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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 338ª, ORDINARIA
Sesión 24ª, en miércoles 19 de agosto de 1998
Ordinaria
(De 16:17 a 19:17)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
RICARDO NÚÑEZ Y JORGE PIZARRO, PRESIDENTES ACCIDENTALES
SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR,
Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Cordero Rusque, Fernando
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pinochet Ugarte, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, la señora Ministra de Justicia y el señor Asesor de dicho Ministerio.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 17 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 5ª, ordinaria, en 10 de junio del año en curso, que no ha sido observada.
Las actas de las sesiones 6ª, ordinaria, en 16 de junio; 7ª, especial, secreta, y 8ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, en 17 de junio, todas del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor HOFFMANN (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
De la Cámara de Diputados, con el que comunica que ha tomado conocimiento del rechazo del Senado a algunas de las modificaciones propuestas por esa Corporación, respecto del proyecto sobre protección de la vida privada, y, en consecuencia, ha designado a los señores Diputados que señala para que integren la Comisión Mixta que deberá formarse. (Boletín Nº 896-07) .
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Del señor Ministro del Interior, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la instalación de un servicio telefónico en la Isla Toto, Undécima Región.
Del señor Alcalde de Arica, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, referido a la contratación que señala.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.
V. ORDEN DEL DÍA



MODIFICACIÓN DE LEY Nº 19.253, RESPECTO A CONSTITUCIÓN DE DOMINIO EN ISLA DE PASCUA PARA MIEMBROS DE
COMUNIDAD RAPA NUI. VETO


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde ocuparse de las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto que modifica los artículos 66 y 69 de la ley Nº 19.253, sobre Protección Fomento y Desarrollo de los pueblos indígenas, respecto de la constitución del dominio en la isla de Pascua para los miembros de la comunidad Rapa Nui, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y con urgencia calificada de "Suma".
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Hamilton y Andrés Zaldívar).
En primer trámite, sesión 31ª, en 5 de septiembre de 1995.
En tercer trámite, sesión 35ª, en 10 de marzo de 1998.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 35ª, en 10 de marzo de 1998.
Observaciones en primer trámite, sesión 16ª, en 22 de julio de 1998.
Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 3ª, en 4 de junio de 1996.
Gobierno y M. Ambiente, unidas (segundo), sesión 27ª, en 21 de enero de 1997.
Mixta, sesión 16ª, en 19 de mayo de 1998.
Gobierno (observaciones), sesión 20ª, en 12 de agosto de 1998.
Discusión:
Sesiones 11ª, en 2 de julio de 1996 (se aprueba en general); 29ª, en 4 de marzo de 1997 (queda pendiente su discusión particular); 31ª, en 11 de marzo de 1997 (se aprueba en particular, y queda pendiente reapertura del debate); 33ª, en 18 de marzo de 1998 (se rechaza reapertura del debate); 5ª, en 5 de abril de 1998 ( se rechazan enmiendas de la Cámara de Diputados, y se despacha); 2ª, en 3 de junio de 1998 (queda para segunda discusión); 8ª, en 17 de junio de 1998 (se rechaza informe de C. Mixta).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión las observaciones.
Ofrezco la palabra.


El señor HAMILTON.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, en sesión pasada el Senado conoció el informe de la Comisión Mixta designada para resolver las divergencias producidas entre el Senado y la Cámara respecto a las modificaciones propuestas a la Ley Indígena para la tenencia de tierras en isla de Pascua.
El proyecto contenía fundamentalmente dos ideas. La primera excluir de la etnia rapa nui a quienes sólo comparten rasgos culturales, formas de vida o costumbres de la etnia, suprimiendo la letra c) del artículo 2º de la ley Nº 19.253, de 1993. Esa parte fue aprobada por ambas ramas del Congreso Nacional y no fue objeto de discrepancias entre ellas.
La segunda idea se consignaba en una indicación del Gobierno para reemplazar el estatuto general que rige las tierras indígenas por un régimen especial, relativo a la etnia rapa nui, por sus condiciones étnicas específicas y la ubicación de la isla. Tal indicación no fue aprobada ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, por no alcanzar el quórum constitucional necesario.
En esas circunstancias, se celebró una reunión especial de los autores de la iniciativa -el señor Presidente del Senado y el Senador que habla-, los máximos personeros de la Isla -el Gobernador y el alcalde de Isla de Pascua, don Jacobo Hey y don Pedro Edmunds, respectivamente, y el Jefe del Consejo de Ancianos, don Alberto Hotus-, con las autoridades del Ministerio del Interior y el señor Presidente de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua.
En ella se acordó aceptar el criterio del Congreso Nacional y no insistir, en consecuencia, en el primitivo predicamento planteado por el Gobierno. Sin embargo, para que eso pudiera realizarse sin perjudicar a isla de Pascua era necesario reponer las normas que reglaban lo relativo a sus tierras según la Ley Indígena y que habían sido suprimidas en el proyecto de ley, en virtud de una disposición especial motivada por el hecho de que se proponía una norma substitutiva. Por eso es que, en lugar de un veto aditivo para insistir en el criterio original del Gobierno, éste adoptó, en definitiva, la decisión de eliminar la letra b) del numeral 3º del artículo único que señala: "Sustitúyese en su inciso tercero la expresión "de la facultad de permutarlas contenida en el inciso tercero del artículo 13" por: "de lo dispuesto en el artículo 13.". Vale decir, se suprimía, para los efectos de isla de Pascua, el artículo 13 y ése es, precisamente, la norma de la Ley Indígena que se refiere a las tierras de diversas etnias.
Por eso, habiéndose renunciado a la idea de establecer normas especiales para las tierras de isla de Pascua, debía volverse a la disposición actualmente vigente, que había sido suprimida, en orden a mantener las reglas generales de las tierras indígenas para la etnia rapa nui.
En consecuencia, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, por la unanimidad de sus miembros, acordó recomendar a la Sala aprobar el veto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, el proyecto original no prosperó en el Senado ni en la Cámara de Diputados, pues no obtuvo el quórum requerido. Eso ocurrió porque la modificación de uno de los capítulos de la moción original, que si bien corregía la manera de calificar a la etnia rapa nui, producía un efecto en la manera de adquirir o acceder al dominio de tierras en isla de Pascua. Éste es el tema que se está analizando a fondo.
Al respecto, un grupo bastante numeroso de miembros del Senado ofició al Presidente de la República que permitiera que la desafectación de las áreas fiscales, correspondientes al sistema nacional de áreas silvestres protegidas por el Estado, al Parque Nacional Rapanui y a la Hacienda Vaitea, de SASIPA (CORFO), pudiesen ser desafectadas no sólo por iniciativa del Presidente de la República, sino mediante una ley, como una forma de prevenir hacia el futuro una mayor presión.
De hecho, las áreas que en estos momentos se piensan entregar a la etnia rapa nui en isla de Pascua, a la espera de esta normativa, son justamente aquellas que han sido desafectadas del parque y de la hacienda allí existentes. En ese sentido, el señor Subsecretario del Interior, que concurrió a la sesión en donde votamos esto la vez pasada, manifestó el compromiso del Ejecutivo cuando sostuvo: "Cabe señalar que a petición de algunos señores Senadores" -alude a los de Oposición, pero lo cierto es que hay otros también- "el Ejecutivo ha considerado la posibilidad, y se compromete en tal sentido, a enviar un veto aditivo para que tanto el fundo Vaitea como el Parque Nacional no puedan ser enajenados sino por ley de la República, reservando la cantidad de 5 mil hectáreas de dicho Parque, y 3 mil 500 del fundo Vaitea".
Más abajo dice, "Con el compromiso de enviar este veto aditivo en los términos que he expuesto, pienso que se podrían solucionar muchas de las dificultades planteadas acá".
Creo, señor Presidente, que es muy importante rescatar esto, porque, si uno revisa la sesión 8ª, del miércoles 17 de junio, muchas de las votaciones se produjeron a la espera de tal veto aditivo. Unos señores Senadores votaron a favor, otros en contra y algunos se abstuvieron, en el entendido de que se enviaría ese tipo de observación por parte del Presidente de la República.
¿Por qué señalo esto? Porque lo que se remitió es un veto supresivo que resuelve el problema de cómo entregar las tierras que se han desafectado a los pascuenses que por largos años han estado esperándolo. En ese punto, evidentemente estamos de acuerdo; pero ha quedado pendiente la otra materia; y, como ella no viene en el veto, la única fórmula que podría utilizarse es que, a través del Senado, se insistiese pidiendo en buena forma al Ejecutivo que cumpla el referido compromiso.
El segundo punto -tal vez el más controvertido, aunque también formaba parte de lo que se planteó al Ejecutivo- dice relación a que algunos chilenos, con requisitos bien determinados, pudiesen también acceder al dominio de tierras en la isla de Pascua. Y cuando digo "chilenos" estoy refiriéndome a ciudadanos no rapa nui. Las leyes vigentes permitían esa posibilidad merced a algunas excepciones: en un momento fueron los integrantes de matrimonios mixtos; en otro, se trataba de hijos de residentes en la isla. De hecho, la misma moción de los Senadores señores Hamilton y Andrés Zaldívar, en su segundo punto, señala que los chilenos residentes allí por más de diez años también quedaban posibilitados en ese sentido.
En consecuencia, me parece que ése es un punto que debe dilucidarse en lo futuro, en cuanto a salvaguardar esos dos aspectos trascendentes para el país: el preservar y fomentar la identidad y la cultura de la etnia rapa nui; y el asegurar que en la isla de Pascua se pueda acceder a los derechos que todo chileno tiene en el resto del territorio nacional. Se eliminaría así toda discriminación entre connacionales en la isla. Con eso también se logra, evidentemente, salvaguardar en forma positiva la soberanía de nuestro país, por todos los efectos que ello produce en su proyección hacia el Océano Pacífico.
En tal sentido, me parece conveniente que la Sala tome la determinación de salvaguardar el compromiso del Ejecutivo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, lamentablemente, el Senador señor Horvath no estuvo en la sesión en que se trató el informe de la Comisión Mixta.
En efecto, previamente a esa sesión, se conversó con el señor Subsecretario del Interior, y se le pidió que anunciara un veto aditivo por el cual el Gobierno se obligaría a disminuir las tierras fiscales sólo en el fundo de Pascua y en el parque arqueológico, sobre la base de una ley y no de un decreto.
Tal era la contrapartida para que el Senado y la Cámara de Diputados aprobaran el estatuto de normas sobre tenencia de tierra en isla de Pascua, el que se había rechazado por falta de quórum en la otra Cámara. Lamentablemente, tal compromiso no se cumplió, porque en el Senado no hubo votos suficientes, y el informe de la Comisión Mixta se rechazó por la Sala. Aun cuando se obtuvo mayoría, faltaron dos votos. De manera que no ha habido por parte del Gobierno falta a la palabra empeñada. A éste se le propuso un acuerdo; se habló con el Senador señor Horvath y también con quienes este último había tomado contacto telefónico al no poder hacerlo personalmente. Pero, lamentablemente, no se concretó la aprobación, de manera que el Ejecutivo quedó liberado. Y ante la incertidumbre de si se contaría o no contaría con la mayoría, optó por un veto supresivo, para dejar las cosas como estaban y, en consecuencia, no perjudicar a la isla, privándola de toda protección legal.
Ahora, no desecho las propuestas formuladas por el Honorable Horvath y que han avalado algunos otros Honorables colegas; pero son ajenas a la materia en debate. En este momento, estamos abocados exclusivamente a aceptar o rechazar un veto que tiende a eliminar una norma de la ley, lo que dejaría sin protección alguna a esas tierras insulares que estén en posesión de los miembros de la etnia.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, opino que en esta materia hay que ser particularmente exacto. A lo que se comprometió el Ejecutivo es lo que refleja el acta de la sesión. No podemos nosotros estar interpretando en forma distinta el que el Gobierno, representado por el señor Ministro del Interior subrogante don Belisario Velasco, diera a entender que si esto no se votaba a favor, él se desprendía del compromiso. El acta no dice eso, y la página 701 del informe, que he leído, expresa exactamente lo señalado: hay un compromiso en este sentido.
En mi opinión, señor Presidente, hay que dilucidar ese asunto antes de tomar una decisión. Evidentemente, estamos a favor de que esto prospere para resolver el problema del momento en la Isla; pero, pensando en el futuro, tiene que haber un compromiso en la materia.
Es más, el oficio que enviamos al señor Presidente de la República es muy exacto, y hay una cantidad importante de Parlamentarios que está dentro de los rangos de los quórum necesarios para aprobar un proyecto de esta naturaleza.
A raíz del planteamiento hecho por el Senador señor Hamilton, por escrito se le señaló la circunstancia de que había una buena disposición para votar esto, en la medida en que se cursara el veto aditivo. Si no es éste, será una ley especial. Estamos hablando de un futuro cercano como para resolver esta materia. Insisto: hay que referirse expresamente a las actas, y no se puede interpretar al Ejecutivo de otra manera.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La Presidencia es partidaria de someter a votación el veto, sin perjuicio de que después, recogiendo la petición del Honorable señor Horvath, se proceda a acordar el oficio correspondiente con el objeto de hacer presente que, por lo que se entiende, existía un compromiso.

El señor DÍEZ.- No, señor Presidente. Nosotros solicitamos aplazamiento de la votación.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El asunto tiene Suma Urgencia. Por ello el Senado tendría que reunirse mañana, porque la siguiente es semana regional.

El señor DÍEZ.- Reunámonos mañana, o que, en caso contrario, el señor Presidente consiga el retiro de la urgencia, para que así nos sea posible despachar una ley con sentido.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No puedo, señor Senador.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, ¿no podría pedir antes de votar la anuencia de la Sala para el envío del oficio?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No tengo inconveniente. Me parece que el problema es más bien de tiempo. Si se quiere pedir el oficio antes, desde ya participo de esa opinión. Haríamos presente que los Senadores que se indique -entre ellos el Honorable señor Horvath y el que habla- lo han acordado así, haciendo presente que, al tenor de las actas, quedarían materias pendientes de una legislación, que no se incluyeron en un veto aditivo y que, por lo tanto, requerimos un pronunciamiento.
Repito, no tengo inconveniente alguno en que se envíe previamente el oficio, y proceder así.
¿Habría acuerdo en la Sala en tal sentido? ¿Qué otros señores Senadores se adscribirían a la petición, en los términos indicados?
Parece que hay acuerdo general, con excepción del Honorable señor Hamilton.

El señor HAMILTON.- Adhiero a la petición del oficio, señor Presidente. Lo que no apruebo es que se diga que el señor Subsecretario no ha cumplido un compromiso, pues no es así. El compromiso fue que habría veto aditivo sobre la base de la aprobación de un determinado proyecto que fue rechazado.

El señor HORVATH.- Pero el acta no dice eso, señor Senador.
El señor HAMILTON.- Sin embargo, no tengo inconveniente, y comparto la idea. En consecuencia, suscribo el envío del oficio para pedir al Ejecutivo que las cesiones de tierras fiscales queden en lo futuro sujetas a una norma legal y no reglamentaria.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Con la aclaración hecha por el Honorable señor Hamilton, se dispone el envío del oficio, en el sentido señalado por el Presidente del Senado.
¿Habría acuerdo?
Aprobado.

El señor DÍEZ.- Es claro que se necesita un proyecto de ley.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- De acuerdo; tiene que enviarse un proyecto. Por eso se pedirá en el oficio la iniciativa del Ejecutivo.
Corresponde pronunciarse sobre el veto.
¿Hay acuerdo para aprobarlo por unanimidad?
No lo hay.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor DÍEZ.- Me abstengo, señor Presidente, porque, con veto o sin él, la ley no quedará como debiera. El Ejecutivo tendría que enviar una nueva iniciativa de ley para enmendar el error en que ha incurrido en el veto.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, la normativa va a quedar absolutamente perfecta. La única modificación introducida a la Ley Indígena se refiere a la definición de quiénes son pascuenses y, en consecuencia, quiénes son reconocidos por la ley como pertenecientes a la etnia rapa nui. Y ello, para los efectos de la disposición de la tierra.
El veto tiene por objeto suprimir la disposición del proyecto, aprobada por las dos ramas del Congreso Nacional, que hace inaplicable para Isla de Pascua la normativa que regula la tenencia de las tierras indígenas del país, la que, en virtud de la observación, entraría a regir respecto de los miembros de la etnia rapa nui.
Por eso, voto que sí. El señor HORVATH.- Señor Presidente, me pronuncio a favor, en el entendido de que el Ejecutivo, respetando el compromiso asumido, enviará en una fecha cercana, ya no como veto aditivo, sino como ley adicional, una iniciativa para resguardar los temas que hemos planteado respecto de Isla de Pascua. Sólo así la ley quedará perfecta, pero no con la aprobación del veto.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, el veto aditivo, que en realidad sería un proyecto de ley, respondería al compromiso del Gobierno de enviar una iniciativa para que la desafectación de las tierras se lleve a cabo por ley. Tal iniciativa debería contener también, en mi opinión, una norma que permitiera tener acceso a la propiedad de Isla de Pascua a los chilenos continentales, respecto de lo cual no existe compromiso alguno. Y a mí no me parecería conveniente que el acceso al dominio de las tierras de la Isla estuviera restringido para los chilenos continentales.
Por no tener completa claridad acerca del alcance del proyecto que se va a enviar, me abstengo de pronunciarme sobre el veto. El señor ROMERO.- Voto afirmativamente, señor Presidente, en el entendido expresado por el Senador señor Horvath, entre otros Honorables colegas. El señor STANGE.- Teniendo en vista lo planteado por dicho señor Senador, voto que sí. El señor LAGOS.- Apruebo, compartiendo la solicitud del Honorable señor Horvath.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, entiendo que puedo agregar a mi voto un fundamento. La Mesa aún no ha cerrado la votación.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Pienso que no habría inconveniente, señor Senador, pero, en todo caso, los fundamentos deben hacerse presentes al momento de emitir el pronunciamiento.
Puede usar de la palabra, Su Señoría.

El señor MARTÍNEZ.- Muchas gracias, señor Presidente.
Sólo quiero pedir que en mi abstención sean incluidos los planteamientos del Honorable señor Novoa, con quien estoy de acuerdo.
Nada más.

El señor LAGOS (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el veto del Ejecutivo (27 votos por la afirmativa y 9 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Boeninger, Canessa, Cantero, Cariola, Cordero, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), Hamilton, Horvath, Lagos, Larraín, Matta, Moreno, Muñoz Barra, Páez, Parra, Pizarro, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Stange, Vega, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Se abstuvieron de votar los señores Aburto, Chadwick, Díez, Lavandero, Martínez, Matthei, Novoa, Prat y Urenda.




NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde continuar la discusión general del proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que establece un nuevo Código de Procedimiento Penal, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 35ª, en 10 de marzo de 1998.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 17ª, en 4 de agosto de 1998.
Discusión:
Sesiones 22ª y 23ª, en 18 y 19 de agosto de 1998 (queda pendiente su discusión general).


El señor PIZARRO.- Señor Presidente, la hora de votación, ¿sigue siendo las 18?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Exactamente. No ha sido modificada. La Mesa no ha recibido ningún planteamiento en ese sentido. Por lo tanto, la hora se mantiene, salvo que los señores Senadores quieran votar más temprano.

El señor PIZARRO.- El Honorable señor Novoa había consultado sobre la posibilidad de votar un poco antes.

La señora FREI (doña Carmen).- ¿Cuántos inscritos quedan, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Seis, señora Senadora.

La señora FREI (doña Carmen).- Entonces, no queda más que seguir hasta las 18.

El señor PIZARRO.- Podríamos votar después del cierre de las inscripciones, una vez que los seis señores Senadores hayan intervenido.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Bien.
Continuando con la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.

El señor BOENINGER.- Gracias, señor Presidente.
En verdad, intervengo con mucho agrado en este debate, porque, siendo lego en la materia específica, me doy perfectamente cuenta de que estamos en presencia de uno de los proyectos claves dentro de un gran paquete de reformas de enorme trascendencia para uno de los tres Poderes del Estado, y, en consecuencia, para el futuro de la democracia chilena y del país en general.
Quisiera decir, como reflexión, que las reformas importantes de carácter modernizador se dan en un triple contexto cuando se juntan la necesidad, la oportunidad y la voluntad.
En este caso, la necesidad estuvo dada por la opinión cada vez más prevaleciente, que se convirtió en un amplio consenso académico y político, en el sentido de que nuestro sistema penal era anticuado, que no había sido renovado durante un tiempo excesivamente largo, en tanto que en el resto del mundo, incluida América Latina, se habían producido mutaciones renovadoras de gran alcance.
Se ha señalado que nuestro sistema procesal penal nos rige desde 1907, basado en concepciones que, en verdad, a estas alturas resultan anacrónicas.
Este desfase resulta particularmente sorprendente e incomprensible si se considera la fortaleza institucional y la autonomía y respeto de que ha gozado siempre el Poder Judicial, como componente fundamental de la democracia chilena, la que también se ha caracterizado a lo largo de su historia por su fortaleza institucional, que la ha destacado siempre en América Latina.
En segundo lugar, la oportunidad se produjo por las sucesivas situaciones de tensión y polémica que, por circunstancias políticas y judiciales, y por otros episodios, fueron impactando negativamente las relaciones del Poder Judicial con otros Poderes del Estado, así como su "status" ante la opinión ciudadana, todo lo cual llevó a una especie de situación de crisis que constituye, como tantas veces, la gran oportunidad.
En tercer término, frente a los dos puntos anteriores, la voluntad fue dada por la capacidad, tanto del mundo académico y profesional como por la clase política, sin distinciones, de convertir los problema anteriores en factores catalizadores e impulsores de un gran acuerdo sobre la reforma modernizadora de la justicia, desarrollándose un esfuerzo notable -destacado aquí por la señora Ministra de Justicia, cuyo liderazgo en esta materia es indiscutible- en un clima de cooperación y acuerdo que se ha expresado en un conjunto de iniciativas legales de gran alcance, una de las cuales es el proyecto de Código que conoce hoy el Senado.
Debo añadir que lo que está aconteciendo con la reforma del Poder Judicial es, además, un ejercicio de profundización de los consensos básicos en la sociedad chilena, que muchos hemos impulsado con perseverancia desde 1990. Se trata, a mi juicio, de una demostración categórica de que la construcción de acuerdos en Chile no se ha agotado, como muchos sostienen, y constituye un rotundo mentís a las tesis pesimistas que plantean conceptos como el de que Chile es una democracia bloqueada, que sólo puede exhibir índices de crecimiento económico, pero que es incapaz de avanzar en el campo institucional y en el de perfeccionamiento de la democracia.
Creo que debemos extraer lecciones de esta gran iniciativa. Debemos proyectar la conjunción de necesidad, oportunidad y voluntad, y esforzarnos para extender esta capacidad de cambio y de tomar decisiones trascendentes a tantos otros campos de la vida nacional en que se están registrando limitaciones, a veces serias, de esa capacidad de emprender, sin conflictos traumáticos, recorridos de cambio y progreso.
Ahora, dentro de mi comprensión de lego, entiendo que el proyecto en debate introduce, primero, un indispensable elemento de imparcialidad, equidad y transparencia en el sistema penal, por la vía de separar las funciones de investigación y acusación de la de juzgar, a través del mecanismo del juicio oral, ante un panel de tres jueces que conocerán las pruebas del fiscal, y ante los representantes de la víctima, por quienes actuará su abogado defensor. Cabe destacar, al respecto, la creación de la figura del juez de garantías, quien, a su vez, supervigilará las decisiones de los fiscales.
Segundo, se introducen elementos muy significativos de eficiencia, de consideración preferente del usuario en el sistema, por la vía de permitir un mejor rendimiento de los jueces, al libertarlos de su actual triple función de investigar, acusar y juzgar.
Tercero, el juicio oral sustituye con ventajas al procedimiento vigente escriturado, que es lento, burocrático e insuficientemente garantista, al no permitir el contacto directo de las partes con el juez.
Cuarto, se incorporan sistemas alternativos de resolución de conflictos, como la negociación de las penas y la posibilidad de discriminar entre los casos en que existen antecedentes suficientes como para efectuar una investigación y aquellos otros en que, al carecer de tales antecedentes, procede archivarlos. Además. se consideran procedimientos abreviados, suspensiones temporales de procesos y otras situaciones, en que la figura nueva del Ministerio Público tendrá, sin duda, una participación capital.
En suma, señor Presidente, como lo decía al comienzo, estamos en presencia de una iniciativa de enorme trascendencia, y creo que es una gran satisfacción para el país el que podamos avanzar en éste y en otros proyectos para completar en el más breve plazo la gran reforma sobre la modernización judicial que el país necesita.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Antes de conceder nuevamente la palabra, solicito la autorización de la Sala para que me pueda reemplazar en la testera, como Presidente accidental, el Honorable señor Núñez, debido a que no se encuentra el Vicepresidente.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
--Para a presidir la Mesa, en calidad de Presidente accidental, el Honorable señor Núñez.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Por no estar presentes los Honorables señores Cariola y Gazmuri, le corresponde el uso de la palabra al Honorable señor Chadwick.

El señor CHADWICK.- Señor Presidente, hoy estamos enfrentados en el Senado al estudio de una de las reformas quizás más trascendentales que nos ha correspondido ver en los últimos años. Responde a uno de los grandes anhelos de la sociedad chilena aún pendientes: tener un sistema judicial moderno, que nos permita dar eficacia a la acción de la justicia y transparencia a los procesos judiciales; que sea respetuoso de los derechos fundamentales de las personas involucradas, tanto afectados como víctimas, y que sea accesible, en especial, a los sectores más necesitados del país.
En esta intervención, me referiré a los aspectos generales de la iniciativa, porque estamos pronunciándonos sobre la idea de legislar, sin entrar a los aspectos particulares, que veremos más adelante.
Sin duda, uno de los elementos más importantes para establecer el verdadero respeto que debe existir en una sociedad hacia el Estado de Derecho está dado por los rasgos centrales de su sistema procesal penal. Ello demuestra el efectivo compromiso que la sociedad tiene con los derechos esenciales de las personas en uno de los instantes más críticos que éstas deben enfrentar. Estamos, por una parte, ante la víctima, que busca una oportuna reparación de la justicia en cuanto a sus derechos amagados, y, por otra, ante el victimario, cuyo anhelo es que la justicia, respecto de su situación, intervenga mediante una acción oportuna y especialmente justa.
Si, efectivamente en la sociedad se encuentran fuertemente asumidos y arraigados el compromiso de dar eficacia a la justicia otorgando reparación oportuna a la víctima y, al mismo tiempo, el compromiso con los derechos esenciales de las personas, entonces, en esos momentos críticos que vive la sociedad, estos derechos de víctima y de victimario serán respetados y la decisión en virtud de la cual se impondrá el castigo seguirá los cauces preestablecidos y terminará por aparecer revestida de legitimidad y respeto.
Si, por el contrario, los derechos y garantías individuales no forman parte del acervo cultural de la sociedad; si no han sido asumidos realmente y hechos propios por la generalidad de la ciudadanía, sino que sólo permanecen como declaraciones formales frente a las que ni siquiera los funcionarios estatales se sienten comprometidos y no dudan en infringir en muchas situaciones, entonces la impunidad o la sanción que corresponda resultará de un procedimiento penal que difícilmente será percibido por la sociedad como justo, lo cual hará que el sistema, en consecuencia, pierda credibilidad.
Lamentablemente, frente a esas dos situaciones a que se ve enfrentada, la sociedad de nuestro país se encuentra más cerca de la última.
En efecto, desde hace ya varios años los índices de eficacia de nuestro sistema son altamente preocupantes. Diversas estadísticas e informes técnicos nos señalan hoy día que delinquir en Chile es virtualmente gratis. Piénsese sólo que una de esas estadísticas indica que, de 100 situaciones delictivas sometidas a nuestros tribunales de justicia, únicamente 2 llegan a una condena o sentencia definitiva.
Por otra parte, diversos sectores han venido poniendo de relieve que el actual procedimiento penal permite llevar adelante procesos en que no se respetan algunos de los derechos y garantías esenciales de las personas, que son de orden procesal y que han sido internacionalmente establecidos en la fórmula del "debido proceso" o del "racional y justo procedimiento", en los términos que señala nuestra Constitución.
Si esto es así, si existe un diagnóstico tan crudo sobre la materia, resulta evidente que las autoridades tenemos la responsabilidad de tomar cuanto antes las medidas necesarias para superar tal situación. En este caso, esas medidas no pueden ser otras que el reemplazo de un sistema procesal ya caduco, elaborado durante el siglo pasado, por uno nuevo que responda a los requerimientos de la sociedad actual, que son los de un proceso penal eficiente y garantista.
La caducidad del actual sistema se comprueba, entre otros parámetros, precisamente porque, por la fecha de su elaboración, ha sido construido normativamente sin tener apenas en cuenta los derechos fundamentales que deben respetarse en todo proceso penal; y las reformas parciales que se le han introducido después han sido insuficientes para revertir esta situación.
Pero el actual proceso penal es inadecuado no sólo por eso, sino también por su ineficiencia, por su incapacidad para pesquisar y sancionar de manera debida a la generalidad de los infractores de la ley penal imponiéndoles oportunamente las penas que correspondan, lo cual genera también, desde esta perspectiva, una gran insatisfacción y preocupación en la ciudadanía.
En cuanto a las garantías que se deben tener en cuenta en la construcción de nuestro procedimiento penal vigente, existen algunas tan trascendentes como los derechos a un juicio previo para la imposición de una pena y a la imparcialidad del juzgador.
En efecto, habiendo en nuestro actual procedimiento penal un solo juez que investiga, falla y -¡ello es increíble!- acusa, en el fondo significa exigirle que sea juez y parte, ya que se le pide pronunciarse sobre el contenido de su propia acusación, lo cual implica incurrir, obviamente, en una causal de inhabilidad.
De allí que se pueda sostener que en Chile, actualmente, la imposición de las penas no resulta de lo que debe ser un juicio penal auténtico y verdadero, ya que éste requiere siempre tres partes: un acusador, un acusado y, por sobre ambos, un tercero imparcial, el juzgador, esquema que no existe en nuestro país.
Urge, en consecuencia, establecer un juicio penal auténtico, para lo cual ya se ha dado un primer paso esencial con la creación del Ministerio Público, organismo que habrá de asumir el papel de acusador, previa investigación, dirigida por él mismo, para fundar la acusación.
Pero, además, la doctrina ha puesto de relieve desde antiguo que el juicio penal que reúne las mejores características de garantía, acierto y legitimidad es el juicio oral, público, concentrado y regido por la inmediación, rasgos que debiera adoptar, sin duda, el esquema que estamos consagrando.
En el procedimiento en vigor tampoco se respeta, desde nuestra perspectiva, la presunción de inocencia, que es el derecho fundamental sobre el cual se construyen los modernos procesos penales.
En efecto, la presunción o principio de inocencia se traduce esencialmente en obligar siempre a las autoridades estatales a obrar partiendo de la base de que toda persona es inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme, lo que no acontece en nuestro actual sistema penal, en que el procedimiento permite imponer generalizadamente restricciones a los derechos personales de los imputados, partiendo por el propio "auto de procesamiento" o de reo, que, a nivel social, se hace equivaler casi a una condena, en circunstancias de que legalmente apenas constituye algo más que el inicio del procedimiento.
Si el proceso penal que se instaure asume efectivamente como eje la presunción de inocencia, obligará siempre al Ministerio Público a probar la culpabilidad del acusado, dejando aquélla de constituir una garantía lejana y propia de otros sistemas judiciales, como actualmente se la considera en Chile.
Tampoco parece suficientemente respetado hoy en día el derecho a la defensa, que comprende, primero, el derecho del acusado a efectuar toda clase de alegaciones y a rendir las pruebas que estime pertinentes, con la obligación para el juez de considerarlas, aunque las rechace; y segundo, el derecho a la asistencia de un letrado. En un procedimiento que en su parte esencial permanece secreto, es difícil concebir que el imputado pueda efectivamente realizar alegaciones y rendir pruebas pertinentes si muchas veces apenas sabe de qué se le acusa.
Por su parte, el derecho a la defensa letrada descansa sobre la base, absolutamente superada por la realidad, de que los abogados son profesionales liberales que ostentan grandes recursos y que, por razones de mera beneficencia, han de atender a las personas de escasos bienes en forma gratuita, a través de un sistema de turnos como el que actualmente existe. Lo cierto es que esta imposición, primero, puede resultar inconstitucional, porque representa para esos profesionales una carga pública que no deben soportar los de otras áreas; y segundo -ello es más grave aún-, resulta claramente ineficiente como sistema de defensoría gratuita.
Por su parte, la calidad y extensión de la asistencia que los postulantes al título de abogado pueden otorgar a través de las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial tampoco aparecen como suficientes. Y esperamos que la reforma que se está haciendo a ella permita mejorarla en la perspectiva indicada.
Se requiere por lo tanto, primero, estructurar un procedimiento que respete plenamente y a lo largo de todo su desarrollo el derecho del inculpado y de su abogado a intervenir en él, efectuando sus alegaciones y rindiendo las pruebas en el momento oportuno; y segundo, tomar las medidas conducentes a asegurar de manera eficaz el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los imputados de escasos recursos, quienes son la inmensa mayoría, para así dar cabal cumplimiento al mandato del artículo 19, Nº 3º, de nuestra Carta Fundamental.
Junto a lo anterior, señor Presidente, en el actual procedimiento criminal tampoco se respetan de manera debida los derechos de las víctimas, a veces injustamente olvidados, ya que no se les asegura una reparación rápida de los efectos del delito, pues deben esperar una sentencia que llega pocas veces y tarde, con lo cual se las priva de al menos la satisfacción de ver al culpable castigado oportunamente cuando es descubierto; tampoco, en fin, pueden esperar del sistema una atención expedita, por lo que resultan doblemente victimizadas: primero por el hechor y luego porque el aparato estatal no logra repararles en forma oportuna la ofensa que han recibido.
Es indudable que la falta de respeto a esos derechos ha sido percibida por la sociedad y se ha traducido, lamentablemente, en una situación o sensación de crisis de nuestro sistema judicial, que alcanza a veces especial dramatismo en el área procesal penal.
Como el respeto de todos los derechos fundamentales tiene que ver con la calidad de la convivencia de determinada sociedad, es evidente que, de persistir tal situación, se la pone en riesgo. Por esa razón se requiere reemplazar el proceso penal vigente por uno que respete en mayor grado y con más eficacia los derechos de todas las personas: de la víctima y del acusado.
Pero ya hemos señalado que no sólo se ha cuestionado ese aspecto del proceso penal vigente -o sea, su carácter no garantizador-, sino que también se ha demostrado su falta de eficacia.
En efecto, en este momento se encuentra establecido -sin que haga falta recurrir en esta oportunidad a cifras ya suficientemente difundidas con anterioridad- que el actual sistema procesal penal se caracteriza, primero, porque no todas las conductas susceptibles de ser sancionadas penalmente ingresan al sistema, sino que, por lo general, lo hacen únicamente aquellas cometidas por las personas de los sectores más bajos, carentes de protección social, escapándose un gran número de las cometidas por delincuentes que cuentan con mayor organización. Luego, aun entre las que ingresan, sólo un porcentaje muy bajo termina de manera normal, es decir, con el pronunciamiento de una sentencia que decida sobre la absolución o condena. Hoy en día, la inmensa mayoría de los procesos en Chile concluye con un sobreseimiento temporal.
Ello es muy grave, por cuanto significa -si no en todos los casos, al menos en aquellos en que ha comparecido y prestado colaboración en la investigación- negar al imputado una decisión sobre su inocencia o culpabilidad. Lo que sucede en el fondo actualmente es que, debido a que el Estado no consigue demostrar su responsabilidad, en lugar de absolverlo, como sería lógico, lo deja en situación de precariedad, con la promesa de reiniciar en cualquier momento su persecución, mientras no venzan los plazos de prescripción.
A partir de éstas y otras situaciones de igual o mayor gravedad, resulta evidente la necesidad de establecer criterios de racionalidad y de eficiencia en la persecución penal en nuestro país, creando un sistema que contemple los mecanismos adecuados para ello, que hoy no aparecen en nuestro sistema procesal penal.
Lo que he señalado, señor Presidente, ha sido puesto de relieve y advertido en su mayor parte desde hace ya un buen tiempo. Ha llegado el momento, ahora, de superar un sistema procesal penal ya caduco, antiguo, que no ha sabido o no ha podido dar eficiencia a la acción de la justicia y ha sido incapaz de garantizar en debida forma los derechos de las personas.
Creo que esta situación no es responsabilidad de los jueces, quienes han realizado esfuerzos gigantescos para poder administrar justicia en debida forma. Es responsabilidad de la legislación, que en cien años ha carecido de la capacidad de dar respuesta eficaz y legítima en cuanto a la protección de los derechos en un aspecto tan relevante para nuestra sociedad como lo es el sistema procesal penal.
Finalmente, quiero felicitar al Ministerio de Justicia por la acción que ha desarrollado a través de la señora Ministra y su equipo asesor, encabezado por don Rafael Blanco, quienes no sólo han puesto una voluntad enorme para sacar adelante esta reforma tan trascendente, sino que, al mismo tiempo, han implantado algo que considero muy importante: un sistema de trabajo que responde a los intereses del Estado, moderno, que ha procurado compartir el esfuerzo con organizaciones académicas, con entidades privadas vinculadas a estos temas, con la magistratura, y asimismo, realizar un trabajo muy armonioso con el Congreso Nacional, buscando siempre llegar a consensos para dar a este tema -porque así lo merece- un tratamiento de tema de Estado.
Ha llegado la hora, señor Presidente, de reformar el sistema de procedimiento penal. Por eso, votaré a favor de la idea de legislar.
He dicho.

El señor NÚÑEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Stange.

El señor STANGE.- Señor Presidente, he estudiado el proyecto del trascendental nuevo Código de Procedimiento Penal, y deseo expresar mis felicitaciones a la señora Ministra de Justicia, doña Soledad Alvear, y a su equipo asesor por este importante y concienzudo trabajo, pues, sin lugar a dudas, nuestro actual sistema procesal penal, a pesar de las modernizaciones introducidas, adolece de múltiples imperfecciones, que es preciso superar.
Sin embargo, en términos generales, y sin entrar en detalles del proyecto, como primera aprensión me asalta la duda de si, debido al momento actual de extrema sensibilidad social que se vive respecto del aumento de la criminalidad, es éste el instante oportuno para tratar de introducir un nuevo Código. Quizás en teoría sea muy factible, pero, en la práctica, el solo hecho de discutir un nuevo Código donde gran parte del articulado se dedica a tratar la situación del imputado podría alentar a los delincuentes por el nuevo trato propuesto, que, obviamente, tal vez los favorezca.
Por otra parte, las instituciones encargadas del cumplimiento práctico de las normas del proyecto sufrirán, indudablemente, un período de incertidumbre o de inseguridad en su actuación. Ello, por cuanto hay disposiciones que modifican fundamentalmente los actuales procedimientos y se necesitará un amplio programa de reentrenamiento para habilitar de manera adecuada a la Policía.
En tercer lugar, las víctimas o personas ofendidas también experimentarán un período de incomprensión, y sus incertidumbres se reflejarán en reclamos -seguramente con el máximo de publicidad- hacia quienes representan la ley en terreno, en el sitio del suceso, o sea, la Policía. Y ésta, por ejemplo, de acuerdo con el artículo 102 del proyecto, ante un delito flagrante, no podrá interrogar al imputado; sólo podrá consultarle su identidad. Así, no será factible a la Policía averiguar de inmediato sobre la forma como sucedieron los hechos, los elementos empleados para la comisión del delito, la participación de otros posibles responsables, su identificación y demás antecedentes que deben ser consignados en el parte policial.
Seguramente -y así lo espero-, estos puntos podrán ir siendo clarificados en las Regiones Pilotos.
Otra gran aprensión que se desprende al estudiar el vuelco completo que se pretende dar al procedimiento criminal penal se refiere al costo que la aplicación del nuevo Código representará en el sistema judicial, pues, aparte de la creación de muchos cargos para desempeñar la judicatura, de cambios en la Constitución, de funcionarios subalternos para colaborar con los nuevos magistrados, debe considerarse un presupuesto importante para habilitar las dependencias necesarias.
Sin perjuicio de lo anterior, también es indispensable contemplar mayores presupuestos para las Policías, que serán el brazo ejecutor de lo que dispongan los fiscales o los jueces de instrucción, pues debe tenerse presente la imprescindible necesidad de adecuar los cuarteles con las dependencias que se precisan al efecto y de las cuales carecen en la actualidad.
Cabe preguntarse entonces si, dada la situación económica, que -según se dice- no es hoy la más holgada, resulta aconsejable poner en práctica el cambio casi total del sistema de procedimiento penal.
Otra aprensión -probablemente será clarificada una vez que se discuta el proyecto en particular- apunta a la necesidad de comprobar los resultados de experiencias en los países que han introducido modificaciones muy similares en sus procedimientos penales y estudiar si ellas son adaptables a nuestra idiosincrasia, a nuestro sistema de vida.
Es importante considerar que el Código proyectado debe estar rodeado de las disposiciones, organismos, instituciones y leyes que entre sí se complementen en un solo todo, en un solo sistema que mejore sustancialmente el aspecto jurídico-penal en nuestro país.
Por último, con el aumento de la delincuencia debido a leyes dictadas en los últimos 8 años y que han permitido elasticidad en la aplicación del actual actual Código de Procedimiento Penal, este nuevo proyecto, sin lugar a dudas, contribuirá en el comienzo a aumentar la inseguridad ciudadana. ¿Por cuánto tiempo? Ojalá sea lo más breve posible.
No soy contrario a la modificación. La aprobaré en general. Pero en la discusión particular estaré atento a presentar las indicaciones que estime necesarias para satisfacer las dudas que actualmente tengo.
He dicho.

El señor NÚÑEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Honorable señora Frei.

La señora FREI (doña Carmen).- Señor Presidente, he estudiado con atención el proyecto que hoy día votaremos en general, y, ante todo, deseo felicitar a la señora Ministra de Justicia y a sus colaboradores por el trabajo realizado. Pocas veces hemos visto un primer informe con una nómina tan numerosa de personas que han contribuido a su elaboración.
Sin ser abogada, me parece de extrema importancia esta reforma. He seguido con atención las distintas intervenciones. Si hay algo que realmente faltaba era tratar como tema de Estado, de país, todo lo referido a nuestra justicia. Al recorrer las Regiones y conversar con la gente nos dimos cuenta de que reviste primera prioridad, porque todos sentimos que en los temas judiciales nos encontrábamos demasiado atrasados. La gente necesitaba conocer la voluntad del Gobierno de la Concertación en esta materia, expresada a través de su Ministra de Justicia y de nosotros, los Parlamentarios, en el sentido de que estamos conscientes de las tremendas fallas que existen en el sistema judicial, no por causa de los jueces o de los que trabajan en él, sino, sencillamente, porque la legislación es anticuada y requería ponerse al nivel de los países desarrollados.
Por eso, considero muy destacable, además, el hecho de que se haya solicitado colaboración a destacados juristas extranjeros y el aporte en general de todos quienes tienen que ver con el tema. Incluso, me parece muy relevante la especial invitación que la Comisión extendió a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Asimismo, la Comisión abordó, a mi juicio, de manera muy humana esta materia, centrándose en la gente. Se intercambiaron ideas con el Coordinador de Salud Mental del Ministerio de Salud, del Director del Hospital Psiquiátrico del Salvador, del Servicio de Salud, en fin. Creo que pocas veces hemos visto un informe tan bien elaborado y con tanta información para quienes no trabajamos en la Comisión.
Por esas razones, con gran entusiasmo votaré favorablemente el proyecto, y reitero mi felicitación a la tan brillante labor desarrollada por la Ministra de Justicia. Cuando ella fue designada en esa Cartera, muchas personas tuvieron dudas de si una mujer podría desempeñarse como corresponde al frente de ese Ministerio. Y, sin embargo, hemos visto que no sólo lo ha hecho de la mejor forma, sino que ha sido realmente un orgullo para las chilenas que una mujer se ha destacado tanto en temas difíciles y que, por sus mismas cualidades de gran señora, ha podido aunar el parecer de todos los Senadores, para lograr hoy día la aprobación unánime de esta iniciativa.
Sólo me cabe agregar que, con mucho entusiasmo, seguiremos trabajando en lo que nos corresponda durante la discusión particular. Porque creo -como dije- se trata de un proyecto que le importa a la gente. Y el hecho de que hoy justamente nos encontremos discutiéndolo es porque queremos que la gente tenga una vida más digna y más justa.
Por eso, sin duda, votaré a favor de él.
He dicho.

El señor NÚÑEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez.

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, seré muy breve. Sólo quiero anunciar mi aprobación al proyecto.
Ya expuso el miembro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Senador señor Díez. Yo sólo deseo agregar, como conclusión a este tema, que la modernización de la justicia debe analizarse como un elemento necesario para nuestro crecimiento institucional. El sistema democrático y el modelo económico requieren para su consolidación y desarrollo una administración de justicia eficiente que permita dirimir oportunamente los litigios de sus actores.
El nuevo Código de Procedimiento Penal apunta en esta dirección, al mejorar sustancialmente la forma en que los tribunales de justicia conocerán, tramitarán y fallarán las causas criminales.
Por otra parte, la publicidad y oralidad que ahora tendrán las actuaciones judiciales permitirán acercar la justicia a las personas, con lo que se reforzará la confianza en el sistema.
Basta ahora esperar que la aplicación práctica de los principios y fundamentos que inspiran esta reforma se conviertan en un mensaje claro de que existe una respuesta rigurosa para la criminalidad y que ella es capaz de inhibir a quienes pretenden lesionar la convivencia pacífica de nuestra comunidad.
Finalmente, quiero sumarme al reconocimiento de la labor desarrollada por la señora Ministra de Justicia en la tramitación de esta reforma. Creo que en éste y en otros temas ella ha demostrado lo diligente y eficiente que es. Al mismo tiempo, deseo extender este reconocimiento a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, no sólo del actual período legislativo, sino también del anterior. Quiero recordar a aquellos que empezaron el trabajo que hoy día se somete a nuestra consideración, y destaco, sin chovinismos, la figura del entonces Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el ex Senador señor Otero, que dedicó a esta materia muchas horas y esfuerzo eficiente de su labor legislativa.
He dicho.

El señor NÚÑEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, quiero sumar mi opinión favorable a este proyecto. Y quisiera hacerlo desde una perspectiva un poco distinta, quizás, de las intervenciones que con mucho interés he seguido en estas sesiones.
Uno de los problemas más graves que tiene el país es, sin duda alguna, el de la seguridad ciudadana. El recrudecimiento de ciertos delitos, especialmente de los violentos, provoca, con razón, inquietud en la población. Ésta se siente insegura y considera que el Estado, o específicamente el Gobierno, no cumple con la elemental obligación de garantizar la seguridad de las personas, tanto en su integridad personal como en sus bienes. La inseguridad objetiva que existe, o la percepción de inseguridad que tiene la población, que a la postre puede ser igualmente grave, se une a otra realidad o percepción más negativa aún, cual es la de que en nuestro país no hay justicia o, por lo menos, que ésta no se halla al alcance de vastos sectores medios y populares del país.
Existe, también, la generalizada creencia de que es prácticamente inútil denunciar los delitos o tratar de buscar su reparación a través de los tribunales. Avala esta percepción el hecho de que muchos delitos son cometidos por reincidentes. Sin ir más lejos, estamos acostumbrados a usar el concepto de "delincuente habitual". ¡Y qué cosa más absurda pensar que alguien habitualmente pueda ser delincuente! Está fallando todo para que una persona sea habitualmente un delincuente. Igualmente, sirven de fundamento a esta percepción las cifras publicadas respecto del bajo número de causas que, en definitiva, terminan en sentencia; el largo tiempo que duran los procesos, etcétera.
Considero extremadamente grave que la población sienta que el Estado no le garantiza su seguridad o que tampoco es capaz de castigar a quien atenta contra ella. Y es grave, porque, pasar de esta percepción a la pérdida de la confianza en el Estado de Derecho hay sólo un paso.
De lo dicho anteriormente puede desprenderse que este grave problema tiene múltiples causas: decisiones políticas que pueden dar señales erradas; medios y recursos que se entregan a las policías y el uso eficiente de ellos; el sistema judicial penal; el sistema penitenciario, tanto en su dimensión punitiva como en su aspecto de rehabilitación. Son muchas las causas que pueden llevarnos a perder la fe en la capacidad del Estado par dar seguridad o castigar a quien atenta contra ella.
El proyecto que nos convoca tiene por objeto hacerse cargo de un aspecto de este problema. Y ello lo efectúa cambiando en forma radical un sistema procesal arcaico por otro cuyo diseño, evidentemente, parece más adecuado para lograr los propósitos que debe tener cualquier procedimiento penal, cuales son asegurar una investigación adecuada, eficiente y rápida, que permita esclarecer el delito y determinar las responsabilidades; propender a que entre la comisión del mismo y la sentencia, sea ésta condenatoria o absolutoria, transcurra el menor tiempo posible; proteger a la víctima, y asegurar un debido proceso. Todo lo anterior, en un marco de transparencia, publicidad y con los mecanismos adecuados para permitir que el mayor número posible de hechos delictuales quede esclarecido.
Así como el problema de la seguridad ciudadana, en términos generales, tiene muchas causas, también hay muchas razones que explican por qué nuestro sistema judicial en lo penal no ha funcionado. El proyecto no puede hacerse cargo de todas ellas; es un paso fundamental en lo normativo, pero ciertamente no puede resolver otros problemas. Desde luego, está el de los recursos que el Estado destina a justicia. Y cuando analicemos los demás proyectos asociados a éste -uno relacionado con el Ministerio Público, y otro, que modifica el Código Orgánico de Tribunales-, deberemos asegurarnos de que existan los fondos disponibles para que puedan ser puestos en práctica y respondan a las grandes expectativas que el país tiene cifradas en ellos.
La iniciativa en estudio tampoco puede solucionar las dificultades que se puedan derivar de la forma como algunas personas cumplen sus funciones. Y si han ocurrido algunos casos de corrupción en los tribunales -no de magistrados, pero sí, muchas veces, de funcionarios subalternos-, es evidente que el proyecto no los puede subsanar, al igual que los vicios en que incurrimos muchas veces los abogados, que olvidamos nuestra función de coadyuvar a la justicia, y los procesos se alargan y eternizan. Pero sí creo que la normativa presenta algunos elementos que pueden contribuir a darles una salida, fundamentalmente por la vía de un proceso más público y transparente, y por el hecho de entregar a un organismo una función activa en la acusación.
No obstante, cuando analicemos en detalle la materia, deberemos preocuparnos de que las debilidades propias de la naturaleza humana no encuentren acogida, y ser muy cuidadosos respecto de aquellas disposiciones que den lugar a dilaciones innecesarias que puedan frustrar su aplicación. Se trata de artículos cuyo objetivo y texto, tal como los hemos conocido en general, cumplen con las exigencias de dar justicia de manera oportuna y efectiva, que es lo que el país necesita.
Deseo terminar mis palabras sumándome al reconocimiento hecho a todos quienes han participado en la elaboración del proyecto: a la señora Ministra de Justicia y a la Cartera a su cargo; a las instituciones privadas que han colaborado -me consta que lo han hecho con mucha dedicación, esfuerzo y acierto- en el perfeccionamiento del mismo, y a los miembros de la Comisión, que nos ha presentado un informe que realmente nos permite formarnos una opinión muy adecuada acerca de la importancia y alcance de esta trascendental reforma.
Por las razones señaladas, anuncio mi voto favorable a la idea de legislar.

El señor NÚÑEZ (Presidente accidental).- Están inscritos para intervenir a continuación los Senadores señores Cariola -al parecer, no hará uso de la palabra- y Gazmuri, quien no se encuentra en la Sala.
Hay un acuerdo de Comités de votar a las 18, en vista de lo cual debiéramos esperar hasta esa hora, por tratarse de un compromiso formal que debe respetarse.
Propongo a la Sala suspender la sesión por cinco minutos, para permitir la concurrencia a la Sala de los Senadores ausentes. Es una votación bastante trascendente, y lo deseable es que a la aprobación del proyecto en general concurra el mayor número posible de Parlamentarios.
___________
Ha llegado a la Mesa un oficio del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, Honorable señor Silva Cimma, en el que pide recabar el parecer de la Sala a fin de que seis proyectos que otorgan la nacionalidad chilena por gracia vuelvan a dicho organismo técnico, que -entiendo- está realizando un trabajo más acucioso en esta materia con su homólogo de la Cámara de Diputados.
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
Acordado.
___________

El señor PÉREZ.- ¿Me permite, señor Presidente?
¿Por qué no damos comienzo a la votación? Quien no desee fundar su voto simplemente dará a conocer su pronunciamiento al señor Secretario, y el que quiera fundamentarlo, lo haga. Así, ganaríamos tiempo y no se suspendería la sesión?

El señor NÚÑEZ (Presidente accidental).- La Mesa está de acuerdo.
¿Algún señor Senador desea fundamentar su posición?

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, me permito recordar que hay una hora previamente convenida. Por lo tanto, debe respetarse.

El señor PÉREZ.- Así es, señor Senador. No obstante, podríamos iniciar la votación para permitir, a quien desee ausentarse de la Sala, y como ha ocurrido en otras oportunidades, manifestar su voto a la Mesa.

El señor MARTÍNEZ.- Es el procedimiento normal.

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, deseo votar en primer lugar.

El señor NÚÑEZ (Presidente accidental).- Se trata de un acuerdo unánime de los Comités de empezar la votación a las 16, y que sólo puede modificarse por otro.

El señor BOMBAL.- Los Comités están presentes.

El señor NÚÑEZ (Presidente accidental).- Si la unanimidad de los Comités determina iniciar la votación en este instante, puede hacerse.

El señor PÉREZ.- Sí, a condición de que no termine antes de las 18:5.

El señor NÚÑEZ (Presidente accidental).- Concluirá mucho antes, y muchos señores Senadores, con justa razón, no se sentirán representados por el acuerdo, por el hecho de que expresamente se convino por los Comités empezar a votar a esa hora.

El señor MARTÍNEZ.- Tengo entendido que el Reglamento da la posibilidad de registrar el voto en la Mesa y retirarse de la Sala, como lo planteó el Honorable señor Pérez.

El señor PIZARRO.- Para ello es necesario iniciar la votación.

El señor PÉREZ.- Votemos, señor Presidente.

El señor PIZARRO.- Lo más razonable es suspender la sesión por cinco minutos y comunicar a quienes están en Comisiones que terminó el debate y que se procederá a votar. En ese lapso perfectamente pueden llegar a la Sala. Es lo más razonable y garantiza la participación de todos los Senadores.

El señor NÚÑEZ (Presidente accidental).- Así lo propuse.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
___________
--Se suspendió a las 17:34.
--Se reanudó a las 17:39.
___________

El señor NÚÑEZ (Presidente accidental).- Se reanuda la sesión.
Si le parece a la Sala, se dará prioridad al señor Presidente de la Corporación para que fundamente su posición y emita su voto.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Gracias, señor Presidente.
Intervengo ahora porque no pude hacerlo durante el debate, por razones de tiempo. Había preparado una exposición más de fondo, pero la limitaré sólo a la fundamentación de voto.
Quiero comenzar señalando que me asiste la más profunda convicción en torno de la importancia y trascendencia del proyecto que hoy día nos ocupa en esta Sala.
Señores Senadores, creo que en estos momentos estamos haciendo parte de la historia, aquella que representa un preciso legado a las futuras generaciones de nuestro país.
Con esta iniciativa se trata, ni más ni menos, de cambiar radicalmente uno de los espacios institucionales más significativos del Estado de Derecho, cual es el sistema de enjuiciamiento criminal, con el objeto de colocarlo en consonancia con nuestra Carta Fundamental, con los compromisos internacionales y con las garantías más elementales de que debe estar revestido todo modelo de persecución criminal.
Hoy damos un paso de envergadura en la profundización del sistema democrático, al que estamos arribando con criterios de Estado, con un sistema de trabajo consensuado que ha sabido integrar en su construcción a todos los sectores: al mundo público, al mundo privado, a connotados académicos y juristas tanto nacionales como internacionales, a jueces y magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y a los abogados del foro. Esta labor ha contado con la conducción tan meritoria de la señora Ministra de Justicia y -esto tampoco puedo dejar de mencionarlo- con una visión de Estado por parte del Presidente de la República.
Por lo anterior, como miembro del Poder Legislativo y como Presidente del Senado, siento que tenemos la gran oportunidad de fortalecer nuestro sistema institucional, erradicando el actual procedimiento de corte inquisitivo y estableciendo otro de enjuiciamiento criminal moderno, transparente, eficaz, de naturaleza acusatoria, que resulte consistente con nuestras declaraciones constitucionales.
Este proyecto, asimismo, se inscribe en la necesidad de estructurar un sistema que, junto con asegurar de manera irrestricta los derechos y garantías de todo interviniente en un proceso penal, asegure también estándares de eficiencia y eficacia para la sociedad toda.
Honorables colegas, esta iniciativa, a la que el Congreso ha dedicado tan importantes esfuerzos de estudio y análisis, nos prestigia y honra como Parlamento, y permite explicitar que los Senadores hemos asumido cabalmente nuestro rol de representar los anhelos y demandas ciudadanas.
Deseo felicitar en forma muy especial a la Comisión de Constitución por el trabajo realizado por cada uno de sus miembros, como también por sus funcionarios y secretariado.
Una de las principales acusaciones dirigidas contra todos los aquí presentes -nosotros, los políticos- consiste en imputarnos una desconexión de los problemas reales y concretos de los ciudadanos. Nunca he aceptado esa caricatura interesada. Por el contrario, estoy convencido de que la labor legislativa -creo que hoy día ésta se ratifica una vez más-, la actuación de los políticos, la de los hombres y mujeres que se dedican a la función pública, tienen relación íntima y profunda con los anhelos y esperanzas más sentidas de todos los ciudadanos.
El proyecto que hoy examinamos es una buena prueba de lo anterior. ¡Qué más concreto y práctico que poder acceder a una justicia más eficaz y expedita!
Por lo demás, lo manifestado se ve ratificado incluso por los propios anhelos del legislador de 1894, que en el mensaje del actual Código de Procedimiento Penal señalaba: "La necesidad de mejorar nuestro sistema de enjuiciamiento criminal ha venido imponiéndose desde mucho tiempo atrás con el carácter de verdadera urgencia. Mientras las naciones de Europa y de este continente se han apresurado a reformar esta parte de su legislación, en conformidad a los más adelantados principios de la ciencia y a la mayor templanza de las costumbres, sólo Chile ha permanecido estacionario conservando las reglas de procedimiento de la antigua legislación española en cuanto eran compatibles con la nueva forma de gobierno adoptada desde nuestra emancipación política. Aunque en diversas épocas algunas de esas reglas han sido modificadas, la base misma del procedimiento se ha mantenido intacta, de manera que puede decirse con verdad que subsiste todavía en pleno vigor entre nosotros el sistema inquisitorial establecido desde la edad media.".
Resulta sorprendente constatar en esta cita, señores Senadores, que desde 1894 hasta la fecha se ha desatendido el llamado de nuestros legisladores de hace más de cien años.
Hoy nos hallamos aquí precisamente para responder a tal petición, para comenzar a remediar ese olvido histórico. Hoy nos hallamos aquí para bien del país y de sus instituciones. Hoy nos hallamos aquí para avanzar en consolidar nuestra democracia.
Honorables colegas, tengo suficiente experiencia como para no esperar que las iniciativas de mejoramiento de la legislación generen ovaciones ni apoteosis públicas. Contentémonos, más bien, con algo más sencillo pero más valioso: sepamos que nuestro trabajo y el esfuerzo mancomunado de todos, sin excepciones, constituirá un aporte real para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas.
Por esas razones, señor Presidente, apoyo entusiastamente con mi voto el proyecto.

El señor NÚÑEZ (Presidente accidental).- ¿Algún otro señor Senador quisiera fundamentar su pronunciamiento? Porque, dada la trascendencia de esta iniciativa, a la Mesa le parece absolutamente pertinente que lo hagan ahora quienes lo deseen, para posteriormente...

El señor PIZARRO.- Por mi parte, señor Presidente, quiero señalar que votaré a favor, lo que me interesa consignar en este momento.

El señor NÚÑEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, tengo la impresión de que en el extenso debate en la Sala ha sido dicho prácticamente todo respecto de los contenidos de la normativa que hoy se aprobará. Sólo deseo señalar que, a mi juicio, es un muy buen día para la democracia chilena el que permite ir completando el amplio y ambicioso programa de cambio del sistema judicial que lleva a cabo el Gobierno del Presidente Frei, con el apoyo, finalmente, de la comunidad académica, el Poder Judicial y el Congreso.
Se ha afirmado aquí que la que nos ocupa es una modificación pendiente -un "pendiente" largo, de más de cien años-, y poder avanzar un paso más al respecto, en el plano de los que se han dado y de los que quedan por dar, sin duda reviste un carácter histórico. Y no incurro en retórica.
Me sumo a la unanimidad de las felicitaciones a la señora Ministra de Justicia. Creo que, efectivamente, ella ha sido un factor fundamental para emprender la gran reforma que vive el sector. Ha sabido conducir el proceso con sabiduría, con amplitud, dando garantías de una amplísima participación. Su gestión honra al Gobierno y a Chile.
Cabe observar que finalmente los grandes beneficiados serán los ciudadanos, en particular los más humildes y los más postergados, para quienes la justicia ha sido siempre de índole lejana, misteriosa y, muchas veces, arbitraria. Y ello, no por responsabilidad de la judicatura. Pienso que es preciso decirlo en forma clara. Porque, felizmente, también existe la figura antigua del juez probo, del juez recto, del juez austero, del juez dedicado a su trabajo. Y, no obstante los momentos complicados que vivió la justicia durante la larga noche del autoritarismo, hay, sin duda, un valor republicano en nuestro sistema judicial, sin perjuicio de haberse enmarcado los procedimientos con un carácter discriminatorio, no garantista, inquisitivo, secreto, distante.
Por lo tanto, la oralidad de los procesos, la distinción entre las funciones de la investigación, el fallo y la acusación, y los cambios venideros -juzgo que la defensoría pública constituye un complemento fundamental de la creación del ministerio público, de manera de garantizar la defensa debida de los acusados- determinarán, sin duda, que el país se modernice y genere un sistema de justicia eficiente, transparente y accesible a todos los ciudadanos.
Considero que todos podemos felicitarnos de haber contribuido a la reforma. Y estimo que el Senado, su Comisión de Constitución, todos sus integrantes, su Presidente, han sabido dar testimonio de que, frente a grandes proyectos que afectan al Estado y a valores fundamentales, como la justicia y los derechos de los ciudadanos, esta Corporación es capaz de alcanzar los acuerdos tendientes a que efectivamente Chile cuente con lo que merece.
En ese sentido, reitero que podemos felicitarnos de prestar hoy nuestra aprobación y de que acogeremos los proyectos futuros que completen la gran reforma judicial, y, en consecuencia, doy con mucha alegría mi voto favorable.

El señor NÚÑEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Romero.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, en un ambiente tan positivo como el que vive el Senado, quisiera no vincular -porque no corresponde- el tema de política de Estado de que se trata, de gran acuerdo nacional, a ninguna situación de connotación ni política ni partidista, ni menos de evaluación o de crítica respecto de una circunstancia particular. Simplemente, deseo connotar que esta iniciativa es parte de ese gran acuerdo y de la política de Estado para reformar la justicia que emprendieron distintos sectores, a partir del año pasado, en el Congreso Nacional.
Algunos días atrás culminó con extraordinario acierto -y lo expreso porque me parece importante recordarlo cuando se hace referencia a un cambio tan importante del procedimiento penal- un nuevo sistema y enfoque de respaldo institucional a la integración de la Corte Suprema. Con la designación del último ministro, definimos un proceso sumamente positivo y constructivo, que sin duda permitirá al Máximo Tribunal, de carácter supremo, contar con la autoridad y el apoyo suficientes para ser la cabeza de lo que resulta propio que realice siempre, que son las grandes reformas en su interior y las grandes modernizaciones. En nuestro caso, tenemos que concederle las herramientas necesarias, por no proceder que seamos interventores de un Poder independiente, como el Judicial.
Los recursos, los medios, las circunstancias que durante cien años han rodeado el sistema procesal penal chileno, responden a una definición política de fines del siglo pasado que, naturalmente, constituye una consecuencia de la determinación de la voluntad que se quiso aplicar en cierto momento. Los cambios hoy planteados a través de la iniciativa en análisis necesariamente tienen que ser mirados en el contexto de un ciclo que se cierra y una etapa que se abre.
Y, en ese aspecto, no me cabe la menor duda de que apuntamos exacta y correctamente hacia lo que se debe entender que implica el futuro en el siglo XXI, que es dar a las personas una mejor calidad de vida, en lo que resulta indiscutible que se incluye el acceso a la justicia, igualitario y para todos. Porque este último es un elemento esencial y preponderante para poder comprender que la calidad de vida no dice relación simplemente a factores de carácter material, sino también espiritual, plano en que se sitúa la justicia.
Y de allí, sinceramente, considero que hoy nos encontramos participando en un hecho que, más que trascendente, diría que es histórico, porque estamos dando vuelta una página en la que se cumplieron determinados objetivos. Bien, regular o mal, pero se cumplieron.
Lo que nos corresponde en los aspectos concretos y materiales de la iniciativa en el debate particular es tener un gran cuidado al hacer nuestro aporte, el que se ha de sumar al esfuerzo de la señora Ministra de Justicia, a quien, con verdadero acierto, se le han expresado felicitaciones, a las cuales me sumo.
Por eso, también debemos tener la responsabilidad necesaria de hacer aportes constructivos -lo que con nuestra experiencia podemos realizar-, para dar un contenido real y constructivo a una iniciativa de esta naturaleza.
Por eso, señor Presidente, adhiero a esta unanimidad de gran acuerdo nacional y de política de Estado que hoy estamos construyendo.
Voto que sí.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, ya hice uso de la palabra al iniciarse este debate, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; pero quiero aprovechar la oportunidad de fundamentar mi voto para manifestar, ya a título personal, mi conformidad con la iniciativa y mi intención de votar favorablemente la idea de legislar.
El proyecto del Ejecutivo, en orden a modificar el actual sistema de procedimiento penal, reemplazando para ello el Código de Procedimiento Penal por uno nuevo, es un desafío que nadie puede eludir.
El sistema vigente para la justicia criminal, en realidad no puede ser peor, por muchos motivos que conocemos. Es sabido lo difícil que es procesar a los delincuentes; que los procedimientos actuales son lentos y engorrosos; que en muy pocas ocasiones se logra condenar al responsable, y que, aún en esas circunstancias, las posibilidades de que quienes sean condenados cumplan el castigo, también resultan muy escasas.
Todo esto ha ido generando una situación de debilitamiento de la justicia en Chile, con la consiguiente sensación ciudadana de intranquilidad, de inseguridad, de insatisfacción de los deberes que el Estado tiene para con la convivencia ciudadana.
Por ello, estimo necesario introducir un cambio global en la justicia criminal.
Por cierto, el nuevo Código de Procedimiento Penal no es lo único que cambia, como lo hemos manifestado en otras oportunidades y como se ha dicho aquí reiteradamente. Existe una modificación constitucional y hay otras normas que van a complementar a ésta. Todo ello, generará un conjunto de normas que reemplazará el sistema.
Ciertamente había otros caminos por seguir para resolver estas inquietudes. Uno así lo piensa, al menos teóricamente. Y probablemente, desde el punto de vista de la tradición del país, habría sido más cómodo y fácil mejorar lo que actualmente existe, es decir, ampliar el número de tribunales y adecuar las disposiciones procedimentales para que se hubiera facilitado un poco más la tarea. Sin embargo, no se requiere solamente más tribunales o, incluso, procedimientos más eficaces, sino que una nueva actitud hacia la justicia criminal. Se necesita una nueva cultura en este ámbito.
En ese sentido, el proyecto, que varía radicalmente lo que se ha venido haciendo, con todas las dificultades que tiene, es lo que va a permitir el cambio.
Se aprecia una urgente necesidad de producir un quiebre en la forma en que actualmente se administra la justicia del crimen, lo cual sólo se logrará con una innovación radical y categórica en la forma como ello se practica. Hay que cambiar los ritos; hay que cambiar la actuación de los organismos policiales y de los funcionarios que hoy llevan los procesos en los juzgados; hay que revisar seriamente la naturaleza indagatoria de la persecución empleada en los procedimientos penales; hay que verificar la situación del imputado y de sus derechos y deberes, en la condición de tal, y hay que revisar la función jurisdiccional en general.
En fin, hay que provocar un remezón de alto grado para mejorar la justicia del crimen, aumentar el costo de delinquir, crear una nueva mentalidad para actuar con eficacia en la protección de los derechos de las personas y, en especial, de las víctimas. Hay que trabajar para crear un ambiente de seguridad, en el cual los chilenos no sientan temor al llegar a sus casas en la tarde, ni amenazas por llevar una vida normal, como lamentablemente se demuestra con el incremento de los delitos, particularmente los violentos. Por consiguiente, es necesario dar un gran paso.
La iniciativa del Ejecutivo fue apoyada por instituciones que trabajaron muy lealmente, como la Fundación Paz Ciudadana y la Corporación de Promoción Universitaria, y por cierto, por todo el mundo jurídico que al comienzo probablemente reaccionó con temor e inquietud, pero que con posterioridad se fue sumando a hacerla posible. Esperamos sacar adelante el proyecto a la brevedad, pero con la cautela que requiere elaborar bien un nuevo Código de Procedimiento Penal, llamado ahora Código Procesal Penal.
Por esas consideraciones, voto que sí.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, deseo señalar brevemente que esta iniciativa es tal vez una de las más importantes que se han tratado en el Congreso.
No voy a repetir los argumentos dados ni las felicitaciones al Gobierno y a la señora Ministra de Justicia, quien ha actuado de manera muy brillante. Solamente quiero señalar que como este proyecto forma parte de todo el proceso de modernización de la justicia, tal vez el buen ánimo observado en su discusión y aprobación -que me imagino será unánime- también pudiera significar que el Senado se comprometa -como ha sido planteado por la señora Ministra- a que la Comisión de Constitución lo despache en particular lo antes posible, ojalá en los próximos dos meses. Sabemos que se trata de una iniciativa compleja y que hay puntos de vista distintos, pero sería muy conveniente aprovechar esta ocasión para dejar establecido un procedimiento para despacharla, porque hay otras materias muy importantes por implementar -como el Ministerio Público- que también dependen de la oportuna aprobación de la reforma que establece un nuevo Código de Procedimiento Penal.
Ésa es la razón, entre otras, por las cuales voto favorablemente.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, evidentemente mi voto será conforme a lo señalado en la reforma constitucional para instaurar el nuevo sistema procesal penal.
En verdad, en Chile hay que hacer un esfuerzo mayor por recuperar la confianza en el procedimientos judiciales. Es claro que no hay justicia -sensación peligrosamente adentrada en el pueblo chileno-, y menos en igualdad de condiciones para todos los habitantes del país. Incluso, en los distintos procesos se ha llegado al extremo de buscar las Salas según sean los integrantes que las componen, etcétera, lo cual ha desvirtuado el sistema en forma muy peligrosa.
En este sentido, no podemos dejar pasar la oportunidad de felicitar la tarea realizada por la señora Ministra de Justicia y por todas las personas que han trabajado en esta reforma y, además, el excelente informe presentado para su estudio en la Sala. La verdad es que se nota el esfuerzo, lo que empezará a cambiar la apreciación del país respecto a la justicia.
Por ello, voto que sí.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, no me referiré a los aspectos técnicos del proyecto, primero porque han sido largamente analizados y discutidos por los especialistas, y segundo porque creo que la fundamentación de mi voto debo dirigirla más bien hacia algunos temas de política general en materia de justicia.
La justicia hoy en día es un bien escaso para gran parte de la comunidad nacional. A pesar de los principios consagrados en la Constitución y de la voluntad expresa tanto de quienes intentan hacer justicia en el país como de las propias autoridades, la verdad es que son pocos los que realmente tienen acceso a ella. La justicia es difícil, lenta y cara. Quienes poseen recursos pueden contratar buenos abogados, tener equipos jurídicos que los defiendan, y quienes carecen de medios económicos se encuentran en la indefensión.
No cabe duda de que esta reforma, que se inicia con un conjunto de enmiendas destinadas a cambiar el sistema judicial, tiende a agilizar los procesos y, al mismo tiempo, hacerlos más accesibles a la gente. Sin embargo, es bueno señalar algunas prevenciones para el futuro.
La reforma procesal deberá ser complementada con recursos tanto humanos como materiales, para que efectivamente lo dispuesto en la letra de la ley se convierta en realidad.
Estimo necesario abordar otros temas que tienen que ver muy directamente con la justicia, como el relativo a la prevención del delito. En Chile debe realizarse un esfuerzo significativo para prevenir los hechos delictuales. Nuestro sistema judicial no puede ser un ente aislado, centrado solamente en el aspecto procesal o en el punitivo, sino que debemos buscar los mecanismos que permitan reducir la comisión de delitos en el país.
Otro asunto de vital importancia es el de la rehabilitación. El sistema penitenciario chileno, que depende del Ministerio de Justicia, también requiere de modernización. Hay al menos un estamento de la sociedad, los jóvenes que delinquen por primera vez, al que deberíamos darle un tratamiento especialísimo, con el objeto de recuperarlo e incorporarlo en debida forma a la comunidad.
Por lo tanto -hago hincapié en lo planteado por el Senador Horvath-, aquí se está construyendo un espacio importante para que los chilenos tengan acceso a uno de los servicios más elementales que debe entregar el Estado: el de la justicia. A través de estos procedimientos y en la medida en que ella vaya adquiriendo mayor eficacia y los procesos sean más eficientes, la confianza de la comunidad en los tribunales y en los jueces irá aumentando paulatinamente. Eso es vital, porque cuando la gente no tiene confianza en la justicia, empieza a buscar caminos al margen de ella y generalmente son respuestas violentas, que están fuera del ámbito de lo que deben ser las relaciones entre los miembros de una sociedad.
Quiero sumarme a las felicitaciones expresadas aquí, especialmente a la señora Ministra, por el esfuerzo que se está haciendo. Es indispensable continuarlo, dado que recién empieza, para llevarlo a buen término.
Con mucho agrado me pronunciaré a favor de la iniciativa, que es una de las más importantes que han llegado al Congreso.
Voto que sí.

El señor LAGOS (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor NÚÑEZ (Presidente accidental).- Terminada la votación.

El señor LAGOS (Secretario).- Resultado de la votación: por la afirmativa, 41 votos.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Bitar, Boeninger, Bombal, Canessa, Cariola, Cordero, Chadwick, Díez, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lagos, Larraín, Martínez, Matta, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pérez, Pizarro, Prat, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Stange, Urenda, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.

El señor NÚÑEZ (Presidente accidental).- Aprobado en general el proyecto.
Recuerdo a los señores Senadores que el plazo para formular indicaciones vence el viernes 2 de octubre, a las 12.


La señora ALVEAR (Ministra de Justicia).- ¿Me permite?

El señor NÚÑEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la señora Ministra.

La señora ALVEAR (Ministra de Justicia).- Señor Presidente, señoras Senadoras y señores Senadores:
Esta tarde quiero agradecer muy sinceramente. Agradecer, en primer lugar -permítaseme hacerlo-, a todas las personas que han colaborado para que pudiera lograrse la votación alcanzada ahora en el Senado.
El proyecto es fruto de un trabajo acucioso, realizado durante un tiempo prolongado por mucha gente: académicos de diferentes universidades del país, magistrados, Ministros de Cortes de Apelaciones, Ministros de la Corte Suprema, personeros del Colegio de Abogados, miembros del foro, procesalistas, penalistas. Especial reconocimiento merecen la Corporación de Promoción Universitaria y la Fundación Paz Ciudadana, cuyos representantes desde el comienzo han estado colaborando con esta iniciativa legal y con quienes, durante un año antes de ingresarla al Congreso Nacional, fuimos trabajando semanalmente a fin de ir consensuando diagnósticos y propuestas que luego se tradujeron en este nuevo Código Procesal Penal que hemos sometido a consideración del Parlamento.
Cabe recordar que a dos semanas de haber asumido como Ministra de Justicia, el entonces Presidente de la Corte Suprema y hoy Senador, señor Marcos Aburto, me invitó a un encuentro de Presidentes de Cortes de Apelaciones de la zona sur del país, efectuado en Concepción. En esa oportunidad anunciamos a los magistrados que el Gobierno iba a emprender una reforma sustantiva al sistema de enjuiciamiento criminal chileno; que pretendíamos hacerlo con los jueces, no sin ellos, ni contra ellos, y que desplegaríamos los esfuerzos necesarios para que se sumaran a dicha tarea. Debo explicitar que ese esfuerzo se ha traducido en la presente reforma, con la contribución no sólo del Poder Judicial, sino también del conjunto de actores que mencioné con antelación.
Agradezco también, en forma muy particular, la cooperación entusiasta -quiero destacarla porque así ha sido-, no sólo en cantidad de horas sino también en contenido, recibida tanto en la Cámara de Diputados, donde se aprobó unánimemente el nuevo Código Procesal Penal, como en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
Se han destinado muchas jornadas de trabajo al estudio de la materia. Hemos estado alertas, hemos escuchado distintas posiciones y hemos enriquecido el proyecto, que, como muy bien decía ayer al iniciar la presentación del mismo, ya pertenece a todos, pertenece al país.
Agradezco la participación de todos y cada uno de los señores Senadores.
Deseo comentar que, en algunas regiones del país donde ya se está preparando lo que será el futuro sistema, existe un verdadero entusiasmo. Probablemente Sus Señorías serán partícipes de esa emoción, la cual se ve no sólo en la comunidad jurídica, sino también en nuestros magistrados, quienes, con gran visión, empiezan a prepararse para asumir el significado de este desafío de carácter cultural.
Termino señalando que el entonces Presidente de la Corte Suprema, en la ocasión referida y días después, me decía que esta iniciativa constituiría una verdadera revolución. Efectivamente, es un cambio cultural asumido con gran responsabilidad. Mucho más que un esfuerzo normativo, es una tarea prelegislativa, legislativa, de organización, que implicó un análisis de la nueva formación en nuestras universidades; el desafío de lo que está llevando adelante la Academia Judicial; el trabajo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y el esfuerzo de tantos actores que contribuyeron, con gran energía, al logro de un bien superior alcanzado en nuestro país en estos momentos con gran consenso.
Esta tarde el Senado ha dado una gran señal al país: que la justicia, que muchas veces parece un bien tan intangible, es un bien que el día de hoy merece la atención que aquí se le ha dado. También es una señal concreta de que, cuando nos proponemos una misión, somos capaces de sacarla adelante.
A todos los señores Senadores, de verdad, mi gratitud enorme por el esfuerzo realizado.

El señor NÚÑEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Martínez Busch.
El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, sólo deseo recordar a la señora Ministra una petición que le formulé. Seguramente no podrá atenderla ahora, pero le rogaría que la tuviera en cuenta. Me refiero a la conveniencia de imponerse sobre el éxito o los problemas que ha tenido, en los países de Iberoamérica donde se lo ha implantado, el sistema procesal que estamos aprobando. Espero que pueda obtener esa información.
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El señor NÚÑEZ (Presidente accidental).- Solicito el asentimiento de la Sala para que pase a dirigir la sesión el Honorable señor Pizarro.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Pizarro en calidad de Presidente accidental.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LAGOS (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CARIOLA:
Al señor Director General de Aeronáutica Civil, sobre SISTEMA DE RADIOAYUDA A LA NAVEGACIÓN "VOR" EN AERÓDROMO "CARLOS HOTT SIEBERT" (DÉCIMA REGIÓN).
Del señor HAMILTON:
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, respecto de PATROCINIO DEL EJECUTIVO A PROYECTO SOBRE RECONOCIMIENTO, PARA JUBILACIÓN, DE TIEMPO DE SERVICIO MILITAR.
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro del Interior, referente a REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIUDAD DE PUERTO AISÉN; al señor Ministro de Defensa, respecto a CONSTRUCCIÓN POR DIGEDER DE CANCHA DE TENIS TECHADA EN COMUNA DE PUERTO AISÉN y de REPOSICIÓN DE RETÉN DE CARABINEROS EN PUERTO AGUIRRE; al señor Ministro de Hacienda, acerca de VIGENCIA DEL DECRETO LEY Nº 825, DE 1974; a los señores Ministro de Vivienda y Urbanismo, Ministra de Bienes Nacionales y Director Ejecutivo del Programa Chile-Barrio, sobre IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA CHILE-BARRIO EN UNDÉCIMA REGIÓN; al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, acerca de CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO HABITACIONAL LITORAL AUSTRAL y de LICITACIÓN DEL SEXTO LLAMADO AL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA, AMBOS EN COMUNA DE AISÉN; al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, en relación a LLAMADO A CONCURSO PARA PLANTA DE REVISIÓN TÉCNICA CLASE "A" EN COMUNA DE PUERTO AISÉN y a NECESIDAD DE TELEFONÍA DOMICILIARIA EN LOCALIDAD DE VILLA MAÑIHUALES DE DICHA COMUNA; al señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, sobre EXTENSIÓN HORARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ISLAS HUICHAS; al señor Director de DIGEDER, acerca de DRENAJE EN CANCHA PRINCIPAL DE ESTADIO DE PUERTO AISÉN, y al señor Director Ejecutivo del Programa-Chile Barrio, referente a INCLUSIÓN EN PROGRAMA CHILE-BARRIO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS BÁSICOS EN LOCALIDADES DE ISLA TOTO Y PUERTO GAVIOTA, COMUNA DE PUERTO CISNES (TODOS DE UNDÉCIMA REGIÓN).
Del señor LAGOS:
A los señores Ministros del Interior y de Salud, en relación a RECURSOS PARA ATENCIÓN DE SALUD EN COMUNA DE HUARA, y al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, respecto de REVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE POBLACIONES MATILLA I Y II (AMBOS DE PRIMERA REGIÓN).
Del señor LARRAÍN:
A la señora Ministra de Justicia, en cuanto a CREACIÓN DE TRIBUNALES EN SÉPTIMA REGIÓN.
Del señor STANGE:
Al señor Ministro de Obras Públicas, sobre OPERABILIDAD DE MUELLE PETROHUÉ (DÉCIMA REGIÓN).
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El señor PIZARRO (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Institucionales 2, tiene la palabra el Senador señor Parra para rendir homenaje a la ex Parlamentaria señora Inés Enríquez Frödden.


HOMENAJE EN MEMORIA DE EX DIPUTADA
SEÑORA INÉS ENRÍQUEZ FRÖDDEN. OFICIO

El señor PARRA.- Señor Presidente, rompo la ritualidad del tradicional anuncio previo en homenajes de este tipo. Rompo también la ritualidad de traer aquí un texto escrito que dé constancia de mis sentimientos al rendir un homenaje a la ex Parlamentaria señora Inés Enríquez Frödden.
Lo hago, señor Presidente, obedeciendo a los impulsos de mis sentimientos. Lo hago, también, porque sé que la Honorable Cámara de Diputados, de la que la señora Enríquez formó parte, le rendirá oficialmente homenaje en fecha próxima.
Siento la necesidad de referirme en esta hora a doña Inés Enríquez, cuya vida se apagó silenciosamente a los 84 años de edad el sábado último, porque sin lugar a dudas ella fue una de las chilenas más ilustres del siglo que termina.
La señora Inés Enríquez nació en Concepción el año 1913 en el seno de una familia ilustre que aportó al país personas de enorme talento y de generosa vocación de servicio. Su hermano mayor, Humberto Enríquez Frödden, fue miembro del Senado, y su labor prestigió a la Corporación. Tuve el privilegio de ser su discípulo y de iniciarme en la actividad política bajo su inspiración: la del ejemplo de un hombre lleno de talento, de bondad y de una estatura moral poco común. Fue esa inspiración, seguramente, la que también en su juventud contagió a la señora Inés y la llevó a comprometerse tempranamente en actividades de servicio.
Cursó sus estudios de Derecho en la Universidad de Concepción, en años en que pocas mujeres incursionaban en estudios de educación superior. Recibió su título de abogado y desarrolló con éxito y brillo su trabajo profesional. Tomó iniciativas llenas de generosidad para abrir espacio a otras mujeres que pudieran, como ella, seguir también estudios universitarios, fundando, por ejemplo, la Asociación de Mujeres Universitarias, institución benéfica que contribuyó muy positivamente a asistir en sus estudios a jóvenes mujeres talentosas y deseosas de formarse para servir.
Asumió, junto a otras mujeres de su generación, la lucha por la dignificación de la mujer chilena. Encabezó, por eso, la demanda de derechos políticos. Y cuando por fin el año 1949 se confirió a la mujer chilena la ciudadanía, fue inmediatamente designada por el entonces Presidente de la República, Gabriel González Videla, como Intendente de la provincia de Concepción. Ella fue la primera mujer que accedió a un cargo político de esa envergadura. Sólo un año más tarde, en una elección extraordinaria, fue elegida Diputada, transformándose también en la primera mujer chilena en ocupar un sillón en la Cámara Baja de nuestro país.
En dos períodos posteriores, se desempeñó como Diputada por Valdivia, y su paso por el Congreso Nacional estuvo marcado no sólo por su activa participación en debates parlamentarios y en el trabajo legislativo, sino por la defensa de iniciativas que marcaron los derechos laborales de la mujer chilena.
Inés Enríquez, con su vida, con su compromiso social, con su afán de superación, con su compromiso de género, hizo camino y, por eso, es acreedora en esta hora al homenaje sincero de todo el pueblo de Chile.
Señor Presidente, pido que, en mi nombre y -si la Sala así lo estima- en el del Senado, se transmita a sus familiares nuestros sentimientos de pesar, reconocimiento y gratitud.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Díez.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, quiero adherir en forma muy sentida al homenaje que se rinde a nuestra amiga y compañera de Cámara Inés Enríquez.
Tuve el honor de compartir con ella un período en la Cámara de Diputados y de conocer su preparación y acuciosidad. Fue, como se ha señalado aquí, precursora de la lucha por los derechos de la mujer. Asimismo, uno no puede dejar de recordar su señorío y encanto, además de su inteligencia.
Fue una Diputada querida y respetada por todos. En ese mismo período, fue Diputado su hermano Humberto, de quien tengo la misma impresión hecha presente por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra. Era una familia dedicada al servicio público. Dieron ejemplo de ello en repetidas oportunidades, demostrando su hidalguía en la forma, en el trato, con que llevaron a cabo su vida política.
A mi juicio, hace bien el Senado en recordar a la primera mujer que fue Parlamentaria, porque supo, junto con ejercer con brillo todos sus deberes políticos, mantener su condición de femineidad y hacer del trabajo parlamentario una arista más de su personalidad que todos admiramos.
En ese entonces, don Jorge Alessandri era Presidente de la República, y el Partido Radical, al cual ambos pertenecían, en un momento dado conformó la plataforma política del Primer Mandatario. Ahí tuvimos más oportunidad de trabajar juntos en una serie de proyectos constructivos, que dieron como resultado el cambio del sistema monetario, la modificación de la Ley de Presupuestos, el nacimiento del Plan Habitacional y una serie de materias, en las que no puedo olvidar la participación creadora de Inés y Humberto Enríquez.
Por eso, sumo mi voz esta tarde al homenaje que se rinde en su recuerdo.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, no tuve el honor de conocer a la señora Inés Enríquez; pero, obviamente, el hecho de que haya sido la primera mujer en ejercer el cargo de Diputada, y, sobre todo, teniendo presente su trayectoria -de la cual se ha hablado aquí-, merece con amplitud la adhesión, tanto mía como de mi bancada, al digno homenaje que hoy se rinde en su memoria.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, quiero adherir al homenaje que se rinde en memoria de la ex Diputada Inés Enríquez Frödden, no sólo por haber sido su colega, amigo y pariente, sino también porque pude compartir su gran calidad humana e interés por la cosa pública, en circunstancias de que en esa época pocas mujeres se interesaban en actividades de esa naturaleza. La cosa pública fue durante un tiempo señero su portaestandarte.
Con ella y su hermano Humberto Enríquez -ambos en su calidad de Diputados-, impulsamos el bloque de saneamiento democrático, que terminó, entre otras cosas, con el cohecho generalizado que algunos partidos políticos realizaban en el país.
Fue la cédula única la que concluyó con ese tipo de procedimientos, y se pudo dar paso a una nueva era más democrática, responsable y participativa.
Con afecto, quiero recordar su nombre, su labor y su paso por el Parlamento chileno.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, deseo adherir, en mi nombre y en el de los Senadores de Renovación Nacional e Independiente, a las palabras que hoy se expresan en este Hemiciclo. Participamos plenamente de los contenidos de las expresiones formuladas en memoria de la señora Inés Enríquez.
Tuve también la oportunidad de conocerla, y puedo dar fe que lo que hoy se está tributando emocionadamente en su homenaje es parte de nuestro sentimiento.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, señores Senadores, en nombre del Comité Institucionales 1, deseo adherir al duelo y reconocimiento que se tributa a la señora Inés Enríquez Frödden, en su calidad de ex Parlamentaria y como una de las primeras damas que acceden al Congreso.
Quiero hacer llegar a su familia, a través de estas palabras, nuestros sentimientos por su fallecimiento.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, quiero sumarme, en mi nombre y el de los Senadores del Partido Socialista, al homenaje que se rinde en memoria de Inés Enríquez.
Fue una gran mujer, una gran dirigente política, una gran radical, una gran figura del pensamiento humanista y laico, que libró muchas batallas por las libertades en nuestro país, por lo que merece el reconocimiento nacional y el nuestro.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Solicito el acuerdo de la Sala para hacer llegar las condolencias del Senado a la familia de la señora Inés Enríquez, como, asimismo, para remitirle copia del texto del homenaje que se acaba de rendir.
Acordado.
En el tiempo del Comité Institucionales 1, tiene la palabra el Honorable señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, como nadie del Comité Institucionales 1 intervendrá, cedemos nuestro tiempo al Senador señor Bombal.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- ¿Su Señoría va a intervenir en el turno del Comité Institucionales 1 o en el correspondiente a la UDI?

El señor BOMBAL.- En el del Comité Institucionales 1, porque nuestro tiempo lo emplearán los Senadores señora Matthei y señor Stange.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.


INCORPORACIÓN DE ASENTAMIENTOS PARCELA NASUR Y ROCA VIVA A PROGRAMA CHILE BARRIO. OFICIOS

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, en la comuna de Peñalolén existen dos asentamientos, que se hallan en muy precarias condiciones, conocidos como Parcela Nasur y Roca Viva.
En el primero de ellos viven 114 familias en 75 viviendas muy pobres, que totalizan 513 habitantes, y en el segundo asentamiento viven 22 familias, en igual número de viviendas, las que suman 99 personas, en similares condiciones de precariedad.
Este último asentamiento corresponde a un terreno particular, que comenzó a ser habitado a partir de 1984 por familias arrendatarias. A través del tiempo se ha producido una rotación de familias, algunas de las cuales fueron beneficiadas con el subsidio habitacional. En la actualidad, las 22 familias cuentan con servicio de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado; pero en condiciones muy precarias en cuanto a sus viviendas y al dominio de la propiedad.
Por su parte, el asentamiento Parcela Nasur corresponde a un sitio particular, que desde 1987 comenzó a ser habitado por familias autorizadas por el propietario para realizar labores de cuidadores. A partir de ese año comienza su poblamiento con familias allegadas provenientes, fundamentalmente, de la comuna de Peñalolén, algunas con autorización y otras sin ella.
A lo largo de los años, esas personas se han ido organizando, tanto en comités como en forma individual, para obtener su vivienda. Es así como han logrado soluciones provocando una rotación e incremento de la cantidad de familias ocupantes: a medida que se da solución, van llegando otras.
El Alcalde de la comuna, don Carlos Alarcón, preocupado por esas circunstancias, ha ido atendiendo las necesidades junto con el concejo municipal, para buscar una solución al problema.
En el caso de Parcela Nasur, dichas familias carecen de los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado -a diferencia de las de Roca Viva-, que obtienen a través de los vecinos colindantes y de la colaboración del municipio de Peñalolén.
La citada municipalidad se encuentra postulando esos dos asentamientos al Programa Chile Barrio de la Región Metropolitana.
Allí está, señor Presidente, la razón por la cual he expuesto la referida situación ante el Senado.
En consecuencia, atendida la urgente necesidad social que afecta a esas 136 familias del sector oriente de la Capital, comuna de Peñalolén, pido que se oficie al señor Intendente de la Región Metropolitana para requerirle, por un lado, que acoja la solicitud presentada por el señor Alcalde de Peñalolén y su concejo, a fin de que esos dos asentamientos sean incorporados al Programa Chile Barrio; y por otro, que informe al Senado sobre lo que resuelva.
Con el mismo encargo, pido oficiar al Director Ejecutivo del Programa Chile Barrio, don Felipe Sandoval, para sugerirle que preste la mayor atención posible al asunto expuesto.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.



MAYOR VIGILANCIA POLICIAL EN COMUNA DE EL BOSQUE. OFICIOS

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, la directiva de la Junta de Vecinos Aviación, de la Unidad Vecinal Nº 19 de la comuna de El Bosque, integrada por don Juvenal León Carrasco y las señoras Ana María Morales y María Mendoza, me envió una nota donde me hace saber que de un tiempo a esta parte la referida comuna, situada en la parte sur de la Región Metropolitana, se ha convertido en un nido de delincuentes y de narcotraficantes , debido -según afirma- a la escasa vigilancia policial existente.
Los vecinos sostienen que, cuando hay eventos deportivos importantes en Santiago, su sector queda totalmente descuidado, debido a que -como es sabido- la fuerza policial tiene que recurrir al personal de las diferentes comisarías de la Región Metropolitana para atender los servicios respectivos. Así, la comuna de El Bosque -según advierten- queda con sólo cuatro carabineros: dos en la Subcomisaría Lo Lillo y dos en la de Santa Laura.
Esa situación ha sido representada al Alcalde, a los concejales y al Prefecto de la Zona Sur de Carabineros de Chile, así como al Comisario de la Vigesimocuarta Comisaría de Investigaciones, institución esta última que cuenta con tan sólo 20 funcionarios para atender tres comunas que suman más de 600 mil habitantes.
Atendida la gravedad de los planteamientos de los vecinos en referencia, pido oficiar al señor Ministro del Interior para darle a conocer la situación expuesta, y asimismo, a los señores General Director de Carabineros y Director de la Policía de Investigaciones -quienes no ignoran, por cierto, los hechos y están conscientes de la carencia de medios existentes-, con el encargo de que, dentro de los múltiples requerimientos de seguridad ciudadana que tienen a diario ambas Policías, presten con la mayor brevedad su máxima atención a los ruegos de esos habitantes de la comuna de El Bosque ante el problema de inseguridad que experimentan sistemáticamente.
De igual modo, pido que las mencionadas autoridades informen al Senado acerca de las medidas que se adopten al respecto, así como de las dotaciones con que ambas instituciones policiales cuentan en esa área para el debido resguardo de la población.
En tal dirección también, solicito que se nos informe sobre las medidas que se están tomando en cuanto a incrementar la dotación policial en ese sector, que, como se ha demostrado, queda muy desatendido, por el muy poco personal con que cuentan ambas instituciones policiales.
Agradeceré a la Mesa disponer que se envíe copia de esta intervención y de los oficios pertinentes al señor Alcalde de la comuna de El Bosque y a los dirigentes que mencioné.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.


El señor PIZARRO (Presidente accidental).- El siguiente turno corresponde al Comité Institucionales 1.

El señor MARTÍNEZ.- No haremos uso de nuestro tiempo, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- El Comité Socialista no intervendrá.
Por lo tanto, ofrezco la palabra al Comité Institucionales 2.

El señor PARRA.- No haremos uso de ella, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- El Comité Mixto tampoco intervendrá.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Matta.


HOMENAJE EN MEMORIA DE PRESBÍTERO Y VICARIO
JOSÉ DOMINGO HERRERA. COMUNICACIÓN

El señor MATTA.- Señor Presidente:
El pasado viernes 14 de agosto falleció en la ciudad de Cauquenes el Presbítero y Vicario, Párroco de la Iglesia San Pedro, don José Domingo Herrera Henríquez.
Al momento de su deceso tenía 88 años.
Hizo los primeros estudios en su pueblo natal, Pemuco (Ñuble); se incorporó al Seminario de Chillán en 1921, para ser ordenado sacerdote, en la antigua Catedral de esta ciudad, el 26 de mayo de 1934.
Fue nombrado Teniente Cura de San Carlos, al mismo tiempo que hacía clases de matemáticas y de física en el Seminario del Sagrado Corazón de Chillán, hasta 1942, año en que el señor Obispo de esa ciudad, don Jorge Larraín Cotapos, lo nombró Párroco de Cauquenes. Era la época en que esta ciudad recién comenzaba a levantarse de la destrucción ocasionada por el terremoto del 24 de enero de 1939, que provocó graves pérdidas humanas y materiales.
El padre Domingo Herrera Henríquez ha sido el párroco más antiguo y, a la vez, el que ha estado mayor tiempo en Cauquenes, habiéndose identificado con sus habitantes al punto que se halla incorporado eternamente a la historia de esa activa comunidad.
Los habitantes de Cauquenes -no sólo los católicos- son testigos del incansable apostolado de Don Domingo, quien bautizó, dio la Primera Comunión, bendijo en sus matrimonios, atendió en sus enfermedades o brindó consuelo en sus aflicciones a muchos cauqueninos.
Fue un gran organizador de la Acción Católica y, por ende, un entusiasta partidario del laico comprometido con el plano temporal.
Durante sus 56 años de acción religiosa en Cauquenes, logró construir el tercer templo parroquial de esa ciudad, con los planos del arquitecto señor Mascayano, como asimismo, muchas otras capillas en diversas comunidades rurales.
Hizo también clases de religión y otras asignaturas en el Liceo de Hombres Antonio Varas y en el Liceo de Niñas Claudina Urrutia, de la otrora capital de la antigua provincia de Maule.
Durante el pasado Gobierno militar, el Párroco Domingo Herrera Henríquez fue tenaz defensor de los derechos de las personas, visitó a los encarcelados de Cauquenes y consoló a muchas familias que eran víctimas de la represión y la injusticia.
Durante sus últimos años de vida, enfermo, supo dar un testimonio de fe cristiana guiando con su palabra sabia y cariñosa a muchos de quienes concurríamos a visitarlo.
Señor Presidente, ruego que, en mi nombre y en el de los Senadores del Comité Demócrata Cristiano, se oficie al señor Obispo de la Diócesis de Linares, don Carlos Camus Larenas, expresándole nuestras condolencias por tan sensible fallecimiento y rogándole que las transmita a la Iglesia de Cauquenes, que ha perdido a un gran Pastor.
He dicho.
--Se anuncia el envío de la comunicación pertinente, en nombre de Su Señoría y del Comité Demócrata Cristiano, en conformidad al Reglamento.


El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Corresponde el turno al Comité UDI e Independientes.

El señor STANGE.- Solicito al Comité Demócrata Cristiano que me ceda el resto de su tiempo.

El señor MATTA.- Con todo gusto, señor Senador.

El señor STANGE.- Muchas gracias, Su Señoría.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Stange.


SEGURIDAD CIUDADANA Y MAYOR DOTACIÓN Y
EQUIPAMIENTO PARA CARABINEROS. OFICIOS

El señor STANGE.- Señor Presidente, el Senador don Enrique Silva Cimma, en la hora de Incidentes de la sesión de 15 de julio último, se refirió en esta Sala a un tema preocupante: "La seguridad, un problema de finales de siglo".
En un párrafo de su intervención leemos textualmente: "Cada día, vemos con impotencia y desesperación cómo se nos instruye en cuanto a que vivimos en una Sociedad y Estado inseguros.".
En otro acápite dice: "Nos hemos globalizado, modernizado y, no obstante, cada vez vivimos más aislados; desconfiamos de nosotros mismos y preferimos comunicarnos por instrumentos que no nos van a agredir: el computador, la línea telefónica, el fax. Cada día tenemos más temor de relacionarnos con nosotros mismos; sentimos inseguridad; reclamamos seguridad; somos cada vez más vulnerables, nos dicen; debemos cuidarnos; seamos desconfiados.".
Y termina su intervención solicitando: "Combatamos esa inseguridad, la más desconocida, pero la más importante, la nuestra, la humana, como ser gregario, como destino de la historia.".
A este tema deseo referirme hoy día, pues cada vez se va agudizando más la sensación de inseguridad y no aparecen señales efectivas de buscar soluciones.
El artículo 1º de la Constitución Política de la República, en los incisos cuarto y quinto, dispone:
"El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.
"Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.".
O sea, es deber del Estado velar por la seguridad nacional y proteger la población y la familia.
Para cumplir esos mandatos el Estado dispone, de acuerdo al artículo 90, inciso tercero, de la Constitución Política de la República, de la fuerza pública, constituida solamente por Carabineros e Investigaciones de Chile.
Para cumplir el mandado del Estado, la Ley Orgánica de Carabineros de Chile, en su artículo 1º, estipula que "su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República"...
De ello podemos concluir:

1.- Es deber del Estado velar por la seguridad interior de la nación, disponiendo para ello, esencialmente, de la fuerza pública.

2.- La fuerza pública está integrada solamente por Carabineros e Investigaciones.
Y, como corolario, cabe hacer resaltar que la fuerza pública, para el debido cumplimiento de su obligación, necesita disponer de los recursos que constitucionalmente le debe proporcionar el Estado.
Al retomar el tema de la seguridad, es necesario buscar antecedentes que permitan definir las razones posibles de la sensación ciudadana, porque nuestra democracia, concebida como "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", no puede atentar contra su propia estabilidad y existencia.
Analizando las estadísticas poblacionales, tenemos que entre 1990 y 1997 la población de Santiago aumentó en 14 por ciento, alcanzando a más de 5 millones 800 mil personas. El número de hogares en igual período creció en 26 por ciento; el de vehículos particulares, en 97 por ciento, y el de taxis se elevó a 151 por ciento. La superficie edificada en la Capital aumentó en igual período, de 2 millones 183 mil metros cuadrados, a 6 millones 569 mil 800 metros cuadrados.
Pero no sólo es Santiago el que ha crecido. Varias ciudades o sectores regionales en el país han experimentado aumento en población y en diversas actividades, y también reclaman mayor vigilancia policial.
Frente a este aumento vegetativo, cabe preguntarse cuál es el crecimiento de la Policía.
Volviendo a igual período, 1990-1997, Carabineros ha visto incrementada su dotación en sólo 5 mil 419 funcionarios, contando actualmente, para todo el país, con 35 mil 750 plazas.
Pero esa dotación es sólo numérica, pues actualmente hay 2 mil vacantes que no se han completado por falta de presupuesto fiscal, y además, por disminución del interés de la juventud en postular, debido a los bajos sueldos.
Comparativamente, el gran Buenos Aires, con 17,5 millones de habitantes, tiene 69 mil policías uniformados.
Recopilando antecedentes acerca de Carabineros, hay hechos dignos de destacar. Por ejemplo, cuál es el significado o, más bien, cuáles son las razones por las que anualmente, desde 1986 a la fecha, más de cien policías uniformados, provenientes de distintos países del mundo, han sido comisionados por sus gobiernos para estudiar y perfeccionarse profesionalmente en las Escuelas y Academias de Carabineros.
¿Qué significado tiene que actualmente Colombia haya enviado una delegación de su Policía uniformada para ser adiestrada por Carabineros en labores de ordenamiento y fiscalización del tránsito vehicular? Debo aclarar que Colombia y sus autoridades han decidido sacar del ámbito municipal o comunal estas labores, traspasándolas a la Policía uniformada, como tantos otros países, para lograr mayor coordinación y respeto en esta cada vez más grande y compleja problemática social.
Ustedes, Honorables Senadores, deben recordar que tiempo atrás, cuando se comparaban estadísticamente hechos delictuales con otros países, era común escuchar a nuestros compatriotas decir con orgullo: "No. En Chile no existen estos problemas, porque tenemos a los Carabineros".
Y algo más: ¿Qué significado reviste para Sus Señorías que, en las encuestas de opinión pública realizadas en los años 1993, 1994 y 1995, Carabineros de Chile haya sido la institución del Estado mejor evaluada?
El problema de la seguridad no se puede atribuir, entonces, lisa y llanamente a ineficacia de la Policía, sino que debemos reconocer alguna vez la insuficiencia de su presupuesto.
Y, ante ese desequilibrio numérico, no es el Estado el que ha reaccionado, sino que son voces aisladas que quizás con muy buena voluntad hacen, con gran estridencia publicitaria pero con alarmante desconocimiento, proposiciones teóricas que en nada ayudan a resolver el problema.
Así, algunos hablan de aplicar el Plan de Nueva York. Y aquí es necesario, señores Senadores, especificar en qué consiste el éxito de la gestión alcaldicia respectiva:

1.- Aumento de la fuerza policial (que es una sola, uniformada) de 25 mil a 45 mil funcionarios, para una población de 7 millones y medio de habitantes;

2.- Incremento del presupuesto de Seguridad en 10 por ciento;

3.- Crecimiento considerable de la tecnología, mediante el sistema computacional, para detectar áreas de inseguridad y reforzar de inmediato la dotación del sector;

4.- Aumento de las penas asignadas a los delitos;

5.- Tratamiento especial hacia los jóvenes, evitando su vagancia en horas de colegio, y de acuerdo con los tribunales, en caso de delinquir, tratarlos como adultos, imponiéndoles penas y castigos estrictos;

6.- Reajuste de sueldos a los funcionarios mediante bonos anuales, según mérito y rendimiento;

7.- Construcción de tres nuevas cárceles. En los últimos diez años, el Estado de Nueva York abrió 18 prisiones más y la población de reos casi se duplicó.
Ése es, en resumen, el "Plan Tolerancia Cero", que algunos desean implantar en nuestro país, pero sin considerar aumentos ni en dotación, ni en sueldos, ni en penas, ni en cárceles.
Cabe esta pregunta, Honorables colegas: ¿Será posible aplicarlo en Chile en tales condiciones?
Otros interesados en opinar proponen traspasar la Fuerza Pública desde el ámbito del Ministerio de Defensa hacia el del Interior.
Ante eso, pregunto (y cada cual formule su respuesta): ¿Será factible siquiera creer que con un simple cambio administrativo -pues de ello se trata- puede solucionarse el grave problema del incremento de la violencia delictual? Ese cambio de dependencia, ¿resolverá milagrosamente la falta de incentivo en la juventud para ingresar a Carabineros? ¿Solucionará la falta de recursos presupuestarios para modernizar la función policial? ¿Amedrentará ese cambio administrativo a los delincuentes? ¿O es de urgente necesidad corregir la legislación?
Tampoco constituye solución la intención de algunas municipalidades de tener sus propios cuerpos policiales, con armas o sin ellas, iniciativa que rechazo de plano, por ser inconstitucional.
Si se pretendiera insistir en ello, quiero recordar a los Honorables Senadores que fue precisamente la profusión de cuerpos policiales existentes en 1927 (Municipales y Fiscales en las ciudades, y Carabineros del Ejército en la zona rural) lo que decidió al Presidente Ibáñez a formar una sola policía, uniformada, de carácter militar y con jurisdicción en todo el territorio nacional, terminando con la dependencia de intendentes, gobernadores y alcaldes, ya que las más de las veces se servían los intereses particulares de los mismos, con la lógica secuela de injusticias e inequidades y corrupción.
No es oportuno, entonces, tropezar con la misma piedra, retrocediendo en el acontecer histórico de nuestra patria.
Además, se habla de falta de coordinación entre Carabineros e Investigaciones, a pesar de que desde 1992 existe un decreto supremo que es instrumento suficiente para lograr esa unidad de acción.
Entonces, me pregunto: ¿Cómo se coordinará la fuerza pública actual con la pretendida policía municipal?
Ahora hemos escuchado que el Gobierno está estudiando crear un organismo para cumplir órdenes judiciales simples, pues las más difíciles continuarán a cargo de Carabineros. Me pregunto: ¿Y el presupuesto para formar ese organismo lo entregará el Estado? ¿De quién dependerá administrativamente? ¿Cómo se coordinará con la fuerza pública? ¿Existirá en todo el país o será sólo un parche para el Gran Santiago?
Finalmente, deseo representar ante el Honorable Senado que actualmente existen -es decir, están vigentes- dos formas de enfrentar el problema que afecta a Carabineros. Ambas necesitan de decisión política por parte del Gobierno; ambas son viables y constitucionales. Sin embargo, se requiere de mayor presupuesto. Pero, si se considera formar un ente para repartir órdenes judiciales, ¿hay dinero disponible? ¿Es justo que tengan que ser las municipalidades las que inviertan parte de su presupuesto en una actividad que constitucionalmente corresponde al Estado?
La primera vía es hacer uso del artículo 7º de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, en actual vigencia, que, a la letra, establece:
"La Dirección General podrá contratar en forma temporal, y cuando las necesidades del servicio lo requieran, a profesionales, técnicos, administrativos y trabajadores a jornal o a trato, quienes quedarán sometidos a la jerarquía y disciplina de Carabineros de Chile y demás materias que determinen las leyes, en lo que sea pertinente.".
En su inciso segundo, el mismo artículo señala:
"Este personal no integrará la Planta Institucional y sus remuneraciones u honorarios se pagarán con cargo a la ley de presupuestos, leyes especiales o con fondos propios de sus organismos internos.".
De lo expuesto se deduce que, aplicando esta disposición, es factible liberar más personal de orden y seguridad para desempeñarse en la calle, si se lo reemplaza en algunas de sus funciones de servicios internos en los cuarteles por este personal contratado, el cual podría provenir del estamento de Carabineros en retiro. Para que ello ocurra, hay que actuar ahora, con rapidez y decisión, y solicitar al Ejecutivo que elabore un proyecto de ley especial que permita concretar esta iniciativa.
El segundo camino que se propone a quien es responsable de la seguridad ciudadana es aún más viable que el primero. Se trata de aplicar el artículo 16 de la misma Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, que a la letra dice: "El General Director, en casos calificados, a petición del interesado y cuando las necesidades institucionales así lo requieran, podrá proponer al Presidente de la República, quien por decreto supremo podrá llamar al servicio hasta por un período de tres años al personal de fila de Orden y Seguridad que se encuentre en situación de retiro temporal, en la forma y condiciones que determine el Estatuto del Personal.".
En otras palabras, por decreto supremo -no se especifica que debe ser individual- el Presidente podrá llamar al servicio al personal que, encontrándose en situación de retiro temporal, desee retornar a las filas institucionales para asumir tareas netamente administrativas.
Por lo anterior, señor Presidente, solicito que se oficie en mi nombre a los señores Ministros de Defensa y del Interior, a fin de obtener del Ejecutivo los recursos necesarios para aumentar la dotación de Carabineros y el equipamiento logístico necesario.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.


El señor PIZARRO.- En el tiempo del Comité UDI e Independientes, tiene la palabra la Honorable señora Matthei.


AUMENTO DE PERSONAL EN SUCURSAL DE BANCO DEL ESTADO
DE SALAMANCA (CUARTA REGIÓN). OFICIO

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, en Salamanca ha aumentado fuertemente la actividad económica debido principalmente a la construcción de la mina "Pelambres", del tranque "Camisas" y de todos los canales requeridos para el funcionamiento de este último. Y la verdad es que la atención del Banco del Estado se ha hecho claramente insuficiente. La gente de la zona pide con urgencia una mayor dotación de personal y una atención mejor, dado que en este minuto las colas que se hacen frente a las pocas cajas del Banco son realmente muy largas.
Por tal razón, señor Presidente, pido que se oficie, en mi nombre, al señor Presidente del Banco del Estado, solicitándole con urgencia -la gente así lo pide- una mayor dotación de personal para atender a la comunidad de Salamanca.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la señora Senadora, en conformidad al Reglamento, con la adhesión del Honorable señor Pizarro.



ACCESO DE TRABAJADORES FISCALES Y MUNICIPALES
A CAJAS DE COMPENSACIÓN. OFICIOS

La señora MATTHEI.- En segundo lugar, señor Presidente, quiero plantear la necesidad de que el Gobierno dé urgencia al envío al Congreso de un proyecto de ley que permita a los trabajadores municipales y fiscales acceder a las cajas de compensación. Al parecer, existe algún compromiso con el señor Subsecretario del Trabajo, don Patricio Tombolini, en el sentido de enviar el proyecto durante el segundo semestre. Mi impresión es que nadie está en desacuerdo con dicho proyecto. Tengo entendido de que no importaría mayor costo para el Gobierno, pero sí muchísimos beneficios para todos los trabajadores municipales y fiscales.
Por lo tanto, solicito que se oficie, en mi nombre, al señor Ministro del Trabajo y, sobre todo, al señor Ministro Secretario General de la Presidencia, en cuya cartera, según entiendo, se está estudiando esta materia, pidiéndoles que envíen con la mayor brevedad posible dicho proyecto al Congreso.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora Senadora, en conformidad al Reglamento.



PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN
PROVINCIA DE SAN ANTONIO. OFICIOS

La señora MATTHEI.- El tercer tema que quiero tratar, señor Presidente, tiene relación con la posible privatización de ESVAL.
Como Diputada me tocó representar la Provincia de San Antonio durante cuatro años. Y una de las principales peticiones de su gente era el acceso a una mejor calidad y mayor cantidad de agua potable. Hace aproximadamente cuatro años llegó a esa zona la empresa Aguas Quinta. En realidad, el concesionario es ESVAL, pero, mediante un contrato de administración y de inversión, Aguas Quinta empezó a dar el servicio. Pues bien, en solamente un año o un año y medio éste mejoró en una forma impresionante, y balnearios como el Quisco, el Tabo o Cartagena, que tradicionalmente disponían de una o dos horas de agua potable por día durante la época de verano, de pronto tuvieron toda la que pudieran desear. También se han hecho inversiones bastante grandes en cuanto al saneamiento de las playas. Ya se inauguró uno de los emisarios para la deposición de las aguas servidas y el tratamiento previo.
Sin embargo, nos encontramos con dos problemas muy graves. En primer lugar, a la empresa Aguas Quinta sólo se le dieron en concesión las áreas urbanas. Hay muchas poblaciones, generalmente de muy escasos recursos, que se encuentran un poco más hacia arriba de la zona de concesión. Esas poblaciones, que durante años vivieron sin agua potable, y lo sufrieron resignadamente, porque tampoco en el pueblo la había, hoy se dan cuenta de que en éste el problema ya se solucionó, que la matriz pasa a pocos metros de sus casas y que, sin embargo, ellos no tienen derecho al agua potable. En verdad, durante esos cuatro años tuve cualquier cantidad de reuniones tanto con el gerente de ESVAL, que en esa época era el actual Ministro de la Vivienda y Urbanismo, don Sergio Henríquez, como con los representantes de Aguas Quinta. Y era un continuo ir y venir, porque no estaba claro, ni en el contrato ni en la ley, quién tenía la facultad o la obligación de atender esas poblaciones. La verdad es que ellas se encontraban fuera de las áreas de concesión y, por lo tanto, en tierra de nadie.
La situación se ha agravado ahora último con la construcción de numerosos edificios y centros de turismo fuera de las áreas de concesión de estos pueblos típicos. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Mirasol, ubicado al norte de Algarrobo, que también sufre la falta de agua potable. Y ése es un tema importante, pues, a pesar de que podría pensarse que socialmente es menos urgente dar servicio a edificios nuevos -que en realidad son para turistas-, la verdad es que sí es relevante desde el punto de vista social, porque dan trabajo a quienes residen ahí todo el año, los que, por lo general, viven del servicio que prestan a turistas. Además, el turismo está empezando a ser continúo todo el año, y estos pueblos han ido perdiendo la característica de ser lugares de veraneo en enero y febrero. Por la cercanía de Santiago y por las mejores carreteras, ahora la gente concurre prácticamente todos los fines de semana, constituyéndose así en una fuente de empleo para los lugareños.
Se propusieron diferentes alternativas para resolver esta situación. Pero la verdad es que todavía no hay ninguna solución. Y debo reconocer que fue una de mis principales preocupaciones durante los cuatro años en que representé la zona en la Cámara de Diputados..
Dado que ahora ESVAL se va a vender, mi impresión es que el asunto se va a agravar. Si bien existió una convivencia bastante buena entre Aguas Quinta y la empresa estatal ESVAL, de privatizarse esta última, probablemente se va a crear un conflicto permanente entre la empresa privada que será la continuadora de ESVAL y Aguas Quinta, cuyo contrato es bastante precario. Por ejemplo, no le permite dar en garantía a los bancos los flujos futuros por las inversiones que está haciendo. Ello significa que Aguas Quinta no se halla en condiciones de hacer -y ni siquiera le interesa- más inversiones. Al no tener acceso al crédito, no puede financiarlas. Recuerdo que, con motivo de la modificación que introdujimos a todas las concesiones en obras públicas, nos dimos cuenta de que era absolutamente necesario que las empresas concesionarias pudieran dar en garantía esas concesiones. Y Aguas Quinta, por la naturaleza de su contrato, no puede obtener ese tipo de financiamiento.
Entonces, si se privatiza ESVAL y no se le da un corte definitivo al contrato, raro y precario, de Aguas Quinta, la situación de esta provincia, que ha sido muy sufrida -se le ha terminado la pesca, registra una cesantía terrible y sus habitantes se sienten muy abandonados-, se agravará en los próximos cinco o diez años
Solicito, señor Presidente, que se envíe un oficio al señor Presidente de la República con un resumen de mi exposición -tengo entendido que personalmente se hizo cargo de este asunto-; y también al Ministro de Obras Públicas; al Gerente de ESVAL; al Gerente de CORFO, que está a cargo de todas las empresas, y, en fin, a todas las instituciones relacionadas con el problema. Si no se le da solución, toda la provincia de San Antonio, así como sus balnearios, en donde reside gente de escasos recursos, sufrirá muchísimas dificultades.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora Senadora, de conformidad al Reglamento.



MANTENCIÓN DE FONDO DE TELEFONÍA RURAL. OFICIO

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, el Fondo de Telefonía Rural ha sido exitoso en el país. Puedo decir con alegría que muchos lugares apartados, ubicados al interior de la Cuarta Región, han tenido acceso al teléfono -algo que se pedía desde hace bastante tiempo- gracias a dicho Fondo. Desgraciadamente, está por terminarse, porque la ley lo previó sólo por cuatro años. Quiero pedir que se amplíe el plazo de duración para poder incluir también a los servicios públicos. En la Cuarta Región hay muchos cuarteles de carabineros y municipios muy aislados carentes de teléfono rural.
Asimismo, los teléfonos satelitales, que operan bien en esa zona, cuestan alrededor de 15 a 20 millones de pesos. Entonces, si no se cuenta con alguna ayuda estatal, muchos de estos organismos -incluidos puestos fronterizos con Argentina y otros- no tendrían posibilidad de comunicarse. Y la verdad es que para poder cumplir bien sus funciones necesitan contar con teléfonos.
Por ello, solicito que se oficie al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de que se prorrogue el plazo de vigencia de este sistema de subsidio y su aplicación se extienda a instituciones fiscales, semifiscales, municipales y de bien público.
Incluso, me atrevería a pedir que este Fondo también se haga aplicable a la televisión. Son muchas las zonas rurales pobres que claman por contar con una señal televisiva, y sus habitantes muchas veces se sienten ajenos a todo lo que está sucediendo en el país. La televisión es un medio de comunicación sumamente importante. Pero se tienen dificultades enormes para financiar la instalación de las antenas necesarias.
Reitero mi solicitud para que la vigencia del Fondo de Telefonía Rural se prorrogue y se haga aplicable también para la televisión rural, o se cree, para este último caso, un Fondo similar.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la señora Senadora, de conformidad al Reglamento.



CAMBIO DE DESTINACIÓN DE MULTAS POR INFRACCIONES
A LEY DE TRÁNSITO. OFICIOS

La señora MATTHEI.- Por último, señor Presidente, quiero solicitar que se oficie al señor Ministro del Interior y al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, con el fin de que las multas producto de infracciones a la Ley de Tránsito no vayan a la municipalidad respectiva, como sucede hoy, sino a un fondo para financiar medidas que permitan disminuir la tasa de accidentes de tránsito. En Chile se pierden muchísimas vidas todos los años por este tipo accidentes. Su índice anual es enorme.
Hay casos -sobre todo cuando la jurisdicción territorial de los municipios abarca carreteras- en que se establece una especie de convenio -diría yo- entre éstos y carabineros. Y como carabineros no poseen todos los implementos necesarios -como vehículos, recursos suficientes para bencina o sistemas de radiocomunicación-, extienden partes, las municipalidades ingresan esos dineros y les compran lo que les falta..
Sin embargo, creo que esta situación está tomando ribetes que no son razonables ni sanos. Por ejemplo, he tomado conocimiento de que en una municipalidad -me parece que la de Curacaví- casi el 25 por ciento de sus ingresos provienen de infracciones de a la Ley de Tránsito. Considero que en este minuto este tipo de multas se está convirtiendo en una forma más de financiamiento municipal, en vez de invertirlos en la prevención de accidentes. Y eso es malo para la labor de carabineros.
He escuchado duras críticas a las municipalidades y carabineros, porque muchas veces se pasan partes por tonteras, las que, por lo demás, no tienen por objeto prevenir accidentes.
La gente tiene la sensación de que esto se está convirtiendo en un negocio para las municipalidades, al cual, por desgracia, muchas veces se prestan los carabineros, porque ellos también necesitan, por la gran falta de presupuesto, que aquéllas los apoyen.
Entonces, creo que debiéramos terminar con este sistema. Me parece que esta sociedad entre carabineros y algunas municipios no es sana para el país. Pienso que a carabineros debiera otorgarse el presupuesto que requieran, como lo acaba de solicitar el Honorable señor Stange en su intervención.
Al Estado le compete, a través de la Ley de Presupuestos, proveer a Carabineros de Chile de los elementos que requiere, y no a las municipalidades. Al mismo tiempo, los dineros recaudados por el cobro de multas por infracciones deberían ir a un fondo destinado a financiar, por ejemplo, precisamente, mejoras en la señalización del tránsito, la que en nuestro país es pésima, y, en el fondo, para implementar todas las medidas que permitan reducir efectivamente la tasa de este tipo de accidentes.
Estimo que la situación actual en este aspecto se está agravando y que, finalmente, ello desprestigiará tanto la labor de Carabineros como la de los municipios.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora Senadora, en conformidad al Reglamento.


El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:17.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción