongo, las salas cunas han estado funcionando bien en el país. Las auxiliares de enfermería son personas excelentes, muchas de ellas son madres y conocen perfectamente el cuidado clínico de los niños, quienes, en sus primeros meses, siempre sufren muchos problemas de salud.
En síntesis, voy a votar en contra por dos motivos. Primero, porque el proyecto no tiene ninguna razón de ser, si se mantiene la expresión "preferentemente"; y segundo, porque no hay motivo alguno para modificar la ley actual, dado que las salas cunas han funcionado bien. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Nuevamente hago presente que este asunto se está tratando como si fuera de fácil despacho; es decir, con intervenciones limitadas a cinco minutos para quienes lo sostengan y cinco minutos para quienes lo impugnen. Y recuerdo que a otro proyecto se le fijó hora de votación.

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, una moción de orden.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.
El señor PÉREZ.- Señor Presidente, lo señalado por la Mesa es muy importante. Concurrimos al acuerdo de Comités, que resolvió tratar estas iniciativas como de si fueran de fácil despacho, en el entendido de que así se facilitaría su tratamiento, dado que mañana termina la Legislatura Extraordinaria. Por consiguiente, es necesario respetar el acuerdo de Comités.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, aquí se produce una situación bastante delicada. Se está encargando la atención de las salas cunas exclusivamente a las educadoras de párvulos, pero hay otras profesionales con preparación similar, u orientada en la misma dirección, disponibles en el mercado laboral. O sea, se está entregando un mercado particular -hablo en términos de trabajo, no del cuidado de los niños- a determinada profesión.
Por otra parte, parece que con ello se deja fuera a las auxiliares de enfermería, lo que restringe un mercado laboral que ha funcionado. ¿Por qué no se lo amplía en el sentido de que quienes cumplen los requisitos que exige la ley para hacerse cargo de salas cunas puedan ser profesionales de otro tipo, no necesariamente educadores de párvulos? No hay duda que ellas pueden desempeñar tal función con más propiedad, pues para eso están preparadas. Sin embargo, existen otros profesionales en el mercado laboral.
Quiero hacer presente mi preocupación porque aquí se está introduciendo una restricción al mercado laboral.
Sólo por esa razón, votaré en contra de la iniciativa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz.

El señor RUIZ.- Señor Presidente, si queremos ser rigurosos, concluiremos que el proyecto en debate no produce modificación alguna, ni profunda ni importante, en la legislación laboral pertinente. La disposición vigente señala que la persona a cargo de los niños deberá ser "preferentemente" auxiliar de enfermería. No lo dispone como exigencia perentoria, y puede cumplir tal función otro profesional.
El Código del Trabajo data de muchos años; la norma pertinente no se modificó en las sucesivas enmiendas a que se ha sometido dicho cuerpo legal, y cuando se estableció la citada disposición, no se incluyó a las educadoras de párvulos porque en esa época había muy pocas profesionales de esa especialidad. Entonces se estimó inconveniente dar al precepto una orientación tal que posteriormente no pudiera ser cumplida. Como en esa época había suficientes auxiliares de enfermería, se consideró que ellas eran las profesionales más adecuadas.
Sin embargo, la evolución de la carrera de educación parvularia, tanto en la capacidad técnico-profesional que imparte como en el número de profesionales que egresan de universidades y de institutos de educación superior, ha permitido que hoy exista un mercado suficiente de profesionales de esta especialidad capaces de realizar tal función.
La Comisión, luego de un análisis objetivo, consideró que las educadoras de párvulos son las profesionales más idóneas para cumplir esa tarea. El conjunto de asignaturas que estudian las habilitan para atender adecuadamente a los niños.
Por lo tanto, lo que el proyecto hace es cambiar esta preferencia. No se trata -repito- de una modificación de fondo, sino simplemente de una orientación o, como se dice hoy, de dar una señal de reconocimiento a una profesión a la que corresponde efectivamente desempeñar tal función. Pero se deja abierta la posibilidad para que otros profesionales, en la eventualidad de que no pueda cubrirse enteramente por las educadoras de párvulos, la desempeñen sin impedimento.
Por lo tanto, aquí no aparece una actividad exclusiva para determinada profesión, sino que sólo se hace un planteamiento en términos de preferencia.
Creo que la iniciativa es absolutamente válida; modifica la orientación que había tenido hasta este momento, y se adecua a una realidad existente, pues la mayor parte de las salas cunas y jardines infantiles son atendidos por educadoras de párvulos, cuya profesión se encuentra suficientemente desarrollada en el país.
En consecuencia, soy partidario de aprobar este proyecto, tal como lo hicimos por unanimidad en la Comisión.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Boeninger.
El señor BOENINGER.- Señor Presidente, en aras del tiempo, sólo quiero señalar que coincido plenamente con lo recién expresado por el Senador señor Ruiz, porque iba a decir lo mismo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, cuando en la Comisión estudiamos este proyecto, que es muy simple, no tuvimos ninguna duda de que era conveniente. Tal como se señaló, las auxiliares de enfermería tienen una formación distinta; no había educadoras de párvulos cuando se estableció la ley laboral; se señala preferencia, no exclusividad; es una profesión que efectivamente dota de los conocimientos necesarios para atención de párvulos en general; la especialidad ha adquirido gran desarrollo en el país; existe, diría, oferta profesional suficiente, e incluso técnicos en educación parvularia.
Por tanto, adecuar la legislación indicando preferencia hacia sectores profesionales con formación especializada en la atención de párvulos parece de toda conveniencia. No estamos innovando; sólo modificamos una disposición que simplemente quedó anticuada porque antes no había formación especializada en el área. Es una forma de indicar que no es obligatoria, pero que apunta a fortalecer la profesionalización de estos sistemas, cuestión a mi juicio muy importante en el proceso de modernización que el país desea vivir.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Martínez en su segundo discurso.
El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, la explicación dada por el Senador señor Ruiz De Giorgio me ha convencido; por tanto, cambio mi voto, que ahora es afirmativo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Díez.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, la atención integral de un niño pequeño requiere de los conocimientos especializados y el trabajo profesional que nuestros institutos de estudios superiores están capacitados para impartir. Por ello, considero que lo que hacemos es acertado, y que estamos dando un paso adelante con este proyecto.
Quizá en el futuro, contando con un número suficiente de profesionales ya capacitados y probados, tendríamos que ser más específicos para exigir que los infantes sean atendidos por ellos.
Por esta razón, señor Presidente, votaré favorablemente la modificación del artículo 205 del Código del Trabajo, el cual, por lo demás, queda con la flexibilidad necesaria para no privar de su oportunidad de trabajo a otros profesionales.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prat.

El señor PRAT.- Señor Presidente, me alegro de que finalmente se haya esclarecido el alcance del proyecto en cuanto adecua la ley a la realidad actual, distinta de la existente cuando se estableció que los niños deberían estar preferentemente bajo el cuidado de auxiliares de enfermería.
Hoy día está demostrado que la educación en los dos primeros años de vida es fundamental para el desarrollo de los niños. Por lo tanto, a mayor grado de preparación y especialización de quien esté al cuidado de ellos, más se avanza en una mejor formación. Así lo plantearon también las autoridades de Gobierno que asistieron a la Comisión. Está en camino de elaborarse una iniciativa que recogerá el sentir de todos los sectores, en orden a que la enseñanza formal abarque también la etapa de formación de los niños. De ese modo se podrá avanzar hacia la dirección indicada por el Senador señor Díez. Mientras no se logre tal meta mediante gratuidad y asistencia estatal, la regulación que hoy día existe es la prudente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará la iniciativa.
--Se aprueba en general y particular el proyecto, con el voto en contra del Honorable señor Ríos.

_____________________

El señor HOFFMANN (Prosecretario).- Acaba de llegar a la Mesa el informe de la Comisión de Economía, recaído en el proyecto en segundo trámite constitucional que fortalece la Fiscalía Nacional Económica. (Boletín Nº 2105-03).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Queda para tabla.

El señor HOFFMANN (Prosecretario).- Asimismo, la Honorable señora Matthei y los Senadores señores Cantero, Pérez, Prat y Ríos hacen uso del derecho que les confiere el inciso sexto del artículo 36 del Reglamento, en el sentido de pedir que el proyecto que crea un fondo para la modernización de las relaciones laborales y desarrollo sindical sea también estudiado en particular por la Comisión de Trabajo en su primer informe.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se toma nota.
_____________________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Continúa el Orden del Día.



AUMENTO DE PENALIDAD DE ABORTO


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto que modifica el Código Penal aumentando la penalidad para el caso de comisión del delito de aborto, con informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Salud.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Larraín).
En primer trámite, sesión 16ª, en 2 de agosto de 1994.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 5ª, en 7 de junio de 1995.
Salud, sesión 4ª, en 10 de junio de 1998.
Discusión:
Sesiones 20ª, en 20 de julio de 1995 (queda pendiente la discusión general); 30ª, en 23 de agosto de 1995 (pasa a Comisión de Salud); 14ª y 20ª, en 15 de julio y 12 de agosto de 1998, respectivamente (queda pendiente su discusión general); 25ª, en 1º de septiembre de 1998 (queda para segunda discusión).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Quiero advertir que no me parece necesario que la Secretaría haga una nueva relación sobre el proyecto, ya que éste se ha analizado varias veces en la Sala.
Existe acuerdo para que la votación de la iniciativa se efectúe a las 18. Falta poco más de media hora, y se han inscrito para intervenir en el debate unos trece señores Senadores. Para cumplir los acuerdos de Comités y proceder con equidad, propongo iniciar la votación empezando por los señores Senadores ya inscritos para intervenir, quienes dispondrán de cinco minutos cada uno para fundamentar su voto. El resto de los señores Senadores podrá hacerlo en el momento que les corresponda, según el orden dispuesto por el Reglamento.
Acordado.
En votación general el proyecto.

--(Durante la votación).

El señor SILVA.- Señor Presidente, al participar en la Comisión de Salud de esta Corporación aprobando en general la moción sometida a consideración de la Sala, señalé expresamente que lo hacía con el ánimo de "provocar un pronunciamiento del Senado sobre la idea de legislar, sin perjuicio de hacer valer las observaciones que el texto pueda merecerme.".
Es por ello que, atendida la discusión iniciada en esta Sala y la meditada reflexión sobre las diferentes consideraciones que se han emitido acerca del proyecto, vengo en fundar mi voto contrario a la iniciativa.
Voté a favor de ella en la Comisión de Salud en los términos expuestos. Buscaba con esta decisión un debate profundo sobre la materia. ¿Por qué? Porque en nuestro país hablar de aborto es tabú, prohibido.
Me declaro contrario al aborto y estimo que su práctica es una acción reprobable y reprochable. Pero una cosa es aquello, y otra distinta el tratamiento punitivo del mismo. Su castigo es condenatorio para la madre abortista en su calidad de tal, más que en la represiva del Estado. Reconociendo esa realidad, se trata de no agravar este problema con el aumento de penas, que no lo solucionan en su verdadera dimensión.
Si pudiéramos dividir esta iniciativa en áreas temáticas, concluiríamos que ella se refiere a tres ideas.
Primero, trasladar la ubicación del delito de aborto en el Código Penal desde el Título relativo a los delitos contra el orden de la familia y la moralidad pública, al referido a los delitos contra las personas. Sobre este aspecto, me manifiesto en contra.
Es cierto que la doctrina nacional ha señalado que la ubicación de este delito no dice relación a los atentados en contra de los bienes jurídicos que el Título protege. Se ha dicho que, al igual que el Código Penal español, debería estar en la categoría de delitos contra la vida. Sin embargo, nuestro Código Penal no se refiere en un título específico a los delitos contra la vida, sino a aquellos contra las personas. Como el objetivo de la moción es trasladarlos a dicho Título, en mi concepto la iniciativa tendría ciertos ribetes de inconstitucionalidad.
Por lo pronto, la Constitución Política garantiza a las personas "el derecho a la vida", y todo su razonamiento de los derechos fundamentales está hecho para las personas individualmente consideradas. La misma Carta Fundamental señala que el que está por nacer no es persona. ¿Por qué? Porque la protección se la encomienda a la ley, estableciendo que "la ley protege la vida del que está por nacer". De modo que al cambiar de título este delito se genera un conflicto no menor. El producto de la concepción (embrión, feto o como quiera llamársele) pasa a ser persona, por lo que en este caso se razona en términos diferentes a los que considera la Carta Fundamental.
La calificación de persona sobre el producto de la concepción no puede ser zanjada, a nuestro juicio, por cambiar de título un delito. Ello obedece a una discusión valórica e ideológica bastante más acabada. El feto no puede ser considerado persona, pues esta última categoría no es biológica, sino jurídica, tal como se ha indicado. No se llega a ser persona por multiplicación celular, sino por convención normativa.
Qué duda cabe de que, aun no siendo persona, el feto es algo sumamente valioso e importante, ya que sin él no habría ni seres humanos ni personas. Por lo tanto, es perfectamente explicable que haya quienes sientan repugnancia ante cualquier tipo de aborto. Ello es de muy respetable sensibilidad moral, pero en modo alguno da derecho a tratar al producto de la concepción como persona; o a quienes estén a favor del mismo, como homicidas o infanticidas. Aún menos admisible es comparar entre pena de muerte y aborto.
La segunda pretensión de la moción es modificar las penas privativas de libertad, y agregar la pena de multa para los que intervienen en el delito.
Sobre el segundo aspecto, la aplicación de una pena pecuniaria, no veo mayor problema. Sin embargo, en lo tocante al aumento de las penas privativas de libertad, me manifiesto en abierta contraposición a la iniciativa. Primero, porque todas las penas se aumentan en un grado, buscando con ello que los condenados no tengan acceso a los beneficios alternativos a penas privativas o restrictivas de libertad, pues en general, con su aumento, todas comenzarían desde tres años y un día hacia arriba. De este modo, excluirían el acceso a la libertad condicional o a la reclusión nocturna. Eventualmente, tendrían derecho a la libertad vigilada, y sólo en algunos casos.
Si lo que se busca mediante esta moción es cerrar el acceso a los beneficios antes enunciados, lo que debe modificarse es la ley Nº 18.216, y no las penas de estos delitos. Si aceptáramos esto último, generaríamos los siguientes absurdos. Por una parte, la comisión más básica del aborto equivaldría en pena a un homicidio simple, y merecería una mayor que el infanticidio. Es decir, la comisión del delito mientras el ser se encuentra en el vientre materno recibiría más pena que si ya hubiera nacido, y antes de que cumpla 48 horas.
Desde ese punto de vista, no existen razones de política criminal para aumentar las penas del aborto, sino tan solo evitar el acceso a beneficios, generando un desorden en la actividad punitiva del Estado frente a los delitos contra la vida como el aborto, el infanticidio y el homicidio.
Por último, la moción incorpora el arrepentimiento eficaz como atenuante de responsabilidad de la mujer. Me parece dudosa la aplicación del arrepentimiento eficaz como figura de atenuación en la persecución de los delitos. Y me parece doblemente dudoso en este caso, cuando en el aborto concurren situaciones materiales de beneficio que se hacen efectivas por esta vía y no por la consideración misma del delito.
Por todas estas razones, señor Presidente, voto en contra.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, los Senadores democratacristianos somos contrarios al aborto, somos contrarios porque somos partidarios de la vida. Estamos por proteger la vida del que está por nacer. Estamos a favor de la cultura a la vida.
Este proyecto se refiere al tema del aborto, pero lo enfoca desde un punto de vista jurídico y, muy particularmente, desde el punto de vista de la penalidad que contempla la legislación vigente. Lo hace no para amortiguar las penas, sino para agravarlas.
Nos parece que las disposiciones propuestas para reprimir el aborto no apuntan a sus complejas causas y tampoco contribuyen a solucionar el problema que la práctica del aborto representa para nuestra sociedad.
La iniciativa contempla, fundamentalmente, tres ideas. La primera, trasladar el delito del aborto desde el Título VII relativo a los crímenes y simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública, a aquel que contempla los crímenes y simples delitos contra las personas.
Al respecto, vale recordar lo señalado en la Comisión pertinente por la señora Ministra de Justicia cuando afirmó que "la ubicación de este delito dentro del Código Penal dice relación directa con el bien jurídico protegido. No cabe duda que los delitos contenidos en el Título VIII atentan contra la existencia del individuo; en cambio, los delitos contenidos en el Título VII, que atentan contra el orden de las familias y la moralidad pública, representan una cierta transición entre los que atentan contra bienes jurídicos individuales y los que ofenden bienes jurídicos comunes. Citando al profesor don Alfredo Etcheberry, agregó que hay dos infracciones que no coinciden con ninguno de los bienes jurídicos que protege el título, cuales son el aborto y el abandono de menores: la primera atenta contra la vida del feto, y la segunda es un delito contra las personas, o en todo caso contra la seguridad, por ser una infracción de peligro.".
La segunda idea es aumentar las penas privativas de libertad a las mujeres que incurren en el aborto. Aparte de compartir las expresiones formuladas aquí por el Senador señor Silva, quiero resaltar la opinión de la señora Ministra de Justicia, contenida en el mismo informe. En lo que dice relación al aumento de las penas privativas de libertad, sostuvo que "es necesario tener en cuenta que las nuevas tendencias dentro de la criminología han puesto de manifiesto que la penalización aparece como sinónimo de renuncia de toda expectativa de resocialización del individuo. En este contexto, se destaca la tendencia contemporánea en derecho penal y penitenciario en orden a despenalizar las sanciones aplicables a las comisiones de delitos, ya que se ha comprobado que el cumplimiento de las penas extramuros, es decir, fuera de recintos penitenciarios, en el medio libre, a través de los mecanismos contemplados en las actuales legislaciones que establecen beneficios alternativos a las penas privativas o restrictivas de libertad, facilita la rehabilitación y reinserción en la sociedad del condenado, sea a través de la remisión condicional de la pena, la reclusión nocturna o la libertad vigilada, según corresponda.".
La tercera idea apunta a la revisión de las penas a los terceros que participan en la comisión del delito de aborto. Al respecto, en la Comisión el Ministerio de Salud sostuvo: "En lo que dice relación con las sanciones establecidas para terceros, facultativos o no, consideró plenamente justificado que una mayor severidad se plantee en relación con profesionales calificados que, alejándose de postulados éticos fundamentales como lo es la protección a la vida en cualquiera de sus momentos, realizan abortos inducidos por meras razones pecuniarias. Pero" -advirtió- "la penalización ampliamente conocida para quienes practican estas intervenciones, hasta ahora no ha resultado eficaz en la prevención de esta práctica, y aumentar las sanciones penales y pecuniarias para quienes realizan abortos, probablemente sólo incidirá en aumentar los costos del aborto realizado en la clandestinidad.".
En consecuencia, señor Presidente, si bien el aborto es un problema social de gran y creciente importancia en la sociedad, pensamos que el proyecto no lo aborda en debida forma. El aumento de las penas no es el camino adecuado para disminuir o atacar dicho problema, el cual, como ya se planteó aquí, debiera ser objeto de un debate general que nos va a llevar a conclusiones muy distintas de las que arroja el proyecto en cuestión.
No puedo votar, señor Presidente, por estar pareado con el Senador señor Urenda.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, votaré a favor del proyecto, por varias razones. Primero, porque creo que el aborto no es propiamente un delito contra el orden familiar: puede cometer o ser objeto de aborto una mujer casada, una soltera, una menor de edad. No existe una relación con la familia.
El aborto es, claramente, un atentado contra una vida: contra la vida de quien está por nacer. Y al decir relación a la vida, dice relación a las personas. Para sostener que el derecho a la vida de la persona que está por nacer no afecta a su integridad, es necesario hacer una sofisticación muy grande. Nuestra Constitución entiende que el derecho a la vida afecta a la vida misma, desde el momento de la gestación y no desde el momento del nacimiento. Es algo que debatimos bastante, en numerosas oportunidades, cuando analizamos la normativa sobre fertilización asistida.
Por lo tanto, considero que el cambio de ubicación del delito de aborto desde el título correspondiente a los crímenes y simples delitos contra el orden de las familias a aquel relativo a los crímenes y simples delitos contra las personas, es adecuado. El aborto es, realmente, un atentado contra la vida, y un atentado contra la vida nunca deja de ser contra las personas. En mi concepto, no existe ningún razonamiento que permita sacar una conclusión diferente.
En otro orden de ideas, el proyecto me parece positivo en la medida en que hace posible -seguramente, con algunas modificaciones en el segundo informe- el establecimiento del arrepentimiento eficaz en la persecución del delito de aborto. En el fondo, no se trata de aumentar la penalidad a las mujeres. Lo que verdaderamente hay que aumentar, a mi juicio, es la penalidad para los que causan el aborto y para quienes hacen de él una profesión o industria lucrativa. Por eso, me parece conveniente agravar las penas de los gestores y crear otras de carácter pecuniario, ojalá fuertes.
Estoy seguro de que las ideas del autor de la iniciativa, que comparto plenamente, pueden traducirse, en la discusión particular, en redacciones más felices que logren desalentar la organización industrial del aborto, permitir el descubrimiento de la misma a través del arrepentimiento eficaz, y ubicar el delito donde debe estar. Esto último es particularmente importante, porque el Código Penal debe responder a los principios que orientan la sociedad. En ese sentido, si bien el aborto puede ser un atentado directo contra el orden familiar en la medida en que las individuos se originen y viven en familia, es propiamente un delito contra la vida y, por tanto, contra las personas, de manera que su cambio de ubicación en el referido Código resulta perfectamente atinado.
Voto que sí.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, "tolerancia cero".
Hoy, toda la sociedad anda preocupada del problema de la delincuencia y de los delitos que se cometen contra las personas. El aborto es un delito, un crimen, cometido, claramente, contra una persona, la más indefensa de todas.
La ley se encuentra con un dilema: cómo equilibrar esa indefensión, la inocencia de ese ser, frente al adulto maduro, frente a la madre o frente a quienes inducen al adulto. Por eso, buscar el aumento de la penalidad, la clarificación de las penas o una mejor tipificación de las mismas, incluyendo, por supuesto, la idea del arrepentimiento eficaz para ayudar a la madre a denunciar estas situaciones, es altamente positivo.
Sin embargo, tengo en mente la idea de la "tolerancia cero". La ciudadanía está demandando señales a todas las autoridades, especialmente el Parlamento, en el sentido de no incentivar o no contribuir a que se mire con laxitud o menor importancia el crimen del aborto, entre otros delitos que apuntan derechamente a la intranquilidad ciudadana en todos los aspectos. Hay que tener presente que quienes inducen al aborto son individuos que tienen organizaciones y sistemas montados y que son parte de redes de criminalidad que abarcan drogas, prostitución y otros hechos constitutivos de delito.
A mi juicio, aquí se presenta una franca y abierta inconsecuencia entre lo que se sostiene como discurso ético y lo que se hace como accionar político, y esto me preocupa. Por eso planteo, en primer lugar, mi decidido apoyo al proyecto, y en segundo término, mantener en mente la idea de que, si la ciudadanía está pidiendo tolerancia cero, éste es un mosaico más dentro de una gran cantidad de medidas que deben tomarse.
Mi opinión es, por tanto, ampliamente favorable al proyecto.
Quiero finalizar remachando que no existe crimen más abominable que el quitar la vida a un inocente que no tiene ninguna posibilidad de defensa.
Voto a favor.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, no quiero guardar silencio frente a este proyecto, que estoy dispuesto a apoyar, no por el hecho de estar a favor o en contra del aborto, sino por creer que el sistema penal chileno ya establece una normativa que incluso yo, personalmente, soy partidario de revisar. Y por lo que uno advierte en la discusión del proyecto, son bastante las personas que estarían dispuestas a hacerlo en cuanto a la penalidad que afecta a la mujer, la cual muchas veces, es sometida al aborto por causas demasiado personales, lo que cae más bien en lo moral de su propia conciencia que en el hecho de constituir un tipo de acción que merezca sanción penal.
Entiendo también el proyecto en el sentido de cambiar en el Código la ubicación de la figura del delito del aborto al título correspondiente al atentado contra las personas; sin embargo, por lo mismo, no creo que pueda justificarse la tramitación de una iniciativa para ese solo efecto.
Pese a ser contrario al aborto, no estoy de acuerdo con algunos planteamientos hechos aquí en cuanto a que la vida de una persona surge al momento en que su madre la da a luz. Creo que la vida de un ser humano se produce desde el instante mismo de su concepción.
Siempre he estado a favor de la vida, y la he defendido en su integridad. Por eso soy acérrimo partidario del respeto irrestricto de todos los derechos humanos; y, también, por supuesto, de aquel mayor, que corresponde a la vida misma. Por lo mismo, por convicción soy contrario a la pena de muerte.
A mi juicio, debemos enfocar el aborto desde otra perspectiva: protección a la vida. Y eso se logra fundamentalmente, primero, favoreciendo la maternidad. Sin entrar a ninguna concepción de relativismo moral, no creo que haya abortos terapéuticos ni por malconformación del feto. No nos corresponde a nosotros, como seres humanos, determinar en términos científicos o biológicos qué es lo que pueda suceder con el ser humano por nacer. No nos corresponde a nosotros determinar su destino y su vida. En esa misma perspectiva y en una prolongación más allá de lo que puede ser la eutanasia misma, tampoco podría justificarse la muerte de un feto por malconformación.
En mi concepto, a la mujer hay que protegerla y apoyarla en el momento que inicia su embarazo, para que durante él se sienta respaldada. No debe sentirse tampoco, como sucede, condenada por la propia sociedad, lo que muchas veces es lo que puede inducirla al aborto. Porque las personas la miran mal o porque su imagen queda deteriorada.
Por lo tanto, fue fundamental que el Senado aprobara en el proyecto sobre filiación la igualdad jurídica de los hijos. Creo que debemos visualizar claramente cómo apoyar a esa niña embarazada precozmente, para que no se sienta objeto de una sanción social.
Es positivo todo cuanto han hecho algunas instituciones o las propias familias en apoyo de esa niña que tuvo una relación a lo mejor no querida o que, queriéndola, no previó sus efectos, por carecer de la suficiente formación. Hay que apoyarla para que tenga ese hijo y no sancionarla. Por el contrario, detrás de esa hija deben estar su padre y su familia. Ella no tiene por qué pasar a ser una paria dentro de su propio grupo familiar o que dentro de él sufra una situación discriminatoria.
Por otro lado, tenemos que preocuparnos por la situación laboral de la mujer embarazada; por los permisos correspondientes, y porque se le respeten todos sus derechos, a fin de que no se la discrimine incluso por el solo hecho de un potencial embarazo.
De igual modo, creo que hemos procedido adecuadamente al eliminar el test de embarazo. Todo cuanto hagamos en ese sentido contribuirá a evitar el aborto. Y si en algún momento éste se produce, habrá que conocer sus causas. Todos tenemos una concepción plural distinta sobre lo que sucede con la persona que sufre el aborto o con la que lo realiza. No será nuestra responsabilidad sancionar el hecho como un pecado, en el sentido de la religión que yo profeso. Más bien se trata de una relación de la persona con Dios; pero, sin perjuicio de eso, me parece bien que sea el Código Penal el que sancione a quien provoca el aborto o facilita su realización.
Quiero ser bien claro: soy contrario al proyecto, no por estar en desacuerdo con su espíritu, sino por no ir a la raíz del problema: hay que legislar para favorecer, potenciar y respetar la vida; y a través de la legislación propuesta eso no se logra.
Por estar pareado con el Honorable señor Novoa, no podré ejercer mi derecho a voto.

El señor BOENINGER.- Señor Presidente, en esta segunda intervención, más allá de cualquier otra consideración de tipo doctrinario, quiero partir de la base de que el aborto es un hecho indeseable, que ojalá uno pudiera reducir o eliminar.
Rechazo con mi voto la moción en análisis, porque no sólo me parece ineficaz para el propósito de reducir los abortos, sino que además la considero injusta y discriminatoria.
A mi juicio, es ineficaz respecto de sus objetivos, porque la causa del aborto radica fundamentalmente en el embarazo no deseado. De modo que lo que corresponde es reducir ese tipo de embarazo. Y eso es función de una gran cantidad de factores: la necesidad de educación sexual; el conocimiento del ciclo fértil por la propia mujer y demás elementos de una educación sexual acabada; acceso a métodos de planificación familiar en general, y en particular la legitimación más plena del uso de métodos anticonceptivos; la solución de problemas culturales, de realidad de vida y de discriminación, como los mencionados recién por el Honorable señor Andrés Zaldívar -con cuyas afirmaciones concuerdo plenamente-, como es el caso de matrimonios que, por tener varios hijos, consideran que no están en condiciones de alimentar y educar adecuadamente otros nuevos (según un dato estadístico, el 60 por ciento de los casos de aborto se presentan en mujeres que ya tienen hijos); la inestabilidad de pareja; mujeres que temen el abandono después de tener su hijo y, lo que es peor, que el hombre imponga la decisión de abortar, lo que hace doblemente injusta la moción que se plantea, al penalizar a la mujer. A lo anterior debe agregarse el embarazo de mujeres solteras, especialmente adolescentes, que temen el repudio familiar o el entorno social; la expulsión de la escuela en un caso o de su trabajo, en el otro.
Por lo tanto, mientras no exista pleno conocimiento de los métodos de educación ni acceso a los cursos de planificación familiar y solución de problemas culturales, no habrá eficacia en reducir los abortos.
Por otro lado, como las causas del aborto no son atacadas por el proyecto en debate, a mi entender, habrá un aumento del costo del aborto y una disminución de los niveles de calidad en la atención del mismo. Entonces, va a ocurrir que los abortos detectados serán aquellos que corresponden a las mujeres que llegan en malas condiciones a los hospitales, por deficiencia en la higiene del proceso abortivo. Y éstas serían las penalizadas y no las que tienen acceso a métodos de higiene de mayor costo.
Como se ha dicho, el aumento de la pena está calculado para producir el efectivo cumplimiento de la misma. Y esto significa que potencialmente, por ejemplo, el 60 por ciento de las mujeres con hijos, serían tratadas como delincuentes y tendrían que cumplir pena de cárcel, en circunstancias de que se puede pensar cualquier cosa: que se ha cometido un error o que es un pecado; pero que, en todo caso, serán consideradas delincuentes, en el sentido que se da a ese término en la sociedad. Eso me parece un error garrafal.
Por último, la figura del arrepentimiento eficaz o delación compensada, a mi entender, tendrá un efecto muy disyuntivo en los sectores populares, sobre las redes de apoyo -según un estudio que he leído hace poco- que resultan indispensables para la vida cotidiana. Porque son esas redes las que proporcionan los datos de quien puede practicar un aborto. Y, naturalmente, la pérdida de confianza generada con posterioridad al hecho sería considerado una deslealtad dentro de esa red de apoyo; sería un elemento bastante disyuntivo en la vida en comunidad de ese tipo de mujer.
Por todo ello, y por otras razones que, para ahorrar tiempo, no comentaré, insisto en que soy contrario a la moción en debate.
Voto que no.

El señor CORDERO.- Señor Presidente, tal como lo han señalado los señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra, el tema del aborto no sólo abarca aspectos jurídicos, sino también éticos, morales y, por sobre todo, sociales.
Si bien la moción intenta aumentar las penas para desincentivar la comisión del delito, sería conveniente revisar previamente si como país hemos adoptado todas las medidas necesarias para evitar su ocurrencia. Se debe tener presente, a mi juicio, que la mayoría de las mujeres que se practican abortos como una forma de interrumpir los embarazos no deseados, se encuentran coaccionadas sicológicamente por sus parejas, sus familias o por la posible condena social. Además, muchas de ellas no han contado con la información y educación sexual adecuadas que les permita comprender a cabalidad su propia fisiología, lo que las hace usar métodos anticonceptivos inadecuados para el caso particular.
Recientemente nuestro país asistió a la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, realizada en El Cairo, y ratificó su decisión de propulsar planes destinados a la planificación familiar, manifestando su más absoluto rechazo a la práctica del aborto, posición que apoyo sin restricción alguna.
Pese a las políticas públicas implementadas para intentar buscar un cauce de solución al problema que involucran a los Ministerios de Justicia, de Salud y de Educación, y al Servicio Nacional de la Mujer, entre otros organismos, aún se continúan realizando 159 mil 650 abortos inducidos anuales, según datos proporcionados por la Secretaría de Estado del ramo, lo que constituye hasta hoy un grave problema de salud pública.
En consideración a estas circunstancias, sería conveniente detenerse a analizar los resultados de las políticas estatales aplicadas antes de pensar en aumentar la penalidad del delito, sobre todo, teniendo en consideración que la sanción en materia penal, según expresa el profesor Gustavo Labatut Glena en su obra "Derecho Penal", haciendo suyos los postulados de la escuela clásica, es un medio de tutela jurídica cuyo fin es el restablecimiento del orden jurídico alterado por el delito, lo que se obtiene retribuyendo el mal que éste ocasiona con el que la pena produce. En otras palabras, mediante el castigo del culpable, teniendo como objetivo, además, la rehabilitación del delincuente y la prevención de nuevos delitos.
En el caso específico del aborto, el aumento de la penalidad del delito no conlleva necesariamente a que se cumplan objetivos tan importantes como los referidos. Estos fines, en el caso de la mujer, se cumplen a través de otros medios, como por ejemplo, la creación en cada hospital público y privado de nuestro país, incluidos los rurales, de un equipo multidisciplinario de profesionales destinados a la atención, educación y asesoramiento post-aborto de las que se han sometido a él, como una forma de impedir de manera efectiva la reincidencia.
A nuestro juicio, este equipo debería contar, necesariamente, con abogados que pudiesen orientar a las mujeres de las posibilidades que le otorga la ley de entregar en adopción a los hijos no deseados, sobre todo, en aquellos casos en que estos niños son el fruto de violaciones o incestos. Estimo que todos los presentes concuerdan conmigo en lo viable que resulta este camino. Las listas de espera en nuestros tribunales de menores son interminables, no sólo para parejas de compatriotas que no pueden concebir hijos, sino también de extranjeros que buscan en Chile, por sus peculiares cualidades étnicas y de desarrollo, una solución para su irrefrenable deseo de ser padres y entregar amor a una criatura no querida por su madre biológica.
Teniendo presente esta perspectiva, me parece adecuado no aumentar las penas respecto de la mujer, por las razones ya apuntadas. Sin embargo, el aborto es un hecho delictivo en el que, además de la madre, en la mayoría de los casos existe un sujeto activo. Y, en este entendido, concuerdo con el aumento de la penalidad para terceras personas o para el facultativo involucrado en la realización o cooperación de esta agresión criminal en la que hay alevosía, ensañamiento, premeditación y lucro con una situación de desgracia.
Ahora bien, el debate se ha centrado, además, en la procedencia del aborto terapéutico, suprimido de nuestra legislación en 1989. Conforme a los antecedentes entregados por la Comisión de Salud del Senado, su derogación no ha significado una disminución de importancia en el número de abortos que actualmente se realizan en el país.
Lamentablemente, la figura del aborto terapéutico obliga no sólo al facultativo, sino también al legislador, a optar entre dos bienes jurídicos de igual importancia: la vida de la madre o la vida del niño que está por nacer.
Hoy, los médicos que se ven enfrentados a esta situación, conscientes de la prohibición existente, esperan que se produzca un aborto espontáneo, o bien, dilatan su acción hasta que la situación se complique en gran medida, lo cual significa exponer la vida de la madre innecesariamente. En este orden de cosas, la posición sustentada por los médicos es optar por la vida de la madre, toda vez que actualmente, por los avances tecnológicos de nuestra época, es posible conocer la viabilidad de un ser entre las 12 y las 14 semanas de vida.
Pienso que el problema jurídico puntual que se plantea respecto del tema, es que en él subyace una diversa valoración de la vida en su etapa previa y en su etapa posterior al nacimiento, lo que de ninguna forma condice con el reconocimiento constitucional del concepto de dignidad personal ni con el carácter de valor supremo que la propia Carta Fundamental atribuye a la vida.
¿Podemos como legisladores establecer que la vida de la madre es más valiosa que la del ser que lleva en su seno? Según los dictados de mi conciencia, la respuesta debe ser negativa.
Por haberse cumplido mi tiempo, concluyo mi intervención señalando que voto a favor.

El señor BITAR.- Señor Presidente, entiendo que el propósito que nos anima a todos, y es, también, el mío al exponer este punto de vista, es reducir el número de abortos en Chile.
Las cifras, que ya se han dado, son bastante importantes: se calcula que se realizan aproximadamente 160 mil abortos al año. Conforme a datos oficiales, en 1991 se registraron más de 43 mil ingresos a hospitales por abortos, que incluyen tanto los espontáneos como los inducidos. Y cerca de 75 por ciento de éstos corresponden a abortos inducidos complicados.
Muchas mujeres pobres -las más afectadas- están obligadas a llegar a los hospitales debido a maniobras abortivas de alto riesgo, y sobre ellas actúa la ley.
Por consiguiente, la reflexión principal, a nuestro juicio, debe ser la de analizar las causas que generan esta alta cifra de abortos y cómo podemos reducirlas. ¿Qué razones culturales, educacionales, económico-sociales, así como de carácter médico y terapéutico están detrás de esta situación.
El proyecto en debate se inscribe en lo que consideraría un enfoque represivo simplista. Hoy las penas son altas. Como también se ha señalado, varían entre presidio menor en su grado medio -de 541 días a tres años- y presidio mayor en su grado medio -de 10 años y un día a 15 años-. De manera que estamos hablando de penas muy altas.
Pensar que por la vía de aumentar la penalidad disminuirá el problema del aborto, no sólo es ineficaz, sino, además, absolutamente inapropiado. En tal sentido, esta medida, esta forma de enfocar las cosas, no reduce el número de abortos; por el contrario, puede inducir a formas de procedimientos clandestinos. A mi juicio, afecta a mujeres más modestas; otras podrán recurrir a ello pagando cifras más altas a médicos o a personas que realicen este tipo de actividades.
A mi entender, el punto principal es que hay otros caminos, otras formas de enfrentar este problema. Y sobre este aspecto me detendré un minuto en mi argumentación. Si pensamos que, de acuerdo con los estudios realizados, el mayor número de las mujeres que abortan corresponde generalmente a las que tienen hijos -según datos estadísticos, 61 por ciento de ellas tenía uno o más hijos al momento del aborto, y 37 por ciento, más de tres-, no veo de qué manera se resuelve el problema del aborto y el de la familia al encarcelar a las mujeres, dejando además a sus hijos en la casa.
Por lo tanto, señor Presidente, me parece que todo este enfoque es equivocado. Las penas son altas, y si realmente deseamos adoptar medidas que contribuyan a reducir el número de abortos, debemos seguir otros caminos, como el de una una educación más eficaz, una educación sexual más significativa y sustantiva. Asimismo, debemos avanzar también en lo referente a la planificación familiar, y modificar una serie de normas existentes hasta hace poco y que permitían, por ejemplo, que a una niña no se la dejara continuar sus estudios en el colegio por el hecho de estar esperando familia. ¿Qué constituyen en el fondo medidas como éstas? Son formas de impulsar o estimular abortos y que se dan en las conductas adoptadas para enfrentarnos a ese problema.
Tales son, a mi juicio, los criterios que deberemos modificar. Las mujeres son discriminadas en el sistema de salud privado. La infraestructura pública para el cuidado infantil es insuficiente. Por lo tanto, considerando los argumentos que he señalado, en el sentido de que el camino es otro, y que éste es ineficaz, voto en contra del proyecto que eleva las penas.

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, creo que enfocar exclusivamente este problema desde la perspectiva de la penalidad, es algo que, de alguna forma, resta real dimensión al verdadero análisis que aquí debe hacerse. Por lo mismo, pienso que no todo debe apuntar únicamente en la dirección del aumento de penalidad. Aún más, tiendo a compartir que el tema puede abordarse desde un punto de vista en que no solamente esa medida constituya el aspecto central.
Considero muy interesante que en el debate se haya vuelto a plantear el punto de que el derecho a la vida del que está por nacer es una realidad que debemos reconocer, como lo hace, por lo demás, nuestro ordenamiento jurídico. Porque aquí también, al tratar el tema, se afirmó en su momento que el que está por nacer no es persona o que habría dudas al respecto. Y quiero recalcar que, a mi entender, la Constitución es muy clara cuando asegura a todas las personas los derechos y garantías fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, reconociéndolo también para la persona en gestación, pues el nonato es persona humana, y así lo manifesté en la primera intervención que a propósito del tema hice en esta Sala.
Asimismo, es muy conveniente tener en consideración que nuestra propia Corte Suprema, en sentencia dictada el 29 de septiembre de 1989, a raíz de una causa que se estaba viendo, dispuso "que la falta de pronunciamiento oportuno sobre el subsidio de maternidad causa daño en la salud de la madre, lo que deriva en un peligro para la vida del que está por nacer".
Es decir, hay un fallo de la Corte Suprema que reconoce el derecho del que está por nacer, y es válido plantear el hecho en esta Corporación a propósito del debate, porque en alguna forma en ciertas intervenciones se puso en duda el que fuera un ser viviente el que está por nacer, mientras su madre no lo haya dado a luz. De ahí la importancia que reviste el hecho de que, acogiendo un recurso de protección, ese alto tribunal advirtiera expresamente en su oportunidad sobre el peligro para la vida del que está por nacer y decidiera resguardar justamente el derecho de esa madre y de esa vida.
Y en los considerandos de esa misma sentencia se dice incluso lo siguiente: "principalmente el derecho a la vida del nuevo ser ya concebido, expuesto a grave peligro, por hallarse condicionado en su desarrollo en el claustro materno a las circunstancias externas que afectan el organismo de su madre". Con esto la Corte pretendió establecer que el ser que estaba por nacer era merecedor de toda la protección social.
En seguida, como un aporte al debate, quiero agregar que la Contraloría General de la República, en dos brillantes dictámenes, concluye en el mismo sentido; es decir, que la criatura en gestación y a la cual el legislador debe protección, es persona humana. Y, como dije, ésta es la interesante conclusión que se desprende del debate: la reafirmación de que la criatura en gestación es persona humana.
Quiero citar al respecto el dictamen Nº 14.525, de 1992, en que ese mismo organismo acogió una petición de la corporación de derecho privado "Movimiento Anónimo por la Vida", que obliga al Servicio Nacional de Menores a brindar asistencia para proyectos de protección de los nonatos. Es interesante destacar que hubo que obligar a esa entidad a prestar protección a las criaturas en gestación, la que se les denegaba. No había subvención para organizaciones que se dedicaran a proteger la vida del que está por nacer, y la Contraloría lo precisa cuando concluye en su informe "que la protección del que está por nacer es una necesidad pública y por tanto es tarea del Estado contribuir a su satisfacción a través de los órganos y procedimientos pertinentes".
En consecuencia, hay una señal muy interesante que debemos tener presente con relación a lo que aquí se ha dicho, en el sentido de que muchas veces se reclama de la falta de protección a las mujeres o de que el Estado debe aumentar su acción en este sentido. Y aquí tenemos el ejemplo concreto de un servicio estatal que debió ser obligado por un dictamen de la Contraloría a brindar protección a un criatura que estaba por nacer.
Más certero aún es el dictamen Nº 25.403, también del mismo órgano contralor, que señala lo siguiente: "Por su parte, el artículo 19, número 1, de la Constitución Política prescribe, en lo que interesa, que la ley protege la vida del que está por nacer, es decir, por mandato de la Ley Suprema es imperativo para el legislador observar reglas destinadas a amparar a quien, no obstante no haber nacido, constituye una persona en gestación". Y continúa la Contraloría: "Las disposiciones precedentemente mencionadas en la Constitución de la República deben entenderse complementadas, a su vez" -¡fíjense bien en lo que dice el órgano contralor!-, "por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada "Pacto de San José de Costa Rica", promulgada por nuestro país mediante Decreto Nº 873, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que en el artículo 4º, Nº 1, señala que: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción". Y concluye declarando que "Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente".
Es interesante destacar tales aspectos que, para el debate que se está realizando, deben tenerse en cuenta. Repito: sentencia de la Corte Suprema; dictámenes de la Contraloría, de los cuales uno se remite al Pacto de San José de Costa Rica. Lo reitero porque, con cargo a este tema, muchas veces se pretende poner en duda que la criatura en gestación sea persona humana. Desde esa perspectiva, ¿por qué no pensar en que, para avanzar en la discusión de este proyecto, se pudiera revisar lo relativo a la penalidad, pero incorporando la figura -tal vez, perfeccionada- del arrepentimiento eficaz?
Por otra parte, el avance más sustantivo del proyecto es situar la figura del aborto en el título que verdaderamente le corresponde. No es posible que sigamos afirmando que se trata de un simple delito contra la moralidad pública y, a renglón seguido, haya tantos antecedentes que nos demuestran claramente que la criatura concebida es persona, una vida, un ser que está gestándose. En consecuencia, creo que no debe existir temor en ubicar el delito de aborto en el título que corresponde en nuestro Código Penal -delitos en contra de las personas-, y no seguir pensando en que debe figurar entre los delitos contra la moralidad, como si lo que estuviera en juego fuera un simple objeto. En verdad, la criatura concebida es persona y por eso pienso que del proyecto hay que rescatar claramente el que se mantenga en el debido título; es decir, en el de delitos contra las personas. Asimismo, podría recogerse en la figura de arrepentimiento eficaz un perfeccionamiento que no incida en mayor penalidad, sino que, al contrario, permita a la mujer enfrentar esta realidad a la que se ve expuesta con una protección mayor, y tal vez, sin una mayor penalidad.
Por lo mismo, sería conveniente pensar en una revisión del proyecto, y entiendo que su autor, el Honorable señor Larraín, no se opone a la idea de lograr un acuerdo tendiente a mejorar esta figura penal que se está estableciendo en este delito.
Voto a favor del proyecto, solicitando, si es posible, dicha corrección en la discusión particular.

El señor VEGA.- Señor Presidente, como se ha señalado en la Sala en forma reiterada, el aborto ha constituido un tema de siempre en las sociedades y en el mundo, pues tiene relación directa con el sentido humano de la supervivencia, con nuestra educación y con la razón misma de ser y entender el valor de la vida como un don exclusivo, fuera del alcance de nuestro normal sentimiento físico.
Se han expresado durante el debate sobresalientes exposiciones que fundamentan y reconocen el profundo drama humano que fundamentalmente provoca el aborto en las mujeres, en la sociedad misma también, la que no debe mostrarse indiferente frente a este atentado directo a su sobrevivencia.
El nuevo ser, como se ha reiterado, no tiene defensa alguna, excepto la de su propio instinto y la de la sociedad que lo protege. Lo anterior nos obliga entonces a definiciones concretas de protección a esta vida humana. La alta sensibilidad de este problema es lo que produce el rechazo unánime de nuestra sociedad a los que intervienen directa o indirectamente en ello.
Me parece, señor Presidente, que la protección del niño o de la madre debe estar fuera de cualquier discusión.
Una ley de mayor peso punitivo reduce, aumenta o complica el problema. Y eso es lo que realmente debiéramos analizar. Porque lo que está en la ley en proyecto no es la cuestión del aborto, sino si el incremento de la penalidad disminuye o no ese dramático problema.
Al respecto, yo diría que el aborto es un problema de la sociedad, de su estructura. Mientras más débil es una sociedad, más débil es la protección de sus integrantes. El aborto no se origina porque existan clínicas clandestinas. Él obedece, básicamente, a la inseguridad de la mujer ante el medio en que vive cuando éste no tiene, por diversas razones, la normativa adecuada para respetar al ser humano como un ciudadano más en igualdad de derechos y dignidad (artículo 1º de nuestra Constitución).
La información consultada dice que más del 60 por ciento de las mujeres que se han practicado un aborto tienen hijos y que 40 por ciento de ellas tiene tres o más. Éste es un dato digno de considerar al momento de aumentar las penalidades. La pena de cárcel aplicada a una mujer, entonces, castigaría a esos niños y no disminuiría necesariamente el número de abortos, que es lo que pretendemos alcanzar.
Un rápido análisis nos puede llevar a descubrir los factores que influyen en una mujer para tomar esta decisión: problemas de filiación (materia que hace poco discutimos en el Senado); falencias de nuestro ordenamiento jurídico en la protección de la mujer en estas especiales circunstancias; imperfección de nuestro modelo educacional, que sólo considera el desarrollo del mundo físico y no toca el fundamental mundo psíquico interior de cada ser humano, que es lo único que permite el adecuado balance entre materia y espíritu; educación y preparación para el apropiado conocimiento de la compleja vida sexual y de la reproducción humana, incluyendo conceptos tan profundos como el de la familia y su planificación e importancia en el sólido desarrollo de una sociedad.
Conociendo tales orígenes, la pregunta es si el aumento de penalidades aborda, modifica o minimiza en alguna forma la fuerza de estos fundamentales problemas. Si no se abordan los variados orígenes de la cuestión y no se combaten estas actitudes sociales, ¿cuáles serían los efectos del incremento de las penas?
El fundamento del proyecto es desincentivar la comisión del delito de aborto a través del aumento de las penas. Pero, desgraciadamente, el problema es muchísimo más complejo.
Actualmente existe una ley punitiva sobre la materia, como hay muchas otras, incluyendo la pena de muerte. Y ya vemos los efectos delictuales en nuestra sociedad.
Si no tenemos seguridad absoluta en el resultado de lo que buscamos, me parece mejor no innovar, particularmente en lo que se refiere a la mujer, por cuanto, según los expertos, los efectos de estas modificaciones podrían ser muy negativos, en especial para la mujer de sectores modestos, donde las circunstancias que llevan a tomar esta decisión son extremadamente penosas y difíciles.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Ha terminado su tiempo, señor Senador.

El señor VEGA.- Señor Presidente, voy a redondear mi argumentación señalando que, ante esta circunstancia y por los fundamentos que expuse, parece mejor no innovar sobre la materia.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- ¿Cómo vota, Su Señoría?
El señor VEGA.- Negativamente.

El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, el aborto es una dramática situación a la cual están expuestas todas las mujeres, sin que exista distinción de clase social, estado civil, edad, creencia religiosa o nivel educacional.
Para toda mujer el aborto constituye una situación dramática y dolorosa, que es enfrentada con fuertes contradicciones, debido a las condiciones de clandestinidad en que tiene lugar y a la complejidad ética que involucra. Ninguna mujer aborta por placer. Para todas es una situación traumática y de riesgo extremo para su integridad.
A fin de aproximarnos a esta dura realidad, considero que debemos partir por revisar las conductas que, como sociedad, tenemos para con nuestras mujeres.
En nuestro país la maternidad se ha transformado en un carga. Esto lo afirmo al constatar la clara disociación entre los discursos públicos y moralistas que enaltecen el rol de madre y a la familia y las conductas reales existentes en nuestra sociedad.
Esas diferencias se expresan en que la responsabilidad de la reproducción sólo está en los hombros de las mujeres.
En efecto, son ellas las discriminadas laboralmente por el hecho de procrear, condicionándose su contratación a un resultado negativo de embarazo, ya que, debido al fuero maternal, la mano de obra femenina es considerada más cara por los empresarios. La infraestructura pública para el cuidado infantil es insuficiente, y la privada, onerosa para las familias. En el sistema privado de salud, las mujeres son discriminadas, contemplándose planes más caros para las que se hallan en edad reproductiva; para las ISAPRES, en consecuencia, las mujeres fértiles son un mal negocio.
Por su parte, las jóvenes estudiantes son excluidas del sistema educacional por el solo hecho del embarazo, ya que, para ciertos sectores, eso constituye un mal ejemplo. Llama la atención que quienes apoyan entusiastamente mantener mayor tiempo en las cárceles a las mujeres que abortan son los mismos que cuestionan los planes de educación sexual en los colegios, impartidos por el Ministerio de Salud, desconociendo la realidad cada vez más urgente de ellos ante la presencia creciente del fenómeno del embarazo no deseado en las adolescentes.
En nuestro país el aborto está sancionado penalmente con penas privativas de libertad que van de 3 a 5 años, y que incluso pueden aumentar hasta 15 en caso de existir violencia.
A pesar de la existencia de esas penas privativas de libertad, en Chile se practican decenas de miles de abortos. Las cifras que se entregan oscilan entre 150 mil y 250 mil al año. De este total hipotético, sólo un porcentaje menor llega al sistema hospitalario. Según las cifras disponibles, en 1991 hubo más de 43 mil ingresos al sistema por abortos, incluyendo espontáneos e inducidos. Es así como el aborto es una de las principales causas de mortalidad materna, alcanzando, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud, un 26 por ciento de esas muertes en 1994.
Pero más allá de esas cifras, que muchas veces carecen de la necesaria relación con la realidad que se vive constantemente en nuestro país, hoy, mientras se discute cómo sancionar con penas más duras el aborto, miles de mujeres intentan interrumpir sus embarazos mediante técnicas abortivas, algunas de ellas francamente denigrantes, peligrosas y (por qué no decirlo) primitivas.
Este año han sido publicados, en un estudio casuístico elaborado por el Centro Legal para los Derechos Reproductivos y Políticas Públicas y Foro Abierto de Salud y Derechos Reproductivos, diversos antecedentes de personas procesadas y condenadas por el delito de aborto. Conforme a dicha investigación, las mujeres que abortan presentan determinadas características, que es necesario destacar para demostrar sobre quiénes recaen las sanciones previstas en la ley penal:
-69 por ciento de las mujeres son menores de 29 años.
-43 por ciento de ellas tenía pareja estable.
--28 por ciento tenía menos de 8 años de escolaridad (se trata en general de mujeres con educación primaria o estudios secundarios incompletos).
-61 por ciento de las mujeres tienen uno o más hijos al momento del aborto (37 por ciento tenía más de tres hijos).
-47 por ciento de estas mujeres realizaban tareas remuneradas fuera del hogar, desarrollando labores principalmente en el sector servicios (un importante número de ellas se desempeñaban como trabajadoras de casa particular).
Esta realidad social, que se encuentra claramente vinculada con el aborto, hace que desde estas bancadas señalemos con mucha precisión que el proyecto en debate no tiene las bases necesarias para aprobarlo en un país como el nuestro, que pretende enfrentar con otra óptica este dramático fenómeno, tan especialmente doloroso para nuestras mujeres.
Por eso, voto en contra. El señor RÍOS (Vicepresidente).- El Honorable señor Larraín es el último orador inscrito. Después de su intervención seguiremos votando por orden alfabético.
Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en atención a los pocos minutos de que dispongo para fundamentar mi voto, no me referiré a numerosos comentarios que se han hecho a lo largo de este debate, la mayoría de los cuales me parecen muy atendibles y respetables, sin perjuicio de que algunos, abiertamente favorables al aborto o que niegan la realidad del ser humano al interior del vientre materno, son, en mi concepto, extraordinariamente delicados.
No quiero, señor Presidente, calificar las opiniones de mis Honorables colegas, pero no puedo dejar de subrayar la sorpresa que me han producido muchos de aquellos comentarios.
Sé que se trata de un tema sumamente complejo, sobre todo por las circunstancias sociales en que se desarrolla. Sin embargo, estamos hablando de un ser humano y, por ende, debemos hacer todos los esfuerzos posibles por darle el derecho a la vida, no sólo porque lo consagra la Carta Fundamental, sino también porque constituye un imperativo ético impedir todo aquello que perturbe su existencia.
Por cierto, una ley no es suficiente; lo hemos dicho muchas veces. Y por eso hemos tomado iniciativas ante autoridades educacionales y de salud, Colegio Médico, iglesias y confesiones religiosas, para generar un ambiente distinto en torno de la materia que nos ocupa. Pero se necesita una señal. Y si el Senado rechazara esta iniciativa, estaría dando una pésima señal al país sobre una cuestión tan delicada.
Y quiero indicar el porqué. Porque, en último término, el proyecto plantea tres objetivos bastante sencillos, que paso a explicar.
El primero consiste en cambiar de ubicación en el Código Penal el delito de que se trata: del Título VII, de los "Crímenes y Simples Delitos contra el Orden de las Familias y contra la Moralidad Pública", donde se halla hoy, al Título VIII, de los "Crímenes y Simples Delitos contra las Personas".
Hay aquí una afirmación radical: el embrión que está en el vientre materno es una persona, un ser humano. Y eso, a mi modo de ver, no puede medirse simplemente con categoría jurídica, sino que debe admitirse en su dimensión humana.
La diferencia entre alguien que está en el vientre materno y un recién nacido es cero. Ambos son radicalmente dependientes. Dejen Sus Señorías a un recién nacido solo y verán que antes de 24 horas estará muerto. Ahí se reputa crimen para algunos; antes, no. Y no puedo sino discrepar de ese concepto.
El segundo objetivo de la iniciativa en estudio es aumentar la penalidad a quienes lucran con el negocio del aborto, incluso elevando las multas, para hacerles más difícil la situación.
Entiendo que muchos crean que esa medida no es eficiente. Yo pienso que sí lo es. Y por cierto, de aprobarse en general el proyecto, estoy dispuesto a discutir cómo regular esta situación de manera que constituya un disuasivo para los terceros.
Y el tercer objetivo es crear la figura del arrepentimiento eficaz respecto de la mujer. La Comisión de Constitución aprobó un aumento de penalidad para aquélla. Pero, como lo señalé en la de Salud hace dos o tres años, somos partidarios de no modificar la situación de la mujer en el actual Código. Anuncié que formularía una indicación. Y, para el evento de que el proyecto se apruebe, ya lo hice ante la Mesa.
Por consiguiente, la finalidad no es agravar la situación de la mujer, sino dejarla exactamente igual. Lo hemos señalado muchas veces, pero parece que no se ha entendido.
Como decía un señor Senador, podrá modificarse o corregirse la figura del arrepentimiento eficaz. Pero, en último término, la idea es permitir que la mujer involucrada coopere para que el delito se descubra y, de ese modo, contribuya a evitar la multiplicación de los abortos en forma indefinida. El arrepentimiento eficaz, entonces, no sólo posibilita a esa mujer aliviar su conciencia -estudios sicológicos realizados en quienes son objeto de prácticas abortivas señalan que es muy compleja la situación que se produce después de ellas-, sino también ayudar a terminar con esta cadena cerrada de complicidad, con el círculo vicioso que impide descubrir a los responsables y terminar con el negocio, el lucro, la industria del aborto.
De acuerdo con nuestro planteamiento, la penalidad podría reducirse hasta en dos grados, lo cual dejaría con una sanción muy reducida a la mujer involucrada.
Como puede apreciarse, el proyecto es muy sencillo. El debate, por cierto, nos ha llevado a reflexionar acerca del problema del aborto. Pero, al final, lo que estamos planteando no es más que reconocer como persona a quien está en el vientre materno; impedir mediante el establecimiento de disuasivos la industria del aborto y el consecuente lucro, y crear la figura del arrepentimiento eficaz para la mujer.
El rechazo de la iniciativa, señor Presidente, me produciría una enorme sorpresa; empero, eso no tiene ninguna importancia: creo que la ciudadanía podría quedar muy sorprendida por la ocurrencia de ese hecho en un país que desea dar testimonio de respeto a la vida.
Estoy pareado. Por eso, con profunda insatisfacción, no puedo votar como hubiese querido. El señor CANESSA.- Señor Presidente, ya di mi opinión la vez anterior en que se trató esta materia. Ahora la confirmo, y es favorable al proyecto en general.

El señor CANTERO.- Señor Presidente, sin duda el tema en cuestión tiene importantes alcances éticos, morales, sociales; es muy complejo, y debe ser atendido. Pero coincido con quienes piensan que la aproximación al problema debe ser más global, más general, atendiendo al entorno de la maternidad y la paternidad. Hacen falta muchas iniciativas y un concepto de apoyo y estímulo al rol de la familia.
Se ha hablado bastante de la necesidad de señales. Estoy por dar señales positivas en esta línea. Pero me parece que la que se está dando ahora es muy restringida. Yo desearía encontrarme en un debate que permitiera dar un enfoque a los conceptos de apoyo al rol tan esencial de la mujer que es la maternidad y al entorno de la pareja; de respaldo del Estado al rol de la familia, y de estímulo a una mejor orientación de nuestra juventud a través del sistema educacional.
Tengo la impresión de que en esta materia estamos actuando de manera muy deficiente e impropia. Sabemos, según las estadísticas, que nuestros jóvenes ingresan a la vida sexual a una edad cada vez más temprana. Hay indicadores de que ya a los 15 años un porcentaje muy alto de los educandos -se trata de estudios realizados en los propios establecimientos educacionales- tienen vida sexual activa.
Sin embargo, pareciera que nos abstraemos de esa realidad y no cumplimos adecuadamente con aquel rol, que también corresponde al Estado.
En todo caso, considero adecuado cambiar el eje desde una falta a la familia a una falta hacia la persona. Me parece interesante intentar una mayor rigurosidad y una penalidad más severa para quienes están lucrando con la actividad del aborto.
Tengo serias dudas, señor Presidente. Pero, en general, voy a favorecer esta iniciativa, dejando clara y explícitamente establecido que deben introducirse perfeccionamientos muy radicales y profundos en esta materia. Dejo planteada mi inquietud en orden a que ella debe enfocarse desde el entorno global de lo que significa el rol de la mujer, la pareja y el Estado en la protección de la maternidad y la familia.
Voto a favor.

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- Perdón, señor Senador. Usted se encuentra pareado con la Honorable señora Frei.
El señor CANTERO.- Sí, tiene razón, señor Secretario. Entonces, no voto.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, seré muy breve, porque estimo que se ha dicho prácticamente todo lo que es dable manifestar en un debate de esta complejidad.
La discusión resulta difícil, ya que la materia es complicada, pero no lo es calificar de crimen el aborto. No hay peor delito y atropello a los derechos humanos que asesinar a un niño indefenso en el vientre de su madre.
Siendo yo claramente contrario a todo lo que implique aborto, debo ser preciso en señalar que no me gustan las leyes punitivas que aumentan las sanciones. Prefiero, con mucho, las que crean incentivos para el cuidado de los hijos y para todo lo que importe amor, no sólo maternal, sino también del padre y la familia, hacia el nuevo miembro que se incorpora a su seno.
La asignación familiar, que hace años ha perdido su relevancia en el presupuesto de los hogares modestos, pobres, es un tema que también debería abordar esta iniciativa.
Estimo de mucha importancia que quienes reciben a un hijo entiendan que es el mejor beneficio y el mayor premio a que pueden aspirar en la vida y, por consiguiente, de forma alguna deben tratar de desprenderse de él.
Me parece que hay muchas cosas positivas en este proyecto de ley que deben ser recogidas, perfeccionadas e incorporadas en el texto definitivo. Pero otras es necesario analizarlas nuevamente, para evitar que se produzcan distorsiones, como las señaladas por algunos señores Senadores en cuanto al grado de las penas en relación con delitos similares, entre ellos, el infanticidio.
En todo caso, pienso que no cabe ninguna duda de que debemos abocarnos a la materia, pese a la complejidad que reviste, a fin de encontrar la mejor forma de proteger a los niños y a las familias, sobre todo si se considera que Chile es un país muy rico, cuya pobreza deriva, fundamentalmente, de no saber administrar bien las riquezas naturales, que tienen ciclos propios. Y estos ciclos no tendrían la magnitud ni la significación que hoy se les da si nuestra población fuera de 28 millones de habitantes en vez de 14 millones. El desarrollo demográfico podría ser mañana una de las ventajas comparativas más importantes de los pueblos, junto con la educación, el empleo y la promoción del crecimiento económico. Los niños que nacen hoy y los que nacerán más adelante son, precisamente, el futuro de la patria y, por ende, deberían ser una de las razones fundamentales de nuestra preocupación como Senadores.
Por lo anterior, voto que sí. El señor GAZMURI.- Señor Presidente, sobre la base de los argumentos que señalé durante la discusión del proyecto, me pronuncio en contra.

El señor HORVATH.- Fundamentaré brevemente mi posición.
Evidentemente, creo que, en el fondo, nadie está de acuerdo con el aborto. De modo que votar a favor o en contra no significa que alguno lo esté favoreciendo. El punto estriba en cómo prevenir, en cómo sancionar, en fin.
Un niño, o una niña, siempre es una bendición. No apreciarlo así por un sector de la sociedad es un síntoma de enfermedad bastante grave. Antaño -en el ámbito rural todavía se mantiene esta raíz conservadora positiva- un hijo siempre significaba una ayuda y era deseado y bien recibido. Pero, ciertamente, una sociedad materialista va en contra de ello, lo que, de alguna manera, deja en evidencia las razones de ese síntoma de enfermedad.
En cuanto a lo concreto de la iniciativa, me parece que aumentar las penas no es la solución. Sin embargo, creo que ella tiene elementos beneficiosos. De hecho, al discutirse el tema, se ha producido aumento en la toma de conciencia, fundamentalmente si ahora el aborto se está tipificando como delito contra las personas. Y así debe ser considerado. Por eso, votaré a favor en general.
Ahora bien, la verdadera pena se instala en la conciencia de las personas que, por "distintas razones", cometen aborto, entre las que se hallan no sólo la madre. Tengo en mi poder un semanario publicado en la Quinta Región -se titula "Alba"- que aborda el tema , sin duda originado a raíz del debate en el Congreso. Una madre da su propio testimonio y expresa el sentimiento de haber cometido aborto o de ser inducida a cometerlo. En una poesía expresa:
"Piececitos que andarán por mi conciencia
Retumbando en las bóvedas de un sueño
inquieto y destructor; de piedra, el ceño
se ha incrustado de luto ante tu ausencia:
remordimiento eterno hecho en mi dueño.
¡Duro final segar en flor tu vida,
comienzo de mi muerte indefinida!"
Evidentemente, hay muchas cosas más que se manifiestan en el semanario. Pero lo leído revela el daño que sufre la conciencia de quien incurre en este ilicito, y cuya responsabilidad también recae en los que en alguna medida lo fomentan o permiten que suceda.
El tema ciertamente es valórico, moral. Deben realizarse los mayores esfuerzos para prevenir esta práctica delictiva. En Chile todavía se encuentra a nivel popular una fácil condescendencia con el aborto, pues con mucha simpleza se opta por una "solución", cuyas consecuencias, que no se miden, pesan, como decía esa madre, durante toda la vida.
Este problema puede ser resuelto no sólo por la vía legislativa, sino también mediante acciones políticas sistemáticas destinadas a defender la vida, la maternidad, basadas en una educación sexual integrada y vinculada a valores, de manera que el aborto vaya desapareciendo por sí mismo.
Reitero: el proyecto ha abierto una discusión muy valiosa en el Senado y en el Congreso en general. Y en vista de que se ha tipificado el aborto como delito contra las personas, lo votaremos en general a favor, sin perjuicio de las indicaciones que se formulen durante el debate particular.
He dicho.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, deseo partir diciendo que estoy absolutamente en contra de aumentar las penas a las mujeres que abortan. En cambio, me manifiesto a favor de establecer sanciones muy severas para los médicos y dueños de las clínicas que lucran con el aborto, que ahora se ha tipificado como crimen o simple delito contra las personas y no contra el orden de la familia y la moralidad.
Se dice que es muy difícil precisar cuándo un feto es persona y cuándo no lo es. Recuerdo que, estando yo en Estados Unidos, me tocó asistir, con verdadero horror, a la discusión que se llevaba a cabo en el Congreso de ese país, en el sentido de si era aborto o no lo era la decapitación de una guagua en el momento de nacer. Y, al final, se aprobó que lo era, estimándose que ella, al no haber nacido aún, no era persona.
Entonces, miro con bastante preocupación el hecho de que mucha gente que defiende tanto los derechos humanos demuestra, en el caso de las guaguas y los fetos, una preocupación bastante pequeña por cuidar la vida.
En verdad, no justifico a la mujer que comete aborto. Y se podrán dar muchas razones en cuanto a que la pobrecita no habría tenido cómo mantener a la criatura, a que iba a perder la pega. Todo ello lo debió haber previsto antes de quedar embarazada. Y si realmente no puede sostenerla, que la dé en adopción. Una cantidad de familias espera con verdadero ahínco, durante uno o dos años, para poder adoptar un niño, y, sin embargo, no resulta fácil que se abra tal posibilidad, realmente. Pero se registran 160 mil abortos al año.
A pesar de que no estoy a favor de aumentar las penas de las mujeres que cometen abortos, sí creo que deben hacerse responsables, lo que también se extiende a los hombres. Y, por ello, igualmente voté a favor de que éstos así lo asuman en el tema de la paternidad. Porque es muy fácil engendrar un hijo, muy entretenido, muy simpático -lo que se quiera-, ¿pero qué sucede con la responsabilidad posterior?
A mi juicio, la controversia acerca de la distinción entre un niño y un feto, como decía, está llegando a límites increíbles en el caso de Estados Unidos. Recomiendo a los señores Senadores presentes que lean lo que fue la discusión sobre el punto, que constituye algo horripilante.
Por las razones expuestas, voto que sí, aunque anuncio desde ya que formularé una serie de indicaciones en el sentido de lo que recientemente he señalado.

El señor PARRA.- Señor Presidente, en el curso del debate fijé mi posición respecto de la iniciativa que nos ocupa, a la que califiqué de innecesaria, inconveniente, inoportuna. Nada de lo expresado me lleva a revisar ese punto de vista.
Sin embargo, alzo mi voz de protesta en este momento, al emitir mi pronunciamiento, porque se ha pretendido que los Senadores que discrepan del proyecto -algunos de ellos, al menos- han manifestado una opinión favorable al aborto. He seguido atentamente todo el desarrollo de la discusión y no he escuchado de ningún Honorable una defensa de la interrupción del desarrollo del feto.
Lo que se necesita son mecanismos eficaces. Y el texto en análisis -inserto, básicamente, en el campo de la penalidad- no reúne los requisitos exigibles para serlo en el tratamiento del tema. Por ese motivo, voto en contra.

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, ciertamente, no se ha escuchado de ningún señor Senador, ¡gracias a Dios!, una defensa del aborto, pero creo que es muy importante dar a la sociedad una señal respecto de este último.
Recuerdo que una vez tropecé con el artículo de una revista estadounidense en que se efectuaba un paralelo entre una sentencia que la Corte Suprema de ese país dictó sobre la esclavitud y otra que emitió 120 años después acerca del aborto. En lo esencial, los fundamentos de su decisión eran iguales: el amo tenía propiedad sobre la vida del esclavo y podía disponer de ella sin cometer delito; la mujer tenía propiedad sobre el feto que descansaba en su vientre y podía terminar con la vida de éste sin cometer delito.
Llamo la atención sobre el particular, porque los tiempos han cambiado, en algunos casos para peor y en otros para mejor. Y estimo relevantes las señales que se dan en el proyecto. Hago mías las palabras que en su fundamento de voto expresó el autor de la moción, el Senador señor Larraín.
Me pronuncio a favor.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, al igual que mis Honorables colegas, deseo manifestar claramente mi postura contraria al aborto. Y quiero dejar una constancia al respecto, a propósito de algunas intervenciones que podrían interpretarse en el sentido de que votar en una forma u otra daría lugar a subentender, en un caso determinado, que alguien se halla a favor del hecho de que se trata.
No cabe duda de que se debe proteger la vida. Y, justamente, para resguardarla desde su concepción, se requiere generar en la sociedad condiciones para que se pueda desarrollar.
Y, como el punto en discusión es el aumento de penas para las mujeres que cometen aborto o las personas que inducen o lucran con éste, creo que es correcto preguntarse si el objetivo perseguido se cumple con un proyecto de este tipo. Entonces, la cuestión radica en si un incremento de las sanciones disminuye o ayuda a evitar la cantidad de abortos.
Algunos señores Senadores han hecho referencia, con mucho énfasis, a las señales que se pueden emitir. Y uno tiene derecho a preguntarse, en una sociedad como la actual, si la señal del aumento de las penalidades es buena o no. Si, como sociedad, se quiere decir a las mujeres, por una u otra razón, que interesa aumentar las penas y por esa vía impedir que aborten, pienso que no es lo correcto ni lo adecuado. No lo veo como bueno. Ni siquiera como necesario en la sociedad actual.
He escuchado a algunos Honorables colegas hablar de "tolerancia cero". Y eso me parece más grave todavía, porque implica generar una idea de represión frente a un tema en que ello no resulta procedente. Lo que corresponde es crear condiciones para que el aborto no se produzca. Y menos cabe reprimir a la mujer, que, a la larga, se transforma en la gran víctima de la situación del embarazo no deseado.
Porque uno se pregunta: ¿a qué obedece el aborto? ¿A un embarazo no deseado? ¿Las que abortan son adolescentes, fundamentalmente? ¿Se trata de mujeres solteras? ¿Son personas que enfrentan una cantidad de dificultades de orden social, cultural, económico, laboral? Aquí se han mencionado todos los casos.
No me parece que la señal debe ser represiva. Estimo que es fácil decir: "Mire, se debe pensar antes en lo que se va a hacer y, en el momento de las relaciones, darse cuenta de los efectos, de modo que después es necesario hacerse responsable.". Pero la realidad es completamente distinta. Me pregunto si realmente las mujeres, ante la posibilidad de un embarazo no deseado, se hallan suficientemente educadas, informadas y maduras como para ser responsables total y absolutamente de sus actos y de las consecuencias posteriores. Creo que no.
Considero que es mejor señal para la sociedad insistir en todo lo que signifique ayudar a educar, a informar, a desarrollar políticas que eviten el embarazo no deseado, sin mayores complejos, sin caer en una actitud a veces conservadora o de protección. Se dice que lo ideal es enemigo de lo bueno, y en ocasiones tengo la sensación de que al discutir el asunto hemos caído en eso.
Los programas de educación sexual, las famosas JOCAS, el enfrentar el problema con mayor transparencia, sin trabas, sin tabúes, en una discusión mucho más abierta, fraterna y solidaria con quienes sufren los embarazos no deseados, puede ayudarnos muchísimo más que enviar una señal negativa, como lo sería este proyecto.
Voto en contra.

El señor SABAG.- Señor Presidente, creo que es muy importante destacar el impacto social del aborto en nuestro país, el que constituye un serio problema de salud pública. Según datos oficiales de 1990, se estima en 159 mil 650 la cantidad de abortos inducidos en Chile, es decir uno de cada tres embarazos. Otra cifra alarmante es el número de muertes maternas como consecuencia del aborto inducido y realizado clandestinamente: oscila entre 30 y 40 decesos cada año, lo que representa un tercio de muertes maternas en el país. Estos datos fueron proporcionados por la autoridad sanitaria en el seno de la Comisión.
He traído a colación los antecedentes mencionados con la finalidad del poner el acento en la magnitud social del problema del aborto. Por ello, estimo difícilmente concebible que un simple aumento de la penalidad de este delito pueda lograr el objetivo de disuadir su ejecución. Además, es necesario tomar en cuenta que en la mayoría de los casos no se trata de delincuentes activos, sino de personas en quienes influye una gran cantidad de factores sociológicos y socioculturales.
Sólo mencionaré el caso de la mala situación económica, en el marco de un sistema francamente deshumanizado, y el del temor a la pérdida de un trabajo remunerado, discutido hace poco en la Sala. Al respecto, sabemos que muchos empleadores han estado obligando a las postulantes a presentar un examen que demuestre que no se encuentran embarazadas, como condición para contratarlas.
Todo ello no significa que se pretenda justificar la comisión del delito, ya que en todo caso lo esencial será siempre proteger la vida humana bajo cualquiera de sus formas. Es dable pensar que realmente no tenemos derecho a optar entre el problema social de la madre soltera y la vida del que está en su seno. Tal vez el primero sea menor y remediable; pero con toda seguridad la segunda es más valiosa, pues implica una muerte provocada. Como comprenderán los señores Senadores, ésta es una decisión irrevocable y nunca tendrá remedio.
Por lo anterior, estimo altamente aconsejable que el Estado no sólo ponga énfasis en dictar un nuevo catálogo de mayores penalidades para conseguir un sospechoso efecto bajo el imperio del temor a la ley y no de su respeto; sino también en prevenir las consecuencias de este delito, por medio de una mejor educación sexual de los jóvenes, en la enseñanza y transmisión de los valores de la vida y de la paternidad responsable.
Es necesario, en este contexto de colisión de intereses, respetar ante todo la vida y la salud tanto de la madre como del que está por nacer. Sin embargo, estimo que para ello es imprescindible garantizar la presencia de la madre en la sociedad: consecuencialmente, se respetará el derecho a la vida de ambos.
Así pues, es aconsejable que la sociedad en su conjunto sea capaz de aceptar la situación de miles de jóvenes que se encuentran en este trance, no discriminándolas, sino integrándolas en un marco de tolerancia y de respeto.
Finalmente, estimo que la sociedad y el Estado deben hacerse responsables con sus medios de la madre abandonada, de la madre soltera, de la madre estudiante o trabajadora, quien de otro modo puede sentirse tentada a terminar con otra vida de la cual ella misma forma parte.
Voto que no.

El señor STANGE.- Señor Presidente, estoy pareado con el Senador señor Páez. Sin embargo, estimo que el tema del aborto es de tanta importancia, que el proyecto debería aprobarse en general, para tener oportunidad de discutirlo con mayor detenimiento en el siguiente trámite.
Lamentablemente, no puedo votar.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, la primera sensación que causa el debate de este grave problema es que hay que confesar la enorme impotencia del Derecho y de la ley para resolver, o tan siquiera orientar a la sociedad en una materia tan dramática y compleja.
Considero que ningún señor Senador presente pensaría que van a disminuir los abortos si se aprueba el proyecto. Y si se rechaza, tampoco podría esperarse que ello fuera a tener alguna influencia real.
El Senador señor Núñez ha dicho que en el país se realizan 150 mil abortos clandestinos. Sin embargo, en nuestra sociedad el asunto no se discute, no se debate; no hay una fuerte polémica como en otros países, donde el hecho de que la haya me parece bastante saludable.
Así como ocurre con el divorcio en Chile, en donde éste existe pero no se nombra, sucede con el aborto. Todos condenan el aborto, y saben que se practica. Pero son muy pocos los procesos y escasas las personas condenadas por tal delito.
Señor Presidente, para enfrentar una cuestión tan compleja como el que una mujer no esté conforme con llevar adelante su maternidad, debería intentarse trabajar en el marco de un proyecto más amplio, en el que quizá podría dedicarse un capítulo a la materia. Pero enfocar el asunto sólo desde un punto de vista penal es completamente inadecuado.
En segundo lugar, se extreman los argumentos de quienes están en contra del aborto. Para fundamentar su posición, al parecer quieren sostener que desde el momento mismo de la concepción existe ya la persona.
Adhiero plenamente a lo dicho por el Honorable señor Silva, respecto del punto de vista jurídico. Aún más, lo afirmo también desde un punto de vista conceptual filosófico.
No creo que una persona, en cuanto ser independiente, subsistente por sí mismo, pueda ser concebida desde el momento en que se produce, valga la redundancia, la concepción. Si eso se llevara hasta sus últimas consecuencias, la sociedad tendría que cambiar algunas prácticas en forma que nos parecería bastante compleja o, por lo menos absurda. Existe un rito de incorporación del ser humano a la sociedad. Así como hay un nacimiento en que da a luz la madre, existe un rito de incorporación de ese nuevo ser a la sociedad cuando ésta reconoce que hay ahí una persona.
Ese rito, en las sociedades cristianas, se concreta en el bautismo. Por ejemplo, actualmente nadie podría pensar en bautizar a las personas -si así se las estima- desde el momento de su concepción. Nadie plantea o ha planteado que los fetos sean objeto de bautismo.
En consecuencia, el rito religioso de aceptación en la comunidad, o el que puede tener una familia laica, tienen que ver con el nacimiento. Esto no quiere decir que la vida de quien está por nacer no valga; pero no para darle el valor de lo que podríamos llamar "persona". Ésa es una exageración, un argumento que va más allá de lo que en realidad es.
Igualmente exagerada me parece la postura de un cierto feminismo radical que afirma que la mujer es dueña de hacer con su cuerpo lo que le parezca.
Estimo que no es así. Porque, de alguna manera, desde el momento en que se ha producido el embarazo, hay en germen una futura persona.
Entonces, debemos distinguir un acto en potencia de otro acto ya realizado. No son lo mismo, sino distintos. La consideración del derecho frente a esta materia también debe ser diferente, lo que no significa menoscabar el principio de protección de la vida.
Todos debemos reconocer que el drama íntimo de una mujer que decide poner término al embarazo es muy difícil de enfrentar, desde el punto de vista del Derecho. Es extremadamente difícil. No es una casualidad que pocos jueces firmen sentencias de condena por aborto. Hay algo en la conciencia de esos magistrados que les indica que la situación que vive esa mujer es casi la peor condena, y no tanto la sentencia judicial que se dicte. Lo que la sociedad debiera mostrar entonces es más bien comprensión. Aquí podría invocar uno de los documentos del Papa que señala que muchas veces la culpable del aborto es la sociedad más que la mujer misma.
Termino, señor Presidente, señalando que los proyectos que enfocan el problema sólo desde el punto de vista penal (completamente ineficaz en la sociedad en que vivimos), son contraproducentes y pueden provocar un efecto contrario al que buscan sus autores; es decir, despertar en la sociedad un gran debate sobre la despenalización del aborto.
Voto en contra.

El señor ZURITA.- Sobre el aborto como un problema social he escuchado sesudas reflexiones. Pero me formulo una pregunta: ¿esta moción supera el actual sistema que penaliza el aborto? Si se aprueba, ¿habrá menos abortos? La iniciativa no mejora la ley actual, sólo la hace talional; esto es, vuelve a las penas draconianas de la Ley del Talión.
El cambio de ubicación en cuanto al bien jurídico protegido es de dudosa constitucionalidad. Si hay alguna modificación necesaria ella es la de rebajar la actual pena de 3 años y 1 día a la mujer que consiente o se causa el aborto, por la de 541 días, que se aplica a la persona que causa el aborto a la embarazada, con su consentimiento.
El actual sistema contempla todas las hipótesis de comisión del delito, sancionándolo de acuerdo al uso de fuerza o a la simple imprudencia al lesionar a la mujer cuyo embarazo es notorio o le consta al autor de las lesiones. También se sanciona en forma gravísima el aborto causado por el médico u otro profesional de la salud.
En otras palabras, tenemos un procedimiento penal sancionatorio completo, del cual nada se escapa. Cambiarlo por otro con penas más graves, ¿es la solución? Creo que no, y por eso voto en contra. El señor RÍOS (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza el proyecto (15 votos por la negativa, 13 por la afirmativa y 8 pareos).
Votaron por la negativa los señores Bitar, Boeninger, Foxley, Gazmuri, Núñez, Ominami, Parra, Pizarro, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la afirmativa los señores Bombal, Canessa, Cordero, Díez, Errázuriz, Fernández, Horvath, Lavandero, Martínez, Matthei, Novoa, Pérez y Prat.
No votaron, por estar pareados, los señores Cantero, Cariola, Hamilton, Lagos, Larraín, Ríos, Romero y Stange.


El señor RÍOS (Vicepresidente).- Terminado el Orden del Día.
VI. INCIDENTES

El señor RÍOS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité UDI e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Bombal.


CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL EN PEÑALOLÉN, REGIÓN METROPOLITANA. OFICIOS

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, la prensa de hoy, el diario "La Tercera" específicamente, informa que el señor Ministro de Salud se encuentra negociando con el señor Ministro de Hacienda el presupuesto para 1999, y que la cifra preliminar implicaría un aumento de 5,3 por ciento para la Cartera de Salud. Sin embargo, no es seguro que los cuatro proyectos de inversión postergados por el recorte presupuestario que todos conocemos, se puedan realizar. Es decir, subsiste el peligro de que tan importantes iniciativas, entre las que se encuentra la relativa a la construcción del hospital de Peñalolén, no sean ejecutadas.
Voy a dar a conocer la nota que me ha hecho llegar hoy el alcalde de Peñalolén manifestándome su preocupación por estas declaraciones, que, no obstante considerar el referido aumento de 5,3 por ciento para 1999, no aseguran la construcción del establecimiento hospitalario mencionado. Dicha edificación es de gran urgencia y necesidad para atender no sólo a los vecinos de la comuna de Peñalolén, sino también a los de Macul, La Granja, y otras del sector oriente, como La Reina y La Florida. Además, esta obra estaba prevista en el presupuesto del Ministerio respectivo como prioritaria para ejecutarse; lamentablemente, debido a estos recortes presupuestarios, su realización se ha postergado.
Dado que el señor Ministro de Hacienda no asegura que el proyecto se pueda efectuar, aunque tampoco descarta su ejecución, solicito que se oficie a dicho Secretario de Estado transmitiendo la preocupación que existe al respecto en el sector oriente, particularmente en la comuna de Peñalolén.
Además, solicito que se pida al señor Ministro de Salud otorgar especial prioridad al mencionado proyecto dentro de las autorizaciones presupuestarias que se le presenten y, reitero, que se le comunique la inquietud del señor alcalde de Peñalolén, quien tiene interés es reunirse a la brevedad con dicho Secretario de Estado lo que hasta ahora no le ha sido posible, para analizar el destino de la citada iniciativa.

--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.




ACCIÓN DE CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO EN CONTRATOS SOBRE EXTRACCIÓN DE BASURA EN REGIÓN METROPOLITANA.
OFICIO

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, por oficio del Senado, Nº 12.361 del año en curso solicité al señor Contralor General de la República un pronunciamiento relativo a las irregularidades que ese mismo organismo de fiscalización había detectado en los contratos celebrados por varias municipalidades de la Región Metropolitana con la empresa K.D.M. S.A. para la operación de una estación de transferencia y de relleno sanitario en la comuna de Tiltil.
A su vez, el señor contralor, por oficio Nº 28806, de 11 de agosto pasado, se excusa de pronunciarse sobre la materia, más allá de las irregularidades ya detectadas, debido a que ellas importarían la invalidación de los referidos convenios, asunto que incidiría en el cumplimiento de un contrato y, en consecuencia, sería de naturaleza litigiosa.
No comparto este criterio del Contralor, más aún cuando creo que la misma institución se estaría cercenando atribuciones que le son propias. En efecto, lo solicitado es la invalidación y no la resolución de un contrato, sanciones de naturaleza muy distinta, pues la invalidación importa la nulidad por vicios ocurridos antes o durante la formación del consentimiento y no durante la ejecución del mismo contrato, y ello, además, sobre la base de irregularidades que la propia Contraloría constató fehacientemente.
Cabe señalar que, en su momento, señalé cómo la Contraloría había detectado la existencia de un impuesto IVA mal pagado por las municipalidades, que alcanzaba a una suma de varios miles de millones de pesos.
Con todo, no es mi interés polemizar con el señor Contralor sobre la naturaleza de sus atribuciones y el alcance de las mismas. Por esa razón, solicito que se oficie en mi nombre al Consejo de Defensa del Estado para que recabe toda la información que sobre este asunto existe en la propia Contraloría General de la República, particularmente la que dice relación al informe Nº 6651, del 20 de febrero de 1998, en donde constan las irregularidades que públicamente fueron denunciadas, todo ello en el entendido de que sea el Consejo de Defensa del Estado quien evalúe si procede o no procede iniciar acciones legales.


OBRAS DE REHABILITACIÓN DE COLECTIVOS EN VILLA OLÍMPICA (REGIÓN METROPOLITANA). OFICIO

El señor BOMBAL.- Finalmente, señor Presidente, solicito oficiar en mi nombre al señor Contralor General de la República, con el objeto de que active de inmediato y conteste la referencia 34972, del 9 de diciembre de 1996, remitiendo copia de la misma al Senado.
Ocurre sobre este particular que don Alfonso Flores Velásquez, en representación de la unidad vecinal de la Villa Olímpica, solicitó en esa fecha al organismo contralor la fiscalización de las obras de rehabilitación de colectivos en ese sector de Ñuñoa, ordenados ejecutar por el SERVIU Metropolitano en 1991.
Hasta la fecha dicha unidad vecinal no ha tenido respuesta a su solicitud, por lo que solicito por este medio que tal requerimiento sea contestado a la brevedad.
El problema afecta gravemente a los vecinos de la Villa Olímpica a quienes, naturalmente, el hecho de no recibir respuesta a sus inquietudes hasta el día de hoy los daña gravemente en la seguridad y en la certeza del dominio de sus viviendas y del valor de sus propiedades.
Por lo mismo, señor Presidente, solicito por su intermedio que a través del señor Contralor los vecinos de Villa Olímpica obtengan una contestación.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité UDI e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Stange.


IRREGULARIDADES EN VENTA DE AUTOMÓVILES EN PUERTO MONTT. OFICIO

El señor STANGE.- Señor Presidente, el 14 de julio del presente año el Senador que habla solicitó que se dirigiera oficio al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones para poner en su conocimiento la situación personal del señor Fredy Manuel Torres, domiciliado en Puerto Montt, quien al adquirir un vehículo y los derechos que le permitirían trabajarlo como taxi colectivo, su solicitud fue denegada por la Ilustre Municipalidad de Los Lagos, en la cual había solicitado su traslado.
El oficio del Senado lleva el número 12.669 y en él se manifiesta al señor Ministro la petición de que la Secretaría Regional correspondiente a la Décima Región tuviera a bien encontrar una solución al caso planteado, por cuanto la denegación al señor Torres está fundamentada en que el cupo para su vehículo había sido ocupado, mediante reemplazo, por otros; y, además, en que tal situación era objeto de sumario.
Por carta fechada el 14 del actual, el presidente de la línea de taxis colectivos Nº 50 "Mirasol" de Puerto Montt ha reiterado la anomalía representada y manifiesta que en la actualidad son 50 los vehículos de la Décima Región que están paralizados por más de tres meses. Ello porque esos cincuenta interesados habían comprado cupos ya vendidos anteriormente.
La Secretaría Regional les ha manifestado que estos vehículos quedarán fuera de recorrido debido a que los documentos respectivos no cumplirían con las disposiciones exigidas por el Ministerio.
En vista de los graves daños económicos que les ocasiona este problema a los afectados, están alarmados por la posibilidad de perder sus vehículos, por no estar en condiciones de cancelar las cuotas mensuales del préstamo que se les otorgó.
Debido al tiempo transcurrido sin recibir solución a su problema, el señor Fredy Manuel Torres ha interpuesto recurso de protección ante la Ilustre Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
Por lo anterior, solicito al señor Presidente se sirva disponer el envío de un nuevo oficio al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones sobre esta materia, recabando la información de respuesta de lo que se resuelva al respecto.

--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.




INCIDENCIA DE IMPUESTO AL LUJO EN SEGURIDAD DE VEHÍCULOS PARTICULARES. OFICIO

El señor STANGE.- Señor Presidente, como ya se ha hecho una verdadera costumbre en nuestro país, cada vez que concluye algún fin de semana largo como el que se avecina, la opinión pública toma noticia de múltiples y lamentables accidentes de tránsito que, en su gran mayoría, terminan en trágicas muertes o en lesiones gravísimas para quienes los protagonizan. Según noticias publicadas hoy, durante el último fin de semana, en sólo tres días se registraron 621 accidentes de tránsito con un total de 24 muertos y 466 lesionados. El señor Ministro de Salud sostuvo que los accidentes de tránsito constituyen un problema de salud pública que debería comprometer a toda la voluntad del país.
Estudios especializados indican que, además de la imprudencia de los conductores y peatones y la inobservancia de las leyes del tránsito, una de las causas de mayor incidencia en los accidentes con resultado de muerte es la ausencia de elementos básicos de seguridad de los vehículos que colisionan. Así, por ejemplo, los sistemas de "air bag", las barras de protección lateral, las carrocerías de deformación progresiva, los habitáculos indeformables o los frenos ABS, han demostrado en reiteradas oportunidades ser cada vez más determinantes para aminorar las consecuencias que produce un accidente de tránsito en el conductor o en los pasajeros.
Sin embargo, por razones que seguramente en su tiempo tuvieron alguna justificación económica, se considera impuesto al lujo a estos imprescindibles elementos de seguridad, noción que -por atrasada o injusta que parezca- aún existe.
Este impuesto se aplica a todos los automóviles cuyo valor CIF supera los 10 mil dólares y es el responsable de no haberse podido impedir muchas de las muertes ocurridas en accidentes de tránsito.
En efecto, si por el solo hecho de que algún automóvil contenga algunos elementos de seguridad que se van a gravar como sucede en la actualidad -es decir, con una tasa de 85 por ciento sobre el mayor valor que exceda de los 10 mil dólares-, lo único que se conseguirá en la práctica es impedir que los chilenos de menores ingresos tengan la posibilidad de acceder a eficaces sistemas de protección, en caso de accidentes de tránsito.
En el mismo sentido, me parece muy acertada desde todo punto de vista la razón de no derogar la respectiva norma por no desgravar el lujo, pues no hay ninguna necesidad social o económica de restar este tributo a, por ejemplo, los vehículos con asientos de cuero, control crucero, climatizador computarizado o terminaciones de madera, ya que ninguno de estos accesorios está diseñado para salvar la vida a sus ocupantes.
Sin embargo, desde la perspectiva de una sana política tributaria o de las tantas veces olvidada seguridad del tránsito, no me parece acertado confundir accesorios esencialmente suntuarios y prescindibles con aquellos decisivos para los sistemas de seguridad a la hora de evitar muertes o lesiones irrecuperables provocadas por accidentes de tránsito.
Las estadísticas nacionales indican que, en promedio, cuatro personas mueren diariamente en accidentes de tránsito y más de 50 mil sufren lesiones por esta causa.
Estimo que por la naturaleza regresiva y temeraria que tiene el denominado impuesto al lujo, resulta imprescindible abogar, primeramente, por la elaboración de un acuerdo necesario entre todos los sectores políticos para denominar a este gravamen por su nombre -es decir, como un impuesto a la seguridad y no al lujo-; y, en segundo término, lograr su pronta derogación.
En tal sentido, no puedo menos que aplaudir la iniciativa de algunos señores Diputados que han manifestado su opinión al respecto.
En el caso de eliminarse el impuesto al lujo para determinados accesorios que pueden proteger la vida de las personas, contaríamos con vehículos más confortables, más seguros y más baratos.
Se ha comprobado estadísticamente que los sistemas de "air bag" son responsables de la reducción del 11 por ciento de las muertes por choques en vehículos livianos de pasajeros, pudiendo alcanzar hasta 30 por ciento en colisiones frontales.
Por todo lo anterior, solicito oficiar al señor Ministro de Haciendo, con el objeto de que informe acerca de cuál es el monto anual recaudado por la aplicación del artículo 46 y 46 bis del decreto ley Nº 825 de 1974, ya que estimo que es el único antecedente de hecho que falta para tener un cuadro general sobre la materia y favorecer la aprobación de una norma que incluya aquellos elementos de seguridad que, en la actualidad, deben ser imprescindibles.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de los Senadores señores Stange, Bombal y Ríos, de conformidad al Reglamento.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- La Mesa desea señalar algo importante en relación a lo expresado por el Senador señor Stange: este problema responde básicamente a una resolución del Servicio de Impuestos Internos y no es materia de ley.
Por tal motivo, la Mesa insinúa de que en los oficios enviados en nombre del Honorable señor Stange, además de solicitar la información respectiva, es admisible pedir el término de tales tributos e impuestos, para ir avanzando en este proceso.

El señor STANGE.- Había optado por la vía de saber antes el monto de lo recaudado, formarme un cuadro general y, después, pedir la correspondiente derogación o modificación. No obstante, pido derechamente derogar tal disposición. En general, hay consenso en torno de la necesidad de cambiar la ley.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Muy bien, señor Senador. Mientras Su Señoría recibe la información, nosotros solicitaremos el envío de otro oficio, pidiendo la eliminación de tal impuesto.
El tiempo del Comité Renovación Nacional fue cedido al Honorable señor Errázuriz.
Tiene la palabra Su Señoría.


EDITORIALES DIFAMATORIOS DE REVISTA "QUÉ PASA"

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, es notable el poder de algunas grandes empresas del país que llegan al grado de amedrentar a ciertos Senadores, apoyadas por cierta prensa que les es afín y que, desde luego, recibe generosa ayuda publicitaria, para evitar que todos "nos quedemos a oscuras", acción que se ha hecho presente también en esta Alta Corporación.
Dicha prensa parece tener influencia sobre algunos, influencia que el Senador que habla desconocía. La revista "Qué Pasa", en lugar de causarme preocupación con sus dichos y ataques, hace mucho tiempo que provoca en mí repugnancia. La he visto jugar con el honor y buen nombre de muchos Senadores, de todas las bancadas, cualesquiera que sean su partido político y pensamiento. Esta vez, como ha señalado un señor Senador que se refirió a mi persona en mi ausencia, efectivamente ha salpicado al Senado con su actitud y acusaciones, hablando de "honor" quienes de verdad desconocen hasta el sentido de dicha palabra. "Qué Pasa" no nos ha dado, como ha creído dicho Honorable colega, una voz de alerta para no dejarnos ensuciar. Por el contrario, ha pretendido ensuciarnos a todos, acusándonos de conformar una verdadera mafia, por no estar dispuestos a seguir sus consignas amarillistas que nos recuerdan la época de Volpone, que ya creíamos superada en la historia periodística de Chile.
Por eso, comparto las expresiones del Honorable señor Pizarro, quien ha condenado los dichos e imputaciones de la revista "Qué Pasa".
Pero, con igual sinceridad, debo recordar a ese señor Senador, que recién se ha incorporado al Senado, que, cuando el Honorable señor Hamilton atacó al que habla, o cuando los Senadores de su misma bancada señores Ruiz-Esquide o Ruiz De Giorgio, a quienes él ha recordado, solicitaron hace algún tiempo al Tribunal Constitucional mi inhabilidad por ser empresario, aunque el pueblo me eligió en esa condición con la primera mayoría en la región en la cual postulé -precisamente porque sé de lo que hablo, al revés de lo que ocurre con otros que hablan de lo que no saben-, el Tribunal Constitucional, en forma unánime (6 votos contra 0), rechazó tal petición de inhabilidad, por politiquera y carente de fundamento, condenando a los mismos Senadores ya nombrados, incluso, a pagar las costas de mis abogados.
Por lo tanto, rechazo en los términos más categóricos los cargos que pretende formular el Senador señor Pizarro, pues lo honesto y serio es defendernos ante los ataques, sobre todo si provienen de una prensa que se ha caracterizado por su falta de respeto a la verdad, como ocurre con la revista "Qué Pasa". Callar, actuar con obsecuencia para recibir sus elogios, no es un procedimiento correcto.
Todos debemos ejercer nuestros derechos, aquellos que la ley y la Constitución señalan, en lugar de permitir que nos agredan y que se fragüen por quienes se han sentido afectados por este Senador que, con claridad y firmeza -debo reconocerlo-, ha puesto en evidencia los abusos de ENDESA consistentes en acaparar el 87 por ciento de los derechos de agua de Chile, según ha denunciado la propia Dirección General de Aguas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas; y ha expresado públicamente en esta misma Sala, como ex Presidente de las Comisiones de Obras Públicas y de Agricultura, que es preciso terminar con los atropellos y acciones monopólicas de ENDESA y estudiar con detención las propuestas del Ejecutivo para modificar el Código de Aguas.
Han de saber los señores Senadores que ENDESA no sólo ha demandado a mi sociedad agrícola familiar, sino también a muchos otros agricultores, pues interpreta a su amaño la resolución DGA Nº 323, de 1969, creyéndose dueña de todos los derechos de agua de los ríos Rapel, Cachapoal y Tinguiririca, así como de sus esteros y afluentes hasta el "divortia aquarum", en el límite con Argentina.
ENDESA demandó también a la Dirección General de Aguas, pues ésta ha precisado que tales derechos, referidos sólo a "sobrantes" -como se definen en aquel decreto-, corresponden a derechos eventuales y que se deben respetar los derechos anteriores de propiedad de los agricultores. Agrega la autoridad que la merced de aguas que favorece a ENDESA se refiere sólo al río Rapel, con punto de captación en el muro del embalse y no sobre toda la cuenca, como pretende la empresa. Además, la Dirección General de Aguas ha precisado que dichos derechos son únicamente sobre "sobrantes", y no sobre "faltantes" -palabras que son antónimas y no sinónimas-, como ha interpretado ENDESA, para tratar de mejorar su pingüe negocio al transformar una central que -como Rapel- fue creada como "central de punta" para proveer de energía en las horas de la noche y en los inviernos, y no como "central permanente" o "continua". Esta nueva política de ENDESA ha significado transformar a todo el lago Rapel en un simple charco de barro -lo cual constituye un verdadero crimen ecológico-, ya que llena y vacía continuamente el embalse, ocupando hasta 15,8 veces su capacidad de regulación autorizada por la resolución de la Dirección General de Aguas de 1969, echándole la culpa a la sequía.
Las autoridades se han encargado de dejar en claro también que tratándose de bienes nacionales de uso público, los derechos sobre sobrantes de agua de ENDESA, se encuentran acotados al embalse de 700 millones de metros cúbicos, y no a cantidades ilimitadas de agua. Además, se encuentran acotados a un gasto no superior a 300 metros cúbicos por segundo, que es lo que señala la resolución. Por lo demás, como lo sabe cualquier abogado, la concesión ilimitada de bienes nacionales de uso público es nula, carece de toda validez y es absoluta por ser de Derecho Público. En el caso de nuestra sociedad familiar, no existe fallo alguno de la justicia que niegue nuestros derechos de agua, debidamente inscritos desde 1925 en el Registro Oficial de Aguas de Chile, y además, consignados, con más de cien años de vigencia, en los títulos de dominio de las propiedades en los conservadores de bienes raíces respectivos. ¿No resulta sospechoso, entonces, que ENDESA insista en desconocer tales evidencias? ¿No es más creíble que lo que busca es acallar a quien, como Senador, piensa en forma diferente a ENDESA?
Los atropellos de ENDESA -que comenzaron con los pequeños accionistas de "Las Chispas"; que continuaron con los Pehuenches; que más adelante significaron seguir con todos los veraneantes de Rapel, cuyas casas quedaron rodeadas por un barrial y zancudos, mientras se le echaba la culpa, como he dicho, a la sequía, y que prosiguieron con atropellos a los agricultores no sólo de la Sexta, sino también de la Séptima, Octava y Novena Regiones- se hacen ahora extensivos a todos los habitantes de la República, que son amenazados con "dejar el país a oscuras".
Lo que ocurre es que ENDESA no ha sabido cumplir con su deber de usar los derechos de agua que ha acaparado para producir la energía que Chile requiere. En lugar de ello, como denunció la propia Comisión Antimonopolios, ha acaparado las aguas y se ha puesto de acuerdo con otros generadores para ir acomodando el desarrollo de las nuevas centrales hidroeléctricas al aumento de la demanda, a fin de evitar así que el crecimiento de la oferta reduzca los precios de la energía chilena. Con tal política, ENDESA ha atentado gravemente contra el futuro industrial del país.
ENDESA incluso ha preferido dejar de desarrollar los gasoductos que ella misma impulsaba, como es de público conocimiento, para ponerse de acuerdo con sus competidores y así controlar todas las fuentes energéticas del país. En la única parte de Chile en que no logró tales acuerdos monopólicos fue en el norte. Por ello, allí la energía ha bajado drásticamente su precio, pues afortunadamente los empresarios honestos se negaron a participar en acuerdos monopólicos como los que ENDESA ha propiciado.
¿Creen ustedes, señores Senadores, que pensando así el Senador que habla ENDESA no se iba a preocupar especialmente de acallar mi voz, y de desconocer mis propios derechos legales como agricultor, agrediendo incluso a mi familia y a mi persona?
Los atropellos que he sufrido por parte de esa empresa, que sin orden judicial, por el aire y en helicóptero, con un perito que reconoce no haber leído siquiera el expediente, se introdujo en mi predio, a más de 10 kilómetros de distancia del lugar de una pericia -acompañado con una de las partes solamente, en circunstancias de que la ley ordena que lo haga con las dos-, para terminar por golpear a mis hijos, intentar atacar a mi esposa y luego golpear a este Senador, son hechos inaceptables. Cuando el pueblo me eligió Senador, jamás me pidió que renunciara también a mi condición de hombre, para convertirme en un cobarde y no defender a mi familia, a mi mujer, mi propia dignidad y mi propiedad.
ENDESA ha culpado a los campesinos -a gente que saben que no podrá defenderse- de haber ocasionado graves heridas y fracturas a dicho profesional, de haberlo dejado inconsciente y ensangrentado. Incluso ha dicho: "sangrando por los ojos". Todo ello es falso y forma parte de un show y de una farsa que la justicia hoy investiga. Es fácil meterse en la cama, con pijama, acompañado de certificados falsos, que acreditan quebraduras de huesos y costillas que nunca han existido, como hasta ahora ha quedado comprobado y demostrado. Es fácil argumentar quebraduras de dientes, cuando sólo ha podido mostrarse una saltadura en un diente inferior que, curiosamente, no revela daño alguno en los labios que lo recubren. Evidentemente, no es posible que un golpe fracture un pieza dental, sin herir o dañar previamente el labio que lo recubre.
Todo esto, señor Presidente, es un show que, como he dicho, la justicia debe investigar y aclarar hasta las últimas consecuencias. ¡Eso es precisamente lo que he pedido!
Todos sabemos que nadie se queda en cama, incluso en el evento de que se le quiebre un diente. Todos sabemos que ningún médico traumatólogo recomendará hospitalización, y menos acostarse en el lecho con una costilla quebrada. Simplemente se le vendará, pues no es posible enyesar, y se le pedirá estar de pie o sentado, como bien sabemos quienes alguna vez nos hemos quebrado no una, sino varias costillas, trabajando en el campo.
Las lecciones que pretende darnos cierta prensa amarillista y los temores que puedan provocar los ataques de aquélla me mantienen sin cuidado. Sé que el enemigo es poderoso, y que ENDESA intentará por todos los medios acallar la voz de este Senador, que tiene muy claras sus ideas respecto de las actuaciones de la empresa más grande y poderosa del país. Pero nada ni nadie acallará mi voz mientras sea Senador de la República, y pido para la dignidad de mi cargo y para la soberanía popular que represento, el mismo respeto que doy y otorgo a la dignidad de todos los demás, cualesquiera que sean su pensamiento político y sus ideas frente a problemas específicos.
No aceptaré que ENDESA intente acallarme.
Respecto de una Comisión de Ética -pese al temor de algunos de que sea políticamente ocupada-, cada vez la considero más útil, especialmente en lo que respecta a la actitud de ciertos pseudo periodistas que, cobijados tras el buen nombre y prestigio de las empresas propietarias de los medios respectivos, abusan de su poder. El tiempo demostrará que será preciso modificar la Ley de Prensa para entregar al "Consejo de Ética de los Medios de Comunicación" verdadero imperio para sus decisiones, sobre todo si éstos, arrogándose atribuciones que no tienen y que el pueblo no les ha otorgado, pretenden injuriar, calumniar, denostar, desacreditar, o simplemente intentar acallar a cualquiera de nosotros que, como representantes de la soberanía popular y del poder legítimamente constituido, somos expresión fiel de nuestra democracia.
¡Que no nos vengan a dar clases! ¡Seamos valientes para denunciar a los que pretenden denunciarnos! ¡Seamos claros para hacer valer nuestros derechos, y para no permitir que nos acallen, menos aún a golpes! ¡Seamos fuertes para enfrentar los atropellos e intentos de arrebatarnos nuestra propiedad! ¡Tengamos coraje para actuar en legítima defensa, sobre todo si lo hacemos además en protección de nuestras familias, de nuestras mujeres y de nuestros hijos!
¡Digamos de una vez basta a algunos farsantes que, mientras nos acusan de mezclar intereses particulares y públicos, pretenden darnos clase respecto de un Código de Honor, palabra cuyo significado, como he dicho, ni siquiera entienden, pues están acostumbrados a prosperar en las cloacas!
¡No, señor Cristián Bofil, director de la revista "Qué pasa"! A mí no me amedrentará usted con sus hipócritas editoriales. Cumpla usted su deber publicando en forma íntegra y sin recortes -lo que se ha negado hacer hasta ahora- la respuesta que le he enviado a "Qué Pasa", contestando una vez más sus intentos de difamación y descrédito. Cumpla usted su deber, que este Senador sabe muy bien la forma como cumplir el suyo. Siga usted gastando plata para continuar escudriñando en mi vida, tratando de encontrar la forma de desacreditarme, pues ya nadie le hace caso, y todos saben la falta de objetividad de ese medio, al menos con respecto a este Senador, pues ésa ha sido una de las características de "Qué Pasa", que nunca ha entendido la verdad de lo que realmente pasa. Su obsecuencia con la posición de ENDESA es fácil de entender. Forma parte del poder de ciertas empresas que llevan al oscurantismo periodístico, precisamente a causa de quien nos amenaza ahora con dejarnos a oscuras.
He dicho.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Los Comités Institucionales 1, Socialista, Institucionales 2 y Mixto no harán uso de su tiempo.
En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.


REITERACIÓN DE NECESIDAD DE CÓDIGO DE ÉTICA PARA SENADORES

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, deseo referirme brevemente a lo expresado por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra.
En primer lugar, debo aclarar, para los efectos de la Versión Taquigráfica de esta Corporación, que, respecto de la intervención que efectué la semana pasada en esta Sala, avisé oportunamente al señor Senador a que aludí. Lo hice personalmente, en la mañana. De manera que no se puede afirmar aquí que me referí a él en su ausencia o que lo hice aprovechando que no estaba presente en la Sala. Las explicaciones que me dio Su Señoría acerca de su ausencia me parecieron total y absolutamente justificables. De modo que quiero dejar en claro eso.
En segundo término, en cuanto a los dichos escuchados recientemente, debo lamentar nuevamente la confusión que tiene el señor Senador entre lo que son los asuntos públicos y los intereses particulares. Una vez más lo ha hecho en este Hemiciclo. Ello quiere decir que tenemos una visión total y completamente distinta sobre cuál debe ser la conducta o de qué manera cada uno debe actuar en el ejercicio del cargo de Senador para el cual hemos sido elegidos.
Me parece más lamentable todavía el hecho de que se confunda lo que puede ser la defensa de la dignidad personal, porque ésta, en mi opinión, se hace fundamentalmente sobre la base de la verdad y de la coherencia en el accionar. Y los acontecimientos policiales en los cuales uno puede verse envuelto lo resuelven los tribunales.
En todo caso, la dignidad del Senado es una materia que nos atañe a todos nosotros, y la defenderemos nosotros. Ésa es la razón por la cual en la última parte de mi intervención -y con el acuerdo de todo el resto de la Sala, como me lo manifestaron los distintos Comités- hice ver -y lo reitero ahora- la necesidad de que la propia Mesa del Senado se encargue de impulsar nuevamente la discusión del proyecto que establece una Comisión de Ética que, sobre la base de un reglamento ad hoc, vaya regulando nuestras conductas y la forma de ejercer el cargo. Ello, por nuestra dignidad y la del Senado y por la fortaleza de la institucionalidad democrática.
Por lo tanto, señor Presidente, me permito recordar a la Mesa ese acuerdo, que quedó de manifiesto la semana pasada, a fin de que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento pueda abocarse rápidamente al estudio de esa materia. El señor ERRÁZURIZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador, con la venia de la Mesa?

El señor PIZARRO.- Terminé mi intervención, señor Presidente.
Sin embargo, cedo a Su Señoría el tiempo que resta al Comité Demócrata Cristiano.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra, señor Senador.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, sin duda, hay una diferente interpretación -legítima y comprensible- sobre los intereses públicos y privados.
Cuando el pueblo me eligió como Senador, lo hizo con primerísima mayoría, sabiendo que era, soy y seguiré siendo un hombre de empresa; es decir, capaz de desarrollar actividades; crear empresas, y dar trabajo y ocupación. En ello no hay nada inadecuado, deshonesto o impropio.
Cada vez que en el Senado se trata una materia -como lo he dicho públicamente-, siempre he aportado esos conocimientos por los cuales el pueblo me eligió, precisamente, para que diera a conocer aquí mis opiniones y no para que callara.
En el pasado, hace muchos años, cuando se estudiaba, por ejemplo, la fijación del precio del trigo, era habitual observar como ciertos Parlamentarios de Derecha se abstenían de dar sus opiniones, señalando que no podían hacerlo, porque tenían un fundo en determinada zona del país y producían dicho cereal. Al final opinaban quienes nunca lo habían hecho. De ese modo, el valor del trigo llegó a ser tan barato que el país terminó importando la mayor parte de nuestra producción agropecuaria. Por último, caímos en situaciones que todo el país recuerda y lamenta, las cuales afortunadamente hoy han sido superadas.
Cada vez que la Corporación discute alguna materia, he dado mi opinión, y he expresado por qué lo hago si tengo alguna actividad vinculada con ella. Nunca he visto que se haya tratado un asunto de carácter específico que me beneficie en lo personal. Si así hubiese sido, obviamente, me habría abstenido de opinar y de votar.
Pero una cosa distinta es que en temas de orden general, como por ejemplo, la salud, los médicos no puedan opinar, porque son médicos. Sería ridículo que un abogado se abstuviera de dar a conocer su parecer respecto de asuntos legales, porque es abogado. También sería absurdo que un agrónomo o un ingeniero forestal no expresaran sus ideas en materias forestales, porque tienen bosques.
En cada ocasión que he dado mi opinión, me he preocupado especialmente de dejar en claro que lo hago debido a que conozco el tema, indicando cuáles son mis actividades al respecto. Sin embargo, cuando se trata de materias de carácter general -el Reglamento es específico y claro en cuanto a que todos podemos opinar, si no nos afecta en lo particular- siempre he dejado constancia de tales circunstancias, para que no haya ni siquiera la posibilidad de un equívoco. Y así creo cumplir mi deber.
Ahora, reconozco que es legítimo pensar en forma distinta. Pero me encantaría que sobre este particular existiese un criterio claro y definido, máxime teniendo presente que en el mundo del mañana será indispensable que las personas que lleguen a esta Alta Corporación tengan conocimientos cada vez más profundos y especializados de las materias que debamos discutir. El Reglamento es claro y no deja lugar a duda alguna. Yo me he atenido a él.
Cuando son materias de carácter general, que afectan a la industria o a la actividad, todos podemos y debemos opinar. Y eso es lo que he hecho. Si se trata de un asunto específico, que atañe exclusivamente a un determinado señor Senador, él debe abstenerse de participar y de votar.
En mi caso particular, que participo en diversas actividades del quehacer nacional, produciendo riqueza y trabajo para mi país, siempre he aportado mi experiencia en materias financieras, comerciales, industriales, de exportación o de importación, en diferentes rubros o actividades, con lo cual creo cumplir adecuadamente mi deber como Senador de la República. Lo haré mientras sea Senador. Lo haré con respeto por los demás, y pido respeto por mi pensamiento, porque, en definitiva, estoy cumpliendo fiel y estrictamente con las normas que señala, no sólo la Carta Fundamental -como lo dejó en claro el propio Tribunal Constitucional-, sino también el Reglamento del Senado, que no ha sido modificado.
No tengo inconveniente alguno en que cualquier Comisión de Ética pueda pronunciarse sobre los planteamientos que formulo, pues estoy seguro de que -por lo menos, ése es mi pensamiento honesto, serio y claro- actúo siempre conforme a lo que me indica mi recta conciencia.
Gracias señor Senador por el tiempo concedido.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:50.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción