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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 338ª, ORDINARIA
Sesión 12ª, en miércoles 8 de julio de 1998
Ordinaria
(De 16:14 a 18:41)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
Y MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR,
Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
____________________
.......................................................................
A n e x o s
ACTA APROBADA:
Sesión llª, en 5 de mayo de 1998.............................................................
DOCUMENTOS:

1.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Convenio sobre Seguridad Social entre Chile y Austria (2076-10)....................

2.- Segundo informe de la Comisión de Salud recaído en el proyecto que modifica el artículo 127 del Código Sanitario (1985-11).............

3.- Segundo informe de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Relaciones Exteriores, unidas, recaído en el proyecto que crea como categoría de ingreso de extranjeros la de Habitantes de Zonas Fronterizas (1113-06)........

4.- Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recaído en la solicitud de rehabilitación de ciudadanía de doña Natividad del Carmen Figueroa Gaete (S 337-04)................

5.- Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recaído en el proyecto que modifica el artículo único de ley 19.442 (1982-17)..........................................................................

6.- Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recaído en el proyecto que concede nacionalidad chilena a la religiosa Elise Clementine Mottart Breban (1900-17).....

7.- Informe de la Comlsión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recaído en el proyecto que concede nacionalidad chilena al religioso Antonius Theodorus Van Kessel (1814-17)........
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Errázuriz Talavera, Francisco Javier
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pinochet Ugarte, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrió, además, el señor Ministro de Vivienda y Urbanismo.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:14, en presencia de 22 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 11ª, ordinaria, en 5 de mayo del año en curso, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 12ª, ordinaria, en 6 de mayo del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
(Véase en los Anexos el acta aprobada).
IV. CUENTA

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor HOFFMANN (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero, comunica que rechazó la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con motivo de la tramitación del proyecto de ley que modifica los artículos 66 y 69 de la Ley Nº 19.253, sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, respecto de la constitución del dominio en la isla de Pascua para los miembros de la comunidad rapa nui. (Boletín Nº 1686-06).
-- Se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con el segundo, informa que ha dado su aprobación al proyecto de acuerdo relativo al Convenio sobre Seguridad Social suscrito entre las Repúblicas de Chile y de Austria. (Boletín Nº 2076-10). (Véase en los Anexos, documento 1).
-- Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Del señor Director del Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Andrés Zaldívar, referido a gestiones realizadas por ese organismo en la población El Carmen, comuna de Conchalí.
-- Queda a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Ruiz-Esquide, que modifica el artículo 127 del Código Sanitario, con el objeto de garantizar la reserva de las recetas médicas. (Boletín Nº 1985-11). (Véase en los Anexos, documento 2).
Segundo informe de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Relaciones Exteriores, unidas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea como categoría de ingreso de extranjeros al país la de Habitantes de Zonas Fronterizas. (Boletín Nº 1113-06). (Véase en los Anexos, documento 3).
Cuatro de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía:
El primero, recaído en la solicitud de rehabilitación de ciudadanía de doña Natividad del Carmen Figueroa Gaete. (Boletín Nº S 337-04). (Véase en los Anexos, documento 4).
El segundo, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo único de la ley Nº 19.442, para precisar el nombre correcto de su beneficiaria, la religiosa italiana Giovanna Favero Pellizari. (Boletín Nº 1982-17). (Véase en los Anexos, documento 5).
El tercero, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede, por gracia, la nacionalidad chilena a la religiosa belga Elise Clementine Mottart Breban. (Boletín Nº 1900-17). (Véase en los Anexos, documento 6).
El último, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede la nacionalidad chilena por especial gracia al religioso Antonius Theodorus Van Kessel. (Boletín Nº 1814-17). (Véase en los Anexos, documento 7).
-- Quedan para tabla.
Comunicación
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con la que solicita la autorización del Senado para que el proyecto de ley que regula la adquisición, pérdida y conservación de la nacionalidad (Boletín Nº 1105-06), sea conocido por ella, una vez que la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía lo haya despachado.
--Se accede.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.
_________________

El señor PIZARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, deseo solicitar a la Mesa que el proyecto que modifica el Código de Aguas sea conocido por la Comisión de Obras Públicas. Entiendo que en este momento se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la que, seguramente, debe estar, como de costumbre, muy recargada de trabajo.
Dicha iniciativa ha sido impulsada por el Ministerio de Obras Públicas, e ignoro la razón de que no la conociese la Comisión especializada, y de que su estudio se encargara solamente a la de Constitución, Legislación y Justicia.
Por lo tanto, pido que la Comisión de Obras Públicas -el organismo técnico en este caso- se aboque a su discusión. Ella se halla sin funcionar por no tener proyectos para su conocimiento. A mi juicio, sería conveniente que pudiera tratar tal materia, a fin de agilizar el trámite.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, yo también me impuse de que el proyecto en cuestión fue radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia; y me parece razonable que, además, lo conozca la de Agricultura, por la alta incidencia que un tema de esa naturaleza tiene en el ámbito de esta última.
De allí que, tal vez, no habría inconveniente en que se constituyeran las Comisiones de Economía, de Agricultura y de Obras Públicas, unidas, para analizar una materia de tanta importancia como la planteada.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, el asunto de que trata la iniciativa fue estudiado durante varios años en la Cámara de Diputados por las Comisiones de Recursos Naturales y de Agricultura, unidas.
Se trata del proyecto que reforma el Código de Aguas y propende al manejo integrado de las cuencas, que es bastante complejo. Por eso, en mi concepto, no podría quedar sometido a la consideración de un solo organismo de estudio y, para un trámite legislativo más expedito, habría que formar comisiones unidas, que agrupen y traten los temas coincidentes.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, hasta ahora todos los proyectos referentes a modificaciones del Código de Aguas y de materias sanitarias fueron tratados por las Comisiones de Economía y de Obras Públicas, unidas.
Por lo tanto, solicito que se dé igual tratamiento a esta iniciativa, de real importancia, sin perjuicio de que puedan incorporarse a su estudio Senadores de otras Comisiones. Hasta ahora tales asuntos siempre han sido analizados por las Comisiones de Economía y de Obras Públicas, unidas.
Ésa es mi petición, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Para compatibilizar las proposiciones formuladas -pues de acuerdo con lo que Sus Señorías han planteado hasta el momento habría tres o cuatro Comisiones en juego- propongo enviar la iniciativa, en primer lugar, a las Comisiones de Obras Públicas y de Agricultura, que son, en mi concepto, las que más deben incidir en el estudio de los derechos de agua, sin perjuicio de que en su oportunidad la conozca la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El señor DÍEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ERRÁZURIZ.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede usar de ella el Honorable señor Díez.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, es imprescindible que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento estudie la iniciativa, porque las de su tipo siempre conllevan problemas de derechos adquiridos, de expropiaciones, de constitucionalidad, de normativas relacionadas con la propiedad y la disposición de las aguas. De manera que para ahorrarnos trabajo y no enviarlo después en consulta a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sería bueno que ésta se incorporara al estudio del primer informe.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Podríamos acordar que el primer informe de la iniciativa esté a cargo de las Comisiones de Obras Públicas y de Agricultura, unidas, y que él incluya un informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El señor ERRÁZURIZ.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La tiene Su Señoría. Le ruego formular una proposición concreta.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, pido que el proyecto sea enviado derechamente a la Comisión de Economía, junto con la de Obras Publicas, como ha sucedido hasta ahora, pues las materias de que trata dicen relación al Ministerio de Economía en todo lo relativo a derechos de aguas, empresas eléctricas, distribución, etcétera.
Tales asuntos siempre han sido analizados de esa forma, sin perjuicio de que muchos Ministerios puedan verse involucrados en su estudio, porque el agua dice relación a diversas materias y, por tanto, la iniciativa debería pasar sucesivamente por distintas Comisiones, para que cada una de ellas puedan conocerla.
Sin embargo, estimo que la prioridad corresponde a la Comisión de Economía.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, no cabe duda de que el proyecto es bastante complejo, tiene muchas implicancias y son varias las Comisiones que podrían verlo.
El Senador señor Horvath hizo mención a cómo se desarrolló la discusión en la Cámara de Diputados. Allí hubo que nombrar una Comisión especial para tratar las modificaciones al Código de Aguas, en la cual participaron parlamentarios de los distintos órganos de estudios de esa rama legislativa. Entonces, el mejor procedimiento consiste en generar una Comisión especial para que analice el proyecto en su totalidad y así pueda abocarse exclusivamente al despacho del mismo.
Vuelvo a insistir: el proyecto es bastante complejo y tal vez ésa podría ser una solución adecuada, pues de lo contrario tendríamos que formar una Comisión de 15 o 20 miembros.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Estamos entrampados en una discusión acerca de qué Comisiones deben conocer un determinado proyecto, con un gasto de tiempo excesivo.
Propongo que el problema sea tratado en reunión de Comités, para determinar el trámite que corresponde. Con ello no agotamos ahora el tiempo para el despacho de otros proyectos en tabla.
En consecuencia, solicito el acuerdo de la Sala para llevar este asunto a reunión de Comités, recogiendo las observaciones que se han formulado, para decidir de qué manera le podemos dar un mejor despacho a la iniciativa.

El señor ROMERO.- Una Comisión especial sería bastante recomendable, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ésa podría ser una fórmula, señor Senador.

El señor ERRÁZURIZ.- Estoy de acuerdo también con que se forme una Comisión especial con representantes de las diversas Comisiones. Así cada una de ellas -la de Economía, la de Agricultura, la de Obras Públicas y la de Medio Ambiente y Bienes Nacionales- pueden designar a un Senador para que las represente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ése podría ser un planteamiento para los Comités.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA



PRÓRROGA DE VIGENCIA DE AVALÚOS DE
BIENES RAÍCES AGRÍCOLAS


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde tratar, en primer lugar, el proyecto de la Cámara de Diputados que prorroga la vigencia de avalúos de bienes raíces agrícolas, con informes de las Comisiones de Agricultura y de Hacienda.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 9ª, en 30 de junio de 1998.
Informes de Comisión:
Agricultura, sesión 11ª, en 7 de julio de 1998.
Hacienda, sesión 11ª, en 7 de julio de 1998.

El señor LAGOS (Secretario).- El informe de la Comisión de Agricultura señala que el proyecto fue iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República y aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados.
Sus objetivos principales son prorrogar hasta el 30 de junio de 1999 la vigencia de los actuales avalúos fiscales de bienes raíces agrícolas y hacer regir los nuevos avalúos a contar del 1º de julio de 1999.
Por otra parte, se faculta al Servicio de Impuestos Internos para eximir de la obligación de presentar la declaración descriptiva del inmueble a que se refiere el artículo 3º de la ley Nº 17.235, a todos los contribuyentes o a algunos de ellos.
Para el despacho de la presente iniciativa legal, el Ejecutivo hizo presente la urgencia con el carácter de "Suma", cuyo plazo vence el próximo 10 de julio.
Por las razones contenidas en el informe, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, aprobó en general y en particular la iniciativa.
En su parte resolutiva, el informe propone aprobar el proyecto en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
La iniciativa consta de un artículo único que se transcribe en la página 7 del texto antes mencionado.
La Comisión de Hacienda, por su parte, al pronunciarse sobre el financiamiento, expresa que, sobre la base de los antecedentes contenidos en su informe, la iniciativa se encuentra debidamente financiada y que, por lo tanto, sus normas no incidirán negativamente en la economía del país. En su parte resolutiva, por unanimidad, propone aprobarla en los mismos términos en que fuera despachada por la Comisión de Agricultura.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En la discusión general, tiene la palabra el Honorable señor Romero.


El señor ROMERO.- Señor Presidente, tal vez alguien piense en la Sala que no vale la pena intervenir en este debate, sobre todo si se trata de una materia tan obvia, si nos atenemos a los fundamentos y las razones dados a conocer por las Comisiones de Agricultura y de Hacienda. Sin embargo, en la preparación de los antecedentes para la presente sesión, tuve oportunidad de conocer lo que había ocurrido en una oportunidad anterior, cuando el Senado, con fecha 8 de agosto de 1996, tomó la decisión de volver a postergar los reavalúos de bienes raíces agrícolas.
En aquella ocasión, manifesté que era fundamental postergar dichos reavalúos, más allá de las razones que se daban en ese momento y que curiosamente coinciden con las que se señalan hoy, respecto de la situación crítica que vive la actividad agropecuaria. Señalé que el día de mañana volveríamos a toparnos con estas situaciones. Han pasado dos años desde entonces y vuelvo a intervenir respecto al mismo tema para reiterar, tal vez con más fuerza y con mayor profundidad, la inquietud que tengo en relación con este asunto. Se trata de una reflexión sobre si de verdad poseemos un criterio adecuado para abordar el problema que afecta, según establecen los antecedentes planteados en el informe de la Comisión de Hacienda, a 550 mil 659 propiedades agrícolas a lo largo del país, de las cuales el 29,33 por ciento se encuentra afecto al pago de contribuciones. La recaudación anual por contribuciones es de 30 mil 125 millones de pesos, lo que representa el 12,35 por ciento de la recaudación total por concepto de este impuesto, ya que el 87,65 restante corresponde a la primera serie de los bienes raíces no agrícolas.
En agosto de 1996 manifesté que me parecía muy importante advertir de tal situación a la autoridad, con tiempo y oportunidad, para que reflexionara acerca de la necesidad de estudiar sistemas alternativos de retasación de bienes raíces agrícolas.
Si se consideran las bases usadas hace 30 ó 40 años para definir, incluso con técnicas muy modernas para la época como fueron los sistemas aerofotogramétricos que se aplicaron en los comienzo de la década del 60, apreciamos que nosotros siempre hemos considerado que el avalúo tenía relación directa con la capacidad de uso de la tierra. Esta capacidad ha ido variando a lo largo de estos años, debido a que hoy la tierra es el recurso que tiene menos importancia en el desarrollo de una actividad agropecuaria. Existe otro tipo de tecnologías, otro conjunto de situaciones. Desde luego, el agua alcanza actualmente un valor enormemente superior; las técnicas de fertilización y de riego, la aplicación de sistemas determinados, hacen que la capacidad potencial de uso de la tierra carezca de la validez que tuvo en el pasado.
De ahí que, al investigarse cómo se establecieron los parámetros para resolver cuándo existe una capacidad potencial de uso de tierra en ciertas variables (lo veíamos hoy respecto de otro proyecto, en la Comisión de Agricultura), se comprobó que se hacía una división, las más de las veces arbitraria, en cuatro clasificaciones de riego y ocho de secano, de las cuales la mitad eran arables, y la otra mitad, no.
Sin embargo, pienso que ha llegado el momento de hacer un estudio mucho más profundo en el que, de la capacidad de uso de la tierra, pasemos a un concepto diferente: la productividad o rentabilidad de la actividad agrícola relacionada con aquel uso. No cabe duda de que, con una internacionalización de la economía, con el ejercicio de la competencia que no se produce ya al interior de los países, sino entre países, tendremos que cambiar esa definición.
Propuse, y así se acordó por la Comisión de Agricultura del Senado, que realicemos una revisión completa de la materia, invitando al Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, a colaborar en un propósito común de llegar a una definición más adecuada en una cuestión que inexorablemente va a seguir sucediendo.
Llevamos ocho años -catorce, según me apunta el señor Presidente de la Comisión de Agricultura- acordando postergaciones a la vigencia del avalúo. ¿Por qué? Porque la base sobre la cual se establece la relación no es la correcta ni la vigente en la actualidad. Hoy se pueden dar en una misma región, provincia o comuna, e incluso en potreros situados uno al lado de otro, situaciones completamente diversas. Ello depende de la utilización de los recursos, de la posibilidad de acceder a ellos, y de una serie de variables que hace que esta definición no pueda situarse en los parámetros que ahora utilizamos.
No podría dejar de votar favorablemente el proyecto; pero no tengo dudas acerca de que tenemos que hacer una nueva convocatoria para arribar de una vez por todas a un proyecto de fondo consistente en revisar la definición de la forma en que deben revalorizarse los bienes raíces agrícolas.
Al respecto, solicito que se oficie al señor Presidente de la República, al Ministerio de Agricultura y a quienes son los más interesados: las sociedades agrícolas o asociaciones de agricultores, grandes, medianas y pequeñas, instándoles, basándose en esta intervención, a reflexionar sobre el asunto y a entregar su aporte.
--Por unanimidad, se acuerda enviar los oficios mencionados, en nombre del Senado, en conformidad al Reglamento.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, quiero hacer la siguiente consulta.
El proyecto expresa: "Prorrógase hasta el 30 de junio de 1999,... la vigencia de los avalúos de los bienes raíces agrícolas que rijan al 30 de junio de 1998"... Es decir, estrictamente hablando, en este momento debiera estar vigente el nuevo sistema de avalúo. ¿No es esta situación poco clara, desde el punto de vista de redacción y de técnica legislativa?
Se supone que esto obedece a una ley anterior, y que lo que hacemos es postergar su aplicación; pero, como no había ley el 1º de julio, ¿se considera vigente a contar de ese momento? Ésa es mi consulta.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Por tener la misma duda, señor Senador, hice la consulta correspondiente al señor Director de Impuestos Internos, y me contestó que si la nueva disposición legal es publicada en el mes de julio, el asunto no presentará problemas.
El señor MARTÍNEZ.- Muchas gracias, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, me parece que todos teníamos el propósito de no intervenir en la discusión de un proyecto tan claro como éste; pero, en razón de que el Honorable señor Romero ha hecho una exposición a su respecto (la que desde luego comparto), señalaré que los agricultores vienen desde hace mucho soportando situaciones muy difíciles. Esto ha llevado a que el Gobierno reconozca el hecho y que año a año vaya prorrogando la entrada en vigencia de los nuevos avalúos.
Me pregunto si el próximo año por esta misma fecha estaremos acordando una nueva prórroga, ya que desde 1990 hemos hecho lo mismo invariablemente. ¿No será atendible la invitación del Honorable señor Romero a mostrar mayor preocupación por este asunto, y a que sea nuestra Comisión de Hacienda la que encabece una acción, invitando al señor Ministro de Agricultura, al de Hacienda, a los agricultores y sus representantes en diferentes agrupaciones, para buscar la solución definitiva? Así no estaríamos aplicando parches todos los años, como ahora.
Mi voto será favorable a la aprobación de este proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
E

l señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, para que la señal constituida por este proyecto se aprecie en su justa dimensión, es necesario precisar que beneficiará en la práctica a 48 mil 656 agricultores, que son los acogidos al sistema de renta presunta. ¿Por qué hablo de la señal? Porque, según informes, existen en Chile 550 mil propiedades agrícolas, y sólo 160 mil de ellas pagan contribuciones. En consecuencia, el proyecto no afecta en modo alguno a unas 390 mil propiedades. Por lo demás, la iniciativa nada tiene que ver con los pequeños propietarios agrícolas indígenas, quienes por ley están liberados del pago de contribuciones.
Por lo expuesto, la iniciativa tiene una dimensión bastante controlada y favorecerá a una zona en que los agricultores enfrentan una situación sumamente grave. Represento, como otros señores Senadores, regiones agrícolas, especialmente la Novena, ubicada en el penúltimo lugar en cuanto a desarrollo. Esto se debe a que el motor central de la zona, la producción de cultivos tradicionales, se ha visto fuertemente afectado por catástrofes climáticas, así como por convenios suscritos con el MERCOSUR, Canadá y Australia.
Por todo ello, diría que el presente proyecto será una bocanadita de oxígeno administrada a un sector que conozco muy bien, al menos en la Región que represento. Entendiéndolo así, votaré favorablemente la iniciativa, iniciada en un mensaje bien hecho del Presidente de la República. También estimo bien hecho lo obrado por el Jefe del Estado al calificar su urgencia de "Suma", para que se promulgue de una vez por todas.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, comparto plenamente lo expresado por el Senador señor Romero.
Parecerá extraño, pero en el norte de Chile también tenemos agricultura, especialmente en valles como Camiña, Camarones, Azapa y otros, algunos de los cuales, a causa del último temporal, quedaron en muy difícil situación y convertidos en pedregales, como lo pudo comprobar el señor Ministro de Agricultura.
Señor Presidente, anuncio mi voto favorable al proyecto, pero, al igual que el Senador señor Romero, creo necesario hacer una revisión profunda en esta materia, a fin de darle una solución definitiva. De lo contrario, vamos a estar todos los años con el mismo problema.
He dicho.
--Se aprueba en general y particular el proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Así como se enviarán los oficios solicitados por el Honorable señor Romero, sería bueno acoger también las proposiciones que ha hecho el Honorable señor Sabag en el sentido de que la Comisión de Hacienda recabe de los señores Ministro de Hacienda y Director de Impuestos Internos mayores antecedentes, a fin de saber por qué se ha prorrogado en forma reiterada la vigencia de los avalúos agrícolas.

El señor ROMERO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ROMERO.- Seré muy breve. La Comisión de Agricultura, por la unanimidad de sus miembros, tomó hoy la decisión de abocarse a este tema. Entonces, tal vez lo más lógico sería que el asunto quedara en manos de ella y no de la de Hacienda.

El señor SABAG.- Me sumo a esa petición, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Muy bien. Si le parece a la Sala, dejaremos radicado el asunto en la Comisión de Agricultura.
Acordado.




MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 31 DE LEY SOBRE
REGISTRO CIVIL


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En segundo término, corresponde tratar el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que modifica el artículo 31 de la ley sobre Registro Civil, con la finalidad de permitir la inscripción de los recién nacidos en el domicilio de la madre. Cuenta con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 4ª, en 10 de octubre de 1995.
Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 8ª, en 17 de junio de 1998.

El señor LAGOS (Secretario).- El proyecto consta de un artículo único y se inició en moción de diversos señores Diputados.
Según señala el informe, la Comisión acordó, por unanimidad, aprobarlo en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.

Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, la iniciativa tuvo su origen en una moción de varios señores Diputados representantes, fundamentalmente, de comunas pequeñas, quienes se dieron cuenta de que los nacimientos ya no se registran en las comunas en donde viven los padres sino en las ciudades en que están los hospitales donde nacen hoy los niños.
Todos nos sentimos muy orgullosos y querendones de nuestros pueblos. Las personas dicen: "Soy yumbelino" o "Soy monteaguilino". Pero en estos momentos no lo pueden decir, porque en un caso nació en Concepción y en el otro en Los Ángeles, si seguimos el ejemplo de la Región que represento.
Antiguamente los niños venían al mundo en sus casas o en las postas o centros asistenciales que existían en las comunas, pero hoy día todo se ha modernizado; hay control del embarazo, y los niños nacen generalmente en los hospitales. Y para sacar al niño del hospital, éste debe estar inscrito donde ha nacido. En el ejemplo que he dado: en Concepción o en Los Ángeles.
Por ello, lo que procura el proyecto es permitir que los padres inscriban a sus niños en la localidad o comuna a la que pertenecen, dejando constancia, naturalmente, del lugar donde fueron dados a luz. Este es un gran sentimiento de los padres. En todas las comunas pequeñas ya no nacen niños. El Registro Civil registra solamente fallecimientos, no nacimientos. Ahora, con el proyecto en debate se pretende dar a los padres la oportunidad de inscribir a sus niños en la comuna donde residen.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, como ya se ha señalado en términos generales, la moción del Diputado señor Prokurica, en el fondo, apunta a obtener una información fidedigna respecto de dónde realmente son gestados, nacen y se desarrollan los niños en nuestro país. Dada la concentración con que se atienden los partos, las personas no aparecen inscritas en las zonas rurales. Por lo tanto, las determinaciones que toma la autoridad en cuanto a necesidades de educación, infraestructura y salud, entre otras, no tienen un respaldo real en cuanto a la población que está registrada. En ese sentido, la moción va en la dirección correcta; hace justicia con respecto a los sectores rurales y a la realidad de nuestro variado territorio.
No olvidemos, de paso, que en un trabajo muy importante desarrollado bajo el amparo del Ejército de Chile se ha determinado que el 50 por ciento del territorio nacional se encuentra en condiciones de frontera interior. Es decir, las personas que viven, o tratan de vivir, en esas zonas no se sienten parte del país. Entonces, resulta necesario, por lo menos, comenzar a buscar los datos para revertir la situación.
Por tales razones, señor Presidente, y dado lo sencillo pero significativo de la iniciativa, debemos aprobarla.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prat.

El señor PRAT.- Señor Presidente, quiero abogar en favor del proyecto en debate, puesto que, a mi juicio, tiene plena validez. Hoy en día, en las comunas menores, donde los consultorios no tienen servicios de maternidad, no se registran nacimientos. Las madres se trasladan a las comunas vecinas donde sí existen esos servicios y, en virtud de ello, los hijos aparecen inscritos en aquéllas y no en las comunas donde viven sus padres y donde está su familia. Esta situación va alterando la estadística y, de alguna manera, el destino de las comunas menores, puesto que no registran nacimientos. La población disminuye en los números -no en la realidad-, lo cual termina por afectar los programas sociales y otras determinaciones de orden público que se basan en la cantidad de nacimientos o de habitantes de la comuna.
Por lo tanto, la práctica hoy en uso de registrar como lugar de origen aquel donde se encuentra la maternidad en que nace el niño produce una alteración estadística que se aparta de la realidad. En consecuencia, la normativa en debate viene a restituir la base real de población de cada una de las comunas, por lo que estoy a favor de su aprobación.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pinochet.

El señor PINOCHET.- Señor Presidente, he leído con profunda detención el proyecto. Pero hay un problema que conozco porque he vivido en la zona norte del país: el de las madres que van a dar a luz al otro lado de la frontera. Por ejemplo, en Arica hay mujeres que se trasladan a Tacna para tener sus hijos, los cuales quedan inscritos allí. ¿No habría modo de incorporar algún artículo que les permitiera tenerlos en Arica? Para ello sería necesario que los hospitales las recibieran gratuitamente, que les dieran todas las facilidades del caso. Porque en Tacna, al menos en mi tiempo, se las daban. Poco faltaba para que les entregaran hasta la plata para pagar el bus...
En mi opinión, habría que estudiar una norma en ese sentido, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ésa es una materia que perfectamente podría estudiarse, porque puede ser objeto de una moción parlamentaria. Si hubiera acuerdo, haríamos llegar la inquietud del señor Senador a la Comisión de Gobierno, a fin de que analice el caso de las personas que viven en zonas limítrofes y cuyos hijos nacen en el país vecino, donde quedan inscritos.
Ahora, para no postergar el despacho del proyecto, propongo aprobarlo, sin perjuicio de hacer llegar el planteamiento del Senador señor Pinochet a la Comisión de Gobierno.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, la semana recién pasada, en la hora de Incidentes, di a conocer una petición que me formuló el alcalde de Lumaco, señor Rolando Flores, quien me planteó la necesidad de que interviniera para señalar la situación que vive esa comuna, que, por supuesto, se repite en muchas otras comunas rurales con similares características.
Como ya lo expresaron otros señores Senadores, un sinnúmero de madres dan a luz en centros asistenciales ubicados en las ciudades más importantes de las respectivas Regiones. En el caso de Lumaco, los hijos nacen en los hospitales de Traiguén, de Angol, de Victoria.
Ahora, es efectivo que las inscripciones por defunción van marcando un crecimiento negativo en esas comunas. Pero no me voy a referir a ello, pues ya lo han hecho otros Honorables colegas. Simplemente, quiero decir que esta iniciativa, tan bienvenida, no sólo soluciona un problema de tipo administrativo, sino que también se orienta hacia la mantención de nuestras tradiciones.
Chile tiene una muy hermosa geografía rural. Muchos de nuestros poetas, escritores, científicos, artistas, nacieron en pequeñas comunidades. Éstas se sienten orgullosas de haber dado origen a personalidades que constituyen el motor del desarrollo de este país y que, por su lado, se enorgullecen de haber visto la luz por vez primera en esos pequeños parajes rurales, que también son parte de nuestra patria.
Por tanto, quiero destacar que en esta oportunidad no se trata de un proyecto meramente político o económico, sino de un afianzamiento -repito- de tradiciones que se expresan en el nacimiento de mucha gente de la cual nos sentimos orgullosos: Gabriela Mistral, Pablo Neruda, entre otros.
Por las razones expuestas, con mucho agrado votaré a favor de la iniciativa en debate.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.

El señor CANTERO.- Señor Presidente, la iniciativa en estudio, que tuvo su origen en una moción de los Diputados señores Caminondo, Longton, Prokurica, Vilches, Hurtado, Morales, Munizaga y Taladriz, contiene dos ideas matrices.
En primer lugar, pretende corregir una anormalidad que se ha producido debido a que las normas legales del Servicio de Registro Civil e Identificación establecen que los nacimientos deben inscribirse en la comuna donde se da a luz. Ello entra en colisión con un proceso distinto, que tiene que ver con los servicios asistenciales. Se han tomado medidas administrativas para racionalizar éstos, las cuales apuntan precisamente a que en las cabeceras de provincias se establezcan los mejores servicios de atención maternal. Entonces, las provincias son el receptáculo hacia el cual convergen las madres que viven en comunas pequeñas y deben dar a luz.
Lo anterior ha generado una situación de anormalidad, porque se ha producido una distorsión en la evolución demográfica de las comunidades pequeñas. Y ello es relevante, pues la distribución de recursos económicos y los programas sociales de atención se hacen en función de variables demográficas, las cuales se ven alteradas por la circunstancia ya descrita.
Esa situación, importante y valiosa, debe ser contrastada con otra que, en mi opinión, es copulativa y no tiene menos trascendendencia: un número significativo de comunidades pequeñas, algunas de pueblos originarios, ven afectada su presencia en la cultura nacional.
Me explico.
En el caso de San Pedro de Atacama, por ejemplo, el pueblo atacameño está teniendo un decrecimiento notable, debido a que todas las madres que dan a luz en el entorno del Salar de Atacama son atendidas en la comuna de Calama, donde se encuentra el centro de atención maternal correspondiente a ese sector. Por consiguiente, según los datos estadísticos, incluso los del Censo de la República, las comunidades atacameñas se hallan prácticamente en extinción, en circunstancias de que lo que ocurre es que los nacimientos están siendo atendidos en una zona distinta de la del domicilio de la madre.
Por esa razón, considero de la mayor importancia flexibilizar la norma, a fin de que las madres puedan inscribir a sus hijos, no sólo en el lugar donde nacen, sino también en el lugar del cual son originarios. Con ello se cautelarían dos elementos fundamentales: primero, que los pueblos originarios puedan seguir teniendo un crecimiento demográfico, y segundo, que puedan mejorar sus expectativas y oportunidades de acceder a la distribución de recursos económicos y a los programas sociales.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

--Se aprueba en general el proyecto, que, no habiendo sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.




EXCLUSIÓN DE ZONAS MARÍTIMAS DEL SISTEMA
DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En seguida, corresponde debatir en primer trámite constitucional el proyecto, iniciado en moción del Honorable señor Horvath, que modifica el artículo 158 de la ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura, para excluir a las zonas marítimas del Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, con informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Horvath).
En primer trámite, sesión 5ª, en 7 de junio de 1995.
Informe de Comisión:
Intereses Marítimos, sesión 8ª, en 17 de junio de 1998.

El señor LAGOS (Secretario).- El objetivo de la iniciativa es permitir en las zonas marítimas de las reservas nacionales y forestales la realización de actividades de acuicultura y pesca extractiva artesanal, en los términos, limitaciones y condiciones previstas en la Ley General de Pesca y Acuicultura.
La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, aprobó en general y particular el proyecto. Y, en la parte resolutiva, propone aprobar el texto que señala.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura me encomendó entregar los antecedentes de la iniciativa e informar sobre la proposición que hace a la Sala.
En nuestro país existe una extensa área comprendida bajo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Los Parques Nacionales tienen una superficie de 8 millones 812 mil 695 hectáreas; las Reservas Nacionales, una de 5 millones 493 mil 345 hectáreas, y los Monumentos Naturales, que son más puntuales o específicos, una de 17 mil 670 hectáreas.
La Ley General de Pesca y Acuicultura prohíbe desarrollar actividades de acuicultura en las áreas marítimas, fluviales y lacustres que estén bajo el amparo del Sistema en comento. Sin embargo, dada la extensión de nuestro litoral -y referida particularmente, con mayor grado de aplicación, a la zona austral del país, que sola, desde el punto de vista continental, representa 34 por ciento de la superficie de Chile en Sudamérica-, si uno hace una visualización rápida en el área del mar interior de todo lo que corresponde a fiordos y canales protegidos que existen al sur del paralelo 41, llega a una superficie nueve veces mayor que la que tienen reservada los pescadores artesanales entre Arica y Puerto Montt. Y si uno se interioriza en esta área, se encuentra con que la mitad de la superficie de la zona austral está bajo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.
Por lo tanto, impedir que en condiciones especiales se desarrollen actividades de acuicultura en este mar interior, en el fondo, frena una posibilidad de progreso económico; de presencia de población, y (como pretenderemos señalar), de una adecuada protección de dichas áreas mediante acciones compatibles, como en algunos casos lo son la acuícola y la turística, aparte, evidentemente, lo que corresponde a investigación científica.
Respecto de esta materia, la Comisión recibió antecedentes del Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante; del Subdirector de esa institución; de la Corporación Nacional Forestal, y de los asesores jurídicos pertinentes. Y los alcances con respecto a la iniciativa de permitir que en los espacios marítimos del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado se desarrollen actividades de acuicultura van en dos ámbitos, de acuerdo con los antecedentes entregados por los organismos competentes.
La Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional, en un informe bastante detallado desde los puntos de vista territorial y legal, hace presente de partida que en la Ley de Pesca se produce -por así decirlo- casi un sinsentido en cuanto a aplicación, toda vez que la prohibición del desarrollo de dichas actividades queda referida a la conformidad de una ley, la Nº 18.362, que aún no ha entrado en vigencia, porque, como ella misma lo establece, su aplicación se supedita a que se defina la institucionalidad de la Corporación Nacional Forestal. Y eso todavía no se ha resuelto. De hecho, hay una iniciativa reciente del Gobierno, específicamente del Ministerio de Agricultura, a los efectos de redefinir la organicidad de la CONAF como ente público y no como una corporación privada.
Por otra parte, el informe y los antecedentes de que dispuso la Comisión señalan que la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, establece claramente que forman parte de las áreas protegidas del Estado las porciones de mar, terrenos de playa, lagunas, embalses, etcétera. Por lo tanto, existe al respecto ese amparo legal, aparte lo estatuido desde antes de él por la Ley de Bosques, que sólo se refiere a la porción de tierras fiscales y no a los espacios marítimos, fluviales o lacustres.
En lo atinente a la prohibición, la Corporación Nacional Forestal sostiene explícitamente, y al amparo de la Convención de Washington, de 1941 -o sea, la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América-, la incompatibilidad que se produce en las áreas marítimas aledañas a los Parques Nacionales, porque allí la función principal es la preservación y, por la interacción que habría entre el ecosistema de borde marítimo con el del interior, no sería conveniente, a juicio de la CONAF y de acuerdo al amparo otorgado por la legislación vigente en nuestro país, permitir que, incluso en condiciones excepcionales, se desarrollen actividades acuícolas.
Sin embargo, en lo que corresponde a la fracción de reservas forestales y, en el caso equivalente, de reservas marinas, sí habría compatibilidad. Y por eso se señala claramente la conveniencia de acotar el proyecto sólo a lo concerniente a dicha área.
Desde ese punto de vista, el texto sugerido por la Comisión está redactado en términos significativos, pero también bastante sencillos, en el sentido de modificar la Ley de Pesca para permitir que las zonas lacustres, fluviales y marítimas que integren el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado queden excluidas de las actividades pesquera extractiva y de acuicultura, pero excepcionalmente -como lo dispone el inciso segundo del artículo único "en las zonas marítimas de las reservas nacionales y forestales se podrán realizar actividades de acuicultura, en los términos, limitaciones y condiciones previstas en el artículo 67 de esta ley.". Y agrega el precepto: "También podrán efectuarse actividades extractivas de pesca artesanal", con consulta a los organismos competentes. Así se salvaguardan intereses y se evitan eventuales conflictos.
En esos términos, señor Presidente, solicitamos a la Sala la aprobación de la iniciativa, que abre un enorme campo, bien distribuido, de nuestro territorio nacional para que se puedan desarrollar actividades de acuicultura compatibles con los criterios de preservación en las áreas que permiten manejo, como son las reservas.

El señor RÍOS.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor HORVATH.- Sí, señor Senador, con la venia de la Mesa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.

El señor RÍOS.- Señor Presidente, el proyecto habla de "Las zonas lacustres, fluviales y marítimas que integren el sistema nacional de áreas silvestres protegidas". Sin embargo, existen áreas lacustres, fluviales y marítimas que no integran dicho sistema, donde, desde el punto de vista de la autoridad local y de los vecinos del sector, tampoco corresponde que se desarrollen actividades de pesca extractiva o de acuicultura.
Queda, entonces, la sensación de que está muy definido que en las áreas silvestres protegidas no existe actividad acuícola, pero en otras sí se relaja (por emplear una expresión gráfica) el sistema protectivo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Recupera la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- La recupero brevemente, señor Presidente, para aclarar el planteamiento del Senador señor Ríos.
La Ley General de Pesca y Acuicultura fija todo un procedimiento para las otras áreas. De modo que aquí no hay relajamiento alguno, pues existe un mecanismo para definir las llamadas "áreas apropiadas para la acuicultura", en que participan las instancias de gobierno local, considerándose los distintos usos, como el caso particular del turismo, y definiéndose la compatibilidad -por así decirlo-, una suerte de ordenamiento territorial, para ver si es factible hacer acuicultura sin vulnerar otras actividades que puedan sentirse afectadas.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Adolfo Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, el artículo 158 de la Ley General de Pesca y Acuicultura es una buena muestra de que, cuando se legisla a base de cuestiones predeterminadas o de ideas al margen de los hechos, se llega a excesos como el señalado, en que, según planteó muy bien el Senador señor Horvath, hay que aplicar el sentido común y considerar la realidad.
En tal sentido, la iniciativa se atiene a la realidad y, sobre todo, corrige una legislación que, aunque bien intencionada, traba o limita actividades muy importantes para muchos chilenos, como son la pesca artesanal y la acuicultura, en algunas Regiones, fundamentalmente en la Undécima y la Duodécima.
Quiero hacer notar, señor Presidente, que la redacción que se nos propone hace plenamente compatible la norma respectiva con los tratados internacionales existentes sobre la materia. Así, al usarse la expresión "reservas nacionales" en forma precisa y no genérica se respetan convenios que estipulan que en los parques nacionales no cabe realizar actividades comerciales o económicas, como podrían ser las relacionadas con la acuicultura o la pesca extractiva.
Por todo lo anterior, me manifiesto partidario de aprobar el proyecto de ley.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
¿Habría acuerdo para aprobar la iniciativa?

--Se aprueba en general el proyecto, que, no habiéndose formulado indicaciones, queda aprobado también en particular.




CONDONACIÓN DE PAGO DE PATENTE ÚNICA
A PEQUEÑOS ACUICULTORES


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y originado en mensaje, que condona el pago de la patente única de acuicultura a pequeños acuicultores en los casos que señala, con informes de las Comisiones de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, y de Hacienda.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 3ª, en 31 de marzo de 1998.
Informes de Comisión:
Intereses Marítimos, sesión 10ª, en 1º de julio de 1998.
Hacienda, sesión 10ª, en 1º de julio de 1998.

El señor LAGOS (Secretario).- La Comisión de Intereses Marítimos hace presente en su informe que los principales objetivos del proyecto son, en primer término, condonar las patentes, tarifas y rentas de acuicultura, sus intereses y multas, respecto de pequeños acuicultores que han ocupado sectores de operación antes del otorgamiento de la concesión de acuicultura. Y, segundo, autorizar que se abone a futuros pagos de patentes de acuicultura u otras obligaciones tributarias los valores enterados por pequeños acuicultores antes de la obtención de las concesiones de acuicultura.
La unanimidad de los miembros presentes de la Comisión prestó su aprobación a la idea de legislar sobre esta materia.
En seguida, se hace una descripción de la iniciativa y se deja constancia de su discusión y de los acuerdos adoptados por la Comisión.
En la parte resolutiva se propone, por unanimidad, la aprobación del proyecto de la Cámara de Diputados, con la sola enmienda de agregar un artículo 4º, nuevo, el cual se fundamentó en una indicación presentada por Su Excelencia el Presidente de la República.
Por su parte, en el informe de la Comisión de Hacienda se deja constancia de que el proyecto está debidamente financiado y que, por ello, no producirá desequilibrios presupuestarios ni incidirá negativamente en la economía del país. Finalmente, por las razones que se indican, propone aprobarlo en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Ofrezco la palabra.

El señor MARTÍNEZ.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, el proyecto en discusión se basa en una iniciativa de Su Excelencia el Presidente de la República, y tiene por objeto condonar a los pequeños acuicultores -es decir, aquellos que realizan actividades de cultivo de algas, en un sector que no excede de las 0,5 hectáreas, sin poseer ninguna otra clase de concesión de acuicultura para tal fin-, con solicitud de concesión presentada hasta el 31 de diciembre de 1994, los gravámenes por concepto de patente única de acuicultura, rentas y tarifas, por el período comprendido entre la ocupación efectiva de los sectores de operación y la fecha de otorgamiento de la concesión definitiva o la del permiso de ocupación transitoria establecido por la ley Nº 19.397.
Como antecedente, hay que tener presente que los titulares de concesiones de acuicultura que tengan una extensión de hasta 50 hectáreas deben pagar por concepto de patente única de acuicultura dos unidades tributarias mensuales por hectárea o fracción.
¿A qué se debió esto? A que entre la autorización para ocupar transitoriamente las concesiones de acuicultura y la entrega definitiva de la autorización pasó un lapso de tiempo muy largo, porque hubo que ordenar una serie de antecedentes para tener clara la situación de las concesiones de acuicultura. Entretanto, los pequeños acuicultures establecieron sus faenas e iniciaron sus trabajos. Cuando éstos se acogieron a la idea de exención del pago de la patente única de acuicultura que la ley vigente dispone sólo cuando se trata de títulos definitivos, en ese momento la Contraloría General de la República objeta el procedimiento y señala que mientras no tengan el título definitivo no podrán acogerse a la ley, por lo que deben pagar la patente y todo lo que corresponda.
Lo anterior produjo efectos en dos situaciones. Por un lado, afectó a los pequeños acuicultores, que son personas que tienen poca capacidad de inversión, por lo que el pago de la patente única de acuicultura con las multas significaba fuertes egresos. Por otro lado, se produjo otro problema, pues hubo dos o tres que cumplieron con la ley; entonces, también como consecuencia de eso, cierto número de acuicultores que habían cumplido con lo establecido en la normativa iban a quedar exentos de un reconocimiento a su esfuerzo.
Por lo tanto, el Presidente de la República, en uso de sus facultades, propuso una indicación mediante la cual se agregó un artículo 4º, nuevo, que faculta al Tesorero General de la República para abonar al pago de la patente de acuicultura o de cualquiera otra obligación fiscal los valores enterados por pequeños acuicultores antes de que se resolviera el problema de la entrega definitiva de la concesión.
Luego, evidentemente, la iniciativa tiene un claro beneficio social, de desarrollo.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la iniciativa.

--Por unanimidad, se aprueba en general el proyecto, y por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.




ENAJENACIÓN POR ESCRITURA SEPARADA
DE PARCELAS CORA


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece la obligación de que las parcelas, sitios y bienes comunes derivados del proceso de reforma agraria sean enajenados por escrituras públicas separadas.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 9ª, en 21 de abril de 1998.
Informe de Comisión:
Agricultura, sesión 2ª, en 3 de junio de 1998.

El señor LAGOS (Secretario).- La iniciativa fue iniciada en moción de diversos señores Diputados.
En síntesis, los objetivos del proyecto aprobado por la Comisión son los siguientes. Primero, establecer que, sin perjuicio de las normas legales vigentes sobre la materia, la primera enajenación, a título gratuito u oneroso, de parcelas, sitios y de derechos sobre bienes comunes derivados del proceso de reforma agraria, deberá hacerse mediante escrituras públicas diferentes para cada uno de los bienes indicados. Y, segundo, prohibir a los notarios autorizar y a los conservadores inscribir escrituras públicas que no cumplan con lo señalado precedentemente.
En razón de los antecedentes contenidos en el informe, la Comisión, por unanimidad, prestó su aprobación a la idea de legislar sobre esta materia.
En seguida, se hace una relación de los diversos artículos del proyecto, y se deja constancia de su discusión y de los acuerdos adoptados por la Comisión.
Y en la parte resolutiva, se propone la aprobación de la iniciativa de la Cámara de Diputados -que consta de 2 artículos-, con las modificaciones que indica.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Senador señor Chadwick.

El señor CHADWICK.- Señor Presidente, el proyecto que discutimos nació de una moción de distintos Diputados, entre los cuales me encontraba yo, y tiene por objeto prevenir una situación de engaño producida en el proceso de enajenación de las parcelas CORA. Estos predios constan de tres aspectos distintos: la parcela propiamente tal, el sitio donde normalmente está ubicada la casa y los derechos en los bienes comunes.
¿Qué ha ocurrido durante este tiempo y en el pasado? Que la enajenación de esas parcelas se ha hecho a través de un sólo instrumento jurídico -una escritura pública-, y en múltiples oportunidades ha sucedido que al venderse la parcela su dueño no ha querido incluir, o ha entendido que no está incluido, ni el sitio ni los derechos comunes a los cuales tiene acceso, pero se ha encontrado después con la sorpresa de que por esa venta ha enajenado, mediante escritura pública, la totalidad de los elementos presentes en la parcela CORA.
Para evitar esa situación de engaño producida en múltiples oportunidades, el proyecto pretende establecer la necesidad de que la enajenación se haga a través de instrumentos jurídicos distintos: tres escrituras públicas diferentes. De modo que si se quiere vender el sitio, que se sepa que eso se está vendiendo; si se quiere vender la parcela, que se sepa que se está haciendo eso; si se quiere enajenar los derechos comunes, que se sepa en forma específica que eso se está efectuando directamente. Esto, para que el parcelero no sufra los múltiples engaños que ya se han verificado en el pasado.
Quedan aproximadamente 16 mil parceleros originarios de este sistema. Con este proyecto podríamos evitar estos engaños y, al mismo tiempo, se facilitaría mucho la enajenación de los derechos comunes, sobre todo si se considera otra iniciativa sobre la materia que ya fue aprobada en el Parlamento.
Creemos que el proyecto es muy necesario para prevenir esta situación. Durante el trabajo de la Comisión de Agricultura se presentó una indicación, que fue aprobada unánimemente, para limitar esta modalidad sólo al primer adquirente, cosa que me parece perfectamente coherente y consistente con la finalidad de estas normas.
Por eso, así como la Comisión de Agricultura aprobó unánimemente la iniciativa, espero que también cuente con el respaldo del Senado en esta oportunidad.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreno.

El señor MORENO.- Señor Presidente, voy a votar favorablemente el proyecto.
Me alegro de que el Senador señor Chadwick haya usado en su intervención las palabras justas para referirse a una situación de penuria, de injusticia y de arbitrio que han sufrido muchas familias modestas que, sin tener la posibilidad de recurrir a un abogado o a una asesoría jurídica oportuna, se han visto desposeídas de lo que constituía una necesidad esencial en sus vidas: la casa que habitaban y el sitio que la rodeaba, que fue producto del proceso de reforma agraria.
La situación se mantiene hasta el día de hoy. El proyecto podrá facilitar algunas cosas; pero -repito- ella subsiste.
En la Sexta Región, en días pasados, visité algunas localidades donde nuevamente se me denunció la existencia de este fenómeno. Hay mucha gente que realmente ha sido empujada fuera de su casa, sobre la base de que en un momento firmó un contrato de arriendo por 99 años, con promesa de venta. Eso, en el caso de numerosos campesinos -muchos de ellos analfabetos-, tiene un nombre muy grave: estafa. No supieron lo que firmaron. No pocos recibieron por pago cantidades que, si las menciono y dejo constancia de ellas en el Senado, pueden parecer casi irrisorias: una camioneta "Luv", un televisor. Es el precio por el cual mucha gente vendió sus derechos respecto de la casa y de su sitio.
Por lo tanto, creo que esto aún es perfectible. La ley vigente facilita la enajenación de los bienes comunes; pero, desgraciadamente, no resuelve lo relativo a estos últimos, y se pide su modificación. En ese sentido, llegará a la Sala del Senado otro proyecto que hemos aprobado en la Comisión de Agricultura mediante el cual, precisamente, se busca resolver el problema existente en escuelas construidas en bienes comunes, las que, si desean acogerse a la reforma educacional, que las obliga a la doble jornada, requieren de cinco o seis aulas nuevas. Y como no poseen escritura de propiedad alguna sobre el terreno donde están construidas, es necesario conseguir la firma de 40, 50, 70 u 80 personas, lo que resulta absolutamente imposible y, por consiguiente, el establecimiento no es acreedor a los recursos para ampliarse, ni tiene posibilidad de manejo sobre los bienes en que se sitúa.
Asimismo, deseo señalar en esta oportunidad la necesidad de aprobar el proyecto, si bien dejo constancia en el Senado de que no resolverá el problema de injusticia, que se mantiene. Y creo que, en algún momento, con el apoyo del Ejecutivo, debemos buscar una solución para personas que, aun habiendo vendido sus sitios y sus casas, siguen morando en ellas. Este domingo estuve en una reunión con un vasto grupo de campesinos en la zona de San Fernando, que tienen constituida una asociación. Muchos de ellos fueron excluidos por el decreto ley 208, y otros siguen viviendo bajo la tolerancia del nuevo adquirente de la parcela, en una casa que le ha sido jurídicamente traspasada, al igual que el sitio. ¿Por qué no han sido desalojados? Porque dentro de sus comunidades son reconocidos como que han vivido en esos predios 30, 40 ó 50 años. Y sería demasiado violentador para la convivencia cotidiana que esas personas fueran desalojadas. La ley no los protege; están allí sólo por la buena voluntad de un adquirente.
Al exigir escrituras públicas diferentes para cada uno de los bienes indicados, se da un pequeño paso; pero el problema no está resuelto ni será resuelto. Y me temo que el número de familias involucradas es superior a 16 mil.
Nada más, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, al parecer, en el tema de la reforma agraria el término "injusticia" es recurrente, porque se originó en una situación injusta y continúa siéndolo. Es tal vez uno de los procesos más cuestionados en los últimos 30 años en el país. Naturalmente, éste no es el momento de abrir debate sobre el tema, pero me impactan las palabras del Senador señor Moreno cuando se refiere a la injusticia que provoca el proceso de reforma agraria ahora, en el caso de los parceleros. Y esta injusticia, obviamente, tiene que ver con una visión del pasado que, desgraciadamente, en sus resultados no fue lo que se esperaba. Sin embargo, todos entendemos que hay una situación real, que es necesario impedir efectivamente que continúe.
Cuando conocimos el proyecto en la Comisión de Agricultura, nos permitimos hacer una pequeña modificación al texto de la Cámara de Diputados, originado en una moción del entonces Diputado señor Chadwick, entre otros Parlamentarios. Y lo planteamos en términos de que fuese la primera enajenación la que tuviera esta limitante. Porque, obviamente, una vez que cambia de manos no se necesita obstaculizar y perjudicar en forma innecesaria la libre transferencia y la movilidad de la propiedad, una de las características de la economía social de mercado, de una economía de libertad.
Por ello, la unanimidad de los miembros de la Comisión de Agricultura le dio su aprobación, y espero que también el Senado acoja un proyecto tan importante y trascendente para quienes aún son dueños de una parcela, de una casa o de un sitio.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, votaré favorablemente la iniciativa. Sin embargo, considero que no es un buen camino el que el legislador permanentemente esté fijando determinadas condiciones para proteger a terceros, pues por esa vía simplemente será incapaz de establecer requisitos para que tales actos no puedan celebrarse con el pretexto de que esas personas no sean estafadas.
En mi concepto, sin perjuicio, como digo, de aprobar el proyecto, en esta materia deberíamos tender hacia un sistema más de fondo y perfeccionar el sistema de asesoría jurídica para las personas que no estén en condiciones de afrontar los gastos que ella demanda. Pienso que ésa es la verdadera solución. Porque, por la vía de establecer limitaciones a los notarios o a los conservadores para que autoricen una escritura pero no otra, a la larga muchos actos y contratos quedarán sin protección. El camino adecuado es el de que quienes no cuentan con recursos tengan la posibilidad de acceder a un eficaz sistema de asesoría legal gratuita, que podría solucionar éste y muchos otros problemas que pueden surgir por el desconocimiento de la gente de los actos y contratos. Hay ciertas situaciones en que el legislador puede actuar, pero ciertamente no puede prever todas las que se presenten. En cambio, un buen sistema de asesoría podría efectivamente solucionar este tipo de dificultades.
Por otra parte, no olvidemos que normalmente se trata de personas que no están debidamente informadas o preparadas para celebrar este tipo de actos o contratos. Y si hay individuos dispuestos a estafar, recurrirán a cualquier ardid con el objeto de eludir esta ley; por ejemplo, hacer firmar tres escrituras, con fechas distintas.
De tal manera que -repito-, a mi juicio, el camino no es éste. Para salvar la situación puntual de que se trata, votaré a favor, pero creo que la solución verdadera es una eficiente y adecuada asesoría legal, como la que, en su oportunidad, estudiamos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; es decir, un sistema que creaba las Corporaciones de Asistencia Judicial, incluso bajo la forma de la regionalización, proyecto que, tengo entendido, no está tramitándose en la Cámara de Diputados, no obstante que el Senado lo despachó oportunamente. Creo que ésa es la fórmula adecuada. Si dichas Corporaciones cuentan con los recursos necesarios, serían capaces de prestar la asesoría suficiente a quienes carecen de medios y no disponen de la preparación cultural o educacional para darse cuenta de los actos que están llevando a cabo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreno.

El señor MORENO.- Señor Presidente, en mi segundo discurso quiero recoger algunos comentarios hechos en torno de los problemas que habría originado en nuestro país el proceso de reforma agraria. No es el momento de llevar a cabo un debate completo sobre el asunto, pero intervendré en fecha próxima en el Senado -probablemente solicitaré a mis Honorables colegas celebrar una sesión especial-, con el objeto de que quede la constancia real de lo que esta situación involucra para cada uno de los que tienen representatividad en el país.
Sin embargo, estimo importante tener en cuenta la situación que viven hoy los beneficiarios del proceso de reforma agraria y que aún cuentan con la posibilidad de acceder a algunos de los bienes creados para ellos a través de la modificación de la Constitución y de las leyes. Tales enmiendas -a mi juicio, es bueno dejar constancia de esto en el debate- fueron producto, prácticamente, de la unanimidad de este país. Y el principal impulsor de esa modificación constitucional y de las normativas que dieron origen a la reforma agraria fue precisamente el Gobierno de don Jorge Alessandri Rodríguez, como lo demostraré con pruebas en el momento en que ocurra la discusión.
Por lo tanto, me parece que, en aras de establecer la verdad de los hechos, la situación en que se encuentran estos campesinos no deriva de una injusticia generada ahora. Por el contrario, ella surgió cuando a esas personas se les quitó todo sostén, todo apoyo y todo mecanismo de respaldo. Incluso se dictó un decreto ley -el 208-, a mi juicio, ignominioso para la historia de nuestro país. En él se elaboró una lista para incluir a varios de quienes se encuentran aquí con el objeto de sancionarlos de por vida, evitando que accedieran a los beneficios que el Estado podía otorgarles mediante la ley, por el solo delito imputable de haber sido dirigentes sindicales, dirigentes de los asentamientos, o personas involucradas en la vida de sus propias comunidades, donde habían nacido y se habían desarrollado.
Por eso es bueno que las cosas vayan quedando claras. Desde ese punto de vista, dejaremos constancia de ello en una sesión que pediremos celebrar para debatir a fondo el tema, y que cada cual asuma ante la historia sus propias responsabilidades.
He dicho.

El señor ROMERO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría en su segundo discurso.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, al igual que el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, intervendré por segunda vez.
Quizás, éste no es el momento de analizar a fondo el tema que acaba de plantear mi Honorable colega. Pero no puedo dejar de mencionar que él ha tocado una materia donde hay visiones contrapuestas en este país. La mía es distinta de la de Su Señoría. Cuando se fije fecha y se aluda a esa situación, tendremos oportunidad de decir ante la historia cuál es la responsabilidad de cada quien sobre el particular.
No me cabe la menor duda de que no podemos dejar de referirnos a un proceso que, por antiguo, pensé que había prescrito en la mente de algunas personas. Sin embargo, el tiempo a veces hace olvidar situaciones que fueron extraordinariamente odiosas, injustas y arbitrarias. El recuerdo que queda, incluso en los propios favorecidos, no es precisamente el señalado aquí, sino a lo mejor uno diferente. En tal sentido, me parece obvio que cuando ocurra ese debate podamos disponer de todos los antecedentes objetivos vinculados al asunto, y no de aquellos que dan cuenta de una sola visión.
Muchas gracias.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No habiendo más señores Senadores inscritos, se procederá a la votación.
Si hubiera acuerdo de la Sala, se aprobará la iniciativa.

--Por unanimidad, se aprueba en general el proyecto, y por no haber sido objeto de indicaciones queda también aprobado en particular.




INFORMACIÓN SOBRE ALTERNATIVAS FARMACÉUTICAS
DE PRODUCTOS MONODROGAS


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En seguida, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer trámite e iniciado en moción del ex Senador señor Piñera, que establece la obligación de informar sobre las alternativas farmacéuticas de productos monodrogas, para cuyo estudio se cuenta con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Piñera)
En primer trámite, sesión 16ª, en 12 de julio de 1995.
Informe de Comisión:
Salud, sesión 6ª, en 16 de junio de 1998.

El señor LAGOS (Secretario).- En virtud de las razones contenidas en el informe, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, acordó rechazar la iniciativa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Ofrezco la palabra al Honorable señor Silva.

El señor SILVA.- Señor Presidente, por especial cometido de la Comisión de Salud, informaré acerca de las motivaciones que tuvo en consideración para sugerir al Senado el rechazo de este proyecto de ley, el cual -como lo dijo el señor Secretario- emana de una moción presentada hace bastante tiempo por el ex Senador señor Piñera.
La iniciativa tiene por finalidad establecer la obligación de informar acerca de las alternativas farmacéuticas de los denominados "productos monodrogas". Como lo hizo presente el ex señor Senador al plantear la moción, su propósito esencial consistía en evitar los abusos que a menudo solían cometerse en la fijación de los precios, en circunstancias de que -así lo señaló en la ocasión- se había comprobado que muchos de ellos exhibían precios extremadamente distintos, a pesar de que se trataba fundamentalmente del mismo producto.
En su oportunidad se oyó a una cantidad de instituciones interesadas en una materia de esta índole; entre ellas, el Colegio Médico, el Colegio de Químico-Farmacéuticos, el Instituto de Salud Pública, el Presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, el Ministerio de Salud, etcétera.
La verdad es que sobre el particular hubo gran número de informes que no siempre coincidieron. En lo fundamental se planteó, sí, una suerte de expresión de dudas acerca de la bondad del proyecto, si bien se partía de la base de que él se fundamentaba en la idea de salvaguardar los intereses de los consumidores.
En ese sentido, cabe señalar que no se tuvo a la vista, porque todavía no se había aprobado, la iniciativa legal sobre defensa del consumidor, que posteriormente fue ley de la República. Su texto rige en la actualidad y de alguna manera contempla las circunstancias que se pretendía salvar mediante el proyecto que nos ocupa.
De esa manera, con los antecedentes que en esa fecha se acumularon, la Comisión resolvió aprobar en general la iniciativa. Pero después ésta quedó retenida debido a que se fue reuniendo nueva información.
Con posterioridad, el referido órgano técnico se abocó nuevamente al estudio de la materia teniendo a la vista esos otros antecedentes. Entre ellos tuvo en consideración el hecho de que el proyecto partía de la base de que en cada farmacia debía colocarse en exhibición un listado de monodrogas, para que de esta forma los consumidores pudiesen realmente consultar la diferencia de precios entre los distintos productos.
Sin embargo, empezó a detectarse una serie de inconvenientes. Por ejemplo, quién debía aconsejar a la persona acerca del producto a consumir; en qué medida ello entrañaba desconocer, en muchos casos, la receta de los médicos y la consiguiente responsabilidad que estos profesionales asumían al recetar un producto que después sería cambiado por recomendación de los farmacéuticos. Más aún, en muchas otras ocasiones se comprobó que estos últimos ni siquiera estaban en condiciones de emitir su juicio sugiriendo un producto monodroga que podía ser diferente y tener un precio distinto, sino que eran los dependientes de las farmacias quienes hacían las recomendaciones. En tal virtud, las instituciones de profesionales abocados a la materia expresaron, con fundamento, sus dudas para los efectos de recomendar un proyecto de esta naturaleza.
La Comisión tuvo presente, además, que el listado de productos no es materia de ley, sino que corresponde a la potestad reglamentaria del Presidente de la República. El reglamento de expendio de productos farmacéuticos que aprueba la nómina correspondiente señala que en cada farmacia debe existir un listado a disposición de los consumidores. Sin embargo, se pudo comprobar que muy rara vez éste es consultado.
Asimismo, se tuvo en consideración que, en verdad, casi nunca se pregunta a los farmacéuticos respecto de materias de esta índole, sino que a menudo la información la dan los vendedores.
Señor Presidente, como consecuencia de todas estas circunstancias, y teniendo a la vista la nueva Ley de Defensa del Consumidor, la Comisión de Salud llegó a la conclusión unánime de que correspondía dejar sin efecto la determinación anterior y recomendar al Senado el rechazo del proyecto, por cuanto, aun cuando resultaba útil, en la realidad eran importantes los antecedentes acumulados al respecto.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.

El señor BITAR.- Señor Presidente, en mi opinión, es del todo necesario que demos pasos para mejorar la información de que disponen los usuarios de medicamentos, en vista de que el avance en materia de nombres de fantasía de los fármacos y un cierto debilitamiento de lo que fue -en su tiempo- la lista de productos genéricos, hace que, obviamente, el consumidor no esté en condiciones de poder discernir y tomar la mejor decisión para abaratar los costos de sus medicamentos.
Esta iniciativa del ex Senador señor Piñera recoge bien esa preocupación. Sabíamos que la Comisión de Salud había estudiado el tema y lo había aprobado en general, y nos parecía un buen camino el establecer una normativa que obligara a hacer más transparentes las posibilidades de sucedáneos en estos productos.
Escuché la exposición del Senador señor Silva, y hay dos aspectos que me preocupan.
En primer lugar, la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores -que aprobamos en el Congreso-, permite y obliga a poner las listas de precios de los distintos medicamentos. Sin embargo, en este caso se señala que podría entregarse a los usuarios una cierta capacidad para discernir, o sea, para identificar aquellos que tengan y cumplan la misma función, lo cual es distinto. En ese sentido aporta una información adicional, ya que no se trata sólo de la lista de precios, sino que además de la capacidad de distinguir entre sucedáneos.
No me cabe duda de que el gremio médico, en general, tiende a evitar que exista alguna capacidad de discernimiento o decisión que no quede radicada en sus profesionales, por los riesgos que ello pueda tener.
Por otra parte, siempre hemos visto en dicho gremio, y en particular en algunas sociedades -aquí hay varios señores Senadores que son médicos y pueden dar su opinión sobre la materia-, que se tiende a una actitud bastante monopólica (la que muchas veces va más allá de la simple aplicación de sus conocimientos profesionales) para mantener cierto predominio sobre áreas en donde no desean la intervención de otras personas, aun cuando sean muy precisos los espacios en que lo hagan.
El caso más típico es -lo hemos visto muchas veces- el de la oftalmología. Existe una sociedad oftalmológica que en materia de formación de estos especialistas es muy estricta. Hay gran déficit de oftalmólogos en el país. Sin embargo resulta que, mientras en países desarrollados hay optometristas -personas con un nivel de calificación menor pero que, cuando se necesita usar anteojos, pueden determinar qué características deben tener éstos, sin necesidad de consultar a un oculista-, acá, incluso hasta para obtener una indicación sobre anteojos simples debe recurrirse al oftalmólogo.
Por consiguiente, la argumentación de algunos sectores para no dejar cierta libertad con el objeto de que el farmacéutico decida entre tal o cual medicamento, puede llevarnos -por el extremo celo- a perder la capacidad de discernimiento al respecto del usuario.
Francamente, en este aspecto estamos en presencia de un mercado opaco. Ello, porque cada persona no sabe distinguir -en términos químicos o bioquímicos- entre un medicamento y otro. Y estamos conscientes de que existe una serie de listados en que prácticamente hay perfecta similitud entre un fármaco y otro.
Por eso, no me gustaría rechazar el proyecto, sino que, por último, deberíamos explorar de qué otra manera se puede lograr este propósito. Al rechazarlo nos quedamos sin ningún instrumento y sin capacidad de hacer transparencia en el mercado. La ley que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores no es suficiente. Y la opinión sólo de los grupos médicos -a mi juicio- también es restrictiva.
Se ha buscado una fórmula intermedia. De la exposición del Honorable señor Silva entiendo que se sugirió tratar el asunto por la vía administrativa. Efectivamente, hay una posibilidad de que se entreguen -incluso, que los financie el propio Estado- libros o documentos que contengan toda la información; no sólo la descripción de cada medicamento -como existe actualmente-, sino que además la comparación entre aquellos que pueden cumplir la misma función. En ese caso, naturalmente, contaríamos con una información adicional por la vía administrativa.
Aconsejaría no rechazar este proyecto y buscar la forma -en la Comisión- de hacer más trasparente el mercado de los nombres genéricos, de proporcionar más información a la ciudadanía, de buscar otros métodos. Y si encontramos -en un análisis que busque ese propósito, juzgando no sólo esta propuesta, porque puede haber otra- que no estamos en condiciones de lograr ese propósito legislando al respecto y que es más eficiente hacerlo por la vía administrativa, podríamos tratar de que el Gobierno se comprometa a aplicar determinadas normas administrativas que conduzcan al mismo fin. Pero no sería conveniente dejar las cosas así y rechazar simplemente el proyecto, sin otra trascendencia.
Por lo tanto, propongo reconsiderar el rechazo de la iniciativa e, incluso, buscar a través de expertos los mecanismos alternativos que podrían utilizarse. De no ser así, solicitaría el envío de un oficio al Ejecutivo para que emita un informe acabado de las medidas administrativas que está dispuesto a adoptar para lograr este propósito, cuáles podrían tener eficacia, qué acciones ha emprendido hasta ahora, qué otras nuevas está en condiciones de emprender y sus costos. Todo ello para juzgar si administrativamente puede obtenerse el mismo resultado.
Mientras esto no se aclare, preferiría dejar abierta la puerta y volver a indagar sobre la materia porque, a medida que se hace más complejo el sistema de medicamentos y de atención, resulta más necesario educar a la población y entregar algunos antecedentes sobre la existencia de estas drogas genéricas, que pueden abaratar costos y hacer más transparente el mercado.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ruego a Su Señoría hacer llegar a la Presidencia los contenidos precisos del oficio que, en el caso señalado, se remitirían al señor Ministro de Salud.
Tiene la palabra el Honorable señor Zurita.

El señor ZURITA.- Señor Presidente, el proyecto que la Comisión de Salud propone rechazar provocó algunos debates jurídicos entre los grandes descubridores de las monodrogas, porque no se trata de todos los remedios, sino de algo muy moderno: la droga de una sola molécula, llámese ésta cimetidina, amiodarona, nifedipino o cualquiera otra. Incluso, produjo problemas de carácter internacional, pues ante las protestas de los Laboratorios Pfeizer, Hoechst y otros, Estados Unidos señaló que si no se le otorgaban patentes industriales habría otras dificultades, y los países latinoamericanos hubieron de allanarse a esto.
Sin embargo, otros países también producen las monodrogas, como Italia, donde nuestros laboratorios pueden comprarlas y elaborar las tabletas recubiertas que contienen cimetidina, nifedipino u otras drogas. Indudablemente, el producto fabricado por Pfeizer o por Hoechst en Suiza es muchísimo más caro que el elaborado en Chile.
Existe un reglamento que obliga a las farmacias a tener un cuaderno de consulta pública, el cual expresa, por ejemplo, que en Chile el tagamet es reemplazado por el cimetax, fabricado por el Laboratorio Chile con la misma composición, es decir, es la misma monodroga. Ambos tienen valores distintos y el comprador puede elegir entre ellos. En este punto, la Comisión de Salud también abordó el problema que surge al autorizar al farmacéutico o al empleado jefe de la farmacia para hacer sugerencias al comprador, pues, por ejemplo, podrían aconsejarle llevar tagamet en vez de cimetax, por ser mejor, lo cual es falso porque ambos son iguales, pero uno es mucho más caro que el otro. Numerosas personas habrán soportado esto en carne propia.
La Comisión estudió el proyecto y oyó la opinión de mucha gente especializada, y todos llegaron a la conclusión de que no es necesario establecer el segundo cuaderno que modifica el existente por no ser aconsejable, ya que autoriza la recomendación de otro producto, lo que significa entregar la medicación al "dependiente de botica", como lo denominaban los españoles.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, esta iniciativa fue aprobada por la Comisión de Salud en una primera instancia, y teníamos entendido que la aprobaría en la segunda. Posteriormente se interpuso en el camino, como hecho nuevo, la ley que establece normas sobre protección de los derechos del consumidor y, además, el proyecto -iniciado en moción del Senador que habla- relativo a la reserva de las recetas médicas y a la no utilización comercial de ellas. Sin embargo, en definitiva acordó rechazarla en virtud de que sus elementos estarían contenidos tanto en la ley como en el proyecto que he mencionado.
Sin embargo, he pedido la anuencia del señor Presidente de la Comisión (me la dio en forma muy cordial) para solicitar segunda discusión para esta iniciativa, dado que no asistí a la reunión en que se votó y, por lo tanto, no participé en su rechazo. No pretendo ser irrespetuoso con esa mayoría, pero -repito- he pedido dicha autorización para solicitar aquí en la Sala segunda discusión, a fin de que se trate la próxima semana. Mientras tanto, quiero formarme una opinión respecto de tres puntos muy precisos.
En primer término, si efectivamente la ley y el proyecto aludidos resuelven, de alguna manera, lo que el texto que nos ocupa pretendía solucionar, o si hay alguna inconsistencia en ese aspecto.
En segundo lugar, como es un tema extremadamente controvertido -concuerdo con lo dicho por el Senador señor Zurita, y efectivamente viene arrastrándose incluso desde la discusión de otras leyes en la Comisión de Economía-, debe analizarse la antinomia que se produce entre dos principios jurídicos que es menester respetar: por una parte, la privacidad de la receta, que es un acto directo entre el paciente y el médico y que se encuentra ligado exclusivamente a la relación profesional; y, por otra, el derecho que el paciente tiene en un instante determinado a ser ilustrado (como manifestó también el Honorable colega) acerca de la existencia de otros medicamentos que pueden reemplazar, sin alterar su acción, al recetado en primera instancia por el facultativo. Este aspecto se cruza con el concepto de confiabilidad, ya asumido por los médicos desde hace mucho tiempo. Él tiene que ver con la profusión de medicamentos que hay en el mercado farmacéutico, los cuales, pese a ser elaborados con la misma droga y suponerse que tienen igual efecto, no siempre otorgan seguridad a los médicos. La confianza de estos profesionales muchas veces radica en si el fabricante es el laboratorio A, B o Z, por distintos motivos independientes de la propia droga.
En atención a esos otros elementos estimo conveniente no pronunciarnos de inmediato sobre la iniciativa; y, como existe un mecanismo reglamentario que posibilita posponer el debate para la sesión siguiente, en nombre del Comité Demócrata Cristiano (que acogió mi sugerencia) y con la anuencia del señor Presidente de la Comisión de Salud, solicito segunda discusión.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La petición se ajusta a lo establecido en el artículo 129 del Reglamento, por cuanto el Comité correspondiente me hizo presente tal solicitud.
--El proyecto queda para segunda discusión.




TRAMITACIÓN DE MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO.
INFORME DE COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde ocuparse en el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la consulta de la Sala acerca de la procedencia de la tramitación legislativa en relación a los instrumentos internacionales denominados "memorandos de entendimiento".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión.


El señor LARRAÍN.- ¿Me permite?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, la Comisión que presido fue requerida para informar a la Sala sobre la procedencia de la tramitación legislativa correspondiente a los instrumentos internacionales denominados "memorandos de entendimiento".
Como la mayoría de los señores Senadores sabe, hoy en día constituye una práctica frecuente que las relaciones entre los Estados se formalicen no sólo mediante tratados, sino también a través de múltiples otros mecanismos que se han ido buscando para agilizar los vínculos entre las naciones. Entre ellos se hallan los memorandos de entendimiento. Y justamente a raíz de un Memorándum de Entendimiento con Indonesia, en 1995 se requirió el parecer de nuestra Comisión respecto a si procedía o no procedía que tales memorandos fueran sometidos a la aprobación del Congreso Nacional -como dispone respecto de los tratados el artículo 50 de la Carta Fundamental- antes de su ratificación. Dicho memorándum fue aprobado en su oportunidad y, por lo tanto, la consulta no se refirió específicamente a él, sino que fue más bien de carácter genérico; vale decir sobre la procedencia de la tramitación legislativa de este tipo de instrumento internacional.
Con el objeto de confeccionar el informe que está en poder de los señores Senadores, la Comisión, aparte de analizar las normas constitucionales pertinentes, se abocó primeramente a resolver qué clase de acuerdos internacionales debe someterse a la aprobación del Parlamento; o, en otras palabras, si la expresión "tratado" alude a un tipo específico de acuerdo internacional o a instrumentos diversos, y, en definitiva, a qué se refiere la Constitución al exigir para los tratados la aprobación previa del Congreso antes de ser ratificados por el Presidente de la República.
Sobre el particular, la Comisión hizo suyo el concepto de tratado aceptado por la doctrina y la práctica internacionales, en el sentido de entender por "tratado" todo acuerdo -cualquiera sea su denominación- celebrado entre sujetos de Derecho Internacional, regido por éste y destinado a producir efectos jurídicos. El hecho de que se le llame tratado, acuerdo, memorándum, protocolo, convención, o que se le aplique cualquier otra nomenclatura que se pueda inventar, no afecta su naturaleza si está dentro de la noción de ser un acuerdo entre sujetos de Derecho Internacional regido por esta rama jurídica y que tiene el propósito de producir efectos jurídicos.
También se tuvo presente el hecho de que nuestra Carta Política no distingue entre tratados y otras clases de instrumentos y, por lo tanto, cualquier convenio internacional que reúna esas características debe ser sometido a la aprobación del Parlamento, salvo las excepciones que la propia Constitución abre para el caso de un tratado de ejecución de un acuerdo anterior. Para este fin el Primer Mandatario dispone de las atribuciones necesarias que le permiten actuar.
Este aspecto debe ser confrontado con otra realidad: la de que, en general, actualmente los Jefes de Estado son quienes llevan adelante las relaciones internacionales con un alto grado de dinamismo. En nuestro régimen político la Ley Suprema designa al Presidente de la República como titular de la función de conducir las relaciones con las potencias extranjeras y organismos internacionales y, complementariamente a ellas, en el ámbito de la Administración del Estado, le otorga también la potestad reglamentaria. Ésta permite al Primer Mandatario dictar normas de carácter general para la ejecución de las leyes o para la mera administración del Estado. La Constitución, sobre todo la de l980 en relación con la de 1925, abrió un espacio para la denominada "potestad reglamentaria autónoma", discrecional, de la autoridad máxima, que le da mayor movilidad.
En el ejercicio de su potestad reglamentaria el Jefe del Estado puede firmar acuerdos internacionales que no tengan la calidad de tratados y no incidan en el ámbito legal, sin requerir la aprobación parlamentaria. Pero, sí, deben ser sometidos a la revisión de la Contraloría General de la República.
En este aspecto se suscitan las dificultades porque los acuerdos que suscriba el Primer Mandatario en el ejercicio de su potestad reglamentaria tienen que someterse a la tramitación correspondiente a los decretos supremos, lo cual implica su aprobación por la Contraloría. Si este organismo tiene un criterio diferente al del Ejecutivo y estima que tales acuerdos deben ser aprobados por el Congreso Nacional, no toma razón de ellos y se genera un conflicto jurídico.
Ésa es la cuestión que se nos ha planteado, haciéndosenos presente la necesidad de fijar criterios claros al respecto, lo cual, por la naturaleza del tema, es extremadamente difícil y delicado, porque, si bien en la presentación del problema parece fácil dilucidar qué corresponde a cada cual, en la determinación concreta de los casos no es factible proponer una solución matemática.
En la Comisión contamos con la presencia de distintos especialistas, fundamentalmente de la Cancillería y de la Contraloría General de la República. A través de ellos conocimos matices de diferencias que hacen llegar a variadas conclusiones acerca del ejercicio de la función contralora, por ejemplo, y de la potestad reglamentaria. Así, hay memorandos de entendimiento que no requieren la aprobación del Parlamento; otros que sí la precisan, y algunos que el Gobierno, en su momento, estimó que no la necesitaban pero que fueron objetados por la Contraloría por no haber sido sometidos a dicha aprobación.
La Comisión, debido a la complejidad de los casos y a pesar de que su informe fue adoptado por la unanimidad de sus miembros, responde a la consulta formulada. fijando los siguientes criterios.
El primero de ellos, establece que para poder determinar si corresponde o no corresponde la tramitación legislativa de un memorando de entendimiento, debe efectuarse un análisis caso a caso. Es muy difícil definir normas de carácter general, pues se trata de precisar cuándo un acuerdo determinado entra en el dominio legal y, por lo tanto, si tiene características que lo hagan ser necesariamente revisado y aprobado por el Congreso.
En seguida, la Comisión estimó que si las normas de un acuerdo internacional inciden en materias propias de ley, obviamente que el proyecto respectivo debe ser aprobado por el Parlamento.
En tercer lugar, también es claro que cuando ya existe un tratado marco entre nuestro país y otro con el cual se celebra un nuevo acuerdo, este último no requiere de la aprobación parlamentaria en la medida en que constituya un tratado de ejecución y no incida en materias de ley. Aquí, sin embargo, la dificultad mayor surge cuando se trata de un primer entendimiento entre Chile y otra nación, pues, como no hay tratado que sirva de referencia para la nueva actuación y que permitiera comprobar si es tratado de ejecución o si debe ser materia de ley, la falta de ese acuerdo previo, hace ser más acucioso, porque estimamos que el Presidente de la República, en el ejercicio de su potestad reglamentaria, estaría facultado para establecer con otras naciones convenios que no incidan en materias de ley. Si ya existe un tratado, el problema se resuelve, pero queda abierta la inquietud cuando se trata de un primer entendimiento.
En este contexto, la Comisión señala que los llamados a discernir en cada caso si corresponde o no corresponde la aprobación del Congreso son el Presidente de la República, la Contraloría General y el propio Parlamento. El Primer Mandatario lo tendrá que hacer cuando pretenda incorporar dicho memorando de entendimiento a nuestro ordenamiento interno; el organismo contralor -por cierto-, cuando es llamado a tomar razón, y el Congreso Nacional, cuando debe aprobar un acuerdo previo a la ratificación del mismo por parte del Ejecutivo.
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión estima que, si bien podemos ofrecer esos criterios centrales -que pueden ayudar tanto al Congreso en el desarrollo de su función como a la Contraloría y al Ejecutivo, en la medida en que conocen nuestro parecer-, el llamado a dilucidar en casos específicos si hay dudas de carácter constitucional, ciertamente, es el Tribunal Constitucional. Nuestros pronunciamientos siempre van a ser recomendaciones. Los pronunciamientos definitivos en esta materia sólo pueden emanar del citado tribunal.
Finalmente, la Comisión insiste en poner de relieve la potestad reglamentaria del Primer Mandatario. Porque pareciera que la tendencia que recogemos en el Derecho interno chileno de dar al Presidente de la República, atendidas las características de nuestro ordenamiento constitucional, una gran injerencia y una gran capacidad en su potestad reglamentaria, no se la reconocemos de la misma forma en el nivel internacional. Y esa convicción es necesaria para poder tener una visión equilibrada en esta materia.
En suma, los planteamientos de nuestra Comisión apuntan a señalar que sobre los asuntos en análisis, si bien los principios pueden parecer razonablemente claros, cada vez que haya un acuerdo destinado a producir efectos jurídicos en el ámbito del dominio legal, siempre, sea un primer acuerdo o la ejecución de uno anterior, tiene que ser sometido a la aprobación del Congreso.
Lo anterior no es tan claro cuando se trata de acuerdos que, correspondiendo al Primer Mandatario, caen en el ámbito de la potestad reglamentaria. En ese caso, la Comisión no estima necesaria la ratificación de parte del Congreso. Sin embargo, hace presente que la potestad reglamentaria, autónoma y discrecional del Presidente de la República le ha dado una injerencia mayor, que, complementada con la tuición de las relaciones internacionales que posee como prerrogativa exclusiva, permite cerrar el círculo para lograr acuerdos que no requieran nuestra aprobación.
Lo anterior no tiene relación con el nombre de estos convenios. No es un problema de "memorandos de entendimiento", sino de la naturaleza de los acuerdos, lo cual debe analizarse en cada caso. Por ello, el informe que presentamos al Senado -siendo bastante claro- no es concluyente en fijar un criterio definitivo, pues en cada oportunidad habrá que discernir lo que corresponda.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Antes de conceder la palabra al Honorable señor Valdés, le consulto si prefiere hablar ahora o después de la lectura de los seis criterios básicos planteados por la Comisión de Constitución, porque, si bien es cierto ésta no es una iniciativa de ley con articulado o una reforma reglamentaria, sí establece conclusiones específicas.

El señor VALDÉS.- Prefiero hacerlo ahora, señor Presidente, para entregar cierta información acerca del tema.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor VALDÉS.- Señor Presidente, considero extremadamente bien hecho, serio, importante y útil, el informe que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ha presentado a la Sala en cumplimiento de un pedido que se le formulara por la Comisión de Relaciones Exteriores, a raíz de la vaguedad que existe en la naturaleza de los convenios internacionales o pseudo tratados que tiene que atender la Corporación y que, muchas veces, nos han parecido de poca monta o los entendemos incluidos dentro de la facultad reglamentaria; más aún, si se considera la cortesía propia de las relaciones internacionales.
Agradezco a la Comisión el informe, pues ilustrará mucho la materia.
Comparto plenamente la definición que se hace en cuanto a que aquello que es materia de ley, que comprometa al Estado en un acto que el Presidente de la República puede ejecutar por su facultad privativa de llevar las relaciones exteriores, debe ser ratificado por el Parlamento, según establece la Constitución. Eso está claro. Al respecto, no ha habido dudas y nunca se ha hecho cuestión. La propia Carta Fundamental, en su artículo 50, así lo establece. Pero, en el mismo artículo, a continuación, señala lo siguiente: "Las medidas que el Presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley.".
Sobre el particular, la Constitución de 1980 siguió la misma consideración jurídica que rigió también durante la aplicación de la del 25, materia sobre la cual se produjo un debate en el Senado, en los últimos meses del año 1963, durante la Presidencia de don Jorge Alessandri, con ocasión de la ratificación del tratado que creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Dicho tratado contemplaba, por primera vez en nuestra historia jurídica, una cláusula que disponía la concepción de un acuerdo marco, en virtud del cual se ratificaba el convenio; pero se creaba un órgano especial que haría aplicable lo pactado. Así, en tracto sucesivo, el Estado no necesitaba la aprobación del tratado para acuerdos posteriores que se ejecutaran o -excúsenme la repetición- acordaran en función del acuerdo marco. Así quedó establecido en 1963.
En virtud de esa interpretación jurídica -que el Senado de esa época aprobó por unanimidad- de lo que se denomina "acuerdo marco", se ha realizado todo un sistema de rebajas arancelarias, que, curiosamente, tienen carácter de ley; es decir, son objeto de ley, porque los impuestos, sean internos o externos, son materia de ley.
En razón de que, en ese tiempo, se autorizó al Presidente para dar cumplimiento al tratado marco e ir aprobando esos acuerdos sin sujeción al Congreso, se creó dicha doctrina, que fue recogida en la Constitución de 1980, como lo establece su artículo 50.
Este tema se trató ayer en profundidad en la Comisión de Relaciones Exteriores, reunión a la cual asistió el Ministro del ramo. En dicha oportunidad, se consultó al señor Secretario de Estado, por quienes tenían dudas, si el Ejecutivo contaba con la facultad para suscribir, sin la ratificación del Congreso, el acuerdo de libre comercio o de entendimiento económico recientemente celebrado con Perú. A este respecto, se hizo una presentación a la Contraloría, en la que se discutía el derecho del Presidente de aprobar rebajas arancelarias, en forma más o menos discriminada, en términos de negociación, con otros países. Después de un análisis bastante serio sobre el particular, la Comisión, por unanimidad -con el acuerdo también del señor Ministro-, resolvió reconocer como válida la tesis de que en el caso del tratado firmado con Perú no se requiere la ratificación del Congreso, porque se enmarca dentro de la misma norma, de los mismos principios que inspiraron los acuerdos con Méjico, Venezuela, Ecuador, Colombia, que no han merecido objeción de la Contraloría. No es el caso del tratado con el MERCOSUR, que contiene materias diferentes, ni mucho menos del tratado suscrito con Canadá, por cuanto éste no se halla cubierto por la ALADI o por algún tratado marco.
Asimismo, en la referida sesión, se vio la necesidad de precisar la capacidad del Primer Mandatario para suscribir convenios que, si bien están amparados por un acuerdo marco, contienen medidas de tal naturaleza que comprometen muy severamente actores económicos y otros, y deben ser materia de conocimiento del Congreso.
Por lo tanto, hubo acuerdo entre la Comisión y el señor Ministro para estudiar una reforma que consulte una mayor intervención del Parlamento en los tratados de libre comercio, y ver su conveniencia, por cuanto éstos exceden en demasía las normas corrientes y tienen mucha significación.
En tal virtud, la Comisión acordó llamar a constitucionalistas y hacer un estudio con el Ejecutivo para llevar a cabo una modificación en ese sentido -tal vez interpretando en alguna medida la Constitución- y dar al Congreso más poder en materia de tratados de esa naturaleza.
Por último, deseo señalar que el informe que nos ha relatado el Senador señor Larraín es valioso en cuanto a un tema que nos ha preocupado siempre: los memorandos de entendimiento. Esta expresión corresponde a una traducción del inglés cuyo significado es un acuerdo que se toma como expresión de voluntades y de intenciones.
Al respecto, se ha llegado al extremo, bastante absurdo, de creer que memorandos firmados en países del Asia (donde, respecto de una visita presidencial, debe dejarse constancia de ella en documentos y no solamente en discursos) por Ministros de Relaciones Exteriores y, a veces, por los propios Mandatarios, en los que se manifiesta la común devoción a la paz, el interés por mantener las mejores relaciones, la conveniencia de establecer vínculos especiales, fomentar el comercio y apoyar las Naciones Unidas, deben ser vistos por el Congreso, en circunstancias de que son una simple manifestación de buena voluntad entre Estados que mantienen relaciones diplomáticas.
Por otra parte, hay casos también bastante inéditos en otras legislaciones. En efecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores posee facultad para establecer quién necesita o no necesita visa y qué tipo de visa -diplomática u otra- se otorga. Sin embargo, al suscribirse un convenio, por ejemplo, con Nicaragua, en el que se expresa, como un gesto de simpatía con dicho país, que el Gobierno chileno no exigirá visa a los diplomáticos nicaragüenses, ese acuerdo, memorando de entendimiento, viene al Congreso, no obstante que el dar o no dar visa o pasaporte está perfectamente comprendido dentro de la facultad del Ministro del ramo.
Por lo tanto, vamos a estudiar todos esos aspectos, a fin de simplificar la materia en comento, que es confusa y experimenta una superposición de facultades entre el Ejecutivo y el Parlamento, dejando en manos del Contralor la determinación -que muchas veces es difícil para él- de si un asunto constituye tratado o no lo constituye.
Es cuanto deseaba señalar, porque el informe resulta muy útil para la materia en comento.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para prorrogar el Orden del Día hasta votar el informe.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.

El señor SILVA..- Señor Presidente, en realidad, celebro que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a requerimiento del Honorable Senado, haya emitido el informe que nos ocupa.
Se trata de un informe -como muy bien señaló el Senador señor Valdés- bastante completo, que permite, afortunadamente, aclarar una serie de aspectos que habían suscitado dudas, e incluso creado problemas como consecuencia de que la Contraloría General de la República, en el último tiempo, expresó ciertas dificultades en torno a algunas de las materias en comento, al sostener que los denominados "memorandos de entendimiento" debían ser sometidos, en algunos casos, a la consideración o a la ratificación del Congreso, en circunstancias de que rigurosamente no eran tratados.
En verdad, la explicación dada por el Honorable señor Larraín y la complementación muy interesante, fruto de su experiencia, que ha hecho el Senador señor Valdés, nos permite aclarar diáfanamente la materia que nos ocupa.
Es muy útil la explicación que el Honorable señor Valdés ha dado acerca de los tratados marco. En cuanto a éstos, específicamente a los que él se refirió en algunos casos, deseo recordar que prácticamente toda la política de integración económica durante el Gobierno del Presidente Aylwin permitió a quien habla, siendo a la sazón Canciller, suscribir una cantidad de acuerdos de complementación económica y acuerdos de complementación absoluta, como, por ejemplo, con Méjico, Colombia, Venezuela y Ecuador, justamente en virtud de que eran acuerdos que se cobijaban bajo el manto del denominado "tratado marco de ALALC".
Por lo tanto, dicha materia ha quedado definitivamente aclarada, y el informe en Derecho, emitido ahora por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, permite que el Senado pueda actuar al respecto con un criterio muy definido.
Yo celebro lo anunciado por el Senador señor Valdés, en el sentido de que existe la posibilidad de estudiar estas materias en función de que el Senado pueda tener una intervención muy definida en algunos asuntos relativos a las relaciones exteriores; pero es indudable que, en el campo de los denominados "entendimientos", el memorando de entendimiento no puede recaer en el ámbito de materias que tienen contenido de ley y que no han sido conocidas antes por el Senado. Allí, en forma clara, estamos en presencia de un tratado que inevitablemente deberá ser reconocido por el Senado, porque, de otra manera, no tendría validez jurídica alguna.
En verdad, el memorando de entendimiento -como muy bien señala el informe- recae en materias que corresponden a la ejecución de un tratado anterior o que pueden ser objeto de la potestad reglamentaria presidencial, especialmente respecto de esta última, la que, después de la vigencia de la Constitución de 1980, experimentó un vuelco muy considerable con el reconocimiento de la denominada "potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República". Me refiero a la norma reglamentaria de contenido general, la que, obviamente, no tiene por finalidad complementar una ley, sino actuar en el sentido de autonomía, regulando determinadas materias que hoy no son propias de una ley.
En mi opinión, el informe aportará un ingrediente de singular importancia para una mejor interpretación de la materia. Por lo mismo, no vacilo en estimar que, por el profundo contenido jurídico que él tiene, sus conclusiones serán plenamente aprobadas.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, señores Senadores, debido al propio accionar de la Mesa y de la Sala, se solicita con bastante frecuencia que las Comisiones evacuen informes sobre determinadas consultas que se les plantean. Al respecto, sugiero que el presente informe -que por sí mismo constituye una verdadera doctrina para iluminar el trabajo del Senado y de los señores Senadores- y muchos otros que se han conocido en el transcurso de estos años, se agrupen en un manual de doctrinas del Senado, es decir, en un texto de consulta que permita despejar eventuales dudas que surjan de los diversos cuerpos legales que llegan a nuestro conocimiento.
En consecuencia, sugiero al señor Presidente y a la Mesa la posibilidad de estudiar esta idea.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Senador, vamos a transmitir su preocupación a Secretaría y veremos si es posible realizar una publicación de ese tipo. Pienso que ella será de utilidad para todos los señores Senadores. Incluso, podríamos solicitar a la propia Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que vea la factibilidad de analizar en conjunto con la Oficina de Informaciones aquellos dictámenes cuya importancia permita considerar que existe jurisprudencia y aconseje elaborar un manual de conocimientos destinado a los propios Senadores.
De todas maneras, la Mesa recoge la inquietud de Su Señoría.
Si le parece a la Sala, se aprobará el informe de la Comisión.
Se aprueba.

VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LAGOS (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
_________________
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor BITAR:
Al señor Ministro de Salud, sobre EXTENSIÓN DE USO DE MONODROGAS.
Del señor CHADWICK:
A la señora Ministra de Bienes Nacionales, respecto a SITUACIÓN DE TERRENO EN CRUCE LA INVERNADA, COMUNA DE SAN FRANCISO DE MOSTAZAL (SEXTA REGIÓN), y a los señores Alcalde de la Municipalidad de San Francisco de Mostazal y Director de Vialidad de la Sexta Región, tocante a MEDIDAS ADOPTADAS POR MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRASLADOS EN EL REFERIDO CRUCE.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministro del Interior y de Transportes y Telecomunicaciones, atinente a INSTALACIÓN DE SERVICIOS TELEFÓNICOS EN LOCALIDADES DE LA UNDÉCIMA REGIÓN; a los señores Ministro de Agricultura y Director Nacional de CONAF, respecto a ESTADO DE CONSERVACIÓN DE FLORA AUTÓCTONA; a los señores Subsecretario de Pesca y Director General del Territorio Marítimo, sobre RECONSIDERACIÓN DE MEDIDA QUE AUTORIZA MATANZA DE LOBOS MARINOS EN QUINTA REGIÓN, y tocante a DECLARACIÓN DE ALGUNAS ÁREAS PROTEGIDAS, COMO RESERVAS MARINAS, y a los señores Presidente de CONAMA y Presidente de COREMA OCTAVA REGIÓN, en relación con ANTECEDENTES DE PROYECTO DE EMPRESA FORESTAL CELCO ARAUCO EN CUENCA DE RÍO ITATA (OCTAVA REGIÓN).
Del señor NÚÑEZ:
A la señora Directora del Trabajo y al señor Director del Servicio Nacional de Geología y Minería, tocante a CONDICIONES DE SEGURIDAD LABORAL E INDUSTRIAL EN MINERAL ALGARROBO, y al señor Director Nacional de Riego, respecto a TRABAJOS EN RÍO HUASCO (ambos de Tercera Región).
_________________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Informo a la Sala que por acuerdo unánime de Comités y no habiendo asuntos en tabla para tratar, se deja sin efecto la sesión extraordinaria que debía celebrarse ese día.
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité UDI e Independientes, que no hará uso de él.
A continuación, corresponde el tiempo al Comité Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.


NO PAGO DE BONIFICACIÓN DE TÍTULO EN
PRIMERA REGIÓN. OFICIOS

El señor LAGOS.- Señor Presidente, existe gran malestar entre los funcionarios fiscales de mi Región por el reciente fallo de la Corte Suprema que, en definitiva, resolvió que aquellos empleados de la Administración Pública a quienes se prometió otorgarles una bonificación por lograr un título técnico, ven en definitiva al día de hoy que el esfuerzo desplegado en tiempo, horas de estudio y, sobre todo, endeudamiento para solventar dichas carreras se ven sin frutos, toda vez que el Máximo Tribunal del país ha expresado que en nuestro ordenamiento jurídico los títulos técnicos no están contemplados en la bonificación.
En este caso, señor Presidente, de aparente falta de información por parte del Gobierno, se acredita que fueron el propio Ministerio del Interior, la ANEF, la Universidad Arturo Prat y la de Tarapacá quienes suscribieron un convenio para que los funcionarios fiscales se profesionalizaran.
Es de real importancia que la Administración Pública se desarrolle y profesionalice, para servir mejor al administrado, pero dicha misión implica dotar del incentivo necesario a los funcionarios públicos para que cumplan en forma óptima su cometido.
Los funcionarios públicos de Iquique y Arica se endeudaron para estudiar, y ahora, al percatarse de que no obtendrán la anhelada bonificación de título, se encuentran desesperanzados, toda vez que su sacrificio y esfuerzo no serán en definitiva premiados por el Gobierno, obteniendo en su perjuicio dichos funcionarios una nueva carga económica adicional y no el beneficio solicitado.
Como Senador de la Primera Región, no puedo estar de acuerdo con esta arbitrariedad y situación de injusticia. El Gobierno debe ser responsable frente a los funcionarios públicos, responsabilidad que podría manifestarse declarando una moratoria del pago de los créditos contraídos por los funcionarios con el Banco del Estado (organismo parte del convenio aludido) o introduciendo una modificación, ya sea a la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, o derechamente al decreto ley Nº 479, de 1974 (cuerpo legal que en dicho año buscó incentivar a los funcionarios públicos por esa vía, para dar una mejor atención al país y fomentar el respeto por las carreras funcionarias), extendiendo en su artículo 3° dicha bonificación a los títulos técnicos.
En consecuencia, señor Presidente, solicito que se oficie en mi nombre a Su Excelencia el Presidente de la República, quien en estos días ha manifestado su interés en la materia, y a los señores Ministros del Interior, don Carlos Figueroa; de Hacienda, don Eduardo Aninat, y también de Educación, don José Pablo Arellano, a fin de emitir un pronunciamiento frente a este grave problema al cual los funcionarios públicos no han encontrado solución.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


RECURSOS PARA LICEO POLITÉCNICO
DE IQUIQUE. OFICIOS

El señor LAGOS.- Señor Presidente, en esta oportunidad también deseo manifestar mi firme decisión de solicitar al Supremo Gobierno su apoyo y comprensión en lo que respecta al Liceo Politécnico de Iquique, que actualmente se ve ante la amenaza de ser vendido, según informaciones del Consejo Regional.
La solución no consiste, como creen algunos consejeros regionales y especialmente el alcalde de Iquique, don Jorge Soria, en vender este importante establecimiento educacional, toda vez que es de rigor obtener un aumento del Gobierno en lo que se refiere a la asignación de recursos, la que debería superar los 504 millones de pesos y no limitarse sólo a los 190 millones que hoy se otorgan.
En estos momentos, el mismo Gobierno ha dispuesto una reducción de presupuestos y recursos para el Ministerio de Educación. Pero, en este caso, se trata de un liceo politécnico que se halla en el corazón de Iquique, un poco más allá del monumento a Arturo Prat, donde la mayoría de sus alumnos proviene de clase media baja y es gente que vive entre basurales, arenales, y en barrios con muy poca atención de parte de la municipalidad. Entonces, es una recreación para esos jóvenes estudiar a orilla del mar y disfrutar de algunas áreas verdes. Ello, evidentemente, redunda en una mejor disposición hacia el estudio.
La solución del problema no está, como creen algunos consejeros regionales, en vender este importante establecimiento educacional, pues el alcalde de Iquique, don Jorge Soria, ha puesto en venta casi todo el borde costero, pero mantiene en un gran abandono a los barrios periféricos de la ciudad.
También pretende hacer lo mismo con el Estadio de Iquique, por lo que sus futbolistas deben jugar en canchas que se encuentran a 30 kilómetros de la ciudad, donde el viento corre a más de 40 kilómetros por hora, razón por la cual ni siquiera se puede llegar con la pelota al arco contrario. Sin embargo, nuestro alcalde es así; piensa que eso es lo que debe hacerse en la ciudad.
El incremento que solicito respecto de la asignación es indispensable para lograr una optimización en la infraestructura del plantel, un mejoramiento de la malla curricular de dicho establecimiento y, con ello, un aumento en la calidad de la educación que reciben los jóvenes. Los alumnos del Liceo Politécnico, en su gran mayoría, provienen de estratos sociales bajos o de familias muy modestas, donde el valor que tiene desarrollarse en el área céntrica y en un establecimiento con tradición adquiere mayor relevancia.
Las políticas educacionales que impulsa el Estado han sido orientadas a mejorar la calidad y la equidad de oportunidades que se ofrecen a los escolares y evitar, además, el incremento de la brecha entre los distintos sectores sociales, lo que no se lograría, a mi parecer, con la decisión de no aumentar la asignación de recursos y promover el traslado del plantel.
No siempre puede primar el criterio economicista, toda vez que la educación es el patrimonio más valioso de una nación, sobre todo si se considera al importante rol que ha cumplido el Liceo Politécnico en la entrega de profesionales a la Región.
Los anuncios de traslados constantes a los que se ven sometidos los apoderados y alumnos sólo contribuyen a generar un clima de incertidumbre en la comunidad educativa. Desde hace años venimos escuchando que el Liceo Politécnico será llevado al sector sur de Iquique; ahora se anuncia que se lo trasladará hacia Alto Hospicio. Y causa extrañeza que las autoridades regionales no sean enfáticas en descartar la alternativa de venta y se dejen llevar por ideas livianas planteadas por gente que sólo piensa desde el punto de vista económico, sin mirar el enorme problema social que el cambio causaría a cientos de familias.
Señor Presidente, el Ministerio de Educación ha informado que el Liceo Politécnico tiene por lo menos 30 años más de vida útil, lapso que se prolongaría de aprobarse una mayor asignación de recursos para dicho plantel, lo cual redundaría en una mejor infraestructura, que, complementada con la puesta en marcha de la reforma educacional y la incorporación de nuevas tecnologías, permitiría a los estudiantes competir palmo a palmo con alumnos de otros establecimientos y enfrentar debidamente preparados el mundo del trabajo.
La actual ubicación del Liceo Politécnico es privilegiada; guarda armonía entre quienes asisten a él y su propio entorno -o sea, el medio ambiente-, y en muchos casos permite a los estudiantes de escasos recursos olvidar por largas horas su lastimosa pobreza.
Creo necesario atender esa demanda, señor Presidente, sobre todo porque se trata de una Región donde la droga se está apoderando de los jóvenes. Y hablamos de un establecimiento educacional en que la inmensa mayoría de los alumnos proviene de poblaciones donde a diario les asedian los criminales de la droga que todavía andan sueltos.
En consecuencia, como me parece necesaria la intervención del Gobierno en este asunto, solicito oficiar en mi nombre a Su Excelencia el Presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y al Ministro de Educación, señor José Pablo Arellano, para que dispongan medidas tendientes a evitar el traslado del mencionado Liceo y estudien la manera de aumentar en la forma enunciada la asignación de ese plantel, requisito esencial para su subsistencia.
Asimismo, solicito oficiar al señor Intendente de la Primera Región, don Patricio de Gregorio, quien preside el CORE, organismo que ha estado haciendo aportes a ese tipo de instituciones.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en tiempo cedido por el Comité Renovación Nacional, quiero referirme al primer asunto que expuso el Honorable señor Lagos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.


NO PAGO DE BONIFICACIÓN DE TÍTULO EN
PRIMERA Y SÉPTIMA REGIONES

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, adhiero al planteamiento del Senador señor Lagos sobre el no pago de bonificación de título en la Primera Región, como asimismo a su solicitud de oficiar a Su Excelencia el Presidente de la República y a los señores Ministros del Interior, de Hacienda y de Educación. Y, al respecto, me parece oportuno agregar un par de antecedentes.
En la Región que represento, tomé contacto con un grupo de funcionarios que se encuentran en la misma situación. Como es sabido, en la Administración Pública existe una asignación especial para quienes tienen título profesional universitario. Y desde hace varios años, conforme a dictámenes de la Contraloría General de la República, aquellos que han conseguido el título de técnico universitario se han hecho acreedores a un beneficio similar. Por esa misma razón, se han extendido los programas de estudio que conducen a la obtención de dicho título, en los cuales participan numerosos funcionarios a lo largo de todo el país, en el ánimo de elevar su nivel cultural y aumentar sus ingresos por la vía de la mencionada bonificación.
Sin embargo, la Contraloría cambió de criterio, luego de varios dictámenes favorables al otorgamiento del beneficio en comento. Y el referido cambio no ha sido revisado por aquélla, lamentablemente para quienes hemos reclamado de él. En lo personal, le pedí hacerlo, pero a mediados de junio recibí una reiteración del nuevo criterio, en un informe del señor Contralor. Y -peor aun- la Corte Suprema, en fallo ante un recurso de protección que entabló un grupo de funcionarios afectados, mantuvo el parecer de la Contraloría.
Dicho cambio de criterio está teniendo consecuencias económicas muy graves para los funcionarios públicos que recibían la bonificación por tener el título de técnico universitario y, asimismo, para centenares de personas que, con el propósito de obtener ese beneficio, están estudiando, incurriendo para ello incluso en endeudamiento, en un esfuerzo que, por las determinaciones rccientes, será infructuoso.
Por tales razones, junto con adherir a las peticiones de oficios que formuló el Honorable señor Lagos, reitero la conveniencia de que el Ejecutivo, mediante una modificación legal -si no es posible hacerlo por otra vía-, asegure que los funcionarios que posean el título en referencia tengan acceso a la bonificación descrita.
A mi juicio, habiendo existido pronunciamientos favorables y luego de haberse otorgado durante años la mencionada bonificación a los poseedores de título de técnico profesional universitario, estamos ante un derecho adquirido. Y, sin duda, se ha cometido un error y una injusticia al denegarse el otorgamiento de ese beneficio en virtud de un dictamen posterior, que lamentablemente la Corte Suprema ratificó.
Por lo mismo, es necesaria la intervención del Ejecutivo, para que propicie un proyecto de ley que solucione el problema expuesto. Y sugiero que en los oficios que se despacharán se incluya el planteamiento que acabo de exponer, con el objeto de saber si el Gobierno está dispuesto a propiciar una iniciativa destinada a rectificar lo que obraron la Contraloría General de la República y la Corte Suprema.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Para ampliar los oficios correspondientes se requiere el consentimiento del Honorable señor Lagos.
¿Lo da, Su Señoría?

El señor LAGOS.- Sí, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se considerarán la adhesión del Honorable señor Larraín y la ampliación de los oficios correspondientes.

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, se me ha cedido el tiempo que resta al Comité Renovación Nacional.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.


RECHAZO A REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA EN SALUD Y
SUGERENCIA DE MEDIDAS EN SENADO

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, en estos días el país está asistiendo a un debate sobre reducciones presupuestarias en diversas reparticiones públicas a raíz de la crisis que afecta a la economía mundial y que tardíamente ha motivado la adopción de medidas en Chile para contrarrestar sus efectos.
Al respecto, haré dos consideraciones.
Nos parece simplemente impresentable que en el recorte presupuestario se haya incluido al único Ministerio que debió exceptuarse, el de Salud, con las consecuencias que todos estamos advirtiendo. Claramente, a pesar de las declaraciones del señor Ministro del ramo, se verán afectados los servicios de salud y, especialmente, las expectativas de la población en esa área. Sabemos, por ejemplo, que en Regiones tan importantes como la Séptima y la Metropolitana se han suspendido nada menos que los proyectos de edificación de establecimientos hospitalarios.
Pudo haberse aceptado cualquier reducción presupuestaria, pero no, en medio de la crisis que en materia de salud vive el país, la del citado Ministerio.
Por tanto, levantamos nuestra voz para señalar que ha sido tremendamente equivocada y desacertada la medida adoptada al respecto. Y esperamos que las gestiones que se están realizando lleguen de alguna forma a buen término y se elimine la mencionada rebaja.
Ahora bien, señor Presidente, lo que no tiene presentación alguna es el hecho de que, mientras a todos los servicios públicos y reparticiones ministeriales se les está pidiendo disminuir gastos, hasta ahora el Congreso Nacional no haga ningún aporte en lo que a reducción presupuestaria se refiere.
En consecuencia, creo que nuestra Comisión de Régimen Interior -y así lo sugiero- debería abocarse urgentemente a la revisión de la estructura presupuestaria del Senado, con el objeto de ofrecer al país, por lo menos, un símbolo, un gesto...

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si el señor Senador me lo permite, debo hacerle presente...

El señor BOMBAL.- Terminaré de inmediato, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Es sobre el tema que Su Señoría está planteando. Porque después puede quedar la sensación de que la Mesa está reaccionando ante sus palabras.

El señor BOMBAL.- ¡No, señor Presidente! ¡De ninguna manera! Es una sugerencia mía. Y si la Mesa ya ha hecho algo...

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No considero procedente dar informaciones públicas sin tener las cosas claras, Su Señoría.
Termine, señor Senador, y luego le entregaré un antecedente.

El señor BOMBAL.- Me parece muy bien, señor Presidente.
En todo caso, debo decir a Su Señoría que en la Cámara de Diputados, según se me informó, ya se adoptaron criterios en la materia y la próxima semana se tomarán decisiones.
En esa misma dirección, creo que debemos hacer economías en la Cámara Alta y, tal vez, ser el cuerpo colegiado más exigente en la materia, para dar una señal muy clara al país en momentos en que se están efectuando restricciones a importantes áreas de los servicios públicos, que van a afectar a las personas, y especialmente a las más necesitadas. Y si ya -como advierto- el señor Presidente del Senado está tomando medidas al respecto junto a la Comisión de Régimen Interior, me adelanto a felicitarlo.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Primero, quiero decir que no es conveniente hacer anuncios sin tener cosas claras y concretas.
Efectivamente, hace algunos días encomendé a nuestra Tesorería y al señor Prosecretario, encargado de ella, hacer un estudio exhaustivo del presupuesto del Senado con el objeto de acordar, en la próxima reunión de la Comisión de Régimen Interior, todas las reducciones que sean necesarias, para participar en el esfuerzo que el país requiere.
Cuando contemos con cifras concretas, ellas serán anunciadas y, por supuesto, comunicadas a los señores Senadores.

El señor BOMBAL.- Me alegro, señor Presidente.
Muchas gracias.
--Terminado el tiempo del Comité Renovación Nacional y ofrecida la palabra, sucesivamente, a los Comités Institucionales 1, Socialista, Institucionales 2, Mixto y Demócrata Cristiano, ningún señor Senador interviene.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
_________________
--Se levantó a las 18:41.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción