REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 338ª, ORDINARIA
Sesión 17ª, en martes 4 de agosto de 1998
Ordinaria
(De 16:15 a 19:52)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE, Y BELTRÁN URENDA, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR,
Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Errázuriz Talavera, Francisco Javier
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pinochet Ugarte, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer y la señora Asesora del SERNAM.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:15, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 16ª, especial, en 19 de mayo del año en curso, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 17ª, ordinaria, en 20 de mayo del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
(Véase en los Anexos el acta aprobada).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Ocho de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los cuatro primeros retira la urgencia y la hace presente nuevamente, con el carácter de "Simple", respecto de los siguientes proyectos de ley:
1) El que establece el pago de un derecho por el uso de vías urbanas afectas a congestión vehicular. (Boletín Nº 433-15).
2) El que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación. (Boletín Nº 1.060-07).
3) El que modifica disposiciones del Código Penal que sancionan casos de corrupción. (Boletín Nº 1.177-07).
4) El que establece un nuevo Código de Procedimiento Penal. (Boletín Nº 1.630-07).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el quinto retira la urgencia y la hace presente nuevamente, con el carácter de "Suma", al proyecto que aprueba la nueva Ley de Plantas de la Policía de Investigaciones de Chile. (Boletín Nº 2.130-02).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el sexto hace presente la urgencia, con el carácter de "Simple", al proyecto de acuerdo relativo a la Constitución del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y al Protocolo facultativo a ambos instrumentos, sobre la solución obligatoria de controversias. (Boletín Nº 1.378-10).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el séptimo hace presente la urgencia, en el carácter de "Suma", al proyecto que modifica la legislación de mercado de valores; fondos de inversión; administración de fondos mutuos; fondos de pensiones; compañías de seguros, y normas tributarias que indica. (Boletín Nº 2.005-05).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el último retira la urgencia del proyecto de ley que suspende la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros. (Boletín Nº 2.074-15).
--Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados, con los que comunica que ha dado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado a los siguientes proyectos de ley:
1) El que condona el pago de la patente única de acuicultura a pequeños acuicultores en los casos que señala. (Boletín Nº 1.927-05).
2) El que concede aumentos a las pensiones y establece su financiamiento por medio de modificaciones a las normas tributarias. (Boletín Nº 2.160-05).
--Se toma conocimiento y se manda archivar junto a sus antecedentes.
De la Excelentísima Corte Suprema, con el que comunica la resolución adoptada por ese Alto Tribunal en relación al oficio, enviado en nombre de diversos señores Senadores, sobre posible violación del Estado de Derecho.
Del señor Ministro del Interior, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referente a la licitación de la Empresa EDELAYSÉN.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relativo al Tratado de 1929 celebrado con Perú.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social (s), con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, sobre problemas previsionales que indica.
Del señor Ministro de Agricultura, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, acerca de la posibilidad de dotar de un matadero a la comuna de Navidad y alrededores.
Cuatro del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Sabag, sobre diversos proyectos por realizar en Talcahuano.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Frei, relacionado con el agotamiento del río Loa y sus afluentes.
Con el tercero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, referente a la cancelación de expropiaciones que señala.
Con el cuarto contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Errázuriz, sobre derechos de aprovechamiento de aguas en el río Teno.
Dos del señor Ministro de Educación:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, con relación al Liceo Politécnico de Iquique.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cordero, acerca de la creación de un liceo técnico-profesional en la comuna de Tongoy.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el que responde, por encargo de Su Excelencia el Presidente de la República, un oficio enviado en nombre del Senado respecto de la creación del mercado secundario de viviendas sociales.
Del señor Subsecretario de Carabineros, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo a la ubicación de cuarteles policiales que indica en la Décima Región.
Del señor Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, con referencia a la masa imponible de la ciudad de Arica.
Del señor Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre matanza de lobos marinos.
Del señor Gerente de Créditos Hipotecarios del Banco del Estado de Chile, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, con relación al conjunto habitacional Huantajaya.
Del señor Jefe del Departamento de Defensa Estatal, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Bombal, acerca de proceso judicial que señala.
Del señor Director Regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Octava Región, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, tocante a un posible proyecto forestal de la empresa CELCO Arauco.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un nuevo Código de Procedimiento Penal, con urgencia calificada de "Simple". (Boletín Nº 1.630-07). (Véase en los Anexos, documento 1).
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que elimina el 11 de septiembre como feriado legal. (Boletín Nº 2.185-06). (Véase en los Anexos, documento 2).
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto, iniciado en moción del ex Senador señor Díaz, que modifica el inciso primero del artículo 117 de la Carta Fundamental, relativo a la oportunidad en que han de reunirse las dos Cámaras para aprobar una reforma constitucional. (Boletín Nº 2.089-07). (Véase en los Anexos, documento 3).
Uno de la Comisión de Defensa Nacional y otro de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de Ley de Plantas de la Policía de Investigaciones de Chile, con urgencia calificada de "Suma". (Boletín Nº 2.130-02). (Véanse en los Anexos, documentos 4 y 5).
Uno de la Comisión de Relaciones Exteriores y otro de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que aprueba la Constitución y el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), además del Protocolo facultativo a ambos instrumentos, sobre la Solución Obligatoria de Controversias, adoptados todos en la Conferencia Adicional de Plenipotenciarios de la UIT el 22 de diciembre de 1992, en Ginebra, con urgencia calificada de "Simple". (Boletín Nº 1.378-10). (Véanse en los Anexos, documentos 6 y 7).
--Quedan para tabla.
Solicitudes
Del señor Gunther Korver Jacob y de la señora Guzmena del Carmen Tapia Pino, con las que piden la rehabilitación de su ciudadanía. (Boletines Nºs. S 348-04 y S 349-04). (Véanse en los Anexos, documentos 8 y 9).
--Pasan a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Declaración de inadmisibilidad
El Senador señor Zaldívar (don Andrés) presentó una moción con la que inicia un proyecto de ley sobre beneficios tributarios a instituciones privadas sin fines de lucro dedicadas a necesidades de calificación laboral.
--Se declara inadmisible, por contener normas que corresponden a la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República.
Comunicación
Del Comité Renovación Nacional, con la que solicita rechazar la petición de la Honorable Cámara de Diputados (pendiente de resolución) en orden a archivar el proyecto, iniciado en moción del Senador señor Lagos, que deroga el artículo 12 y modifica otras disposiciones de la ley Nº 17.322, que establece normas sobre cobranza judicial de deudas previsionales. (Boletín Nº 1.436-07).
--Se rechaza la petición de archivo formulada.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
El señor Secretario dará cuenta de los acuerdos de Comités.
El señor LAGOS (Secretario).-
Los Comités adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos:
1.-
Postergar para el inicio de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 5 de agosto, el homenaje que el señor Presidente del Senado debía rendir hoy en memoria del ex Senador señor Carlos Letelier Bobadilla, recientemente fallecido.
2.-
Con respecto al proyecto sobre filiación, conceder la palabra al señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para referirse al informe, y, en seguida, discutir y votar separadamente los artículos relativos a la prueba y presunción de la paternidad, a la herencia y a la fertilización asistida, dando por aprobado globalmente el resto de las proposiciones acogidas por unanimidad en la Comisión.
3.-
Tratar en el primer lugar de la tabla de la sesión de mañana el proyecto que aprueba la nueva Ley de Plantas de la Policía de Investigaciones de Chile.
4.-
Asimismo, estudiar mañana, en segundo lugar, el proyecto que modifica la legislación de valores; fondos de inversión; administración de fondos mutuos; fondos de pensiones; compañías de seguros, y normas tributarias que indica, con informe de la Comisión de Hacienda.
5.-
Tratar en el segundo lugar de la tabla de la presente sesión, en caso de despacharse el proyecto sobre filiación, los informes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recaídos en las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía de los señores Pedro Roberto Herrera Maldonado y Leonidas Alejandro Canales Garrido.
6.-
Fijar para la sesión del martes 11 de agosto, después del Orden del Día y antes de Incidentes, el homenaje que el Honorable señor Romero rendirá en memoria de don Eleodoro Rodríguez Matte.
7.- Por último, discutir el proyecto que modifica el Código de Procedimiento Penal en la sesión ordinaria del miércoles 12 del mes en curso y votarlo a las 18, suspendiendo la hora de Incidentes.
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La señora BILBAO (Ministra Directora del SERNAM).-
Señor Presidente, le ruego solicitar el asentimiento de la Sala para que ingrese mi asesora, la señora Andrea Muñoz Sánchez.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) (Presidente).-
Si no hay inconvenientes, así se procederá.
Acordado.
MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN DE FILIACIÓN
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
. Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación, con informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "Simple".
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 23ª, en 6 de diciembre de 1994.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 12ª, en 3 de diciembre de 1996.
Constitución (segundo), sesión 12ª, en 11 de noviembre de 1997.
Constitución (complementario), sesión 16ª, en 22 de julio de 1998.
Discusión:
Sesiones 24ª, en 14 de enero de 1997 (queda pendiente su discusión general); 30ª, en 5 de marzo de 1997 (se aprueba en general); 12ª, 16ª y 17ª, en 6 , 19 y 20 de mayo de 1998 (queda pendiente su discusión particular); 3ª, en 9 de junio de 1998 (vuelve a Comisión de Constitución).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, cumpliendo el acuerdo adoptado por esta Sala en sesión del 9 de junio último, se abocó a la revisión del texto sugerido en su segundo informe para el proyecto de ley en referencia.
El trabajo realizado por dicho organismo -con la participación activa del Ejecutivo, a través de la señora Ministra del SERNAM y sus asesoras- fue extenso, y no sólo nos limitamos a estructurar un acuerdo que recogiese el pronunciamiento de la Sala en cuanto a la supresión de la diferencia entre hijos matrimoniales y no matrimoniales que proponía inicialmente el segundo informe, sino que, sobre esa base, para dar coherencia al proyecto y hacer los ajustes redaccionales necesarios, revisó el texto íntegramente, incluso tocando aspectos que probablemente ni siquiera estaban en discusión.
En ese sentido, el articulado que contiene este segundo informe complementario fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, quienes obramos así en el entendido de que la Sala, luego de efectuadas las primeras votaciones, fijó un criterio central y estableció una pauta de trabajo para que aquel organismo reordenara la iniciativa conforme a ellos.
Ahora bien, hago presente que tanto el Honorable señor Díez como quien habla, no obstante disentir en algunos problemas de fondo y aun cuando mantenemos en lo fundamental nuestros puntos de vista, aceptamos que, por extensión, la generalidad de nuestras indicaciones, por contener criterios diferentes de los que aprobó la mayoría del Senado, deben considerarse rechazadas. De manera que, cuando decimos que existió unanimidad, es sobre la base de que quienes planteamos indicaciones alternativas no renunciamos a ellas, sino que entendemos que el Senado las rechazó. Y, sin perjuicio de que la Sala puede revisar algunas -es soberana para ello-, hemos dado coherencia al proyecto, lo que nos parece importante, tanto más cuanto que, tratándose de modificaciones al Código Civil, tienen que ser incorporadas debidamente.
Por lo tanto, muchas de las enmiendas no cuentan con nuestro acuerdo; otras, sí. Y ya nos referiremos a ello más adelante.
Debo manifestar que todas las innovaciones reflejan la voluntad de la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer -aquí presente-, quien podrá ratificarlo, y de los demás integrantes de la Comisión.
Señor Presidente, quiero referirme a los cambios más importantes que se proponen, para mejor entendimiento de los señores Senadores respecto de la materia en estudio, que es compleja.
En la Comisión partimos de la primera gran resolución del Senado, en el sentido de suprimir las denominaciones "matrimoniales" y "no matrimoniales" aplicadas a los hijos, padres y demás parientes, sin perjuicio de diferenciar entre la filiación matrimonial y la no matrimonial, lo que había sido planteado por el Ejecutivo, distinción necesaria, por las distintas formas de acreditar una y otra filiación, así como para reclamarla o impugnarla. Nuestro trabajo implicó recorrer toda la iniciativa, eliminando las diferencias que, en esta materia, había en el segundo informe.
En segundo lugar, tocante a los efectos de la reproducción asistida, se suprimió el inciso final del artículo 182, que contenía una norma respecto de la eventual donación de gametos. Decía así: "En consecuencia, el uso de gametos de otra persona en la fecundación no generará parentesco alguno, y no se admitirá la alegación de paternidad o maternidad de aquélla.". Este inciso -como expresé- fue eliminado, ya que, según el criterio de la Comisión, podría dar lugar a entender una legitimación de la donación de gametos. Y lo que pretende el artículo 182 es solamente regular qué ocurre, desde el punto de vista de la filiación, cuando el padre y la madre han concebido un hijo mediante la técnica de la reproducción asistida. En tal sentido, para evitar equívocos, y habiendo una legislación pendiente sobre el particular, se acordó suprimir el inciso en referencia.
Luego, en lo que dice relación a las pruebas para determinar la paternidad, materia regulada en el artículo 199, se acordó restablecer la presunción grave en contra de quien se niegue injustificadamente a practicarse una prueba pericial biológica en un juicio de filiación, en vez de apremiarlo con arresto -como se establecía en la norma del segundo informe-, por estimar que esta última medida ha demostrado en otros casos ser ineficaz para lograr el objetivo propuesto. En cambio, la presunción, que es grave, permitirá al tribunal formarse un convencimiento de la veracidad de las pretensiones del actor. En tal sentido, se está señalando que será el juez quien, con ese antecedente, decida. Una presunción grave no es fundamento suficiente para plena prueba, no constituye plena prueba. En cambio, cualquier otro antecedente acreditado por las pruebas periciales practicadas en el proceso permitirá al tribunal determinar con mucha facilidad la filiación o desestimarla. En tal virtud, modificamos la disposición anterior por considerarla un tanto absurda y excesiva, ya que, en el fondo, mientras no hubiera peritaje, el actor podría permanecer bajo arresto, incluso sin límite de tiempo.
Por otra parte, en el artículo 244, referente a la patria potestad, se enmendó también el criterio del segundo informe. Dicha norma estatuía que, a falta de acuerdo, la patria potestad será ejercida por ambos cónyuges. Su texto señalaba lo siguiente: "La patria potestad será ejercida por aquel de los padres que éstos designen en acuerdo suscrito por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil,". Al respecto, estimamos que la patria potestad debe ejercerse en la forma que indique el acuerdo, pero, a falta de éste, por la conveniencia de tener claridad frente a terceros en la administración de los derechos patrimoniales del hijo, uno de los cónyuges debe asumir esa responsabilidad. La primera regla, que es la que va a dominar, es el acuerdo. Éste puede establecer que será uno de los cónyuges o ambos. Si no hay acuerdo, se aplica una regla de sustento: que los derechos patrimoniales los administre el padre. Esta decisión es revisable eventualmente por el juez a petición de uno de los padres, en el caso de que concurran ciertas circunstancias.
En seguida, según el informe complementario, el proyecto ha buscado concordar de mejor modo los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos con las disposiciones de la Convención de Derechos del Niño, que lógicamente no se encontraba recogida por nuestra legislación civil, por ser de data reciente, y la propia Constitución Política de la República, en cuanto insta a procurar para cada integrante de la comunidad nacional, y en particular los hijos de la familia, la mayor realización espiritual y material posible. Ello ha quedado en forma coherente con el Código Civil.
Luego, se introdujo una modificación significativa respecto a los derechos de herencia, acordándose reforzar los que correspondan a la herencia el cónyuge sobreviviente, en dos aspectos. En primer lugar, se establece que en ningún caso su porción será inferior a la cuarta parte de la herencia o a la cuarta parte de la mitad legitimaria, según se trate de sucesión intestada o testada, imputando a este límite las otras asignaciones testamentarias que le hubiese dejado al causante. El proyecto original establecía que el cónyuge tenía derecho a una doble legítima, es decir, a dos derechos de un heredero forzoso. La Comisión estimó que no podía ser suficiente y, a modo de mejorar al cónyuge sobreviviente, estatuyó que la porción será la cuarta parte de la herencia o la cuarta parte de la mitad legitimaria, como mínimo. Podrá aplicarse la regla del doble de la legitimaria, pero sólo en caso de que lo que reciba sea superior a estas dos limitaciones. Por lo tanto, el cónyuge tendría un piso que le aseguraría una situación económica estable.
En segundo término, si la cuota del cónyuge sobreviviente es inferior al valor del inmueble familiar y el mobiliario, se permite que, por la diferencia, se le adjudiquen sobre ellos derechos de habitación y de uso, con carácter de gratuitos y vitalicios, suprimiendo la condición de permanecer en estado de viudez, por cuanto la Comisión consideró que mantener esta exigencia vulnera la libertad de las personas y puede, incluso, inducirlas a formar relaciones de convivencia para evitar la pérdida del derecho a uso de la casa habitación o inmueble.
Finalmente, en el ámbito de la sucesión, se acordó mejorar a los ascendientes en las sucesiones por causa de muerte, dándoles el carácter de asignatarios de la cuarta de mejoras. Ésta es una opción que se abre para incorporar, en el caso de que alguien haga testamento en la cuarta de mejoras -que sólo incluye a los descendientes y al cónyuge-, a los ascendientes. Se tomó en consideración que a la época de la dictación del Código las expectativas de vida eran menores, por lo que la principal preocupación del legislador fue proteger a los hijos. Sin embargo, en la actualidad, las personas alcanzan edades más avanzadas, y los hijos, muchas veces, ya están establecidos a la muerte de sus padres. Por ello, muy a menudo, son los ascendientes, ya ancianos, quienes se encuentran en una situación económica menos favorecida, a los cuales había que prestar especial ayuda. Por eso, se incorporó, como opción a la persona que testa, el poder incluir en la cuarta de mejoras a los ascendientes.
Ésas son las modificaciones fundamentales que se han introducido en el proyecto que nos ocupa.
Ahora bien, sin perjuicio de que -como señalé- hubo consenso para llegar a este articulado sobre la base de una mayoría que estableció el criterio fundamental, deseo mencionar algunos reparos que me han hecho presentes o que surgieron dentro de la misma discusión y que vale la pena considerar.
El primero de ellos -sin seguir un orden predeterminado, sino conforme van apareciendo en el proyecto- se refiere a la filiación no determinada, es decir, a los hijos que no pueden establecer su filiación. El artículo 37 reconoce tal situación al estatuir que "La filiación de los hijos puede no encontrarse determinada respecto de su padre, de su madre o de ambos.". En este caso, conforme a la legislación vigente, si bien no tienen reconocimiento de su calidad de hijo respecto de los padres, se pueden fijar, por ciertas circunstancias que establece el Código Civil, alimentos para esos hijos. Estos alimentos son, dentro de la distinción actual, necesarios y corresponden a los hijos simplemente ilegítimos. En el proyecto, no hemos dejado espacio para esa situación, en primer lugar, por cuanto, dada las formas de prueba, prácticamente no debería ocurrir y, por lo tanto, no tendríamos que encontrarnos, como ahora, en esa hipótesis, debido fundamentalmente a la existencia de las pruebas biológicas. En seguida, porque ésta podría constituir una vía que el juez utilizaría para evitar pronunciarse sobre la paternidad o maternidad, es decir, para eludir establecer la filiación y, en consecuencia, optar por el camino simple de fijar una pensión y olvidarse del resto del asunto, probablemente con la complacencia del afectado, quien, sin embargo, no va a tener filiación determinada. En ese sentido, la Comisión prefirió no incorporarla. Sin embargo, hay quienes señalan que, si se reconoce la existencia de esa hipótesis y no habrá posibilidades de darles filiación, a lo mejor podría establecerse el derecho de otorgarles alimento.
Por otra parte, se han hecho reparos al artículo 204, referente a la acción de reclamación de la paternidad. Dicha norma establece que "La acción de reclamación de la filiación matrimonial corresponde exclusivamente al hijo, al padre o a la madre.". La lógica de esta disposición -según entendimos en la Comisión- es que quienes pueden reclamar la filiación matrimonial son los cónyuges -el marido o la esposa- y el hijo de ambos. Sin embargo, la lectura literal del artículo podría dar cabida a que también pueda ejercer la acción de reclamación el padre biológico, el que considera que es el verdadero padre y que no es el marido de la mujer y, por lo tanto, no está beneficiado por la presunción de paternidad. A mi modo de ver, la lógica de esta norma se vincula, por ejemplo, con el artículo relativo a la determinación de la filiación matrimonial, que expresa: "Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución o al divorcio de los cónyuges.". Vale decir, la filiación matrimonial está referida a los cónyuges y no a otros. En consecuencia, conforme a una lectura armónica de las disposiciones propuestas, no se produciría el efecto de abrir espacios para que el progenitor biológico pueda impugnar la paternidad. La idea es darle el beneficio al grupo familiar, y por ese motivo se niega la posibilidad de acceder a la reclamación. La Comisión, en el artículo 204, agregó la expresión "exclusivamente" con el propósito de cerrar el círculo, pero se estima que ello podría no ser suficiente.
En tercer término, también se objeta el problema del artículo 182 al que ya hice referencia, acerca de los efectos de la filiación en la reproducción asistida, puesto que de alguna manera la norma admite la posibilidad, incluso en su redacción, de que terceros puedan reclamar la paternidad de los hijos nacidos en virtud de estas técnicas cuando se han utilizado gametos ajenos al matrimonio o a la pareja. En ese caso, pareciera estar legitimándose esa situación. Y por otro lado, se señala que se trata de una materia cuya revisión se hace en otra iniciativa y, entonces, cabe preguntarse para qué incorporarla dentro de la que nos ocupa. Hay quienes consideran que la disposición sería innecesaria.
En cuarto lugar, se ha objetado la situación derivada de dar carácter de presunción grave a la negativa de someterse a pruebas biológicas, dado que circunscribiría el ámbito del juez para actuar. Se estima que ello provoca un efecto demasiado fuerte y hay quienes consideran que solamente debería ser base para una presunción judicial. A mi entender -opino a título personal y, creo, recojo el sentimiento de la Comisión-, será el juez quien decidirá, pues, aunque haya presunción grave, deberá registrarse otro elemento adicional para constituir plena prueba. Ciertamente, si se tratase sólo de una presunción judicial, ésta es más débil y el juez debe contar con más argumentos. Es una cuestión de matices, pero no menor y, por ese motivo, la planteo, ya que se han hecho presentes inquietudes sobre la materia.
En el ámbito sucesorio, la discusión se centró en dos sentidos: uno, respecto a la porción conyugal y, otro, relativo a la cuarta de mejoras. En cuanto a la primera, algunos señalan que se beneficia en exceso al cónyuge sobreviviente y, en ese sentido, prefieren mantener la norma tal como se propuso en el segundo informe, la que simplemente entregaba a éste el doble de lo que correspondía a cualquier otro heredero. Y en lo relativo a la cuarta de mejoras, se ha dicho que se restringe la libertad de testar e, incluso, que existiría contradicción entre ciertas normas, en el siguiente sentido. En la sucesión intestada se establece que los ascendientes pueden formar parte del orden sucesorio cuando ellos no hayan sido obligados a reconocer judicialmente la paternidad. En este caso, no tienen derecho a formar parte del orden sucesorio correspondiente. Por lo tanto, si aquí se va a considerar a los ascendientes, la Comisión propone incorporarlos con la misma limitación; es decir, no incluirlos a todos, sino sólo a aquellos que hayan reconocido voluntariamente, y no forzosamente, su paternidad, pues ello sería contradictorio con el criterio establecido en la iniciativa.
Estos son fundamentalmente los temas controvertidos.
Y ahora quiero dar a conocer un breve comentario personal. Pienso que finalmente el proyecto ha logrado coherencia y, en lo fundamental, corresponde a las intenciones que el Ejecutivo ha perseguido al promoverlo. Desde un punto de vista técnico -con las observaciones formuladas, siempre corregibles, y que se podrán salvar ahora, cuando se estime conveniente o en los trámites que faltan-, creo que la iniciativa está bien hecha.
Participo de varias modificaciones incorporadas en el informe complementario, como las referidas a las pruebas biológicas. Me parece que debemos enfatizar la necesidad de la paternidad responsable. Todo lo que se pueda hacer para asegurar que quienes han sido padres asuman su responsabilidad será bienvenido. Se podrá discutir siempre hasta dónde, pero, en mi concepto, el planteamiento debe ser así reconocido.
No comparto otras disposiciones, respecto de las cuales me he pronunciado en diversas oportunidades. En lo fundamental, mantengo esas reservas y aprensiones.
Finalmente, deseo señalar que aquí hay un intento de lograr una igualdad absoluta entre hijos nacidos dentro del matrimonio y fuera de él. Me parece que, por ciertas disposiciones que contiene, la propia iniciativa establece diferencias, desde luego en cuanto a la forma como se puede fijar la paternidad: en un caso hay presunción; en otro, se debe establecer por distintos caminos. Y el derecho a vivir con sus padres lo tienen los hijos nacidos dentro del matrimonio y no los nacidos fuera de él, los que tienen que recibir la aceptación del cónyuge. Así se establece dentro de la legislación. Por lo tanto, se han eliminado muchas diferencias, y con razón, pues eran peyorativas, discriminatorias. Pero hay otras que probablemente están forzando esta situación o que permiten afirmar que se está logrando una igualdad absoluta, cosa que no es efectiva y que puede traer como efecto una cierta desvalorización del matrimonio como elemento clave para la constitución de la familia. Y allí radica la inquietud central que me deja el proyecto: no obstante haberse perfeccionado técnicamente y haber avanzado en la buena dirección en muchas materias, como las que he señalado, existen otros aspectos que pueden significar una minusvalorización o abaratamiento -por decirlo en términos duros- del matrimonio. Y eso, creo yo, a la larga puede acarrear consecuencias negativas, tanto que muchos países que han caminado por esta misma vía están volviendo sobre sus pasos con disposiciones legales que buscan afianzar el matrimonio en cuanto eje de la familia consolidada.
Eso es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor HAMILTON.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Antes de conceder la palabra, deseo precisar el procedimiento que adoptaremos.
El señor HAMILTON.-
Quería referirme al informe, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Primero vamos a definir el procedimiento para tratar el proyecto.
Según lo acordado por los Comités -si me equivoco ruego que me corrijan-, la idea es dar por aprobadas todas las disposiciones acogidas por unanimidad en la Comisión, las cuales, si bien correspondían a criterios de mayorías y minorías, tuvieron una redacción común. En ese sentido, hay cuatro materias señaladas por el Senador informante que estarían sujetas a discusión y votación separadas. En el texto comparado que obra en poder de Sus Señorías -en la página 9-, aparece el artículo 182, que establece una presunción de paternidad con relación al hijo que haya nacido mediante fertilización asistida; en la página 14, el artículo 199, que se refiere a las pruebas biológicas y a la presunción grave de paternidad en caso de rechazo a someterse a peritaje biológico; en la página 15, el artículo 204, sobre la acción de reclamación de la filiación matrimonial, y en la página 48, el artículo 988, relativo a cuestiones de herencia. Tales son las cuatro disposiciones pendientes.
El señor LARRAÍN.-
¿Me permite, señor Presidente? Yo agregaría el punto sobre filiación no determinada.
Al respecto, deberemos decidir si se permitirá establecer derecho de alimentos en esa materia. Nosotros presentamos una serie de indicaciones que no se acogieron en la Comisión por las razones que cité en mi exposición; pero sobre ese asunto se ha recibido también la solicitud de un pronunciamiento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Bueno, si existe una petición expresa, no me puedo negar a atenderla. Pediría, sí, que se hicieran llegar a la Mesa las indicaciones específicas, para facilitar el despacho.
Propongo ahora abrir debate sobre la totalidad de los artículos y votarlos en conjunto, excepción hecha de los que enumeré recién, más los mencionados por el Honorable señor Larraín (las indicaciones correspondientes se verían después), y aquellas disposiciones del segundo informe que no fueron objeto de modificaciones en el informe complementario. Los señores Senadores tendrían derecho a fundamentar su voto, previa inscripción de quienes deseen intervenir antes.
Si la Sala da su aprobación a este procedimiento, se votará en forma económica el paquete de disposiciones.
Aprobado.
Han pedido la palabra los Honorables señores Martínez, Hamilton y Viera-Gallo.
Puede hacer uso de la palabra el Senador señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, señores Senadores:
Al momento de proceder a votar como un todo las disposiciones aprobadas por unanimidad en la Comisión, según se ha propuesto, deseo fundamentar mi voto en los términos que indico a continuación.
Como cuestión previa, no pretendo oponer reparos, desde el punto de vista reglamentario, a la validez de la votación en cuya virtud la mayoría del Senado aprobó distintas indicaciones destinadas a modificar la legislación vigente en términos de que no exista diferencia jurídica alguna -y por ende resulten iguales efectos jurídicos en materia de sus derechos- entre los hijos que tienen actualmente la condición de legítimos y los que carecen de tal calidad.
Con todo, los resultados de esa votación, siendo reglamentariamente válidos, no se ajustan a lo prescrito en el artículo 1º de la Carta Fundamental al violentar aquel elemento básico de la familia que es el matrimonio, institución de la cual derivan los distintos tipos de filiación, desconociendo sus efectos jurídicos. Del mismo modo, el referido acuerdo constituye la expresión de una irrealidad al pretender borrar por ley las naturales diferencias, y sus efectos, existentes entre los hijos fruto del matrimonio y los que no poseen esta calidad.
A este respecto, los resultados de dicha decisión agravarán la situación hoy día existente en la materia, pues la sociedad chilena será enfrentada a una infortunada discrepancia entre un texto legal y una realidad enteramente distinta.
Con relación a lo anterior, el Senador que habla adhiere enteramente al pensamiento aquí expresado en su oportunidad respecto de la necesidad de recurrir al Tribunal Constitucional para restablecer el imperio del Derecho en tan delicado como importante asunto, por lo que anuncio desde ya que quienes deseen recurrir a dicho Tribunal contarán para ello con mi adhesión formal.
Sin perjuicio de lo anterior, y ya en el plano moral, debo referirme a lo expuesto por la Conferencia Episcopal de Chile en su declaración del 30 de junio último. Tal declaración fue inadecuadamente difundida por algunos medios de comunicación, por lo que produjeron la impresión de que la Iglesia Católica chilena concuerda con la totalidad del proyecto. En verdad, ella coincide únicamente en que "a los hijos nacidos fuera del matrimonio se les reconozcan sus derechos y las obligaciones de sus padres para con ellos". Pero no acepta la irrealidad e inequidad que significa no reconocer en la ley, asimismo, el hecho de que "hay situaciones diferentes para los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio", por lo que es necesario legislar en forma diferente "para cada una" de tales "situaciones". Ello, agrega la Conferencia Episcopal, "posibilitará una mejor justicia tanto en el ejercicio de derechos personales, familiares, como patrimoniales, como por ejemplo, cuidando siempre el respeto al patrimonio conyugal y en muchos casos familiar", en términos de "que no se constituya en un imprudente abuso".
Del mismo modo, debo dar a conocer al Senado los aspectos principales de una carta que me enviara el señor Obispo de San Bernardo, a propósito de esta iniciativa legal. En beneficio del tiempo disponible, extractaré algunos de sus conceptos, pero solicito que el documento se incluya íntegramente en el Acta al final de mis palabras, si así lo aprueba la Sala.
En ella expresa las inquietudes y temores que para el futuro de la familia chilena reviste la aprobación del proyecto sobre filiación, actualmente en trámite en el Senado. Lo hace valorando positivamente la iniciativa del Ejecutivo en lo relativo a alcanzar mayor justicia entre los chilenos que puedan sentirse injustamente discriminados; pero señalando asimismo que no debe adoptarse en la ley el establecimiento de un régimen de filiación sin tener en cuenta el tipo de familia considerado en nuestra tradición moral y jurídica, propia de la cultura cristiana de la cual formamos parte. No hacerlo, advierte, provocará una crisis moral al desincentivar el matrimonio legal como un elemento esencial de nuestra vida.
Le preocupa a este respecto que desde ciertos ambientes ideológicos se esté pretendiendo, mediante la iniciativa en discusión, afirmar un concepto de familia diverso del que constituye nuestra tradición ética y, según conocidos constitucionalistas, distante de la concepción de familia afirmada en nuestra Carta Fundamental. Al no fundarse las relaciones jurídicas, continúa, en los valores verdaderos y en la justicia para con unos y otros, "no habrá paz en Chile, porque no la habrá en la familia".
Cita las luminosas y definitivas palabras de Su Santidad el Papa Juan Pablo II en su Carta a las Familias, de 1994, donde expresa que el matrimonio es la base de la institución familiar. También hace mención de la legislación canónica de 1983, que distingue entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, y señala que no puede desconocerse por ley que existe una realidad diversa entre los hijos que nacen en un matrimonio legítimo y los que nacen en otro tipo de uniones.
Continúa expresando que dicha distinción no significa discriminación, porque la verdad no es discriminatoria y la justicia exige dar a cada uno lo suyo. Con relación a este último concepto, hace referencia a lo señalado por el Tribunal Constitucional: "el principio de la igualdad significa que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentran en situaciones diferentes". "Igualar lo diferente es injusto", expresa. "El solo hecho de no existir matrimonio entre los padres ya es una diferenciación; es el hecho que se impone al Derecho y que éste no puede desconocer sin desconocer a la vez el matrimonio".
Los chilenos llegaremos a la conclusión -dice- de que ética y moralmente es irrelevante que los hijos nazcan dentro o fuera del vínculo matrimonial, especialmente aquellas personas más pobres y desposeídas ética y culturalmente, que identifican el bien moral con lo que manda o permite la ley. Recuerda así que si las leyes son buenas, es decir, no sólo producto de las realidades estadísticas, sino encauzadas pedagógicamente al deber ser, contribuyen a formar la conciencia moral de los ciudadanos. Por el contrario, si desconocen la naturaleza de las instituciones sociales y morales, producirán confusión en la sociedad y una progresiva legitimación de conductas degradantes. Le preocupa que éste sea el caso con el presente proyecto, que ordena la filiación sólo sobre la base de la realidad biológica, lo que reduce a un mínimo sus exigencias éticas y jurídicas.
Termina señalando que con la carta que me ha enviado busca, además de la orientación evangélica, que es su fin principal, satisfacer la necesidad de dejar testimonio de que los católicos hicimos cuanto estaba en nuestras manos para evitar males que lamentaremos, para cuando las futuras generaciones estudien la historia de la ley cuyo proyecto nos ocupa.
El contenido de las declaraciones antes mencionadas, unido al indiscutido liderazgo moral que tiene el Episcopado de una nación como Chile, mayoritariamente católica, me ha movido a exponerlas en esta oportunidad.
En razón de lo dicho, y para el caso de que el proyecto no sea vetado por Su Excelencia el Presidente de la República atendiendo las elevadas consideraciones de dichos líderes morales; o de que no se cuente con el número necesario de Senadores para interponer el aludido recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, todavía habría una solución para atenuar, al menos, los problemas antes indicados. Ciertamente, prefiero las vías mencionadas con anterioridad, fundamentalmente por razones de oportunidad legislativa. Dicha solución alternativa consistiría en tener presentes las consideraciones señaladas en los documentos de la Iglesia a que me he referido, al analizar el proyecto de ley relativo a los tribunales de familia; oír, circunstancialmente, a los obispos chilenos en ese proyecto; estudiar sus sugerencias y proponer allí, en consecuencia, las indicaciones que correspondan.
Como resumen de lo señalado estimo que el oportuno empleo de los medios antes indicados permitirá, en definitiva, aprobar una legislación que concilie debidamente los derechos de los hijos matrimoniales con los de quienes no tienen tal calidad.
Invito, en consecuencia, a todos los señores Senadores, sea a pedir a Su Excelencia el Presidente de la República el veto de las disposiciones que afectan los principios y valores conculcados, sea a recurrir al Tribunal Constitucional a fin de restablecer el imperio del Derecho en tan trascendente materia constitucional, sea a oír la autorizada opinión de los obispos chilenos en el proyecto de ley relativo a los tribunales de familia, estudiar sus sugerencias y proponer las indicaciones que correspondan, todo ello con el objeto de salvar nuestra responsabilidad histórica en tan relevante materia.
Si ello no se produjera, la sociedad chilena llegará a la penosa conclusión de que, a juicio de sus legisladores, la única institución que estaría de más en nuestra nación es el matrimonio, resultando conculcados los derechos de la cónyuge y de sus hijos legítimos, a la vez que los de otros terceros, como son los ascendientes y demás descendientes legítimos por consanguinidad.
Mientras tanto, anuncio que votaré en contra el primer conjunto de disposiciones puesto en debate por el señor Presidente, en consideración a que el texto propuesto por la Comisión informante, no obstante el notable esfuerzo de sus autores y debido a las bases que estuvo obligada a respetar, afecta a la razón, a la prudencia y a la sabiduría que corresponden al Senado de la República en su calidad de cámara legislativa revisora.
_____________________
--El documento cuya inserción se acuerda más adelante es del tenor siguiente:
"San Bernardo, 2 de julio de 1998
"Señor
"Senador
"Jorge Martínez Busch
"Senado de la República
"Valparaíso.
"Estimado señor Senador:
"Después de meditarlo en la presencia de Dios y habiendo consultado la opinión de muchas personas que me parecen prudentes y sabias en la materia, he decidido enviarle esta carta, con el fin de hacer presente, como pastor de la Iglesia, a una persona que ocupa las más altas instancias de nuestra vida republicana, las inquietudes y temores que para el futuro de la familia chilena reviste la aprobación del proyecto sobre filiación, actualmente en sus últimos trámites constitucionales en el Congreso Nacional. No me mueve a escribirle otro afán que pensar en el bien de esta Patria nuestra y de sus hijos y de ser plenamente coherentes con el mensaje evangélico del que soy un indigno portador, y que -si fuera posible- quedara constancia en las actas del Senado de estas opiniones, por humildes que sean.
"Todo el país -creo sin excepción- reconoce la necesidad de legislar con el fin de terminar injustas discriminaciones que quizá en otro tiempo no chocaban, pero que hoy gracias a la mayor sensibilidad que existe sobre temas que pueden afectar la dignidad humana, se estiman insostenibles. La distinción entre hijos legítimos e ilegítimos, contenida en nuestra legislación civil, es uno de aquellos aspectos que hoy muchas personas consideran necesario modificar, porque crea odiosas diferencias. En tal sentido pienso que la iniciativa que el poder ejecutivo ha tenido al promover la dictación de esta ley es positiva y va en el camino de una mayor justicia entre los chilenos, especialmente respecto de aquellos que puedan sentirse injustamente discriminados.
"Sin embargo, me parece que el establecimiento en la ley de un régimen de filiación es una decisión que no puede adoptarse sin tener en cuenta el tipo de familia considerado como propio de un país y que recibimos como herencia de nuestra historia y de la cultura cristiana de la que formamos parte. Desde siempre la perpetuación de la especie humana se ha considerado que es una misión que corresponde efectuar al interior de la familia legalmente constituida y por ello el ordenamiento jurídico que valora un tipo de familia fundado en el matrimonio y no en otra clase de uniones, vinculó a ese modelo la filiación, regulando la misma de modo diverso según que una persona viniera a la vida dentro o fuera del matrimonio. En tal sentido, la distinción entre los hijos viene exigida por la misma existencia o no de un vínculo matrimonial entre los padres y no resulta posible hacer desaparecer tal distinción por un simple artificio legal, sin fundamentos en la realidad de lo que las cosas son.
"Como se ha señalado, aun cuando se cambie la denominación jurídica de los hijos, nunca podrá ser igual nacer dentro del matrimonio que fuera. En este sentido, el proyecto, me parece, abandona una tradición jurídica asentada y provocará una grave crisis moral al desincentivar el matrimonio legal. Por ello, pienso que era muy adecuado el intento de introducir una distinción entre hijos matrimoniales y no matrimoniales, que, por desgracia, no ha prosperado.
"En efecto, tal como será aprobada esta ley, provocará trastornos muy serios en la certeza con que nuestra legislación afirma la validez del vínculo matrimonial y de la familia que nace del mismo, como un elemento esencial de nuestra vida social. Como pastor, puesto por Dios para llevar a los hombres por el camino del bien moral, creo que dicha ley no contribuirá a reafirmar esos valores. Por el contrario, introducirá inseguridades morales y jurídicas que podrían haberse evitado y que afectarán, sobre todo, a quienes no han tenido acceso a la cultura y a una adecuada formación moral. En este sentido, los parlamentarios que han dado su aprobación a este proyecto se harán responsables ante la historia de los males que para la constitución de la familia se seguirán de la aprobación de esta ley.
"No es mi objeto entrar en análisis jurídicos que no son de mi competencia y que no van al punto central de las preocupaciones de la Iglesia. Creo que en toda la discusión de la ley, tanto a nivel parlamentario como de opinión pública, se han introducido razonamientos que más han mirado aspectos sentimentales, de por sí importantes, pero no únicos, que razones verdaderas y de fondo para defender los postulados del proyecto de ley. Para cualquier persona razonable no se puede esconder que desde ciertos ambientes ideológicos se ha pretendido con esta ley afirmar un concepto de familia diverso al que constituye nuestra tradición ética y -según conocidos constitucionalistas- distante de la concepción de familia afirmada en la carta fundamental. Como señalé en un artículo publicado en El Mercurio, aquí ha existido silencio, un silencio cómplice de un cambio ideológico que se pretende introducir en nuestras concepciones. No soy un jurista y no me corresponde dar explicaciones de ese tipo, pero las relaciones jurídicas para que sean justas deben estar fundadas en los valores verdaderos y en la justicia para con unos y otros. Si no, no habrá paz en Chile, porque no la habrá en la familia. Y no la habrá en las familias por los ideologismos de algunos, que intentan imponernos desde posiciones de poder otros valores culturales y morales muy distintos a los que han formado la nación chilena.
"El punto moral que plantea esta ley es de difícil solución, pues se trata de conjugar adecuadamente el término de una distinción que se estima odiosa con la necesidad de que dicho proceder no reste fuerza a la familia fundada en el matrimonio. Sin excepción, en la discusión parlamentaria que ha tenido lugar se señala que con esta legislación en nada se pretende modificar las bases de una concepción de familia fundada en el vínculo legal. Desde un punto de vista ético, en el juego de dichos valores no es suficiente afirmar que siendo la dignidad del hijo superior al bien del matrimonio, un cambio legal que mejore y respete esa dignidad puede hacerse, sin más, aun cuando tengamos certeza de que provocará un mal cierto en la constitución de la familia. Se trata de una postura simplista y no exenta de error. Dicha opinión, que consta en las actas de la Cámara de Diputados y del Senado como sostenidas por el sacerdote Tony Misfud s.j., que acudió a las respectivas comisiones enviado por la Conferencia Episcopal, fue dada a título personal, según se señala en ellas, y no representa mi pensamiento ni el de una mayoría importante de mis hermanos en el Episcopado. Esta circunstancia la hice presente en una carta a El Mercurio, en marzo de 1997, sin que nadie en el Senado, se haya preocupado de pedir una opinión autorizada de los Obispos de Chile en esta materia. Por el contrario, he sabido que en diversos foros y lugares, algunos senadores han dicho que la opinión de la Iglesia es la de este sacerdote. Quiero dejar muy claro que ella no me representa, por ser, como han señalado varios pastores -entre ellos monseñor Antonio Moreno, Arzobispo de Concepción, Monseñor Bernardo Cazzaro, Arzobispo de Puerto Montt- contraria al pensamiento de muchos pastores de la Iglesia.
"Asimismo, se ha afirmado que no es posible que para mantener la institución matrimonial fundada en el vínculo legal, se establezcan en la ley distinciones que afectan la dignidad del hijo, mediante la diferenciación entre legítimos e ilegítimos. Todos compartimos la afirmación de que el fin no justifica los medios. No se puede defender la familia legalmente constituida a costa de la dignidad y derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio, se ha señalado. Se trataría de un medio ilícito e inmoral para su defensa. Lo que subyace en esta afirmación es una falsa disyuntiva: la oposición entre la "persona" y la "institución". Parecería que la defensa de la "institución" se hiciera a costa de la "persona". La incomprensión de esta relación recíproca es grave. La institución no es algo que se añade "desde fuera" a la comunión de personas que integran la familia, sino que se trata más bien de una institucionalización del amor conyugal y filial en su dinamismo inmanente. De ahí que la defensa del matrimonio y de la familia tenga por fin el bien de las personas que lo constituyen, y no al revés. Los hijos, como personas que son, tienen el derecho a nacer de un matrimonio y crecer en una familia estable, como lo ha recordado recientemente la Conferencia Episcopal (La Iglesia Católica y la ley de filiación, n. 5, 30 de junio de 1998.) Esa garantía se las debe dar y asegurar el legislador a través de la defensa del matrimonio y la familia. No hacerlo sería una discriminación. Lo que sería ilícito e inmoral es, pues, destruir o impedir aquello a que los hijos tienen derecho. La adecuada jerarquía de valores exige que la defensa del "fin" de la persona pase por el fortalecimiento del matrimonio y de la familia como "medio". Me parecen luminosas en este sentido unas palabras del Papa Juan Pablo II: "La familia como institución ¿qué espera de la sociedad? Ante todo que sea reconocida en su identidad y aceptada en su naturaleza de sujeto social. Esta va unida a la identidad propia del matrimonio y de la familia. El matrimonio, que es la base de la institución familiar, está formado por la alianza "por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de los hijos". Sólo una unión así puede ser reconocida y confirmada como "matrimonio" en la sociedad. En cambio no lo pueden ser otras uniones interpersonales que no responden a las condiciones recordadas antes, a pesar de que hoy día se difunden, precisamente sobre este punto, corrientes bastante peligrosas para el futuro de la familia y de la misma sociedad" (Juan Pablo II, Carta a las Familias, 1994, Año de la Familia, n. 17).
Por otra parte, el intentar probar que el legislador civil quiso amparar el matrimonio legal mediante la distinción entre los hijos, es cuestión que no resiste un análisis lógico, pues lo que el legislador ampara con la distinción es el simple hecho de que por su misma naturaleza existe una realidad diversa entre un hijo que nace en un matrimonio legítimo y los que nacen en otro tipo de uniones. Todos merecen vivir dignamente, pero distinguir entre unos y otros no es discriminación: es solamente atenerse a la realidad. No hay discriminación, por ejemplo, en la diferencia existente entre un hijo matrimonial y otro adoptado: la diferencia la exige la distinta realidad de uno y otro. La verdad no es discriminatoria. La justicia exige dar a cada uno lo suyo, y "lo suyo" en este caso viene establecido por la misma naturaleza y no de manera artificiosa. El mismo Tribunal Constitucional chileno ha señalado que "el principio de igualdad significa que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentran en situaciones diferentes", y resulta evidente que existe una desigualdad entre el hijo que nace dentro de un matrimonio legal y el que nace fuera de esa relación, desigualdad que por ser antecedente, no puede la ley hacer desaparecer.
Resulta, por el contrario, muy peligroso el desincentivo que se dará con este proyecto de ley: el matrimonio, pues éste ya no sería el camino normal para la procreación responsable y humana, a la altura de la dignidad de los hijos. De ahí el convencimiento de la Iglesia de que la defensa de la dignidad humana pasa primariamente por el fortalecimiento del matrimonio y la familia. El proyecto de ley al ordenar la filiación sólo en base a la realidad biológica reduce a un mínimo las exigencias éticas y jurídicas exacerbando con ello injusticias que ya existen y promoviendo otras nuevas. Se requiere, por tanto, perfeccionar el análisis legislativo de este proyecto para que se atenga al rigor jurídico y moral que Chile espera.
"Como Ud. bien sabe, la Iglesia ha defendido siempre la igualdad radical de todas las personas, oponiéndose así a las diversas inercias históricas, enseñando que cualquier discriminación es aberrante y eliminando de sus normas tales distinciones. A modo de ejemplo, la legislación canónica (1983) ha mantenido la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos. Así, "Son legítimos los hijos concebidos o nacidos de matrimonio válido o putativo" (canon 1137 del Código de Derecho Canónico). Sin embargo, tal distinción no tiene efectos sobre los derechos y deberes de los fieles cristianos en la Iglesia. La historia de la humanidad no puede sino que confirmar, que la Iglesia ha sido siempre pionera en la defensa de la dignidad de todas las personas, y de la intangibilidad de sus derechos. Hay, pues, una igualdad esencial entre los hijos legítimos e ilegítimos en cuanto a su dignidad personal, en su condición de ciudadanos, y de miembros de la Iglesia, como la hay, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Sin embargo, dicha igualdad esencial no debe confundirse con la diversidad accidental de cada uno de ellos en la situación familiar concreta que les ha tocado vivir. Igualar lo diferente es injusto. A cada uno de ellos hay que darle lo que corresponda, de manera que se consiga una verdadera igualdad en la diversidad. El solo hecho de no existir matrimonio entre sus padres es ya una diferenciación; es el hecho que se impone al Derecho, y que éste no puede desconocer, sin desconocer a la vez el matrimonio.
"No se puede hacer responsables a los hijos de la moral sexual de los padres, haciéndoles caer sobre ellos el estigma de la ilegitimidad, ha sido otro de los argumentos que se han dado. Efectivamente, la responsabilidad de los padres debe ser, al respecto, total. La moral cristiana siempre lo ha enseñado así: los pecados y las virtudes son personales, y de ello habrá que dar cuenta estrecha. El legislador debe ser por ello muy acucioso, al momento de exigir a dichos padres que reconozcan en sus hijos su propia paternidad, con todos los derechos inherentes: patria potestad, alimentos, herencia. Una filiación con paternidad desconocida es atentatoria a la dignidad humana. Los padres deben, por tanto, reconocer el status pleno que estos hijos tienen, y, a la vez, deben ser conscientes, por la fuerza de los hechos y circunstancias, que el status familiar de un hijo traído a la vida fuera del matrimonio es diferente. Querer igualarlos arbitrariamente es atentatorio contra los hijos matrimoniales: es imponer sobre los hijos legítimos la injusticia de sus irresponsabilidades, produciendo luego entre todos ellos una tensión ficticia. Cabe aplicar aquí aquella sentencia lógica: "distinguir sin separar, unir sin confundir". Desde una perspectiva sociológica, una legislación que simplemente elimina estos elementos, haciendo desaparecer todo tipo de sanción moral al respecto, es un llamado a no asumir las responsabilidades. Más aún, considerando que en el ámbito de la moral sexual venimos sufriendo una confusión de ideas no pequeña, una legislación como la que se está a punto de aprobar, será, sin duda, un nuevo elemento para aumentar dicha promiscuidad. Creo que en una materia tan delicada como ésta, no se puede olvidar el valor pedagógico, orientativo, que por su propia naturaleza debe tener toda ley, especialmente entre las personas con menos cultura, que identifican el bien moral con lo que manda o permite la ley.
"Otro argumento señalado para aprobar la legislación en trámite es aquel que se funda en las estadísticas. Se preguntan sus promotores si acaso en el actual régimen filiativo cerca del 40% de los hijos nace fuera del matrimonio: ¿No será acaso un indicio de que la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos es inútil, ya que no es un incentivo en favor de la familia legalmente constituida a través del matrimonio? Me parece que se trata de un análisis positivista y funcionalista, en una materia donde no se puede razonar y legislar sólo en base a los datos estadísticos, no pocas veces mañosamente adulterados o manipulados. Este argumento no se pregunta sobre lo que las cosas son en sí mismas, sino a lo sumo cómo funcionan. Se confunde así entre la estructura intrínseca de una realidad -en este caso la familia fundada en el matrimonio-, y su falencia funcional, coyuntural. La ley no puede limitarse a "fotografiar" la realidad tal cual se da; sino encauzarla pedagógicamente a lo que debe ser, tras la defensa del derecho de los hijos a nacer en una familia establece, producto de un matrimonio indisoluble.
"Muy estimado Senador: Más de alguna vez al estudiar todos los argumentos dados para llevar adelante esta ley, me parece que se ha olvidado pensar en los más pobres y desposeídos ética y culturalmente, en aquellos en que la formación moral no ha llegado, sea por las causas que sean, y que ven en lo dispuesto por la ley el bien moral, siguiendo en ello su sentido común. Si las leyes son buenas, contribuyen a formar la conciencia moral de los ciudadanos. Pero cuando estas confunden situaciones, cambian abruptamente y sin mayor explicación instituciones por su naturaleza relacionadas con el orden moral, entonces se provoca o se aumenta entre el pueblo sencillo una tremenda confusión, que pasadas algunas generaciones, adquiere nuevamente una cierta bondad moral, hasta legitimarse completamente. Qué ejemplo más claro que la legislación sobre el aborto en las naciones desarrolladas. Hoy día, de tal manera han calado los argumentos en su favor, que ya, aquello que para los padres o abuelos de las actuales generaciones era un mal gravísimo, viene siendo hoy un "derecho" inamovible, que nos hace contemplar sin capacidad de reacción la muerte de millones de inocentes en el seno materno.
"Hoy una inmensa mayoría de los chilenos queremos y buscamos que los hijos nazcan dentro del matrimonio. Sabemos que ello les da plenas posibilidades de desarrollo humano y social. Pero cuando pasen los años y vaya arraigando la idea de que no es el matrimonio el único y privilegiado lugar para traer los hijos al mundo, los chilenos llegaremos a la conclusión de que ética y moralmente es irrelevante que los hijos nazcan dentro o fuera del vínculo matrimonial y habremos provocado una grieta de proporciones en el fundamento mismo de nuestra sociedad civil.
"Es difícil sugerir soluciones, cuando se comprueba que pese a que muchos de los anteriores argumentos han sido dados, no se aceptan o se trivializan hasta casi ponerse en ridículo, haciendo aparecer a sus sostenedores como defensores de injustos privilegios y de ideas conservadoras, no acorde con los tiempos que corren. En la línea de una justicia verdadera, nadie se opone a que los derechos de todos los hijos sean los mismos, regulando la ley un sistema legal lo más justo posible, pero respetando distinciones que vienen exigidas por la naturaleza misma del vínculo matrimonial.
"Estimado señor Senador: me he expresado con la confianza y franqueza que me concede el llevar ya la mayoría de mi vida dedicada a servir a los pobres y desamparados y, sobre todo, movido por mis obligaciones ante Dios, Nuestro Señor y ante los hombres y mujeres que la Iglesia ha puesto bajo mi cuidado pastoral. Sé que Ud. comparte muchas de estas argumentaciones y quisiera que para las futuras generaciones, cuando se estudie la historia de la ley que hoy está a punto de aprobarse, se conozca que los católicos hicimos cuanto estaba en nuestras manos para evitar males que lamentaremos.
"Que el Señor y su Madre bendigan su trabajo y la defensa de los valores que Ud. hace en el Senado de la República, para el bien de esta querida Patria chilena.
"Orozimbo Fuenzalida Fuenzalida
"Obispo de San Bernardo.".
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON.-
En primer lugar, señor Presidente, quiero aclarar que aquí no estamos en la discusión general del proyecto, la que ya se hizo y terminó con un resultado. La idea fundamental o matriz de esta iniciativa, según el mensaje respectivo, es sustituir el régimen de filiación actualmente vigente por otro que termine con las diferencias entre hijos legítimos e ilegítimos, estableciendo un trato igualitario para todos los hijos, cualquiera que sea la situación jurídica de sus padres al momento de la concepción o del nacimiento.
Como digo, esa discusión ya la sostuvimos en una sesión anterior, y el Senado, por una votación de 27 contra 12, aceptó el proyecto del Ejecutivo despachado por la Cámara de Diputados y lo devolvió a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con el objeto de que ésta corrigiera, de acuerdo con el criterio mayoritario, todas las partes pertinentes -las cuales deben entenderse votadas y resueltas por el Senado- y para que, dadas la trascendencia y la complejidad de la iniciativa, aprovechara de efectuarle una revisión completa, tal como en definitiva se hizo.
Así como en alguna oportunidad he criticado a Parlamentarios de Oposición en relación con este mismo proyecto, por actitudes que a mi juicio son inconsecuentes, esta tarde me siento en la obligación de reconocer en el Senado la lealtad e hidalguía con que los Honorables señores Larraín y Díez, como miembros de la Comisión de Constitución, sin renunciar a sus convicciones, pero aceptando lealmente el encargo de la Corporación, se atuvieron a la tarea de aplicar al articulado del proyecto el criterio fijado por la Sala y, al mismo tiempo, a corregir el resto.
La Comisión, tal como lo expresó su Presidente, evacuó el informe por unanimidad, lo cual no sólo significa que los miembros de la Oposición se hayan allanado a llegar a puntos de vista concordantes con la eventual mayoría en ese organismo, sino, también, que quienes conformamos esa mayoría en el Senado igualmente aceptamos llegar a acuerdos, desistiendo de algunos puntos de vista, en ciertos casos, o transando, en otros. Es cuestión de ver cuántas son las indicaciones presentadas por el Gobierno o por Parlamentarios oficialistas que fueron rechazadas o no consideradas por la Comisión.
Por lo tanto, reconozco lealmente la forma como actuaron todos los miembros de la Comisión, y muy en particular la de quienes, no estando de acuerdo, legítimamente, con el criterio ampliamente mayoritario, se allanaron a cumplir con lealtad el encargo hecho por la Sala de la Corporación.
En cuanto a las observaciones del señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, sólo voy a hacer dos comentarios, porque no quiero revivir un debate que ya se realizó.
En primer lugar, me parece que la constitucionalidad del proyecto, que hasta ahora sólo ha sido discutida por dicho señor Senador, resulta incuestionable. En efecto, aquél se basa en normas constitucionales absolutamente claras, entre las cuales cabe citar el artículo 1º, inciso primero, de la Carta Fundamental, que señala textualmente que "Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos"; el artículo 19, Nº 2, de la misma, que consagra el principio de la igualdad ante la ley; en seguida, diversos tratados, de los cuales el más importante es el Pacto de San José de Costa Rica, de 1969, que reconoce, a la letra, "iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo" -no creo que esto pueda prestarse a ningún tipo de interpretación, y el artículo 5º de la Constitución obliga al Estado y a la sociedad a cumplir y hacer cumplir los tratados-; y, por último, la legislación contemporánea de todos los lugares del mundo civilizado, que ha terminado con este tipo de distingos entre hijos legítimos, ilegítimos, naturales y de dañado ayuntamiento, o como quiera que se llamen o hayan llamado.
En segundo término, señor Presidente, se ha hecho referencia a la Iglesia Católica. Sin embargo, no hay ningún pronunciamiento formal de la Iglesia Católica, ni corresponde que lo haya, sobre este proyecto de filiación, el cual no atenta contra ningún valor que aquélla defienda. Por el contrario, aquí se han leído declaraciones del Arzobispo de Santiago, señor Errázuriz; del obispo Tomás González, de Punta Arenas, y de monseñor Baeza, jefe de la Pastoral Social de la Iglesia Católica de la capital. Además, ha aparecido un muy claro y contundente documento de la Conferencia Episcopal de Chile, cuyo título es "La Iglesia Católica y la Ley de Filiación". Y en él, donde dicha Conferencia se refiere en particular al tema y no en teoría, no hay una sola palabra, ni una letra, que de alguna manera condene, rechace o desprestigie este proyecto.
Por el contrario, en su parte medular señala: "Todos los seres humanos, que proceden de Dios, su Padre común, nacen libres e iguales en su dignidad y sus derechos esenciales. Esta igualdad es reconocida por la Constitución Política de Chile y los Tratados Internacionales. Es a partir de esta base sustancial, la dignidad de la persona, de donde derivan los demás derechos y deberes esenciales de todos, entre ellos el derecho a la vida, al buen nombre, al reconocimiento jurídico, a casarse y fundar una familia".
Más adelante agrega: "Quienes nacen fuera del hogar formado por sus padres, no tienen ninguna responsabilidad por esta circunstancia, no pueden ser discriminados por este motivo y tienen derecho a una especial preocupación de la sociedad, la cual debe reconocer y tutelar sus derechos.".
Y en otra parte añade: "También hay que reconocerle al hijo el derecho de conocer a sus padres", que es otra de las ideas fundamentales del proyecto.
Se publicó ayer una carta del Cardenal López Trujillo dirigida al Obispo de San Bernardo, monseñor Orozimbo Fuenzalida. Ella constituye una respuesta a los planteamientos del sacerdote chileno.
Tal prelado hizo una declaración -la tengo a la mano- donde parte por reconocer que no está al tanto de la tramitación dada al proyecto en debate. No de otra manera pudo haber afirmado en esa declaración que ni la Cámara de Diputados ni el Senado recabaron, al menos prudencialmente, la opinión magisterial de la Iglesia Católica.
La Conferencia Episcopal fue invitada a participar en el debate de la iniciativa tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado. Y de los antecedentes que tienen los señores parlamentarios consta la opinión de la persona que, en nombre de la Conferencia Episcopal, concurrió a las sesiones. Ella no sólo apoyó el proyecto, sino que dio argumentos desde el punto de vista moral para que se apruebe. De manera que rechazo, en la forma más categórica, por un lado, que pueda decirse que la iniciativa es inconstitucional, cuando no representa sino el cumplimiento de claras disposiciones del ordenamiento jurídico vigente. Y con mayor razón cuando ha habido una especie de rechazo de parte de la Iglesia Católica. Obviamente puede haber obispos, sacerdotes y personeros de la Iglesia Católica, o de cualquier otra confesión, que tienen el legítimo derecho a disentir. Pero eso no significa que la institución propiamente tal haya estado o esté en contra del proyecto, sino muy por el contrario, ha estado a favor.
Por último, señor Presidente, quiero recordar aquí que cuando tratamos anteriormente este problema dijimos con mucha claridad que aquí no había -ni en forma confesada, ni menos subrepticia- ninguna idea de menoscabar la familia o el matrimonio como base de la sociedad.
Expresamos en esa oportunidad que, históricamente, se trata de un problema que nace con la República. A Chile llegaron más españoles que españolas, lo cual determinó el aumento del mestizaje.
También manifestamos que era paradigmático que el Padre de la Patria hubiera sido hijo ilegítimo, cuyos progenitores no pudieron casarse. Y un señor Senador de Oposición sostuvo en la Sala que, sin embargo, había podido llegar a ser Director Supremo y libertador de Chile. Y al respecto quiero recordar las palabras del propio General O¿Higgins en relación con esta situación. Él dijo lo siguiente: "Si un charlatán aristocrático se ha repletado al decir que mi nacimiento fue obra de la casualidad,"¿ ¿"yo puedo asegurar que desde que tuve uso de mi razón mi alma conocía otra filosofía más engrandecida, que representa mi nacimiento, no para mí mismo, sino para mi soberano Creador, para la gran familia del género humano y para la libertad de Chile, mi tierra natal.".
Por las razones expuestas, voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, hago mías las palabras del Honorable señor Hamilton.
Pero quiero referirme a algo afirmado por el Senador informante, en cuanto a que -como muy bien lo recordó el Honorable señor Hamilton-, junto con el Senador señor Díez, en la Comisión actuaron con particular hidalguía y con mucho espíritu de servicio en el despacho del proyecto, lo que permitió que concordáramos su articulado, respetándose así el principio que el Senado quiso sobre la iniciativa.
El Honorable señor Larraín dijo que la redacción de varios artículos no fue compartida en su totalidad y que, sin embargo, se pronunciaron favorablemente. Algo similar ocurre con nosotros: también concurrimos con nuestro voto a aprobar estas proposiciones para cumplir el mandato del Senado y llegar a una solución ecuánime y unánime.
Respecto a lo dicho por el Honorable señor Martínez, creo que también es importante dejar constancia de que muchas personas que profesan la misma fe del señor Senador se sienten hoy día muy contentas de que el proyecto sea aprobado, porque se entiende que es de justicia y plenamente concordante con los principios de la Iglesia.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Vega.
El señor VEGA.-
Señor Presidente, el problema en debate me parece muy complejo desde el punto de vista jurídico, como lo prueba el arduo estudio que el proyecto ha tenido en ambas Cámaras.
Pero, a mi juicio, lo que debe buscarse fundamentalmente con esta modificación legal es justicia para ese 43 por ciento de ciudadanos, justicia que no necesariamente se encuentra en el marco legal vigente. Como sabemos, la ley no siempre es sinónimo de equidad, porque es un acuerdo entre partes.
Lo que todos estamos tratando con estas enmiendas es perfeccionar nuestra democracia, la cual debe ser muy sólida, para apoyar realmente a un país desarrollado, que es lo que Chile pretende ser en el próximo siglo.
Una democracia sólida se caracteriza fundamentalmente por la igualdad ante la ley y en los derechos de cada uno de sus integrantes. El ciudadano debe pisar confiadamente en este sólido piso y mirar el futuro y proyectarse con la sola limitación de sus propias capacidades.
Pregunto: ¿cómo lograremos una democracia sólida tan necesaria si tenemos 43 por ciento de niños creciendo, educándose o desarrollándose en el temor y en la incertidumbre; y muchos de ellos en el resentimiento que lleva al odio y a la desambientación social, con situaciones lamentables en una sociedad que pretende ser moderna?
No son esos niños los responsables ni el motivo central de este debate. Ellos son una consecuencia de situaciones que tienen un origen mucho más complejo, como lo hemos visto en los últimos debates en la Sala. El problema es de la sociedad misma, de los progenitores y de las estructuras jurídicas que la rigen. Ellos son los que tienen la responsabilidad de normalizar una situación de tal naturaleza y tan extremadamente desfavorable, como es la que se trata ahora de corregir.
La familia estable no se debilita por la existencia de una ley que reconozca adecuadamente los derechos de los niños nacidos fuera del matrimonio, sino por el actuar de algunos padres y su falta de compromiso con ella.
El problema reside, entonces, en que debemos reiterar el real significado de la vida humana, del milagro que significa la prolongación de nuestro ser en los hijos y el respeto de la sociedad a toda nueva vida.
En mi opinión, la modificación al régimen de filiación, junto con dar una respuesta jurídica adecuada a esos niños, constituye un mensaje claro de responsabilidad para sus padres.
Reconozco que esta iniciativa de ley no es una solución integral, pues tiene complicadas aristas de carácter jurídico. Pero el problema debe ser enfrentado mirando un futuro superior.
Se encuentra actualmente en debate un proyecto de ley que pretende aumentar las penas para el delito de aborto. ¿No es acaso dicho flagelo parte de un problema complejo, en el cual la discriminación que sufren los hijos nacidos fuera del matrimonio debe ser considerada como un factor influyente en el mismo? El examen de embarazo para postular a un empleo, el fuero maternal de las asesoras del hogar, la falta de oportunidad para acceder a la educación y la existencia de distintas categorías de hijos son sin duda temas vinculados entre sí y respecto de los cuales debe legislarse integralmente en la búsqueda de una solución que nos lleve a una sociedad solidaria con los más débiles.
Los problemas mayores o menores deben ser resueltos por la sociedad y los progenitores responsables. Pero, en ningún caso, con indiferencia por este sensible problema social.
Si con estas modificaciones se logra reducir las angustias, temores y complejos en tan elevado número de niños, entonces, me parece compatible tal perfeccionamiento con la moderna sociedad y democracia que nuestro país necesita.
Señor Presidente, apruebo el proyecto en la forma propuesta por la Comisión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, al igual que otros señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra, adhiero a las expresiones del Honorable señor Hamilton. Y puedo afirmar que los Senadores de la Democracia Cristiana votarán todos en la misma línea a favor del proyecto.
Las razones por las cuales fundamentamos nuestro voto en la oportunidad anterior, se basan en que el proyecto coloca en orden el tiempo en que vive la sociedad chilena, una sociedad que ha ido evolucionando, debido a que objetivamente el Código Civil y algunas otras normas legales no permitían reconocer algunos de los elementos que hoy día complican la existencia y la vida cotidiana de miles de chilenas y chilenos y de muchos núcleos familiares.
En el momento en que reconocemos la igualdad del ser humano, estamos apuntando al fortalecimiento de los derechos que en el país y en nuestra Carta Fundamental constituyen la forma básica acerca de cómo debemos relacionarnos. El derecho a la vida; el derecho a la igualdad; el derecho al justo tratamiento; el derecho del niño y de la niña, cualquiera sea la forma en que fueron engendrados, son derechos que en el fondo constituyen lo que una sociedad moderna observa de sí misma y lo que deben ser las conductas de sus miembros.
Por eso, estimamos incorrecto afirmar que el proyecto debilita a la familia, como norma de funcionamiento en la sociedad. No es así. Debemos entender que hoy día hay núcleos familiares constituidos por madres solteras que tienen tanta dignidad; que entregan tanto afecto y protección a los miembros de su familia, y que hacen tanto esfuerzo por llevar adelante la vida, la educación y el futuro de sus hijas e hijos, al igual que una familia reputada como normal: con padre, madre, hijos y parientes.
Por lo tanto, en el momento en que la iniciativa establece esas condiciones de igualdad, consideramos que da un paso positivo para la sociedad chilena. Es cierto que quedan puntos por resolver, y situaciones que aquí han sido explicadas y que comprendemos que deben ser manejadas con prudencia, pero también con visión de futuro.
El problema de determinar la filiación no puede ser convertido en un elemento de agresión de unos contra otros. Por eso, el precepto que contempla objetivos y mecanismos con los debidos resguardos es realmente un elemento positivo.
Deseamos añadir nuestro reconocimiento a los señores Senadores que, no habiendo compartido la globalidad de las ideas, han dado su voto favorable para que la iniciativa que modifica el Código Civil sea una norma para todos nosotros.
Por consiguiente, voto a favor y expreso mi satisfacción por el trabajo realizado por la Comisión sobre la materia.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, para la historia de la reforma del Código Civil, me parece muy importante precisar algunos puntos.
En primer lugar, resulta lógico que la legislación chilena que tiene su base en la Constitución no establezca distinciones que signifiquen discriminar entre las personas nacidas en el matrimonio o fuera de él en cuanto a la relación del hijo con su padre.
Distinta es la situación jurídica que se produce respecto de los progenitores, quienes pueden estar unidos en vínculo matrimonial. Tal situación es la mayoritaria, la deseable, la que sin duda todos los miembros del Senado buscan para la familia.
También pueden nacer hijos de personas no unidas en matrimonio y que no tienen ningún vínculo anterior. Esta situación también tiene que ser reglamentada y reconocida por nuestra legislación.
Otra situación -que es indiscutiblemente la más compleja y la menos deseada- es que un hijo concebido por su padre igual que todos sus hermanos nazca como producto de la unión de dos personas en que una de ellas mantiene un vínculo matrimonial anterior, con todas las consecuencias morales y jurídicas que de él se desprenden.
Cuando iniciamos la discusión del proyecto, manifesté en la Sala que si él significaba un retroceso en la situación de la familia, no me cabía duda alguna de que lindaba en la inconstitucionalidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 1º de la Carta Fundamental.
En la Comisión respetamos lealmente el acuerdo del Senado, en donde, personalmente, fui derrotado en mi postura, la cual pretendía que no hubiese distinción entre hijos matrimoniales y no matrimoniales, desechada ya por unanimidad la clasificación peyorativa de hijos legítimos e ilegítimos.
En el análisis del nuevo informe, en la Comisión contamos con el apoyo y aporte de sus miembros y de la señora Ministra del ramo y de la asesora de su Cartera (quien realmente hizo un aporte importante en la discusión del proyecto). Allí llegamos a una conclusión que hace que la iniciativa se enmarque dentro de la norma sobre protección de la familia que establece la Constitución Política. En efecto, se indican diferencias entre las filiaciones y los padres unidos en matrimonios y los que no lo están. Es decir, establece una diferencia en la filiación, y no sólo hablamos del parentesco por consanguinidad -que depende la sangre-, sino también del surgido por afinidad. O sea, hay una distinción.
El artículo 179 que propone el proyecto establece que la filiación por naturaleza puede ser matrimonial y no matrimonial. De manera que estamos en presencia de dos filiaciones, o sea, de dos relaciones de pareja.
En seguida, el artículo 180 define la filiación matrimonial: "La filiación es matrimonial cuando existe matrimonio entre los padres al tiempo de la concepción o del nacimiento del hijo.". Y también tiene el alcance de filiación matrimonial "la del hijo cuyos padres contraen matrimonio con posterioridad a su nacimiento".
En seguida, el artículo 184 se refiere a una materia muy importante, referente a la presunción de paternidad en el matrimonio. Tal norma dispone al respecto: "Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución o al divorcio de los cónyuges.".
En seguida, el artículo 186 define expresamente la filiación no matrimonial, al señalar que ésta "queda determinada legalmente por el reconocimiento del padre, la madre o ambos, o por sentencia firme en juicio de filiación.".
Hay dos filiaciones distintas, claramente establecidas en la ley: una, amparada por la presunción del matrimonio, y, la otra, nacida del acto voluntario del reconocimiento.
Respecto de la impugnación, y siguiendo absolutamente esa línea, el artículo 204 del proyecto es absolutamente lógico al disponer "La acción de reclamación de la filiación matrimonial corresponde exclusivamente al hijo, al padre o a la madre.". Debe entenderse que los progenitores son los que presuntamente son padre o madre en conformidad a la disposición leída y que se encuentran unidos en matrimonio al momento de la concepción o del nacimiento del hijo, de acuerdo con la norma señalada.
La disposición del artículo 204 -que deja exclusivamente a estas personas la acción de impugnación- significa que ningún tercero puede pretender impugnar la legitimidad del hijo nacido en el matrimonio. Sólo está permitida al marido, dentro de los términos que fija la ley; a la madre; al hijo o a los herederos. Respeto de estos últimos, no es novedad jurídica, por cuanto son los continuadores de la persona del difunto. Esto es realmente importante: el matrimonio está defendido, en la presunción de la filiación matrimonial de sus hijos, por disposiciones absolutamente claras de nuestra legislación que, primero, señalan a quienes corresponde la acción, y, en seguida, precisan que exclusivamente tendrán derecho a ejercerla los titulares que indica. De manera que el matrimonio ha sido diferenciado; las presunciones matrimoniales han sido respetadas; las impugnaciones son de diversa clase, y se ha protegido el matrimonio frente a terceros.
Restaría por determinar, además, si la iniciativa se preocupa o no de la situación del matrimonio, fundamentalmente de aquellos matrimonios que necesitan de la protección de la ley, que son los de nivel socioeconómico medio o bajo. Y, a mi juicio, la reforma del Código Civil contiene dos materias que también privilegian al matrimonio por el expediente de favorecer al cónyuge sobreviviente.
La primera dice relación con la herencia. No hay duda de que, del análisis total de las disposiciones propuestas, en lo referente a los derechos de la sucesión intestada del cónyuge sobreviviente, se desprende que ellas mejoran notoriamente la situación actual, porque se establece que corresponderá a la mujer el doble de la legítima rigorosa de un hijo, salvo la excepción que señala la ley. Y este nuevo Código dispone, además, que la mujer en ningún caso tendrá derecho a menos del 25 por ciento de la fortuna del marido. Y hablo de la mujer, porque la inmensa mayoría de los cónyuges sobrevivientes son mujeres, aunque esto no nos guste a los Senadores¿De modo que cuando estamos protegiendo al cónyuge sobreviviente, estamos protegiendo a la viuda, a la cual le reconocemos que su herencia no puede ser inferior al 25 por ciento, lo que significa un progreso respecto del reconocimiento actual del matrimonio en lo relativo a la herencia, en que la mujer sólo tiene derecho a la porción conyugal -que equivale al 25 por ciento- cuando es cónyuge pobre; es decir, cuando sus bienes no alcanzan a ser superiores a lo que le habría correspondido por porción conyugal.
El señor PÉREZ.-
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor DÍEZ.-
Con todo gusto, con la venia de la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puede hacer uso de la interrupción Su Señoría.
El señor PÉREZ.-
¿Qué ocurre en el caso de la sociedad conyugal? Ese 25 por ciento, marginal al 50 `por ciento, ¿es la disolución de la sociedad conyugal?
El señor DÍEZ.-
Nos estamos refiriendo a la herencia del marido o de la mujer, una vez liquidada la sociedad conyugal, que corresponde a otra figura. La herencia es por la mitad de gananciales del cónyuge fallecido. Es decir, en el sistema normal de sociedad conyugal, que rige casi en su totalidad a los niveles medio y bajo, la mujer tiene derecho a la mitad de la sociedad conyugal más la cuarta parte de la herencia del marido.
Pero se ha llegado aun más allá, y en esto reconozco la buena voluntad del Ejecutivo, al comprender la razón de nuestras inquietudes, que no es otra que la casa familiar de los hogares modestos, que, con el plan habitacional chileno, es, por cientos de miles, prácticamente el único bien importante de gran parte de nuestras familias modestas. Los que tenemos experiencia parlamentaria hemos podido comprobar que son las mujeres las que constituyen los comités para lograr una vivienda. Ellas son quienes vienen a hablar con los Parlamentarios, quienes tienen acceso al Gobierno y quienes han demostrado su voluntad de lucha inquebrantable para obtener una casa. A estas mujeres, fallecido el marido -y lo digo porque, según las estadísticas, los cónyuges sobrevivientes son en su mayoría mujeres-, se les podría presentar una situación sumamente dolorosa cuando, por tener hijos mayores o nacidos fuera del matrimonio, y no alcanzando su herencia para adjudicarse la casa con el valor de su cuota hereditaria, tengan que abandonar la casa en que vive la familia, donde muchas veces puede haber hijos menores. Al respecto, esta iniciativa dispone que, si ello sucede, la mujer podrá pedir en su favor el usufructo, con carácter de gratuito y vitalicio, para seguir viviendo en su casa.
Por lo tanto, la protección al matrimonio que contempla el proyecto es muy clara. Honestamente, no podría decir que la imagen de protección al matrimonio proporcionada por la Constitución se ha visto disminuida por esta iniciativa sobre filiación. Y hemos conseguido dos cosas: en primer lugar, establecer la igualdad entre los hijos, lo que, evidentemente, significa el cumplimiento no sólo de la Carta Fundamental, sino también de los principios morales más profundos que tenemos, y en segundo lugar, proporcionar al matrimonio una situación diferenciada que, evidentemente, demuestra toda la simpatía y protección del legislador hacia la familia.
Por tales razones, votaré a favor de la redacción elaborada por la Comisión de la cual formé parte, sin perjuicio de mantener, como es lógico y no necesito repetirlo, los principios de mi intervención primitiva respecto de los artículos ya aprobados por esta Corporación.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Quiero advertir que aún restan por intervenir cuatro señores Senadores y, como prácticamente hemos vuelto a discutir en general del proyecto, tras la participación de ellos daré por cerrado el debate y, según hemos acordado, procederemos a votar en forma global el articulado, salvo aquellas disposiciones que hemos exceptuado.
Tiene la palabra el Honorable señor Pinochet.
El señor PINOCHET.-
Señor Presidente, la intención con que se presenta la iniciativa es del todo atendible, puesto que se trataría de evitar daños, sobre todo psicológicos y sociales, a personas que no tuvieron la culpa de nacer fuera del matrimonio. Sin embargo, los mecanismos formales empleados, la redacción que se utilizó y la técnica legislativa proyectada terminan por desperfilar los efectos benéficos de la iniciativa.
De hecho, al eliminar la distinción entre "hijos legítimos" e "hijos ilegítimos", sin ningún tipo de resguardos que eviten perjuicios a la institución del matrimonio, se termina por causar un grave daño a este núcleo fundamental de la sociedad. De aprobarse el proyecto en los términos actuales, se estará dando una muy mala señal a la sociedad, en el sentido de que ¡da lo mismo procrear dentro del matrimonio que fuera de él!
Ante ello, debe recordarse que la Constitución, en el inciso quinto del artículo 1º, establece ciertos deberes primordiales del Estado hacia la familia, núcleo fundamental de la sociedad. Y la familia que se tuvo en cuenta para estos efectos era justamente aquella que se origina en el matrimonio.
La proyección, amparo y protección de la familia preferentemente originada en la institución del matrimonio, es lo que interesa a la sociedad para estructurarla armónicamente. Sólo las relaciones de familias conocidas, estables y sólidas, como las que nacen a partir del matrimonio, son capaces de ser "El Núcleo Fundamental de la Sociedad"¿ Otras no poseen esa virtud.
Las tristes experiencias de otros países que se denominan desarrollados por su alto estándar de vida, y que pretenden estar a la vanguardia en estos temas e imponerlos a otros, dan cuenta del tremendo perjuicio que significa para la sociedad el no estar estructurada sobre un concepto de familia que se origina en la institución del matrimonio.
Por ello, debe estimarse que, de aprobarse este proyecto en los términos propuestos, se vulnera además, a no dudarlo, la Carta Fundamental.
Por tales consideraciones, voto por el rechazo de las materias señaladas.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, no es mi ánimo referirme al problema de fondo, sobre el cual ya he tenido oportunidad de opinar en dos ocasiones. Sólo quiero señalar, al respecto, que nadie podría prever los efectos futuros de esta iniciativa y el riesgo a que ella, de alguna manera, puede exponer al matrimonio.
Confío en Dios en cuanto a que estos efectos no sean negativos.
Pero en relación con ello, quiero hacer un alcance derivado de lo mismo y que puede implicar una obligación futura del legislador. Porque, en la práctica, estamos creando o manteniendo deberes y obligaciones con respecto al cónyuge y, sin embargo, de alguna manera estamos reconociendo, en ésta o en otras iniciativas, la situación de pareja. Empero, el matrimonio, la calidad de cónyuge, implica un conjunto de obligaciones, e incluso de responsabilidades penales, de incompatibilidades, de inhabilidades, de declaraciones patrimoniales o de intereses, y no concierne a la pareja aquella situación al margen del matrimonio debidamente constituido.
Creo que debemos preocuparnos en el futuro de estas materias, porque no podemos, por vía indirecta, seguir debilitando al matrimonio, creando problemas o responsabilidades a quien lo contrae y liberando de los mismos problemas, de las mismas obligaciones o de los mismos deberes a quienes se abstienen de ello. Me parece que, de alguna manera, ésta es una tarea que queda pendiente. Y confío en que lo que hemos hecho aquí -todos los Senadores hemos procurado actuar con la mejor buena fe posible- en cuanto a buscar la igualdad respecto a los hijos, no vaya a ser un motivo más para debilitar la institución matrimonial, que todos reconocemos como vital para la sociedad, y no sólo para la familia.
Dejo hecha esta observación, porque ahora último hemos tenido oportunidad de discutir numerosas leyes donde se establecen obligaciones que tienen que ver, por ejemplo, con servicio público y con probidad, en que está la situación del cónyuge, la relación de marido y mujer, y, sin embargo, nada decimos a este respecto; no tomamos ninguna precaución, y ningún deber imponemos a una situación al margen, que puede ser muy respetable, pero que, obviamente, es distinta y no se halla cubierta por el legislador.
El segundo aspecto que deseo abordar es el siguiente, señor Presidente.
Me parece que de buena fe hemos aceptado ciertas normas relativas a la calificación de hijos nacidos dentro del matrimonio o fuera de él, donde se estimó peyorativo establecer una realidad. Pienso que eso es un error que nada tiene que ver con la igualdad de derechos potenciales, sino con otras materias. Pero, por lo mismo, aceptamos -y adoptamos un acuerdo en ese sentido- que todo lo que derivara de estas expresiones sea corregido por una Comisión.
Pero ocurre que en este proyecto se encuentran incluidos otros aspectos que no dicen relación exacta con la igualdad de los hijos. Es así como hay normas, especialmente en materia hereditaria, vinculadas a los derechos del cónyuge, a los ascendientes, que son distintas de la legislación actual y que el Senado no ha tenido oportunidad de conocer. No estoy señalando una posición determinada, ni siquiera oponiéndome concretamente a las normas. Pero estamos adoptando un procedimiento para aprobar un proyecto de esta trascendencia, en materias donde las diferencias pueden referirse a aspectos meramente técnicos o apreciaciones de cómo es mejor la iniciativa, que simplemente se van a aprobar en bloque -así lo entiendo de la proposición del señor Presidente-, sin que el Senado tenga ocasión de analizarlas. Y esto no dice relación con la igualdad de los hijos, sino con otras cuestiones concernientes al cónyuge, a los ascendientes y a la familia.
Entonces, estimo inadecuada esa vía, por considerar que está bien que lo que ya aceptamos o lo derivado de ello, aunque hayamos estado en posición contraria, lo demos por aprobado. Pero respecto a otras normas, que son de orden técnico y ajenas a la igualdad, la Corporación debiera tener oportunidad de conocerlas con mayor precisión para pronunciarse. Lo probable es que aprobemos esas materias, pues no creo que al respecto existan grandes observaciones que hacer, pero hay más de un aspecto puntual que podría aconsejar conocerlas con más exactitud. De modo que lo ya aceptado en la oportunidad anterior y lo derivado directamente de ello podríamos darlo como conforme. Pero en cuanto al resto, me parece un precedente peligroso pronunciarnos en particular sobre materias tan delicadas e importantes sin siquiera analizar cada una de ellas o, al menos, institucionalmente agrupadas de acuerdo con los estudios y resoluciones de la Comisión respectiva.
Es lo que quería señalar, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Canessa.
El señor CANESSA.-
Señor Presidente, en su momento hice presente a la Sala las razones por las cuales no comparto el punto de vista que orienta esta reforma del régimen de filiación.
En síntesis, me parece que la ley no debe apartarse de la realidad hasta el punto de desconocer que en el orden familiar hay una diferencia sustancial entre los hijos nacidos dentro del matrimonio y los nacidos fuera de él, lo cual no obsta a una regulación justa de las consecuencias civiles que surgen de aquella diferencia.
Al mismo tiempo, hice ver que esta iniciativa contribuye a erosionar uno de los pilares de la organización social, cual es la familia.
Por último, expresé que también se debilita al matrimonio en cuanto institución. Las consecuencias que esto tendrá en el futuro tal vez no sean las que están buscando los promotores de la modificación que ahora nos ocupa.
Dicho lo anterior, quiero dejar constancia de mi opinión respecto al informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Lo apruebo, pero haciendo mías las prevenciones de los Senadores señores Díez y Larraín; es decir, acato y respeto lo que ha mostrado ser el sentir mayoritario de esta Corporación, y entiendo que, en cuanto a la técnica legislativa, desde una posición de minoría, ellos han procurado articular un texto de la mejor calidad posible.
En consecuencia, voto que sí, pero no por ello dejaré de advertir que, al menos en mi opinión, no estamos haciendo un servicio al bien común de la nación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde el último turno al Senador señor Prat. Una vez concluida la intervención de Su Señoría procederemos con la votación.
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, aun cuando es claro que hoy ya no nos encontramos en la discusión general del proyecto, dado que nos veremos abocados a votar el informe de una Comisión que ha llegado a un acuerdo de redacción conjunto, considero un deber establecer acá, aunque posiblemente sea una repetición, las aprensiones que nos merece la iniciativa que nos ocupa y realizar algunas consideraciones en relación a materias que no fueron vistas en particular anteriormente en la Sala.
Respecto de los temas en que la Comisión ha hecho un esfuerzo de adecuación de redacción en virtud de una votación ya verificada en la Sala, quiero señalar que la igualación que hace esta iniciativa, si bien atiende a una demanda social legítima, a mi juicio, en la práctica no la resolverá debidamente y, sí, en cambio, producirá un efecto de debilitamiento de instituciones fundamentales, que en nuestra sociedad juegan un rol fundamental. Yo diría que la demanda de mayor dignidad que tienen las personas que están en la situación que aborda este proyecto; la demanda de mayor agilidad y eficacia en la resolución de las reclamaciones judiciales que envuelven estos casos; el avance en cuanto a promover la responsabilidad de los progenitores, esencialmente, que incluye un elemento afectivo, de acogida, en fin, no se solucionan mediante la iniciativa en análisis. Ella no va a cambiar la naturaleza de las cosas. Es probable que en muchos aspectos produzca frustración y que en otros dañe instituciones fundamentales del ordenamiento social.
Por lo tanto, como dijo un señor Senador, la ley en proyecto, desgraciadamente, no resuelve lo tocante al bien común, que pasa por el bienestar de cada una de las partes que conforman el todo.
Es, señor Presidente, una aprensión que debo repetir, aun cuando no estemos en la discusión general.
En cuanto a las materias distintas de las resueltas en sesión anterior y que sí toca este acuerdo, me manifiesto conforme y reafirmo las precisiones hechas aquí, particularmente por los Honorables señores Larraín y Díez, en relación con los artículos 204 y 205, en el sentido de que se refieren, naturalmente, al padre y a la madre unidos en matrimonio, como lo establece antes el artículo 183.
Asimismo, respecto del artículo 182, relativo a los casos de fertilización asistida, me parece claro que son padres del hijo concebido por esa vía el hombre y la mujer que se someten a ella, quienes conforman el matrimonio o tienen la voluntad de acogida, pero no terceros, personas distintas de la pareja. Por lo tanto, la imprecisión de que adolece la norma está resuelta con la explicación de Sus Señorías, que resulta fundamental para su entendimiento.
Con tales consideraciones, dejo expresa constancia de que, de ser posible llegar a una votación, repetiría el pronunciamiento que emití antes respecto del conjunto de disposiciones que estamos analizando.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
El último orador inscrito es el Senador señor Fernández.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, no estamos en la discusión general del proyecto, que ya realizamos en su oportunidad. Sin embargo, hay aspectos específicos del informe de la Comisión que conviene hacer resaltar.
Uno de ellos es el que dice relación al artículo 182, sobre la fertilización asistida. El precepto, tal como está concebido, consigna por primera vez, desde el punto de vista legal, ese concepto. No debemos olvidar que no existe legislación al respecto. Y por eso se presentó en su momento un proyecto para regular lo relacionado con la fertilización asistida. En la actualidad, solamente hay una directiva del Ministerio de Salud al respecto. De manera que si mediante el artículo 182 nos refiriéramos a la fertilización asistida, podría entenderse -mal, a mi juicio- que estaríamos autorizándola sin ningún tipo de reglamentación, en circunstancias de que el proyecto específico sobre la materia, radicado en Comisión, pretende precisamente regular sus efectos y los casos en que procede. Vale decir, de no aprobarse dicha iniciativa, sería factible entender que la fertilización asistida podría hacerse en cualquier forma y sin requisito alguno, lo cual, en mi opinión, sería grave. Es posible, incluso, que la ley en proyecto se apruebe antes que aquélla (si es que la otra se aprueba).
Entonces, el tema reviste algún grado de importancia. Por lo tanto, pienso que deberíamos rechazar el artículo 182 y dejar el asunto para cuando analicemos el proyecto específico sobre la materia.
Hay, señor Presidente, otra cuestión que el informe no considera y que, a mi modo de ver, es útil y necesaria: el derecho de alimentos que eventualmente tendría el hijo que no opte por iniciar el juicio de reconocimiento pleno de la paternidad. O sea, estamos abriendo la posibilidad de que ésta se investigue en términos mucho más amplios que los consignados en nuestra legislación. Sin embargo, en lo que respecta al hijo que no pretenda reconocimiento de la paternidad sino sólo alimentos, a mi modo de ver, no sería inconveniente ni incompatible con lo aprobado por la Comisión el hecho de repetir o mantener la situación actualmente reglada por el artículo 280 del Código Civil, que, en su Nº 4º, abre la posibilidad de pedir alimentos "Si el supuesto padre, citado por dos veces a la presencia judicial para que, bajo juramento, reconozca al hijo y expresándose en la citación el objeto, no compareciere sin causa justificada".
Existen situaciones en las cuales, probablemente, al hijo no le es factible iniciar un juicio, por las dificultades que ello conlleva, por el costo que puede significar o, incluso, por la excesiva demora que normalmente se produce (no debe olvidarse que se trata de juicios ordinarios). Entonces, es posible que opte por iniciar esa acción actualmente consagrada en nuestra legislación y que, en virtud del nuevo proyecto, le estaría vedada.
Reitero: no habría incompatibilidad alguna entre lo aprobado y el otorgamiento, además, del derecho de alimentos, si tal es la opción.
Por otro lado, estimo que la norma que permite a los ascendientes ser asignatarios de cuarta de mejoras es un avance importante en nuestra legislación. Hoy día, con el transcurso del tiempo, a veces los ascendientes pasan a ser las personas más desvalidas, a diferencia de lo que ocurría antaño, cuando el promedio de vida era mucho más bajo y normalmente los hijos se encontraban en tal trance al momento de fallecer los padres. La situación se ha ido revirtiendo al aumentar el promedio de vida, y quizás no sean los hijos quienes más necesiten de ese tipo de asignaciones, sino los padres.
Por eso, creemos que se abre una opción interesante en el proyecto al dar la posibilidad al testador de incluir en la cuarta de mejoras a los ascendientes. Se amplía la facultad de testar en términos de favorecer a personas desvalidas.
De otra parte, considero que la solución consistente en dar carácter de presunción grave al examen de ADN es mejor que la consignada anteriormente en el proyecto, en el sentido de que se apremiaba a la persona, incluso con arresto, hasta que concurriera, haciéndose obligatorio dicho examen. Creo que es más adecuado conferir al juez la facultad de ponderar y que el hecho de que la persona no se quiera someter al referido examen se considere en el fallo como una presunción grave. De ese modo se facilita el juicio mismo.
He hecho resaltar esos aspectos porque, a mi entender, debieran corregirse. En lo demás, estoy de acuerdo con lo obrado por la Comisión, que llevó a cabo un trabajo técnico de bastante rigor.
Sin embargo, debo connotar que en el artículo 204 se utiliza el término "exclusivamente" (en el 205, el adverbio "sólo"). Entiendo que se desea enfatizar que la acción de reclamación de la filiación matrimonial corresponde exclusivamente al hijo, al padre o a la madre. Pero me parece que, si se eliminara dicha expresión, la norma significaría lo mismo, con un inconveniente o una ventaja, según se quiera mirar: si agregáramos la palabra "exclusivamente" para señalar que dicha acción corresponde sólo al hijo, al padre o a la madre, deberíamos hacer un trabajo muy exhaustivo en todo el Código Civil, porque contiene numerosas enunciaciones que, si bien son taxativas, no figuran precedidas por los adverbios "exclusivamente" o "sólo"; de lo contrario, en algunas situaciones podría entenderse que si el legislador, para dar carácter taxativo a una norma, tuvo que emplear las palabras "exclusivamente" o "sólo", y en otras, no, deberíamos concluir, "contrario sensu", que en un caso es taxativo, y en el otro, meramente enunciativo.
En consecuencia, pienso que no es necesario hacer el énfasis. Basta dejar las normas como se hallan concebidas en los artículos 204 y 205, pues de otra manera se correrá el riesgo de interpretación que señalé.
Sobre el particular, me parece que sería suficiente hacer constar tanto en la Versión Taquigráfica de la Sala como en las actas de la Comisión que las disposiciones son taxativas y no simplemente enunciativas.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Habiendo intervenido el último orador inscrito, procederemos a la votación.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, ¿puede precisar exactamente lo que vamos a votar?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Vamos a votar todos los artículos, excepto los señalados al comienzo.
Repetiré lo que queda excluido: en la página 9 del texto comparado, el artículo 182; en la 14, el artículo 199 (relacionado con las pruebas periciales biológicas); en la 15, el artículo 204 (contiene el término "exclusivamente"); en la 48, el artículo 988 (atinente a la porción conyugal; se pidió discutir la norma, para votarla separadamente); en la 53, lo relativo a la cuarta de mejoras (tema vinculado también al de las herencias).
Esas cinco materias quedarán pendientes.
Por lo tanto, en votación el resto, en un solo paquete.
--(Durante la votación).
El señor ABURTO.-
Señor Presidente, fundamentaré mi voto en forma muy breve.
Lo que está en votación en este momento es, prácticamente, el trabajo de coordinación realizado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. De manera que, sobre este particular, creo que -emplearé una expresión judicial- hay verdadera cosa juzgada.
El Senado, en su oportunidad, aprobó las primeras normas de la iniciativa, que establecían la diferencia entre hijos matrimoniales y no matrimoniales, lo cual fue acogido por la Sala con la modificación ya conocida, atinente a la denominación de "hijos".
En consecuencia, respecto a las demás normas, cuyo estudio se encargó a la Comisión para que las coordinara con lo ya aprobado por la Sala del Senado, estimo que se ha producido -repito- una suerte de cosa juzgada.
Las restantes disposiciones, a las que se refirió el señor Presidente, están reservadas para un debate separado del de aquellas sobre las cuales trabajó la Comisión a los efectos de su coordinación.
Eso tengo presente al dar mi aprobación al proyecto en esta parte.
El señor BITAR.-
Señor Presidente, fundamentaré mi voto sobre la base de considerar que la actual legislación es inconveniente, que establece una discriminación inaceptable, que la lógica de mantener lo existente hace recaer en los hijos la responsabilidad de los padres y que, por lo tanto, las diferencias deben ser eliminadas.
También lo hago sobre la base de que, si la ley vigente se aplica respecto de una realidad donde el promedio nacional de hijos nacidos fuera del matrimonio es de 42 por ciento -en el norte, en la Región que represento, es de casi 50 por ciento-, mal puede pensarse que mantener esa legislación puede ayudar a disminuir el número de hijos ilegítimos. De manera que su enmienda me parece fundamental.
En lo específico, junto con aprobar los puntos que la Mesa sometió a votación y que fueron objeto de acuerdo unánime en la Comisión, deseo expresar mi criterio en materia de relación entre los hijos no matrimoniales y los abuelos. En la actualidad, como se sabe, estos últimos no están obligados a dar alimentos a los descendientes simplemente ilegítimos y a los descendientes ilegítimos de hijos naturales. Creemos que el proyecto ha actuado justamente -y lo votaremos en esa línea-, pues pone término a las categorías de hijos y de parentescos y, por ende, hace aplicable a los abuelos la obligación de proporcionar alimentos a todos los hijos, eliminando una diferencia absurda entre dos tipos de alimentos, los congruos y los necesarios, según la condición social de quienes los reciben.
En cuanto a la herencia de los abuelos y a los derechos hereditarios de los hijos no matrimoniales, la iniciativa busca poner fin a las diferencias existentes entre hijos legítimos y naturales a la hora de la herencia. En esta materia, la Comisión avanzó, aun cuando con posterioridad se acordaron criterios más restrictivos en el informe complementario.
En lo referente a la investigación de la paternidad o maternidad, estimo que el informe complementario avanza al eliminar la imposibilidad de que las pruebas se practiquen cuando el hijo o los supuestos padre o madre hubieren muerto. Asimismo, mejora lo concerniente a la negativa injustificada de una de las partes a someterse al peritaje biológico, señalando que ella constituye una presunción grave y que, si además es precisa, permite al juez formarse convencimiento en contra de quien proceda en esa forma.
Por esas razones, expreso mi voto favorable al informe. Pero también hago estas observaciones respecto de los puntos que inciden en la votación que se realizará después.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente, soy uno de los que desde el comienzo se han manifestado ardientes partidarios del texto que ahora estamos votando. Creo que es una contribución muy significativa para la dignidad, el status y la igualdad ante la ley, y, en consecuencia, para el futuro de los hijos, cualesquiera que sean las circunstancias en que les tocó nacer.
Como lo manifestó el Senador señor Díez, el proyecto contiene distintas disposiciones que favorecen a la familia y no se contraponen con esta institución. Representa un progreso en materia legislativa en diversos aspectos. Tan sólo deseo destacar el fomento de la paternidad responsable a través, primero, de la aceptación de la prueba biológica, y después, en el informe complementario, por la vía de considerar presunción grave no someterse a ella. Asimismo, se favorece en medida muy justa a la cónyuge sobreviviente.
En definitiva, a diferencia de quienes han criticado el informe complementario, me parece que en él hay una clara contribución al bien común.
Por último, al igual que otros señores Senadores, considero que la Comisión de Constitución dio un ejemplo extraordinariamente importante. Porque, después de la polémica dura, con posiciones bastante contrapuestas en lo esencial, ella, una vez definido por el Senado un criterio mayoritario, pudo haber procedido de dos maneras. Una -fue la que se siguió-, aceptar la mayoría expresada en esta Sala como el marco dentro del cual había que elaborar un proyecto coherente, que tuviera, en consecuencia, una posibilidad de aplicación efectiva, dentro de un espíritu constructivo, fundamentalmente democrático y con criterio de Estado.
La otra alternativa era proseguir una guerrilla parlamentaria en el sentido de procurar obtener, respecto de cualquier artículo, una votación circunstancial favorable a criterios contrapuestos con el marco general, lo cual habría dado como resultado una legislación incoherente y del todo inútil.
Simplemente, quiero destacar aquello como ejemplo -ojalá se repita en otros proyectos- de un Senado que funciona con criterio de Estado y, ciertamente, felicitar a los miembros de la Comisión, sobre todo a los de la Oposición, quienes se ajustaron a un marco del cual discrepan, para dar como resultado el informe complementario.
Voto que sí.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, desde el instante en que se acogió la indicación del Primer Mandatario que alteró el debate planteado por la Comisión de Constitución al establecer la filiación matrimonial y la no matrimonial, resulta obvio que el proyecto tomó una dirección distinta de la que en su momento obtenía un cierto consenso. Y es preciso asumir el hecho. No fue algo que obedeció a nuestra voluntad. En cuanto a nosotros, juzgábamos importante que ambas se mantuvieran y que se avanzara en todo lo que apuntaba a igualar, naturalmente, los derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio.
Lo sorprendente es que siempre se ha dado la razón de que el conservar las dos filiaciones sería discriminatorio. Y quisiera reiterar lo que en su oportunidad dije aquí, al igual que en la Cámara de Diputados, cuando participaba en ella: no creo que ése sea un motivo de discriminación. Constituyen realidades distintas, que no tienen por qué provocar tal consecuencia.
Y deseo señalar -para los efectos de que ello quede registrado, al menos- que el Código Civil español se refiere expresamente a la filiación matrimonial y la no matrimonial, así como a la filiación paterna o materna matrimonial y la no matrimonial. Lo mismo ocurre en el Código Civil italiano, que, más aún, mantiene la filiación legítima y la natural y los hijos legítimos y los naturales. El Código Civil alemán también contempla los hijos matrimoniales y los no matrimoniales. El Código Civil argentino, a su vez, tiene presentes la filiación de paternidad o de maternidad matrimonial y la extramatrimonial. Y el Código Civil peruano comprende a los hijos matrimoniales y a los extramatrimoniales, del mismo modo que el Código Civil paraguayo.
Y todas esas legislaciones se han hecho cargo del tema de la igualdad de derechos de los nacidos fuera del matrimonio. Tanto las europeas como las americanas han acogido perfectamente bien la inquietud de mejorar sin lugar a dudas la posición desmejorada en que ellos se encuentran y han logrado una situación de ecuanimidad, considerando aspectos fundamentales de la realidad de las respectivas sociedades. Y así, entonces, han satisfecho la necesidad en análisis, salvaguardando instituciones que también son esenciales, de la misma forma en que lo es el que los hijos nacidos fuera del matrimonio no sean discriminados.
Junto con valorar el trabajo de la Comisión -que no cabe duda que ha realizado un esfuerzo importante, como se ha dicho-, cabe observar varios absurdos, en algunos de los cuales imagino que después podremos ocuparnos. Y ello, sin perjuicio de que es preciso pronunciarse sobre un paquete, lo que critico e impugno, porque me parece que se debe votar de otra manera, al encontrarnos frente a situaciones contrapuestas, que exhiben aspectos con los que podemos estar de acuerdo y otros con los que no lo estamos. Uno de los absurdos es que los padres que aspiren a que su paternidad nunca sea impugnada, en ninguna circunstancia, deberán concebir a sus hijos -escúchelo bien el Senado- a través de las prácticas de fertilización asistida, para que no exista ninguna duda, y ya que la filiación pasa a ser la misma.
Por tal motivo, estimo adecuado lo que se propone en el sentido de votar el artículo 182. Y ojalá que caiga esa norma, porque, naturalmente, su aprobación genera la incongruencia, reitero, de que el único modo de que jamás se pueda impugnar la paternidad es haber concebido al hijo a través de prácticas extracorpóreas, lo que me atrevo a decir que resulta bastante ajeno a la realidad familiar, matrimonial y extramatrimonial, de nuestra sociedad.
No discuto, entonces, señor Presidente, que se ha puesto el mejor empeño en efectuar un buen trabajo, pero, a fuerza de que aquello sobre lo cual se legisla presenta tantos elementos contra natura, en el fondo se origina una situación que constituye de alguna forma un engendro -perdón, pero ésa es la expresión-, lo que creo que no traerá paz social.
En la segunda parte de la votación me referiré a los otros puntos que venía propiciando en la Cámara de Diputados, como las pruebas biológicas, elementos fundamentales para encaminarse hacia la paz social que debe ser generada por la igualdad de los hijos, en cuanto a que puedan determinar la filiación respecto del padre.
Consecuente con lo votado en la Cámara de Diputados y con lo dicho en la discusión general en el Senado, me pronuncio en contra.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, en primer lugar, valoro, así como muchos señores Senadores, el trabajo de la Comisión, realmente encomiable, desde una perspectiva técnica, y efectuado con mucho rigor, sobre la base del supuesto, obviamente, de que el mandato consistía en adecuar el proyecto de ley para darle coherencia con la opinión mayoritaria de esta Corporación en el aspecto sustantivo, que vimos en los primeros artículos.
De igual manera, aprecio los esfuerzos de los Senadores señores Díez y Larraín por atenuar, más allá de las cuestiones formales, algunos defectos de fondo que observo en el texto.
Sin perjuicio de lo anterior, pienso que el conjunto de normas que se vota en esta oportunidad mantiene un factor básico, que es la eliminación de toda diferencia entre los hijos nacidos dentro del matrimonio y los nacidos fuera de éste. A mi juicio, ello no es conveniente para el bien común. Y mis razones no son de fe, religiosas o dogmáticas, sino que se relacionan con instituciones que me parecen fundamentales para favorecerlo, que son precisamente la familia y el matrimonio.
Creo que el Derecho debe buscar los caminos para fortalecer siempre entidades tan relevantes como las recién mencionadas, especialmente en lo que es hoy nuestra sociedad moderna. En tal sentido, considero esencial que la ley defina de un modo muy claro y exacto los elementos esenciales de una institución: quiénes la integran, cómo se accede a ella, cuáles son los derechos, cuáles son las responsabilidades. Y el efecto perseguido no se produce -o, al menos, se debilita- cuando personas que no forman parte del grupo familiar, que no han surgido del elemento esencial del matrimonio, pasan a asumir, a la luz del ordenamiento jurídico, iguales o similares derechos y responsabilidades que quienes se hallan en la situación inversa, y desaparece toda diferenciación.
En las circunstancias descritas, cualquier institución social -sea el Congreso, el día de mañana, o la familia, ya que se hace referencia a ella- entra en una etapa de debilidad. No se trata de que el proyecto, en sí mismo, destruye la familia, porque sería una exageración plantear el asunto en esos términos. El punto radica en que, unido a otras iniciativas y en la perspectiva de la cultura en que hoy nos desenvolvemos, contribuye a ir debilitando el concepto de familia, el de matrimonio. Los va confundiendo. Ya no es claro quiénes son los integrantes de esas instituciones, cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus deberes, desde el momento en que otros que no pertenecen a ellas pasan a asumir iguales responsabilidades o pueden acceder a iguales derechos.
Finalmente, señor Presidente, piénsese tan sólo en que, dentro de los fines esenciales del matrimonio, está, precisamente, la procreación, la educación y la formación de los hijos dentro de la familia. Y estas normas dan igual valor a la procreación tanto dentro del matrimonio como fuera de él. ¿En qué queda, entonces, la finalidad esencial del matrimonio, si para la ley resulta indiferente, en derechos y responsabilidades, que esa procreación se produzca fuera de éste?
Por eso, señor Presidente, esta iniciativa, a pesar de sus muchos aspectos positivos y de avanzar en forma sustancial y muy relevante en la generación de situaciones de mayor igualdad y de justicia en relación a los hijos, lamentablemente lo hace a costa de ir debilitando el concepto de familia y de matrimonio. Y en la perspectiva de la sociedad actual en que vivimos, la ley debe dar una señal positiva, en términos de fortalecer a la familia y no de debilitarla.
Voto en contra.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, se ha hablado mucho respecto de esta normativa y de la forma en que se ha buscado consensuar su texto, que ahora votamos.
Comparto ese esfuerzo y quiero dejar sentado mi pensamiento.
La familia es lo más importante dentro de la sociedad. En eso, parece haber unanimidad en casi todos los aquí presentes. Por ello, todo debilitamiento de la familia es malo.
Pero no nos confundamos. No estamos hablando de la familia, sino de los niños. Y así como he dicho que nunca serán iguales los hijos nacidos dentro del matrimonio y los procreados fuera de él, considero importante que todos ellos tengan iguales posibilidades cuando enfrenten la vida, cualquiera que haya sido la forma en que hayan sido concebidos. Soy partidario de la igualdad de oportunidades. Sobre ella se funda la democracia, la justicia y, en definitiva, las sociedades que prosperan y que conviven armoniosamente.
Por lo tanto, no puedo más que aplaudir el hecho de que todos los hijos, cualquiera que constituya su forma de concepción, sean iguales. Ellos son iguales; en cuanto a su origen, no lo son. No podemos decir que son iguales y que lo serán porque esta iniciativa los transformó en iguales. Serán distintos en su origen, pero no en sus opciones o posibilidades de tener éxito frente a la vida.
Por esta razón, siendo firme partidario de la institución matrimonial y de la familia, y además teniendo una debilidad muy especial por los niños, no puedo sino votar a favor de que ellos tengan igualdad de oportunidades, la que siempre he querido dar a los míos.
Voto a favor.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, quiero consultar al Comité Demócrata Cristiano si puedo votar, ya que estoy pareado con el Senador señor José Ruiz.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
El Honorable señor Ruiz De Giorgio ya votó.
El señor FERNÁNDEZ.-
Entonces, como puedo hacerlo, voto que sí.
El señor FOXLEY.-
Señor Presidente, después de este largo debate, deberíamos referirnos al punto central, que merece apoyo unánime en el Senado. Hay un derecho básico -por lo demás, establecido en la Constitución- que señala que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por lo tanto, los hijos nacidos dentro del matrimonio o fuera de él son seres humanos iguales -repito- en dignidad y derechos.
Se ha dicho que no discriminar entre estos hijos podría debilitar la familia. Podría darse vuelta ese argumento. Si el fin es fortalecer la familia, ¿el medio de discriminar entre los hijos ayuda a ese fin? Creo que no.
Por último, también se ha sostenido que una forma de incentivar la familia estable es mantener la diferenciación entre los hijos. En verdad, esta diferenciación ha existido desde siempre en Chile y, sin embargo, 40 por ciento de los hijos sigue naciendo fuera del matrimonio. Por lo tanto, hay que ir a lo fundamental; es decir, al concepto básico del humanismo que señala que todos los hijos gozan de igual dignidad y derechos.
Por eso, voto a favor.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, la verdad es que estamos constituyendo un...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Señor Senador, usted intervino anteriormente.
El señor HAMILTON.-
No fundamenté el voto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
La primera intervención era para fundar el voto; por lo tanto, ahora sólo le corresponde votar.
El señor HAMILTON.-
Voto que sí.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, con todo respeto, pienso que, contrariamente a lo expresado por algunos en este largo debate, el proyecto protege a la familia. Me parece que apunta en el sentido correcto, en cuanto a que los adultos tienen que hacerse responsables de sus actos y, por consiguiente, asumir en plenitud sus consecuencias, más aún si la consecuencia es un ser vivo.
Asimismo, la Constitución Política contiene puntos bastantes claros respecto a garantizar la integridad física y psíquica de las personas. Evidentemente, nuestra legislación no la ha garantizado hasta la fecha, pues los hijos nacidos fuera del matrimonio, o en situaciones que no permiten calificarlos como legítimos, llevan un estigma y, además, sufren una serie de efectos negativos.
Por otro lado, nuestro país firmó la Convención sobre los Derechos del Niño y, por lo tanto, al aprobar estas normas estamos siendo coherentes.
Estimo que lo ya expuesto en este debate justifica plenamente votar a favor de la iniciativa en la etapa en que se encuentra.
Además, felicito a la Comisión de Constitución por el trabajo realizado, a plenitud y conciencia, para acondicionar en buena forma el proyecto.
Voto que sí.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, luego de participar en la Comisión de Constitución, he podido apreciar que, no obstante las muchas diferencias manifestadas, las posiciones se han ido acercando. Asimismo, se han superado algunas inquietudes y, por lo tanto, la iniciativa ha avanzado en eliminar discriminaciones, asegurar otros derechos y, en materias económicas -las menos importantes-, ha mejorado la situación de quienes estaban postergados.
Sin embargo, el trabajo partió de un pie forzado, que rechacé cuando tuve oportunidad de hacerlo. Por eso, sería un acto de incoherencia de mi parte votar a favor del proyecto, para lo cual tendría que pedir que se me levantara el pareo.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, apoyaré el proyecto básicamente porque estoy a favor de la prueba de ADN; a favor de exigir responsabilidad a los padres biológicos; a favor de que muchas mujeres que hasta ahora deben sacar adelante a sus hijos solas tengan la debida ayuda por parte de los hombres que en su momento los procrearon.
Sin embargo, la iniciativa me produce un sentimiento encontrado porque la verdad es que los niños que no tienen un padre y una madre, y tampoco hermanos, abuelos, primos, tíos; que en el fondo no crecen en una familia como la que nosotros comúnmente concebimos, viven una situación distinta que les afecta psicológicamente. Ellos sienten esa diferencia y muchas veces la misma sociedad se las hace sentir. Pero, obviamente, esto no puede solucionarse en la ley.
Voy a relatar una experiencia increíble. Hace algunos días me reuní, al interior de Ovalle, con un grupo de 20 mujeres que asistían a la catequesis de padres previa a que sus hijos hagan la Primera Comunión. Solamente 3 ó 4 de ellas estaban casadas. La inmensa mayoría no tenía impedimento alguno para contraer matrimonio, ni ellas ni sus convivientes padres de los niños. Sencillamente esos padres, esos convivientes, esos hombres no desean casarse, hecho que causa un tremendo dolor a esas mujeres porque se dan cuenta de que no tienen un compromiso de verdad para con ellas y sus hijos.
Pienso que de alguna manera estamos avanzando cada día más hacia una situación en la cual la paternidad no se toma con total responsabilidad. En el texto en debate se plantea el reconocimiento de los hijos en cuanto a cosas materiales, a que no tengan un apellido distinto que el de sus progenitores, a que no sean hijos naturales sino legítimos.
En el fondo progresamos en ese tipo de cosas. Pero vislumbro que la sociedad entera está caminando en el sentido incorrecto en cuanto a la verdadera responsabilidad de ser padre y madre, que implica tener una actitud de protección, de respeto, de lealtad hacia el cónyuge, hacia el conviviente, hacia los hijos. Percibo que, en general, estamos avanzando progresivamente a una mayor irresponsabilidad. Es indudable que el otorgamiento del derecho a herencia y otros bienes materiales contribuirá a mejorar la situación de muchos niños que hoy no los tienen y que con frecuencia hasta carecen de alimentos. Pero en el aspecto afectivo es posible que estemos avanzando en sentido incorrecto.
No obstante lo anterior, votaré favorablemente el proyecto porque no quiero negar a los niños que han nacido fuera del matrimonio el acceso a las cosas que establece la presente normativa. Hago hincapié, sí, en que de esta manera no vamos a corregir lo que he visto: la situación de las madres, que se sienten solas, que deben asumir completamente la responsabilidad de un hogar y de sacar adelante a sus hijos. Eso solamente lograría corregirse con otra actitud, sobre todo por parte de los hombres.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, votaré a favor del proyecto por considerar que en un país donde desgraciadamente todavía existen muchas discriminaciones, ésta es una vía positiva para empezar a enfrentar la situación. Mediante esta iniciativa avanzamos, al menos, en el camino de terminar quizás con la peor de las discriminaciones.
Por esa razón y por los argumentos que se han dado en el curso de este amplio debate, voto favorablemente.
El señor LAGOS (Secretario).-
Excúseme, señor Senador, pero en el registro de la Secretaría aparece pareado con el Honorable señor Pérez. ¿Su Señoría levantó el pareo?
El señor OMINAMI.-
Creo que está equivocado, señor Secretario. Ése fue un pareo inscrito durante la anterior legislatura y no renovado en la actual. Me parece extraño que usted lo mantenga vigente.
El señor LAGOS (Secretario).-
No se nos ha hecho presente nada al respecto. Por eso le hice la pregunta del caso, señor Senador.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, supongo que los pareos deben renovarse al comienzo de cada legislatura.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Efectivamente los pareos terminan con la legislatura pertinente. La Secretaría procederá a hacer la correspondiente eliminación.
El señor PARRA.-
Señor Presidente, nos encontramos aprobando la más extensa y profunda de las reformas introducidas al Código Civil en su larga historia. Estamos modificando una obra jurídica de excelencia, que ha despertado admiración no sólo en nuestro medio sino que en el ámbito americano en general.
Votaré favorablemente el proyecto por las razones que paso a exponer.
En primer término, porque se trata de una reforma bien lograda en fondo y forma. Y no puedo dejar de sumarme al reconocimiento que muchos señores Senadores han efectuado al trabajo serio y profundo realizado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta Alta Corporación. Creo que ese trabajo prestigia al Senado y en este momento nos permite votar con agrado el proyecto sometido a nuestro pronunciamiento.
En segundo lugar, por cuanto la normativa representa un claro avance, no sólo en la satisfacción de principios constitucionales, en la concreción en nuestra sociedad de compromisos adquiridos por el país a nivel internacional y que reflejan una concepción moral profunda, sino porque resuelve problemas objetivos de inequidad a los cuales ya varios señores Senadores se han referido.
En tercer término, porque lamentablemente algunos destacados colegas confunden lo que es el eje del proyecto. No puede pretenderse que al regular la filiación, al regular el parentesco y los derechos patrimoniales que de ello emanan, el esfuerzo se centre en la protección de la institución del matrimonio. Llegará el momento de discutir respecto de esta institución en particular. Yo, señor Presidente, no sólo me encuentro unido en matrimonio, sino que he estimulado a mis hijos a contraerlo. Pero no creo que el contrato matrimonial se defienda ni la institución del matrimonio se prestigie si se los transforma en fuente de discriminaciones, en mecanismo para eludir responsabilidades, ni -por último- si merced a su indisolubilidad se convierte en una verdadera cárcel para quienes en un minuto determinado lo contrajeron.
El texto que nos ocupa no está destinado a fortalecer ni a debilitar la institución matrimonial. Y no puede ser pensado ni votado desde esa perspectiva. Espero que pronto, con ocasión del debate del proyecto de ley sobre divorcio, tengamos oportunidad de analizar a fondo el sentido y el futuro de la institución del matrimonio. Entre tanto, la presente reforma apunta en la dirección correcta: reconocer la existencia de un orden matrimonial plural, variado entre nosotros, y, sobre todo, ir cimentando una moral colectiva sobre la base de la libertad y el sentido de responsabilidad con que deben actuar las personas.
Voto que sí.
El señor PINOCHET.-
Voto por el rechazo.
--(Manifestaciones en las tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
¡Pido orden en las tribunas!
Se prohíbe todo tipo de manifestación. En caso de repetirse, haré retirar de la Sala a las personas involucradas.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, aquí se han formulado varios planteamientos y algunas afirmaciones respecto de si la aprobación del proyecto fortalece o no la familia y el matrimonio; o de que no soluciona nada y que todo seguirá igual, como lo han señalado algunos señores Senadores. Yo, por el contrario, creo que sí resuelve muchos problemas.
En primer lugar, entrega justicia y dignidad a todos los hijos. La iniciativa, francamente, puede ayudar mucho a fortalecer el matrimonio. El problema de esta institución no son los hijos. Su debilidad o fortaleza radica en la sinceridad de las parejas. No son los hijos los responsables de las conductas de los padres; son éstos, cuando actúan irresponsablemente trayendo hijos al mundo, quienes debilitan la institución del matrimonio.
Entonces, la pregunta es si con el proyecto se aporta al mejoramiento real de los matrimonios y la conducta de los padres. Yo pienso que sí, pues en él se establece la paternidad responsable, que hasta hoy no existe.
Digamos las cosas como son. La gran mayoría de los niños que actualmente tienen el carácter de ilegítimos ni siquiera reciben un reconocimiento mínimo de sus padres, quienes no tienen ninguna obligación para con ellos, ya que no existe posibilidad alguna de obligarlos a reconocer la paternidad, aun cuando ella sea evidente. La iniciativa, al establecer la paternidad responsable, con pruebas biológicas, avanza en la dirección correcta. Habrá más responsabilidad en el comportamiento de los padres, y no cabe duda de que ello servirá a la mejor relación entre las parejas.
Esta normativa termina con la situación absurda, ridícula, que planteaba el Senador señor Bitar, en el sentido de que los hijos van a recuperar a sus abuelos, desde el punto de vista de la relación jurídica. Resulta que hoy día más de un tercio de las familias chilenas tiene padre, madre e hijos reconocidos, familias completas. Sin embargo, por carecer de una relación legal, ya sea por razones de separación, divorcio, anulación o lo que sea, esos hijos, desde la perspectiva jurídica, no tenían abuelos. Tales niños poseían el carácter de ilegítimos, a pesar de contar con padre, madre, hermanos, de vivir en un mismo hogar y hacer vida de familia, y esto tal vez con más fortaleza que muchos otros matrimonios que sólo cuentan con la unión legal.
La iniciativa, entonces, también avanza en esa línea, y, por tanto, es muy positiva.
Aquí, algunos señores Senadores han dado definiciones jurídicas respecto de la cosa matrimonial y no matrimonial. Que no es discriminación, dicen. Pero la discriminación no está dada por una definición. En Chile, ella se ha dado durante años de años por la tradición, la cultura, por el menosprecio, la indignidad y el oprobio a que se somete a los hijos que tuvieron la mala suerte de nacer ilegítimos. El proyecto también aspira a cambiar esa mentalidad.
Lo anterior constituye una señal extraordinariamente positiva en una sociedad que debe tender hacia la igualdad de oportunidades, al mejoramiento de la calidad de vida y a terminar con todo tipo de discriminación. No es un problema de definición jurídica.
Se ha dicho, además, que los hijos ilegítimos pueden afectar a una familia, llegando a destruirla cuando no forman parte de ella. Los niños que nacen no son obra mágica o del Espíritu Santo. Hay padres que los han traído al mundo. Si estas personas no han respondido por sus actos, sus hijos no tienen la culpa. Quienes deberían asumir su obligación permanentemente son esos padres.
Señor Presidente, el proyecto apunta en la dirección correcta. Esta normativa legal constituye un avance enorme, gigantesco, por lograr la igualdad de oportunidades y la restitución de la dignidad a las personas. A mi juicio, la iniciativa fortalece a la familia en general: a los matrimonios legales, y también a las familias reconocidas en nuestro país, aun cuando no cuenten con sustento jurídico.
Por las razones antedichas, voto favorablemente.
El señor PRAT.- Señor Presidente, por los motivos anteriormente señalados, voto que no.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, generalmente cuando comenzamos la discusión de temas de tanta trascendencia como el que nos ocupa, que influyen sin duda alguna en materias propias del desarrollo de nuestra sociedad, de nuestro país, de los hombres, mujeres y niños de nuestro territorio, y, también, en la observancia por cada uno de las leyes chilenas y en el compromiso de éstas para con ellos, da la sensación de que nosotros estamos asumiendo una enorme responsabilidad y de que el resto de la sociedad -un buen número de ella o su gran mayoría- sólo observa, algunos con cierto grado de responsabilidad y otros con irresponsabilidad. Y, al mismo tiempo, intenta buscar, a través de diversas presiones, formas o acciones, distintos caminos para que el Senado o la Cámara de Diputados se pronuncien de cierto modo frente a determinada norma legal.
Tal como señaló el Honorable señor Parra, nos encontramos ante una iniciativa que quién sabe si es la más profunda modificación no sólo del Código Civil, sino que de los aspectos propios de nuestra sociedad. Es así.
Es cierto que la resolución que adoptaremos ahora involucrará a importantes grupos de hombres y mujeres que en estas materias, sin duda alguna, han actuado irresponsablemente. Como también lo es que a lo largo del país muchas personas se lavarán las manos y otras tendrán problemas. Sin embargo, debemos entender que los niños -al término de la votación del proyecto todos ellos serán iguales frente a la ley- no han dado la última batalla. Vendrán otras al interior de su hogar, en la sociedad, en su propio barrio, en el colegio, escuela o liceo, y muchas más, por añadidura, con sus parientes. La verdad es que se trata de un conjunto de situaciones complejas para los niños, para los que no lo son tanto y para los ya mayores.
La defensa del matrimonio y las responsabilidades que éste conlleva deben tener como base esencial los principios y valores de una sociedad. Debemos comprender que el Senado y la institucionalidad vigente deben ser, y lo son, los que resguarden tales valores, así como también las estructuras religiosas, la educación. En suma, la sociedad entera.
¿Por qué existe un alto número de niños nacidos fuera de la sociedad conyugal enfrentando el primer problema que genera tal situación, cual es la de entenderse con el resto de la sociedad? Porque ha habido debilidad en la defensa de los principios y valores fundamentales. Sin embargo, aunque exista todo lo que he señalado, el problema es que estamos hablando de los niños de hoy, de los futuros ciudadanos, y si sus padres no fueron responsables, la sociedad sí debe serlo.
No podemos entender que respecto de tal hecho se produzca una división tan profunda o la intención de marginarse. Los seres humanos nacen en matrimonio o fuera de él, nacen en régimen de sociedad conyugal o no, pero todos forman parte de un mismo grupo: la sociedad. Y ella es, quién sabe, lo más profundo del hábitat humano. La sociedad tiene un nombre y un apellido de tierra. Las personas tienen dos apellidos de sangre y uno de tierra. "Chilenos" es el apellido de tierra. Y sobre esa expresión de familia estamos actuando. Este tercer apellido que a todos nos une como una enorme familia, algunos lo llevan con una muesca o de manera incompleta. Tal situación -como recordaba un señor Senador- termina destruyendo incluso los principios y valores fundamentales establecidos en nuestra propia Constitución.
Por lo tanto, la suma de estos hechos, como la defensa del matrimonio y de la sociedad conyugal, el tratar de animar a los seres humanos a ser responsables de sus actos, no puede variar la enorme y maravillosa responsabilidad que hoy día tenemos -porque así lo dispuso el momento de la historia- de entender que la sociedad abre las puertas para que todos en el país seamos iguales frente a las leyes, frente a todos nosotros, frente a nuestra propia geografía y, sobre todo, frente al futuro.
Voto que sí.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, votaré favorablemente el proyecto.
No obstante que ya manifesté mi opinión en intervenciones anteriores, me voy a referir en forma muy breve a algunos de los temas aquí planteados, por cuanto no deseo que algunas de las expresiones vertidas queden establecidas como si fueran realidad.
En primer lugar, aquí se ha dicho reiteradamente que la materia en análisis altera, afecta y destruye el bien común, porque, en definitiva, este último corresponde a cada una de las personas y, por lo tanto, si se daña a algunas él se rompe, refiriéndose, fundamentalmente, a quienes pudiesen ser afectados en determinados aspectos, como son los hijos y la familia legalmente constituidos.
No entiendo así el bien común. Éste no es sólo la suma de las partes, sino mucho más que eso. Es el caso clásico donde el todo es más que las partes. El todo que es capaz de dar una estructura distinta y en el cual cada una de sus partes puede constituirse en un ambiente necesario para que aquéllas se desarrollen.
No me es posible entender que por el hecho de crear una sociedad más solidaria, más fraterna, más preocupada de quien no es responsable de su condición de nacido fuera del matrimonio, se pueda romper el bien común. Por el contrario, lo que hace es justamente ratificarlo y transformarlo en la esencia de lo que nosotros, por lo menos, conforme a nuestra filosofía cristiana, entendemos.
En segundo término, se ha señalado repetidamente que la situación que se pretende corregir mediante el proyecto terminará por destruir a la familia. Honestamente, no puedo entender cómo es posible pensar que el hecho de hacer justicia a niños que no son responsables de lo que sucede, pueda generar el deterioro de una familia en la cual los responsables de la injusticia que se comete son parte de la misma. Por eso, a mi juicio, no se destruye.
Deseo señalar algo más. Aquí, a veces, surge con demasiada frecuencia la idea de que quienes responsablemente tratamos de resolver el tema de los niños y procuramos entender la realidad objetiva que existe en el 30 ó 40 por ciento de nuestras familias chilenas, pretendemos destruir el núcleo familiar.
Señor Presidente, durante toda mi vida -y, tal vez, por el hecho de ejercer mi profesión-, he estimado que no hay nada más ideal que el poder constituir una familia absolutamente permanente, donde la pareja contrae matrimonio y lo mantiene hasta la muerte de uno de los cónyuges, haciendo parte de ella a los hijos. Ése es el ideal en un hombre que no es perfecto. Y eso no siempre se da. Negar la existencia de una familia porque no hay vínculo matrimonial significa desconocer la capacidad de amor y de cariño entre personas que viven juntas y la capacidad de reconocer situaciones como la que todos sabemos respecto de los niños. No hay, a veces, dolor más grande que perder esa familia. Por eso, deseo que el matrimonio sea el ideal para todos; pero también quiero que, sin soberbia, pudiéramos entender el problema de otros y lo recogiéramos como una realidad, sin tratar de generar una diferencia entre los que votan este proyecto y no tratáramos de generar la diferencia entre los que votan favorablemente el proyecto es porque quieren destruir la familia y quienes no lo hacen así es porque desean mantenerla.
Por todas esas razones, voy a votar que sí. Además, lo haré, porque el proyecto busca dar protección a los niños, y nuestro deber es evitar toda discriminación, a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, asumida por el Senado. Por lo tanto, de no aprobarse, estamos sujetos -incluso en otras materias- a la presión de un organismo como las Naciones Unidas, la cual, el día de mañana, podría reclamar el incumplimiento de un tratado suscrito por Chile.
Por creer que el concepto de amor va más allá de cualquier otra consideración y por esos niños que la sociedad maltrata, voto que sí.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, desde luego, voy a votar a favor, porque estoy convencido de que el proyecto fortalece a la familia y termina con una de las discriminaciones más odiosas en contra de los seres más inocentes y débiles como son los niños.
Las intervenciones de los Honorables colegas que se han pronunciado a favor me han interpretado plenamente. Por lo tanto, no deseo reiterar esos argumentos.
Quiero felicitar a la Comisión por el trabajo muy serio y responsable que ha hecho y por habernos entregado espléndidos informes. Asimismo, deseo congratular a la señora Ministra y a sus asesores, quienes han participado muy activamente en el proyecto.
Voto favorablemente.
El señor SILVA.-
Señor Presidente, como dijo el Senador señor Parra hace un instante, en el fondo, es importante señalar que se trata de una modificación al Código Civil de la mayor relevancia y trascendencia.
Es cierto que dicho cuerpo legal es una obra grandiosa, pero no podemos dejar de reconocer también que en esta parte, tal vez más que en ninguna otra, estamos en presencia de una norma que reguló modalidades de vida de antaño, que regían hace 150 años, y que hoy día podríamos catalogarlas, sin agraviar a nadie, de simplemente "feudales", de normas que aparecen como obsoletas y que no corresponden a la realidad de la vida actual.
Pensar que este tipo de preceptos que se procura implementar, de alguna manera, puedan atentar en contra de instituciones como el matrimonio o la familia, significa desconocer que el matrimonio se basta a sí mismo y se defiende como consecuencia de esos principios a que hacía referencia hace un instante el Senador Ruiz-Esquide.
En el fondo, no deja de ser interesante el constatar que el pensamiento laico y el pensamiento cristiano son capaces de unirse cuando de por medio está el amor. Y el amor se halla presente en el proyecto que nos ocupa. Y porque lo está, coincidimos en la necesidad de aprobarlo Senadores que formamos parte de corrientes de pensamiento muy distintas, pero que nos aunamos, dado que no tenemos temor alguno de que por la vía de esta iniciativa nazcan atentados en contra del amor, en contra del matrimonio y, mucho menos, en contra de la familia. La realidad de la familia de hoy no es la realidad de la de antaño. Y esa institución se defiende sobre la base de conceptos como los que están materializados en el proyecto en debate.
Por eso, voto que sí.
El señor URENDA.- Señor Presidente, quiero dejar constancia de que estamos votando en particular un proyecto ya aprobado en general, que, a juicio de quien habla, contiene un número indeterminado de artículos, con la mayoría de los cuales estoy conforme; pero, como no puedo dar mi aprobación a todos ellos, no me queda otro camino que abstenerme.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente, asistimos a uno de los cambios más trascendentales en nuestra legislación: nada menos que a la modificación del Código Civil, que es más que centenario, pues fue promulgado en 1855.
En este proyecto se altera en lo fundamental nada menos que ocho títulos del Libro Primero del Código Civil, el que fue dictado para una sociedad de mediados del siglo XIX, muy diferente de la actual. Por eso el cambio es tan trascendente.
Aprovecho esta oportunidad para felicitar a todos quienes han contribuido a elaborar esta iniciativa, desde la señora Ministra y sus asesores, hasta los Senadores integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, todos los cuales han demostrado que se puede trabajar con altura de miras y apuntando al bien común.
Haré un par de consideraciones más. El Código de Bello establecía dos categorías de hijos: los legítimos y los ilegítimos. Estos últimos se subdividían en simplemente ilegítimos, naturales y de dañado ayuntamiento, clasificándose éstos a su vez en incestuosos, adúlteros y sacrílegos. Tales definiciones fueron eliminadas en 1933. Hoy día, felizmente, hacemos lo propio con algo cuya supresión estaba pendiente desde hace muchos años, lo que es fundamental para estar acorde no sólo con la Constitución Política y la realidad, sino también con la justicia y el bien común.
El estudio de esta iniciativa me ha convencido de que con ella no se pretende debilitar ni el matrimonio ni la familia; simplemente se persigue hacer justicia a todos los hijos. El proyecto no debilita a la familia, y sólo corrige la impunidad de los padres que actúan con irresponsabilidad. No es razonable sostener que el reconocimiento de los derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio haría inútil o innecesario el matrimonio mismo. Estoy convencido de que hay medios más nobles y humanos para proteger la familia que causando un agravio a un inocente, y marcarlo de por vida como ilegítimo.
Para la inmensa mayoría de las personas, la decisión de formar una familia auténtica no pasa por estas consideraciones, sino que está fundada en la voluntad de un hombre y una mujer, basada en el amor, en el compromiso de vivir una auténtica comunidad y en el crear y educar a sus hijos. Si sumamos éste a otros argumentos que acaso sean de menor nivel, pero que también se han planteado en la Sala -como pretender que aquí se estarían violentando los derechos sucesorios o patrimoniales, de suyo aleatorios y que no se condicen ni tienen por qué ponerse en cuestionamiento-, llegaremos a la convicción más profunda de que estamos aprobando un proyecto que hace justicia; que va a crear condiciones de igualdad necesarias y, sobre todo, que va a fortalecer la familia y la sociedad sobre las bases más sólidas: el amor y la voluntad de formar un núcleo humano sustentado en una relación permanente y trascendente.
Voto que sí.
El señor ZURITA.-
Qué terrible es votar casi de los últimos, cuando ya todos están cansados de oír razonamientos buenos y de los otros, y se quiere agregar otro.
Cuando en la discusión general se aprobó el artículo conforme al cual todos los hijos son iguales, rechazándose la indicación tendiente a reemplazar las palabras "legítimo" e "ilegítimo" por "matrimoniales" y "no matrimoniales", muchos afirmaron, con carácter tremendista, que esa norma destruiría la familia.
El proyecto pasó a Comisión, y con qué agrado veo que ésta se fue autoconvenciendo, hasta lograr un éxito cuando rubricó el párrafo para determinar la filiación. Lo dividió en dos, y dijo "de la determinación de la filiación matrimonial y de la determinación de la filiación no matrimonial". O sea, lo que se había perdido con los hijos, se ganó con la familia. Y ganó la familia. Lo mismo con las acciones de reclamación, que también dividió en dos: la reclamación de la filiación matrimonial y la reclamación de la filiación extramatrimonial.
Los pronósticos tremendistas no se dieron. Uno mi voz a la de los Senadores que me han precedido, y también felicito a la Comisión por su logro. No atacó a la familia ni la destruyó, sino que la fortaleció, reconociendo que hay familias y familias, y que las dos son iguales.
Voto que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Ruego a la Sala disculparme por hacer uso de la palabra desde la testera, a pesar de que ya fundamenté mi voto durante la discusión general.
Deseo dejar alguna constancia personal en relación con el debate suscitado en la Sala.
En primer término, no me siento en situación de estar votando en contra de mis principios y de mis creencias. Soy creyente, cristiano y católico, y pienso que estoy pronunciándome correctamente de acuerdo a mis convicciones, porque a mi juicio todos los seres humanos, y nuestros hijos, son iguales ante Dios y, por lo tanto, tienen que serlo igualmente ante la ley y ante la sociedad.
Este proyecto busca precisamente esa finalidad, e interpreta plenamente mis valores. Creo que no atenta contra la familia ni contra el matrimonio. Al contrario, hace asumir una responsabilidad de familia y de matrimonio a todos quienes permanecen, viven y conviven en la sociedad.
El bien común tampoco puede ser afectado. Por el contrario, cuando por prejuicios sociales numerosos seres humanos son discriminados y se hace distingo entre hijos legítimos e ilegítimos, al no terminar con esa discriminación se atenta en contra del bien común.
El proyecto termina de una vez por todas con un estigma, con una discriminación arbitraria. El país reconoce que debe ponerse al día con la realidad social chilena. Por eso, cuando un señor Senador hizo una referencia a códigos de muchos otros países en donde se mantiene la diferenciación entre hijos matrimoniales y no matrimoniales, u otro tipo de discriminación, no me llama la atención. Creo que una vez más, si Chile cambia esta situación, será un pionero, al igual que cuando en el siglo pasado terminó con la esclavitud. Igualmente entonces fuimos vanguardistas.
Por lo tanto, hoy me felicito de que el Senado esté aprobando la presente iniciativa que, indiscutiblemente, hace a todos los chilenos iguales ante la ley y ante la Constitución.
No voto, por estar pareado.
--Se aprueban en particular el proyecto, con excepción de los artículos 182, 199, 204, 988 y 1.167 (29 votos a favor, 5 en contra, 2 abstenciones y 3 pareos).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Bitar, Boeninger, Canessa, Cantero, Cordero, Díez, Errázuriz, Fernández, Foxley, Hamilton, Horvath, Lavandero, Matthei, Moreno, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Stange, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Bombal, Chadwick, Martínez, Pinochet y Prat.
Se abstuvieron los señores Romero y Urenda.
No votaron, por estar pareados, los señores Cariola, Larraín y Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Como ha terminado el tiempo del Orden del Día, propongo a los señores Senadores votar mañana las cinco disposiciones que están pendientes.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, ¿no se podría dejar sin efecto la hora de Incidentes y despachar el proyecto hoy?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si hubiera acuerdo de la Sala para proceder de esa forma, por supuesto que podría hacerse, pero muchos señores Senadores ya se han retirado y, tal vez, podrían tener interés en dejar constancia de sus votos. Por eso, propongo, por una parte, votar en el primer lugar del Orden del Día de mañana lo que resta del proyecto, y por otra, hacerlo sin debate, porque ya hemos tenido una discusión profunda sobre cada uno de los temas de la iniciativa, pero con la posibilidad de fundamentar el voto en cada caso.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
El señor Secretario dará a conocer una petición que ha llegado a la Mesa.
El señor LAGOS (Secretario).-
Los Senadores señora Matthei y señores Prat, Chadwick, Larraín y Stange, en virtud de lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 36 del Reglamento del Senado, solicitan autorización para efectuar la discusión particular del proyecto de ley, en primer informe, pendiente en la Comisión de Economía, que fortalece la Fiscalía Nacional Económica.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
Acordado.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LAGOS (Secretario).-
El Honorable señor Martínez solicita a la Sala que se inserte, en su discurso de esta tarde sobre el proyecto de filiación, un documento que no fue leído por él.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se trata de una carta que le ha dirigido el Obispo de San Bernardo, don Orozimbo Fuenzalida, con relación al tema que tratamos hoy. Hay dos posibilidades: o se inserta en la Versión Oficial, o bien se lee en la hora de Incidentes, con lo cual automáticamente quedaría en dicha Versión. En aras de una economía procesal, pediría al Senado que autorizara su inserción en el discurso del Honorable señor Martínez.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, ¿no es la misma carta que se publicó en todos los diarios de circulación nacional?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Así es, señor Senador.
El señor PIZARRO.-
Podríamos traer los recortes de los diarios, entonces¿
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Creo mejor insertar el texto original.
Si le parece a la Sala, se acogerá la solicitud del Honorable señor Martínez.
Acordado.
CREACIÓN DE TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. PROYECTO DE ACUERDO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En primer lugar, figura un proyecto de acuerdo de diversos señores Senadores sobre creación del Tribunal Penal Internacional. El señor Secretario le dará lectura.
El señor LAGOS (Secretario).-
El proyecto de acuerdo dice: "El Honorable Senado respalda la suscripción por parte del Gobierno de Chile del tratado que crea el Tribunal Penal Internacional, sin perjuicio del análisis de su contenido cuando le sea sometido para su ratificación.".
El señor LARRAÍN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No puede haber debate en Tiempo de Votaciones, señor Senador.
El señor LARRAÍN.-
Así es, señor Presidente, pero yo simplemente quiero formular una solicitud a los autores del proyecto de acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tratándose de una moción de orden, tiene la palabra Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, se propone aprobar un tratado que más adelante, una vez que Chile lo suscriba, va a ser remitido a este Congreso para su aprobación o rechazo. En consecuencia, pronunciarnos ahora, sin conocer el texto de ese proyecto, sin tener el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores respectivo, sería emitir un juicio prematuro, un pre-juicio, respecto de algo que necesariamente tendremos que evaluar en su momento. Necesitamos, además, que sea el Gobierno, que tiene la prerrogativa en esta materia, el que tome la iniciativa de aprobarlo, y de pedir luego la ratificación del Congreso.
Por otro lado, comprendo el interés que tienen los autores de esta iniciativa en someter a consideración de la Sala un proyecto de acuerdo sobre la materia, pero, en verdad, me parece improcedente. Por eso, para no tener que votarlo en contra por una razón simplemente de forma, no de fondo, pediría a sus autores que lo retiraran. De esa manera, nos evitaríamos entrar en un conflicto innecesario, porque, a lo mejor, cuando llegue el proyecto vamos a estar plenamente de acuerdo con él, pero una vez que lo hayamos estudiado, que el Presidente de la República le haya dado su aprobación y que la Comisión de Relaciones Exteriores lo haya informado en esa misma dirección.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.
El señor SILVA.-
Señor Presidente, el Honorable señor Parra y quien habla fuimos dos de los Senadores que firmamos el proyecto de acuerdo. En verdad, nosotros tuvimos la misma duda a que hace referencia el Honorable señor Larraín. En realidad, se trató simplemente de plantear la posibilidad de que se apruebe una iniciativa que ya ha sido suscrita como tal por más de 120 países, por lo que parecía un poco extraño que Chile pudiese estar al margen de la misma. Pero, si se cree que al aprobar este proyecto de acuerdo se estaría en el fondo infringiendo una norma constitucional, no tenemos inconveniente alguno en asumir la responsabilidad de retirarlo.
El señor LARRAÍN.-
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Queda, por tanto, retirado el proyecto de acuerdo.
RESTITUCIÓN O INDEMNIZACIÓN POR BIENES CONFISCADOS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Corresponde votar, en segundo lugar, un proyecto de acuerdo de diversos señores Senadores sobre la aplicación de las normas de la ley Nº 19.568 que disponen la restitución o indemnización por bienes confiscados y adquiridos por el Estado a través de los decretos leyes Nºs 12, 77 y 133, de 1973; 1.697, de 1977, y 2.346, de 1978.
El señor LAGOS (Secretario).-
Se ha pedido segunda discusión para este proyecto de acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Queda, por tanto, para la próxima sesión.
NOMINACIÓN DE VALPARAÍSO COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. PROYECTO DE ACUERDO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Por último, hay un proyecto de acuerdo de diversos señores Senadores que apoya las gestiones de la Municipalidad de Valparaíso ante la UNESCO para nominar a esta ciudad como patrimonio de la humanidad.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba.
El señor LAGOS (Secretario).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
_____________________
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor LAGOS:
.Al señor Presidente de la República y al señor Ministro de Salud, en cuanto a SITUACIÓN DE ENFERMOS TERMINALES DE SIDA DE IQUIQUE.
Del señor ZALDÍVAR (don Andrés):
Al señor Presidente de la República, con respecto a MODIFICACIÓN DE LEY Nº 19.518, SOBRE CAPACITACIÓN Y EMPLEO; al señor Ministro de Defensa, en lo relativo a ACCIDENTE POR ARTEFACTO EXPLOSIVO EN QUEBRADA LAMPALLAR (SEGUNDA REGIÓN), y al señor Ministro de Educación, sobre SITUACIÓN DE LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS.
_____________________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Mixto.
El señor SILVA.-
¿Me permite, señor Presidente? Los señores Senadores que integran el Comité Mixto han tenido la gentileza de cederme un par de minutos de su tiempo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
DETERIORO DE CASA NATAL DE EX PRESIDENTE PEDRO AGUIRRE CERDA. OFICIOS
El señor SILVA.-
Señor Presidente, he solicitado la palabra en esta hora de Incidentes para dar cuenta de la situación precaria y desmedrada en que se halla la casa en que nació el ex Presidente de la República Pedro Aguirre Cerda.
Esta vieja casa campesina se encuentra en la comuna de Calle Larga, comunidad de Pocuro, Quinta Región; ha sido declarada monumento nacional, y actualmente forma parte del jardín del sitio destinado al funcionamiento de la Escuela Hogar Agrícola Nº 511.
En julio de 1997, la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas detectó un grave deterioro en dicha propiedad.
La restauración, en diseño y ejecución, corresponde a un presupuesto no superior a los 48 millones 359 mil pesos. Actualmente, se ha levantado un proyecto de restauración de la propiedad elaborado por la Dirección de Arquitectura de esa Secretaría de Estado y por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile.
Existen a lo menos dos fuentes de financiamiento para este fundamental proyecto. Una lo constituye el Fondo de Desarrollo Regional de la Quinta Región y la otra los recursos destinados al "Año de la Cultura", administrados por el Gobernador de Valparaíso, señor Luis Bork.
La restauración de este significativo monumento nacional debe ser inmediata, atendida la destrucción inminente a que está abocada.
En consecuencia, solicito a esta Corporación que se remitan oficios a los señores Ministro de Obras Públicas; Ministro de Educación, en su calidad de Presidente del Consejo de Monumentos Nacionales; Intendente de la Quinta Región; Gobernador Provincial de Valparaíso, y Alcalde de la Municipalidad de Calle Larga, a fin de que se tomen las medidas necesarias para proceder a la restauración de tan fundamental monumento nacional.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad al Reglamento, petición a la que adhieren los Senadores señora Matthei y señores Ominami y Parra, como también los Comités Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente e Independientes, Institucionales l y Demócrata Cristiano.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
NEGATIVA DE TELEVISIÓN NACIONAL SOBRE TRANSMISIÓN DE HOMENAJE A EX PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE. OFICIO
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, hace pocos días, la Diputada señora Isabel Allende ha hecho pública una situación que involucra a Televisión Nacional de Chile en términos que deben ser conocidos por esta Corporación. Al respecto, cabe recordar que de acuerdo con la ley al Senado le corresponde participar en la designación de las máximas autoridades del Canal Estatal.
Concretamente, se trata del rechazo de Televisión Nacional a transmitir, en diferido y en un compacto, el acto artístico-cultural de homenaje en memoria de Salvador Allende, programado para el próximo 4 de septiembre en el Estado Nacional.
Actores de envergadura mundial se darán cita en nuestro país para participar en dicho evento. Entre ellos, se cuentan figuras de la talla de Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Ana Belén y Luz Casal.
El tema, a mi juicio, merece una discusión elevada, que evite respuestas fáciles.
En la lógica del Chile confrontacional de estos años, evidentemente es más sencillo optar por ignorar cualquier manifestación que evoque situaciones conflictivas o dolorosas. Pero ése es un camino que -digámoslo derechamente- sólo conduce a la amnesia y a la ramplonería.
Respeto y valoro el aporte que realiza Televisión Nacional, así como el profesionalismo de sus funcionarios. Por eso mismo, no puedo pasar por alto la situación planteada.
Siento -para decirlo directamente- que el canal estatal está incursionando en la vía de la autocensura por razones estrictamente políticas.
No se explica de otro modo la negativa del Televisión Nacional a transmitir un acto que, sin duda, tendría una gran audiencia y, además, constituiría un aporte cultural evidente.
Estoy cierto de que cualquier estación de televisión pagaría mucho dinero por llevar a sus antenas a algunas de las figuras mencionadas.
Un evento de este tipo, sin duda, sería considerado como una gran manifestación cultural en cualquier lugar del mundo. Varios de estos artistas, por lo demás, han sido contratados comercialmente por Televisión Nacional para participar en programas estelares.
¿Basta que estas presentaciones se realicen en el cuadro del homenaje al ex Presidente Allende para que inmediatamente se imponga la autocensura?
Televisión Nacional ha hecho presente su disposición a cubrir este evento en el marco de su cobertura informativa. Francamente, ello no es nada. Sería simplemente bochornoso que una manifestación masiva de este tipo pudiera ser ignorada en un noticiario.
El problema no está allí. Las exigencias de pluralismo que pesan sobre Televisión Nacional no se satisfacen tan simplemente. De otra forma, sería demasiado fácil ser pluralista.
Resulta útil enmarcar esta discusión en el cuadro del debate sobre programación televisiva que inició hace pocos días, la Cámara de Diputados.
Allí se planteó de un modo prácticamente unánime la preocupación por la baja calidad de muchos programas. "Chabacanos", "groseros", "de mal gusto", fueron los epítetos corrientemente utilizados en el debate. No pretendo entregar mi opinión sobre el fondo de ese debate en esta ocasión.
Simplemente, permítanme señalar que no me cabe duda de que el evento propuesto es de una calidad artístico-cultural infinitamente mayor a muchos de los programas que alcanzan la pantalla.
En esta oportunidad, Televisión Nacional ha defeccionado de su papel de canal público. El pluralismo no se ejerce ignorando las complejas y dolorosas historias que ha vivido nuestro país.
Chile no se puede construir en la amnesia. El canal público no puede vivir permanentemente en la autocensura, ni menos participar en el tendido de cortinas de silencio.
Es sintomático, según se ha informado, que exista interés de otros canales privados por transmitir este acto. De confirmarse esta noticia, quedaría en evidencia que Televisión Nacional no está cumpliendo con sus responsabilidades fundamentales y no está ejerciendo una adecuada regulación en este importante espacio televisivo.
En realidad, se equivoca el canal estatal si al actuar de esta forma busca simplemente no establecer precedentes que puedan ser invocados para homenajear a otras figuras.
Me parece que si en torno a otras figuras, de cualquier signo, se pueden producir manifestaciones artístico-culturales de gran envergadura, éstas también debieran ser acogidas. Eso es pluralismo, aunque duela.
Lamento, señor Presidente, la actuación de los ejecutivos de Televisión Nacional de Chile. Solicito que se oficie en mi nombre a los miembros de su directorio, haciéndoles presente mi preocupación y malestar.
El canal nacional ha perdido una gran oportunidad de mejorar la calidad de su programación, de romper con un tabú y de evocar con música, alegría y poesía la memoria de un Presidente mártir.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de conformidad al Reglamento.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Los Comités Demócrata Cristiano, Unión Demócrata Independiente e Independientes, e Institucionales 1 no harán uso de la palabra.
--Pasa a presidir la testera, en el carácter de Presidente accidental, el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
URGENCIA DE PROYECTO GUBERNATIVO
PARA CRISIS DE ARICA. OFICIOS
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, el Gobierno, tras el fracaso de la "Ley Arica", que fue estructurada por la comisión que presidió el ex Ministro del Interior señor Carlos Figueroa, anunció la visita de dicho Secretario de Estado a la ciudad de Arica en la segunda quincena del mes de agosto para dar a conocer un estudio elaborado por el Ejecutivo en conjunto con organismo públicos.
Por desgracia, la ciudad de Arica nuevamente va a quedar -no sabemos por cuánto tiempo- sin conocer la ansiada propuesta del Gobierno de Chile.
Cabe señalar que el índice de cesantía que ostenta Arica en estos momentos, en mi opinión, sobrepasa el 11 por ciento. Dicho porcentaje es de alta peligrosidad para la Región, por cuanto se trata de una región fronteriza en la que nuestros vecinos poseen mejores condiciones laborales que nuestros compatriotas.
Es así como los personeros de Gobierno, por falta de visión, se han demorado mucho en entender y en aceptar que esta situación pasa necesariamente por un diagnóstico geopolítico. Hay que tener presentes la seguridad nacional y la soberanía, y, ante ello, la ausencia de la decisión que en etapas de la historia de nuestro país tomaron determinados Gobiernos.
Al parecer, día a día cuesta más tomar la decisión política. Y pensamos que la situación será aún peor. Porque en estos momentos ha quedado cesante una gran cantidad de ariqueños que laboraban en las construcciones de las empresas mineras de la Primera Región, como Quebrada Blanca, Cerro Colorado, Doña Inés de Collaguasi. Este mes se puso término a los contratos de aproximadamente 3 mil trabajadores. Gran parte de ellos son compatriotas de Arica que partían a sus labores los domingos en la tarde y volvían -los que podían- los viernes a juntarse con su familia.
A lo anterior se suman alrededor de 1.600 cesantes de nuestra Región como consecuencia de la restricción impuesta por el Gobierno de Bolivia a través de un decreto, publicado hace pocos días en el Diario Oficial de esa República, que prohíbe el ingreso de vehículos usados de la Zona Franca de Iquique y de la Extensión de Arica.
Entonces, tendremos casi 4 mil 600 nuevos desempleados, lo que profundizará la crisis económica de la Región.
Sin embargo, todavía no recibimos de parte de las autoridades económicas de nuestro país un proyecto con visión de futuro que permita ir superando esos problemas.
En definitiva, me parece que la solución de las dificultades que afectan fuertemente, no sólo a Arica, sino además a otras zonas extremas, como Punta Arenas y Tierra del Fuego, y también a Isla de Pascua, necesariamente pasa por la toma de decisiones políticas sobre la materia.
Pensamos que lo único que puede resolver la cesantía de Arica en forma permanente es un proyecto de 25 a 30 años, como fue el proyecto geopolítico de 1975 para la ciudad de Iquique, que dio sus frutos.
Esa palanca de desarrollo de la Zona Franca fue la herramienta articuladora que impulsó la minería -hay invertidos cerca de 10 mil millones de dólares, y algunos yacimientos ya están produciendo-, la pesca y otras áreas de la Región, como la turística y la inmobiliaria.
No obstante, parece existir resistencia. A veces los economistas no miran las zonas extremas en el contexto señalado anteriormente. Y cuando sostengo que la única salida es la aplicación de un proyecto libre de aranceles y, en esta etapa, de obligaciones tributarias -como el impuesto a la renta de primera categoría-, nadie debe extrañarse. Hace algunos días di a conocer en el Senado un proyecto geopolítico del Gobierno de Brasil. En el nororiente de ese país, donde existen problemas parecidos a los nuestros, se está desarrollando un proyecto automotriz de 33 mil millones de dólares, en que se va a ocupar, en una primera etapa, a cerca de 37 mil trabajadores. Y del crecimiento que tendrá esa región, Brasil se conformará con la mano de obra ocupada y con los valores agregados que generará la misma actividad. A cambio, se va a activar una zona que en este momento tiene valor cero.
Lo mismo sucede con la ciudad de Arica. Y quisiéramos que en ese proyecto de 25 a 30 años se trazara una línea en la Quebrada de Camarones, en Cuya, y se nos diera la oportunidad -como se dio a Iquique- para desarrollar un barrio industrial como el que históricamente posee la ciudad.
Tenemos la posibilidad de instalar una gran industria automotriz armadora y ensambladora. En este momento -como ha ocurrido en Brasil-, muchas empresas están interesadas en instalarse en Arica. Incluso, la General Motors, la única empresa que subsiste después del gran desenvolvimiento industrial que tuvo nuestra ciudad, está a la espera del famoso anuncio presidencial para decidir si sigue o no. Hasta donde entiendo -y he sido informado-, no hay una solución en marcha para ello.
El viernes recién pasado me reuní con representantes del sindicato de General Motors, quienes me comunicaron que la empresa despidió a 68 personas más. Ello, sumado a los despidos que se producen todas las semanas y a los 1.600 registrados en la industria pesquera, agrava la situación caótica que afecta a la zona.
Al Ministro del Interior le corresponde presidir la Comisión Arica. El anterior titular de esa Cartera había anunciado visita a Arica para la segunda quincena de julio. Tal vez el nuevo puede tomarse un par de semanas más. En todo caso, me gustaría que, al tenor de la asesoría que le entregan los personeros de Hacienda y de Economía, revisara esta materia, porque, según las informaciones que tenemos, en Arica, Parinacota e Iquique no habría soluciones que ayudaran a superar la actual crisis.
En conversaciones sostenidas con el Ministro del Interior saliente, don Carlos Figueroa, nos señalaba que el Gobierno ya había entregado muchos recursos para paliar la cesantía. Es efectivo. Se construyeron calles; se mejoraron algunas avenidas y el barrio turístico El Chinchorro. Pero Arica necesita una inversión en Obras Públicas en el corto plazo. Por ejemplo, la construcción de un gran embalse en la alta cordillera, a fin de que el agua que escurre al mar (anteayer veíamos cómo ello todavía ocurre, aun en esta época; y para qué mencionar lo que sucede en el invierno altiplánico chileno) se pueda retener para incorporar al desarrollo los valles de Lluta y de Azapa.
En estos días, por la falta de agua en nuestra ciudad, ESSAT ha recurrido a lo más fácil: sacarla de las napas de Azapa a través de pozos. Y por eso se están secando los olivos.
En consecuencia, creemos que el Gobierno tiene la posibilidad de construir un gran embalse en el altiplano chileno. Con ello incorporaríamos a las actividades productivas a Camarones y los valles de Lluta y de Azapa, más miles de hectáreas de nuestras pampas que tienen climas tropical y subtropical, lo cual, a nuestro juicio, podría dar empleo a sobre 5 mil trabajadores.
La construcción de un embalse a esa altura permitiría dar trabajo a entre 3 mil y 4 mil personas. Y diré por qué.
En el valle de Azapa, la producción de tomates es permanente. Estamos exportando este producto a Brasil. Hoy día se acaba de levantar una restricción que el Gobierno de Estados Unidos había impuesto en la materia. Y nosotros tenemos tomates, maíz y porotos verdes todo el año. A la alfalfa le damos 7, 8 ó 9 cortes al año. Y estoy hablando de incorporar a la producción miles y miles de hectáreas.
Por otro lado, nosotros tenemos miedo de sacar agua en la Línea de la Concordia. Sin embargo, los peruanos la sacan pegada a ella y están desarrollando el mismo proyecto de que he hablado esta tarde, mirando hacia Tacna.
Entonces, debe haber un cambio de actitud, señor Presidente. Se ha generado un clima adverso, porque a Arica le está yendo mal en todo. Los peruanos se oponen a que se levante el Cristo en el Morro. Ahí estamos todos, y nos oponemos. Yo les digo: "Levantémoslo donde queramos". En este momento se encuentra boca abajo en el Batallón Pisagua. Les propongo instalarlo en las playas de El Chinchorro, mirando hacia el Pacífico, donde está el futuro del país.
Entonces, existe falta de decisión. ¡Hay que pedir permiso!
Y si mañana o pasado se ponen de acuerdo ambos Gobiernos, mandaremos a fundir el metal para construir otro Cristo. Pero debemos tomar decisiones, para lograr que nuestras autoridades trasunten credibilidad. Porque en estos momentos nos encontramos huérfanos de apoyo. Y el alma nacional, el ciudadano, necesita fortalecerse, pues vive a dos mil kilómetros de la Capital. No estamos aquí, al lado.
Hace pocos días planteé en esta Sala -y deseo saber si la Secretaría ofició sobre el particular al señor Intendente de la Primera Región, porque éste me expresó que no ha recibido comunicación alguna del Senado- que posiblemente 25 mil personas de la zona que represento se encuentran contaminadas con plomo. Usando mis propios recursos, traje catorce niños de entre ocho meses y nueve años, y, tras los exámenes de rigor, se determinó que tienen un alto índice de plomo en la sangre. Y a las guaguas se les ha detectado sangre en la orina.
Pues bien, después de una investigación que llevé a cabo, me enteré de que acaba de aparecer en Estados Unidos un aparato, cuyo valor es de tres mil doscientos dólares, que permite detectar el porcentaje de plomo sólo en 160 segundos. Practicar en Arica dicho examen y mandarlo a Santiago al Instituto de Salud Pública cuesta alrededor de 25 mil pesos. Y no sabemos qué tienen esas 25 mil personas. Pero por lo menos estamos conscientes de lo que sucede a quienes viven al lado del sector contaminado. Sin embargo, el señor Intendente aduce que no puede comprar esa máquina porque no le ha llegado el oficio. Él dispone de hasta 26 millones de pesos para hacerlo, y el aparato -insisto- vale sólo tres mil doscientos dólares. Le pedí decirme si el Gobierno no quiere comprarla, para proceder a una campaña de erogaciones. Porque no podemos permitir que las guaguas y los niños sigan expuestos a esa situación. Y, debido a la burocracia, no podemos imponernos de la real magnitud del problema.
Con mucho dolor, pena y amargura, fui testigo de que en un paro de protesta se levantaron banderas peruanas y bolivianas. La verdad es que me sentí terriblemente ofendido. Pero la gente busca formas de protestar contra un Estado al que, por su indiferencia, parecieran no importarle esos territorios conquistados por nuestro pueblo, por nuestros soldados.
A los habitantes de la Primera Región se nos está terminando la capacidad de aguante, señor Presidente. Siempre hemos entregado nuestras riquezas al país. Hoy día tenemos tres nuevos proyectos mineros. Sin embargo, debemos contribuir con nuestro aporte para cubrir los 560 millones de dólares que cuesta la construcción de la Línea 5 del Metro. ¡Y allá todavía existen pozos sépticos! En la zona que representa el Honorable señor Cantero, donde se encuentra la mina de cobre a tajo abierto más grande del mundo, todavía hay pozos sépticos, calles sin pavimentar y viviendas callampas. Y, como sucedió antaño con el salitre, hoy día tenemos que entregar nuestro cobre.
Por todo ello, nos sentimos postergados, como habitantes de tercera categoría. Sin embargo, allá debemos ser todos de primera categoría, porque vivimos junto a tres fronteras.
En consecuencia, deseo que el señor Ministro del Interior que acaba de asumir tome en consideración estas observaciones y mande un proyecto que pueda constituirse en alternativa. Actualmente, de 200 mil habitantes, hemos disminuido a 160 mil. Perú, en su zona, donde antes éramos mayoría, cuenta ahora con 380 mil habitantes. ¡Y para qué hablar del altiplano, que se encuentra despoblado!
Lamentablemente, en este momento no hay muchos señores Senadores en la Sala. Porque me habría gustado llevar a cabo un debate, invitando a los señores Ministros del Interior y de Defensa, pero sin público, pues hay asuntos que, por lealtad y respeto a mi patria, no tendría por qué exponerlos públicamente, tanto más cuanto que se trata de cuestiones que ocurren en la zona y que están relacionadas con la seguridad nacional.
Solicito, por ende, que mis observaciones sean transcritas también al nuevo Ministro de Defensa, porque estimo que nos hallamos en un nivel de alta peligrosidad respecto de todos los valores que he señalado, que nos parecen fundamentales para los efectos de hacer patria y soberanía a 2 mil kilómetros del centro del país.
Reitero que lo único que puede salvar a Arica de su situación caótica es un proyecto geopolítico de a lo menos 25 años y que libere de impuestos y de esta clase de obligaciones. Y yo aseguro que de esa manera vamos a sacarla adelante, para instalarla en el sitial que históricamente ha ocupado, lo que nos hará sentir muy orgullosos.
Señor Presidente, sólo estamos pidiendo que nos den la posibilidad de progresar y de incorporar a Arica al proceso de desarrollo que ha vivido el resto del país.
He dicho.
El señor URENDA (Presidente accidental).-
Debo informar a Su Señoría que el oficio a que se refirió fue enviado al señor Intendente de la Primera Región el 17 de julio recién pasado.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, solicito formalmente que, ojalá mañana a primera hora, se comunique al señor Intendente de la Primera Región, a propósito del reclamo que le hizo el Senador Julio Lagos y de que no ha habido decisión alguna de su parte, que el oficio respectivo fue enviado en esa fecha y recepcionado. Porque considero muy grave que, habiéndose remitido, el señor Intendente me haya dicho que no lo ha recibido. Yo conversé con él, en la calle 21 de Mayo, el sábado recién pasado, ocasión en que, ante mi reclamo, me manifestó que, como no había recibido comunicación alguna, no había comprado el aparato a que me referí.
El señor URENDA (Presidente accidental).-
El oficio lleva el número 12.650 y está fechado el 17 de julio. Si fuera necesario, Secretaría podría reiterarlo.
El señor LAGOS.-
No, señor Presidente. Me atengo a mi petición.
El señor URENDA (Presidente accidental).-
Muy bien.
En cuanto a los planteamientos hechos por Su Señoría en esta sesión, se enviarán los oficios solicitados, conforme al Reglamento.
Por otro lado, en reunión de Comités se tratará la proposición de invitar a los señores Ministros del Interior y de Defensa Nacional a una sesión del Senado.
En el tiempo del Comité Institucionales 1, tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, sólo quiero sumarme a la preocupación y el planteamiento del Honorable señor Lagos.
El señor URENDA (Presidente accidental).- Se considerará su adhesión, señor Senador.
El resto de los Comités no hará uso de su tiempo.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:52.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción