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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 338ª, ORDINARIA
Sesión 15ª, en martes 21 de julio de 1998
Ordinaria
(De 16:22 a 20:56)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
Y MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR,
Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Cordero Rusque, Fernando
--Díez Urzúa, Sergio
--Errázuriz Talavera, Francisco Javier
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda, Secretario General de la Presidencia y del Trabajo y Previsión Social subrogante, y los señores Subsecretario de Hacienda, Director Nacional y Subdirector Normativo del Servicio de Impuestos Internos y Asesor del Ministro de Hacienda.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 32 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
FALLECIMIENTO DE EX SENADOR DON CARLOS LETELIER BOBADILLA

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Doy cuenta del sensible fallecimiento del ex Senador don Carlos Letelier Bobadilla, ocurrido ayer.
Pido a Sus Señorías ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.
--La Sala guarda un minuto de silencio.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 14ª, especial, en sus partes pública y secreta, en 13 de mayo del año en curso, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 15ª, ordinaria, en 19 de mayo del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor HOFFMANN (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, con el carácter de "Simple", respecto del proyecto que establece un incentivo para el desarrollo económico de las Regiones de Aisén y Magallanes y de la provincia de Palena. (Boletín Nº 1.888-03).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo retira la urgencia que hizo presente al proyecto que elimina el 11 de septiembre como feriado. (Boletín Nº 2.185-06).
--Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha dado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica el Código de Procedimiento Civil, fijando cuantías que indica en unidades tributarias mensuales. (Boletín Nº 1.935-07).
--Se toma conocimiento y se manda archivar junto a sus antecedentes.
Con el segundo comunica que rechazó la modificación propuesta por el Senado al proyecto que establece la obligación de que las parcelas, sitios y bienes comunes derivados del proceso de reforma agraria sean enajenados por escrituras públicas separadas. (Boletines Nº 1.496-01 y 1.572-01).
En consecuencia, corresponde la formación de una Comisión Mixta, para lo cual la Cámara Baja designó a los señores Diputados que menciona para que la conformen en representación de esa Corporación.
--Se toma conocimiento y se designa a los señores Senadores miembros de la Comisión de Agricultura para que integren la Comisión Mixta que deberá formarse.
Con el tercero comunica que ha dado su aprobación a la enmienda propuesta por el Senado al proyecto que prohíbe a los notarios públicos autorizar contratos de promesa de compraventa de viviendas adquiridas de los Servicios de Vivienda y Urbanización que no estuvieren pagadas. (Boletín Nº 1.677-14).
--Se toma conocimiento y se manda archivar junto a sus antecedentes.
Dos de la Excelentísima Corte Suprema, con los que emite su opinión acerca de los siguientes proyectos de ley:
1) El que regula la constitución jurídica y funcionamiento de las iglesias y organizaciones religiosas. (Boletín Nº 1.111-07).
2) El relativo a la protección de los animales. (Boletín Nº 1.721-12).
--Se toma conocimiento y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Del señor Ministro del Interior, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Bitar, referido a la situación que afecta a las provincias de Arica y Parinacota.
Cuatro del señor Ministro de Relaciones Exteriores:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senado, relativo al acuerdo adoptado por la Corporación sobre el asesinato del ex Senador señor Jaime Guzmán Errázuriz.
Con los restantes da respuesta a sendos oficios enviados en nombre de los Honorables señores Horvath y Larraín, acerca de materias limítrofes.
Tres del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Muñoz Barra, referido al camino Malalcahuello-Paso Pino Hachado.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, respecto de la instalación de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en la comuna de Navidad.
Con el tercero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo a las empresas que han participado en la construcción del camino Maullín-Carelmapu.
Del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el que contesta oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath, acerca de cuotas de captura pesquera.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, referido a la situación que afecta a algunos jubilados.
Del señor Subsecretario de Pesca, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, respecto de las infracciones en el área reservada a la pesca artesanal en el litoral de la Sexta Región.
Del señor Intendente de la Primera Región, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, acerca del conjunto habitacional Huantajaya.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Educación de la Novena Región, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Muñoz Barra, relativo a la escuela particular Nº 291, Juan Bosco, de la comuna de Temuco.
Del señor Director del Instituto de Normalización Previsional, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, sobre las deudas generadas por el no pago de las cotizaciones previsionales.
Del señor Presidente de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Sabag, referido a trenes suburbanos y de cercanía en los sectores de Concepción, Valdivia y Puerto Montt.
Del señor Gerente General de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Cariola, respecto del cobro excesivo de los servicios de agua potable y alcantarillado en la comuna de San José de la Mariquina.
Del señor Director General de Obras Públicas, con el que remite un cuadro resumen de los oficios de respuesta del señor Ministro de Obras Públicas a Parlamentarios y autoridades en el período que indica.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Comunicación
Del señor Encargado de Negocios de la Nunciatura Apostólica, con la que, en representación del señor Nuncio, acusa recibo de las condolencias del Senado por el fallecimiento del señor Cardenal Agostino Casaroli.
--Se toma conocimiento.
Informes
Uno de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Derechos Humanos, unidas, y otro de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a la ley Nº 19.234, que establece beneficios previsionales para exonerados por motivos políticos. (Con urgencia calificada de "Simple"). (Boletín Nº 1.978-13).
De las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede aumentos a las pensiones y establece su financiamiento por medio de modificaciones a las normas tributarias. (Con urgencia calificada de "Suma"). (Boletín Nº 2.160-05).
--Quedan para tabla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.

El señor VIERA-GALLO.- Pido la palabra sobre la Cuenta.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede hacer uso de ella, señor Senador.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, deseo que se envíe una comunicación al Gobierno para solicitarle que explique por qué retiró y no renovó la urgencia del proyecto que termina con el feriado del 11 de septiembre.
A mi juicio, es una materia respecto de la cual el Senado debe pronunciarse cuanto antes, dado que la fecha se avecina. Se cumplen 25 años desde que ocurrió el golpe militar, y todos quisiéramos pasar en paz el próximo 11 de septiembre.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se enviará el oficio en su nombre de Su Señoría.
Acordado.


ACUERDOS DE COMITÉS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de Comités.

El señor LAGOS (Secretario).- En reunión de hoy, los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:
Primero, rendir homenaje en memoria del ex Senador don Carlos Letelier, recientemente fallecido, el martes 4 de agosto próximo. Y el miércoles 5 de ese mes el Honorable señor Romero rendirá homenaje en memoria de don Eleodoro Rodríguez Matte.
Segundo, fijar las 18 de hoy como hora de votación general del proyecto sobre aumento de pensiones, que figura en el primer lugar de la tabla. Una vez acogida la idea de legislar, se procederá a debatirlo en particular, dándose por aprobadas las disposiciones acordadas por unanimidad en las Comisiones unidas, siempre que no se formulen indicaciones sobre ellas o que no se pida votación. Luego se votará el resto de los artículos.
Tercero, tratar en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana el proyecto modificatorio de la ley Nº 19.234, que establece beneficios previsionales para exonerados por motivos políticos (se acaba de dar cuenta de los informes de Comisiones), fijándose las 17:30 como hora de votación.

El señor PIZARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PIZARRO.- Me gustaría saber cuándo los Comités van a resolver definitivamente lo relativo a la Comisión especial que estudiará el proyecto modificatorio del Código de Aguas.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El primer martes de agosto próximo, señor Senador.
El señor PIZARRO.- Gracias, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Los Comités acordaron rendir al comienzo de la presente sesión -y no al final del Orden del Día, como estaba propuesto- el homenaje al ex Senador señor Radomiro Tomic con motivo del aniversario de la promulgación de la ley que dio paso a la chilenización del cobre.
En las tribunas se hallan presentes la viuda y familiares del señor Tomic.
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.


HOMENAJE A DON RADOMIRO TOMIC EN ANIVERSARIO DE NACIONALIZACIÓN DEL COBRE. COMUNICACIONES

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, en estos días, cuando celebramos un aniversario más de la nacionalización del cobre, en nombre de la Democracia Cristiana, del Movimiento por la Dignidad Nacional y del Senador que habla, quiero rendir un merecido homenaje a Radomiro Tomic Romero, cuya permanente preocupación por el cobre y su destino se ha manifestado en la forma como ligó su vida política y profesional a los problemas de nuestra principal riqueza básica. Él, con antecedentes y argumentos y su gran elocuencia, estuvo siempre en la primera línea de la defensa del cobre para los chilenos, buscando en todo momento caminos para que la explotación del metal rojo favoreciera primordialmente al país y sólo en segundo lugar a los inversionistas extranjeros.
Ya en 1951, como falangista, presentó al Senado un proyecto sobre Corporación Nacional del Cobre, representando la tentativa más completa de organizar jurídicamente el control por Chile del comercio mundial de su cobre, conocido como "Proyecto Tomic", el que sufrió violenta oposición en el Senado y la Cámara de Diputados. Pero no por ello dejó de denunciar constantemente las inequidades y los malos manejos en la explotación de nuestra principal riqueza.
La contribución de Radomiro Tomic a la formación de una conciencia nacional sobre el cobre ha sido reconocida por todos los sectores del país. Se ha destacado, entre otros, el discurso que pronunció en el Senado en 1961 para demandar, con firmeza y convicción, que "el cobre es chileno".
Desde los años 40 en adelante se mantuvo vigilante, y nunca dejó de manifestar públicamente su preocupación por la forma de explotación y comercialización de nuestras riquezas minerales.
Conocida es por todos su comprometida participación en el proyecto de chilenización del cobre. Dejó a un lado muchas veces sus intereses personales en pro de rescatar para Chile el cobre, que, según él, se constituiría en el sustento económico y financiero del proyecto de desarrollo para nuestra nación.
En una carta enviada el 29 de julio de 1969 al entonces Presidente de la República, don Eduardo Frei Montalva, le señalaba con pasión:
"¡Es ahora, y solamente ahora, cuando Chile debería nacionalizar su cobre!".
"Es ahora cuando pasa delante de nosotros, de nuestra Patria, de nuestro pueblo, el hilo brillante de la oportunidad para actuar y cambiar la historia de Chile".
"Frente a circunstancias excepcionales, la audacia es la forma suprema de la prudencia".
"Daría cualquier cosa porque lo vieras así. Desde luego me pongo a tu disposición incondicional".
Y luego, generosamente, agregaba:
"Si para facilitar la nacionalización de la gran minería fuese mejor que el candidato a Presidente de la República sea otro y no yo, hagámoslo sin vacilar".
Sus ruegos no fueron suficientes. Sin embargo, se logró chilenizar nuestro cobre, quedando en poder de nuestro país el 51 por ciento de las acciones y, por lo tanto, la facultad de su comercialización.
En su programa de Gobierno, el tema de la nacionalización del cobre fue de prioritaria importancia:
"Completar el proceso de nacionalización de la gran minería del cobre," -señalaba- "considerando que no es sólo una política destinada a afirmar la soberanía de Chile sobre sus recursos estratégicos, sino que también es un requisito necesario para lograr las metas que el programa de desarrollo requiere".
Luego de su activa participación en la aprobación de la ley de nacionalización del cobre durante el Gobierno de Salvador Allende, Tomic continuó luchando sin cesar para que ese proceso fuera respetado y perdurara en el tiempo. Fue una tarea muy difícil de cumplir en el transcurso del Régimen militar, donde se pretendió reiteradamente su privatización.
En 1982 recorrió el país concientizando a la gente y expresando la necesidad de hacer frente al proyecto de ley minera creado por Pinochet, lo que significaría un gran retroceso en la historia y en los beneficios logrados.
En septiembre de 1983 escribió una carta al entonces Ministro del Interior, don Onofre Jarpa, en la que le dice:
"Después del Presidente Pinochet es usted el único chileno que puede defender al país frente a la ley minera".
En octubre de 1983 envía una carta abierta a la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), en la cual le pide interceder para evitar la promulgación de dicha ley.
En noviembre de 1983 crea el Comité Nacional de Defensa del Cobre, entregando una declaración pública al país.
En diciembre de ese mismo año escribe una dramática carta al general Pinochet, diciéndole en partes:
"El poder supremo es finalmente solitario. El destino del cobre chileno está ahora en sus manos. Es usted el único chileno que puede postergar la entrada en la aplicación de la ley minera 18.097 de manera que sea una ley de consenso y no una ley impuesta a la nación por el pequeño grupo de "ideólogos" y de traficantes de intereses".
"En sus manos está la responsabilidad final".
Desarrolló sus más enconadas críticas a la gestión minera en 1984 y a los oscuros y dudosos negocios de 1987 y 1988. Y expresa:
"Es suicida aumentar la oferta del cobre por encima de su demanda, forzando así la caída de sus precios, favoreciendo con esto a la Comunidad Europea, Japón y EE.UU., que en conjunto consumen el 90% del cobre refinado".
En la celebración de esta fecha histórica pasamos a enumerar, en memoria de Radomiro Tomic, el conjunto de privilegios que hoy atentan contra la soberanía y la dignidad de la nación chilena.
Estadísticas oficiales muestran que en 1996 CODELCO, con un 39 por ciento de la producción total de cobre, tributó mil 700 millones de dólares. El resto de las empresas -esto es, las privadas- con un 61 por ciento de la producción, tributó en ese mismo año sólo 137 millones 700 mil dólares, según los informes oficiales del Servicio de Impuestos Internos. Estos informes nos dejan claro que el Impuesto Adicional del Decreto Ley Nº 600 y el Adicional a la Renta pagado por el conjunto de empresas mineras privadas, entre las cuales se incluye a ENAMI, suman apenas 137 millones 700 mil dólares, dado que el Impuesto de Primera Categoría es sólo una retención que se les devuelve, lo que explica que estas empresas paguen tan poco impuesto adicional y es lo único que el Estado percibe de ellas, en tanto que sólo el Impuesto de Primera Categoría que paga CODELCO no se devuelve y es efectivamente percibido por el Estado: él es superior a la totalidad de impuestos de las compañías mineras privadas y este último es sólo la mitad de lo que CODELCO debe pagar a las Fuerzas Armadas, impuesto que no figura por supuesto en el informe oficial del SII.
Esta recaudación y otras informaciones de producción y exportación que aparecen en los boletines estadísticos de COCHILCO nos muestran, por ejemplo, que multiplicando el Impuesto de Primera Categoría por un factor 6.6666 podemos obtener las utilidades del sector minero privado que alcanzan sólo a 999 millones de dólares, lo que es inferior en 104 millones a las utilidades de CODELCO; pero comparando la cantidad de toneladas producidas, las utilidades de CODELCO son casi el doble que las del sector privado o que el impuesto efectivamente pagado CODELCO sea de 85 centavos de dólar por tonelada y sólo de 7 centavos de dólar por las empresas privadas.
Finalmente, quiero terminar este homenaje a Radomiro Tomic con sus palabras pronunciadas ante el Senado en julio de 1961: "El contraste entre las inmensas posibilidades que el cobre abre a nuestro país y el inadecuado aprovechamiento de estas posibilidades por la nación chilena, es una de las contradicciones más chocantes de nuestra realidad.". Quisiéramos decir a Radomiro que este juicio suyo hoy sigue muy vigente y, tal como antes, vuelve a cobrar actualidad.
Deseo recordar con mucho cariño y gentileza a Radomiro Tomic, con quien participé en la campaña para evitar que se promulgara la Ley Minera y rescatar el cobre para Chile, que es la riqueza fundamental con que aún contamos, ya que significa un 40 por ciento de toda la producción nacional.
Por eso, señor Presidente, al celebrar un nuevo aniversario de la promulgación de la ley de chilenización del cobre, he querido rendir este homenaje en nombre de mi Partido, en el del Movimiento por la Dignidad Nacional y en el mío propio. Y ojalá este pequeño discurso que he vertido en tan escaso tiempo pueda ser entregado a la familia de Radomiro Tomic.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se enviará a la familia de don Radomiro Tomic el texto de su discurso, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Viera Gallo.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, en nombre de la bancada de los Senadores del Partido Socialista, quiero sumarme a este homenaje en memoria de don Radomiro Tomic.
Fue, sin duda, una persona notable y de excepción en la vida pública nacional. Y la historia política de este siglo no resulta comprensible si no se conocen a cabalidad las causas y luchas que Radomiro Tomic dio en tantos frentes de nuestro país. Su ejemplo y su memoria laten en la conciencia del pueblo chileno.
Fue un político consecuente, abnegado y con una fuerte carga patriótica.
Además de lo señalado por el Senador señor Lavandero, en cuanto a la preocupación permanente de Radomiro Tomic por la riqueza del cobre, me parece importante destacar hoy su capacidad de análisis de la realidad social del país, así como también su lucha por conseguir un futuro mejor para nuestra patria.
En este momento, tal vez sería interesante recordar su idea de alcanzar la unidad social y política del pueblo, que en cierta medida anticipó la convergencia de las fuerzas políticas de avanzada social que después dieron origen a la Concertación de Partidos por la Democracia.
Junto con recordar ese empeño suyo por lograr una democracia progresista y de avanzada, recordamos sus esfuerzos en pro de la nacionalización del cobre, la cual se llevó a cabo gracias a los votos de la totalidad del Parlamento chileno durante el Gobierno del Presidente Salvador Allende.
Aprovechamos la ocasión para dar nuestro saludo a su familia, a su señora esposa Olaya, a sus hijos presentes en tribunas, y para decir que la figura de Radomiro Tomic siempre será para nosotros una guía y una señal importante de llamado a la conciencia, de respetar y ser consecuentes con los principios.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, señora Olaya, familia Tomic Errázuriz, señores Senadores:
Hablar de Radomiro Tomic es hablar de un hombre excepcional. Excepcional por su inteligencia, por su rectitud, por su trayectoria como político, como profesional y como empresario. Excepcional por la numerosa y unida familia que formó. En fin, excepcional por su oratoria, por sus escritos y por su cultura.
Radomiro Tomic era un hombre del norte de Chile. Y tuvo como sello de su vida esa impronta evangélica de la travesía del desierto. En cada discurso, en sus clases como profesor universitario y en su vocación política, siempre estaba presente el sueño de la tierra prometida. Los desafíos de la vida los enfrentó con seriedad y persistencia, y en ellos cosechó con abundancia el reclamo cristiano de la parábola de los talentos.
Recuerdo a don Radomiro desde muy chico, cuando yo cursaba la preparatoria en el Verbo Divino. En la repartición de premios de diciembre de cada año, la familia Tomic Errázuriz colmaba la ceremonia. Las medallas de oro que se repartían al mejor alumno de cada promoción las recibían Esteban, Carlos, Gabriel, Felipe, Blas y el ocho (que en paz descanse). Francisco, en ese entonces, aún no se asomaba a la vida. Hoy, siguiendo esa arista minera de su padre, preside el Consejo Minero, organización gremial que agrupa a las empresas privadas productoras de cobre y oro pertenecientes a la gran minería.
Lo más notable en esa ceremonia, sin embargo, era el discurso del Presidente del Centro de Padres y Apoderados: don Radomiro Tomic. Ahí nos hablaba de valores y de futuro, de ciencia y de historia, de religión y de familia, y nos motivaba con un lenguaje atractivo a "vivir la vida", como él decía, "no para ganar o perder, sino para justificarla desde el punto de vista de la conciencia y de Dios.".
Este ser multifacético, apasionado por tantos afanes nobles, como la política, la educación, el cobre, el norte y la poesía, fue también un hombre valiente y aventurero. Lo fue cuando cruzó Europa en plena Segunda Guerra Mundial para buscar al amor de su vida, la señora Olaya, en Suecia, lugar en donde vivía junto a sus padres.
Lo fue para enfrentar difíciles campañas políticas, en Tarapacá como Diputado; en Tarapacá y Antofagasta, y en Valparaíso y Aconcagua como Senador, siempre elegido con una primera mayoría.
Difícil es resumir la vida de Tomic por lo extensa. Fundó cuatro medios de comunicación escritos. Su labor legislativa fue sobresaliente. Cuando joven fue Presidente del Centro de Derecho de la Universidad Católica y de la Federación de Estudiantes; fundador de la Falange Nacional y Presidente de ese partido en dos oportunidades; Embajador en Estados Unidos y candidato a la Presidencia de la República. Sus escritos sobre el cobre o relativos a temas limítrofes son abundantes y valiosos.
En lo relacionado con educación y universidades hay otro dossier de trabajos destacados, algunos de los cuales derivaron en leyes de la República, de su autoría. Hasta en el ámbito deportivo ostenta un título y un honor singular que él exhibía con orgullo: haber hecho tablas en una partida de ajedrez con el campeón mundial de la época.
Entre los libros que escribió Tomic hay uno que se llama "Testimonios". Sus amigos y los dirigentes de su Partido le pidieron que dejara este legado para la Historia. Es que los discursos, escritos y cartas de Tomic no pasaban inadvertidos. Cada uno de ellos está lleno de inteligencia, ideas, literatura y poesía. Son piezas clásicas de nuestra historia política. El discurso a la Juventud Demócrata Cristiana mundial, en Berlín en 1965; o aquel que pronunciara al fundar la Falange Nacional en 1935; o los homenajes que en el Senado rindiera a Gabriela Mistral con motivo del otorgamiento del Premio Nobel, o a Arturo Alessandri Palma, o a Pedro Aguirre Cerda, hacen honor a lo mejor de la cultura y literatura política, y producen un elevado regocijo espiritual al leerlos.
Recuerdo a don Radomiro Tomic junto a su mujer, como amigo de mis padres, en múltiples oportunidades en mi casa, y también en largos fines de semana en su casa de Algarrobo. Lo recuerdo en extensas y fascinantes conversaciones sobre los temas más variados. Quisiera evocar en esta hora solemne dos testimonios de personas que, a mi juicio, opinaron magistralmente sobre él. Uno, mi abuelo, Horacio Walker Larraín: iba yo partiendo en un fin de semana con don Radomiro y su familia fuera de Santiago. Mi abuelo me dijo: "Aproveche a Radomiro; son muchas universidades, con sus bibliotecas incluidas, constituidas en un solo hombre". El otro es Jaime Guzmán, nuestro querido ex Senador. Terminábamos una de las famosas tertulias en la casa de don Willie Arthur, a la que asistían algunos Senadores que hoy están presentes en la Sala. El principal invitado era don Radomiro, quien se extendió con su brillo habitual por distintos temas que eran objeto de la conversación. Al despedirse, Jaime le dijo a Tomic: "No estoy de acuerdo con muchas de sus ideas; pero creo, una vez más, que ha sido tan portentosamente inteligente y brillante para exponerlas, que lo único que le puedo decir es cómo me gustaría que usted nunca se hubiera ido del Partido Conservador, y que hoy perteneciera a nuestro sector político".
Tomic fue un hombre brillante, pero también infinitamente honesto y bueno. Prestigió a las instituciones a las que perteneció, entre ellas la Cámara de Diputados y el Senado.
Por ello, le rendimos hoy tan merecido homenaje a uno de los mejores chilenos de este siglo, que durante su vida supo cumplir con su conciencia y con la Historia.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, Honorables colegas:
"No hay otra inmortalidad terrenal mayor que la que late en la pulsación vital de la semilla, que se transforma una y otra vez, generación tras generación, en tallo, sombra, flor y fruto¿y de nuevo en semilla.".
El párrafo que he recordado es un pensamiento de Radomiro Tomic escrito en 1983. Si bien estaba referido a un prócer de América Latina, corresponde con justicia a lo que fue la vida de este insigne hombre. Radomiro Tomic -me atrevo a decir- fue semilla. Sus principios e ideales fueron semilla. Su compromiso invariable, consecuente con sus ideales fue semilla, y también lo fue su notable vocación de servicio público, que esta tarde estamos reconociendo en este Senado. Y cuando digo reiterada veces que Radomiro Tomic fue semilla, estoy aludiendo a que su vida y su ejemplo están ligados al presente y al futuro; no al pasado. Eso es tal vez lo más importante de este reconocimiento.
Hoy, con entera justicia -que duda cabe- el Senado ha resuelto rendirle este homenaje con motivo de un nuevo aniversario de la promulgación de la ley que dio paso a la chilenización del cobre. En efecto, este hombre lúcido, con visión de futuro, que entendía la política como un acto de grandeza que requería de total entrega, fue vital en el proceso de recuperación de nuestra riqueza fundamental que es el cobre, cuya chilenización primero y su posterior nacionalización han constituido uno de los factores poco citados del crecimiento económico que ha tenido Chile.
Sí, señores Senadores, Radomiro Tomic fue un hombre ejemplar. Destacamos en este ocasión su lúcida inteligencia, el manejo erudito que tenía del conocimiento y de la información, su elocuencia combinada de rigor conceptual y de cierta poesía, todo ello unido a su vocación de servicio público.
Sus rasgos de claro liderazgo lo llevaron a ser elegido Diputado por dos períodos, y Senador por otros dos; y, en 1970, designado candidato a la Presidencia de la República. Tomic fue cofundador del Partido de sus amores junto a Bernardo Leighton, Eduardo Frei Montalva, Rafael Agustín Gumucio y otros dirigentes que constituían una pléyade de jóvenes idealistas interesados en el destino de una Nación que tenía que progresar para salir del subdesarrollo y dar respuesta a las necesidades y aspiraciones de una enorme mayoría de chilenos.
Creo que esta ocasión es propicia para hacer una breve referencia a su pensamiento, el que por su vigencia considero una fuente a inspiración, precisamente en estos días.
Decía Tomic: "La libertad económica es la antítesis de los derechos económicos y sociales, no es un cauce para alcanzarlos, sino un dique para impedirlo. Donde se haga de la libertad económica el fundamento del proceso productivo, los derechos económicos y sociales serán inexorablemente reducidos.". Comparto esta visión. El mercado es un buen asignador de recursos, pero bajo el criterio de plena libertad económica no produce equidad sino odiosa desigualdades; logra que los derechos económicos y sociales sean restringidos. Por ello, la importancia de establecer modalidades de regulación del mercado así como la del rol de Estado en favor de atenuar las desigualdades sociales y ampliar las oportunidades a que todos deben tener derecho.
Expresaba Tomic: "La legitimidad de un régimen político social debe basarse primordialmente en la satisfacción de las necesidades básicas de la población; en el respeto efectivo de los derechos esenciales de la persona humana, es decir, el derecho a la vida, al pleno empleo, al acceso a la escuela para todos, al resguardo de la salud y la seguridad de cada hogar, a la participación a la vez estimulada y disciplinada de todos en la tarea de construir una economía productiva, en el reconocimiento de que es el hombre y no el dinero el factor productivo por excelencia¿" en la perspectiva de construir "una sociedad solidaria, moderna y eficiente al precio inevitable de un grande y sostenido esfuerzo de trabajo, disciplina, ahorro, inversión y solidaridad.".
Agregaba: "Debemos crear una democracia-participativa-solidaria" en un nuevo contexto ético que conduzca a un replanteo de los fundamentos del Estado. Debemos superar, señalaba Tomic, la civilización del egoísmo y sustituirla por la civilización del amor. Debemos crear una nueva democracia en la cual todos los estamentos sociales sean efectivamente participantes y responsables del destino de la comunidad. Y una nueva economía cuyo motor principal no será el lucro individual, sino la satisfacción de las necesidades básicas de la población.".
Termino, señor Presidente, señalando que Radomiro Tomic fue un sembrador y fue semilla. Como todos los hombres grandes, tuvo grandes triunfos y algunas derrotas. Ante las derrotas que sufrió este hombre superior podemos expresar que mucho más vale la integridad de los ideales que el éxito, cuando éste se convierte en pesadilla de los pueblos por la falta de libertades, por las desigualdades y por el irrespeto a sus derechos fundamentales.
Formulo estas palabras en nombre de la bancada del Partido Por la Democracia y, muy en especial, del Honorable señor Bitar, a quien lo unió una profunda amistad con Radomiro Tomic, su esposa y su familia.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminado el homenaje.
Se suspende la sesión por algunos minutos para despedir a los familiares de don Radomiro Tomic.

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--Se suspendió a las 17:1.
--Se reanudó a las 17:7.
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El señor RÍOS (Vicepresidente).- Continúa la sesión.
V. ORDEN DEL DÍA



REAJUSTE DE PENSIONES Y MODIFICACIÓN TRIBUTARIA


El señor RÍOS (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que concede aumentos en las pensiones y establece su financiamiento por medio de modificaciones a las normas tributarias, con informe de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas. Esta iniciativa tiene urgencia calificada de "Suma", la que vence el viernes 24 de julio.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 5ª, en 10 de junio de 1998.
Informe de Comisión:
Hacienda y Trabajo, unidas, sesión 15ª, en 21 de julio de 1998.
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-Se autoriza el ingreso a la Sala del Subsecretario de Hacienda, señor Manuel Marfán Lewis; del Director Nacional de Impuestos Internos, señor Alfredo Etcheverry Celhay; del asesor del Ministro de Hacienda, señor Jorge Kaufman, y del Subdirector Normativo del Servicio de Impuestos Internos, señor René García.
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El señor LAGOS (Secretario).- El proyecto, que requiere de quórum simple, fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros de las Comisiones unidas por las razones que se consignan en el informe, el que en su parte resolutiva sugiere aprobar el texto propuesto por la Cámara de Diputados, con las enmiendas que indica.
La iniciativa consta de 22 artículos permanentes y uno transitorio.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Honorable señor Foxley.

El señor FOXLEY.- Señor Presidente, quiero hacer una breve introducción sobre lo que fue el debate del proyecto en las Comisiones de Hacienda y de Trabajo del Senado, unidas, con el objeto de permitir que el señor Ministro de Hacienda se explaye después con mayor profundidad sobre la materia.
Como se ha señalado hace un momento, el proyecto de reajuste de pensiones y cambios tributarios fue aprobado en las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo de esta Corporación en forma unánime. Sólo se formularon reservas por parte de uno de los señores Senadores integrantes de la Comisión respecto de dos o tres artículos relacionados con ciertos incentivos tributarios. Pero, en general, la iniciativa recibió aprobación unánime.
Debo hacer presente que el texto en estudio representa un esfuerzo considerable de parte del Gobierno del Presidente Frei por reparar -en forma muy parcial, por cierto- el rezago en que han quedado las pensiones respecto del incremento promedio de los ingresos obtenido por los chilenos en los últimos ocho años, el cual ha sido bastante cuantioso.
Mediante la iniciativa en debate se concede un aumento parejo de 8 mil pesos por pensionado en las pensiones asistenciales y previsionales.
He señalado que representa un esfuerzo considerable porque su costo en definitiva -una vez que entren plenamente en vigor sus disposiciones- va a ser del orden de los 120 mil millones de pesos, es decir, casi 300 millones de dólares.
La entrada en vigencia de los aumentos será escalonada. Para las 350 mil personas que reciben pensiones asistenciales comenzará a regir el 1 de septiembre; para las 570 mil que reciben pensiones mínimas, el 1 de enero del próximo año, y para el resto de los pensionados, el 1 de octubre de 1999, según el acuerdo a que se llegó en la Cámara de Diputados.
El reajuste de las pensiones, que para algunos pudiera parecer no demasiado sustantivo desde el punto de vista de las cifras en términos absolutos, significa un esfuerzo enorme en términos porcentuales: en pensiones asistenciales, un aumento de casi 35 por ciento; en pensiones mínimas, un reajuste de alrededor de 15 por ciento, y para el resto, un incremento de casi 6,5 por ciento.
Debo destacar, en el proyecto aprobado por las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo del Senado, que el considerable aumento en las pensiones se encuentra plenamente financiado. Punto que tanto al Gobierno como a nosotros nos parecía esencial, dadas las circunstancias macroeconómicas del país.
Reitero que el costo total de las pensiones alcanza aproximadamente a 280 millones de dólares en régimen. Y el financiamiento se obtiene, por un lado, con la implementación de un ambicioso plan de fiscalización en la evasión de impuestos -particularmente del IVA- por parte del Servicio de Impuestos Internos, para lo cual se autoriza una ampliación de la planta, aspecto que se encuentra debidamente financiado. Asimismo, se fortalecen algunas atribuciones fiscalizadoras de dicho Servicio. Se estima que el rendimiento neto de este capítulo será del orden de los 160 millones de dólares.
El otro componente fundamental del financiamiento se refiere a la derogación del crédito contra el impuesto de primera categoría de los contribuyentes de bienes raíces no agrícolas. Ésa es la partida gruesa; después vamos a mencionar una excepción. De este modo se establece un principio de equidad tributaria en el sentido de que van a entrar a pagar contribuciones en Chile no sólo las personas, sino también las empresas no agrícolas que hasta ahora utilizaban el pago del impuesto de contribuciones como un crédito contra el de primera categoría.
La única excepción a lo señalado, además de las empresas agrícolas, se refiere a las sociedades inmobiliarias, las que podrán seguir deduciendo las contribuciones cuando se trate de inmuebles que destinen solamente al arriendo y que no sea en beneficio de una persona relacionada con la empresa. Este ítem rendirá alrededor de cien millones de dólares cuando esté plenamente implementado.
El resto del financiamiento, en lo que respecta a pensiones, está constituido por enmiendas a ciertas normas tributarias que permiten reducir un margen de evasión o elusión tributaria, particularmente las que se refieren a la reinversión de utilidades en la compra de acciones. Y en términos menores, desde el punto de vista de su rendimiento, pero no por ello menos significativo, es la eliminación del artículo 57 bis A, el cual establece diversas franquicias para quienes compran acciones de primera emisión.
Por lo tanto, en lo atinente al reajuste de las pensiones, la iniciativa se encuentra totalmente financiada.
Otro aspecto interesante del proyecto es la inclusión de un conjunto de inventivos al ahorro que, a mi juicio, representan también una solución novedosa a un problema que aparece particularmente agudo en el país, en momentos en los cuales enfrentamos una difícil situación externa, con consecuencias macroeconómicas y de disminución del ahorro interno.
En concreto, el proyecto establece -me parece que por primera vez- un mecanismo simple de incentivo al ahorro, dirigido principalmente a la clase media, a los sectores medios, a los profesionales. La iniciativa consagra el principio de una reducción en la base imponible que tributa una persona hasta por un 50 por ciento de su renta, por ahorros de carácter financiero o en acciones de sociedades anónimas abiertas. En otras palabras, lo que se está diciendo es que, desde el momento en que se apruebe el proyecto, existirá un incentivo, un premio, a quienes ahorren una parte de sus ingresos. Y el premio consistirá en que esa persona, en definitiva, podrá pagar menos impuestos que quienes destinen todos sus ingresos al consumo, al gasto. Este beneficio tiene un tope de 25 unidades tributarias anuales, unos siete millones de pesos al año, que es el monto máximo al cual se aplica el coeficiente de 50 por ciento para deducir la base imponible tributaria.
Un segundo incentivo apunta tanto a las personas como a las empresas y consiste en modificar y simplificar el artículo 57 bis B de la Ley de la Renta, que permite acceder a un crédito tributario a los que ahorran en instrumentos financieros. El proyecto mejora las disposiciones existentes, en primer lugar, simplificándolas, y en seguida con la aplicación de una tasa pareja de 15 por ciento al crédito tributario que se da en el momento de efectuar el ahorro, y de una tasa semejante cuando el contribuyente desahorra; es decir, disminuye su nivel absoluto de ahorro respecto del punto inicial. La simplificación, por lo tanto, afecta a la tasa, y la modificación amplía los beneficios para incluir no sólo la economía financiera habitual, sino también la posibilidad de ahorro en acciones de sociedades anónimas abiertas con presencia bursátil.
Se cambia el mínimo exento de 10 unidades tributarias anuales de la actual disposición legal, pero se agrega una norma según la cual se accederá a tal exención tributaria una vez que se mantenga un determinado monto de ahorros, por un período mínimo de cuatro años. Este mecanismo permite, en consecuencia, a quien realice ese ahorro, y lo sostenga durante ese lapso, obtener posteriormente un flujo de ingresos proveniente de ese ahorro del orden de unos 250 ó 300 mil pesos mensuales, el cual estará exento de impuestos.
Un tercer incentivo, cuyo objetivo fundamental, al igual que el anterior, es el de fortalecer las actividades bursátiles y de las bolsas de comercio, introduce una simplificación y reducción en el impuesto de ganancias de capital, convirtiéndolo en un tributo único de 15 por ciento, tanto para quienes transan habitualmente en acciones, como para los que no lo hagan.
Por último, y dentro de los incentivos, se mejora el estímulo existente para las pequeñas y medianas empresas, que consiste en la posibilidad de deducir hasta 4 por ciento de impuesto por las inversiones en activos fijos de estas empresas. Esta norma se perfecciona permitiéndose que aquellas que en el presente no tengan utilidades pero que sí las vayan a obtener en el futuro, puedan diferir la vigencia de ese crédito tributario hasta cuando la empresa comience a percibir ganancias.
Tal sería el capítulo destinado a los incentivos. La iniciativa cuenta con dos elementos más, y a los cuales me referiré brevemente.
Se introduce una solución permanente al problema de financiamiento que se creaba a las mutualidades al momento de fijarse los aumentos extraordinarios de pensiones. Cada año había que discutir con ellas para estudiar cómo se podía repartir el costo de ese reajuste. Este año, después de un diálogo bastante detallado entre el Ministerio de Hacienda y las mutualidades, se acordó una fórmula de financiamiento -diría yo, compartido-, que se incluye como parte integral de esta iniciativa de reajuste de pensiones.
Finalmente, entre las características del proyecto debemos destacar que tanto el financiamiento como las normas de incentivos no tienen carácter permanente, sino transitorio.
El planteamiento original del Ejecutivo -y que nosotros suscribíamos- consistía en buscar un financiamiento regular a las pensiones, pues éstas constituyen un gasto permanente, y también dar el mismo carácter a los incentivos que aquí se definen; sin embargo, con el propósito de llegar a un acuerdo que permitiera un despacho expedito y lo más consensual posible de la iniciativa, se acordó finalmente en la Comisión un período de aplicación de las normas de financiamiento e incentivos de cuatro años, a partir del momento en que la ley entre en vigencia.
En forma muy rápida, deseo hacer una evaluación sintética de lo que el proyecto hace respecto de proyectos anteriores que abordaban temas similares.
Primero, debe destacarse, a mi juicio, que el Gobierno del Presidente Frei -espero que con el apoyo unánime del Senado y del Congreso- va a poder mejorar los ingresos de uno de los grupos más vulnerables de la población como son las personas de la tercera edad, los jubilados, y que lo hace en momentos en que la economía chilena vive circunstancias externas difíciles y el país se encuentra en un proceso de ajuste. Por lo tanto, aquí se está dando una clara señal de carácter político en el sentido de decir que, en medio de un momento en que se está pidiendo sacrificios a muchos sectores de la población, por decisión soberana del Parlamento y por iniciativa del Presidente, se exceptúa de ello a un grupo de chilenos ¿un millón cuatrocientas mil personas-, que presentan una condición de ingresos y de calidad de vida muy desmejorada.
Después de una evaluación del proyecto, creo que se avanza en un criterio de justicia tributaria. Se logra un trato más uniforme entre los contribuyentes, por cuanto se corrige la situación actual, en que hasta ahora las personas naturales habitualmente deben pagar las contribuciones de bienes raíces, sin que lo hagan la gran generalidad de las empresas. Tal situación se enmienda en la iniciativa.
También se avanza en la justicia redistributiva, porque se dan los instrumentos para combatir la evasión, particularmente del IVA, y se reducen vacíos legales y resquicios para eludir los tributos, lo que siempre ha constituido motivo de irritación para aquellos que cumplen regularmente sus obligaciones.
En tercer lugar, el proyecto contribuye a dar una señal clara a las clase medida del país, la cual habitualmente se enfrenta al dilema de ver sus niveles de ingresos que aumentan año tras año (de hecho han crecido muy fuertemente por lo menos en los últimos diez años), sin contar con instrumentos simples de ahorro que signifiquen un incentivo. Este sector comprometía frecuente y fuertemente tal aumento de sus ingresos con un mayor consumo, incluso, entrando en un proceso de endeudamiento muy significativo. Hace poco se publicaron cifras conforme a las cuales los sectores de clase media hoy día tienen comprometido el 50 por ciento de sus sueldos en el pago de créditos de consumo. Entonces, la clase media, por esta circunstancia, vive en una relativa inseguridad respecto del futuro, particularmente frente a emergencias de salud, eventualidad de la vida en que deben efectuarse gastos inesperados. Familias sobreendeudadas son inseguras; familias que no ahorran, se encuentran en una situación de gran precariedad frente a contingencias del futuro.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Señor Senador, ha concluido su tiempo.

El señor FOXLEY.- Termino de inmediato, señor Presidente.

El señor MORENO.- Señor Presidente, le cedo parte de mi tiempo, pues el tema es interesante y vale la pena escucharlo.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Ello no es posible, señor Senador.
De modo que insinúo a Su Señoría que, en su calidad de Presidente de la Comisión de Hacienda, redondee las ideas, porque el tiempo para debatir en general esta materia es muy breve, y hay muchos Senadores inscritos.

El señor FOXLEY.- Con mucho gusto lo haré, señor Presidente.
Pienso que la señal que se da a la clase media en tales circunstancias tiende a incentivar el ahorro y, por lo tanto, a dar mayor seguridad a un sector que, presentando un nivel de prosperidad adecuado, tiene obligaciones financieras a futuro muy altas.
Algunas de las medidas propuestas fortalecen el mercado bursátil, lo cual me parece especialmente significativo, dado los hechos que están ocurriendo hoy día con la crisis del Asia. Se trata de un acuerdo fundamentalmente redistributivo, porque beneficia a un sector pobre y muy vulnerable, a costa de sectores empresariales que con un pequeño esfuerzo tributario pueden contribuir a su financiamiento.
Finalmente, quiero destacar un punto que estimo de mucha significación.
En este proyecto, lo relativo a las pensiones y al sistema tributario es producto de un acuerdo político, en el cual, después de un diálogo y del intercambio de puntos de vista a veces muy encontrados, ha sido posible encontrar un terreno común, probablemente una solución que, sin ser óptima para nadie, es buena para todos y coherente con lo que el electorado espera; es decir, que los parlamentarios representemos sus intereses con sentido de país, pero, también, con eficacia.
En mi opinión, en momentos difíciles para la economía chilena y cuando nos encontramos en un proceso preelectoral, la voluntad de consensos traducida en el acuerdo político unánime en las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, refleja la capacidad del Senado de representar más los intereses del país que los partidarios. De modo que, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Hacienda, estimo oportuno expresar mi reconocimiento a cada uno de los integrantes de dichas Comisiones y a todos los sectores políticos allí representados. Porque creo que, en la medida en que sigamos este camino en la resolución de los difíciles temas que vienen a futuro -tengo ese optimismo-, las materias de carácter nacional recibirán un trato privilegiado y serán aprobadas sin entrar en legítimas disputas o competencias partidarias, sino tomando en cuenta las necesidades de los grupos más vulnerables del país, como ocurre con el proyecto que ahora nos ocupa.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prat.

El señor PRAT.- Señor Presidente, estamos discutiendo un proyecto que contiene dos órdenes de materias muy diferentes: por un lado, mejora las pensiones, y por el otro, modifica impuestos.
Se ha llegado a un acuerdo en esta iniciativa, lo cual, naturalmente, nos satisface a todos, pues permite avanzar en un ámbito de unidad nacional, a lo cual todos aspiramos.
Pero al despachar el proyecto, no podemos dejar de identificar sus orígenes, la forma en que llegó al Congreso y la manera en que fue tratado por los distintos actores políticos.
En su oportunidad, lo calificamos como una reforma tributaria encubierta con el alza de laspensiones, porque, analizado en su texto original, efectivamente así era: una reforma tributaria radical encubierta o disfrazada con el alza de las pensiones.
Me referiré a los distintos aspectos que él aborda y a cómo quedó en virtud del acuerdo, donde siempre hay que reconocer el esfuerzo de las partes y, también, el efecto beneficioso del Senado mixto, que influyó en los actores que debían concurrir al acuerdo para poner énfasis y esfuerzo en lograrlo, dado que cualquier posición extrema evidentemente hacía incierto su resultado en la Sala.
En definitiva, se ha convenido un mejoramiento de pensiones que incrementa en 8 mil pesos las pensiones asistenciales a partir del 1º de septiembre próximo; aumenta en el mismo monto las pensiones mínimas y reajusta las pensiones mínimas de sobrevivencia a partir del 1º de enero de 1999; y para el resto de las pensiones, a partir de octubre de 1999.
En realidad, deben identificarse tales aumentos como importantes, a pesar de que todavía sus montos pudieren parecer insuficientes de acuerdo a lo exiguas que son las actuales pensiones mínimas y las asistenciales. Pero no podemos dejar de señalar que desde 1993 a la fecha, inclusive con este proyecto, la pensión mínima para las personas menores de 70 años se habrá incrementado en términos reales, en moneda del mismo valor, en 37,17 por ciento; la pensión mínima para mayores de 70 años, en el mismo lapso, en 42,27 por ciento; las pensiones asistenciales, en 55,39 por ciento, en circunstancias de que el ingreso mínimo ha subido en este tiempo menos de 30 por ciento, porcentaje prácticamente similar al índice general de remuneraciones. Es decir, más allá del monto de reajuste de las pensiones mínimas y asistenciales, que todavía nos parece bajo, ellas han tenido un incremento real sustancialmente superior al ingreso mínimo y al índice general de remuneraciones del país.
Dentro del ámbito previsional, el proyecto contempla un fondo de compensación para las mutualidades, las que, tradicionalmente, resultan recargadas con la obligación de financiar aumentos de pensiones decretada por ley. A ese fondo concurren, en parte, las propias mutuales, a través de reservas que deben hacer; el Estado, en otra proporción, y los empleadores, mediante el incremento que hacen en 0,05 de la contribución, sobre la base de las remuneraciones pagadas, de acuerdo con la ley Nº 16.744, de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
En el aspecto tributario, la iniciativa en estudio -que calificamos de reforma encubierta- contenía originalmente modificaciones muy sustanciales a la Ley sobre Impuesto a la Renta, cuyo artículo 14 dice relación al tratamiento de los retiros de las sociedades de personas. El referido cuerpo legal consideraba todos los retiros como renta, cualquiera fuera su naturaleza, haciéndolos tributar, estableciendo un quiebre de la línea doctrinal que inspira dicho precepto legal. Además, elevaba las contribuciones de bienes raíces; consignaba disposiciones excesivas para el Servicio de Impuestos Internos; aumentaba la planta de personal de dicha repartición, y contenía modificaciones a los incentivos para el ahorro.
Cuando analizamos el proyecto, sobre todo en lo relativo al ámbito tributario, tuvimos en consideración los aspectos generales relacionados con el sistema impositivo en el país. En primer lugar, atendimos al hecho de que la carga tributaria en Chile no es menor, si bien sus índices en relación con el Producto Interno Bruto son inferiores a los de otros países. Sin embargo, se debe recordar que en ellos, no obstante exhibir tasas superiores, financian la previsión y, normalmente, la totalidad de la salud con cargo al Estado. En nuestro país, en cambio, hay una previsión privada, de costo de las personas. Y cuando se hace un análisis comparativo, se debe apreciar también la carga tributaria, para los efectos de ver realmente con qué cuentan finalmente las personas para su libre disponibilidad. Lo mismo debe tenerse presente respecto de las cotizaciones obligatorias referidas a la salud.
Cuando se trata de tributos, podemos llegar a concluir -así lo demuestran los estudios- que la persona que menores impuestos paga en Chile no aporta menos de dos meses de trabajo en el año al Fisco en forma de tributos, trátese del IVA o de otros que lo afectan irremisible e ineludiblemente en su quehacer diario. Por lo tanto, nadie está exento de ellos ni paga una cifra interior a la señalada, pues quienes menos tienen, cuyas remuneraciones son del orden de 100 mil pesos, aportan dos meses de su ingreso, dos meses de trabajo al Fisco por ese concepto.
En la actualidad, hay conciencia en el país en cuanto a que el impuesto a las personas es excesivo y que las tasas marginales son muy elevadas. Se debe entender que muchas disposiciones relacionadas con incentivos tributarios estaban concebidas en ese marco de altas tasas. Y cuando se analizan aquéllos, también deben considerarse éstas. Modalidades de incentivo al ahorro que actualmente parecen ser anacrónicas, o incluso injustas, responden a un contexto de tasas marginales excesivamente elevadas. Y cuando se trata de eliminar esas disposiciones, debe resolverse también bajar las referidas tasas, por desmesuradas. Así lo reconoce y propone la Comisión Nacional del Ahorro, formada por el Supremo Gobierno, la que si bien proponía suprimir algunos incentivos, que el proyecto elimina, también planteaba disminuir las tasas marginales a las personas.
Respecto del impuesto a las empresas, en Chile es bajo. Y aquí surge la discusión de si es conveniente mantenerlo como está o si sería deseable que fuera menor aún, o bien si, a la inversa, como sugieren algunos, particularmente en el Ejecutivo, convendría alzar dicho tributo. Es necesario tener presente que ese impuesto afecta a la tasa interna de retorno que los inversionistas exigen a los proyectos, esto es, al resultado final de los negocios. Y quien piensa en invertir en un país considera esos gravámenes y los aplica al calcular la tasa interna de retorno de sus eventuales inversiones. Impuestos altos para las empresas significa dejar muchos proyectos sin realizar, potencialidades sin ponerse a funcionar, y posibles puestos de trabajo sin concretarse para quienes los buscan.
Por lo tanto, este tipo de tributos deprimen, frenan el desarrollo y afectan, finalmente, a los más pobres. Estudios recientes sobre cómo influyen los impuestos en las empresas, las remuneraciones o el consumo son concluyentes en términos de que los que afectan al consumo son los que menos pesan sobre el crecimiento del país y del empleo y sobre el nivel de las remuneraciones. Sin embargo, como los impuestos al consumo lo sienten directamente las personas -es el caso, por ejemplo, del IVA-, los gobiernos tratan de eludirlos, porque piensan que les quitan votos, y, entonces, prefieren gravar a las empresas, que son pocas, impersonales y, naturalmente, no votan. Ésa es una tendencia que se debe evitar, porque, de concretarse, traería como consecuencia menos empleo, menor crecimiento del país y remuneraciones más bajas. Es algo que en esta discusión debe quedar esclarecido.
En fin, es necesario tener presente que los espacios para aumentar los beneficios sociales a que todos aspiramos provienen principalmente del crecimiento del país. Asimismo, debe tenerse en cuenta que con la estructura tributaria actual, un punto de crecimiento del Producto Interno Bruto aporta 120 millones de dólares anuales al Fisco, y el día de mañana, por tratarse de una tasa compuesta, será una cifra superior.
Por consiguiente, se debe asegurar con la estructura tributaria que tenemos una elevada tasa de crecimiento del país, porque eso es lo que mejor contribuye a incrementar los ingresos fiscales y, por lo tanto, a proporcionar mejores beneficios sociales. En los últimos años, aquéllos han crecido en el orden de 60 por ciento, en dólares del mismo valor. Tal incremento se ha debido al crecimiento. Y las reformas tributarias que se han llevado a cabo explican la tasa de ahorro fiscal. La de estos años se debe al mayor ingreso fiscal que ha tenido el Gobierno a consecuencia de las modificaciones implementadas con posterioridad a 1990, ingreso que, de 8 mil 580 millones de dólares, en 1991, subió a 13 mil 528, en 1997, medido en moneda de igual valor. Y todo ello se explica por el crecimiento de la economía nacional y por la forma como esto incide en los recursos de que dispone la autoridad.
Por lo tanto, cuando se piensa en nuevos recursos, disponibilidades y beneficios sociales, se debe visualizar también cómo asegurar la tasa de crecimiento del país, lo cual se logra con ahorro, principalmente privado. Pero los aumentos de impuestos están afectándolo y deprimiéndolo. Así se explica el hecho de que el ahorro total del país haya bajado de una tasa promedio del orden de 28,3 por ciento que se manejaba en 1990, a 24,5 por ciento en 1997, esto es, para un ahorro del Gobierno que ha sido constante y cuya fluctuación obedece, en parte, al apoyo del Fondo de Compensación del Cobre y, también, al ahorro fiscal. Sin embargo, podemos apreciar que, en conjunto, en forma pareja, la baja producida se debe a una disminución del ahorro privado, lo que es imputable al aumento de la carga tributaria de 2 puntos porcentuales sobre el producto que ha habido en este lapso por efectos de la reforma tributaria de 1990.
Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que el alza de impuesto significa una baja del ahorro privado, situación esta última que atenta contra el crecimiento del país, que es el factor que provee de manera más segura y terminante los mayores recursos del Fisco para atender las necesidades sociales.
Por último, debo señalar que esta explicación, la forma en que hemos analizado el proyecto en debate y los acuerdos a que llegamos vienen a desdecir la campaña que utilizó el Gobierno, respecto de la cual estimo un deber de responsabilidad protestar en este momento. Ella, desgraciadamente, fue liderada por el Presidente de la República de un modo que, a mi juicio -y lo digo responsablemente en esta Sala- constituye un abuso de poder, por la muy distinta cobertura que él tiene en los medios de comunicación respecto de los Parlamentarios, sobre todo de los que somos de Oposición. Se señaló, por ejemplo, que la Oposición estaba obstruyendo el aumento de las pensiones, en circunstancias de que se estaban buscando recursos para terminar con exenciones que parecían injustas y para procurar que quienes reciben más hagan un esfuerzo por los jubilados y paguen también proporcionalmente más impuestos.
Fuimos objeto de una campaña de presiones y descalificaciones, la cual, en este momento, después de logrados los respectivos acuerdos en el Senado, debe ser denunciada, por razones de responsabilidad política, para que en el futuro ella no se repita.
He dicho.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, señores Senadores, en primer lugar, deseo manifestar el agradecimiento del Gobierno por los esfuerzos desplegados en el Honorable Congreso para la pronta y ágil tramitación de este importante proyecto de ley. Muy particularmente quiero agradecer la tenaz labor desplegada por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, que, en el curso de las últimas semanas, especialmente el día de ayer, efectuaron un arduo trabajo con el objeto de despachar a esta Sala la iniciativa que hoy nos reúne.
Al final de mi exposición, me referiré en especial al acuerdo político logrado en la materia, que ha contribuido a agilizar el tratamiento de la presente iniciativa legal.
En general, confiamos y apreciamos los esfuerzos realizados por los señores Parlamentarios, en conjunto con el Ejecutivo, para permitir un oportuno pago de los beneficios que contempla el proyecto para los pensionados y, muy particularmente, para el amplio segmento de personas beneficiarias del régimen de pensión asistencial, quienes podrán recibir un reajuste especial a partir del próximo 1º de septiembre.
A este respecto, deseo indicar que la denominada "Agenda Social", que fue dada a conocer al país por el Presidente Frei a fines de marzo pasado, es una de las prioridades inmediatas más importantes de este Gobierno y tiene, específicamente en el campo de la tercera edad, particular ponderación, énfasis e interés.
La iniciativa en análisis, que se inscribe en esa filosofía, precisamente aumenta las pensiones de los jubilados y se enmarca en seguir avanzando hacia una mayor justicia social en el país, que es el objetivo prioritario de los Gobiernos de la Concertación.
Todos sabemos que deben seguir mejorándose las condiciones de vida de la tercera edad. Ésta ha sido una preocupación muy especial tanto del Gobierno del ex Presidente don Patricio Aylwin como del actual Primer Mandatario, don Eduardo Frei. En efecto, la política de mejoramientos sucesivos a los jubilados ha sido persistente. Se inició en 1990 con la recuperación para ellos del famoso "recorte" de 10,6 por ciento de las pensiones, y prosigue con una serie de medidas adicionales, entre otras, la creación del bono de invierno, la nivelación de las pensiones mínimas que perciben hoy día las viudas o montepiadas, cuya etapa final, con el concurso del Honorable Senado al dar su aprobación, culminará en diciembre próximo.
Con esta iniciativa, hemos dado un paso más en el esfuerzo continuo impulsado por los Gobiernos de la Concertación para ir mejorando en el país las condiciones de vida de los jubilados que pertenecen al antiguo sistema previsional. Sobre el particular, deseo destacar que el proyecto de ley en debate abarca a todos los regímenes de las antiguas cajas de previsión, las cuales hoy se encuentran agrupadas en el INP. Es decir, no hay exclusiones de ninguna especie respecto de los pensionados de aquel sistema.
Señor Presidente, lo anterior se inserta, además, dentro de un conjunto de otras ideas más amplias. Sería largo detallarlas, pero se encuentran inscritas en la Comisión de la Tercera Edad, que preside la Primera Dama la Nación, donde por varios años, incluso, se han estado elaborando iniciativas de distinto tipo -algunas de carácter legislativo, otras de tipo administrativo-, y en ellas, por lo demás, se han recogido ideas de los propios señores Senadores.
La iniciativa que será sometida a votación contempla un mejoramiento de las pensiones, el que será financiado con un mayor rendimiento tributario; pero, a su vez, contiene -como se explicó antes- una serie de incentivos tributarios al ahorro y a la inversión para personas y empresas, fundamentalmente asociados a la pequeña y mediana empresas y a la clase media.
La cobertura del reajuste propuesto alcanza a un millón 380 mil personas. Éste solo índice indica la magnitud del esfuerzo realizado. De este modo -si se aprueba la iniciativa-, en la primera etapa, que empezará a regir el 1º de septiembre, se cubre a 350 mil pensionados asistenciales, quienes -como se dijo- recibirán un aumento equivalente a 34 por ciento.
En una segunda etapa, que comenzará a regir el 1º de enero del próximo año, se extiende el beneficio a 570 mil jubilados bajo el régimen de pensiones mínimas, los cuales obtendrán un reajuste de 14,5 por ciento.
Finalmente, en la tercera etapa, que regirá a partir del 1º de octubre de 1999, se amplía dicho mejoramiento al resto de los sectores pensionados del antiguo sistema previsional, y cubrirá alrededor de 460 mil personas.
Debo señalar que este reajuste es adicional a los demás que ya se encuentran contemplados por ley, es decir, la ya mencionada nivelación que favorecerá a las viudas perceptoras de pensiones mínimas en diciembre próximo, y los correspondientes ajustes legales del caso.
Como se explicó por los Presidentes de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social del Senado, en esta situación se ha podido abordar, además, un aspecto que hace tiempo preocupaba al sector de mutualidades del país. Sobre el particular, se acordó un mecanismo permanente de financiamiento de beneficios previsionales extraordinarios cuando ellos se deban a leyes especiales. En síntesis, se establece que el proyecto de ley se hace cargo de esta situación, generando un esquema que llamaríamos de "riesgo compartido", conforme al cual el Estado financia hasta el 50 por ciento del mayor costo asociado a beneficios previsionales extraordinarios.
La iniciativa legal en debate contempla un costo total de 280 millones dólares. Por lo tanto, el Gobierno ha impulsado una serie de modificaciones legales que tienen como finalidad mejorar el rendimiento tributario por distintas vías. En primer lugar, reduciendo los actuales niveles de evasión y corrigiendo también varias franquicias que contribuyen a eludir o distorsionar el pago de impuestos, si se considera el propio espíritu que la ley determinó en su oportunidad. Por ello, el financiamiento consta de dos componentes mayores: una fiscalización más acentuada y una serie de adecuaciones en el régimen tributario.
Para combatir la evasión se pondrá en marcha una serie de planes, entre ellos la denominada "Operación IVA". Sobre el particular, el proyecto pretende dotar al Servicio de Impuestos Internos de más personal especializado en labores de fiscalización, aumenta sus atribuciones e incrementa sanciones específicas. Se contará con 180 nuevos funcionarios, 130 de los cuales se abocarán a la mayor fiscalización del impuesto al valor agregado, y los restantes, a otras áreas del sistema tributario. Lo anterior se implementará por etapas y ha sido elaborado in extenso tras un análisis conducido por el señor Director de Impuestos Internos, quien nos acompaña en esta Sala.
Compartimos con todos los sectores que la evasión, en definitiva, resta recursos al gasto social; atenta contra la equidad vertical y horizontal del sistema tributario y constituye un cáncer para la legitimidad de éste; redunda en competencia desleal, y genera distorsiones económicas indeseadas. Por lo tanto, hemos visto en este caso un pronto acuerdo para avanzar en forma decisiva.
En lo que se refiere al otro componente del financiamiento, esto es, las adecuaciones tributarias, el proyecto de ley se preocupa de cerrar vacíos legales, corregir distorsiones y acotar o hasta eliminar ciertas franquicias que ya no se justifican.
Ejemplo de lo primero es la rectificación de disposiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta que afectan a la reinversión de utilidades.
Y dentro del tema de las franquicias se incluyen los cambios propuestos en relación con la letra A del artículo 57 bis de aquel ordenamiento legal. Esta última, según se estudió, ha surtido un efecto muy limitado para promover los ahorros privados; su utilización ha sido escasa, muy concentrada e inequitativa, y genera distorsiones que conducen a una ineficaz asignación del ahorro privado. Sin embargo, en lo que respecta a los beneficios de la inversión mantenida en acciones de primera emisión, la derogación no afectará a las adquiridas con anterioridad a la iniciativa en debate.
El componente principal de las adecuaciones tributarias lo constituye la derogación del crédito contra el impuesto de primera categoría de las contribuciones de bienes raíces no agrícolas para las empresas. Esta medida ajusta exactamente la normativa vigente -quisiera aclararlo, señor Presidente- a la práctica internacional de tratar las contribuciones como gasto necesario para la generación de la renta por parte de las empresas, lo que el proyecto de ley mantiene en todos sus términos, pero determinando cambios que representen un mecanismo mucho más equitativo y eficiente, a la luz de las disposiciones tributarias más modernas.
La derogación del crédito contra el impuesto de primera categoría de las contribuciones de bienes raíces no agrícolas se limitó, en este caso, a un plazo de cuatro años.
Como ha sido reseñado en las exposiciones de los Senadores señores Foxley y Prat, en el texto que nos ocupa se incluyen -y en ello media un trabajo consensuado entre el Ejecutivo y los Senadores de las Comisiones- incentivos tributarios nuevos al ahorro y la inversión. En una parte, ellos recogen las iniciativas que había estado propiciando el mismo Presidente de la República, señor Eduardo Frei, conforme a sus anuncios en Nueva York.
En primer lugar, se simplifica fuertemente la letra B del artículo 57 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Se reconoce que la preceptiva imperante en ese aspecto es especialmente compleja, y con la facilitación que se contempla aumentará su potencial de utilización futura. Al respecto, se establece un valor único de 15 por ciento en las tasas de crédito y débito ligadas al ahorro y desahorro; se amplía la cobertura, al incluirse las acciones de sociedades anónimas abiertas con presencia bursátil, y se fija un monto de desahorro exento de impuesto para el ahorro con un plazo superior a cuatro años.
En lo grueso, esta iniciativa recoge las disposiciones que, sobre la materia, una misión de expertos del propio Banco Mundial recomendó al Gobierno a fines del año pasado.
Segundo, se crea un nuevo incentivo al ahorro de las personas naturales, consistente en permitir una rebaja directa de 50 por ciento a la base imponible de los intereses generados por los depósitos financieros y a los dividendos obtenidos de acciones de sociedades anónimas abiertas, con un tope anual de 25 unidades tributarias anuales respecto de las rentas de ahorro afectas.
En el impuesto a las ganancias de capital por acciones de sociedades anónimas abiertas con presencia bursátil, con tasa única de 15 por ciento, para todo contribuyente y en toda circunstancia, se permite al accionista con tasa marginal inferior a 15 por ciento optar por pagar el impuesto, o bien, la correspondiente tasa del impuesto global complementario.
Finalmente, se determina una serie de mejoras en el beneficio del crédito por compra de activos fijos, mediante el diferimiento a años posteriores del crédito no utilizado. Con ello se ha pensado en favorecer muy especialmente a la pequeña y mediana empresas.
La mayor parte de los incentivos al ahorro y la inversión tendrán una vigencia de igual duración que la derogación del crédito contra el impuesto de primera categoría de las contribuciones de bienes raíces no agrícolas para las empresas. Además, esa transitoriedad permitirá al país, en su conjunto, evaluar cuál será el desempeño exacto de los incentivos y los efectos de la derogación del crédito por contribuciones de bienes raíces no agrícolas, tras un plazo que con los señores Senadores consideramos razonablemente adecuado.
Me parece, señor Presidente, que reviste doble valor un proyecto que apunta en forma directa a reparar responsable y sustentablemente la deuda histórica con los pensionados, con la tercera edad, de una manera seria, fiscalmente sana, pero que, a la vez, ha permitido, mediante la negociación y apertura en los términos que se han reseñado, elevar los compromisos de apoyo y de promoción al ahorro privado en la actual coyuntura económica. En primer lugar, estamos cautelando el ahorro fiscal, que ha sido uno de los factores cruciales, a juicio del Gobierno, para mantener los avances macroeconómicos hoy consensuados y compartidos por todo el país. Y, en segundo lugar, se hace espacio adicional a incentivos razonables que, junto con la promoción del ahorro privado, provean de más estabilidad y certidumbre económicas en un momento difícil para la economía internacional y el sector externo chileno, y en el curso, precisamente, de un proceso de ajuste liderado por las autoridades económicas fiscales y de Gobierno y por el Banco Central, que es conocido por la opinión pública.
Creemos que el procurar ese doble efecto -mejorar las pensiones agregando elementos contributivos y positivos para el problema del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos por la vía del ahorro fiscal y privado- constituye un mérito especial en términos de la coyuntura delicada que se vive.
Quisiera destacar la coherencia social y económica del proyecto de ley que se somete hoy a votación en la Sala del Senado. Desde el punto de vista social, atiende a un ámbito que origina consenso nacional. Desde el punto de vista económico, ha sido diseñado sobre la base de un programa responsable, redistributivo -me interesa subrayarlo-, con un financiamiento que tiende a ser solidario. Desde un punto de vista fiscal, se ha hecho el diseño en forma responsable macroeconómicamente, agregando efectos, a través de los incentivos especiales que he reseñado, al crecimiento potencial de largo plazo en nuestra economía.
No deseo abocarme, en esta primera intervención, a algunas cosas que se han dicho respecto de la "reforma tributaria encubierta" o a los llamados del Presidente Frei a la propia Oposición y a todo el Senado para agilizar el despacho de una iniciativa que, como señalé, es prioritaria para el sector de tercera edad. Más adelante me referiré a esos puntos.
Termino esta exposición, sencillamente, agradeciendo y apreciando el acuerdo político al cual se ha llegado en el ámbito de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo del Senado. Ello ha permitido, gracias a la labor ardua de sus miembros -en especial destaco la participación de su Presidente en ese acuerdo-, materializar un despacho oportuno, relevante, uniendo capacidad de diálogo y entendimiento en un proyecto que, ciertamente, con la contribución de todos los señores Senadores, ha sido mejorado respecto del texto original enviado a consideración del Congreso Nacional por el Presidente Frei.
También deseo destacar la labor de los señores Diputados en las Comisiones pertinentes con relación a las enmiendas e indicaciones discutidas y votadas allí.
En general, comparto las apreciaciones en cuanto a que avanzar con acuerdos de este tipo permite agilizar proyectos de interés nacional.
He dicho.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Recuerdo a la Sala que los Comités acordaron comenzar la votación general a las 18. Sin embargo, como el homenaje tributado al comenzar la sesión se extendió por 35 minutos, estimo oportuno prolongar la discusión por igual lapso, para inmediatamente empezar a votar.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, el Senado se encuentra debatiendo un proyecto de gran trascendencia social, como aquí se ha señalado.
El país tiene una deuda histórica con el denominado "mundo del adulto mayor", que vive de una pensión o de una jubilación. El deterioro de los ingresos de este sector constituye un problema que se viene acumulando desde hace ya muchos años.
Indiscutiblemente, con el cambio de sistema previsional realizado a mediados de la década de los 80, se ha producido un hecho que, desde el punto de vista del Estado y de la política fiscal, dificulta más el manejo de la situación del mundo pensionado. Y con ello no me estoy pronunciando sobre el nuevo sistema previsional, sino acerca del manejo de los recursos fiscales.
Afirmo lo anterior por lo siguiente.
Hay que tener presente, en primer lugar, que hoy existe un millón 380 mil pensionados.
Antes de la reforma previsional, el Fisco y el Ministro de Hacienda podían disponer mes a mes de las cotizaciones de todos los trabajadores del país. El 20 por ciento de sus remuneraciones iba a un fondo solidario a través del sistema previsional chileno, que tenía muchos defectos y, por supuesto, debía ser reformado; pero -como expresé- permitía al Ministro de Hacienda contar con ese recurso permanente.
Aquello no sucede ahora. En la actualidad, mes a mes -y no estoy defendiendo sólo al Ministro de Hacienda aquí presente-, cada imponente de Chile canaliza su cotización previsional hacia una cuenta de capitalización individual, de la cual es propietario.
Por lo tanto, para intentar cualquier solución a la deuda histórica que tenemos con el mundo pensionado, debe haber un esfuerzo del país en su conjunto, a través de recursos nuevos, adicionales al presupuesto fiscal, para otorgar un mejor pago a dicho sector.
El costo total de este proyecto, que significa en el fondo incrementar en 8 mil pesos las pensiones asistenciales y las pensiones mínimas, más algunos beneficios adicionales, es de aproximadamente 300 millones de dólares.
Quiero que los señores Senadores tomen conciencia de lo que implica otorgar ese pequeño pero importante aumento.
Ahora bien, debo puntualizar que durante los últimos ocho años no hemos estado ausentes a la hora de tratar de dar algún beneficio adicional al sector pensionado.
Si revisamos las diferentes leyes dictadas durante este período, podemos llegar a la conclusión de que las pensiones mínimas de vejez e invalidez han crecido, en términos reales, en 50 por ciento con relación a las existentes en 1990.
Las pensiones mínimas de viudez se han incrementado en 87 por ciento. Y si consideramos lo dispuesto en la ley Nº 19.539, a diciembre de este año, cuando ella se cumpla, se habrán duplicado en su valor real.
A pesar de ello, nos parece que esas pensiones son todavía insuficientes.
Por otro lado, al año 1990 se pagaban 293 mil pensiones asistenciales; a junio de 1998, 350 mil. Es decir, durante estos 8 años ha habido un incremento de casi 20 por ciento en cuanto al número de personas a quienes se otorga ese beneficio, que no es previsional, porque no emana de una cotización de sus titulares.
Dichas pensiones antes eran transitorias, pues sólo duraban tres años, al término de los cuales cada pensionado -gente muy modesta, muy pobre- tenía que volver a ponerse en la ventanilla para ver si podía lograr nuevamente el beneficio. Pues bien, en virtud de una disposición aprobada en este Parlamento, actualmente las pensiones asistenciales son de carácter indefinido. O sea, sus titulares las tienen como un derecho patrimonial mientras vivan.
En 1990 la pensión asistencial alcanzaba a 4 mil 429 pesos, equivalentes, en moneda de hoy, a más o menos 15 mil pesos. A esta fecha asciende a 23 mil 418 pesos. Es decir, ha tenido un incremento de 8 mil y tantos pesos en términos reales. Y, de acuerdo con el reajuste que prevé la ley en proyecto, agregamos 8 mil pesos más.
Y con todo este esfuerzo; con todo lo que estamos haciendo en el Congreso Nacional, donde ha habido una discusión tan larga y difícil para obtener los recursos, vamos a llegar a una pensión asistencial (¡escuchen, señores Senadores!) de 31 mil pesos mensuales.
Pero aquí no sólo se trata de las pensiones asistenciales, señor Presidente, sino también de las pensiones mínimas del sector previsional.
El monto actual de la pensión de vejez o invalidez es del orden de 55 mil 38 pesos para los menores de 70 años y de 60 mil 896 pesos para los mayores de esa edad. Dichos montos serán incrementados gracias a la proposición de reajuste que nos ocupa.
Ése es el esfuerzo que estamos haciendo como Parlamento, el cual, por supuesto, es digno de destacarse.
Estamos avanzando en la solución que es preciso dar al referido sector, con el cual -insisto- existe una deuda histórica a la que debemos buscar salida.
Señores Senadores, nuestro compromiso no debe estar sólo en aprobar este proyecto de ley, sino también en asumir con respecto al sector de los pensionados una tarea susceptible de realizar en un plazo acorde con la realidad fiscal, con los recursos de que pueda disponer el Estado, pero de modo tal que cada año nos sea factible avanzar en incrementar los ingresos en términos reales. Perfectamente podríamos asumir el compromiso de aumentar las pensiones en 8 mil o 10 mil pesos en términos reales, en el plazo de 4 ó 5 años pero en forma persistente, destinando a ese propósito parte de los mayores recursos que el crecimiento de la economía reporte al país. Y tal vez al término de ese lapso estemos en condiciones de decir que ningún pensionado en Chile tiene una renta inferior al monto del ingreso mínimo fijado para el sector activo. Si el país se propusiera esa meta como objetivo de largo plazo, estaríamos saldando una deuda histórica, que nuestros Gobiernos comenzaron a solucionar hace 8 años y que con el presente proyecto seguimos tratando de cumplir. Pero no hemos concluido. Necesitamos aún más tiempo para poder decir que el país verdaderamente le ha dado una respuesta a este sector.
Además de lo anterior, estimo que cualquier política próxima donde se aborde el perfeccionamiento del sistema previsional debe profundizar sobre dos aspectos adicionales que también benefician al mundo de los pensionados, al mundo de los ancianos: en primer lugar, la concesión de cierto privilegio en la atención de salud, ya que por su edad tales personas requieren crecientemente este tipo de asistencia, y en segundo término, mejorar la política iniciada por el Ministerio de Vivienda con respecto a la asignación de viviendas sociales, en el sentido de que un porcentaje de ellas -como ya se está haciendo- se entregue en comodato a los integrantes del sector pasivo, del mundo de la tercera edad, para que las ocupen mientras vivan. Así, esta gente no sólo percibirá una pensión mínima aceptable como la que estamos proponiendo, sino que también tendrá una atención de salud digna -como corresponde a quienes han entregado toda la vida al país- y un hogar donde residir durante sus últimos años.
Por eso, señor Presidente, expreso mi apoyo a este proyecto. Y felicito al Gobierno por la iniciativa tomada. Felicito, igualmente, a las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, por los acuerdos logrados. Pienso que el financiamiento planteado no constituye una reforma tributaria encubierta, como alguien quizás haya dicho, sino que más de la mitad de los recursos provendrán del establecimiento de un mejor sistema de fiscalización tributaria, que redundará en una mayor equidad del sistema impositivo y en que los tributos recaigan sobre quienes tienen que pagarlos. Sólo un 40 por ciento de los fondos que se precisan derivará de disposiciones tributarias, las cuales seguramente significarán mayor carga para algún área económica, pero irán en beneficio de un sector tan importante como el de los pensionados.
El texto contempla otro aspecto muy positivo: contiene normas relativas al ahorro (ya detalladas aquí) que van en el sentido correcto de lo que debe ser un buen manejo en materia de ingreso y ahorro por parte de la población y de la política fiscal.
Por las razones expuestas, creo que la iniciativa contará con el respaldo prácticamente unánime de todas las bancadas. Y es necesario despacharla con prontitud a fin de que los beneficios que concede lleguen con la mayor rapidez posible a la gente que los está esperando: a los pensionados, quienes se hallan pendientes de lo que ocurra esta tarde en el Senado.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Recuerdo a los señores Senadores que en conformidad a lo acordado por los Comités la Mesa recibirá indicaciones hasta las 18:35.
Tiene la palabra el Honorable señor Parra.

El señor PARRA.- Señor Presidente, como la generalidad de los señores Senadores que no formamos parte de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo unidas, no tuve oportunidad de estudiar con detención el texto que se va a votar, por haber recibido el informe sólo a última hora de la mañana de hoy. Pero en verdad no necesito leer o estudiar dicho informe para comprometer desde ya mi voto favorable a la aprobación en general y en particular del proyecto, pues entiendo que estamos en presencia de un problema moral antes que de un problema político y económico.
En efecto, los un millón 400 mil pensionados que a la larga recibirán los beneficios de esta ley, atendido el actual nivel de las pensiones que perciben constituyen parte integrante del segmento de pobreza existente en nuestro país. Hay una directa relación entre las estadísticas sobre pobreza y las relativas a los pensionados de que se ocupa la iniciativa. Y esta pobreza, Honorable Senado, ha sido creada por la sociedad chilena. Por lo tanto, todos tenemos responsabilidad en ella y cada uno de nosotros debe emplear el máximo esfuerzo para removerla.
Estoy persuadido de que esta normativa no es sino un primer paso, que dentro de poco necesariamente habrá de ser seguido por pasos aún más significativos para que el problema tenga una solución definitiva. De lo contrario, el país tendrá derecho a representarnos la inconsecuencia en que incurrimos al priorizar la lucha contra la pobreza y, al mismo tiempo, tolerar la existencia de ésta teniendo herramientas para erradicarla.
Señor Presidente, estoy convencido de que al interior del propio sistema existen los recursos que permiten esos esfuerzos más significativos. Al respecto, quiero hacer presente (porque es bueno que el país lo recuerde) que la partida Ministerio del Trabajo, donde los ítem más elevados se refieren al sistema de previsión social, es ¡lejos! la que contempla los mayores gastos estatales: 2.5 billones de pesos. Lo siguen a mucha distancia los del sector salud, con alrededor de 1.5 billones, y educación, con sobre 1.2 billones.
Dicha partida es, entonces, la más importante en el esfuerzo social que se está realizando, el cual en gran medida es consecuencia de la transformación del sistema de seguridad social producida hace aproximadamente 20 años. La disociación entre las cotizaciones pagadas por los trabajadores activos y las prestaciones previsionales otorgadas por el sistema ha provocado la necesidad de que el Estado efectúe un esfuerzo de esa envergadura. Sin embargo, no es irrelevante el hecho de que los beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas por el Instituto de Normalización Previsional estén aportando al financiamiento de esas prestaciones una parte no despreciable: más del 25 por ciento del costo que ellas representan, en tanto que la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la de Carabineros de Chile, que se mantienen bajo el criterio tradicional del sistema de reparto, recogen por concepto de cotizaciones de los imponentes apenas un sexto del monto en que deben incurrir para otorgar las prestaciones que año tras año les obliga la ley. Es decir, en ambos casos, siendo mucho más significativo en el de las cajas de previsión de la Defensa Nacional y de Carabineros que en el del INP, es determinante el aporte estatal para el cumplimiento de las obligaciones legales existentes para con el sector pasivo.
Por otro lado, entre las altas cifras captadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones, por una parte, y las cantidades obtenidas por el INP y las cajas de previsión antes referidas, por otra, existe una tajante separación a raíz del destino que les asigna la ley y por los mecanismos de administración que utilizan.
Quiero, sin embargo, llamar la atención sobre un hecho.
El alto gasto estatal en este ámbito seguirá todavía incrementándose durante pocos años más. No obstante, a partir del 2009 empezará a producirse un descenso sostenido en el esfuerzo del Estado para cubrir los bonos de reconocimiento. Y, a partir del 2005, también comenzará una disminución sostenida y significativa del aporte estatal directo, necesario para dar cumplimiento a las normas previsionales.
Me pregunto, entonces, si no existe un mecanismo que permita disponer en el presente -hasta el año 2005- de ese ahorro futuro en que el Estado incurrirá. ¿No es posible pensar en un método que proyecte a un horizonte más largo de tiempo el compromiso estatal con el sector pasivo al que hoy debe responder? ¿No es posible concebir un sistema de bonos solidarios que permitan generar esa disponibilidad de recursos movilizando, entre otras cosas, los captados por las AFP, y restablecer en nuestro sistema previsional un mínimo sentido de solidaridad?
Por ello, creo que un estudio más acucioso sobre la materia llevará a la conclusión de que no es imposible en un corto plazo responder a esa inmensa cantidad de chilenos que hoy claman justicia desde la pobreza a la que nuestra sociedad los ha condenado.
En esas condiciones, señor Presidente, no cabe sino votar favorablemente en general y particular el proyecto en trámite.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Son las 18.30. Según lo acordado por los Comités, ha terminado el tiempo para la discusión general de la iniciativa. Por lo tanto, propongo comenzar la votación -quienes deseen pueden dejar su voto en la Mesa- con las fundamentaciones de los señores Senadores en el mismo orden que están inscritos, y luego continuarla en orden alfabético.
Si le parece a la Sala, así se procedería.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra, por cinco minutos, el Honorable señor Ruiz.

El señor RUIZ.- Señor Presidente, durante todos estos años hemos sostenido un debate similar en la Sala respecto de estas iniciativas. Pero ahora, a diferencia de otras oportunidades, aparece un elemento nuevo, porque el proyecto en debate se presenta -además de su financiamiento aprobado- como fruto de un acuerdo político.
Sin embargo, quiero plantear previamente un asunto que es positivo dejar en claro.
Estimo importante destacar que cuando se discute el problema de la carga tributaria deben tomarse en cuenta todos los elementos que ella implica. Se ha dicho aquí, por ejemplo, que el aumento del peso impositivo en países más desarrollados significa para los trabajadores la entrega de parte del Estado de salud y previsión. También, se ha hecho presente que en la medida en que baja el ahorro privado, disminuye el crecimiento del país. Tales materias son sólo discusiones teóricas y académicas, pues Chile, desde 1990, ha seguido creciendo, a pesar de que -como se dijo aquí- el ahorro privado ha decrecido. Por lo tanto, no es fácil demostrar las aseveraciones referidas, que no hacen sino defender lo indefendible.
Por otra parte, el reajuste que está entregando el Gobierno se suma a otros otorgados durante estos ocho años. Sin embargo, el esfuerzo realizado es insuficiente, si se considera la situación de tenían los pensionados en 1990, o el hecho de que, hasta el momento, aún no recuperan lo que perdieron durante la dictadura militar, o que los éxitos del modelo económico, crecimiento que tanto enorgullece a algunos sectores, aún no les llega.
Cuando se plantea una solución por la vía del esfuerzo solidario de la sociedad, reajustando las tasas de impuestos, y se busca una mayor eficiencia en la recaudación tributaria mediante el aumento del personal del Servicio de Impuestos Internos y el mejoramiento de su tecnología, se levantan voces reclamando contra el aparato del Estado. Los países desarrollados gastan un porcentaje bastante más alto que Chile para financiar a los organismos encargados de recaudar los impuestos. Si se recuperaran los 4 mil 500 millones de dólares que anualmente se evaden en impuestos, se podría, por ejemplo, implementar 15 leyes como las que hoy discutimos. El problema es que, sin herramientas eficaces para que los servicios del Estado efectivamente recolecten los recursos que corresponde ingresar a las arcas fiscales, no podremos superar la pobreza. Esto se llama justicia tributaria, se llama justicia distributiva.
Quienes se oponen a una mayor carga impositiva para los sectores empresariales no entienden que no hay otra forma de socorrer a sectores como el de los jubilados, donde el mercado no mejora las pensiones. Por más que crezca la economía y aumenten las exportaciones, los pensionados siempre requerirán proyectos de ley que financien mejoramientos de sus ingresos.
En mi opinión, es importante el acuerdo logrado. Hay que destacar que los sectores que no estaban dispuestos a reformar el sistema tributario hoy día aceptaron, gracias a la presión social y a la justicia de la causa de los jubilados y de las montepiadas. Ello es mucho más importante que los discursos teóricos respecto de las cifras de la economía.
Chile progresa y, para que haya estabilidad económica y paz social, ese progreso debe extenderse a todos los ámbitos. Por eso, el paso que se está dando es trascendente, pero aún insuficiente.
El Gobierno debería hacer un llamado a la comunidad para participar en la elaboración de una normativa legal de recuperación de las pensiones, con el fin de lograr, en un plazo no mayor a tres años, un nivel acorde con la realidad económica del país. Así, no se continuará con un Chile donde unos viven en el desarrollo y otros, casi un tercio de la población, en la pobreza.
Voto a favor.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra para fundar el voto el Senador señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, no hace mucho -el 9 de julio- escuchamos un gran discurso del Ministro de Hacienda en la Cámara de Diputados. Me parece que fue una inteligente, hábil y responsable exhibición de un gran Ministro, pero de un país altamente desarrollado, como Estados Unidos, Francia o Alemania.
Aquí en Chile, existe una gran desigualdad y, por eso mismo, somos un país apenas en desarrollo, con altos niveles de injusticia social y grandes áreas de subdesarrollo en importantes sectores y regiones.
En esas condiciones, no pueden tomarse las mismas medidas económicas para países con tantas diferencias como el nuestro y equipararnos a las medidas expansionistas de las naciones desarrolladas.
Estoy cierto de que todos los agentes financieros internacionales alabarán la situación chilena y la calificarán casi en el "top A +", por cuanto los inversores, al traer sus capitales a Chile, tienen asegurado que contarán con amortizaciones aceleradas; que no se les aplicarán, respecto de esos capitales o empresas, impuestos a las ganancias, ni tendrán -según ellos- costos importantes, como lo sería pagar mejores sueldos o la existencia de exigentes regulaciones ambientales.
Esas clasificaciones tan abiertas y generosas, a diferencia de la opinión del Ministro de Hacienda, no pueden constituir un parámetro único para nosotros, ya que la inmensa mayoría de nuestros trabajadores y empleados perciben sueldos inferiores a 200 mil pesos mensuales. Tampoco el panorama es muy alegre si hay más de 600 mil jubilados que trabajaron y cotizaron durante una vida y los mantenemos con jubilaciones, pensiones y montepíos por debajo del valor de una canasta familiar.
Con los 8 mil pesos mensuales, los 600 mil jubilados continuarán el próximo año como indigentes y con pensiones por debajo de una canasta familiar, no obstante la importancia de este reajuste. Sin embargo, es un reajuste que no soluciona el problema -como lo señaló el Senador señor Ruiz-, sólo por el egoísmo enfermizo de algunos sectores duros y no solidarios.
Por otra parte, actualmente Chile ya no es el país de hace 10 años. Hoy es el doble más rico que ayer. Hemos crecido al 7,20 por ciento de promedio en cada año durante los Gobiernos de Aylwin y de Frei. Pero de este crecimiento, ¿cuánto va a la inmensa mayoría de trabajadores, empleados, clase media y jubilados? Sólo -escuchen bien, señores Senadores- un 0,6 por ciento de este gigantesco crecimiento. El resto, el 6,60 por ciento, va a parar al 20 por ciento de más altos ingresos. Y diría -precisando más- que 120 personas, entre naturales y jurídicas, están obteniendo más que todo el Estado junto, más que el 21 por ciento del producto, que es lo que el Estado recibe para educación, salud, vivienda, administración pública, regiones, jubilados, Fuerzas Armadas, etcétera.
Cuando el señor Ministro expresó que hemos ajustado nuestra economía por la crisis asiática, señaló que el Estado contribuiría con 685 millones de dólares, esto es, con el 0,86 por ciento del producto -¡mucho más del doble de lo que cuesta el proyecto en análisis!-, y agregó que la política de las tasas altas del Banco Central disminuiría el consumo de grandes sectores de la población.
Es indudable que estas medidas se hallan dirigidas no a los sectores de altos ingresos, sino a la masa de consumidores, que son los trabajadores y la clase media, los que nuevamente están aportando el mayor sacrificio.
Cuando es el Estado, es el Fisco el que ahorra en un país poco desarrollado o desequilibrado -como lo es Chile-, con grandes necesidades, ocurre que quienes pagan por esta menor inversión del Estado son los de menores ingresos, los que dependen de esos recursos¿

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Senador¿

El señor LAVANDERO.- Ahí es donde la solidaridad no existe, la injusticia social aumenta y las decisiones se transforman en poco participativas o poco democráticas.
Si el Estado gasta menos en jubilados, en los funcionarios públicos, en regiones más pobres, en los municipios, en salud y en educación, ¿quiénes se ven afectados: los de más altos ingresos, o los de más bajos ingresos? ¿Dónde está el aporte del 20 por ciento más rico que se lleva más del 62 por ciento de lo que el país produce, en esta difícil coyuntura económica? El Estado se siente orgulloso de gastar menos del 21 por ciento del producto; sólo gasta el 16,6 por ciento. Sin embargo, por eso también el Estado se transforma en ineficiente y no puede cumplir con la rapidez y la efectividad que de él se espera, ¿

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Senador¿

El señor LAVANDERO.- ¿y se ahonda aún más la brecha entre los sectores de más altos ingresos y los más pobres y la clase media.
Señor Presidente, pese a que intervine al comienzo, lamento que me colocara en sexto lugar, justo cuando acordó reducir el tiempo para fundar el voto. Si lo desea, termino aquí.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Debo hacer respetar los acuerdos, señor Senador.

El señor LAVANDERO.- Sin embargo, en verdad, no es mi culpa¿

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No ha habido intencionalidad alguna, Su Señoría.

El señor LAVANDERO.- ¿que otros señores Senadores hayan contado con tiempo más que suficiente para exponer sus ideas, y que el único que seguramente votará diferente en esta Sala no lo pueda hacer.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Excúseme, Su Señoría. Debo hacer cumplir los acuerdos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, podrían concedérsele cinco minutos más.

El señor CHADWICK.- Sí, señor Presidente.

El señor LARRAÍN.- Pero no más de cinco minutos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si no hubiere objeción, se darían cinco minutos más a Su Señoría.
Puede continuar, señor Senador.

El señor LAVANDERO.- Recordé las palabras de Tomic: "Cuando se gana con la Derecha, es la Derecha la que gana". Sin embargo, de todas maneras, gracias.
Cuando se posterga una reforma tributaria para que paguen un poco más los que no pagan, quienes más evaden o los que perciben utilidades enormes y que no aportan casi nada al país, como es el sector de la gran minería privada del cobre, quienes pagan el verdadero precio son aquellos que dependen de la solidaridad del Estado. Ahí está como ejemplo la segunda productora privada de cobre del país: La Disputada de Las Condes, que en 15 años no ha pagado un solo peso en impuestos. ¿Alguien cree que una empresa extranjera eficiente trabajará con pérdidas durante 15 años consecutivos? En fin, hay varios ejemplos dramáticos respecto de otras empresas privadas mineras y de algunas empresas chilenas que no pagan impuesto alguno. El 15 por ciento que dicen que pagan todas las empresas privadas no es impuesto, sólo es una retención. Chile es el único país del mundo donde las empresas no pagan impuesto a las utilidades. Las personas pagan una tasa inmensamente mayor que las empresas. Esto es absolutamente injusto.
Cuando el Gobierno dice que va a recuperar 150 millones de dólares de la evasión, es una situación baladí frente a los 4 mil 500 millones de dólares que se evaden, y que en 1995 ascendían sólo a 3 mil 400 millones de dólares. De esos 4 mil 500 millones de dólares que se evadieron en 1997, el 60 por ciento corresponde, según el Servicio de Impuestos Internos, a los impuestos global complementario y de primera categoría. Aquellos que más ganan no sólo son quienes menos pagan, sino que, a la vez, los que más evaden.
Chile es el país del mundo que menos tributos tiene con relación a su producto. No obstante ello, en dos años la evasión aumentó en mil cien millones de dólares. Una situación de esta naturaleza no sólo desalienta a los buenos contribuyentes y permite una competencia desleal, sino que, lo que es peor, algunos países que se acercan a nosotros -como señaló equivocadamente el Senador señor Prat- aparecen con una menor tasa impositiva, pero financian sus gastos, su presupuesto, con abultados déficit fiscales, lo cual, en definitiva, constituye un impuesto indirecto que lo pagan también los consumidores.
Nada obtiene el país si se enriquece sostenidamente y de este enriquecimiento no se beneficia el 80 por ciento de los chilenos, o sólo lo logran 120 multinacionales radicadas en el extranjero.
Mucho más grave nos parece el hecho de que las inversiones que se realizan sólo comprometan materias primas, con muy poco o nada de valor agregado.
El aceptar sin resguardo alguno el modelo neoliberal en un país chico y pobre, con el tremendo y desregulado sistema globalizante, a la larga terminará con todas nuestras empresas manufactureras y nos quedaremos produciendo y exportando sólo materias primas y servicios. Ya lo hemos visto con Fantuzzi o en las regiones pobres y agrícolas. A esto deben sumarse los trabajadores y la clase media, pues ellos resultan los más perjudicados por este modelo económico desregulado e impositivamente desequilibrado. Ellos serán los grandes perdedores, por causa de esta política económica heredada del régimen de Pinochet.
Por lo mismo, resulta lamentable un proyecto de esta naturaleza, que ofrece tan poco a un país que se ha enriquecido de manera tan espectacular. Por eso es penoso tener que votar favorablemente una iniciativa insuficiente como ésta, que dejará a los jubilados un poco menos mal, pero que no les dará lo que corresponde a quienes trabajaron para formar una nación que hoy es el doble más rica que hace 10 años.
El pretexto, esta vez, es la crisis asiática. Pero si comparamos nuestro crecimiento, el de este año, con el de otros países del mundo, podemos ver que creceremos más que ninguno de ellos y mucho más que en el promedio del Gobierno militar. Entonces, ¿por qué este temor? ¿Por qué aumentar los efectos reales de esta crisis? Sólo para hacer recaer el peso de este ajuste no sobre quienes más ganan, sino sobre los que consumen, los sectores más débiles.
Todos sabemos que más del 72 por ciento de los ingresos del Estado son impuestos indirectos al consumo. Tal situación es brutalmente injusta, y muy a la inversa de lo que ocurre en países desarrollados que privilegian el establecimiento de impuestos directos que son pagados por aquellos que más ganan, y no por las personas de menores ingresos, que son quienes más consumen.
En Chile se comienza a dar la paradoja de que los que más aportan al Estado para salir de la pobreza son, precisamente, los más pobres y la clase media, es decir, los consumidores. No por algo tenemos uno de los más exclusivos privilegios, cual es el de ser uno de los países con desarrollo equivalente que ostenta la peor y más injusta distribución de los ingresos.
Con mucho pesar, y con el objeto de que no signifique un remedio peor que la enfermedad frente a las necesidades urgentes de los jubilados, pensionados y montepiadas, votaré absteniéndome.
Tengo la más alta convicción de que podemos dar más, de que deberíamos hacer un esfuerzo mayor, pero aquí no hay voluntad política para entregar una solución seria a la gente de la tercera edad.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, quiero hacer algunas observaciones en relación a lo señalado por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra.
Le concedimos cinco minutos más pensando que nos iba a entregar una teoría de desarrollo económico, lo cual no aconteció. Lo cierto es que hasta el momento todos sabemos que los países crecen por el ahorro y la inversión, lo que se transforma en empresas, y éstas, en empleos que aseguran, a su vez, bienestar y dignidad para los trabajadores, como, también, generan mayores recursos para el Estado.
A diferencia de lo sostenido por el Senador señor Lavandero, ninguna nación ha crecido tanto en los últimos quince años como lo ha hecho Chile.
Por otra parte, hay algunos datos de su discurso anterior, respecto al tema tributario, que también me gustaría rectificar.
Su Señoría ha señalado que en el área de la minería todas las empresas extranjeras han pagado 137 millones de dólares. Justamente, a sus espaldas se encuentra el señor Director del Servicio de Impuestos Internos, y deseo manifestarle que una sola empresa de la Segunda Región, La Escondida, pagó 300 millones de dólares por concepto de utilidades.

El señor LAVANDERO.- Pregúntele a él entonces, señor Senador. Ése es un invento suyo. Cambie la receta.

El señor PÉREZ.- Y vale la pena señalar que las empresas privadas de la gran minería del cobre, que han dado tanto bienestar al norte de Chile y tantas oportunidades, todavía no están en un régimen de plena utilidad.
Por último, desde el punto de vista de la distribución del ingreso, también las remuneraciones reales de los trabajadores han subido en los últimos años a un promedio del 5 por ciento.
En relación al proyecto que estamos discutiendo en esta oportunidad, nos hallamos frente a una iniciativa de doble contenido: por un lado, un aumento de pensiones y, por otro, una modificación a la legislación tributaria.
El aumento de pensiones, que desde un primer momento Renovación Nacional respaldó, implica una mejora paulatina, desde esta fecha hasta octubre de 1999, de los ingresos de un total aproximado de 1 millón 370 mil pensionados. En lo inmediato, resultan beneficiadas 350 mil personas que perciben pensiones asistenciales; a contar del 1 de enero del próximo año se favorecerá a 570 mil jubilados que reciben pensiones mínimas; y, finalmente, a partir del 1 de octubre de 1999 este beneficio abarcará a los restantes pensionados del antiguo sistema previsional.
Sobre este punto vale la pena señalar que 50 mil personas se hallan en lista de espera en las diversas municipalidades para acceder a una pensión mínima. En su oportunidad, en una reunión que sostuvimos con el Presidente Frei, donde se encontraba presente el señor Ministro de Hacienda, planteamos la posibilidad de incluir en el proyecto a esas 50 mil personas, lo que significa un costo de 40 millones de dólares anuales.
En cuanto a la parte tributaria, debemos recordar que por tratarse de una iniciativa presentada por el Ejecutivo, el proyecto contenía una profunda y no reconocida reforma a las bases mismas de la Ley sobre Impuesto a la Renta, abarcando aspectos que ninguna relación guardaban con el financiamiento de las pensiones.
Queremos señalar en esta Sala que Renovación Nacional considera inapropiado que se utilice la circunstancia de la presentación de un proyecto de mejoramiento de pensiones, tema socialmente sensible, para intentar la aprobación, sin el debido estudio, de una reforma impositiva de enorme trascendencia y complejidad técnica.
Las materias tributarias, y en particular las que pretendía modificar el Gobierno, son de suyo extremadamente complejas y requieren de un tiempo y una profundidad de análisis que no condicen con la tramitación rápida que merece un proyecto de mejoramiento de pensiones.
Por ello, Renovación Nacional se opuso por principio a la aprobación de las reformas tributarias que se pretendieron lograr. En particular, no concordamos con las modificaciones al artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que introducían un cambio radical a las bases mismas de dicho cuerpo legal. El impuesto a la renta además ya no gravaría las rentas, sino que los simples retiros, alcanzando cantidades que económica y tributariamente son capital.
Una modificación de esta naturaleza, que estimamos equivocada, no puede llevarse a efecto sin el debido estudio. En cambio, hemos concurrido al acuerdo final que permitió despachar el proyecto de aumento de pensiones, incluyendo un conjunto de incentivos al ahorro de las personas y a la inversión.
Deseo señalar, en honor del tiempo, que también apreciamos la disposición que ha existido una vez más en el Senado por parte del Gobierno, de la Oposición y, en especial, de las autoridades respectivas -el señor Ministro y el señor Subsecretario de Hacienda- para llegar a un acuerdo tan beneficioso para el país y que, a la larga, representa tres aspectos. Uno de carácter social, referido al aumento de pensiones; otro de orden político, relativo a que en el Senado somos capaces de alcanzar un gran consenso en beneficio del país, y en tercer lugar, un acuerdo que conlleva ventajas económicas, como son los incentivos para la inversión y el ahorro, tan importantes en el momento actual que el país vive.
Por todas estas razones, voto a favor.

El señor BITAR.- Señor Presidente, al pronunciarme sobre el proyecto en debate, lo hago en el concepto de que estamos avanzando en el tipo de sociedad que queremos. Y en tal sentido, la propuesta del Presidente de la República en la agenda social y el compromiso por avanzar en materia de reducción de la desigualdad son elementos que apuntan al tipo de sociedad que esperamos.
Si deseamos una sociedad con más cohesión social, es evidente que los pensionados han sido castigados por muchos años e incluso abandonados; si queremos una economía que fortalezca la legitimidad de la democracia, debemos producir un desarrollo con equidad; si queremos proteger a los más débiles y dar condiciones de salud más favorables, especialmente a la gente de mayor edad que entregó su vida trabajando, debemos efectuar este paso. De manera que lo que está en juego al votar este proyecto -y me pronunciaré favorablemente- es dar un paso adelante hacia un tipo de sociedad.
Sin embargo, tales avances deben ser coherentes y ha de lograrse financiar adecuadamente este incremento. Estamos hablando de un aumento que significa 100 mil pesos anuales, pues se halla pendiente la aplicación del 5 por ciento adicional de reajuste sobre las pensiones existentes, el que se llevará a cabo a fines de año. Al entregar ocho mil pesos mensuales de reajuste y multiplicarlo por 12, obtenemos 96 mil pesos, más el citado cinco por ciento resulta el equivalente sobre el incremento a 100 mil pesos anuales y con un costo de 300 millones de dólares, en medio de una situación económica internacional difícil, es una voluntad política, y así se hace desarrollo con equidad.
De esta manera, ahí radica una diferencia con la Oposición. Ésta ha argumentado reiteradamente que había un intento de realizar una reforma tributaria velada. Con toda nitidez quiero expresar que lo que se necesita aquí es dar nuevos recursos; y que no se puede avanzar en la equidad si no se hace un esfuerzo para estibar mejor la sociedad chilena. Ésta no está bien estibada. Por eso, a mi juicio, resulta incoherente decir "Beneficio sí, recursos no". Lamentablemente, hemos dado el paso, pero no en la forma prevista en un comienzo, y eso ha permitido un financiamiento que, en materia de contribuciones, sólo regirá por cuatro años. O sea, se ha establecido un beneficio permanente con financiamiento temporal. Ello nos ha obligado a dar carácter también temporal a los beneficios al ahorro, en circunstancias de que debió ser permanente.
Al terminar la fundamentación de mi voto, señalaré lo que considero criterios básicos para lo que viene y para la forma en que estamos trabajando.
En primer lugar, hice indicación para cambiar en el inciso cuarto del artículo 18 la mantención del beneficio del impuesto correspondiente al artículo 57 bis, letra A, que permanece. Lamentablemente, quienes han adquirido acciones de primera categoría pueden seguir indefinidamente, por toda su vida, descontando el 20 por ciento del valor de lo que compraron. Uno dice: "Si es 20 por ciento, con cinco años se recupera la totalidad". Esto es indefinido. Propuse en mi indicación que, por lo menos, se fijaran 5 años más desde la vigencia de la ley; pero no por tiempo indefinido. Por desgracia, la indicación no prosperó por haber sido declarada inadmisible, por incidir en materia propia de iniciativa del Ejecutivo.
En este momento veo llegar una indicación del Gobierno mediante la cual incluso posterga el término del beneficio sobre dividendos, que expiraba el 1º de mayo de 1998, para la fecha de promulgación de la ley. Se trata de un primer criterio que espero que corrijamos más adelante, de modo de no conceder beneficios y subsidios a sectores de ingresos altos. A mi juicio, ésa no es una forma de estimular el ahorro.
El segundo criterio clave que deberemos corregir a futuro es el siguiente: hay que aumentar los montepíos. Todavía existe un porcentaje muy alto de personas que recibe sólo el 50 por ciento de la pensión del causante. Hemos hecho una corrección para que las viudas de esos causantes no queden con menos de la pensión mínima. En otros casos, habrá que elevar el montepío a por lo menos 75 a 80 por ciento de la pensión del causante.
En seguida, está pendiente el descuento de 3 ó 4 por ciento de aquellos pensionados y jubilados a quienes se les hace un descuento adicional al 7 por ciento en determinadas cajas. Creo que eso es injusto. Tendremos que corregirlo. En mi opinión, debemos apuntar en la línea en que hemos venido actuando como Gobierno, para que la pensión mínima alcance un cierto porcentaje del salario mínimo, tal vez no el ciento por ciento, pero sí el 80 ó el 90. De esa manera se avanzará en materia de equidad.
Señor Presidente, me parece fundamental señalar estos criterios al momento de votar, porque entiendo que éste es un proceso de avance progresivo, aunque también hago un llamado a hacerlo con criterio de obtener recursos nuevos, y no subsidiar a los grupos de altos ingresos. Este proyecto significa lograr un avance importante, eliminando lo que llamamos "eludir impuestos" aprovechando una norma legal que contraría determinados principios de equidad. No es ilegal lo que se hace, pero viola ciertos principios, y en adelante los subsidios deben ser para quienes los necesitan, evitando mantener en el sistema tributario un conjunto de beneficios no adecuados, como lo es el del artículo 57 bis, A, al que he hecho referencia.
Con todo, aprecio éste como un avance importante, y comparto los criterios expresados antes en la materia por los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, así como el del señor Ministro de Hacienda, en el sentido de que estamos dando un paso que no puedo dejar de destacar. Basta mencionar las cifras: el porcentaje de aumento alcanzado en los Gobiernos democráticos entre 1990 y 1998 es de 84 por ciento en pensiones mínimas para menores de 70 años; de 88 por ciento para mayores de esa edad, y de 89 por ciento en pensiones asistenciales, en términos reales.
Creo que esto es un avance importante. Tenemos que ir más lejos para alcanzar cohesión social. Por tal razón, voto a favor, pero lo hago señalando también lo que deben ser los criterios que se impongan en los próximos proyectos, con el objeto de llegar a un tipo de sociedad con justicia y cohesión social y legitimidad democrática.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, la bancada de la UDI e Independientes votará favorablemente el proyecto, en lo fundamental porque se trata de un aumento de pensiones.
Quiero rescatar la esencia de la iniciativa, porque por momentos su sentido apareció claramente desfigurado, y la discusión iba por otros lados.
¿Por qué se discutían otras cosas? En primer lugar, porque existía acuerdo de todos para aumentar las pensiones. Es fundamental recalcar esta circunstancia, debido a que hubo una campaña que pretendió poner a la Oposición en contra de tal aumento, lo cual no es efectivo.
Seguidamente, se perdía la esencia del proyecto en razón de que venía acompañado por un sinnúmero de otras normas, algunas necesarias, discutibles otras aunque muy complejas como para someterlas a un análisis de suma urgencia, y francamente inconveniente el resto.
Retomando la esencia del cuerpo legal en estudio, acá se otorga un aumento de 8 mil pesos mensuales a las pensiones asistenciales, que benefician a 350 mil personas; a las pensiones mínimas que reciben 570 mil personas, y al resto de los pensionados del antiguo sistema, que alcanza a 460 mil beneficiados. En total se favorece a 1 millón 380 mil personas. ¿Con cuánto? Con 8 mil pesos mensuales. ¿Cuánto sube la pensión asistencial? De 23 mil a 31 mil pesos. La mínima: en un caso, de 55 mil a 63 mil pesos; en otro, de 60 mil a 68 mil. Realmente estamos ante un incremento que en el conjunto representa una gran cantidad, 280 millones de dólares, pero que en la práctica es sólo un pequeño alivio en lo que es necesario para vivir. Esto me motiva para hacer la primera reflexión en relación con el asunto.
Nos encontramos frente a la expresión elocuente del fracaso rotundo del antiguo sistema de pensiones en Chile. Durante años, los trabajadores tuvieron que cotizar parte importante de sus sueldos, y hoy día están condenados a recibir una pensión muy pequeña. Hago esta reflexión con el fin de evitar el error de volver a sistemas antiguos que generaron pobreza y que causaron, en definitiva, el desencanto que hoy día invade a más de un millón de conciudadanos que trabajaron durante años, que cotizaron, y que hoy no pueden alcanzar una pensión digna.
Mis afirmaciones tienden igualmente a representar que tenemos la obligación de hacer un esfuerzo constante por mejorar las pensiones. Y cuando hablamos de hacer un esfuerzo constante quiero señalar que tal esfuerzo debe tender y orientarse a que el país pueda crecer cada vez más. Porque el problema lo tuvimos en el modo de financiar el aumento acordado. No hubo problema en aprobar las normas sobre mayor fiscalización. La Oposición desde el inicio dio su asentimiento a las normas que aumentaban la planta del Servicio de Impuestos Internos y que han de permitir el control de la evasión y financiar así más de la mitad de los gastos que representa la iniciativa. Señalo con claridad tal circunstancia, porque en algunas intervenciones se ha puesto en duda esa disposición nuestra.
Lo que provocó el desencuentro fue precisamente una cantidad de otras normas que a nuestro juicio alteraban en la esencia el sistema tributario; en segundo lugar, no guardaban relación directa con el financiamiento del proyecto, y, en tercer término, aumentaban la carga tributaria, en forma focalizada, de un solo sector, sin afectar a toda la sociedad.
Frente a esa situación de entrampamiento, surgió un acuerdo en las Comisiones de Hacienda y del Trabajo, unidas, el que va a permitir que el aumento de pensiones se pague el próximo 1º de septiembre. Como en todo acuerdo, las distintas posiciones tuvieron que flexibilizarse hasta llegar a un punto de encuentro.
¿Cuál fue la esencia de ese acuerdo? En lo que se refiere a la Ley sobre Impuesto a la Renta, las modificaciones, que a juicio de la Oposición afectaban la estructura del sistema tributario, quedaron para ser discutidas en otra oportunidad. Sólo se aprobaron algunas de las proposiciones del Ejecutivo, fundamentalmente las dirigidas a lograr un mayor esfuerzo de fiscalización.
En materia de contribuciones, se aprobó, en forma temporal, la pérdida de un crédito que por más de 60 años ha permitido a quienes tributan en Primera Categoría rebajar el pago de contribuciones. ¿Por qué en forma transitoria? Porque estamos convencidos de que en 4 años el progreso del país generará con creces la cantidad faltante de financiamiento (120 ó 130 millones de dólares), equivalente al incremento de la recaudación fiscal producida por un punto de crecimiento. Pensamos que ya el próximo año Chile crecerá entre 4 y 5 por ciento; o sea, cuatro a cinco veces más de lo que se necesita.
Y, finalmente, el acuerdo permitió establecer también un conjunto de medidas tendientes a estimular el ahorro y la inversión; medidas que, a mi juicio, son muy necesarias para que nuestra clase media pueda tener realmente incentivos para ahorrar. Considero que se ha dado un paso importante en cuanto a crear mecanismos simples para el estímulo del ahorro, y además, a beneficiar las transacciones bursátiles, teniendo en vista que los 5 millones de chilenos que tienen depositados sus fondos de pensiones en el sistema de las AFP se benefician en forma directa con un alza en la Bolsa y, por el contrario, se perjudican con una baja.
En resumen, señor Presidente, expreso mi satisfacción por el acuerdo y voto a favor del proyecto, que concede un aumento de pensiones y beneficia al sector más necesitado en el país. Asimismo, manifiesto mi complacencia por haber concordado un conjunto de medidas que, a nuestro parecer, estimularán el ahorro y la inversión y permitirán generar un mayor crecimiento, lo cual, a su vez, nos ha de dar la posibilidad de continuar otorgando mejorías al sector pasivo, que en justicia se las merece, y no sólo en estos montos, sino, ojalá, en otros mucho más altos.

El señor URENDA.- Señor Presidente, sólo quiero destacar algunos aspectos puntuales.
En primer lugar, deseo insistir en que todos los Senadores de Oposición estuvimos absolutamente de acuerdo en conceder los aumentos a que se refiere la iniciativa. Aún más: personalmente he expresado que ya no basta la reajustabilidad establecida para todas las pensiones durante el Gobierno Militar y de las Fuerzas Armadas, y que hoy es indispensable buscar un sistema que permita a los sectores pasivos aprovechar siempre los beneficios del crecimiento. Y esto, más allá de los aspectos puntuales y de la necesidad, destacada aquí y que comparto, de procurar corregir algunas situaciones extremadamente desmedradas.
Los desacuerdos con el Gobierno se suscitaron frente a un principio de orden constitucional. Conforme al sistema consagrado en nuestra Carta Fundamental, los impuestos deben solicitarse cuando no existen recursos disponibles y con respecto a los gastos del año, produciéndose los ajustes correspondientes con motivo de la discusión del Presupuesto. Así como no puede haber, en un momento dado, gasto sin financiamiento, nunca podría haber financiamiento sin gasto. De manera que nosotros rechazamos la tesis de que el Ejecutivo puede solicitar, simplemente, recursos de libre disponibilidad o para equilibrios macroeconómicos, sin perjuicio de considerar que en esta materia debe existir un criterio prudente.
Resalto este principio, que debiera aplicarse siempre, como lo está haciendo ahora el propio Gobierno. Mañana veremos un proyecto sobre exonerados que, consultando para 1998 un gasto mayor que el de pensiones, se financia con una partida del Presupuesto, a diferencia del que ahora nos ocupa, donde se ha optado por el camino de efectuar una verdadera reforma tributaria.
En todo caso, quiero destacar que, gracias a una buena voluntad común y a la coincidencia de que, frente a las turbulencias económicas que afectan al país, era necesario y conveniente, como lo manifestó el Presidente de las Comisiones unidas, dar una buena señal, hicimos todos los esfuerzos posibles para lograr un acuerdo, el cual, como ya se ha indicado, consiste en un financiamiento específico a este proyecto sobre la base de una mayor fiscalización y, al mismo tiempo, de la mantención y creación de incentivos al ahorro.
A este respecto, debo hacer presente que el artículo 57 bis, a raíz de una crítica en parte justificada, fue de alguna manera eliminado en su punto A, por contener, tal como se señaló, determinados errores, dejándose de mano que era el medio más eficaz para hacer coincidir el ahorro con la capitalización de las empresas. En todo caso, se ha procurado buscar fórmulas que de algún modo permitan paliar la supresión de ese tipo de beneficios, que, indudablemente, es el más conveniente. El país sólo puede crecer si hay verdadero ahorro. Es el ahorro el que posibilitará elevar el nivel de vida de todos los habitantes y, especialmente, el de los más pobres.
Por último, me abstuve de aprobar dos o tres disposiciones relativas al tema, no porque esté en contra de algunos sistemas de ahorro, sino porque aquéllas se restringían a acciones que debían cumplir determinados requisitos. Esto, en mi opinión, va en contra del propósito expresado por el Presidente de la República y otras tantas personas en el sentido de fortalecer las bolsas; va en contra de las empresas medianas y pequeñas, y puede perjudicar, de alguna manera, a los pequeños accionistas. En mi concepto, tales disposiciones debieran ser amplias y referirse a acciones de todo tipo de sociedades anónimas abiertas. La mera circunstancia de agregarles determinados requisitos, como el de que sean susceptibles de ser adquiridas por fondos mutuos, con el solo objeto de facilitar el control de Impuestos Internos, perjudica el desarrollo en general, el ahorro y, en el fondo, el propósito perseguido.
En todo caso, me alegro de haber llegado a un acuerdo y de dar una buena señal al país demostrando que existe consenso a este respecto. Ojalá que en el futuro exista la oportunidad de introducir determinadas correcciones a nuestro sistema tributario que permitan hacerlo más expedito, más fácil y, al mismo tiempo, más rendidor para el Estado.
Voto que sí.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, gran interés ha despertado esta iniciativa del Ejecutivo, la cual yo valoro, porque creo que si hay alguien que merece toda nuestra dedicación y apoyo es, precisamente, el sector pasivo. Tenemos una gran deuda con estos hombres, que entregaron parte de sus vidas en construir nuestra patria y darnos su ejemplo. Y, pese al esfuerzo del Gobierno, éste es todavía insuficiente. Sin embargo, a una persona que gana 40 mil o 45 mil pesos, 8 mil pesos le sirven y los valorará mucho.
No puedo dejar de referirme al planteamiento que Renovación Nacional hiciera a Su Excelencia el señor Presidente de la República respecto de un tema que para nosotros aún está pendiente, como es el aumento del número de PASIS, es decir, pensiones asistenciales, a fin de eliminar la lista de espera que hay en las municipalidades. Pedimos también a Su Excelencia el Presidente de la República establecer media pensión para aquellos ancianos que no califican su pobreza según las cifras CASIS, pero que igualmente viven en un estado de necesidad injustificable.
Ante todo, votaré favorablemente el proyecto. Pero confío en que el Gobierno y todos los sectores políticos asuman esto como un compromiso social, con el objeto de que sigamos haciendo un esfuerzo para ir resolviendo la difícil situación económica que golpea con tanta dureza a nuestros padres, abuelos y, en general, a quienes merecen toda nuestra dedicación.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, un Honorable colega que me antecedió en el uso de la palabra se refirió a la desigualdad de la riqueza en Chile. Creo que es un título que vale la pena subrayarlo brevemente, porque nadie puede discutir que el decil más pobre del país tiene un ingreso per cápita que no supera los 18 mil pesos, mientras que el decil más alto supera los 600 mil pesos.
Si nosotros colocamos en ese paisaje la realidad que viven los jubilados, tendríamos que decir que dicho paisaje es de una realidad microbiana, en cuanto a lo que respecta a sus consideraciones.
Por eso, considero que la iniciativa en estudio tiene virtudes que caminan hacia lo que el Gobierno ha planteado muchas veces, en cuanto a conciliar el crecimiento económico con la equidad social.
Con mucha satisfacción, hemos escuchado decir que el país ha elevado en pocos años su ingreso per cápita, de 2 mil y tantos dólares a 5 mil 400 dólares. Yo sé que los jubilados se preguntarán dónde está esa diferencia con respecto a ellos.
Como las palabras se entienden como se dicen, debo señalar que un señor Senador afirmaba que en lo relativo al financiamiento de esta iniciativa había habido una intención oculta o encubierta por parte del Gobierno para justificarlo. Sobre el particular, quiero decir que desde el principio -siempre- el Ejecutivo sostuvo la necesidad de que el financiamiento del proyecto no recayera sobre la espaldas de la gente más modesta, de los más débiles, a diferencia de lo que ocurrió entre los años 1984 y 1985, cuando la Administración de ese entonces necesitaba de recursos. En esa ocasión, no sólo no se financió un proyecto con sentido social para dicho sector, sino que además no se encontró nada mejor que quitar el 10,6 por ciento de su reajustabilidad a los pensionados, situación que sólo se revirtió con la llegada de los Gobiernos de la Concertación. En ese entonces, los jubilados dejaron de percibir cerca de 70 u 80 millones de dólares. Mediante la iniciativa en debate, hoy se están entregando 240 ó 250 millones de dólares para tratar de mejorar la realidad de ese sector.
Para la historia de la ley y para quienes leen estas intervenciones, es bueno señalar que éste es un proyecto de ley extraordinario, por cuanto sus beneficios se otorgan sin perjuicio del bono de invierno, del aguinaldo de Fiestas Patrias, del reajuste del mes de diciembre y del aguinaldo de Navidad. A ello hay que sumar la ley que a fin de año va a permitir que las viudas -como lo señalaba un Honorable colega de estas bancadas- reciban la misma cantidad que percibía el causante. Es decir, ya no ocurrirá lo que sucede hoy, en que el causante de la pensión se lleva al ataúd la mitad del sueldo o de los emolumentos que mucho necesita su viuda, una mujer de avanzada edad. De tal manera que en ese sentido yo saludo este proyecto.
Es cierto que 8 mil pesos no es la cantidad que nosotros hubiéramos deseado dar. Habríamos querido más. Pero para obtener los recursos en democracia debemos consensuar con sectores políticos que tienen otra visión de cómo se deben aportar los fondos para temas de esta consideración.
Un señor Senador, que seguramente tomó una cifra equivocada, señalaba que, dentro del panorama social de este sector, hay 50 mil pensiones asistenciales que están a la espera de que se les proporcionen los recursos. Pero ello no es así. De acuerdo con la información oficial de que dispongo, son 15 mil pensiones asistenciales las que están esperando la factibilidad de los recursos para recibir los emolumentos. Cerca de 7 mil pensiones son las que tienen menos de 550 puntos; el resto está por sobre los 550 puntos.
Señor Presidente, no obstante el apoyo que brindaré al proyecto, quiero decir que hay un tema que debiera considerarse por las autoridades pertinentes. Hay 15 mil pensiones asistenciales que no logran obtener este requisito, pero hay miles de trabajadores -hombres y mujeres de este país- que tienen 65 años o más, los que, teniendo sólo 700 u 800 semanas de imposiciones, no han alcanzado a conseguir el mínimo de las mil 40. Y sucede que quienes tienen 700 u 800 semanas de imposiciones previsionales no reciben ningún beneficio. Ni siquiera tienen derecho a la pensión asistencial, porque la encuesta que entregan las asistentes sociales, por una u otra razón, debido a que hay un reglamento muy duro, a veces no les permite el acceso. Entonces, lo lógico sería que a los trabajadores, hombres y mujeres, que tienen 600, 700 u 800 semanas, se les concediera una pensión proporcional a lo que ellos pagaron como mineros, como obreros, como trabajadores, como personas que contribuyeron al desarrollo y al progreso de Chile. Puede ser que esta apreciación no tenga nada que ver con la parte medular del proyecto en debate, pero es una realidad que conforma el paisaje humano que viven los trabajadores a quienes les estamos haciendo hoy un acto de justicia.
Por ello, junto con felicitar al Gobierno de la Concertación, al Gobierno del Presidente Frei, entrego con el mayor agrado mi voto favorable a la iniciativa en estudio.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, votaré favorablemente el proyecto, porque representa un esfuerzo importante en favor de un sector particularmente desfavorecido de la población.
No tiene sentido insistir en los datos que se han entregado en la fundamentación del voto. Pero sí quiero decir que, no obstante el avance que la iniciativa representa sobre esta materia, no debemos considerar que hemos resuelto el problema de los pensionados más pobres del país. Lo cierto es que muchos beneficiarios de pensiones asistenciales o beneficiarios de pensiones mínimas, no obstante el aumento que se les otorga, van a continuar viviendo en condiciones de pobreza.
Si bien es importante lo que se ha hecho en este campo durante estos años, no debemos perder tampoco el sentido de las proporciones. En términos reales, las pensiones mínimas -comparadas entre 1990 y 1998- han aumentado prácticamente en ciento por ciento. Pero también en ese período se ha incrementado el ingreso nacional en igual porcentaje. De modo que no ha habido un esfuerzo particularmente significativo en relación con este sector, sino que han sido más bien las pensiones las que han ido siguiendo el curso del aumento del ingreso nacional. Por lo tanto, me parece que el esfuerzo solidario con los pensionados más pobres, continúa siendo una tarea pendiente.
En segundo lugar, quiero destacar algo que aquí se ha dicho, que me parece muy relevante. Este esfuerzo se ha hecho en condiciones muy particulares, en condiciones difíciles. Creo que es un hecho absolutamente excepcional el que, en un año de turbulencias económicas y de ajuste a la baja del presupuesto público, se puedan conceder aumentos de pensiones que representan un costo fiscal bastante elevado, del orden de los 280 millones de dólares. En mi opinión, ha habido un gesto solidario de gran envergadura, que tiene pocos antecedentes en la historia económica reciente del país.
También debo valorar el acuerdo a que se llegó. Lo considero importante, sobre todo por las dificultades externas que estaba viviendo Chile. Por ello, considero muy significativo el acuerdo a que se llegó en el Senado.
Pienso que para enfrentar la situación externa durante este período se va a poner a prueba la calidad de la conducción política del país. Las turbulencias pueden ser fenómenos pasajeros, pero si no somos capaces de manejar con inteligencia nuestro debate interno, la situación internacional puede terminar afectándonos gravemente.
Desde ese punto de vista, el hecho que se haya producido un acuerdo en el Senado es una contribución a que el país pueda enfrentar de mejor manera esa situación externa. Sin perjuicio de ello, y en honor a la verdad, me parece que este acuerdo está por debajo de lo óptimo. Lo dije en su oportunidad en la Comisión, y lo reitero en esta Sala. Considero inadecuado establecer beneficios permanentes que tengan como contrapartida ingresos provisorios. A mi juicio, no es una buena medida el fijar impuestos a plazo, y que se establezcan transitoriedades que no corresponden.
Asimismo, debemos reconocer que no pudimos eliminar un conjunto de normas que, a mi entender, no se justifican, porque constituyen exenciones completamente desfocalizadas; son franquicias que no benefician a los sectores de menores ingresos del país. Se mantienen normas que, en el fondo, permiten mecanismos de evasión legal del pago de impuestos. Desde este punto de vista, no obstante valorar políticamente el hecho de haberse logrado un acuerdo, quiero dejar constancia de que, a mi juicio, el resultado está por debajo de lo óptimo, y creo que el hecho de que se hayan establecido impuestos de carácter transitorio, particularmente la norma relativa al pago de contribuciones, ha significado que, tácitamente, esta Corporación ha puesto un plazo límite a una discusión tributaria que tendrá que desarrollarse con mayor envergadura y profundidad hacia adelante. Antes de que llegue el plazo de cuatros años fijado en este proyecto, tanto para la norma relativa a contribuciones como para los instrumentos de promoción del ahorro, deberemos discutir si es del caso mantenerlas o no. Y me parece que ésa será una buena oportunidad para desarrollar un debate tributario de mayor envergadura.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, reiterando algunos conceptos que se han vertido aquí, deseo señalar, en primer lugar, que este proyecto forma parte de un esfuerzo sostenido que han venido realizando los Gobiernos de la Concertación por aumentar el nivel de las pensiones en nuestro país, particularmente de las pensiones mínimas. Al mismo tiempo, quiero manifestar que, aparte tal esfuerzo, no hay duda de que, considerando los mejoramientos que otorga la iniciativa, todavía enfrentamos una situación que, en algunos casos, es simplemente dramática y no corresponde al nivel de desarrollo alcanzado por el país.
Deseo referirme en especial a la situación de las pensiones asistenciales, que están recibiendo porcentualmente, en esta iniciativa, el mayor reajuste, que es bastante significativo: casi el 30 por ciento. Sin duda, la cifra aparece impactante, pero si uno se remite a los números, éstos revelan una dimensión sumamente dramática. Estamos aumentando las pensiones asistenciales, de 23.415 pesos a 31.415 pesos. Vale decir, este país tenía pensiones asistenciales de 50 dólares al mes, las que, a partir del 1° de septiembre, aumentarán en forma importante a 68 dólares por personas. Y no se trata de pocos chilenos, de un sector residual, sino de 350 compatriotas nuestros que no están sujetos a ningún sistema normal de previsión, que se hallan fuera de toda la red previsional chilena. Y por mi experiencia parlamentaria de los últimos años, tengo la impresión de que este porcentaje de chilenos no está disminuyendo, sino que muchas veces tiende a aumentar, cosa que tiene que ver con situaciones de precariedad del trabajo en muchos sectores y con otras circunstancias. Por tanto, recojo aquí el conjunto de observaciones que se han hecho en el sentido de que, en el tema de los pensionados, enfrentamos un desafío mayor, porque también las pensiones mínimas, las cuales, como se ha dicho aquí, tienen reajustes muy importantes, quedan todavía en niveles que no corresponden al grado de desarrollo ni a los índices generales, como tampoco a los promedios de la economía y los salarios chilenos. En consecuencia, junto con aprobar el proyecto, pienso que debe abrirse la posibilidad de un debate mayor que finalmente guarde relación con la dimensión redistributiva de las políticas que llevemos a cabo, porque es evidente que la situación de los pensionados no puede mejorar sino por esfuerzos de redistribución. Ello, porque los otros mecanismos, que son eficaces para disminuir la pobreza y lograr el crecimiento económico, el incremento de la productividad, una deseable complejidad de nuestra estructura productiva y el aumento de salarios, son todas herramientas no percibidas por el sector pasivo. Éste sólo puede ser mejorado a través de medidas redistributivas y, por tanto, de solidaridad social. Y eso, en el mundo contemporáneo, sólo es posible mediante instrumentos tributarios. No hay otra manera práctica de ejercer la solidaridad social respecto del sector de pensionados.
En segundo lugar, deseo destacar el hecho de que el Gobierno haya puesto tanto interés y esfuerzo político en este proyecto, en un momento en que el país vive dificultades económicas que, aunque no catastróficas, son por lo menos mayores que en los años anteriores. El que en un momento de ajuste, de recortes del gasto fiscal, se haga este esfuerzo nacional en el sector más débil de nuestra sociedad, como lo es el de los pensionados, es una señal de que éste es un Gobierno que entiende que se pueden realizar ajustes manteniendo principios de equidad. Y esto, a mi juicio, es una orientación política completamente distinta de lo que vivimos en períodos anteriores cuando muchas veces -recordemos justamente el caso de los pensionados- no se otorgaron reajustes precisamente por razones de coyunturas económicas complicadas. Hoy día, frente a una situación económica que sin duda reviste dificultades, el Gobierno da la señal de que hay una sensibilidad respecto de que el ajuste y los recortes no pueden afectar a los sectores más débiles de la sociedad chilena. Y creo que ése es un signo que debemos destacar desde el punto de vista político.
Por otra parte, quiero manifestar que nuestra actitud en todo el proceso de negociación con la Oposición ha tendido principalmente a asegurar el financiamiento pleno de este mejoramiento. Y ahí ha estado la diferencia más notoria que hemos tenido en el debate con ella, que obedece a una diferencia de fondo: la Oposición piensa que basta sólo el crecimiento para luchar en Chile contra las desigualdades y la pobreza, y nosotros tenemos al respecto una diferencia radical, que es de fondo, no es secundaria, Por lo tanto, en esa virtud, celebro también el que hayamos podido llegar a un acuerdo que, desde nuestro punto de vista, tiene la limitación del carácter temporal de los tributos, particularmente de los de índole redistributiva, que es el tema de las contribuciones. Creo que no constituye una buena señal el que a éste, que es el elemento tributario redistributivo del proyecto, se le dé un carácter temporal. Pero, finalmente, hemos debido convenir en ello, junto con el carácter temporal de los incentivos al ahorro, que tampoco se justifican en sí mismos, pero que eran un elemento indispensable que pusimos en la balanza para no afectar un factor central de nuestra política de estos años, la que debe proyectarse hacia el futuro. Esto constituye un rigor en materia de financiamiento y de cuentas fiscales.
Por tales razones, voto favorablemente.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, votaré a favor del proyecto, porque fundamentalmente viene en parte a hacer justicia a los sectores más desvalidos y postergados de nuestra comunidad nacional. Ha sido un propósito que han cumplido los Gobiernos de la Concertación el avanzar precisamente en la dirección de ir haciendo justicia a los pensionados. Por ejemplo, podemos recordar que, en 1990, se devolvió el 10,6 por ciento que se había restado a todas las pensiones del país con la excusa del terremoto de 1985. En 1992, se estableció que el reajuste de pensiones se haría cada mes de diciembre, sin esperar que el IPC hubiera alcanzado el 15 por ciento, como era la norma hasta ese momento. En 1995, se reajustaron en 10 por ciento sobre el Índice de Precios al Consumidor las pensiones de menos de cien mil pesos. En 1996, se estableció el bono de invierno; en 1997, se nivelaron las pensiones mínimas de viudez con las del causante. Confío en que en un futuro no muy lejano tal criterio se extenderá a todas las pensiones, porque existe la misma razón para dictar esa disposición.
Paralelamente, el control de la inflación, en todos estos años, ha impedido la desvalorización de las pensiones y beneficiado especialmente al sector pasivo.
Ahora, en 1998, en las circunstancias que otros señores Senadores se han encargado de explicitar acá, que no son las mejores para la economía del país, se está otorgando un reajuste promedio de 16,8 por ciento, cuyo gasto total anual asciende a la nada despreciable suma de 280 millones de dólares.
Señor Presidente, cada uno de estos pasos importa un alto costo para el Estado. No obstante, se reduce a cifras mínimas, y a veces insignificantes, desde el punto de vista de cada uno de los pensionados que reciben el respectivo beneficio. Esto se ha hecho así para impedir que los mayores gastos dañen los equilibrios macroeconómicos y degeneren en inflación, donde los principales perjudicados serían precisamente los más pobres, y entre ellos, los pensionados.
Por eso se ha avanzado -no todo lo posible, ni tampoco todo lo necesario- en forma gradual y consistente en el camino de hacer justicia para que ese importante sector de nuestra comunidad vaya saliendo de la situación de postración en que se ha encontrado por tanto tiempo.
En esa dirección han avanzado los Gobiernos de la Concertación, y tendrán que seguir haciéndolo.
Ahora, quiero recoger el llamado que hizo aquí el Presidente del Senado, Honorable señor Andrés Zaldívar, en orden a que el sector pasivo -gente perteneciente a la tercera edad, que ha trabajado toda su vida y que debiera tener un descanso relativamente tranquilo- sea considerado por las autoridades de Gobierno, no sólo desde el punto de vista de las pensiones (camino en el cual habrá que seguir avanzando, porque no es suficiente lo obtenido hasta ahora), sino también en otros campos, y muy especialmente en el de la salud, y dentro de él, particularmente en el de la salud privada, toda vez que, siendo ésta un negocio, cuando más requieren sus atenciones las personas, al avanzar en años y no estar activas laboralmente, empieza a repudiarlas o a encarecer los costos en términos que impiden acceder a ella.
Creo que el crecimiento con equidad consiste precisamente en que el desarrollo del país vaya sustentando, en forma quizá paulatina, pero consistentemente y en términos crecientes, las necesidades de los más pobres, hasta que todos los chilenos vivan acorde a los padrones generales que la economía es capaz de sostener.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, resulta gravemente desaconsejable confundir los temas de trascendencia nacional y de gran solidaridad, como lo es el de las pensiones, con cuestiones de propaganda política y no mirarlos con la objetividad presente e histórica.
Aquí se ha recordado varias veces la rebaja a las pensiones efectuada en 1985, por razones de crisis y de terremoto, pero no una serie de cosas que es menester tener presentes, para que no vuelvan a suceder.
Primero, no se ha recordado el fracaso del sistema previsional antiguo, en manos del Estado, del que son testigos precisamente la mayoría de las personas cuya situación estamos paliando por medio del reajuste que prevé el proyecto en debate. Es decir, estamos solucionando apenas, y con debilidad, el fracaso del antiguo sistema de pensiones.
Entonces, es bueno recordar, con sentido de justicia, al Gobierno de las Fuerzas Armadas, con el ánimo, no de revivir polémicas, sino de recoger creaciones positivas. Él creó el sistema de las administradoras de fondos de pensiones, que ha sido imitado en varias naciones, que obedece a una lógica y que evidentemente, según nuestros economistas, no sólo cumple con el propósito de entregar una previsión mayor, sino que además constituye un incentivo para el desarrollo del país.
Igualmente, es bueno recordar que las pensiones, a pesar de la inflación, no tenían reajuste automático y que éste fue impuesto también por el Gobierno militar. Es bueno recordarlo, porque en más de un discurso se ha oído sostener esta tarde -en el sentido no ortodoxo- que la inflación es el gran flagelo en contra del crecimiento, del empleo y de la lucha contra la pobreza.
Aquí se nos ha hablado, asimismo, del aumento de las pensiones asistenciales. Es bueno, entonces, agradecer al Gobierno Militar, que tuvo la iniciativa de crear ese beneficio. Ello, para que coloquemos las cosas exactamente en su lugar y el país entienda que todos tenemos conciencia de nuestro deber para con las personas de la tercera edad, etapa a la cual algunos Senadores hemos llegado y que otros están próximos a alcanzar.
Este proyecto, señor Presidente, partió politizado. El Gobierno dijo que la Centroderecha se oponía al reajuste de pensiones porque, junto con el aumento, traía una verdadera reforma tributaria.
¿Qué quedó de esa cortina de propaganda? Las palabras de hoy del señor Ministro de Hacienda, a cuya versión textual y honesta me remito: "El proyecto que despacha el Senado, con acuerdo con esta parte dura del país, es mejor que el mensaje enviado por el Ejecutivo".
¿Qué hemos tenido presente en esta iniciativa? Primero, que hay un financiamiento y un incentivo al ahorro temporales. ¿Qué significa esto? Nada más que estamos dispuestos a revisar nuestra política tributaria y los incentivos -como bien lo señaló el señor Ministro de Hacienda- en cuatro años, y que, sin duda, ello no implica que no exista en todos nosotros el compromiso moral, aunque no sea explicitado, de encontrar siempre los recursos adecuados para el correcto financiamiento fiscal.
Se dice que vamos a llegar a un acuerdo en materia tributaria. ¡Dios lo quiera! El país necesita una política de acuerdos en materia tributaria en algunos años más. Y no creo que el acuerdo sea para subir los tributos, sino para bajar las tasas, pues tendremos crecimiento del país y mejor fiscalización.
En consecuencia, el experimento -todos lo estamos aprovechando- que significa no cargar a los privados con tributos exagerados contribuye a crear crecimiento.
Ha aumentado la capacidad de trabajo del país y, sin discusión (lo ha dicho el propio Gobierno), ha habido un incremento real en los salarios durante estos años.
Hemos creado medidas de ahorro, no porque nos interese la Bolsa de Comercio en sí, sino porque tenemos conciencia de que al defender a aquélla y el valor de las acciones estamos defendiendo las pensiones futuras.
En consecuencia, reajuste para las pensiones, que pertenecen en su mayoría al fracasado sistema antiguo. Defendamos el valor de nuestros papeles económicos para asegurar el funcionamiento del sistema de pensiones existente.
Por eso, señor Presidente, estoy satisfecho del resultado de esta política de acuerdos que mi Partido ha llevado invariablemente con los Gobiernos de la Concertación, desde la primera reforma tributaria, la reforma laboral, y hoy, con el reajuste de las pensiones.
Voto a favor del proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Según lo acordado, corresponde continuar votando por orden alfabético. Cada señor Senador tiene derecho a fundamentar su voto.

El señor MORENO.- Se modificó el orden, señor Presidente. Porque estoy inscrito para intervenir y aún no se me ha dado la palabra.

El señor ZALDIVAR, don Andrés (Presidente).- Creí que Su Señoría ya había hablado.

El señor MORENO.- No, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Entonces, señor Senador, le doy excusas por la omisión, que es involuntaria, pues yo no estaba presidiendo cuando se anunció su intervención.
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.

El señor MORENO.- Señor Presidente, en nombre de la Democracia Cristiana, expreso nuestro apoyo y aprecio a la iniciativa que se está votando hoy. Es una señal positiva para el país, sobre todo para un sector de la sociedad que quizá está adquiriendo una dimensión distinta de la que ha sido tradicionalmente nuestra forma de percibir la organización de la nación.
El sector pasivo está creciendo y continuará haciéndolo en el futuro, dado que la vida se alarga para todos. Y esto, prácticamente en todas las familias de Chile, cualesquiera que sean su edad y el tiempo en que se hayan formado, está pasando a constituir un elemento determinante en las relaciones sociales, económicas y culturales.
El proyecto, teóricamente, beneficia a un millón 380 mil personas. Pero no es así; abarca a un sector mucho más amplio. Porque quienes conocemos la realidad, sobre todo la de numerosos pensionados que están en las categorías asistenciales o en la mínima, sabemos que muchos de ellos son asistidos económicamente por sus familias y albergados incluso en sus propias casas, con lo que el presupuesto familiar se ve afectado para más de un millón 380 mil personas, que son las favorecidas directamente por la iniciativa.
Por eso, el proyecto toca en forma directa a los estratos más pobres del país. Y posteriormente, de manera gradual, como se ha señalado aquí, alcanzará a vastos sectores de la clase media.
Se trata de un gesto de solidaridad que, obviamente, debe ser apreciado y reconocido.
Se han dado en la Sala, señor Presidente, argumentos que es necesario destacar.
Cuando el Ejecutivo envió el proyecto al Parlamento, la Oposición objetó tenazmente la forma en que venía presentado, y sostuvo, como lo han expresado algunos señores Senadores, que se trataba de una reforma tributaria encubierta.
Hubo un documento, firmado incluso por Senadores de la Oposición, que se envió al señor Ministro de Hacienda, donde se le hacía ver la negativa a apoyar el proyecto en los términos en que estaba concebido, estableciéndose políticamente una doble línea de trabajo: una, separar el tema del financiamiento de las pensiones, y otra, indicar la fuente de los recursos necesarios para solventar el gasto.
Vale decir, manifestaron al Ejecutivo -así consta en el texto que tengo a mano; y está en las declaraciones públicas- que el reajuste de pensiones había que financiarlo recurriendo a un argumento populista: "Que paguen los futuros Presupuestos, de 1999 y del año 2000". O sea, que el Gobierno no tendría los recursos y debería hacer cargos a Presupuestos futuros.
Eso, en lenguaje concreto, se denomina "populismo": apoyar la idea, pero sin dar los fondos para materializarla.
La Democracia Cristiana se opuso a ese procedimiento y planteó desde el primer momento, junto con la Concertación y el Ejecutivo, que el reajuste debía financiarse con recursos específicos consignados en la ley y pagarse el 1º de septiembre. Y nos alegra sinceramente que se vaya a pagar ese día.
No se trata de politizar o ideologizar los argumentos, señor Presidente. Pero aquí se ha manifestado que, respecto de lo que estamos hablando, existe toda una ligazón con el tema de las administradoras de fondos de pensiones.
Ése es un argumento incorrecto. Y emplazo al señor Senador que lo adujo a que diga por escrito cuántas pensiones asistenciales va a financiar en diez años más el sistema de las AFP, instituciones manejadas por un grupo claramente identificado en la política chilena y que en la actualidad está obteniendo rentabilidades negativas.
Entonces, no digamos a los más modestos de Chile que están en condiciones de recibir caridad, porque son los herederos de un sistema en que la solidaridad los reconocía como pensionados.
Por consiguiente, deseo dejar absolutamente claro que hemos respaldado desde el inicio esta iniciativa, en su concepción y en su forma, y que debimos ajustarnos a arreglos porque creíamos que no íbamos a tener en el Senado los votos necesarios para aprobarla.
¡Ésa es la verdad! ¡Y la gente debe conocerla!
Señor Presidente, en nombre de la Democracia Cristiana, reitero nuestra complacencia, primero, porque los pensionados recibirán su reajuste el 1º de septiembre, y segundo, porque ésta es una iniciativa del Gobierno, de la Concertación, apoyada por mi Partido, para dar satisfacción a un sector que ha sido largamente postergado.
Voto que sí.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Continúa la votación en orden alfabético.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, junto con anunciar que votaré a favor del proyecto, quiero decir que siempre he apoyado a los jubilados, por entender que han sido postergados durante muchísimos años.
Ese importante grupo de personas, ayer trabajadores activos, entregó lo mejor de su vida en beneficio de la patria. Los descuentos que se les hacían alcanzaron hasta 48 por ciento de sus sueldos, dinero que el Estado recibió a cambio de una promesa: otorgarles pensiones justas al llegar a la vejez, compromiso que aquél, finalmente, no cumplió.
En esto caben responsabilidades a todos los Gobiernos pasados, que recibieron los recursos y los invirtieron en empresas mal llamadas "estatales", pues se formaron con dineros de los trabajadores. Por lo tanto, ellas son y han sido de los trabajadores, pues, a fin de cuentas, los fondos de éstos sirvieron para crear esas fuentes de trabajo y de riqueza para el país.
El producto de la privatización de dichas empresas, por lo tanto, debió destinarse a aumentar las pensiones, lo que no ocurrió, pues se utilizó para cubrir el gasto corriente de Chile y lograr ciertos ajustes. Seguramente éstos eran muy necesarios, pero me parece que había una obligación previa ineludible, un compromiso de devolver ese dinero a sus dueños.
Todavía quedan muchas empresas del Estado por privatizar, y corresponde, por ende, que los recursos recaudados por tal concepto sean entregados a esos ancianos antes de que mueran.
Es fácil postergar los reajustes de pensiones, porque cada vez hay menos beneficiarios. Fue lo que sucedió durante el Gobierno militar, cuando el 10,6 por ciento no otorgado y la congelación de las pensiones significaron sin lugar a dudas un beneficio económico, por la postergación determinada.
Hoy, cuando el Ejecutivo asume el compromiso, que es de todos los chilenos y no sólo de él, de entregar mejores pensiones, no podemos sino aplaudir.
Considero, por lo tanto, que los acuerdos políticos logrados apuntan en el sentido correcto. Entender que ésta es una obligación de todos, sin excepción, que significa hacer justicia a los ancianos -todos llegaremos a serlo- y cumplir un deber moral ineludible, constituye un avance en la dirección correcta de entregar estos aumentos, que, aunque menguados, implican un beneficio. Y si junto con ello se idean sistemas adecuados para lograr ahorros, también es positivo, puesto que, a fin de cuentas, lo que necesita el país para continuar creciendo es precisamente aumentar el ahorro.
En consecuencia, no cabe duda, como bien dijo el señor Ministro de Hacienda, de que lo sugerido por el Gobierno ha sido mejorado una vez más, como normalmente ocurre en el Senado: las distintas posiciones sostenidas y las ideas aportadas han hecho que el proyecto sea, en definitiva, mejor que el original. Para eso es precisamente la labor que en democracia debe desarrollar el Poder Legislativo.
En consecuencia, junto con votar a favor y aparte algunas observaciones respecto de ciertas materias de orden tributario que no son del caso analizar ahora, creo que este avance en hacer justicia a estos ancianos es extraordinariamente positivo.
En cuanto a la rentabilidad de las AFP, cabe hacer presente que ella no es más que el resultado de haber mantenido en crecimiento la UF durante nueve años mientras bajaba el valor del dólar. Es fácil vivir "en un mundo de Bilz y Pap" mientras ya no se mantiene fijo el valor de la divisa, sino que se hace declinante, lo cual aumenta en exceso la demanda interna y genera los problemas que hoy enfrenta el país. Entonces, al ajustarse la economía a las condiciones internas y externas que vive Chile, baja la rentabilidad de todos los fondos, sean de pensiones o de otra naturaleza. De modo que no conviene mezclar una cosa con la otra.
En suma, al mismo tiempo que voto favorablemente, celebro el hecho de que en democracia, una vez más, se hayan armonizado puntos de vista diferentes para hacer mejor el texto original del Ejecutivo.
Voto que sí.

El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, votaré favorablemente el proyecto, en primer lugar, porque estoy de acuerdo con el aumento que contempla, aspiración cuya materialización era largamente esperada por los pensionados. Obviamente, los ingresos fiscales no permiten un reajuste mayor, especialmente en las actuales circunstancias. Sin embargo, estimamos que, en lo referente a las pensiones asistenciales y a las pensiones mínimas, puede significar un incremento sustancial que en alguna medida mitigue la aflictiva situación en que se encuentra este sector.
Para los demás pensionados, fundamentalmente aquellos que recibirán el beneficio en 1999 y quienes efectuaron importantes cotizaciones durante su vida, 8 mil pesos no les será de gran significación. Debemos enfocar este mejoramiento desde el punto de vista de las pensiones asistenciales y de las pensiones mínimas. En cuanto a las otras, me parece que en su oportunidad tendremos que analizar la forma de incrementarlas para los más afectados y que durante toda su vida hicieron cotizaciones muy importantes respecto de su sueldo. Se trata de porcentajes bastante altos aportados por quienes, como consecuencia del deficiente sistema previsional que regía y que motivó una gran reforma que comenzó a regir el 1º de mayo de 1981, se encuentran hoy día en una situación muy desmejorada.
En todo caso, creemos que el proyecto es un paso muy relevante, y por eso lo apoyaremos. Al mismo tiempo, celebro el acuerdo a que se llegó en materia tributaria. Creo que la colaboración de todos los sectores permitió perfeccionar la iniciativa y lograr de manera equilibrada los recursos que se requieren para financiar este aumento de pensiones.
Sobre el particular, es importante destacar los incentivos que se otorgan al ahorro, especialmente en cuanto a la posibilidad de considerar sólo una parte de ellos para los efectos de los impuestos; vale decir, la mitad de los intereses y otros beneficios obtenidos por el contribuyente. Es una modalidad que no existía, y nos parece que así podremos contribuir a mejorar la situación de los sectores medios de la población, favoreciendo al mismo tiempo el ahorro.
Estimo que el acuerdo es conveniente y ha sido muy bien estudiado. Por eso, voto que sí.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, pienso que se ha dicho todo. Y, como dice el practicante, "hay que ir directo al grano".
Celebro el acuerdo logrado en el Senado, que permite garantizar crecimiento económico y avance en solidaridad social para los jubilados de Chile.
También se han alcanzado acuerdos importantes, pero que siempre generaban un vacío permanente, con respecto a la situación de los afectos a los beneficios de las mutualidades. Sin embargo -como se señaló-, quedan muchos temas pendientes para el sector de la tercera edad. No se crea que este acuerdo político es un punto final, sino que es un punto seguido, y debemos seguir trabajando para insertar a estas personas en su dimensión completa al quehacer digno de Chile.
Me pronuncio a favor.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, quiero manifestar mi absoluta conformidad con el proyecto que ahora estamos votando, por cuanto contribuye a aumentar las pensiones de un sector que en justicia requiere de la mayor consideración de parte de todas las autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del país.
Hay un deber de justicia para un sector que ha sido postergado por distintas circunstancias y que hoy día está viviendo en condiciones de mucha dificultad. Por eso, me alegro del incremento de las pensiones y, particularmente, de las asistenciales, que subirán más sustantivamente que las restantes. Y lo merecen, pues la pensión asistencial actualmente, para quienes carecen de sistema previsional, recién alcanza a poco más de 23 mil pesos.
Aprovecho la presencia del señor Ministro de Hacienda para decir que, ojalá -dado que quienes necesitan pensión asistencial son mucho más de 350 mil-, en el próximo Presupuesto se amplíe el número de sus beneficiarios, de manera que también las reciban aquellas personas que las requieren y que hoy viven en condiciones de mucha miseria, pues, como los cupos se hallan limitados a esa cifra, no tienen acceso a ellas.
Con todo, junto con expresar mi voto favorable y entusiasta a este incremento de las pensiones, no puedo dejar de reflexionar acerca de la forma como se nos presentó este proyecto. Ocurre que un alza de pensiones, necesaria, querida y compartida por todos, está ligada, a través de una iniciativa, a aspectos que finalmente tienen poca relación con la materia en análisis. Porque, ¿qué tiene que ver el buscar mecanismos de incentivo a la inversión y al ahorro con aumentar las pensiones? En verdad, se podrá cuestionar el financiamiento y habrá que buscar en las fuentes generales lo que se requiere. Pero vincular algo tan preciso a un incremento de pensiones creo que es una consideración compleja y difícil de aceptar desde el punto de vista conceptual o técnico. Porque pareciera casi una extorsión: aquel que no está de acuerdo con un cambio tributario puede verse en la disyuntiva de no aceptar un aumento de pensiones. Por cierto, esto jamás ocurrirá; siempre se aprobará, pero se doblará la mano a quienes desean un sistema tributario distinto, que no guarde relación con el tema de las pensiones.
En ese sentido, quiero ser honesto: hay un acuerdo. Lo valoro. Pero de todas maneras, habría votado favorablemente el proyecto. En todo caso, me gustaría transmitir a las autoridades que este mecanismo no es el más adecuado para solventar un sistema de pensiones.

El señor OMINAMI.- ¡Podría haberlo dicho antes, señor Senador!

El señor GAZMURI.- Sí, nos habríamos ahorrado tiempo.

El señor LARRAÍN.- Para otra vez, ténganlo presente. Si hubieran consultado con anterioridad, podrían haberse encontrado con la sorpresa.

El señor GAZMURI.- ¡Nos habríamos ahorrado quince días!

El señor LARRAÍN.- A pesar de que finalmente se llegó a un acuerdo, en donde ambos lados efectuaron concesiones, todos saben que en la realidad es imposible detener un alza de pensiones. Pero no es correcta la forma como se hace.
Por eso, pido que, en lo sucesivo, se desliguen las cosas y se haga un análisis justo de lo que corresponde en los incrementos de pensiones. Hay muchos otros asuntos que resolver; por ejemplo, es inconcebible que alguien gane menos de la pensión mínima. Y resulta que hay cientos de miles de jubilados que perciben un monto inferior que ella. Eso no es aceptable. Pero tampoco los que ganan más que ella están viviendo en Jauja, porque sus pensiones también son modestas.
Por lo tanto, debemos realizar un estudio integral de esa situación. Pero -insisto- ¿por qué debemos ligarla a un sistema de reforma tributaria o a otras modalidades que no se relacionan con el tema en cuestión?
Creo, por lo demás, que hay mucho que hacer en este ámbito y que ello tiene que ver con los ingresos futuros del país. El Senador señor Parra ya formulaba una interesante reflexión en tal sentido: la de que, a partir de cierto período, el cambio del sistema previsional permitirá aligerar la carga del Estado.
Y comprometer los recursos futuros -me perdonará el Honorable señor Moreno, quien no se halla presente- no es "populismo". No lo es, en efecto, cuando se sabe que se encontrarán disponibles. Me pareció profundamente inadecuada la expresión.
Por lo demás, todas las modificaciones que determinamos al aprobar la ampliación de un servicio público o al votar, mañana, el proyecto que beneficia a los exonerados políticos, ¿acaso no importan comprometer recursos del presupuesto futuro? ¿Es eso populismo?
A mi juicio, se abusa cuando se utiliza esa clase de términos para discutir lo que suscita, a lo mejor, discrepancias. Estimo inapropiado tal procedimiento, porque ni el Senador señor Parra ni quienes aprobamos en muchas ocasiones otros incrementos incurrimos en actuaciones populistas.
Seamos francos: Chile contará en el futuro con una cantidad de mayores recursos disponibles. Y lo que se requiere discutir, quizás con tiempo, es cómo se responde a los compromisos que se enfrentan con el sector pasivo, por ejemplo, y otros, para efectuar una asignación que priorice lo que realmente interesa.
Y si lo anterior se lleva a cabo con un mayor horizonte de tiempo podremos restablecer, quizás, equilibrios sociales pendientes, porque en este momento se va resolviendo en forma parcial, anual, una cuestión que, con una perspectiva de más años, podría ser solucionada de mejor manera.
Con todo, señor Presidente, por la justicia del planteamiento que nos ocupa, voto que sí al alza en las pensiones.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, quisiera fundamentar mi voto en dos aspectos. El primero de ellos radica en que la modificación legal en debate afecta a un gran universo de chilenos, dentro del cual alcanza a beneficiar a cierto número de personal pensionado de las Fuerzas Armadas y de Carabineros retirado hace más de 20 años, en el viejo sistema y con los conceptos de jubilación que existían, hallándose en una etapa muy temprana de su carrera. Después no pudieron, por diferentes causas, rehacer esta última o su actividad y hoy reciben pensiones mínimas, muy bajas, encontrándose ahora incluidos en el proyecto.
Se trata de una cuestión fundamental y lo anterior me fue asegurado por el señor Subsecretario, ante una consulta directa formulada por dos señores Senadores en su oportunidad. Y, si ello es así, resulta absolutamente positivo, porque el sector mencionado se encuentra en una tremenda situación socioeconómica.
El segundo punto es que me preocupa el concepto de la competitividad de Chile en el mundo globalizado, al que estamos entrando, lo que obligará a contar con un Estado, con un país, como organización geográfica, y con un Gobierno eficiente en promover los factores que aseguren el remontar en la escala mundial de competitividad. Y ello se logrará al mejorar en algo la condición humana y social de un estamento muy débil de la sociedad, sin que eso signifique un quiebre en el sistema tributario, en su efecto de desarrollo, en el campo de la macroeconomía, y en la medida en que el aumento real del incentivo al ahorro incremente la base económica que da seguridad para que el país crezca a un alto ritmo anual y, además, proporciona la fortaleza para soportar las crisis mundiales.
Como todos esos elementos son de la mayor importancia, tanto nacional, en el sentido de constituir un paso firme en la solidaridad y la unión, como en el campo internacional, porque se promueve una imagen de solidez estructural económica, mi voto es favorable a esta iniciativa.

El señor SILVA.- Señor Presidente, se ha afirmado numerosas veces que las comisiones son inútiles y que el Gobierno ha nombrado muchas. Asimismo, se ha expresado en el debate que el proyecto se inició, según se dijo textualmente, con carácter politizado.
Deseo salvar, precisamente, lo relativo al inicio. En verdad, la normativa en análisis nació en una comisión asesora del Primer Mandatario, dirigida por su esposa y de la cual tengo el honor de formar parte. En efecto, en la comisión asesora de la acción del Presidente de la República para la tercera edad y el adulto mayor, entre otras formulaciones de proyectos en bien de ese sector, se concibió como algo absolutamente fundamental el plantear al Jefe del Estado la necesidad de disponer una iniciativa en el campo del aumento de las pensiones, por encontrarse considerablemente deterioradas y no satisfacer en modo alguno la finalidad de permitir el desarrollo elementalísimo de vida a la gente de la tercera edad, que constituye 77 por ciento de los chilenos hoy en situación de extrema pobreza. De manera, pues, que la justificación de la normativa era por completo indiscutible, desde ese punto de vista, y tal vez por ello todos los señores Senadores la han apoyado en esa parte.
Lo que se ha estado discutiendo es la creencia de que se politizó otra parte, al hacerse referencia, básicamente, a lo concerniente al financiamiento, que no fue obra, naturalmente, de la comisión. Y no creo que haya habido politización al respecto, sino discrepancia en el orden de los criterios esenciales para buscar los recursos que permitieran el pago del beneficio.
Deseo recordar que en la comisión se propuso al Presidente de la República -quien lo aceptó- el aumento de las pensiones, pero se expuso, también, la conveniencia de reparar gradualmente injusticias que se registran hasta hoy. Baste tan sólo decir que la viuda de un militar es más que la viuda de un civil: esta última no puede obtener, como los señores Senadores lo saben bien, más de 50 por ciento de la pensión de jubilación del cónyuge fallecido, en tanto que la primera sigue percibiendo hasta hoy el ciento por ciento por el mismo concepto. Ello no recibe calificativo de ninguna especie, como no sea el de que en ese ámbito siguen existiendo clases privilegiadas. Y tanto más, todavía, cuando en la actualidad, como muy bien lo expresó el Honorable señor Parra, las pensiones de los acogidos a la disciplina militar, en una gran medida, siguen siendo financiadas con cargo, determinantemente, a los recursos del Estado, lo que no sucede en los mismos términos en el caso de las civiles.
Por estas razones, señores Senadores, la comisión asesora para la tercera edad propuso al Primer Mandatario una ley de aumento en las pensiones, lo que, dentro del sentido social que ha guiado la política del Presidente de la República, se materializó de inmediato en su decisión de someter el tema a estudio por parte de las autoridades del Ministerio de Hacienda.
En consecuencia, voto favorablemente la iniciativa, porque creo que condice con un sentido auténtico de equidad, en primer lugar, y, en seguida, por constituir, simplemente, el inicio de la formulación de una política social que habrá de hacer justicia en plenitud en el caso de las pensiones.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, considero que para todos los aquí presentes, sin duda, éste es uno de los problemas sociales más graves que tenemos en el país.
Para quienes fuimos candidatos y estamos aquí sentados porque nos eligieron, ciertamente, éste fue uno de los temas planteados con mayor reiteración durante nuestras campañas. Y todos adquirimos el compromiso de dedicar tiempo, esfuerzo y energía para ver cómo solucionar el problema de los jubilados.
Reconozco absolutamente lo señalado esta tarde, respecto de lo mucho que se ha avanzado en esta materia durante los Gobiernos de la Concertación. A pesar de ello, no cabe duda de que se partió de muy bajo. Por tanto, hoy la situación de los pensionados dista mucho de la que debería ser en justicia. Y no me refiero sólo a los que reciben las jubilaciones más bajas, sino que incluso a quienes deberían tener alguna recompensa que diga relación con el esfuerzo con que ellos -o sus cónyuges- en su minuto entregaron al Estado.
Por otra parte, señor Presidente, me asalta una duda política fuerte esta tarde después de escuchar el debate: no sé si el acuerdo a que se llegó es positivo. Quizás habría sido mejor votar el proyecto tal como lo envió el Gobierno y que la Oposición lo rechazara, para que entonces hubiera quedado claro en el país quién vota de una forma y cuál lo hace de otra. Porque con este acuerdo da la sensación de que todos por igual se preocupan de los pensionados, tienen sentido social y contribuyen al bien de los más pobres.
Tengo la impresión -por el debate que hubo y las palabras escuchadas- de que no es así. Por el contrario, el Gobierno ha debido ceder en algunos temas esenciales, no en bien del funcionamiento del sistema económico, sino que para proteger ciertas y determinadas posiciones económicas. Eso ha llevado, por realismo, a lograr este acuerdo. Y, además, ello sirve de test de lo que será la mayoría de este Senado en materias económicas.
Por eso, es bueno que la opinión pública sepa que el proyecto que despacharemos no es el que hubiéramos querido, ni el aprobado por la Cámara de Diputados, ni el que desea la mayoría de la Concertación, sino que es el proyecto posible, dadas las condiciones adversas existentes en el Senado, según las mayorías en materia económica.
Por otro lado, señor Presidente, entiendo que éste es un punto de partida. El propio Presidente del Senado ha señalado que sería importante realizar un esfuerzo nacional quinquenal para mejorar las pensiones. Ésa u otras iniciativas que tome el actual Gobierno o el futuro son muy importantes para resolver -o contribuir a resolver- en parte una deuda social grande que existe en este país con las personas de la tercera edad.
Supongo que cuando comience la campaña presidencial, cada candidato dirá cómo abordará el tema de los pensionados. Y los candidatos de la Oposición deberán decir qué piensan hacer para mejorar las pensiones y de dónde obtendrán los recursos para su financiamiento. Otro tanto dirá el de la Concertación, una vez que esté designado.
En ese espíritu, señor Presidente, con la conciencia de que es un acuerdo entre posiciones diferentes y con el compromiso de continuar trabajando por los pensionados, voto a favor.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, más que alegrarnos del acuerdo y de la votación, está claro que debemos ser un poco realistas y decir que, al menos, se han dado los pasos que en justicia corresponden. Eso es todo.
No podemos pensar y llegar al absurdo de creer que con esto vamos a resolver el problema. Estamos frente a una realidad en la que una parte inmensa de compatriotas nuestros, que con su trabajo de muchos años hicieron posible el desarrollo que el país contempla hoy día, sienten con toda justicia que han ido quedando atrás, quizás por razones del mismo sistema o, a veces, por egoísmo para resolver sus problemas.
En tal sentido, esta ley en proyecto reparará en parte esa injusticia. Pero falta mucho por caminar y es importante que sigamos avanzando para que los sectores de la tercera edad del país, fundamentalmente aquellos que viven de una pensión mínima, asistencial o de una modesta jubilación, tengan el derecho y el espacio que les corresponde.
Asimismo, deseo expresar con toda claridad que hay que tener presente que la iniciativa no sólo fue producto de un acuerdo. Aquí existió voluntad política, porque el Ejecutivo presentó el proyecto a través de su Ministro de Hacienda, don Eduardo Aninat. Se trata de una política seguida permanentemente por parte de los Gobiernos de la Concertación, y después de ocho años podemos afirmar que en verdad las pensiones mínimas -en moneda constante, debidamente reajustada- se han más que duplicado y las pensiones asistenciales han experimentado un aumento todavía mayor.
Reitero: aquí hay voluntad política por parte del Gobierno y del Ministro de Hacienda para avanzar. Y nos alegramos de que hoy también podamos llegar a este acuerdo en el Parlamento, en el Senado. Pero debo precisar -insisto en esto- que aquello no es suficiente; habrá que seguir y este Gobierno y los futuros no deberán desmayar para otorgar a este sector de chilenos lo que en justicia merecen.
Por eso, voto a favor.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (44 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Bitar, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Cordero, Chadwick, Díez, Errázuriz, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lagos, Larraín, Martínez, Matta, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pérez, Pizarro, Prat, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Stange, Urenda, Valdés, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo de votar el señor Lavandero.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- A continuación corresponde discutir la iniciativa en particular.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, hay que votar las indicaciones del Presidente de la República.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En concordancia con los acuerdos de Comités, se darán por aprobados todos los artículos acogidos por unanimidad en la Comisión, sobre los que no hayan recaído indicaciones.
--Se aprueban.

El señor LAGOS (Secretario).- A continuación, corresponde ocuparse en las siguientes indicaciones renovadas por el Ejecutivo:
La primera tiene por objeto sustituir, en el artículo 18, inciso cuarto (que pasó a ser tercero), las expresiones "del 1º de mayo de 1998" por "de la fecha de publicación de la presente ley.".
La segunda es para agregar el siguiente inciso final al artículo tercero transitorio:
"Los contribuyentes que por aplicación del inciso anterior, no puedan descontar el pago de la contribución territorial del impuesto de primera categoría, respecto de un inmueble cedido en arrendamiento o uso a una persona natural relacionada, podrán enajenárselo a ésta dentro del plazo de dos años contados desde la publicación de la presente ley, al valor neto que tenga para efectos de la Ley de Impuesto a la Renta. Para hacer uso de este beneficio, será necesario que dicha persona natural ocupe el bien raíz como casa habitación permanente, para sí o su familia, al momento de la publicación de esta ley. En este caso no será aplicable lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario ni lo previsto en los artículos 1888 y siguientes del Código Civil.".
La última consiste en sustituir, en el artículo sexto transitorio, la expresión "primer día del mes siguiente al de publicación de esta ley" por "1º de septiembre de 1998.".

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se darán por aprobadas.
Aprobadas .
--Queda aprobado en particular el proyecto, y despachado en este trámite.


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, deseo puntualizar un aspecto y expresar un agradecimiento.
Sin hacerme cargo en este momento del cúmulo de observaciones, comentarios y análisis desarrollados por los señores Senadores, deseo precisar que en materia política -como todos sabemos- existe una diferencia entre lo óptimo, lo viable, lo deseable y lo realizable.
Aquí hemos intentado presentar de determinada manera un proyecto. Por supuesto, éste fue sometido al conocimiento de las Comisiones del Congreso Nacional, primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado, y fue perfeccionado -como señalé- en distintos artículos y componentes; pero también debió sujetarse a la negociación, honorable y democrática, que corresponde a un Parlamento. En este sentido, el Poder Ejecutivo que represento ha debido ceder algunas posiciones que en verdad sostiene firmemente y a largo plazo, así como los distintos señores Senadores han ajustado sus posiciones en el tiempo. Ello pertenece al trabajo efectivo de toda democracia que funciona bien.
Ésa es la puntualización que quería hacer para la historia de la ley.
Creo que lo más destacable es que mediante este paso dado en el Senado con el esfuerzo de todos, se ha avanzado hacia el pronto y oportuno pago del reajuste a un millón 400 mil personas que estaban esperando este beneficio, quienes verán aumentadas sus pensiones en porcentajes sustantivos para su poder adquisitivo real, enormemente disminuido como herencia de una situación histórica prolongada por mucho tiempo.
Aquí se ha llegado a un acuerdo que he valorado en nombre del Ejecutivo. Para arribar a él se han recogido diversas observaciones. Sin embargo, hay que seguir avanzando en el tema.
Me siento orgulloso de representar al Gobierno del Presidente Frei cuando se ha dado este paso decisivo en la Sala del Senado de la República.
Gracias, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ha terminado el Orden del Día.
CREACIÓN DE TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL.
PROYECTO DE ACUERDO

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El señor Secretario dará cuenta de un proyecto de acuerdo presentado a la Mesa.

El señor LAGOS (Secretario).- Está suscrito por los Senadores señores Viera-Gallo, Hamilton, Parra, Bitar y Silva, y expresa:
"El H. Senado respalda la suscripción por parte del Gobierno de Chile del tratado que crea el Tribunal Penal Internacional, sin perjuicio del análisis de su contenido cuando le sea sometido para su ratificación.".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LAGOS (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
_____________
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor FERNÁNDEZ:
Al señor Ministro de Hacienda, acerca de REBAJAS PRESUPUESTARIAS EN PROGRAMAS Y OBRAS DE REGIÓN DE MAGALLANES.
De los señores HORVATH y CANTERO:
A los señores Director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Rector de la Universidad de Antofagasta, Director General de Aguas y Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, relativo a CONTAMINACIÓN DE RÍO LOA Y OTRAS ÁREAS DE INFLUENCIA MARÍTIMA POR VERTIMIENTOS.
Del señor LARRAÍN:
A los señores Ministros del Interior y de Obras Públicas, respecto a MEDIDAS PARA ENFRENTAR EVENTUAL SEQUÍA EN EL PAÍS Y ESPECIALMENTE EN SÉPTIMA REGIÓN.
Al señor Ministro de Obras Públicas, con relación a ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE EMBALSES PARA PROVINCIA DE LINARES (SÉPTIMA REGIÓN).
De los señores LARRAÍN, RÍOS, ABURTO, CORDERO, DÍEZ, URENDA, FERNÁNDEZ y MARTÍNEZ:
Al señor Ministro de Salud, sobre AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES HOSPITALARIAS DE VILLA BAVIERA PARA ATENCIÓN AMBULATORIA (SÉPTIMA REGIÓN).
_____________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde iniciar la hora de Incidentes.

El señor LARRAÍN.- ¿A qué hora termina la sesión, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Una vez que concluyan los turnos de Incidentes, señor Senador.

El señor PRAT.- Tengo la impresión de que se prorrogó sólo para los efectos del despacho del proyecto.

El señor LARRAÍN.- ¿Está convocada hasta las 20?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No, Su Señoría. La prórroga del Orden del Día es sin perjuicio de la hora de Incidentes. La sesión se prolonga todo el tiempo que sea necesario para llevar a cabo esta última parte de ella.
En primer lugar está el turno del Comité Socialista.

El señor NÚÑEZ.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La tiene, Su Señoría.


RÉPLICA A LIBRO "PINOCHET Y LA RESTAURACIÓN
DEL CONSENSO NACIONAL"

El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, en representación de la bancada de Senadores del Partido Socialista de Chile y muy especialmente de la familia del ex Presidente de la República Salvador Allende Gossens y de su viuda Hortensia Bussi, en esta ocasión responderé a las graves y falaces afirmaciones que se hacen en el libro denominado "Pinochet y la restauración del consenso nacional", cuyos autores son el señor Julio Canessa, ex Vicecomandante en Jefe del Ejército, ex integrante de la Junta Militar y actual Senador designado, y el abogado señor Francisco Balart.
Como dije hace algún tiempo, los hechos acaecidos luego del cruento golpe de Estado del año 1973 y la instauración de la dictadura del General Pinochet han sido objeto de las más diversas interpretaciones y lecturas. Un país tan escindido políticamente como lo era Chile en ese momento, no puede sino que generar historias, relatos y explicaciones que, puestos al tamiz de la historia objetiva, difícilmente logran ser concordantes entre sí. En este contexto y de un modo acrítico, el régimen militar y sus partidarios han querido levantar su verdad como única e inamovible, y en ese intento algunos han caído en la mentira, la injuria y la falsedad más absoluta.
En efecto, los autores del referido libro, paradójicamente titulado "Pinochet y la restauración del consenso nacional", han continuado esta suerte de doctrina historiográfica entregando su particular visión histórica a través de un conjunto de afirmaciones que constituyen una visión sesgada de la reciente historia de nuestro país bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet.
Una cosa es pretender justificar sus acciones haciendo una lectura parcial de los hechos ocurridos en Chile, y otra muy distinta es denostar de manera soez y vulgar a personas que piensan distinto, a chilenos que miran los acontecimientos del pasado de manera opuesta.
Sin duda, existen visiones políticas y paradigmas ideológicos que nos separan y que aún hacen difícil concordar en una visión única de los hechos acaecidos. Por cierto, en este campo tenemos diferencias que nos separan. Debemos asumirlas sin por ello dejar de actuar en los espacios abiertos por la democracia reconstruida. Sin embargo, hay otras discrepancias que no dejan de sorprendernos cuando ellas se manifiestan u objetivan como en esta ocasión. Tales diferencias forman parte del reino de la moral y de la ética, y se enmarcan en la esfera de los principios y valores superiores.
El General en retiro y hoy Senador designado señor Canessa, en conjunto con el abogado señor Francisco Balart, en la publicación referida han entregado una visión de la historia reciente de Chile que camina precisamente por los senderos de la mentira. Y en su intento no trepidan en ensuciar la honra de personas como Hortensia Bussi de Allende, quien a pesar de su dolor personal asumió la tarea de denunciar ante la comunidad nacional e internacional los graves acontecimientos que ocurrían en el país.
Mencionar, por ejemplo, sólo las visitas de la señora Bussi a Moscú y omitir el respaldo a la causa antidictatorial chilena (que ella encarnó) de líderes mundiales como Olof Palme, Felipe González, Helmut Schmidt y Francois Mitterrand, entre otros, implica caricaturizar la historia y constituye una falta de objetividad incalificable por parte de quienes todavía no asumen que el régimen militar fue rechazado no solamente por los países situados tras la denominada "Cortina de Hierro", sino también por las principales democracias occidentales.
Además, los autores del libro señalan: "Hortensia Bussi -cónyuge de Salvador Allende, aunque en los últimos años sólo vagamente unidos- fue recibida con los brazos abiertos por ese país maravilloso que es México.". Y continúan manifestando: "Después de un breve pero merecido descanso en esa posta, siguió viaje a Moscú. Allí, en el Congreso Mundial de las Fuerzas de Paz,"fue festejada como la última de una larga lista de heroínas revolucionarias", lo que para los chilenos no pudo menos que ser jocoso".
"La metamorfosis de que fue objeto Hortensia Bussi sólo se explica en términos de propaganda. Después de todo sus opiniones, al menos mientras Allende estuvo en este mundo, carecían de interés. Sin embargo, "fue transformada de una mujer desdeñada, en valiente viuda""(cita atribuida a un señor de apellido Whelan).
¿No recuerda el señor Canessa que la residencia de Tomás Moro, donde estaba la señora Tencha, fue bombardeada y que ella tuvo que sobrevivir a la experiencia atroz que significó esa operación?; ¿o los esfuerzos que hizo para dar digna sepultura a su marido en el Cementerio Santa Inés, de Viña del Mar, cuando entre patrullas militares advirtió a los pocos presentes que allí se estaba sepultando a un Presidente de Chile?
Es más. Los autores prosiguen diciendo: "Pero su base de operaciones fue la ciudad de México. Allí, en el exclusivo barrio El Pedregal del Ángel, compró en octubre de 1973 una mansión por la que pagó 240.000 dólares. El Kremlin, reconociendo sus valiosos servicios, el 30 de septiembre de 1977 le otorgó el Premio Lenin.".
¿Acaso los autores pretenden insinuar que la familia Allende salió del país para vivir en la opulencia y el lujo? El propio Embajador de México en Chile en 1973, señor Gonzalo Martínez Corvalán, quien facilitó la salida de la familia Allende en los días posteriores al golpe militar desde la casa de Felipe Herrera al aeropuerto, sostuvo a través de la prensa de ayer que la señora Tencha vivió en "departamentos muy modestos, en un barrio de clase media de mi país, hasta el mismo día de su regreso a Chile. Jamás vivió en una residencia. Eso es completamente falso".
¿Por qué se afirma tal cosa? ¿Qué es lo que buscan sus autores? ¿Acaso insinúan que tal fortuna -de haber existido- habría sido sustraída de fondos públicos? Nadie lo sabe. Sus palabras se hunden en la oscuridad de una intención aviesa.
El odio no justifica que a una mujer, que pese a quien pese fue la Primera Dama de la Nación, se la denigre y atropelle en su vida personal. Nada justifica que por intentar armar un cuadro del pasado fundado en distorsiones de la verdad, los autores hieran la sensibilidad de una mujer, desconozcan su dignidad y valentía y no respeten su dolor.
Como se ha demostrado, tenemos concepciones éticas muy distintas. Jamás desde nosotros -porque no está en nuestro estilo para enfrentar las diferencias, ni está en nuestros principios morales- han salido palabras o insinuaciones que pudieran afectar la intimidad de las familias de nuestros adversarios. Pudiéramos haberlo hecho; ejemplos no nos habrían faltado.
Pero, señor Presidente, eso no es todo.
Los autores de este libro, no conformes con lo descrito, no dudan también en denostar incluso a instituciones como la Iglesia Católica, que, en un gesto de extraordinaria consecuencia, no dudó en defender a las víctimas de las atrocidades cometidas por la dictadura militar.
Por todo eso, el Senador señor Canessa y el señor Balart le deben una explicación a los chilenos y a quienes gratuitamente han ofendido con sus dichos y falsedades. No basta escudarse detrás de las citas de las fuentes que les parecieron atendibles.
Señor Presidente, ya no existen las espaldas genuflectas que se rendían con temor frente a la persecución de quienes detentaban el poder omnímodo. Ya pasó la época en que los medios de información, manejados por una sola mano, enlodaban la honra de las personas sin derecho a réplica. Ya no existe el silencio cómplice frente a las campañas desplegadas con saña y violencia. Ya pasaron los tiempos en que la soberbia del poder envilecía las almas débiles.
Hoy podemos contestar a la injuria y a la mentira desde este hemiciclo. Hoy podemos levantar muestra voz sabiendo que el Estado y sus instituciones protegen nuestros derechos ciudadanos y que los tribunales de justicia velan por que se respete la honra de todos.
Tenemos conciencia de que pasarán muchos años antes de que los chilenos podamos hacer una sola lectura, desapasionada y objetiva, de los hechos ocurridos en torno del golpe de Estado de 1973. Aún creemos, sin embargo, que podemos perfeccionar la convivencia fundada en la razón y no en el odio, en la verdad y no en la mentira.

El señor CANESSA.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Senador, cuando le corresponda el tiempo a su Comité, puede intervenir.

El señor CANESSA.- Fui aludido, señor Presidente, y deseo hacer uso de mi derecho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría, conforme al Reglamento.

El señor CANESSA.- Señor Presidente, quiero agradecer a los señores Senadores que el día jueves de la semana pasada tuvieron la gentileza de acompañarme en la presentación del libro "Pinochet y la Restauración del Consenso Nacional", del que soy autor con don Francisco Balart.
Este libro condensa, en 400 páginas, una interpretación de lo que ha sido el consenso nacional chileno a lo largo del tiempo, analizando nuestra convivencia cívica desde un punto de vista muy concreto.
En su primera parte, se describe el desafío que debió enfrentar la nación chilena como consecuencia de una década marcada por el enfrentamiento entre ideologías globalizantes e incompatibles entre sí; el sectarismo de una partitocracia exacerbada, y el dominio de la violencia revolucionaria, introducida desde otras realidades políticas como herramienta para destruir la democracia representativa y alcanzar el poder total.
En la segunda parte, el libro muestra la respuesta que dio el Gobierno Militar a esa situación, que amenazaba con disolver la convivencia nacional en una guerra civil de incalculables proporciones.
El argumento que ordena las distintas partes del libro sostiene que, miradas las cosas con suficiente perspectiva, el 11 de septiembre de 1973 constituye un punto de inflexión de la trayectoria de la nación chilena en este siglo, poniendo término a una época de decadencia vital, en la que, incluida su personalidad histórica, la fidelidad a las raíces comunes, llegó a estar en jaque.
En efecto, durante los años previos al 11 de septiembre, se produjo la división entre los chilenos y se alcanzó un grado de odiosidad hasta entonces desconocido. Sólo a partir de esa fecha se inició el proceso de reencuentro entre todos; gradual, porque algunos tuvieron que volver a la casa paterna desde unas constelaciones ideológicas muy lejanas. Pero, al finalizar el período presidencial constitucional del General Pinochet, los grupos dirigentes se habían renovado y estaban en condiciones de administrar un sistema económico y social que ocupa un lugar de vanguardia en el mundo contemporáneo.
Eso es, a nuestro juicio, lo fundamental del proceso político que permitió modernizar los hábitos y las formas institucionales de la democracia chilena, abriendo paso, primero, y luego sosteniendo en el tiempo, un avance económico y social verdaderamente notable. Así, las viejas actitudes y la siembra de odios para obtener dividendos políticos, quedaron definitivamente atrás.
No obstante lo anterior, bastó la aparición del libro para que quienes representan en el arco político el sector más cercano a la Unidad Popular, reaccionaran con atolondrada virulencia.
En efecto, dos días antes de su presentación oficial, el vespertino "La Hora" publicó un extracto citando cuatro o cinco párrafos del libro. La Diputada señora Allende Bussi, acompañada de Senadores de su mismo partido político, ofreció días más tarde una conferencia de prensa atacando su contenido, y, precisamente, sólo respecto a los puntos destacados en aquella publicación, entre otros uno en que se menciona a la señora Hortensia Bussi de Allende.
Esa actitud de rechazo, con amenazas de querellas, etcétera, ha suscitado cierta polémica y despertado el interés de los medios de comunicación por el juicio histórico sobre hechos y personas que en su día tuvieron alguna importancia. Agradezco tan gratuita publicidad, pero quiero dejar en claro -como ya lo hice en la declaración de prensa entregada ayer- que nuestra intención al escribir esta obra no fue injuriar u ofender.
La crítica a ésta o a cualquier otra investigación histórica es, ciertamente, legítima. Lo que no acepto es que se me ofenda públicamente sin siquiera haber leído antes un trabajo que nos costó tres años de esfuerzo.
Las afirmaciones que se hacen en él están cuidadosamente fundadas en publicaciones de la época, estudios y memorias publicados aquí y en el extranjero, testimonios de personas que fueron actores del proceso y testigos muy cercanos a los hechos. Nada hay de arbitrario en sus páginas.
He sido calificado de "fanático que no duda en utilizar la mentira como una forma de imponer su visión, denostando instituciones tan fundamentales como la Iglesia Católica". Señores Senadores, nada está más lejos de la verdad. Simplemente no es mi estilo actuar con fanatismo, apelando a la mentira, ni menos aún en contra de mi Iglesia. Porque soy católico practicante y no lo oculto, procuro vivir de acuerdo a las premisas evangélicas y, a pesar de mis debilidades humanas, lucho por ser mejor. Creo, por tanto, que debemos combatir el error y el pecado, pero tratando al pecador y al equivocado con caridad.
El conocimiento de lo ocurrido en Chile -y a propósito de Chile, en otras zonas del mundo durante el último cuarto de siglo- ha sido desvirtuado y utilizado al servicio de intereses partidistas hasta un grado que me parece intolerable. La interpretación que los seguidores de la Unidad Popular todavía hacen circular resulta, en demasiados aspectos, incompatible con la verdad. Ellos temen a la verdad y están acostumbrados a tergiversarla.
Para mí, la verdad no es "lo que sirve a la causa de la revolución", como enseñaba Lenin, sino aquello que puede ser expuesto ante la opinión pública porque está fundado en una sólida evidencia. Con ese espíritu está escrito el libro al que me refiero.
No me parece bueno que la ciudadanía sea engañada por la propaganda interesada u olvide que el 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas y Carabineros devolvieron a la población chilena, que clamó por su intervención liberadora, el honor y la fe en su propio destino.
Del mismo modo, creo firmemente que la democracia fue restaurada por el Gobierno Militar, con pleno acuerdo de la ciudadanía, expresado abrumadoramente el 11 de septiembre de 1980 cuando se aprobó la Constitución, y sus instituciones fueron puestas en funcionamiento de acuerdo a un itinerario conocido, preciso y metódico, a pesar de los esfuerzos que los grupos subversivos y quienes les encubrían hicieron por entorpecer ese camino.
Yo comprendo la existencia de personas intoxicadas por el rencor y la frustración. Después de todo, Chile es lo que es y en nada se parece a Cuba. Pero si hoy podemos convivir en paz y tranquilidad en nuestra patria común es gracias a que la que el Gobierno Militar dio a los desafíos que enfrentaba fue una respuesta correcta.
Muchas veces he comprobado que la discusión pública sobre el sentido de nuestro pasado reciente es disuelta en un cómodo vacío, postergando para una época futura lo que se suele llamar "el juicio de la historia". Nuestro libro representa una base para ir avanzando hacia ese juicio histórico.
Creo, asimismo, y a diferencia de lo que sostienen las mentalidades ideológicas, que toda obra humana es perfectible. Sin pretender ofender o siquiera molestar a nadie, en la tarea intelectual hay que respetar escrupulosamente la verdad. Los hechos son los hechos y así hay que considerarlos mientras no se pruebe que están errados
Si respecto del contenido del libro alguien tiene una objeción seria, fundada, y -después de haberlo leído, por supuesto- la expone con el debido respeto a mi persona y a lo que represento en el Senado, con el mayor agrado debatiré los méritos de su observación. No tendré inconveniente alguno en rectificar mi punto de vista si se me prueba que estoy equivocado. Rectificar es una actitud noble.
Lo que no voy a aceptar, porque destruye la armonía y caballerosidad que deben primar en las relaciones que los miembros de esta Corporación mantienen dentro y fuera de la Sala, es ser calificado gratuitamente de "fanático y mentiroso" y otros adjetivos como "grosero, soez, vulgar" con los que se me acaba de tildar.
Habría mucho que añadir a lo que ya he dicho, pero es innecesario. Los señores Senadores tienen una opinión formada sobre los acontecimientos y los personajes de nuestra historia reciente, a pesar de lo cual, y para evitar la repetición de un incidente basado en prejuicios, permítanme invitarles a leer, con pasión si se quiere, pero también con inteligencia, "Pinochet y la restauración del consenso nacional".

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El Comité Institucionales 2 no intervendrá.
En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el Honorable señor Bitar.

El señor BITAR.- Señor Presidente, con motivo de este debate -anuncio que cederé parte del tiempo al Senador señor Viera-Gallo-, deseo expresar que aún después de 25 años, al parecer, es muy difícil mirar la historia con objetividad. Tenemos que hacer un esfuerzo de rigor, de objetividad, a pesar de nuestras pasiones.
La intervención que hemos escuchado hoy al Honorable señor Canessa se viste de esa aparente moderación, pero esconde elementos y opiniones acerca de quienes pensamos de otra manera, que lo alejan de lo que él mismo dice defender.
Expresar que el Gobierno Militar restauró la democracia, es, realmente, algo que choca con la más ardiente imaginación. Ello es como señalar que "un fusilero ayuda al Señor para mandar a alguien al cielo".
Además, a mi juicio, considerar que quienes piensan de otra manera están llenos de rencor y, a renglón seguido, decir "no quiero ofender", demuestra una profunda contradicción.
Pienso que, incluso, la expresión o concepción de que un libro es el consenso -incluso, en su título emplea el término "consenso", para explicar un momento de la historia que fue caracterizado por el miedo y la represión- no es sino una visión que nosotros consideramos absolutamente contraria a la realidad. Eso es parte del debate político, y no lo podemos negar. Estimamos que la palabra "consenso" significa convenir civilizadamente, convenir con libertad entre personas un determinado punto de vista. Y se sabe perfectamente bien -lo sabe el Senador señor Canessa- que no hubo ni libertad, ni conversación, ni civilización para haber llegado a acuerdo alguno.
Por lo tanto, es justo que nosotros tengamos opiniones distintas. Sin embargo, nos parece que lo que excede absolutamente lo que debe ser una actitud digna y viril es usar, a propósito de las luchas políticas legítimas, la denigración, la falsedad, contra una persona como doña Hortensia Bussi de Allende, que fue Primera Dama de la Nación. Hay sugerencias de mal gusto, formas de expresión, que denotan falta, incluso, de virilidad, para referirse a una mujer como ella.
Cuestionar el hecho de que la Diputada Allende defienda la memoria de su padre y de su madre, equivale a pensar que no es una persona digna. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué calle? Se acabó el tiempo en que callamos.
En ese sentido, se equivoca el Honorable señor Canessa; confunde la posición legítima que él pueda tener respecto de un período de la historia, con atentar contra la dignidad, la privacidad y la honra de las personas. Tampoco eso lo podemos aceptar.
Hay tiempos para el miedo, para la violencia, para la imposición, para la privación de las libertades durante una dictadura. Eso se acabó.
Creo que es necesario que tengamos la franqueza para decir las cosas de esta manera.
Por eso, no hago sino respaldar las palabras del Honorable señor Núñez, y dejo los minutos restantes del Partido Por la Democracia al Senador señor Viera-Gallo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Restan 6,25 minutos al Partido Por la Democracia.
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, sólo deseo hacer dos reflexiones breves que me suscitan las palabras del Senador señor Canessa.
En primer lugar, él dice que "por ser católico, como muchos miembros de la Junta Militar, tuvieron un trato caritativo hacia sus adversarios". Esto a mí me lleva a una reflexión que no sabría ni siquiera por dónde empezarla. Porque me pregunto: ¿cómo habría sido el trato si no hubiera habido tal fe y tal caridad? Creo que con eso basta.
Una segunda afirmación de Su Señoría me produce interés intelectual. Que el señor Senador pueda pensar que el cambio o renovación del pensamiento de la gente que adhiere a la Izquierda democrática se deba al general Pinochet, a mi juicio, es, realmente, demasiado pretender.
Creo que, para personas inteligentes y responsables, lo lógico es que, cuando tienen problemas políticos graves, piensen, reflexionen, mediten y cambien. Eso es por lo que ocurrió en Chile y en el mundo, pero no por las virtudes de la dictadura militar.
Ciertamente que eso, desde un punto de vista personal, para quienes hemos sufrido y llevado adelante ese proceso, constituye también una suerte -no quiero decir "afrenta,"-, por lo menos, de simplificación de un proceso político mucho más complejo.
La renovación de la Izquierda y del socialismo chileno tiene otras causas y no la renuncia a los ideales ni mucho menos la sumisión a la dictadura de Pinochet.
En segundo término -y con esto concluyo-, espero que nosotros nunca nos encontremos en la situación en que ellos estuvieron, para tratarlos con la misma caridad con que nos trataron.

El señor CANESSA.- Señor Presidente, pido que se me conceda el derecho a replicar brevemente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Conforme al Reglamento, tiene la palabra Su Señoría.

El señor CANESSA.- Señor Presidente, deseo expresar al Senador señor Bitar - y no "señor Bitar", porque él es Senador al igual que quien habla- que en ningún caso, a mi juicio, debe callarse. Él dice "se acabó el tiempo de callar". Me parece que todos los seres humanos, especialmente a partir de 1990, en que se entregó un Gobierno democrático, con una Constitución, nadie debe callar cuando estima que debe decir las cosas.
Todo libro es un esfuerzo intelectual, y todo esfuerzo intelectual está destinado a un fin. No pretendo que esa obra literaria solucione los problemas, Senador señor Bitar. Pero hay un intento de explicar algunas cosas, tal como ustedes lo han hecho en numerosos libros. Espero que esto en el futuro pueda dar sus frutos y permita un entendimiento mejor entre los chilenos.
Respecto a la pregunta que se hacía el Honorable señor Viera-Gallo en cuanto a cómo habría sido nuestro trato si no hubiera habido la caridad de que hablamos nosotros, aclaro a Su Señoría que, aun en ese supuesto, en ningún caso tal trato se hubiera asemejado, por ejemplo, al de la Unión Soviética o de Cuba, países que actualmente se encuentran bajo el sistema al que nosotros habríamos caído.
Tampoco pretendo que todos adhieran a lo que pensó el General Pinochet. En Chile se estableció un sistema democrático, y prueba de ello es que estamos aquí, en forma civilizada, escuchando opiniones adversas, soportándolas, como debe hacerlo toda persona educada, y buscando contestarlas, en un intento de que hacia el futuro nos entendamos mejor y aprendamos todos -entre ellos, el Senador que habla- a vivir en armonía.
He dicho.
--Ofrecida sucesivamente la palabra a los Comités Demócrata Cristiano, Unión Demócrata Independiente e Independientes, Renovación Nacional e Institucionales 1, ningún señor Senador hace uso de sus respectivos tiempos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:56.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción