REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 338ª, ORDINARIA
Sesión 14ª, en miércoles 15 de julio de 1998
Ordinaria
(De 16:19 a 19:9)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
Y ANTONIO HORVATH, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR,
Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Cordero Rusque, Fernando
--Díez Urzúa, Sergio
--Errázuriz Talavera, Francisco Javier
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 19 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 13ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, en 12 de mayo del año en curso, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 14ª, especial, en sus partes pública y secreta, en 13 de mayo del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
(Véase en los Anexos el acta aprobada).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que crea juzgados y cargos que indica; divide las jurisdicciones que señala; modifica la composición de la Corte de Apelaciones de San Miguel, el Código Orgánico de Tribunales y la ley Nº 18.776. (Boletín Nº 2135-07) (Véase en los Anexos, documento 1).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y a la de Hacienda, en su caso, y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Con el segundo informa que ha dado su aprobación al proyecto de acuerdo relativo al Convenio de Seguridad Social entre la República de Chile y la República Oriental del Uruguay. (Boletín Nº 2082-10) (Véase en los Anexos, documento 2).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Con el tercero hace presente que ha tomado conocimiento del rechazo del Senado al proyecto de ley que modifica el Código Penal, creando una nueva figura penal que sanciona los procedimientos ilegales o abusivos en la cobranza de créditos, y, en consecuencia, ha designado a los señores Diputados que señala para que integren la Comisión Mixta que deberá constituirse al efecto. (Boletín Nº 1700-07) (Véase en los Anexos, documento 3).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el cuarto comunica que el Diputado señor Edmundo Salas de la Fuente reemplazará al ex Diputado señor Iván de la Maza Maillet en la Comisión Mixta formada para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que traslada a los lunes los días feriados que indica. (Boletín Nº 328-06).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Dos del señor Ministro de Hacienda:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a los pobladores rurales deudores de bancos y financieras.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre de Senadores señores Bitar y Hamilton, relativo a la incidencia en materia tributaria de algunas normas del proyecto de ley que regula la constitución jurídica y funcionamiento de las Iglesias y organizaciones religiosas.
Del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, sobre la posibilidad de crear un Juzgado de Policía Local en la comuna de Pichidegua.
De la señora Directora Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, con el que atiende un oficio enviado en nombre del Senador señor Muñoz Barra, acerca de la inscripción de recién nacidos.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Comunicaciones
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con la que solicita que sean estudiados por Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Trabajo y Previsión Social, con el objeto de evitar un doble trámite en la materia, los siguientes asuntos:
1) Proyecto de acuerdo sobre aprobación de diversos convenios internacionales adoptados por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. (Boletín Nº 1864-10).
2) Proyecto de acuerdo relativo a la aprobación del Convenio Nº121, sobre prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y del Convenio Nº 161, tocante a los servicios de salud en el trabajo, adoptados por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. (Boletín Nº 1992-10).
3) Proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Nº 138, de la Organización Internacional del Trabajo, atinente a la edad mínima de admisión al empleo. (Boletín Nº 2.137-10).
4) Proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Nº 98, de la Organización Internacional del Trabajo, concerniente a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva. (Boletín Nº2.139-10).
5) Proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Nº 105, de la Organización Internacional del Trabajo, referido a la abolición del trabajo forzoso. (Boletín Nº 2140-10).
6) Proyecto de acuerdo sobre aprobación del Convenio Nº 87, de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho a sindicación. (Boletín Nº 2138-10).
--Se accede a lo solicitado.
Del señor Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, con la que propone los nombres de los señores Senadores que indica para que integren el Grupo Interparlamentario Chileno-Mexicano durante el actual período legislativo. Hace presente, además, que los otros señores Senadores interesados en incorporarse al citado Grupo podrán inscribirse en la Secretaría de la referida Comisión, antes del próximo miércoles 22 de julio.
--Se toma conocimiento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Por encargo del Presidente de la Comisión de Hacienda, que ha trabajado unida con la de Trabajo y Previsión Social en el despacho de la iniciativa que mejora las pensiones, propongo adoptar ahora, y no en reunión de Comités, el acuerdo de tratarla en el primer lugar de la tabla del próximo martes, cuyo informe seguramente quedará listo en las horas siguientes.
El señor OMINAMI.-
¿Me permite, señor Presidente? Para ser más preciso, el informe debería estar elaborado el lunes en la noche, pues las Comisiones de Hacienda y Trabajo y Previsión Social, unidas, sesionarán ese día en la tarde.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
La idea es que los señores Senadores puedan disponer de él el martes en la mañana.
Si no hay inconveniente, el martes se trataría y despacharía el proyecto de pensiones y luego se continuaría con la tabla que hayan determinado los Comités.
Acordado.
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El señor LAVANDERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Sí, señor Senador.
El señor LAVANDERO.-
Solicité que se¿
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Iba a someter a la reunión de Comités del próximo martes el asunto que interesa a Su Señoría, pero no existe objeción para que sea expuesto ahora.
El señor LAVANDERO.-
He pensado rendir un homenaje al ex Senador señor Radomiro Tomic en la próxima sesión ordinaria, después del Orden del Día y antes de la hora de Incidentes, con motivo de que hoy es el aniversario de la promulgación de la ley que chilenizó el cobre. De tal manera que pido que se acceda a ello.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Creo que no hay inconveniente en que el Honorable señor Lavandero intervenga para tal efecto al término del Orden del Día de esa sesión y antes de Incidentes.
Si le parece a la Sala, así se procedería..
Acordado.
AUMENTO DE PENALIDAD DE ABORTO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Larraín, que modifica el Código Penal aumentando la penalidad para la comisión del delito de aborto, con informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Salud.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Larraín).
En primer trámite, sesión 16ª, en 2 de agosto de 1994.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 5ª, en 7 de junio de 1995.
Salud, sesión 4ª, en 10 de junio de 1998.
Discusión:
Sesiones 20ª, en 20 de julio de 1995 (queda pendiente la discusión general); 30ª, en 23 de agosto de 1995 (pasa a Comisión de Salud).
El señor LAGOS (Secretario).-
Los objetivos principales de la iniciativa son, en síntesis, trasladar la ubicación del delito de aborto en el Código Penal, desde el Título en que se tratan los ilícitos contra el orden de las familias y la moralidad pública al Título referente a aquellos que atentan contra las personas; en seguida, modificar las penas respectivas, en el sentido de aumentar las privativas de libertad y agregar la de multa para los terceros que cometan el delito, y, por último, incorporar el arrepentimiento eficaz como circunstancia atenuante de la responsabilidad de la mujer que comete aborto o permite que se lo causen.
Por las razones y antecedentes que contiene su informe, la Comisión de Constitución, por la unanimidad de sus cuatro miembros presentes, aprobó la idea de legislar.
En el texto se incluye una relación de cada una de las normas, dejándose constancia de la discusión pertinente y de los acuerdos adoptados. Y en la parte resolutiva se propone aprobar el proyecto que se transcribe.
Por su parte, la Comisión de Salud recomienda, por unanimidad, acoger la normativa en los términos en que fue despachada por la Comisión de Constitución. Deja constancia de que se procedió de ese modo con el ánimo de provocar un pronunciamiento del Senado sobre la idea de legislar, sin perjuicio de que las observaciones que el texto pueda merecer se hagan valer por la vía de las indicaciones para el segundo informe.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general.
Tiene la palabra el Senador señor Larraín, Presidente de la Comisión.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, la verdad es que esta iniciativa fue despachada hace bastante tiempo por nuestra Comisión y que luego de su análisis pasó a la de Salud para los alcances que ésta quisiera efectuar, la que ha preferido, como lo expondrá luego su Presidente, aprobarla en general, a fin de dejar el debate, según ha señalado, para una segunda instancia.
En la Comisión de Constitución, luego de escuchadas diversas entidades públicas y vinculadas al tema, se acordó acoger en general el articulado, del cual soy autor, introduciéndole, sin perjuicio de ello, algunas modificaciones especificadas en el documento del que conocen los señores Senadores.
En esta oportunidad deseo referirme brevemente a las características del proyecto, a sus objetivos y a los cambios efectuados, para después, una vez que se informe, poder plantear mi punto de vista.
La iniciativa se refiere al aborto y persigue el propósito de aumentar su penalización. Ese delito, en el sentido jurídico penal, implica dar muerte al producto de la concepción. El bien jurídico protegido es la vida del embrión y el objeto material del resguardo es el embrión vivo, aun cuando presente anormalidades.
La tipificación pertinente se halla en los artículos 342 y siguientes del Código Penal, con las sanciones que allí se determinan, las cuales varían. Se trata, en general, de penas privativas de libertad que, por los rangos normales de aplicación, no superan los cinco años de presidio, salvo algunas hipótesis muy precisas.
Como una primera observación, lo anterior significa, bajo la perspectiva de la procedencia de los denominados "beneficios alternativos" de las penas privativas o restrictivas de libertad, que normalmente los condenados por el delito de aborto -situación que ya resulta difícil por las circunstancias- no cumplen en el interior del establecimiento carcelario con las sanciones, sino en libertad, observando ciertas exigencias. En mayo de 1996, según un informe de Gendarmería, solamente 19 personas no se hallaban en ese caso: 14 mujeres y 5 hombres, lo que guarda directa relación con la inquietud que hemos manifestado.
El propósito que persigue el proyecto, en consecuencia, es hacerse cargo de la realidad de que, tratándose de un delito grave por su objeto, la penalidad y el sistema aplicados para perseguirlo no están dando resultado alguno. Al contrario, la proliferación de abortos constituye una señal de despreocupación por la vida.
Y, por esa misma razón, nuestra Comisión ha estimado conveniente asumir los objetivos a que apunta la iniciativa. Fundamentalmente, el primero de ellos es cambiar la ubicación del ilícito en el Código Penal, desde el Título de los "Crímenes y simples delitos contra el orden de la familia y contra la moralidad pública" al Título de los "Crímenes y simples delitos contra las personas". Ello importa una afirmación sustancial en orden a considerar como una persona al ser en el vientre materno, y, por tal motivo, se marcaría un reconocimiento al respecto por nuestra legislación, lo que se agregaría a la finalidad de proteger mejor al bien que constituye la vida.
En segundo lugar, dados la gravedad de la ofensa y el que los condenados resultan favorecidos indebidamente con los beneficios alternativos de las penas privativas de libertad, como la libertad vigilada, la remisión condicional o la reclusión nocturna, el proyecto propone aumentar la penalidad del delito. De ese modo, se impedirá tal aprovechamiento y deberán cumplir una parte importante de la condena en presidio, para asegurarse de que la sanción, por la gravedad del hecho, recae efectivamente en sus actuaciones personales.
Y, además, como el delito, en la práctica, se ha convertido en una fuente de ingresos muy significativa para sus partícipes, se propone agregar penas de multas -de carácter económico- a sus sanciones, como una manera de castigar precisamente el principal objetivo de quienes colaboran para que el delito tenga lugar.
Finalmente, el proyecto propone introducir la figura del arrepentimiento eficaz para la mujer que permite que se le cause un aborto, rebajándole en este caso la pena. Ello posibilitaría, por una parte, superar la crisis personal que sufre la mujer en el período posaborto -detectada por numerosos estudios- y, por la otra, contribuir a la eficacia del esclarecimiento del delito. Porque uno de los principales problemas de este delito es que todos quienes participan en él están implicados y la única víctima obviamente jamás tiene posibilidad de recurrir a defensa judicial o legal, por razones obvias, y, por lo tanto, nadie contribuye a su esclarecimiento. Este círculo podría romperse a través de la colaboración de la mujer, y en la medida en que ello ocurra permitiría reducir su pena; de manera que al ayudar a aclarar el delito obtendrá un beneficio muy directo.
Por concordar con estas finalidades, la Comisión de Constitución estimó conveniente aprobar el proyecto, introduciéndole algunas modificaciones.
Se aprobó la nueva ubicación del delito propuesta en la iniciativa. Se concordó con el aumento de las penalidades, pero no en el grado establecido en el proyecto, el cual se rebajó, dejando un amplio margen de discreción al juez. Se aprobaron las multas en las magnitudes determinadas para cada caso, no así la pena del comiso que incorporaba la iniciativa, por considerarse que con la aplicación de las reglas generales era suficiente y no se necesitaba de una consideración especial. Por último, la disminución de la pena en tres grados por el arrepentimiento eficaz se dejó en dos.
Deseo manifestar mi plena conformidad con los cambios introducidos por la Comisión de Constitución, pero, como hice presente en la Comisión de Salud, originalmente la iniciativa también contemplaba el aumento de la penalidad a la mujer que causare su aborto. Luego de analizar ese aspecto y oír distintas inquietudes a este respecto, sostengo la idea de mantener en esa parte el actual artículo 344, que pasaría a ser 394 C, es decir, en este caso no habría incremento en la penalidad, pero sí se le aplicaría el beneficio del arrepentimiento eficaz en la forma establecida. Lo demás no me merece observaciones y estimo que, salvo esa enmienda, el proyecto podría ser aprobado.
Hecha esta presentación en mi calidad de Senador informante de la Comisión de Constitución, deseo formular, usando de mi tiempo, algunas consideraciones de fondo acerca de la iniciativa.
En este debate, es necesario ser precisos y transparentes ante la opinión pública; más todavía cuando existen crecientes posiciones facilitadoras del aborto en el país. Para mi gusto, el aborto es un grave crimen en contra de la vida, repudiable siempre y en todo lugar y circunstancia. A través de él se elimina a un ser inocente, que carece de toda posibilidad de defensa física y sicológica. Se trata de alguien que jamás ha agredido u ofendido a nadie, particularmente en cuanto a quienes lo atacan, y que ni siquiera está en condiciones de pedir misericordia.
Hay personas partidarias del aborto que se escudan en el concepto de que no se estaría frente a una persona. Señalan que en realidad, desde un punto de vista biológico, sólo después de días o semanas -incluso meses, en algunos casos- de ocurrida la fecundación se puede considerar como persona a quien está en el vientre materno.
Sin embargo, desde un punto de vista científico, eso no es correcto. La concepción empieza desde el mismo instante en que el espermatozoide fecunda al óvulo, puesto que biológicamente se ha creado allí un nuevo organismo, con vida propia, diferente de la de sus progenitores, aunque dependiente de la madre por un tiempo, el que se prolongará entre ambos padres, aún después del nacimiento.
Consultado el Colegio Médico de Chile sobre el particular, su Comisión de Bioética informó que: "tanto desde el punto de vista biológico como filosófico, no hay ninguna duda que la vida humana comienza desde el momento mismo de la concepción, es decir, cuando se unen físicamente el espermatozoide y el óvulo para dar origen al zigoto que posee la carga genética (genoma), aportada por ambos progenitores, pero que es única en el nuevo ser y que portará durante toda su vida. El zigoto es biológica y antropológicamente humano.".
Vale decir, con estas afirmaciones se está demostrando que, desde el instante de la fecundación del óvulo, el zigoto fija un programa genético singular y único que va a acompañar a dicho ser hasta el día de su muerte. Desde la concepción el ser humano adquiere, ontológica y biológicamente, la inescindible unidad de materia y espíritu -de cuerpo y alma- que hace de esa célula un ser humano, una persona, con todos los atributos que le son inherentes.
Por eso no es aceptable la posición de aquellos que pretenden negar al embrión humano su existencia como persona.
Pero si esto no fuera suficiente y alguien tuviese dudas -aunque me parece que la ciencia las ha ido despejando- respecto de cuál es el momento en que se inicia la vida humana, en realidad, ellas deberían moverlo a la abstención. Porque estamos -incluso en esa posición escéptica- ante un ser humano. Y la duda, en tal caso, es motivo suficiente para no incurrir en conductas reñidas con el respeto que se debe, al menos, a un principio de vida, como lo sostienen aquellos que son abortistas.
En estos hechos, lamentablemente, muchas veces también participa la propia madre -a través de su consentimiento-, en una decisión revestida de mucho dramatismo y mucha confusión. Eso ocurre porque el acto se origina muchas veces por presión de terceros, por presión social; otras, por cuestiones de salud, y en ocasiones por temor a un desenlace negativo en las condiciones físicas del niño que está por nacer.
Esta situación podría hacer pensar en la rehabilitación de quien así ha procedido, o mejorar nuestro entendimiento de por qué tal decisión se ha adoptado, pero nunca justificaría el quitar la vida a un ser inocente. Por eso mismo, y por la naturaleza de este acto y su secuela posterior, alentamos la figura del arrepentimiento eficaz. Sin embargo, lo hacemos pensando solamente en ella -la madre-, dadas ciertas circunstancias. Bajo ningún concepto tomamos en cuenta a los demás que participan en esto, quienes, como es sabido, crecientemente lo hacen sólo por lucro, despreciando la vida humana, a la que no consideran.
Por otra parte, existen nuevas justificaciones que han surgido en distintas instancias -incluso, internacionales- por la visión de algunos teóricos que se autodenominan "muy modernos", y que intentan directa o veladamente justificar el aborto bajo el concepto de los derechos reproductivos de la mujer. Esta noción permitiría a la madre disponer de sí, de su cuerpo, determinar cuando reproducirse y -si le parece oportuno- resolver con libertad el destino de un eventual embarazo.
En esta posición prevalece la existencia de la madre y de su libertad, contra todo aquello que la pueda afectar o restringir de alguna manera corporal, sicológica o afectiva. Un ser en su vientre puede constituir un estorbo, actual o futuro. Por ello, se convierte en una "entelequia" prescindible. Aunque no se admita como tal o se la vista bajo otro ropaje, a esa realidad conduce esta nueva teoría que algunos defienden y que al final termina con la vida humana del embrión o feto que crece en el vientre materno.
Me pregunto: ¿no hay aquí un disfraz del egoísmo de algunas personas que prefieren contravenir incluso su naturaleza, antes que respetar aquello que es fruto precisamente de la naturaleza? ¿Cómo se puede hablar de "derecho" si éste consiste en quitar la vida a un ser humano? ¿Es esto lo "moderno" que propician algunos nuevos moralistas?
Por otra parte, también es preocupante el rol de los padres de las criaturas que son eliminadas por este camino. En muchas ocasiones aquí no hay sólo una renuncia a la maternidad, sino también un cobarde menosprecio de los propios padres de las víctimas a su paternidad, ya que a menudo el aborto es causado por la presión que ellos ejercen para no tener que asumir la responsabilidad de un acto o relación casual, sea por evitar la vergüenza social o simplemente por mero egoísmo. Estos padres parecieran no estar conscientes de su obligación como dadores de vida, ni quieren entender que su tarea primera es y debe ser la de defender al hijo ante cualquier circunstancia. Son ellos, junto al grupo familiar o social, los que muchas veces presionan para inducir al aborto. Sin embargo -paradójicamente- a ellos, que son los grandes responsables, nunca les alcanza la sanción que debe corresponderles por su culpabilidad en ese crimen.
No es menor la responsabilidad de quienes practican el aborto, sean facultativos, enfermeras o terceros ayudantes de cualquier especie. Me preocupa particularmente la responsabilidad de estos profesionales, que juraron defender la salud corporal y psíquica de las personas; que se han preparado para salvar la vida de los hombres curándolos de las enfermedades y que, por lo tanto, tienen una responsabilidad todavía mayor. La medicina se ordena hacia el bien integral del individuo, está al servicio del hombre y de la procreación. Carece de atribuciones para quitar la vida a las personas. Los médicos que así obran olvidan el juramento de Hipócrates, abusan gravemente de la confianza depositada en ellos por la sociedad y por eso también deben experimentar una fuerte reprobación moral y jurídica. De ahí que a su respecto hemos propiciado igualmente un aumento de la penalidad.
En diversas oportunidades he señalado que el aborto está vinculado al lucro. Efectivamente, la generalización del aborto hace pensar en la creación de una industria millonaria, que mueve a muchos por este motivo. Según los antecedentes de que dispongo, el cobro que se realiza por quienes intervienen en estas prácticas es cada día más costoso y tiene que ver con el número de semanas de embarazo de la afectada: una, dos, tres, cinco, diez. Cada semana adicional lo va haciendo más oneroso. Pero el negocio está tan extendido que hoy día se lleva a cabo no sólo en clínicas clandestinas, sino que, lamentablemente (de acuerdo a información que he obtenido bajo secreto profesional), en algunas instalaciones hospitalarias conocidas -sin que tengan noción de ello sus directivos, representantes, dueños o administradores, ni incluso los propios equipos médicos-, las cuales están siendo utilizadas por algunos inescrupulosos para configurar esta situación. Ello se realiza bajo procedimientos claramente descritos, que son eficaces para tal objetivo y que permiten ejecutar esas prácticas no sólo donde se han ejecutado siempre, por tradición, en lugares clandestinos, sino que también, como he dicho, en instalaciones hospitalarias conocidas.
Lo expuesto es grave, porque hay una doble distorsión. Por un lado está proliferando un negocio peligroso aunque muy lucrativo, pero, por otro, justamente porque muchas veces se efectúa en condiciones de clandestinidad, por el riesgo que él implica y que incide en la mortalidad materna.
No podemos permanecer indiferentes ante estos hechos. Pero hay que tener cuidado. Como por el carácter clandestino del aborto se presentan dificultades muy delicadas para la vida de la madre, algunos aducen este hecho para justificar la legalización del aborto, que constituye una práctica criminal, como si los fines justificaran los medios. No es posible aceptar ese argumento, ya que legalizar el aborto significa legitimar el crimen, aparte de que equivale a actuar sobre los efectos de las cosas, y no sobre sus causas. El combate que cabe dar para evitar este riesgo en la vida de las madres es uno solo: impedir, por todos los mecanismos posibles, el aborto. Cualquier otra actitud condescendiente, aunque teóricamente se adopte en nombre de la salud de la madre, sólo ayuda a eliminar a inocentes.
La manipulación de la vida humana que subyace en el aborto ha permitido, además, otras desviaciones que despiertan la sospecha ética y movilizan la conciencia ciudadana. En efecto, con las modernas técnicas para conocer el sexo del feto se está generalizando en el mundo el aborto selectivo. En un informe de las Naciones Unidas de 1991 se citó un estudio de 8 mil fetos abortados en un hospital de Bombay, 7 mil 999 de los cuales eran mujeres. Se estima que 30 millones 500 mil mujeres han desaparecido por esta vía en China, 22 millones 800 mil en India, 3 millones 100 mil en Pakistán, un millón 200 mil en Bangladesh, 200 mil en Nepal, un millón 700 mil en Asia Central y 600 mil en Egipto. Vale decir, las peores prácticas (que ni siquiera soñó George Orwell, o que el sueño nazi jamás alcanzó a construir) están teniendo lugar ante nuestra indiferencia por la defensa de la vida humana.
Hay también otras consideraciones -y no son menores- que nos debieran hacer meditar acerca de las diferentes formas de intervención en embriones humanos que se están empleando en la medicina moderna. Muchas de ellas son legítimas y ayudan. Por ejemplo, en el ámbito de la reproducción humana asistida se están practicando algunas que permiten dar origen a la vida. Pero no todas siguen el mismo camino. En ciertos experimentos se pone en riesgo directamente la vida o la integridad del embrión; en otros, simplemente se recurre al expediente de considerar al feto como material biológico útil para efectuar tratamientos de tejidos o para trasplantes de órganos, todo lo cual es inaceptable bajo cualquier concepto ético.
Señor Presidente, he formulado las observaciones precedentes para traer al debate la necesidad de contar no sólo con una legislación específica, sino también con el sustento doctrinario que posibilite enfrentar una realidad nuestra y del mundo que nos rodea. Creo que esto da mayor fuerza a la iniciativa que he presentado para combatir el aborto.
Por cierto, no escapa a mi conocimiento que la eliminación del aborto no es cuestión de una ley. No basta con aumentar las penalidades ni con lo que estamos planteando para lograr ese objetivo. Es preciso adoptar medidas en muchos ámbitos: en el de la educación, en el de la salud, en el de la cultura, en el del trabajo de los medios de comunicación; en fin, hay que ocuparse en el tema de la educación sexual a fin de evitar el embarazo indeseado. Pero cuando éste se produce debe colaborarse con la mujer para que pueda dar a luz, y, si no está en condiciones de mantener a ese hijo, para que lo dé en adopción o lo entregue a alguna fundación que se haga cargo de él.
Son muchas las cosas por hacer. Sin perjuicio de ello y teniendo presente la enorme importancia que reviste la defensa de la vida humana, particularmente la de quien no tiene posibilidad de defenderse por sí mismo, pienso que nuestra sociedad debe buscar los medios más idóneos y eficaces para asegurar el derecho a la vida de todos sus hijos, incluyendo naturalmente a quienes están en el vientre de su madre. En ese sentido, no podemos renunciar a las vías legales que tenemos para ello. Nuestro país ha faltado gravemente en el cumplimiento de este deber, habida consideración de las cifras que se dan sobre la cantidad de abortos que se efectúan en Chile anualmente. Las cifras más modestas los sitúan en alrededor de 60 mil casos. Otras los multiplican dos, tres y cuatro veces, según los antecedentes que se tengan. La verdad es que como se realizan en forma clandestina es muy difícil proporcionar un dato exacto. En conversaciones que en su oportunidad sostuve con el Ministro de Salud de la época me informó de una cifra del orden de los 30-35 mil casos detectados por los hospitales, porque las afectadas llegan a atenderse o por las investigaciones que se han hecho. Si a eso se agrega la cantidad mínima establecida para las clínicas clandestinas, se llega a los 60 mil abortos, por lo menos.
Ahora, que sean 60 mil, 100 mil, 200 mil o cualquier otra cantidad los abortos, lo único que hace es agravar el problema, porque con uno ya sería suficiente. Pero la cifra total de casos -repito-, sólo empeora la situación, y no puede bajo ningún concepto llevarnos a legalizarla, según las voces que han surgido en tal dirección, como si fuera algo difícil de manejar, por lo que no podríamos sino aceptarla como una realidad social.
Puedo informar a Sus Señorías que desde 1995 a la fecha se han duplicado en Chile los robos con violencia; y no creo que por esa razón a nadie se le vaya a ocurrir legitimar ese delito.
El incremento de un ilícito, de una conducta indeseada, debe fortalecer a nuestra sociedad en todos los aspectos, y también en el relativo al aborto. Por eso, el proyecto que nos ocupa colabora a impedirlo, particularmente con la incorporación de la figura del arrepentimiento eficaz, que estoy cierto va a ser utilísima para romper el círculo vicioso de hermetismo existente en torno de este delito.
Por tales motivos, señor Presidente, señores Senadores, solicito la aprobación en general de la iniciativa, como una forma concreta de expresar a través del Senado y luego, del Congreso, nuestro amor a la vida y la más rotunda condena a un procedimiento criminal por el cual se elimina la existencia de personas que poseen igual derecho a vivir como el resto de la comunidad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, a los legisladores nos corresponde fijar las normas que regulan la sociedad, buscando, por supuesto, hacer compatible el logro del bien común, los derechos de las personas y la eticidad de los preceptos legales.
Al respeto, debo señalar que es sumamente complejo abordar materias que son objeto de un fuerte debate en el plano moral, particularmente cuando se olvida la necesidad de crear marcos legales que busquen resolver fenómenos sociales dramáticos, porque de por medio existe el riesgo de perder la vida o la posibilidad de sufrir la indignidad que eterniza la amargura y la frustración de las personas.
Lo mismo ocurre, señores Senadores, cuando la discusión llevada exclusivamente al campo de lo moral-teológico, no toma en cuenta el desarrollo que la parte científica experimenta día tras día. La historia de la humanidad muestra muchos ejemplos de posiciones dogmáticas que fueron vencidas por la fuerza de las evidencias, y tales hechos y posiciones constituyeron evidentemente obstáculos para el desarrollo del pensamiento, de la ciencia y de la historia.
Desde esa perspectiva analizamos la moción del Honorable señor Larraín, que inicia un proyecto de ley sobre aumento de la penalidad para el caso de comisión del delito de aborto.
Sobre esta materia, debo señalar que nuestro país ha tenido un retroceso en tal sentido. ¿Por qué planteo esto? Porque en el año 1931 se aprobó una ley que disponía que con fines terapéuticos, previa certificación de los médicos, se podía interrumpir el embarazo. No obstante, al revés de la tendencia del Derecho positivo extranjero, esa preceptiva fue derogada en 1989 y sustituida por otra que penaliza al que maliciosamente causare un aborto, y también castiga a la mujer que lo originare o consintiera en que otros lo provocaren.
Dos enfoques, al menos, pretenden modificar dicha normativa orientados a enfrentar el problema creciente de los abortos clandestinos, que en Chile se calcula que alcanzan varias decenas de miles al año -como señaló el señor Senador autor del proyecto en debate-, con consecuencias mortales para un porcentaje importante de las mujeres que recurren a esta práctica. Se suma también a tal realidad el creciente número de adolescentes embarazadas, que llega a 40 mil en el período de un año, constituyendo un grupo de alto riesgo de morbimortalidad materna e infantil.
El porcentaje más alto de mujeres que abortan -hay que señalarlo en la discusión de la iniciativa- proviene de estratos económicos pobres y con escaso nivel de escolaridad, lo que significa baja calificación laboral. Una de las causas del aborto, en un alto porcentaje, obedece al temor por perder el trabajo y a la decisión de no incrementar el núcleo familiar por razones económicas.
Uno de estos enfoques, que no compartimos, sustentado en una concepción conservadora y un tanto dogmática de la moral, pretende resolver el problema señalado estableciendo penas y elevando las existentes para los involucrados en un aborto, sin preocuparse -y aquí está la debilidad- por atender a las causas que los mueven a recurrir a ese acto.
Otro enfoque que comparto sostiene que la mujer tiene derecho a interrumpir el embarazo en las siguientes circunstancias: cuando éste pone en peligro la vida de la madre o su salud física o psíquica; cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, y cuando se presume que el feto nacerá con graves malformaciones congénitas.
Quienes sostienen tal punto de vista reconocen en la mujer la libertad para resolver la continuidad del embarazo según las causales referidas. Ésta tomará la decisión de acuerdo con sus propias convicciones.
En nuestra opinión, enfrentar el tema del aborto significa reconocer que tiene una connotación moral. Con ello, quiero decir que el aborto no puede ser justificado por una razón trivial. Que quede claro. De otro modo, vencería una conducta no ética.
No obstante, entiendo que es inmoral que una autoridad como el Estado prohíba y sancione, a través de una ley, la interrupción del embarazo de una mujer -pese a desearlo-, cuando se trata de salvar su vida. Recordemos que el Código Penal reconoce los estados de necesidad justificantes; es decir, aquellas circunstancias que autorizan a una persona a atentar, en alguna medida, contra el bien jurídico de un tercero para evitar que se lesione un bien jurídico propio o ajeno de igual o mayor valor.
También considero que es éticamente sustentable la suspensión del embarazo cuando la mujer está traumatizada por haber sido víctima de violación o de incesto, lo que atenta contra el bien jurídico de su integridad física y psíquica, así como contra el bien jurídico de la libertad sexual, comprometiendo, además, su futuro como ser humano, ya que llevará por siempre la carga de un atropello contra su dignidad de mujer.
En este aspecto, una norma como la propuesta es discriminatoria contra la mujer, pues mientras la paternidad es asumida voluntariamente, la maternidad debe asumirse incluso como una fatalidad. De modo contrario, la legislación chilena le aplica drásticas sanciones.
Considero, asimismo, que es igualmente inmoral que el Estado impida interrumpir el embarazo respecto del cual se ha diagnosticado una grave malformación del feto, la cual augura, de llegar a término, una vida breve y dolorosa; o cuando la embarazada tiene el SIDA o es portadora asintomática de dicha enfermedad.
También es cuestionable que el Estado opte por una sola concepción moral teológica. De hacerlo, vulnera la libertad de conciencia y de religión que la propia Constitución Política establece. Al estudiar con seriedad el problema del aborto, podemos constatar que existen discrepancias entre los propios teólogos contemporáneos, en cuanto a si la vida humana existe desde el momento de la fecundación o después de ésta, o si el aborto es aceptable en determinadas circunstancias o no lo es. Así las cosas, una norma como la propuesta estaría tomando partido en favor de una posición, llevada a su extremo, lo que significa romper con la tolerancia que, en esta materia, debe caracterizar al Estado.
Ahora bien, hay quienes afirman que la práctica del aborto, no obstante las circunstancias especiales que pueden justificarlo, significa no respetar el derecho a la vida de un individuo humano. Este argumento no resiste ningún análisis. Si bien el feto es un organismo vivo, no es una persona en el sentido que establece nuestro marco jurídico. Es persona el ser que ha nacido vivo; sólo entonces es sujeto de derechos.
Con lo anterior, no estoy afirmando que el ordenamiento jurídico no deba preocuparse por defender la forma de vida que es el feto. Pero ello no puede significar establecer privilegios en favor de una potencialidad vital en relación con el derecho a la vida y salud integral que debemos reconocerle a la mujer.
Quienes han justificado la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo con fines terapéuticos, no reparan en las consecuencias que ello implica, entre las que se cuentan la orfandad de los niños; la crisis del núcleo familiar; la disminución del presupuesto familiar, por los gastos que, evidentemente, involucra el sistema, o el trauma que provoca en los niños el hecho de tener a su madre en prisión por un acto supuestamente vergonzoso.
Creo que hay otras medidas que tienen que preocuparnos al legislar sobre la materia que nos ocupa.
En ese sentido, en mi concepto, el Estado y la sociedad deben impulsar la plena vigencia de los derechos reproductivos, entendidos como información y conocimiento adecuados y suficientes acerca de la sexualidad y la reproducción; información en cuanto a los beneficios y riesgos de medicamentos y tratamientos quirúrgicos; conocimiento del propio cuerpo, su aceptación, aprecio y autocuidado; provisión de servicios de salud general, de sexualidad y salud reproductiva, incluyendo servicios de contraconcepción de buena calidad, a los que tengan acceso todas las mujeres, de acuerdo con sus necesidades, en todos los momentos de su ciclo de vida; ejercicio de la sexualidad, independientemente de la reproducción, planteada en algunos niveles educacionales; ejercicio de la sexualidad, sin riesgo de embarazo no deseado y de contraer enfermedades de transmisión sexual; posibilidad de decidir acerca del tener o no tener hijos; acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces -en Chile, sólo el 22 por ciento de las mujeres tienen acceso a anticonceptivos en el sistema público de salud-; acceso a la prevención y tratamiento de las enfermedades del aparato reproductivo; acceso con plena garantía a la atención y control adecuado del embarazo, parto y posparto; acceso a protección efectiva, legal y jurídica, frente a la violencia sexual; protección efectiva, legal y jurídica, ante los abusos quirúrgicos; desarrollo de la investigación de nuevas tecnologías relacionadas con la reproducción; provisión de información, y una legislación adecuada en materia de nuevas tecnologías en reproducción humana.
Hay muchas medidas, las cuales, a mi juicio, serían bastante más efectivas y humanas en este tema tan doloroso que ahora tratamos.
Por eso, debo señalar que no estoy de acuerdo con la moción presentada por el Senador señor Larraín. Al contrario, considero que esta Corporación debería aprobar una iniciativa legal que restituya al menos el aborto terapéutico, entendido como una reivindicación del derecho a la salud y del derecho reproductivo de las mujeres.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente:
Aborto. "La palabra es fuerte, golpea los oídos y es casi inevitable que tras ella surjan ácidas discusiones. La realidad, sin embargo, casi siempre es más brutal que el simple sonido del vocablo. Aborto alude a sucucho clandestino, a temores inconfesables, a partera de aspecto siniestro, a delito, a muerte. Pero también suele ser tabla de salvación, recurso desesperado, motivo de alivio o decisión libre y consciente. Su sola mención desata un cúmulo de reacciones que van desde la ira 'por ese atentado a la vida' hasta la defensa ardiente de la 'libertad de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo'. Y en medio de discusiones, documentos, penalidades y manifestaciones de rechazo el aborto sigue allí, agazapado¿".
Con estas palabras se iniciaba uno de los tantos reportajes de un suplemento dominical de un diario de la capital, en el cual se analizaba la problemática del aborto.
En él se hacía presente que no 60 mil, sino que cerca de 160 mil abortos ocurren anualmente en el país, de los cuales 10 por ciento son espontáneos y el resto, unos 140 mil, inducidos. En consecuencia, se producen quinientos abortos al día, lo que significa que uno de cada tres embarazos termina abruptamente. Sólo el 31 por ciento de los casos llega a recintos hospitalarios; el resto se efectúa en forma clandestina.
Es útil tener estos antecedentes en consideración para resolver sobre la moción del Senador señor Larraín.
En lo medular -como aquí se señaló-, el proyecto propone aumentar las penas de presidio para desincentivar la comisión de dicho delito. El efecto expreso del referido aumento es impedir a quienes lo cometen, especialmente las mujeres, de gozar de los beneficios del cumplimiento de la pena en libertad.
El señor BOMBAL.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor OMINAMI.-
Con la venia de la Mesa, con mucho gusto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, sólo deseo que Su Señoría precise la fuente de información acerca de los 160 mil abortos a que hizo mención.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puede continuar el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
El dato proviene del Colegio Médico, señor Senador. En todo caso, comparto la idea de que hay una discusión al respecto, pues, en la medida en que se trata de una práctica ilegal, es difícil disponer de antecedentes fidedignos.
A continuación, voy a argumentar acerca de la inconveniencia de tratar una delicada y compleja materia considerando sólo los aspectos punitivos y sancionadores. Ésta constituye mi principal crítica a la moción del Senador señor Larraín.
Para despejar cualquier duda, deseo dejar claramente establecido que considero que un aborto es siempre una tragedia y, en consecuencia, nadie puede estar a favor de él. Sin embargo, eso no puede llevar, a mi juicio, a una visión puramente represiva en la materia.
El presente proyecto no apunta a resolver las causas de este problema. Una mujer que se somete a un aborto voluntario lo hace motivada, entre otras cosas, por una fuerte presión social y emocional ante lo que puede ser un embarazo no deseado. La moción solamente considera el aumento de penalidades, no obstante que su propio autor reconoce que este problema no puede enfrentarse únicamente por la vía penal.
En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, realizada en 1994, se señaló que el aborto no se puede promover como método de planificación de la familia, agregándose que "se debe asignar siempre máxima prioridad a la prevención de los embarazos no deseados y habría que hacer todo lo posible por eliminar la necesidad del aborto". En consecuencia, se sugiere promover los servicios de planificación familiar, educación y asesoramiento pos aborto, que ayuden a evitar su repetición, enfrentando el problema de manera diametralmente distinta al simple aumento de penas.
A su vez, el Papa Juan Pablo II, en su Carta a las Mujeres, en junio de 1996 ó 1997, señaló, a propósito de la necesidad de un mayor reconocimiento al rol social de las mujeres, lo siguiente: "Baste pensar en como a menudo es penalizado, más que gratificado, el don de la maternidad, al que la humanidad debe también su misma supervivencia.". A continuación, agregó: "En semejantes condiciones, la opción del aborto, que es siempre un pecado grave, antes de ser una responsabilidad de las mujeres, es un crimen imputable al hombre y a la complicidad del ambiente que lo rodea.".
Las actuales tendencias mundiales de la criminología ponen de manifiesto que la penalidad debe entenderse como un recurso límite y no como una herramienta ordenadora de la vida social, ni menos pretender a través de ella resolver las deficiencias de otros sectores como la salud o la educación.
La penalización se ha demostrado ineficaz en la prevención de ésta y otras prácticas. Por otra parte, tengo el convencimiento de que el aumento en las sanciones penales y pecuniarias, sólo redundará en un aumento de los costos de los abortos, los cuales, de todas maneras, seguirán realizándose en forma clandestina.
Tanto el Ministerio de Salud como el Colegio Médico han manifestado que no comparten el fin último del proyecto, por cuanto "la penalización no ha resultado eficaz en la prevención de esta práctica y que aumentar las sanciones, especialmente las pecuniarias para quienes realicen abortos, probablemente sólo incidirá en el aumento de los costos del aborto realizado en forma clandestina", y que "el aumento de las penalidades del delito no apunta a atacar el fondo del problema".
El aumento de penalidades propuesto conduciría a una situación injusta y absurda, toda vez que una persona podría ser condenada a 15 años de privación de libertad, esto es, el doble de la pena que pudiera asignársele en nuestra legislación a un autor del delito de homicidio simple. Esto es absurdo.
En el mismo sentido, hay que tener presente que las mujeres denunciadas, según estudios realizados, se caracterizan por pertenecer a los estratos socioeconómicos más bajos y, por ende, más vulnerables. De esta forma, las mujeres más pobres y más ignorantes entran al circuito de la criminalidad sin ser criminales y pueden ser privadas de libertad por un tiempo indefinido, hasta el momento en que el juez les otorgue la libertad provisional, sujetas a vigilancia, quedando estigmatizadas por tener un prontuario criminal.
Estos estudios consistieron en la recopilación y análisis de los expedientes y sentencias de personas procesadas por abortos y defendidas por la Corporación de Asistencia Judicial en Santiago entre los años 1977 y 1995.
De la muestra existen 132 fichas, que indican que 80 mujeres fueron procesadas en calidad de autoras por ser abortantes, representando el 60,6 por ciento. De hecho, todas las personas procesadas en calidad de autor son mujeres. Por otro lado, en cuanto a cómplices y encubridores, los datos muestran una composición mayoritaria también femenina.
Las edades de las mujeres abortantes fluctúan entre los 17 y los 44 años. El grupo etario predominante, sin embargo, se encuentra en los rangos entre 18 y 29 años. En cuanto al estado civil de estas personas, se estableció que, entre las mujeres con aborto inducido, el 55 por ciento de ellas eran solteras. Y, respecto de este mismo grupo, sólo el 47 por ciento señala tener una relación estable.
Para una mejor comprensión de esta grave situación, quiero reproducir algunos testimonios de mujeres que han sufrido embarazos no deseados y prácticas abortivas en nuestro país, extraídos del libro "Aborto Inducido. Estudio Antropológico en Mujeres Urbanas de Bajo Nivel Socioeconómico", cuya autora es la antropóloga Mónica Weisner .
Primer testimonio: "Tengo cuatro hijos, el niño de 3 años es retardado mental y no me lo reciben en ningún jardín porque no "avisa". A los 2 mayores tuve que sacarlos de la escuela en La Reina; nos tuvimos que ir de ahí; cuidábamos un sitio y después terminaron la construcción. Hace un par de meses nos trasladamos a Peñaflor, instalamos aquí nuestra ranchita. Aquí no me recibieron en la escuela a los dos mayores así es que tengo a todos los niños en la casa: a los mayores, al enfermito y la guagua. La pega de jardinero no está buena, mi marido trabaja unos pocos días a la semana en casas particulares y con lo que él gana apenas tenemos para comer. No es asegurado, así la cosa con los jardineros. Antes era aislador y estábamos un poco mejor. Con el niño enfermo tengo muchos problemas.
"Cuando me di cuenta que estaba embarazada casi me morí. Conversamos los dos con mi marido y decidimos al tiro que tenía que hacerme remedio. No podemos tener 5 hijos y uno enfermo, con los pocos pesos que él gana haciendo jardines y que apenas nos alcanza para comer.". (Lucy, casada, con 4 hijos vivos, 8º año de educación básica, católica observante)
Segundo testimonio: "Después que todos los remedios fallaron, cuando ya estaba de 3 meses, mi hermana dijo que era época de quilas tiernas, y ella sabía dónde habían. Son especiales para abortar. Me trajo unas 5 ó 6 varillas. Elegí una, le sacamos la corteza y la afilé bien con un cuchillo. Puse la vara en agua hirviendo con jabón. Me acosté en una cama dura y me abrí de piernas. Con una mano me sujeté un espejo, y con la otra me metí fuerte para adentro la varilla filuda. Me dolió mucho. Me dejé el palo metido y me lo amarré a una pierna. Hay que caminar harto con el palo de quila todo el día amarrado a la pierna. Me dolía todo. Al día siguiente tuve una hemorragia terrible y tuve mucha fiebre. Me pasé el día delirando. En la noche mi hermana me trajo al hospital.". (Herminia, 21 años, tercer año básico, madre soltera de Longaví).
De estos testimonios, señor Presidente, surgen con claridad las diversas causas que impulsan a las mujeres a realizarse un aborto. Ellas son: necesidades no satisfechas en materia de anticonceptivos, problemas sociales y económicos, falta de educación sexual en forma integral y oportuna, ya que son cada vez más las adolescentes solteras y menos las adultas casadas que interrumpen sus embarazos en forma voluntaria.
De todos los antecedentes que he entregado, surge la siguiente pregunta: ¿qué sentido tiene intensificar los aspectos puramente represivos?
Deseo que el Honorable Senado aproveche esta oportunidad para que, al discutir sobre aborto -según entiendo, esto ocurre por primera vez en la historia de la Corporación-, analicemos la globalidad del problema y no enfoquemos su dimensión puramente represiva.
El problema del aborto y su penalidad ha sido constantemente objeto de estudio y discusión. Ésta ha originado una serie de teorías, las que han producido una polarización en torno a dos posiciones antagónicas: por un lado están los que consideran genéricamente al aborto como un hecho ilícito, lo que los lleva a sostener su punibilidad, y por el otro se encuentran aquellos que estiman que el aborto no constituye un delito, porque privilegian la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo.
Frente a estas dos posturas, hay un tercer planteamiento, que, si bien considera al aborto como delito, sostiene que existen circunstancias especiales que, señaladas en forma expresa por el legislador, por su naturaleza y condición, eximen de responsabilidad a los actores.
La causa de esta polarización y falta de uniformidad de criterios radica en el hecho de que el problema del aborto (es evidente) sobrepasa el campo del derecho y de la ciencia jurídica, ya que abarca también otros tópicos, que alcanzan a la moral, a la ética, a la conciencia, a lo subjetivo y a lo más íntimo de cada persona.
Muchas son las teorías y fundamentos que han planteado los diferentes tratadistas; numerosos son los argumentos que han dado en favor de una u otra posición; diferentes han sido las actitudes que se han sostenido a través de la historia y de los pueblos, y distintas han sido y son, también, las posiciones que los legisladores han tomado en cada país. Frente a la penalidad del mismo se observa, en todo caso, que a partir del siglo XIX ella ha ido disminuyendo considerablemente, circunscribiéndose a penas restrictivas de libertad de un monto de duración bastante reducido.
Más aún, en las últimas décadas se ha reconocido la licitud del hecho en ciertos casos, lo que es fácil comprobar mediante el análisis de la actual legislación comparada sobre la materia.
Nuestro país no ha estado ajeno a esta tendencia universal, ya que hasta la dictación del Código Penal la penalidad de este delito era altísima. En el referido cuerpo legal, el castigo se reduce solamente a penas restrictivas de libertad y en un monto reducido o limitado.
Si bien la legislación es más liberal respecto al problema en naciones como Japón, Estados Unidos y algunos países nórdicos, las cifras en cuanto a abortos que muestra América Latina, con una legislación más restrictiva, son igualmente altas.
En consecuencia, la mayor penalización por prácticas abortivas no significa una disminución de éstas, sino que sólo implica, desgraciadamente, mayores riesgos para las mujeres que a ellas se someten. No hay ciudad latinoamericana en la cual una mujer con dinero -y esto digámoslo con mucha franqueza- no pueda obtener un aborto limpio, ejecutado por manos profesionales. Solamente los pobres se ven obligados al alto riesgo de maniobras abortivas por parte de quienes ignoran cómo hacerlo, provocando con ello serias complicaciones y aun la muerte, por lo que podemos afirmar categóricamente que existen dos tipos de abortos: uno para ricos y otro para pobres.
En realidad, el problema de fondo no ha sido enfrentado en casi ninguno de nuestros países. En Chile, el aborto es un problema que se arrastra por decenios, pero sólo en la década del sesenta se dieron a conocer públicamente las primeras cifras: de 16 mil 540 abortos registrados en 1940, según algunas estadísticas, se llegó a 56 mil 130 en 1965. Estos guarismos contemplan sólo los que se registraron en hospitales porque sufrieron algún tipo de complicación.
Señor Presidente, solicito que se me cargue el tiempo restante al de votación, para terminar en unos 5 o 6 minutos más.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puede continuar con el tiempo de su segundo discurso, señor Senador.
El señor OMINAMI.-
La tasa de abortos hospitalizados ha disminuido, lo que, a juicio de especialistas como el doctor Mario Requena, no significa que hayan decrecido los abortos inducidos, sino que "las técnicas de inducción están siendo mejor usadas, incluso por las parteras".
Las cifras nos muestran que detrás de cada aborto hay un embarazo que no se deseó. Según la antropóloga antes citada, en nuestro país sólo un 44 por ciento de los bebés que se esperan son deseados y, del 56 por ciento restante -los niños no deseados-, un 35 por ciento se resuelve como aborto. Dicho porcentaje es el más alto entre los países de América Latina.
Esta proporción, a juicio de la especialista, tiene su base en una pregunta que no siempre ha podido ser respondida: ¿por qué mujeres fuertemente motivadas para no tener hijos quedan embarazadas?
Señor Presidente, nuestra legislación considera como ilícita toda práctica con fines abortivos, consagrando esta figura delictual en los artículos 342 a 345 del Código Penal. Hasta 1990, se contemplaba en el artículo 19 del Código Sanitario que el aborto se podía practicar legalmente en caso de peligro para salvar la vida de la madre, siempre que dos médicos aprobaran el procedimiento, es decir, el aborto terapéutico.
Durante el Régimen militar, se eliminó esta figura legal, aduciendo que "el avance de la medicina ha demostrado que el aborto terapéutico no se justifica en ningún caso", y se castigó a quien se somete a él con penas de uno a 5 años. A pesar de esto, se calcula que el 38 por ciento de las muertes maternas se debe a abortos.
Con esta situación, Chile se encuentra entre los 17 países que junto a Haití, República Dominicana, algunos de África Central y otras naciones islámicas, penalizan el aborto terapéutico. Francamente, y con el respeto que me merecen aquellos países, creo que no se ubican precisamente en la vanguardia del progreso mundial.
Es una tendencia universal la que, en el marco de la preocupación por bajar la incidencia y prevalencia del aborto inducido, ha llevado a las legislaciones a despenalizar el aborto por un número creciente de causales. En los últimos 70 años, se legisló sobre el problema en el 90 por ciento de los países que representan el 96 por ciento de la población mundial. Distintas experiencias ratifican que el índice de morbi-mortalidad materna baja considerablemente cuando existen políticas públicas de anticoncepción y la práctica legal del aborto terapéutico. Tal es el ejemplo de la situación ocurrida en la maternidad del Hospital Barros Luco, en Santiago, donde prácticamente se suprimió la mortalidad materna por aborto en la década del 70.
Otro hecho aun más sorprendente se refiere a las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud. El anuario de egresos hospitalarios de 1990, existiendo expresa prohibición de efectuar todo tipo de abortos, registra 82 casos de abortos inducidos legalmente. Se observa, en consecuencia, una notable contradicción entre esta prohibición total y el artículo 26 del Código de Ética del Colegio Médico, en el cual se contempla que el aborto es procedente cuando:
a) se efectúa como medida terapéutica;
b) es aprobado por dos médicos competentes; y
c) se realiza por un médico especialista.
Ahora bien, la modificación legal aludida ha originado graves vacíos legales. Citaré sólo algunos:
-En caso de detección de una malformación que presumiblemente hará imposible la vida futura del embrión, no hay solución ni amparo en la legislación.
-En 1991, el Presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, doctor Patricio Gayán, señaló que "a pesar de los avances de la medicina y de la tecnología médica, aún subsisten situaciones en que la interrupción del embarazo se justifica. En estos casos, el aborto no mejora a la madre, pero está protegiendo su vida, dado que sufre una enfermedad grave que la pone en serio riesgo de muerte de persistir el embarazo.".
Figuran en este plano, a juicio del especialista, las mujeres con cardiopatías severas, ciertos casos de enfermas renales transplantadas, a las que hay que suprimir las drogas que impiden el rechazo del nuevo órgano, y también las pacientes que sufren cáncer del cuello del útero, las que deben ser sometidas a altas dosis de radiación, que provocará necesariamente la muerte del embrión o feto.
¿Qué hacer cuando una mujer está embarazada y tiene cáncer a la mama? Se sabe que el embarazo agrava el cáncer y que si se trata con quimioterapia el feto muere. ¿Qué se hace cuando una mujer sabe que está gestando un hijo con anacefalia? ¿Qué hacer, señor Presidente, cuando un padre o padrastro llega borracho y viola a su hija o hijastra?
Sobre este último punto quisiera detenerme. En nuestro país los actos de agresión sexual en contra de los mujeres y niños se están convirtiendo en fenómenos comunes. Las víctimas principales, pero no exclusivas, de abusos sexuales son mujeres, en especial menores de 20 años, y también adultas. Las violaciones denunciadas alcanzan sólo a 25 por ciento; de ellas, el 78 por ciento son perpetradas por conocidos de la víctima, según lo señalan las cifras del Instituto Médico Legal.
Señor Presidente, por ser el fondo del problema una cuestión de forma de vida, de cultura, de valores y educación de los pueblos, de conciencia y de responsabilidad, es evidente que el aborto no es una solución. Ésta se encuentra mucho más allá, y requiere de un camino más largo, que debemos recorrer para producir un cambio de conciencia, de mentalidad, de sistema de vida.
Las medidas que tienden a resolver el problema pasan por la planificación familiar; por un Estado que dé protección efectiva a las madres solteras y disponga de organismos eficientes para la investigación de la paternidad; por una legislación acorde con las nuevas realidades, erradicando todo tipo de diferencias y discriminaciones en contra de los hijos naturales, estableciéndose la más absoluta igualdad entre éstos y los legítimos.
Nadie aborta porque quiere. El aborto es una medida extrema, dolorosa e indeseada. Si muchas mujeres recurren a ella es porque la sociedad no ofrece condiciones para vivir una maternidad digna. Debemos analizar en conciencia y con sentido de realidad cuáles son las verdaderas condiciones que la sociedad chilena ofrece a las mujeres, sobre todo a las que viven en situación de pobreza, para que realicen plenamente su derecho a ser madres.
Por lo expuesto, señor Presidente, señalo mi rechazo a legislar en esta forma sobre la materia, porque no creo conveniente incentivar las dimensiones puramente represivas de este tremendo drama que vive el mundo, especialmente nuestro país. En consecuencia, me parece necesario llevar a efecto una discusión más a fondo al respecto, que involucre el conjunto de las dimensiones que se han planteado y en la cual puedan participar los más amplios sectores del país.
En el entretanto, reitero mi rechazo a la moción del Senador señor Larraín.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Parra.
El señor PARRA.-
Señor Presidente, el proyecto que analiza el Honorable Senado inició trámite hace algo más de cuatro años. En este tiempo, se escuchó un número importante de opiniones, tanto por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, cuanto por la de Salud. No me cabe duda de que los Honorables colegas habrán leído con detención los informes a que hago referencia, y habrán constatado, por lo mismo, que una clara mayoría de opiniones fundadas, tanto de autoridades públicas como de personeros de instituciones privadas, manifestó su rechazo al proyecto de ley propuesto por al Honorable señor Larraín.
Entretanto, también tuvieron lugar dos importantes conferencias internacionales, la celebrada en El Cairo sobre población, y la de Beijing acerca de los derechos de la mujer. Y nuestro país, particularmente en esta última, comprometió oficialmente su posición respecto, por ejemplo, de la despenalización del aborto en relación a la mujer que se ve en la necesidad de acudir a él.
En el informe de la Comisión de Salud (página 26), un médico representante del Programa de Salud de la Mujer, del Ministerio del ramo, deja constancia de lo siguiente:
"Agrega que el Párrafo 107 k discutido en esta Conferencia" (la de Beijing) "y aprobado para ser incluido a continuación del referido Párrafo 8.25 establece: "Considerar la posibilidad de revisar las leyes con medidas punitivas contra las mujeres que se han realizado abortos ilegales", lo que fue aprobado por nuestro país.".
Por otro lado, en el mundo entero el tema ha sido objeto de una activa discusión. La legislación de muchos países, particularmente europeos, ha ido adoptando actitudes más flexibles, criterios más liberales, respecto del aborto, partiendo sobre todo de la base de que él, siendo indeseable, puede ser eficazmente combatido con mecanismos distintos de la legislación penal.
Por eso, la alternativa que aparece escogiéndose entre nosotros está un poco de espaldas a la tendencia universal en la materia. Ya con la modificación del Código Sanitario de 1989, para excluir la figura del aborto terapéutico; ahora con ésta, que eleva sustancialmente la penalidad del delito de aborto, Chile aparece en una línea que enfatiza una política de represión frente a un problema social que puede -como ya manifesté- ser abordado de modo distinto.
Voy a votar en contra de la idea de legislar, Honorable Senado. Y voy a votar en contra porque, desde mi punto de vista, el proyecto es innecesario, inconveniente e inoportuno.
Innecesario, porque en 1966, durante el Gobierno del Presidente Frei Montalva, Chile puso en marcha una política de planificación familiar, y desde el Ministerio de Salud se ha desarrollado una serie de programas educativos y de asistencia para avanzar hacia un sistema de paternidad responsable, libremente elegida, con control, por lo mismo, de la natalidad desde la pareja, en el ejercicio de su libertad. Tales programas han sido exitosos. Chile es reconocido hoy en América Latina como el país donde el número de abortos ha disminuido de manera más significativa, hecho que los informes ratifican con datos estadísticos irrefutables.
Por otro lado, el Ministerio de Educación puso en marcha los programas que anunció en el informe a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
¡Cuántas voces se levantaron, señor Presidente, cuando esa Secretaría de Estado inició su programa de educación sexual para los jóvenes de la enseñanza media! Voces que condenaron tal iniciativa, en circunstancias de que ella -como los referidos programas del Ministerio de Salud- se inscribe en la línea del ejercicio consciente y responsable de la libertad y habrá de contribuir a que el número de abortos siga disminuyendo sostenidamente en nuestro país.
La represión, claramente, no constituye el mecanismo para solucionar el problema. Por décadas hemos tenido legislación penal, y severa. Sin embargo, cuando la curva del número de abortos se quiebra es cuando tiene lugar esta otra política de Estado, orientada hacia la educación y la asistencia.
En segundo lugar, me parece que el proyecto es inconveniente. En la presentación de la moción que le dio origen, su autor declara que el objetivo es elevar la penalidad para evitar que quienes sean condenados por el delito de aborto hagan uso del sistema de penas alternativos a las de presidio que contempla nuestra legislación. No obstante, un reciente estudio del Instituto Libertad y Desarrollo, que se nos hizo llegar hace 20 a 25 días, prueba la dramática situación del sistema carcelario chileno y afirma que éste se halla colapsado, proponiendo, por la misma razón, medidas urgentes, entre ellas la apertura en esta área a la presencia de privados para poder superar la crisis.
¿Qué sentido tiene, entonces, forzar a que las penas de presidio deban cumplirse necesariamente en cárceles colapsadas, que no están en condiciones de rehabilitar a los delincuentes y que con frecuencia motivan que éstos vean fuertemente degradadas su propia existencia y sus posibilidades de reinserción en el medio social?
Por último, me parece que la iniciativa en debate es inoportuna.
Hace algunas semanas, señor Presidente, el Honorable Senado conoció de un proyecto de reforma al Código Penal que tenía por objeto introducir una nueva figura delictiva y lo rechazó de manera unánime. ¿Por qué? Porque consideró que el catálogo de delitos contemplado en nuestra legislación ya es suficientemente extenso como para cubrir las más de las posibles conductas ilícitas. Pero, sobre todo, lo rechazó también por una cuestión de oportunidad. El país está llevando adelante un proceso de modernización del sistema judicial de enormes proyecciones -sin duda, uno de los procesos más trascendentes que ha vivido Chile durante este siglo-, y habrá de ser parte de él la modernización de nuestra legislación penal, la reformulación de la política criminal con que hasta aquí se ha estado actuando.
Un profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica de Valparaíso, quien informó a propósito de este proyecto en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en nombre del Centro de Estudios y Asistencia Legislativa de dicho plantel, llamó la atención sobre la inconveniencia de legislar por partes, de abordar parcialmente, en este caso, la penalidad del delito de aborto, creando con las modificaciones propuestas un mayor grado de desarmonía en nuestra política criminal, que se refleja fundamentalmente en la penalidad asignada a cada delito. Y por eso, entendiendo la intención del Honorable señor Larraín, aquel profesor manifestó su oposición al proyecto planteado.
Ahora bien, señor Presidente, creo que el análisis que hoy se está haciendo deja abierta una consideración más de fondo sobre el tema del aborto. En ese sentido, suscribo la mayor parte de la intervención que tuvimos el agrado de escuchar al Honorable señor Ominami.
Sin duda, el asunto requiere no sólo una aproximación penal. Porque de una cosa pueden estar ciertos todos los señores Senadores: aquí no hay nadie que esté contra la vida; nadie que se halle en contra de la protección de los derechos de quienes están por nacer; nadie que no participe de una sana preocupación para que nuestra sociedad pueda superar en determinado momento -ojalá definitivamente- un drama como el que representa el aborto.
Nada más, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Como no se encuentra presente en la Sala en este minuto el Senador señor Pérez, puede usar de la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, el debate iniciado hoy es, probablemente, mucho más trascendental de lo que nosotros mismos previmos cuando analizamos el orden de la tabla. Estamos comenzando a discutir temas que no sólo son esenciales en el funcionamiento de la sociedad, sino que también se vinculan con los derechos de las personas; con la forma como éstas interactúan dentro de la comunidad en que viven; con la evolución de la cultura de cada pueblo; con la forma en que la sociedad va acondicionando las situaciones para enfrentar fenómenos como el aumento demográfico, la limitación física de los recursos que posibilitan la vida de la población, etcétera; con las normas profundamente enraizadas en la conciencia colectiva, y con la manera de organizar la sociedad.
Tras leer el informe y escuchar tanto al autor de la iniciativa como a los Senadores señores Ominami y Parra, mi reflexión va en la línea de que el tema no puede ser enfocado únicamente desde el punto de vista señalado en la moción.
El Senado, desde el momento en que me incorporé a él por segunda vez, ha tratado tres temas que se ligan directa o indirectamente con el del aborto: la filiación -el proyecto respectivo originó un debate muy profundo entre nosotros-; el test de embarazo -su relación con el asunto en discusión es directa-, y, obviamente, el contexto en que funciona la economía y los resguardos que ésta da a lo que se define como elementos centrales: la constitución de la familia, el trabajo de la mujer y la forma como ello se regula dentro de una sociedad que avanza.
El proyecto cuya discusión estamos iniciando hoy tiene que ser enfocado a la luz de esos elementos. No debe haber sólo una modificación al Código Penal. Y explicaré por qué.
No creo que nadie sostenga en el Senado que no defiende la vida; afirmarlo sería una injuria, una ofensa gratuita. Sin embargo, en la medida en que cada cual observa los problemas contingentes, pueden darse interpretaciones y matices, no en cuanto a desvalorizar la vida que nace de la unión de un hombre y una mujer, sino en otros aspectos vinculados a la vida.
Por lo tanto, deseo fijar mi posición sobre la base de que aquí hay dos elementos que considerar. El primero tiene que ver con la significación que la Cámara Alta da al fomento del valor de la familia; a la vida que nace en ella -sea o no con un vínculo legal-; a las protecciones establecidas al efecto, y a los mecanismos económicos que hoy están atentando contra aquel valor en nuestra sociedad.
No pretendo caricaturizar nada con esta intervención, señor Presidente. Pero debo puntualizar, por ejemplo, que del test de embarazo se hace una norma en el país, lo que ya hemos discutido. ¿Y qué involucra dicho test? La inducción directa o indirecta del aborto.
En días pasados conocí una institución que somete a un test de embarazo mensual a las mujeres vinculadas laboralmente a ella, quienes son dadas de baja cuando el resultado de aquél es positivo. Y ésta es una información concreta.
¡Eso ocurre hoy entre nosotros!
Por lo tanto, cuando empresarios, con toda legitimidad -como lo dijimos en su momento en el debate-, comienzan a utilizar este instrumento, lo hacen para desincentivar a la mujer que trabaja a que adquiera el estado de gravidez y pueda llevar adelante su embarazo.
Las cosas no pueden silenciarse. ¡Son así!
Por otra parte, en el momento en que, sin que medie el test en sí mismo, se produce la discriminación en los contratos de trabajo de la mujer que queda embarazada, la sociedad está enviando la señal de que no desea facilitar el nacimiento de los hijos.
Como el hecho biológico de la unión de un hombre y de una mujer implica por naturaleza, en un período determinado, la continuidad de la vida, no hay duda de que estamos aquí ante una sociedad que debe normar -por la vía de valores, de mecanismos y de principios- lo que significa esa continuidad.
Por eso, desde todo punto de vista, merecen el más profundo repudio quienes, estableciendo un mecanismo muy beneficioso para ellos en algunos casos, lucran o comercian con la necesidad de aquellos que, bajo cualquier circunstancia, acuden al aborto.
En lo personal, siempre estaré disponible para sancionar a quien realiza ese tipo de actos en Chile. Porque eso no es ético; es incorrecto, abusivo y contrario a la moral, incluso de nuestra sociedad, cualquiera que sea la posición religiosa o valórica.
Pero distinto es pretender elevar sanciones o reprimir por la vía de este mecanismo a mujeres que muchas veces, en forma inconsciente, no deliberada, quedan embarazadas.
Y, como muy bien se ha dicho (las estadísticas no mienten), el gran contingente de las personas que enfrentan este problema lo constituyen mujeres jóvenes, la mayoría de ellas solteras. Aquí se ha dado la cifra relativa a las que tienen 18 años, pero no la de aquellas que están por debajo de esas edad, cuyo número quizá es mayor.
El aborto -suscribo lo que he escuchado a algunos Honorables Senadores- es un drama. Y no comparto la decisión de enfrentarlo. Es mi posición personal; no puedo imponerla a otros. Pero, así como no puedo dejar de reconocer que el aborto es un drama -y a veces conmueve a las personas, a las familias, o destruye incluso elementos valóricos en la mujer que es inducida a él-, con la misma claridad debo decir que llevar adelante la vida es un acto de amor y de coraje. En oportunidades se requiere mucho más coraje llevar adelante la gravidez, enfrentar el nacimiento del niño o de la niña, criarlo y educarlo, que eliminarlo por aquella vía.
Allí está el punto central donde quiero radicar mi posición.
Desde la perspectiva de lo que es este proyecto, sugiero que el Senado tome el contexto completo de lo que desea ver como desarrollo de la familia. Y a través de los diversos mecanismos, directos e indirectos, económicos, sociales, penales, avancemos en ese terreno. Pero no nos quedemos sólo en un problema de penalización para quienes pudieran estar fuera del ámbito de lo que aquí estamos hablando.
Por lo tanto, señor Presidente, quiero manifestar mi rechazo, no sólo al concepto del aborto como tal, sino también a la idea de parcializarlo por la vía del Código Penal y hacer caso omiso de todos los elementos económicos de una sociedad como la actual, que, sin decirlo, está induciendo al aumento de aquella práctica.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Como la Honorable señora Frei no se encuentra en la Sala, tiene la palabra el Senador señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente, me alegro mucho del giro que ha ido tomando el debate a partir de las intervenciones recientes de varios señores Senadores, porque se ha trascendido de una simple moción sobre incremento de penas a una discusión mucho más de fondo sobre el problema del aborto.
En primer lugar, coincido con lo que se ha expresado acá en cuanto a que el aborto es siempre un drama, una tragedia, originada en múltiples causas, que la mayor parte de las veces nada tienen que ver con falta de moralidad o con el deliberado deseo de evitar que nazca una nueva vida.
Sobre el particular, daré lectura a un corto párrafo del informe técnico que envió a la Comisión de Constitución el Ministerio de Salud, donde se expresa que "la decisión de realizar un aborto inducido se relaciona con factores sicológicos y socioculturales de difícil abordaje: mala situación económica, abandono de la pareja masculina, temor a pérdida de un trabajo remunerado, etc.". Y se agrega: "La magnitud del aborto inducido ha sido considerada un indicador de demanda de servicios anticoncepcionales no satisfecha, porque es difícil que alguien decida optar voluntariamente por un aborto, si dispone de información adecuada y accesibilidad oportuna a servicios anticonceptivos eficaces.".
A lo anterior debe añadirse lo que mencionó, por ejemplo, el Honorable señor Ominami en el sentido de que en el aborto hay problemas de violación, de violencia intrafamiliar, de relaciones incestuosas, y una serie de tragedias horrendas que determinan recurrir a él.
Y, ciertamente, la presión social sobre los menores de edad derivada de la evolución de la cultura predominante, que incluye muy fuertemente las relaciones prematrimoniales, lleva a enfrentar las consecuencias de éstas por la vía del aborto clandestino.
No deseo hacer disquisiciones teóricas de gran longitud, porque me siento plenamente interpretado por el discurso del Honorable señor Ominami -me pareció una presentación brillante-, así como también por el de los Senadores señores Parra y Muñoz Barra. Y comparto, en buena medida, las reflexiones que recién hizo el Honorable señor Moreno.
Pero quiero enfatizar ciertas cosas.
El aborto es algo que nadie desea que ocurra. Y la política más eficaz para que no lo haya es la de prevención activa, la que se ve obstaculizada en un país como el nuestro, donde hay barreras al uso pleno de los métodos anticonceptivos o de la publicidad en favor de ellos, donde se mira con reticencia una educación sexual franca, abierta, y una serie de otros factores.
Me ha impactado fuertemente el dato que entregó el Senador señor Ominami en cuanto a que Chile figura entre los 17 países del mundo -ninguno aparece entre los relativamente más avanzado en ningún sentido- en los cuales hoy no está permitido el aborto terapéutico.
Además, tal como se ha dicho, el único efecto del aumento de la penalidad será el incremento del costo del aborto, no una reducción de su número. Porque las causas del aborto obedecen al conjunto de factores que se han señalado y no se eliminarán simplemente con imponer penas más severas.
A continuación, me referiré a otro punto. Conocer la posición del Honorable señor Larraín, autor de la moción, y escuchar a otros Senadores que han opinado en sentido contrario, muestra la profunda discrepancia y diversidad de valores que caracteriza a la sociedad chilena. Se manifiesta ahora en este debate; se manifestó hace pocos días cuando discutíamos las bases del proyecto sobre filiación, y se manifestará en la discusión del proyecto de ley sobre el divorcio pendiente en el Senado. En fin, hay un conjunto de iniciativas a las que se ha hecho referencia que evidencian esta enorme diversidad de valores.
Debo reconocer que, en lo personal, de acuerdo con una encuesta reciente, me inscribo dentro del 7 u 8 por ciento de los chilenos que -para decirlo con franqueza-, conforme a ciertos marcos reglados, creen en los derechos reproductivos de las mujeres; es decir, en la libre decisión de ellas respecto de su cuerpo, como algo que está ganando crecientemente predominio en las legislaciones y en las culturas de la gran mayoría de los países. En términos del debate norteamericano, entre "pro life" y "pro choise", me declaro partidario de este último.
Considero importante señalar dos puntos finales. Creo que es muy complicado el desarrollo de una sociedad donde la economía se desenvuelve en un marco de políticas liberales, porque ésa es la economía contemporánea, y que en materias de valores y de prácticas sociales tiende a ser conservadora y restrictiva. Éstas dos cosas chocan, en algún momento, inevitablemente. Estimo que nosotros vamos, curiosamente, por caminos que parecen ser contradictorios, avanzando hacia mayores liberalidades en lo económico y hacia elementos más restrictivos y más conservadores en lo social y moral.
Por último, se trata del reconocimiento a la diversidad, que es muy profunda. Sin pretender convencer a quienes sostienen conceptos, doctrinas y valores distintos de los míos -comparto lo que ha señalado el Senador señor Ominami y no lo planteado por el Honorable señor Larraín-, es evidente que éstas y otras visiones van a seguir coexitiendo en la sociedad chilena. Por consiguiente, mi reflexión final es que, cuando existe esta diversidad tan grande, la única manera en que una sociedad pueda realmente desenvolverse en cierta armonía fundamental, es reconocer tal diversidad. Y este reconocimiento significa que uno no puede adoptar posiciones dogmáticas respecto de los valores propios. Debe reconocer, al menos, la posible validez de los valores de los otros. Si uno reconoce la diversidad y la pluralidad en estas materias, las legislaciones a que se aspira deben ser más bien menos restrictivas y no más restrictivas. Porque quienes adhieren a última posición siempre están en condiciones -trátese del divorcio, del aborto, de las relaciones prematrimoniales o de lo que fuere- de ajustar sus prácticas a sus particulares doctrinas. No ocurre lo mismo si la legislación imperante es restrictiva, porque no da opción a quienes no tienen esa visión de poder practicar sus propios valores.
En consecuencia, concluyo diciendo que nos hace falta un debate a fondo, partiendo de la base inicial, que aquí todos han compartido, en el sentido de que el aborto es una tragedia. Pero debemos reconocer esta diversidad chilena y caminar en la dirección en que lo hace el mundo entero, que es hacia una mayor liberalidad en este tipo de legislaciones. En democracia como modo de vida -que implica tolerancia y respeto mutuo, entre otras cosas-, que se está imponiendo gradualmente en todo el planeta, se exige que esa tolerancia se exprese también en las leyes relativas a estas materias.
Por ello, señor Presidente, invito a efectuar un debate a fondo sobre estos temas y me declaro totalmente contrario a la moción que se propone.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, llama profundamente la atención que, cuando se habla del aborto, se hace referencia al drama humano, a situaciones extremas y se describe un conjunto de hechos, desde la gestación de un niño con malformaciones hasta la mujer violada. Es decir, en la perspectiva del aborto, siempre se destacan casos límites, para, desde allí, generalizar un conjunto de opiniones e ideas.
Y también me llama profundamente la atención que se hable de la libertad de la mujer para disponer de su propio cuerpo. Sí, la tiene. ¡Qué duda cabe! Pero ocurre que ese hijo, cualesquiera que sean las circunstancias, es un ser distinto de ella. En consecuencia, no puede disponer tan pura y simplemente, cualesquiera que sean las circunstancias, de un ser que por naturaleza es completamente diferente de ella, por estructura, por biología, por espiritualidad, no obstante que le proporciona la vida hasta que pueda tener una propia, en plenitud, separado de su madre.
Cabe recordar, brevemente, algunos pasajes de lo que el ex Senador y muy querido amigo Jaime Guzmán sostuvo en esta Sala no pocos años atrás, a propósito de la iniciativa que tuvo por objetivo abolir la pena de muerte en Chile. En esa oportunidad, se refirió claramente al aborto. Dijo:: "Naciones que aprueban la abolición de la pena de muerte que la autoridad judicial pueda imponer para delitos gravísimos, legalizan el asesinato que simples particulares cometen contra millones de seres inocentes e indefensos.". Y agregaba: "¡qué contradicción más reveladora!". "En el fondo, ella obedece a una de las crisis más graves de nuestra civilización occidental. Un materialismo práctico, cada vez más generalizado, enfoca toda la existencia humana desprovista de su trascendencia y reducida a su inmanencia. Se mira la vida humana" -decía el Senador en este Hemiciclo-"como si fuese sólo una expresión síquica y física, ajena a la dimensión espiritual y trascendente del alma". Y luego señalaba: "Por eso, mientras se rechaza con escándalo todo lo que implique horror sensible, se olvidan los principios morales más básicos, cuando se les puede violar sin ese impacto sobre los sentidos.
"El aborto mata sin que se vea o se sienta ese crimen, en todo lo que implica el asesinato de un ser cuya inocencia está fuera de toda duda posible. He ahí su especial cobardía. Pero he ahí también lo que explica su extendida -aunque monstruosa- aceptación en el mundo actual.".
El mérito de este proyecto es que asume derechamente, acogiendo por lo demás lo ya preceptuado por la Constitución Política, que la criatura concebida y no nacida es un ser humano. De ahí que nos parece relevante cambiar la ubicación del delito de aborto en el Código Penal del Título de "Crímenes y simples delitos contra el orden de la familia y la moralidad pública" al Título de "Crímenes y simples delitos contra las personas", porque se está hablando aquí, más que de tragedias humanas -que afectan naturalmente a las mujeres-, de que esas tragedias inciden sobre la vida de hijos y, más aún, sobre seres humanos indefensos que son asesinados.
No queremos no hacernos cargo de toda la realidad que rodea al drama social que lleva a tal situación. Y desde esa perspectiva también la iniciativa recoge un elemento muy importante, que es el de asumir esta verdadera industria que, sobre la base de dicha tragedia, existe abierta o clandestinamente. Y empleamos el término "abierta" porque no siempre, según se sabe, está marcada por la expresión decadente de tugurios donde se practica el aborto, sino que también a veces se lleva a cabo en recintos muy aceptados.
En esta materia, nuestro quehacer debe orientarse a todo cuanto se vincule con la prevención. Y es materia de otras iniciativas, que por de pronto corresponden al Ejecutivo y no a un Parlamento, no obstante que éste, desde luego, debe abocarse a estudiar lo que se proponga en lo relativo a prevenir este drama social.
Pero no separemos la expresión dramática de la expresión real de lo que verdaderamente es el aborto: el asesinato de un ser inocente.
Desde luego, también hay que señalar que entre las bondades de la iniciativa se encuentra precisamente el ir despejando esa carga de responsabilidad tan fuerte que pesa sobre la mujer. Sin duda, siempre la afectará un grado de responsabilidad, puesto que de lo que se desprende es precisamente de la vida que ella ha concebido. Por eso, es doloroso y desgarrador y deja secuelas. No se despoja de una prenda de vestir o de algo muy preciado de orden material: se desprende dramáticamente de algo que lleva en sus entrañas y, más que algo, de un ser, pero que, desgraciadamente, en el decir de este debate, viene siendo un "algo", y por eso mismo se pone mucho más énfasis en el drama de la mujer que en el hecho moral que implica el desprendimiento violento de ese ser del vientre materno.
El proyecto reviste entonces una connotación muy relevante cuando a la criatura concebida y no nacida se le reconoce el carácter de ser humano. La criatura que está por nacer es, a no dudarlo, titular del derecho a la vida, derecho que naturalmente le pertenece porque es un ser único e irrepetible, y por lo mismo no es sujeto de la libre disposición de su madre. Es un ser humano único e irrepetible. Prueba de lo anterior lo constituye lo que hoy la propia ciencia nos revela acerca del DNA, que establece infaliblemente el hecho de que, por mandato de la naturaleza, la primera célula humana viviente que se forma cuando el espermatozoide del hombre penetra el óvulo de la mujer ya contiene un DNA exclusivo del ser humano al cual pertenece. Hoy es científicamente demostrable que este DNA, o ADN, es distinto del de los padres. Desde que existe esta primera célula es un ser humano nuevo. Precisamente en el proyecto de ley sobre filiación se considerará muy especialmente que en el reconocimiento de la paternidad se incorporen las pruebas biológicas, y el ADN, o DNA, pasa a ser una prueba muy importante para establecer precisamente el origen de una filiación, el origen de una vida.
Producida la concepción, la nueva vida concebida es un individuo humano separado, un organismo que posee en sí mismo todo lo que es necesario para organizar su propio desarrollo y crecimiento, y su propia multiplicación y diferenciación, si se le proporciona solamente la nutrición y el ambiente apropiado.
El proyecto en cuestión se inspira, además, en generar una muy buena solución para la disuasión de quienes, sin escrúpulos, hacen del aborto una actividad lucrativa, recogiendo, con la figura del arrepentimiento eficaz, el trauma y la angustia de la mujer que se somete a este aberrante y doloroso procedimiento, procurando que ella quede finalmente en la práctica sin sanción punitiva. En verdad, eso constituye un elemento muy innovador en el proyecto. Apunta a hacer eficaz la norma respecto de la organización que bajo cualquier fórmula siniestra se oculta y se hace cargo de las circunstancias en que esas mujeres llegan a esas organizaciones, liberándolas de lo que, sí, realmente les resulta doloroso e injusto: que muchas de ellas se encuentren hoy día recluidas, agregándose al dolor que han experimentado la ignominia de la prisión.
El aborto constituye el asesinato más cruel, tal vez el más cobarde e impune de los que en nuestros tiempos se cometen. Compromete indudablemente a toda una sociedad y la daña en sus cimientos más elementales, pues nadie que asuma la defensa de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana puede con rigor defender esta deleznable práctica -que, por lo demás, nadie aquí ha defendido- que priva del don de la vida al más inocente e indefenso de los integrantes de la raza humana.
Señor Presidente, al terminar solicito que se fije plazo para presentar indicaciones.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Una vez que votemos en general el proyecto, determinaremos dicho plazo sobre la base de las proposiciones de los propios señores Senadores.
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, en esta interesantísima discusión han surgido, a mi juicio, dos situaciones. Primero, ¿análisis de qué, sobre qué? Se ha promovido la discusión acerca de la penalidad que correspondería al delito de aborto en el sentido de aumentarla. Y pareciera que ésta debería haber sido la materia objeto del debate. Sin embargo, por la importancia del tema y su extraordinaria carga valórica, humana y social, se ha planteado el asunto en términos de cómo se mira el aborto dentro de la sociedad. Y se han escuchado las posiciones, las consideraciones y la visión que cada señor Senador tiene respecto a este acto criminal.
Por supuesto, todos defienden la vida. Y si todos los Senadores defendemos la vida, lo práctico, lo lógico sería aprobar el proyecto, por una razón muy natural y humana.
Con ello no se resuelve todo el problema -lo han señalado en forma muy clara Sus Señorías-, pero es una pieza que va construyendo un edificio colectivo para abordar el problema en su integridad y buscar múltiples acciones en diferentes campos del conocimiento, de las ciencias humanas, de la acción de las personas, de la conducción de los políticos y, en general, de la sociedad, para corregir esta tremenda situación.
Entonces, bajo el punto de vista práctico, esto parecería un paso pequeño, porque la idea es buena. Los seres humanos, guste o no -en el año 3000 será igual-, necesitan castigo para ciertas conductas, porque van más allá de la naturaleza reflexiva o de la cultura de la persona que comete determinados actos. Y la sociedad entrega un campo de información, de educación, de salud, de preparación, de conducción de los líderes políticos, de señalización -como lo hace el Senado- o de demarcación de ciertas situaciones, donde se dice que tal conducta es un delito. De manera que con estos antecedentes, si todos estamos de acuerdo en que el aborto constituye un delito, un crimen abominable, porque se trata de la vida de un ser inocente que se está destruyendo, lo lógico sería que diéramos un paso práctico y aprobáramos esta iniciativa. No es mucho, pero puede bastar para que al menos uno de esos 160 mil abortos no se lleve a cabo. Y con eso el Senado estará absolutamente pagado en su esfuerzo, y con respeto hacia todas las posiciones de los señores Senadores.
Ahora, si el proyecto no lo hubiese presentado el señor Senador autor de la moción -perdónenme la franqueza, pero entre caballeros puede hablarse claramente-, sino otro, de otra bancada o sector, con una posición ideológica o visión de la vida distinta, ¿habríamos escuchado lo mismo en algunos aspectos? Claro, todos estaríamos de acuerdo -y vamos a estarlo- en defender la vida. Pero, a lo mejor, habríamos encontrado otras posiciones con diferentes situaciones, y es probable que muchas opiniones en contrario hubiesen cambiado.
Lo anterior me lo planteo porque se ha argumentado, entre otras cosas, que Chile es uno de los pocos países donde se ha suprimido el aborto terapéutico.
La historia -o la suerte- hizo que el Senador que habla fuera Jefe de Gabinete del Almirante señor Merino en la Junta de Gobierno. Y como tal, era coordinador de todas las comisiones constituyentes de la Primera Comisión Legislativa. En ese momento -lo recuerdo muy bien-, cuando fui llamado al Gabinete, se me señaló que se había presentado este problema, y que debía estudiar si debía o no suprimirse el aborto terapéutico del Código correspondiente.
Durante ocho meses estudié el tema y consulté al respecto, a través de las Comisiones de la Primera Comisión Legislativa, a todos los expertos del país. Y en ese momento, cual más cual menos, todos establecieron claramente que sostener ya en ese año el aborto terapéutico no era necesario ni conveniente, porque la ciencia aseguraba en un alto porcentaje -obviamente, hasta donde es posible hacerlo cuando se trata de la vida- que ya no era normal que una madre falleciera por algún problema derivado del hijo que llevaba en su vientre.
Por otro lado, se ha señalado algo que me ha dolido profundamente, respetando, por supuesto, las posiciones. En mi vida me ha correspondido desempeñarme apoyando a distinguidas damas y personas en general que han trabajado con niños que presentan el síndrome de Down. Y puedo señalar que en la actualidad, a través de los métodos modernos, es posible observar la carita del feto y ver si tiene o no esta malformación. Y, entonces que alguien pensando que esa criatura pueda ser un lastre por tener este mal quiera suprimir su vida, me parece terrible.
Respeto esas posiciones, tengo el deber de hacerlo, porque así he sido formado. Pero creo que constituye un profundo retroceso considerar que situaciones así enfocadas puedan ser una solución. La salud hoy día es extraordinariamente positiva en esto. Recuerdo lo siguiente: todos tienen en mente el caso de la talidomida, y, si se hubieran aplicado los criterios que algunos países han seguido, cuántos niños hoy día no estarían vivos.
Creo que eso indica que, con el avance de la ciencia, la justificación de suprimir el aborto terapéutico fue correcta en ese momento.
Insisto en que la discusión se halla en torno de aumentar la penalidad para el caso de la comisión del delito de aborto. De eso se trata el proyecto, así de simple. Es evidente que es una posición, un camino más dentro de un gran conjunto, y todos los señores Senadores así lo han presentado. Y debiéramos llegar a un gran paquete de acción para contribuir a que esto sea un hecho positivo: disminuir los abortos.
Sin embargo, hay dos cosas de las que quiero hacerme cargo, porque el tema es tan trascendente que no puedo quedar en silencio ante esto.
El hecho de que los países más avanzados tengan determinada posición no nos obliga a adoptarla. Debemos ser orgullosos de nuestra cultura, de nuestro concepto de sociedad. Por eso, me pregunto si debemos mirar y preguntarnos qué sociedad queremos para el siglo XXI, cuál es la sociedad que buscamos. ¿Es una sociedad en la cual no podamos tener a niños que presenten malformaciones? No me parece que sea así, por lo menos es mi punto de vista.
Por otra parte, habría que señalar la equivocación profunda en que han incurrido dirigentes y conductores políticos de países avanzados que han seguido tales criterios diciendo, sencillamente, que en muchos casos han errado y no ha sido la solución, lo que ha causado gran dolor.
Ahora, no creo que exista antinomia entre una economía libre, que esperamos tener para el siglo XXI, una economía global, y una sociedad que debe mantener valores éticos y morales. Porque resulta que la única forma de funcionar en una economía global, donde exista el libre intercambio de bienes y servicios, consiste en que la gente y la sociedad de la cual provenga tengan una ética y moral firme y decisiva. Porque si no, la transparencia, la confianza en la palabra empeñada, no va a estar presente y no será factible la economía que andamos buscando para desarrollarnos. Y esa misma economía -debemos tenerlo presente- es la que va a dar soluciones terapéuticas mucho mejores todavía para las enfermedades femeninas o enfermedades de los fetos, a fin de que éstos puedan vivir.
Por último, la diversidad no significa que no se acepten las posiciones de las personas, pues éstas se admiten. Pero todas las personas tenemos una cosa en común: defendemos la vida humana. Y si defendemos la vida humana en el ser inocente, estamos defendiendo derechos humanos. Y en última instancia -entrando, quizás, al fondo del tema-, si negamos la defensa de los derechos humanos al inocente, ¿no significaría una destrucción definitiva de toda la estructura ética y moral del edificio jurídico construido en torno de los derechos humanos, el que nace de una moral y ética determinada que viene de la cultura cristiana occidental? Si no, no hubiera existido el concepto de derechos humanos. No es un concepto que viene de otras culturas, sino de la nuestra. Y esa cultura ética y moral, basada en los principios cristianos occidentales, respeta la vida, y la vida está presente desde el momento en que el espermatozoide se une al óvulo. Ahí estamos en presencia de un ser humano que se está formando y tiene la expectativa de vivir en una sociedad sólida, consolidada.
En lo concreto, el tema, en primer lugar, es de trascendental importancia, pues lleva aparejado el concepto de sociedad que queremos para el futuro. Segundo, seamos prácticos: los seres humanos precisamos de limitaciones. Y lo que hace el proyecto es limitar, en el sentido de aumentar la penalidad. Tercero, debemos hacer un gran esfuerzo para contribuir desde diferentes ángulos de nuestra cultura y de las ciencias humanas a conformar un conjunto de soluciones al problema del aborto. Estoy absolutamente de acuerdo con el proyecto.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Restan cinco minutos para el término del Orden del Día.
Está inscrito a continuación el Senador señor Adolfo Zaldívar. Consulto a Su Señoría si desea hacer ahora uso de la palabra por el tiempo que queda, o en la próxima sesión.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Prefiero hacerlo ahora, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
¿Habría acuerdo para prorrogar el Orden del Día hasta que el señor Senador finalice su intervención?
Acordado.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente, estamos ante un tema de gran trascendencia, respecto del cual nadie puede sustraerse de dar su opinión, definirse y tomar posición. Creo que la moción del Honorable señor Larraín, más allá del juicio que pueda merecernos en cuanto a la forma en que pretende enfrentar el problema, nos exige pronunciarnos ante la realidad actual del país. En este sentido, creo que no estamos sólo ante un problema social. Se han hecho planteamientos y dado algunos ejemplos que estremecen de solo escucharlos. Y esta compleja realidad nos obliga, como señalé recién, a definirnos y a buscar políticas que apunten a superar las causas del problema del aborto.
Debemos partir de políticas coherentes, y debe haber correspondencia en la normativa del Código Penal -es uno de los aportes de la moción-, la que, a mi juicio, no existe. Porque este delito no debe estar tipificado en el Título VII del Libro II del referido cuerpo legal, relativo a "Crímenes y simples Delitos contra el Orden de las Familias y contra la Moralidad Pública". Es un bien jurídico muy superior el que está en juego. Este delito debiera estar tipificado en el Título VIII del mismo Libro de dicho Código, sobre "Crímenes y simples Delitos contra las Personas". Es cierto que aquí hay una incoherencia y es conveniente subsanarla. En ese sentido, el proyecto apunta en la dirección correcta; pero hay aspectos que lo superan y que nos muestran la necesidad de correspondencia y coherencia con actividades económicas y sociales.
Por otro lado, me hicieron mucha fuerza los argumentos del Senador señor Moreno, en cuanto a que para enfrentar bien el problema debe haber correlación en todo el quehacer nacional y debemos hacerlo nuestro. Al respecto, deben adoptarse medidas en el plano de la educación, de la salud, y también ha de perfeccionarse nuestro Código del Trabajo. Muchas veces, al discutir normas tendientes a facilitar o garantizar el trabajo de la mujer, deberíamos votar en correspondencia con ellas, por tratarse de una problemática muy compleja.
Esta situación la he meditado muchas veces, sobre todo cuando participamos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en los primeros pasos de esta moción. ¿Qué siente o debe sentir una mujer en su plena cabalidad cuando se enfrenta al hecho de practicarse un aborto? Creo que debe ser lo más cercano al suicidio.
Por eso afirmo, con toda tranquilidad, que no me parece bien aumentar las penas. El Código Penal consigna unas que van de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado medio, es decir, en general, de 541 días a 10 años, para los diversos actores que se señalan. Reitero: no creo conveniente elevarlas. Estimo que la solución no va por esa vía, porque, realmente, el drama humano que hay detrás es horrible. Por lo tanto, no creo que por el camino de la sola sanción vamos a resolver el problema.
Me parece bien, sí -y estoy plenamente de acuerdo, pues creo que nuestra legislación, desde 1874, ha enfrentado bien este problema-, tratar de proteger un bien jurídico. Pienso sí que se equivocaron en el bien que se deseaba resguardar. Lo que se debe proteger es la vida, porque estamos en presencia de un principio de vida desde el momento mismo de la concepción. Se podrá discutir cuándo ésta se origina, si desde que el espermatozoide penetra el óvulo, o bien, desde la singamia, o de etapas posteriores, como sostienen otros. Pero hay un momento en el cual comienza la vida humana. Y desde ese instante, para quienes creemos en ella, debe protegerse. Y, por eso, nuestra legislación hace bien en protegerla y en sancionar a quienes atenten contra este bien jurídico, porque realmente se halla en juego algo fundamental para la existencia misma de la sociedad; pero -insisto- debe haber coherencia y correspondencia, si queremos realmente superar o aminorar este problema que está ocurriendo en la sociedad.
Se podrán dar ejemplos dramáticos, por cierto, como los señalados por un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Pero también hay otros. Muchas mujeres que recurren al suicidio lo cometen el día que se vieron enfrentadas a tener que hacerse un aborto. Y es un drama.
Por consiguiente, más que buscar situaciones particulares, que por cierto pueden conmovernos, desde nuestro punto de vista se trata de encontrar en nuestra sociedad una forma inteligente de solución que abarque toda la problemática, y no sólo quedarse en la pena misma, porque ella no resuelve el problema en sí. Está bien que se sancione, pero creo que el gran problema está subyacente, y es que hay algo que no está funcionando. Querámoslo o no, del debate algunas posiciones han quedado claras, por lo menos para el Senador que habla. Puede haber mayor liberalidad o una posición más conservadora. Quienes sostienen el derecho de la mujer sobre su cuerpo, deben entender que tal derecho tiene límites, se confronta con otro: la vida del ser humano que lleva en su seno. Es vital entenderlo, porque no cabe una extrema liberalidad en esta materia, por lo menos para mí. Los médicos que han participado en procesos abortivos y que después han cambiado su posición a este respecto -así se señalaba en un matutino de Santiago- relatan que ese ser humano, cuando se le va a quitar la vida mediante los procedimientos que en ellos se aplican, se defiende con desesperación y angustia ante una agresión tan brutal.
Insisto, señores Senadores, para pronunciarnos acerca del proyecto que nos ocupa o sobre el tema del aborto, hagámoslo en conjunto, mirando nuestra realidad social y ordenamiento jurídico y teniendo en consideración que no puede ser sólo una normativa penal la que lo resuelva. Con todo, me parece bien que ésta se traslade de título en el Código Penal, a fin de dejar en claro que aquí se halla de por medio la protección de la vida humana; y, además, que se avance en la tipificación de algunos ilícitos en que incurren ciertas personas -que podrían considerarse como los terceros actores-, las cuales, como muy bien lo manifestó el Senador señor Moreno, trafican con este drama humano y hacen un negocio lucrativo, contribuyendo, en definitiva, a la descomposición de nuestra sociedad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Por haberse cumplido el tiempo del Orden del Día, queda pendiente la discusión general del proyecto.
El señor LAGOS (Secretario).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HORVATH:
A los Ministros del Interior y de Salud, al General Director de Carabineros, al Director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, al Director de la Oficina Nacional de Emergencia y al Presidente de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, sobre INSTALACIÓN DE INDUSTRIAS PELIGROSAS EN CERCANÍAS DE CENTROS POBLADOS; y al señor Ministro de Agricultura y al Director de CONAMA, acerca de CAMBIO DE USO DE SUELOS AGRÍCOLAS, GANADEROS Y FORESTALES.
Del señor LARRAÍN:
Al Ministro de Obras Públicas, respecto de SOLUCIONES PARA AGUA DE RIEGO EN SÉPTIMA REGIÓN.
Del señor LAGOS:
A Su Excelencia el Presidente de la República y a los Ministros del Interior y de Salud y al Intendente de la Primera Región, relativo a CRISIS AMBIENTAL EN ARICA (PRIMERA REGIÓN); y al Ministro de Relaciones Exteriores, en cuanto a PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN DE TRATADO ENTRE CHILE Y PERÚ DE 1929.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Institucionales 1.
El señor VEGA.-
Hemos cedido parte de nuestro tiempo al Senador señor Silva, quien ha pedido intervenir en este momento. Después lo haré yo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
LA SEGURIDAD, UN PROBLEMA DE FINALES DE SIGLO
El señor SILVA.-
Señor Presidente, agradezco la deferencia del Comité Institucionales 1.
Honorables señores Senadores, he solicitado esta intervención en hora de Incidentes atendida la preocupación que genera una palabra, que ha ocupado nuestro lenguaje nacional en los últimos tiempos. Ella es "Seguridad".
Cada día, vemos con impotencia y desesperación cómo se nos instruye en cuanto a que vivimos en una sociedad y Estado inseguros. Por eso hemos reemplazado nuestra acogedora casa y hemos ido a vivir a un departamento. ¿Por qué? Porque es más seguro, se nos dice.
Hay muchos que han dejado de salir en las noches. ¿Por qué? Porque es más seguro. Hay quienes han dejado de visitar los parques y lugares de esparcimiento. ¿Por qué? Porque es más seguro. Hemos dejado de dar nuestro nombre a las personas. ¿Por qué? Porque es más seguro. Se ha aprendido a pensar de mala fe, siempre reflexionando que quien está frente a nosotros desea perjudicarnos. ¿Por qué? Porque es más seguro.
Esa esquizofrenia colectiva nos ha llevado a encerrarnos en lugares seguros, en verdaderas fortalezas. Hemos elevado las rejas que protegen nuestras casas; hemos colocado alarmas en los sitios más inverosímiles e íntimos; hemos renunciado a hacer amistades; hemos limitado nuestra diversión y la de nuestros hijos y, además, asistimos todos los días a una caja mágica -el televisor-, que nos dice cuán inseguros somos.
¡Qué paradoja de la vida! Hemos ido conquistando la modernidad, hemos construido la globalidad; sin embargo, estamos cada vez más socialmente solos. Se ha venido exacerbando el individualismo en su acepción más aberrante: el egoísmo. Hemos transformado a la intimidad en el no molestar. En definitiva, nos hemos aislado del mundo. ¡Qué paradoja!
La seguridad a la cual hago mención no es aquella de la que se obtienen beneficios electorales, la denominada seguridad ciudadana, que evalúa, según las estadísticas, cuántos atentados en contra de la propiedad se cometen diariamente y cuántos seres mal avenidos son enviados a la cárcel, expresión del desprestigio social.
Sin embargo, esa seguridad es, quizás, la de preocupación más abordable. Existe otra, que es la seguridad humana, la cual dice relación a nuestra subjetividad e importa una visión de la sociedad en su conjunto.
Reclamo acá el conocimiento del informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, denominado "Desarrollo Humano en Chile 1998, las paradojas de la modernización", que señala textualmente lo siguiente: "se expresan tres temores básicos: el temor al otro, el temor de la exclusión social, el temor al sin sentido. Se trata de temores que remiten a las coordenadas básicas del hecho social: la confianza en los otros, el sentido de la pertenencia y las certidumbres que ordenan el mundo de la vida cotidiana". La falta de tales coordenadas es la base de nuestra inseguridad.
¡Qué contradictorio nuevamente! Nos hemos globalizado, modernizado y, no obstante, cada vez vivimos más aislados, desconfiamos de nosotros mismos y preferimos comunicarnos por instrumentos que no nos van a agredir: el computador, la línea telefónica, el fax. Cada día tenemos más temor de relacionarnos con nosotros mismos; sentimos inseguridad; reclamamos seguridad; somos cada vez más vulnerables, nos dicen; debemos cuidarnos; seamos desconfiados.
¿Para esta vida? ¿Para qué? ¿Qué mundo estamos construyendo? Hemos hablado del desarrollo sustentable o desarrollo humano; sin embargo, los protagonistas se han aislado.
Seamos honestos: a estas alturas, señores Senadores, pienso que estamos construyendo un Estado feudal. Existe un señor que nos cuida, levantamos muros a las ciudades, exiliamos a los delincuentes y creamos fortalezas.
¡Qué vida la nuestra! Ser globalizados y ser feudales, reclamar por la modernidad y desconfiar de nosotros mismos. Algo nos pasa.
Solicito de los presentes un poco de atención, por el beneficio de este país del cual formamos parte y servimos. Hagamos un gesto; preocupémonos de esta seguridad; preocupémonos, Honorables colegas, de la soledad que hemos ido generando vegetativamente; preocupémonos de nosotros mismos y de la sociedad que estamos formando. Eso, señores, es el reclamo de una modernidad que coloca en primer lugar al hombre y su libertad, pero como ser sociable, y no la individualidad ni la mezquindad.
Combatamos esa inseguridad, la más desconocida, pero la más importante, la nuestra, la humana, como ser gregario, como destino de la historia.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Solicito autorización de la Sala para que el Senador señor Horvath me reemplace en la testera.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión el Honorable señor Horvath, en calidad de Presidente accidental.
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El señor HORVATH (Presidente accidental).-
En el resto del tiempo del Comité Institucionales 1, ofrezco la palabra al Senador señor Vega.
FELICITACIONES A FUERZA AÉREA DE CHILE
POR PUESTA EN ÓRBITA DE SATELITE FASAT-BRAVO.
COMUNICACIÓN
El señor VEGA.-
Señor Presidente, el pasado 12 de mayo, en esta misma tribuna, pedí que se agilizara la tramitación de la iniciativa tendiente a crear la Agencia Chilena del Espacio.
Como bien sabemos, las ciencias del espacio son factores esenciales de la actual velocidad de cambio que hoy presiona al mundo, y que serán cada vez más gravitantes en nuestro presente y futuro.
Nos asiste la responsabilidad de racionalizar sus efectos con la fijación de objetivos prácticos y metas realistas y adecuadas, las que se hallan íntimamente relacionadas con el desarrollo, el medio ambiente, las comunicaciones, el nivel cultural, la capacidad económica, industrial y, por supuesto, la madurez política y tecnológica nacional e internacional de Chile.
El desarrollo espacial, con sus múltiples repercusiones en esos distintos ámbitos del quehacer del país, debe ser, por lo tanto, cuidadosamente definido en una gran política de Estado, con la aceptación de la sociedad y del Gobierno. Y en ella deben converger racionalmente todos sus factores actuales, teóricos y prácticos, única manera de reconocerlo como una herramienta de progreso, así como de maximizar su rendimiento en beneficio del bien común.
Me parece, señor Presidente, que éste es un muy buen momento para hacer resaltar en la sede del Poder Legislativo la reciente puesta en órbita del primer satélite chileno, el FASat-Bravo, que marca sólo el comienzo del conocimiento preliminar del factor espacio. Constituye un paso trascendente de investigación y desarrollo que se entrega a Chile, a su educación y a su tecnología, para actuar en forma sólida en el apoyo que en el presente y el futuro necesita nuestra sociedad.
Cabe recordar que en esta sesión hemos escuchado exposiciones muy importantes sobre seguridad y el tema del aborto que, en el fondo, es un problema de la educación y la intelectualidad.
Los esfuerzos para colocar el satélite en el espacio no han sido fáciles. Es toda una historia. Desde el punto de vista científico o filosófico, no sabemos qué es, exactamente, el espacio, aunque contamos con inteligentes opiniones de grandes científicos mundiales. Pero todavía no hemos podido conocerlo, ni siquiera remotamente. Y, por lo tanto, difícilmente ha podido ser aceptado en Chile como una herramienta vital de desarrollo.
Desde comienzos de siglo, en los inicios de nuestra historia aeronáutica, se consideró el espacio solamente como un factor sustentador de la aerodinámica de los aviones y en donde ocurren los fenómenos meteorológicos coyunturales, visibles. Recién nos encontramos en la etapa de conocer el origen del movimiento de las grandes masas troposféricas, por ejemplo, que a veces afectan en forma tan dramática a distintas regiones del mundo.
Sin embargo, hoy, gracias a la compleja tecnología en el ámbito que nos ocupa, por primera vez en su historia el ser humano dispone de un verdadero espejo en el cual mirarse; de una posibilidad de entender que no es tan perfecto ni notable como se pensó, a través de la percepción remota que otorga la malla satelital que rigidiza el espacio al planeta. El hombre puede, entonces, conocer sus debilidades, sus potencialidades, sus recursos, lo que permite a los pueblos definir racionalmente programas sustentables en beneficio de una mejor calidad de vida. La forestación, la meteorología, diversos ecosistemas, la minería, geología, urbanismo, etcétera, son algunas de las actividades, entre muchas, que utilizan esa delicada información, con espectaculares reducciones de tiempo y de costos.
El pequeño satélite FASat-Bravo incorpora una tecnología sumamente sofisticada y microsintetizada. De 60 kilos de peso, aproximadamente, y de unos 80 centímetros de alto y unos 40 por 40 en la base, se encuentra ubicado en una órbita a 850 kilómetros de la Tierra y en sus complejos circuitos lleva integrados cuatro experimentos esenciales. Uno de ellos registra el comportamiento de la capa de ozono; otro tiene por finalidad fotografiar la corteza terrestre de todo el mundo, si se quisiera -se cuenta con un excelente programa-; el tercero es de posicionamiento global, para definir coordenadas geográficas en cualquier lugar de Chile y en otras partes del planeta, también con una precisión y una resolución de metros, y, por último, y no menos importante, un programa educacional que permitirá generar en profesores y alumnos conciencia del significado de esta tecnología del espacio y acercarse ella, además de familiarizarse con un factor fundamental de la globalidad, de la enseñanza del presente y del futuro. Nuestros niños ya emplean estas técnicas espaciales a través de sus equipos computacionales y de Internet, como todos sabemos, y es altamente conveniente que sepan cuál es la relación de la comunicación y el espacio y lo que esta importante herramienta les deparará en el futuro.
Muchos países ya tienen en marcha programas educacionales de esa índole, como Argentina. Y creo que la Fuerza Aérea de Chile, a través de ese último experimento, efectúa una contribución notable al perfeccionamiento de la enseñanza en cualquier parte de nuestro territorio.
Los conductores políticos de Estados desarrollados comprendieron a muy temprana edad del presente siglo la importancia que el espacio revestía para el desarrollo de sus respectivos pueblos. Organizaron agencias del espacio, entregaron recursos a las instituciones aeronáuticas y definieron los objetivos políticos que querían alcanzar con esa valiosa herramienta, que hoy es una realidad.
Por tal razón, estimo imprescindible seguir fundamentando la necesidad de crear la Agencia Chilena del Espacio e insistir en la definición de una política de Estado que oriente el desarrollo de ese valioso recurso y la comprensión que debe existir hacia estas sofisticadas tecnologías, que afortunadamente hoy se hallan al servicio de la humanidad de manera muy práctica.
Y en esta oportunidad me permito, señor Presidente, en forma muy especial, extender y pedir una felicitación a la Fuerza Aérea de Chile por el esfuerzo realizado a través de su historia para este notable logro de nuestra tecnología. Congratulo a cada uno de sus hombres y mujeres, desde Irak hasta el Polo Sur; a su Alto Mando, y, en particular, a los profesionales, a los ingenieros, a los que conformaron la masa crítica que condujo a este notable avance tecnológico en nuestro ámbito.
Se trata de un paso importante para Chile. Tenemos que recordar que el país deja de ser una isla, en realidad, cuando se integra aeronáuticamente al mundo, digamos que a partir de los años sesenta, quizás de los setenta. Actualmente, es parte de esa globalidad. Se ha conformado en ella de un modo eficiente y el futuro será promisorio en la medida en que los integrantes de su maravilloso pueblo sepamos comprender el desafío y enfrentar unidos las grandes metas involucradas, que siempre, por supuesto, serán difíciles.
La Fuerza Aérea, las universidades y diversas organizaciones nacionales, estatales y privadas, han logrado un notable nivel de desarrollo en estos delicados temas científicos, pero aisladamente, por desgracia. Los planteles de educación superior han desarrollado investigaciones en los diversos aspectos científicos. Las Fuerzas Armadas han alcanzado, también, un alto nivel académico al respecto. Y diversos organismos nacionales emplean hoy parcialmente estas informaciones. Por lo tanto, se podría decir que se ha realizado un avance importante en el aprovechamiento de las tecnologías mencionadas.
Sin embargo, es fundamental una entidad superior, de influencia nacional, que coordine los esfuerzos, porque ellos han sido generados aisladamente, como son los casos de los institutos cartográficos de las Fuerzas Armadas; de CORFO, a través del Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN); de las universidades, etcétera. Todos estos organismos requieren apoyo y una definición política conjunta, superior, de manera que exista un interlocutor nacional válido, responsable de las grandes definiciones y la necesaria relación internacional.
Esa gran definición política es la razón por la que se presentó el proyecto de la agencia nacional del espacio y se programó el lanzamiento del microsatélite, además del notable esfuerzo de otras iniciativas nacionales muy válidas que tratan de integrar a nuestra intelectualidad estas fundamentales disciplinas científicas del futuro.
El señor HORVATH (Presidente accidental).-
Se enviarán las felicitaciones expresadas por el Honorable señor Vega, en su nombre y en el de los señores Senadores que quieran adherir.
El señor DÍEZ.-
Incluyo el mío, señor Presidente.
El señor PARRA.-
Que sean remitidas en nombre de la Corporación.
El señor BOMBAL.-
En el de todos.
El señor HORVATH (Presidente accidental).-
Se considerará a todos los presentes en la Sala, entonces.
--Se anuncia el envío de la comunicación solicitada, en nombre del Honorable señor Vega, con la adhesión de los señores Senadores presentes en la Sala.
El señor HORVATH (Presidente accidental).-
A continuación corresponde el turno al Comité Mixto, que no hará uso de él, y luego, al Comité Demócrata Cristiano, que tampoco usará de la palabra.
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
LIBERTAD A DELINCUENTE EN JUZGADO DE TEMUCO. OFICIOS
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, la prensa de ayer y de hoy da cuenta de un acontecimiento que me atrevo a calificar de "extremadamente grave".
Según las informaciones que profusamente circulan, el Tercer Juzgado del Crimen de Temuco, el pasado 4 de julio, dejó en libertad por falta de mérito a Marco Antonio Munita Curutchet, individuo que había sido detenido por la Policía de Investigaciones en las cercanías de la ciudad de Victoria el 30 de junio pasado portando en su automóvil nada menos que 1 kilo 200 gramos de cocaína. Y al momento de su detención, se batió a tiros con la policía.
Las informaciones que posteriormente se han conocido, a raíz de diligencias que había realizado la Policía de Investigaciones -y también, según entiendo, Carabineros- respecto de este caso, indican que este sujeto pretendía internar al país 95 kilos de esta droga para ser comercializada en la zona sur, incluyendo también -me imagino- su Región, señor Presidente.
Sin embargo, eso no es todo. Este individuo que ingresó en calidad de detenido a la cárcel de Temuco el 30 de junio del presente año, fue dejado en libertad por orden del tribunal -reitero- el día 4 de julio, es decir, cuatro días después. En la resolución judicial que permitió su libertad, se establecía que el tribunal lo hacía porque no encontraba mérito. O sea, por falta de mérito, recuperó su libertad.
Pero hay más. Este sujeto era prófugo de la justicia por otros delitos cometidos en Santiago por quebrantamiento de condena el 7 de diciembre de 1997. En efecto, el reo antes mencionado se encontraba preso en el penal Manuel Rodríguez de Santiago, hasta donde había sido trasladado desde la Cárcel de Colina I -escúchenlo bien, señores Senadores- por buena conducta. En ese recinto, estuvo gozando de beneficios penitenciarios, incluido, el de salida diaria por buena conducta. En una de ellas, naturalmente, nunca más volvió -razón por la cual era prófugo de la justicia- y no se tuvieron noticias de él hasta su detención en un enfrentamiento el día 30 del mes pasado en las inmediaciones de la ciudad de Victoria cuando portaba -como señalé- un kilo 200 gramos de cocaína y pretendía internar en la zona sur del país 95 kilos de dicha droga Y obtuvo su libertad cuatro días después, por orden de un tribunal del crimen.
Señor Presidente, estos gravísimos acontecimientos se encuentran hoy narrados en la prensa. La pregunta es: ¿a dónde vamos a llegar con situaciones tan abiertamente descaradas como ésta?
Desde luego, la jueza del Tercer Juzgado del Crimen de Temuco debe explicar al país cómo un reo de esta peligrosidad -prófugo de la justicia, reincidente, se bate a tiros con los cuerpos policiales y carga más de 1 kilo de cocaína-, en cuatro días, sale en libertad por falta de mérito. ¡En qué mundo estamos viviendo, señor Presidente!
Pero aquello no basta. Es de tal gravedad lo ocurrido, que se requiere -a nuestro juicio- la inmediata intervención del señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, para que, en uso de sus relevantes atribuciones, conozca de lo sucedido en aquel tribunal. Y así, el país, por intermedio de tan alto magistrado, podrá conocer qué ha sucedido. Porque los chilenos deben saber que, mientras se está librando una lucha contra el narcotráfico de las proyecciones conocidas; mientras el Jefe de Estado concurre a una cumbre para tratar materias tan específicas, donde todos los Presidentes del mundo señalan que el narcotráfico es el problema más acuciante, grave, delicado y al cual hay que prestar la mayor atención, aquí campea un narcotraficante que ha obtenido beneficios del sistema procesal penal, o del régimen carcelario, y que delinque de esta forma.
El Presidente de la Corte Suprema, en su discurso del pasado 1° de marzo, al inaugurar el Año Judicial -y no podía ser de otro modo-, manifestó su irreductible compromiso con una justicia libre de todo posible asomo de corrupción o de irregularidades, señalando al país que comprometería sus mejores esfuerzos en esa dirección. No tengo la menor duda de que, con su planteamiento, don Roberto Dávila indicó un camino muy claro acerca de cómo pensaba que debía avanzarse en esta materia, y calificó la lucha contra el narcotráfico como uno de los hitos más relevantes de su administración. Por lo mismo, tenemos mucha confianza en lo que tan alto magistrado podrá indagar para explicar a la nación tan aberrante resolución judicial.
Hoy, el país se ha enterado de un caso de la mayor gravedad y, de comprobarse los hechos que señala profusamente la prensa, sin duda alguna el estupor será mayor. Por lo mismo, solicito en este acto que se envíe un oficio al señor Presidente del más alto tribunal de la República, para que disponga la revisión de todo lo obrado por el Tercer Juzgado del Crimen de Temuco con relación a esta inconcebible libertad. Sé que hay limitaciones constitucionales, pues no es tarea del Senado avocarse causas judiciales, pero mi intención es representar al Presidente de la Corte Suprema la inquietud de la Corporación, la gravedad de la situación, y decirle que tenemos confianza en que la Justicia pueda esclarecer este punto.
A su turno, estimo de la mayor urgencia enviar un oficio a la señora Ministra de Justicia, a fin de que informe al Senado acerca de la situación carcelaria del sujeto en comento y de cómo pudo obtener beneficios para el cumplimiento de su condena siendo un reincidente condenado. No obstante la peligrosidad que él representa para toda la sociedad, lo que quedó de manifiesto en los hechos, fue merecedor del beneficio de salida diaria, la misma que no trepidó en quebrantar para fugarse y, siendo prófugo de la Justicia, cometer nuevos delitos de la envergadura señalada ayer por la prensa.
En concordancia con lo anterior, también pido que se envíe un oficio a la señora Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, solicitándole se haga parte en el respectivo proceso.
Una vez más, ha quedado en evidencia la grave crisis de corrupción que estaría ocurriendo al interior de Gendarmería, al otorgar beneficios penitenciarios a reos condenados o rematados de alta peligrosidad. Ayer fueron dos violadores que, reincidiendo, cometieron graves delitos. Hace pocos días, un reo de alta peligrosidad huyó asistido por un gendarme, quien se encontraba sumariado y con orden de destitución por haber participado en la fuga de un reo acaecida en un juzgado hace un mes y medio, donde se amedrentó a un juez. Este funcionario fue sumariado y destituido, lo cual no se cumplió en razón de que apeló, pero se lo mantuvo en las fuerzas de elite de Gendarmería, y perteneciendo a éstas se coludió con dicho recluso -según reconoció el propio señor Director de Gendarmería- para que, tras simular una citación al Octavo Juzgado del Crimen de San Miguel, emprendiera la fuga. Lo concreto es que hasta el día de hoy ese reo de alta peligrosidad, que ha cometido delitos reiterados y muy graves, no ha logrado ser localizado por la policía, como tampoco lo ha sido -según expresa un diario de la tarde de ayer- el narcotraficante que obtuvo el beneficio de salida diaria en días pasados.
Señor Presidente, lo anterior demuestra que estamos viviendo en el peor de los mundos, porque mientras se necesita con urgencia seguridad ciudadana, nuestras instituciones están dando señales tremendamente equívocas y graves. En este escenario, la lucha contra el narcotráfico no se ganará jamás.
Todos sabemos que hay organizaciones criminales. Y existiendo un alto poder criminógeno -como señaló la señora Presidenta del Consejo de Defensa del Estado en la Cámara de Diputados y aquí mismo en el Senado-, que consiste en la capacidad de corromper todo lo que se encuentre por delante, uno, después de conocer estas situaciones, perfectamente puede preguntarse: ¿acaso no estamos ya siendo invadidos por la corrupción producto del alto poder criminógeno de las organizaciones que operan detrás del narcotráfico? Porque tiene que haber una poderosa organización criminal para que un sujeto circule con un kilo 200 gramos de cocaína, se bata a tiros con la policía y además pretenda internar 95 kilos de la misma droga.
A mi juicio, eso indica -lo podrán corroborar los especialistas que han conocido de estas materias y que están en el Senado- la existencia de organizaciones muy, pero muy poderosas que están operando en el país, las cuales quedan al descubierto cuando asoman estos delincuentes, quienes son atrapados gracias a la actuación de nuestras policías, pese a la precariedad y limitación de los medios con que ellas cuentan. Pero lo logran a un subido costo: batiéndose a tiros con los miembros de esas organizaciones.
¿Qué esperamos para adoptar medidas más enérgicas? ¿Que los delincuentes asociados al narcotráfico se batan en las calles como ocurría en los años 30 en Chicago?
Es urgente que se haga claridad en el caso que he relatado. Podrá haber razones que justifiquen lo acontecido: que se nos informe y se dé una explicación. Pero es impresentable -repito- que un prófugo de la justicia, que se bate a tiros con la policía, que tiene un nutrido prontuario y a quien se le encuentra el cargamento de droga referido, no tenga para un magistrado del crimen, al menos, la presunción de peligrosidad que eso implica, y a los cuatro días haya obtenido la libertad por falta de méritos.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor HORVATH (Presidente accidental).-
Honorable señor Bombal, ¿Su Señoría estima pertinente adjuntar su exposición a los oficios?
El señor BOMBAL.-
Como le parezca a la Mesa.
El señor HORVATH (Presidente accidental).-
Así se hará.
El señor MARTÍNEZ.-
Pido la palabra.
El señor HORVATH (Presidente accidental).-
La tiene, señor Senador.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, considero tan importante la exposición que hemos escuchado que solicito a la Mesa recabar el acuerdo de la Sala para incluir su texto completo en el diario del Senado, porque normalmente los discursos de la hora de Incidentes no se colocan in extenso.
Formulo esta petición, porque el gran valor que tiene lo que acabamos de oír amerita que sea conocido por la opinión pública.
El señor HORVATH (Presidente accidental).-
Hago presente al señor Senador que el Diario de Sesiones del Senado recoge la versión completa de ellas.
En cuanto a la solicitud de publicar in extenso el discurso del Honorable señor Bombal, se someterá al acuerdo de los Comités, así como una presentación del Honorable señor Martínez y de otros señores Senadores para incorporar en la publicación de prensa el texto completo de las intervenciones que se efectúan en la hora de Incidentes.
El señor MARTÍNEZ.-
Deseo consultar al Honorable colega señor Bombal si está de acuerdo con lo que he propuesto.
El señor BOMBAL.-
No tengo inconveniente.
El señor MARTÍNEZ.- Muchas gracias.
El señor HORVATH (Presidente accidental).-
Resta tiempo al Comité UDI e Independientes.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El Comité Renovación Nacional e Independiente no ocupará su turno.
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:9.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción