Click acá para ir directamente al contenido
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 338ª, ORDINARIA
Sesión 13ª, en martes 14 de julio de 1998
Ordinaria
(De 16:17 a 19:20)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
Y MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR
____________________
A n e x o s
ACTA APROBADA:
Sesión 12ª, en 6 de mayo de 1998...........................................................
DOCUMENTOS:

1.- Proyecto de ley, en segundo trámite, que elimina el 11 de septiembre como feriado legal (2185-06)..........................................

2.- Informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización recaído en el proyecto que reemplaza los artículos 25 y 37 de las leyes 18.556 y 18.700, respectivamente, a fin de establecer un sistema de registro electoral común para hombres y mujeres (1676-06)...............................................................................
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Novoa Vásquez, Jovino
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pinochet Ugarte, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior, Secretario General de la Presidencia y Secretario General de Gobierno.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 19 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 12ª, ordinaria, en 6 de mayo del año en curso, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 13ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, en 12 de mayo del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
(Véase en los Anexos el acta aprobada).
IV. CUENTA

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor HOFFMANN (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cuatro de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los tres primeros retira la urgencia y la hace presente, nuevamente, con el carácter de "suma", respecto de los siguientes proyectos de ley:
1) El que suspende la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros. (Boletín Nº 2074-15).
2) El que concede aumentos a las pensiones y establece su financiamiento por medio de modificaciones a normas tributarias. (Boletín Nº 2160-05).
3) El que elimina el 11 de septiembre como feriado. (Boletín Nº 2185-06).
Con el cuarto, retira la urgencia y la hace presente, nuevamente, con el carácter de "simple", al proyecto de ley que fortalece la Fiscalía Nacional Económica. (Boletín Nº 2105-03).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se mandan agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De la Cámara de Diputados, con el que comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que elimina el 11 de septiembre como feriado legal, con urgencia calificada de "suma". (Boletín Nº 2185-06). (Véase en los Anexos, documento 1).
-Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
De la Excelentísima Corte Suprema, con el que emite su opinión acerca del proyecto de ley sobre probidad administrativa de los órganos de la Administración del Estado. (Boletín Nº 1510-07).
-Se toma conocimiento, y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
De la señora Ministra de Justicia, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la posibilidad de crear un Juzgado de Menores en la ciudad de Coihaique.
Del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, respecto a mecanismos de control y registro de cuotas de pesca.
De la señora Ministra de Bienes Nacionales, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referente a la fijación de valores a inmuebles fiscales ubicados en Aisén.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cariola, acerca de la pavimentación de la calle Pedro Montt, en la ciudad de Valdivia.
Del señor Superintendente de Valores y Seguros, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Errázuriz, en cuanto a denuncia presentada por el señor Iván Seisdedos Acchiardo.
Del señor Director Ejecutivo del Sistema de Administración de Empresas, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, tocante a la venta de acciones de la Empresa Eléctrica de Aisén S.A..
-Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informe
Uno de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Ríos, que reemplaza el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Sistemas de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, y el artículo 37 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, estableciendo un sistema de registro electoral común para hombres y mujeres. (Boletín 1676-06). (Véase en los Anexos, documento 2).
--Queda para tabla.
Comunicaciones
De la Comisión de Vivienda y Urbanismo, con el que remite el Proyecto de Modernización de la Gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que incluye iniciativas de modernización y desarrollo de sistemas de auditoría interna, contraloría e inspección técnica, hecho llegar a la Comisión por el señor Ministro de la citada Secretaría de Estado, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 1998.
-Se toma conocimiento y queda a disposición de los señores Senadores en la Oficina de Informaciones de la Corporación.
Del señor Presidente del Colegio de Abogados de Chile A.G., con el que remite copia de la declaración pública formulada por el Colegio de la Orden, en relación con el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.
-Se toma conocimiento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.
_________________

El señor BOMBAL.- Pido la palabra sobre la Cuenta.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, respecto del último punto de la Cuenta, agradecería que el documento enviado por el Colegio de Abogados, relativo al Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, fuese enviado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No hay inconveniente, señor Senador.

El señor LARRAÍN.- Puedo informar que ya llegó a esa Comisión de Constitución.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Entonces, se ha dado cumplimiento a la proposición formulada por el señor Senador.
_________________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, por encargo de la Comisión de Constitución, quiero formular una solicitud.
Básicamente, se trata de lo siguiente. La Comisión, por mandato de la Sala, ha empezado hoy el análisis del proyecto de reforma constitucional que modifica el inciso segundo del artículo 20 de la Constitución, a fin de eliminar la limitación al recurso de protección para la garantía constitucional del medio ambiente libre de contaminación. Dicho estudio se inició con la presencia de algunos de sus autores, entre otros, del Honorable señor Horvath. La Sala encomendó revisarlo de nuevo con el objeto de que luego fuese visto por la Comisión de Medio Ambiente. Dado que su tramitación puede ser larga, pensamos que lo razonable sería -formulo petición en este sentido- que las Comisiones actuasen unidas y se emita, en consecuencia, un solo informe, en lugar de que cada Comisión lo despache separadamente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accedería a la solicitud.
Acordado.


ACUERDOS DE COMITÉS

El señor LAGOS (Secretario).- En reunión de hoy, la unanimidad de los Comités presentes acordó proponer a la Sala los siguientes acuerdos:

I.- Formar una Comisión especial integrada por un representante de cada Comité para el estudio del proyecto que modifica el Código de Aguas, y, además los Comités Demócrata Cristiano, Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional e Independiente estarán representados por un integrante más cada uno.
--Los Comités tendrán plazo hasta mañana miércoles, a las 18, para comunicar a la Secretaría del Senado la nómina de los señores Senadores que integrarán la mencionada Comisión especial.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, ¿esa forma de integración corresponde a 9 miembros?

El señor LAGOS (Secretario).- Serían 11 los integrantes en total.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, propusimos a los Comités constituir una Comisión especial que tendría 9 integrantes y no 11. Me gustaría que se aclarara el punto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Este asunto fue encargado a los Comités, los cuales, luego de discutirlo, acordaron la nominación. Ellos concluyeron que 11 es el número que correspondía en conformidad a las aspiraciones de cada uno de los sectores representados en la Comisión especial. Si ello se tradujo en un acuerdo de los Comités, debemos acatarlo. O sea, ahora solamente estamos dando cuenta. Y hay una proporcionalidad.

El señor PIZARRO.- Yo entiendo que es una proposición y que, como tal, puede ser corregida. Lo que ha planteado el señor Secretario es una proposición de acuerdos que debe ser conocida por la Sala.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No. Los acuerdos de Comités se dan a conocer, no son proposiciones.

El señor PIZARRO.- Entonces, señor Presidente, es necesario corregir lo señalado por el señor Secretario, porque él habló claramente (como tomé nota) de que se trataba de una proposición. Si es así, quiere decir que podemos referirnos a ella.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se puede aludir a ella, señor Senador, pero los acuerdos de Comités no son revisables. Lo son solamente por ellos mismos.

El señor PIZARRO.- Yo me imaginaba que lo informado podía ser perfeccionado o se le podían hacer sugerencias.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, el acuerdo de la Sala fue constituir una Comisión que pudiera abocarse a este tema de manera especial. Y en nombre de la Comisión de Obras Públicas -donde debe estar radicado el proyecto-, formulé una propuesta. Algunos integrantes de la Comisión de Agricultura manifestaron interés en participar, lo que parece totalmente razonable, al igual que otros de la de Economía. Conversamos con diversos y se llegó a la propuesta de 9 integrantes, la que, por supuesto, debería ser ratificada por los Comités. Sin embargo, me parece que ampliar ese número, en vez de contribuir al buen estudio de la materia, puede tomar más tiempo del necesario.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Senador, el acuerdo de la Sala consistió en facultar a los Comités para nominar la Comisión especial. No se le fijó un número exacto de miembros, aunque se habló de posibles cantidades. Y lo que los Comités acordaron e informan es que, para los efectos de poder mantener la proporcionalidad, se requiere la participación de 11 Senadores en dicha Comisión. Ése fue su acuerdo.

El señor PIZARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?
Es más que evidente que en una Comisión especial de 11 miembros, con la composición que la Mesa ha dado a conocer, no se mantiene ninguna proporcionalidad. Porque en las Comisiones debe existir la proporcionalidad considerando el total de los Senadores de la Corporación. Si se me dice que a los Senadores de Renovación Nacional, con dos integrantes sobre once, les da la proporcionalidad justa, pienso que no es así. Me parece que, a lo mejor, les sobra. Si se me dice que a la Democracia Cristiana, con dos de un total de once Senadores, le da la proporcionalidad justa, estimo que le falta.
En consecuencia, es bastante arbitraria la decisión. Por eso, era mejor la proposición que hicimos llegar a los Comités y a la Mesa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Los Comités han tomado el acuerdo dado a conocer a la Sala.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, me parece que ése es un pésimo acuerdo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Yo no participé en la reunión de Comités por razones personales, pero según la información que me da la Secretaría, ellos decidieron por unanimidad (incluidos los representantes del Comité al cual pertenece Su Señoría) aceptar 11 miembros, dando como razón la proporcionalidad. Desconozco si efectivamente se cumple exactamente la proporcionalidad, pero ése fue el acuerdo de los Comités.

El señor PIZARRO.- No hay proporcionalidad, señor Presidente. Esa proporcionalidad no corresponde a la realidad.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prat.

El señor PRAT.- Señor Presidente, para la formación de la Comisión especial que trató el proyecto de ley de cultos se tuvieron en cuenta los mismos criterios. Es decir, fue conformada por 11 señores Senadores, número igual al de ahora. Por lo tanto, hay un precedente bastante cercano.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El señor Secretario continuará dando a conocer los acuerdos de Comités.

El señor LAGOS (Secretario).- II. Tratar en Fácil Despacho de hoy día, en sesión secreta, el informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en la solicitud de rehabilitación de ciudadanía presentada por doña Natividad del Carmen Figueroa Gaete (Nº 8 de la tabla); el proyecto que modifica el artículo único de la ley Nº 19.442, para precisar el nombre correcto de su beneficiaria, la religiosa italiana Giovanna Favero Pellizarri (Nº 9 de la tabla), y fijar los criterios para resolver sobre los proyectos que concedan la nacionalidad chilena por gracia, entre los cuales se encuentran los que la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recomiendan rechazar:
A los sacerdotes Manuel Bahl Sack, Francisco Javier Braun Hecht y Armando Bridavoli Pulino.
A la religiosa Elise Clementine Mottant Breban.
Al ingeniero Hugo Sancedo Vaca.
Al religioso Antonius Theodurus Vase Kessel.
III. Respecto de la tabla del Orden del Día, analizar, en primer lugar, el proyecto signado con el Nº 2, que crea como categoría de ingreso de extranjeros al país la de Habitantes de Zonas Fronterizas; sacar de la tabla de hoy el que figura en el Nº 4, que establece un sistema de elecciones separadas de alcaldes y concejales, a fin de estudiarlo en la primera o segunda semana de agosto próximo, una vez que llegue el informe solicitado al Servicio Electoral, y, finalmente, continuar con el orden de la tabla, pero invirtiendo la secuencia de los proyecto que figuran en los Nºs 6 y 7, de manera de tratar primero el que determina los casos y formas en que procede el indulto particular, y, luego, la reforma constitucional que modifica el artículo 32, Nº 16, de la Carta Fundamental, sobre concesión de indultos particulares.
IV. Acceder a lo solicitado por Su Excelencia el Presidente de la República, en cuanto al archivo de los siguientes proyectos: el que modifica la planta de personal de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; el que establece la obligación de entregar a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos la documentación oficial que indica, y el que crea la comuna de Hualpencillo, en la Provincia de Concepción, Región del Biobío.
En los casos que proceda, previo al archivo, se consultará a la Cámara de Diputados respecto de los proyectos que tuvieron su origen en ella, debiendo contar con su acuerdo, según la práctica utilizada en el Senado.
V. Por último, respecto del proyecto que reduce el período en la presidencia de la Corte Suprema, aumenta el número de ministros y elimina los abogados integrantes, propone, por recomendación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, suspender su tramitación hasta que se tome conocimiento de una iniciativa que el Gobierno ha anunciado enviar al Congreso Nacional, el que, entre otras materias, recogería las contenidas en aquél.

El señor VIERA-GALLO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, respecto del proyecto que crea la comuna de Hualpencillo, varios de los Senadores que representamos a la Región correspondiente consideramos la posibilidad de que el asunto se tramite en concordancia con el Gobierno. Por eso, sería conveniente no proceder ahora a su archivo, sino que dejarlo en compás de espera hasta finalizar las gestiones tendientes a tal objetivo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, concuerdo con dicha proposición porque en la comuna de Talcahuano hay gran efervescencia al respecto, e incluso seis de los ocho concejales pidieron nuevamente al Ejecutivo adoptar las providencias necesarias para colocar en tabla esta iniciativa. Ello demuestra que existe una clara intencionalidad en cuanto a sacar adelante el proyecto, que en este momento se encuentra cumpliendo alguna de las instancias legislativas. Por ello, estimo factible su materialización en ley de la República.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo en tal sentido?
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, soy partidario de la solicitud de Su Excelencia el Presidente de la República en el sentido de archivar el proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se aprueba el archivo de los proyectos incluidos en la petición del Ejecutivo, y, con la oposición del Honorable señor Martínez, se deja pendiente el del que propone la creación de la comuna de Hualpencillo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Para dar cumplimiento a los acuerdos de Comités, corresponde constituir la Sala en sesión secreta.
V. FÁCIL DESPACHO
SESIÓN SECRETA



--Se constituye la Sala en sesión secreta a las 16:36 y adopta resolución respecto de la solicitud de rehabilitación de ciudadanía de doña NATIVIDAD DEL CARMEN FIGUEROA GAETE y del otorgamiento de la nacionalidad chilena a sor ANA PÍA FAVERO PELLIZZARI.

--Seguidamente, analiza los CRITERIOS PARA DESPACHO Y RESOLUCIÓN DE PROYECTOS SOBRE CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA POR GRACIA y, a los efectos de determinarlos, resuelve promover la formación de una Comisión Mixta de Senadores y Diputados.
--Se reanudó la sesión pública a las 17:39.
_________________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Continúa la sesión pública
VI. ORDEN DEL DÍA



CATEGORÍA DE HABITANTES DE ZONAS FRONTERIZAS
PARA EXTRANJEROS


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En cumplimiento del acuerdo de Comités, corresponde tratar en el primer lugar de la tabla el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que crea como categoría de ingreso de extranjeros al país la de habitantes de zonas fronterizas, con segundo informe de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Relaciones Exteriores, unidas.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 51ª, en 7 de marzo de 1995.
Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 6ª, en 30 de octubre de 1996.
Relaciones Exteriores, sesión 54ª, en 20 de mayo de 1997.
Gobierno y Relaciones Exteriores, unidas (segundo), sesión 12ª, en 8 de julio de 1998.
Discusión:
Sesión 18ª, en 17 de julio de 1997 (se aprueba en general).

El señor LAGOS (Secretario).- En el informe de las Comisiones unidas se deja constancia, para los efectos del artículo 124 del Reglamento, de que el texto del proyecto de ley incluido en el primer informe de la Comisión de Relaciones Exteriores fue objeto de sólo una indicación, que agrega un nuevo inciso al artículo 1º, la cual fue aprobada con modificaciones por aquéllas.
En seguida se hace una descripción de la indicación y se deja testimonio de su discusión y del acuerdo aprobatorio recaído en ella.
Hay un boletín comparado que está en poder de los Señores Senadores. En la primera columna aparece el texto aprobado en general; en la segunda, las modificaciones propuestas por las Comisiones unidas, y en la tercera, el texto final.
Respecto del artículo 1º, las Comisiones unidas sugieren, por unanimidad, intercalar el siguiente inciso cuarto, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso quinto y final de este artículo:
"El Ministerio del Interior, antes de promulgar el referido reglamento o sus modificaciones, deberá requerir la opinión del Ministerio de Defensa Nacional.".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión la propuesta de las Comisiones unidas.


La señora FREI (doña Carmen).- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

La señora FREI (doña Carmen).- Señor Presidente, este proyecto se encuentra en trámite desde la anterior legislatura. Las Comisiones de Gobierno y de Relaciones Exteriores emitieron sendos primeros informes; hubo diferencias con el texto que despachó la Cámara de Diputados, y en la discusión particular aquéllas trabajaron unidas y evacuaron el segundo informe que estamos conociendo.
A las sesiones en que las Comisiones se ocuparon en este asunto asistieron, además de sus miembros, el Director del Departamento de Extranjería y los asesores jurídicos del Ministerio del Interior; el Director de Fronteras de la Dirección de Fronteras y Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el asesor jurídico del Ministerio de Defensa Nacional.
El proyecto se inició a raíz de las reuniones binacionales sobre integración celebradas con Argentina, especialmente en 1991. En ellas se ha mencionado lo relativo al tránsito vecinal fronterizo, que se traduce en otorgar facilidades recíprocas a los nacionales residentes en zonas limítrofes.
Concretamente, se trata de confeccionar una tarjeta para quienes viven en zonas fronterizas y regularmente viajan al otro país por motivos familiares o por razones de salud, de abastecimiento, etcétera.
Dicha modalidad se aplica más asiduamente en la Undécima y Duodécima Regiones. Al principio consideramos que la iniciativa se circunscribiría a ellas. Pero, luego de nuestro análisis, concluimos -y así se propone- que podría aplicarse en todo el país.
Como todos sabemos, el papeleo aduanero es bastante complejo y tiene distintas instancias. La idea es otorgar a las personas que realizan esos viajes casi a diario un carné especial, que no las autorizará para trabajar, pero sí les facilitará el trámite de aduana.
Un reglamento del Ministerio del Interior establecerá los diversos aspectos del sistema. Y la única indicación formulada y aprobada por las Comisiones unidas dispone que dicha Secretaría de Estado, antes de promulgar el reglamento o sus modificaciones, deberá requerir la opinión del Ministerio de Defensa Nacional, que también tiene injerencia en estas materias. Dicho reglamento fijará las zonas limítrofes chilenas por las cuales podrá ingresarse; la duración de la tarjeta; la forma y procedimiento para su otorgamiento, y el lapso de permanencia del extranjero en Chile.
Reitero que el mecanismo operará sobre la base de la reciprocidad del país con el cual se adopte. Tal reciprocidad ya existe con Argentina. Pero, si pretendemos aplicar el proyecto a todo el país, habrá que estudiar los acuerdos vigentes con Perú y Bolivia, nuestros otros vecinos.
Las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Relaciones Exteriores, unidas, aprobaron por unanimidad la iniciativa contenida en el segundo informe.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo para aprobar el texto que sugieren las Comisiones unidas?
--Se aprueba, y queda despachado el proyecto en este trámite.




MODIFICACIÓN DE CÓDIGO SANITARIO
SOBRE RECETAS MÉDICAS


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 127 del Código Sanitario a fin de garantizar la reserva de las recetas médicas, con segundo informe de la Comisión de Salud.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Ruiz-Esquide).
En primer trámite, sesión 29ª, en 4 de marzo de 1997.
Informe de Comisión:
Salud, sesión 4ª, en 11 de junio de 1997.
Salud (segundo), sesión 12ª, en 8 de julio de 1998.
Discusión:
Sesión 21ª, en 5 de agosto de 1997 (se aprueba en general).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.


El señor PÉREZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, sin duda, el contenido de una receta médica forma parte de la esfera íntima de las personas y, por consiguiente, no puede ser divulgado si éstas no lo consienten, pues son las únicas legitimadas para ello.
La garantía que consagra el artículo 19, Nº 4º, de la Constitución Política comprende las recetas médicas, ya que, por la naturaleza de su contenido -diagnóstico y producto farmacéutico que se prescribe para combatirlo-, abarcan aspectos de la vida privada de una persona cuya divulgación atenta en su contra y le daña gravemente.
Por lo anterior, es posible estimar que la idea del patrocinante de la moción que dio origen al proyecto en debate, Honorable señor Ruiz-Esquide, de amparar al individuo mediante la prohibición de la divulgación de las recetas médicas resulta loable y atendible.
El artículo 247 del Código Penal sanciona con pena de reclusión de 61 días a tres años y multa a los que, ejerciendo alguna profesión que requiera título, revelen los secretos que por razón de ella se les hubieren confiado.
Aquí tenemos, señor Presidente, lo que se llama concurso de delitos. Es decir, el proyecto iniciado en moción del Senador señor Ruiz-Esquide y aprobado unánimemente modifica el artículo 127 del Código Sanitario en los términos que consigna el informe, y el artículo 247 del Código Penal tipifica un delito sobre el punto.
Hoy día, en la Comisión de Salud se señaló -y lo informo para la historia de la ley- que lo planteado en la iniciativa acerca del artículo 127 del Código Sanitario no resta al concurso de delitos ni, por tanto, a la aplicabilidad del artículo 247 del Código Penal.
Asimismo, es importante el hecho de que las cinco indicaciones formuladas se refundieron. En consecuencia, no hay indicaciones rechazadas. Y todas las interrogantes de los señores Senadores fueron conciliadas por la Comisión y recogidas unánimemente.
También es relevante para la historia de la ley considerar que, si se busca prohibir la difusión de las recetas médicas, en los procesos de salud no sólo intervienen las farmacias, sino además las ISAPRES, los seguros complementarios y diversas instituciones que tienen acceso a esos instrumentos reservados.
Aquí, señor Presidente, se concilian dos propósitos trascendentes. El primero, descrito anteriormente, dice relación a la privacidad de las personas, y el segundo, a la posibilidad de usar los datos de las recetas médicas para fines estadísticos del Instituto de Salud Pública y de otras instituciones, públicas y privadas, relacionadas con el sector Salud.
El proyecto fue aprobado unánimemente por la Comisión de Salud.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, seré muy breve, pues lo planteado por el Senador señor Pérez corresponde exactamente al sentido del proyecto, que, por diversas situaciones producidas con posterioridad a su presentación, se justifica con creces.
Por lo tanto, sólo quiero agradecer a la Comisión que haya acogido la iniciativa por unanimidad e instar a la Sala a que la apruebe de inmediato.

El señor BITAR.- Pido la palabra.

El señor RÍOS.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.

El señor BITAR.- Señor Presidente, quiero hacer una observación al trabajo de la Comisión y consultar si no es más adecuado, por la particularidad del proyecto en análisis, integrarlo a la iniciativa sobre protección de la vida privada (boletín Nº 896-07), que regula el tratamiento de datos de carácter personal en registros o bancos de datos de entidades públicas por órganos del Estado o por particulares (va a ingresar a trámite de Comisión Mixta porque, según entiendo, la Comisión de Constitución del Senado rechazó el proyecto de la Cámara Baja).
A mi entender, la mencionada iniciativa resuelve mejor que la que ahora discutimos los problemas planteados respecto de la responsabilidad de la transmisión de datos; de la recepción; de otros derechos que asisten a los afectados, como el derecho a ser eliminado de los registros, a modificar sus datos, etcétera.
Del análisis de la iniciativa sobre privacidad de los datos personales fluyen ventajas. El proyecto atinente a reserva de recetas médicas no establece todos los derechos que tienen las personas sobre sus datos personales y/o sensibles. Aquélla consagra el derecho a eliminar, o corregir, o bloquear los datos personales que se encuentren en registros públicos o privados. La normativa hoy día en discusión no fija requisitos ni obligaciones mínimas para la transmisión a terceros de datos desde las farmacias, a diferencia de la otra, que sí regula el punto.
Entonces, el proyecto sobre protección de la vida privada se encuentra más avanzado. Como dije, acaba de ser estudiado por la Comisión de Constitución del Senado y con toda seguridad irá a Comisión Mixta.
En tal sentido, pregunto de nuevo si no es mejor incluir la iniciativa en debate dentro del otro proyecto, que se halla más adelantado y es más completo, más general, en lugar de tener dos textos distintos.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si ambas preceptivas se encuentran en diferentes niveles de tramitación, no es posible incorporar vía indicación una dentro de la otra, por estar vencido el plazo.
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.

El señor RÍOS.- Señor Presidente, en general, soy partidario de este proyecto, que me parece muy interesante. Sin embargo, distintas entidades gremiales de farmacias y laboratorios han hecho presente la importancia, para los efectos de su trabajo, de conocer el nombre del médico que expide la receta.
El problema radica en que debe existir una fórmula para que el médico resuelva si su nombre figura o no. No me parece admisible privarlo de su libertad para decidir su participación en los procesos de distribución, de marketing, de todo aquello que ya forma parte de la vida profesional de cada persona.
El hecho de que el proyecto establezca tan taxativamente que "En ningún caso la información que proporcionen las farmacias consignará el nombre de los pacientes destinatarios de las recetas, ni el de los médicos que las expidieron", a mi juicio, atenta incluso contra las normas relativas a la libertad de las personas consignadas en la Constitución Política del Estado. Si el facultativo desea que la información de su receta se conozca para efectos estadísticos, para aspectos propios de los visitadores médicos, para todo lo que él estime del caso, no es admisible que se le impida decir que recetó determinado medicamento.
Vistas así las cosas, apruebo la norma en general. Pero no me parece adecuado coartar la libertad a los médicos para participar eventualmente en un proceso como el que he señalado.
Por lo tanto, solicito votar la norma separando claramente la expresión "ni el de los médicos que las expidieron", por cuanto estimo que ellos son quienes, libremente, deben resolver si desean que su nombre figure o no figure.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, en cuanto a las observaciones que aquí se han formulado, deseo recordar dos aspectos. En primer lugar, hay un desfase de tiempo; en este momento, la iniciativa se halla muy avanzada y está sujeta a la votación del Senado. En segundo término, si bien es cierto que el proyecto mencionado por el Honorable señor Bitar se encuentra en proceso y en estudio, ello no obsta a que en un momento determinado ambos textos puedan refundirse posteriormente en uno -constituye una facultad que está abierta- y obtener una ley más completa, que proteja toda la reserva en cuanto a datos personales o privacidad.
El segundo aspecto se refiere a la inquietud planteada por el Senador señor Ríos, en torno a que los médicos no podrían intervenir en esta materia. Al respecto, cabe recordar que uno de los incisos del artículo único del proyecto establece claramente que la farmacia puede pedir al médico su consentimiento por escrito para utilizar su nombre cuando así sea necesario.
Estimo que el proyecto que nos ocupa es de gran actualidad, y lo votaré favorablemente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, antes de referirme a lo planteado por el Senador señor Bitar, deseo señalar que la iniciativa en debate es de vital importancia. Ciertamente, es parcial, porque, dentro de los datos sensibles -como son los datos médicos-, hace alusión sólo a un aspecto: a la receta. Hay muchos otros. Por ejemplo, igual protección debería existir en todo lo relativo a los análisis de laboratorio, los que hoy día van fácilmente no sólo al interesado, sino a la clínica, y de ahí, a veces, a la compañía de seguros, después a la ISAPRE, y así sucesivamente.
Por eso, considero muy importante aprobar el texto en debate.
Coherente con lo anterior es el proyecto a que se refirió el Senador señor Bitar, que fue despachado por la Comisión de Constitución y que puede dar lugar, si así lo estimare el Senado, a la formación de una Comisión Mixta, en la cual, si es del caso, podría agregarse el texto que nos ocupa, y así resolver rápidamente.
Sin embargo, el proyecto en debate es del todo congruente con la filosofía o los principios del otro recién citado; es complementario. El primero de éstos, por sí solo, si bien es muy importante, resulta insuficiente para resguardar los datos médicos, de salud, por cuanto hay muchos otros aspectos que también deberían ser objeto de protección.
Por último, insisto en aprobar la iniciativa que nos ocupa, y no estoy de acuerdo, al menos en un punto, con lo planteado por el Senador señor Ríos. Creo que no hay problema alguno en que la farmacia dé a conocer el nombre del médico que expidió la receta, pero nunca el del paciente, sin permiso de éste. Sería extremadamente grave que anduviera circulando el dato de que una determinada persona toma cierto medicamento. Denantes un señor Senador -no recuerdo bien quién fue- mencionó el caso de una persona que solicitó un crédito a un banco, pero se le dijo que no era posible otorgárselo por cierta cantidad de años, por cuanto era probable que muriera, ya que estaba tomando tal o cual remedio que indicaba que se hallaba gravemente enferma. Esto es lo que se pretende evitar mediante la protección de los datos personales.
Por lo tanto, yo, al menos, estoy por aprobar el proyecto en análisis. Me parece muy bien la forma en que se halla redactado.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, deseo precisar que la Comisión de Salud acogió en su segundo informe las cinco indicaciones formuladas, por cuanto algunas de ellas contenían ideas similares y todas complementaban eficazmente el contenido del texto propuesto en el primer informe. En efecto, las indicaciones presentadas por los Senadores señores Larraín, Ríos, Díez y Muñoz Barra al texto propuesto por la Comisión en su primer informe, fueron refundidas en el artículo único en análisis.
Así, comenzó por enunciar, en términos formales y explícitos, el principio de la reserva, que aparecía implícito en diversas redacciones. La Comisión de Salud estima que de ese modo se ampara debidamente la intimidad de las personas, toda vez que la salud de las mismas forma parte de la esfera de su vida privada. Ésa fue una consideración muy especial que se tuvo: garantizar absolutamente la privacidad.
En seguida, a fin de evitar que la información sobre venta de medicamentos pudiera ser usada para intervenir en el mercado de los productos farmacéuticos, se extiende la reserva al nombre del médico que expide una receta. En esta forma, ningún agente industrial o comercial del ramo podrá enterarse si un facultativo prescribe o no los productos de una marca o de un laboratorio determinados. Existe una interrelación bastante activa entre los profesionales y los laboratorios, donde muchas veces, con cargo a la comercialización de los productos, se va revelando la identidad de determinadas personas o el tipo de enfermedad que éstas padecen.
Por lo tanto, la regla general sobre reserva de las recetas médicas admite una sola excepción: que el interesado o el paciente autorice por escrito su divulgación, lo cual se consigna expresamente en el artículo único propuesto.
Sin perjuicio de lo anterior, el nuevo texto aclara meridianamente que la reserva de las recetas no impide recoger datos sobre venta de medicamentos con fines estadísticos. Éste constituía uno de los puntos que se deseaba salvaguardar y que el Instituto de Salud Pública, así como otras entidades que participaron en la Comisión, hicieron muy presente. Esta actividad deberá desarrollarse procurando con celo que tanto la identidad del paciente como la del médico no sean reveladas o puedan ser descubiertas, lo que se halla en consonancia con la protección que se busca de la privacidad y de la transparencia del mercado. La única excepción la constituye el hecho de que, para fines estadísticos, se quiera conocer determinada receta o el producto farmacéutico que se ha comercializado, respecto de lo cual se garantiza expresamente tanto la privacidad del paciente como la del médico.
Por último, se castiga a los transgresores del artículo 127 del Código Sanitario con las sanciones previstas por la legislación sanitaria, la que regula los sumarios sanitarios, a cargo de las autoridades de los Servicios de Salud y otorga a éstas facultades de inspección, registro y allanamiento. Las penas establecidas en dicho Código son amonestación; multas conmutables en prisión en caso de no pago; clausura; cancelación de autorizaciones o permisos; comiso, destrucción o desnaturalización de productos. Las resoluciones administrativas que imponen algunos de estos correctivos son reclamables ante la justicia ordinaria civil. Hago mención a esto último, porque algunos Senadores consultaron en la Comisión acerca de cuáles son las sanciones que se aplican por transgredir el artículo 127 del Código Sanitario.
En relación con lo que señaló el Honorable señor Bitar, creo que ello sería materia de una indicación, que podría formularse a la iniciativa que aludió y que se encuentra en la Comisión de Constitución. En el proyecto que nos ocupa, formalmente, no procedería, dado que las indicaciones presentadas fueron acogidas y se encuentran incorporadas al artículo único.

El señor PÉREZ.- ¿Me permite una interrupción Su Señoría, con la venia de la Mesa?

El señor BOMBAL.- Sí, señor Senador.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.
El señor PÉREZ.- Señor Presidente, en verdad, el Senador señor Viera-Gallo tiene toda la razón en su planteamiento. Y fue motivo de discusión. Al respecto -he consultado con distintos Senadores-, por unanimidad podría incorporarse la siguiente frase: "Las recetas médicas y análisis o exámenes de laboratorios clínicos son reservados.". Con ello salvaríamos algo que corresponde al espíritu del proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Voy a requerir la unanimidad de la Sala cuando llegue el momento de la votación. Solicito a Su Señoría que remita a la Mesa la indicación por escrito.
Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Bombal.

El señor BOMBAL.- Terminé mi intervención, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.

El señor RÍOS.- Señor Presidente, el Senador señor Martínez ha señalado que existe una disposición que faculta al médico para resolver libremente su acción en esta materia, permitiendo que se identifique o no su nombre. Sin embargo, la norma legal señala claramente que no está autorizado para participar en todo este proceso.
Al respecto, deseo preguntar, a través de la Mesa, cuál es el artículo a que se refiere el Senador señor Martínez, porque si existe, retiro mi proposición de dividir la votación.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, tiene razón el Senador señor Ríos. Yo me equivoqué en la interpretación. Su Señoría tiene razón en cuanto al tema específico que estamos tratando. Fue un error personal.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Recupera la palabra el Senador señor Ríos.

El señor RÍOS.- Señor Presidente, formalmente pido que se vote separadamente la expresión "ni el de los médicos que las expidieron", y después en la Comisión Mixta será posible arreglar algunas disposiciones en las cuales el médico autorice dar su nombre, a fin de que también pueda administrar bien esa libertad, porque no se trata tampoco de que esté entregando su nombre permanentemente. No estoy de acuerdo con que se aproveche el nombre de los médicos. Si el profesional quiere dar ese antecedente, desde mi punto de vista, no existe ninguna ley o norma constitucional que se lo impida. Eso es muy delicado, porque si prohibimos a los médicos entregar sus nombres en algunos trámites profesionales, crearemos jurisprudencia para dictar otras normas legales para no permitir información, por ejemplo, de los agricultores en la compra de fosfato, de los mineros en la compra del petróleo, etcétera. Y eso no corresponde.
Por ello, solicito votación separada de esa frase del inciso tercero.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, seré muy breve. A mi juicio, hay tres temas pendientes.
En primer lugar, no comparto el criterio de la fusión o incorporación de este problema en otro proyecto. Se ha dicho que existen distintas fórmulas, pero la presente iniciativa tiene una individualidad, trata una materia especial y se refiere a una situación candente que ha significado, con el tiempo, la divulgación de informaciones que proceden de la receta del médico, que es un acto privado -tal como señalaban algunos señores Senadores- entre profesional y paciente, y que, como tal, reviste la máxima confidencialidad. En tiempos pasados, cuando no existía la informática ni la facilidad para conocer los puntos de vista generales que se incorporan a las bases de datos, tal acto no habría tenido ninguna otra significación. Aun así, el Código de Ética del Colegio Médico siempre estableció que la privacidad entre profesional y paciente es de la esencia del acto médico. De lo contrario, no hay ninguna posibilidad de tener certeza en esta materia.
En seguida, por la vía de recoger los informes de las farmacias sobre cuáles son los medicamentos más vendidos, se ha llegado a un manejo en el cual terceros, cuartos y quintos -por decirlo en forma exagerada- terminan conociendo qué paciente padece de tal enfermedad, de acuerdo con el medicamento que ingiere.
Por lo tanto, no soy partidario de fusionar este proyecto con otro.
En segundo término, concuerdo absolutamente con la incorporación de la frase relativa a los análisis o exámenes de laboratorios clínicos, pues resulta pertinente al proyecto.
En tercer lugar, no se puede impedir que se vote separadamente la frase mencionada por el Senador señor Ríos. Sin embargo, deseo que la Sala considere parte de mi anterior argumentación y algo que ahora agrego. ¿Por qué se prohíbe a las farmacias entregar el nombre de los médicos? ¿Qué sucede en ese caso? Esto hay que ponderarlo en general. No se trata de prohibir que el médico utilice su nombre para afirmar lo que estime conveniente. Y el argumento de la similitud con los agricultores no tiene nada que ver. El punto es que, por la vía de los requerimientos de las farmacias a los laboratorios y a través de empresas que recogen tales datos, se va a saber qué paciente sufre de tal o cual enfermedad. Y eso se impide. Estamos de acuerdo. Pero también, si se acoge la proposición del Honorable señor Ríos, se conocerá qué médico está recetando menos tal o cual medicamento. Y debo advertir que en ello radica un conflicto en que se hallan sumidos los médicos: no sólo soportan la carga brutal de saber qué sucede con eso, sino algo mucho peor (y lo digo con mucha seriedad), pues se está utilizando el procedimiento de indicarles a los que no recetan tal o cual fármaco la posibilidad de que lo hagan, incorporándolos en algunas ventajas comparativas, por decirlo de una manera eufemística. Esto es lo que queremos evitar derecha y claramente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No hay más Senadores inscritos.
El Honorable señor Pérez ha presentado una indicación que leerá el señor Secretario.

El señor LAGOS (Secretario).- La indicación del Senador señor Pérez es para intercalar, en el inciso primero del artículo único, entre las expresiones "médicas" y "son" la siguiente frase: "y análisis o exámenes de laboratorios clínicos o servicios relacionados con la salud". De tal manera que dicho inciso quedaría redactado de la siguiente forma: "Las recetas médicas y análisis o exámenes de laboratorios clínicos o servicios relacionados con la salud son reservados.".

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo unánime de la Sala para acoger la indicación?

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Con una variación, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Entonces, no hay acuerdo unánime.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Habría que cambiar la palabra "servicios" por "actos", pues esta última es el término técnico.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿"Actos médicos", señor Senador?

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, aprobemos por unanimidad la indicación que presenté. Después nos pronunciamos sobre la enmienda del Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor BITAR.- La expresión "acto médico", en lenguaje normal y tradicional, puede implicar materias que no necesariamente corresponden a exámenes clínicos. Un "acto médico" podría ser también un paro médico.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- No, señor Senador.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Entonces, no habría unanimidad.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, desisto de mi observación.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala se aprobaría por unanimidad la indicación del Senador señor Pérez.
Acordado.


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El Honorable señor Ríos solicitó votar separadamente la frase "ni el de los médicos que las expidieron," del inciso tercero.

El señor LAGOS (Secretario).- Corresponde votar el inciso tercero.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si se aprueba, se entenderá rechazada la indicación del Honorable señor Ríos.

--Se aprueba el inciso tercero, con el voto en contra del Senador señor Ríos, y queda despachado en particular el proyecto.




INFORMACIÓN SOBRE ALTERNATIVAS FARMACÉUTICAS
DE PRODUCTOS MONODROGAS


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de ley, en primer trámite, que establece la obligación de informar sobre las alternativas farmacéuticas de productos monodrogas.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Piñera)
En primer trámite, sesión 16ª, en 12 de julio de 1995.
Informe de Comisión:
Salud, sesión 6ª, en 16 de junio de 1998.
Discusión:
Sesión 12ª, en 8 de julio de 1998 (queda para segunda discusión).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En segunda discusión, ofrezco la palabra.


El señor PÉREZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, la Comisión de Salud decidió reabrir el debate en general sobre este proyecto, que tuvo tres razones votar negativamente la moción del ex Senador señor Piñera.
La primera es que, en opinión de los médicos y expertos que concurrieron a ilustrar el debate de la Comisión, la regulación propuesta es inconveniente e implica un retroceso respecto a las normas vigentes. Es impropio -señalaron- abrir la posibilidad de que por la vía de un listado de medicamentos se modifique la prescripción hecha por el facultativo a un paciente, lo que debilita la inviolabilidad de la receta, por un lado, y mina -esto es lo más importante- la eventual responsabilidad penal y civil en caso de negligencia médica, por otro.
Sobre este punto, señor Presidente, me gustaría leer, en la página 18 del informe, la opinión del doctor Alberto Dougnac, profesor de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En primer lugar, respecto del artículo 1º, señaló que dentro de los fundamentos de este proyecto de ley se establece que el Listado de Alternativas Farmacéuticas de Productos Monodrogas Comercializados en el País, agrupa medicamentos que, aunque no necesariamente idénticos, son equivalentes y sirven para un mismo fin terapéutico porque la droga utilizada en ellos es la misma.".
Agrega: "Desafortunadamente, esta premisa es incorrecta, ya que dos medicamentos pueden tener el mismo principio activo, la misma dosis unitaria y el mismo fin terapéutico, pero no ser equivalentes desde un punto de vista farmacocinético ni farmacodinámico, debido a diferencias en la forma de presentación farmacológica, excipientes, pureza, etc.".
"En Chile," -continúa- "no se efectúan como regla estudios previos de biodisponibilidad y el Instituto de Salud Pública de Chile verifica sólo que se cumpla con la concentración de droga indicada y, además, realiza algunos estudios básicos de disolución.".
"Sólo se puede decir" -afirma- "que determinados medicamentos son equivalentes en la medida en que los principios activos sean los mismos y que los estudios de biodisponibilidad sean comparables.".
El segundo argumento que se consideró para el rechazo, y quizá el más importante desde el punto de vista legislativo (el Senador señor Silva lo explicará de modo más detallado), es el referente a que el Listado de Alternativas Farmacéuticas de Productos Monodrogas Comercializados en el País no es materia de ley. La cuestión ha sido regulada expresamente en el artículo 17, Nº 2, del decreto Nº 466, de 1984, del Ministerio de Salud. Por lo tanto, estaríamos frente a un proyecto inconstitucional, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 60 de la Constitución Política de la República acerca de qué disposiciones son materia de ley.
En tercer lugar, existen normas de protección del consumidor, concretamente los artículos 3º, 30 y 32 de la ley Nº 19.496, relativos al derecho de información y a la publicidad de los precios, con las que por la vía pertinente debieran concordarse los reglamentos vigentes. Pero esto, ciertamente, corresponde a una atribución del Poder Ejecutivo.
Por último, señor Presidente, me referiré a dos aspectos concretos que la Comisión detectó a través de informes de diferentes personas relacionadas con la materia que expusieron sus puntos de vista en la Comisión de Salud del Senado.
Primero, muchas veces hay una inducción, por parte de determinados laboratorios a las personas que atienden en las farmacias, los dependientes, a cambiar los medicamentos recetados. Ello, porque sacando fotocopias de las recetas y consiguiendo que en lugar del fármaco prescrito se compre el que recomiendan, reciben una comisión. Esto se ha comprobado en forma permanente, y a la fecha se han hecho llegar presentaciones al Ministerio de Economía debido a un segundo antecedente que es importante hacer conocer al Senado: existe una cadena de farmacias que posee sus propios laboratorios. Produce así medicamentos distintos de los que prescriben los médicos, y su negocio es vender sus propios remedios.
Por todas esas razones prácticas, sumadas a las tres que señalé anteriormente, la Comisión, reabriendo el debate en general, optó por votar unánimemente en contra el proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En razón de que tenemos un informe unánime de rechazo al proyecto, si les parece a los señores Senadores la Sala resolvería en la misma forma.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz- Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, en la sesión anterior pedí segunda discusión para este proyecto. Como lo dije con mucha claridad, cuando la Comisión lo rechazó (después de haberse aprobado por la Comisión del período pasado) yo estuve ausente de las últimas reuniones. Por eso no me pareció propio declararme de inmediato en contra de lo que opinaron unánimemente mis Honorables colegas. Al pedir segunda discusión quise fundamentar mejor mi planteamiento, o, por lo menos, conversar el asunto con ellos.
Tenemos dos cuestiones por resolver. Sobre la primera, por lo que entiendo, intervendrá el Honorable señor Silva, y dice relación a la constitucionalidad. Si el análisis de este aspecto obliga a rechazar la propuesta, en verdad no tendríamos nada más que discutir, si así lo estima el Senado. Personalmente, tengo una opinión; pero en fin, hay aquí un valor magisterial del Senador señor Silva.
La segunda cuestión se refiere al proyecto en su propio mérito. En ese terreno, no estoy de acuerdo con su rechazo y, por el contrario, lo respaldo. Esto, por las siguientes razones.
Primero, los fundamentos del rechazo no son, a mi juicio, suficientemente sólidos. Por ejemplo, ante el hecho de que en el decreto Nº 466, del Ministerio de Economía, se disponga dar a conocer los precios y las alternativas farmacéuticas, debe tenerse en cuenta que desde 1984 no ha dado resultado. Esto está motivando la conveniencia de lograr el mismo objetivo procediendo en una forma razonable, y que sea obligatorio para las farmacias.
Segundo, al tenor de la ley Nº 19.496, sobre los derechos del consumidor, especialmente en sus artículos 3º, 30 y 31, no está comprendido exactamente el sentido de este proyecto, por lo que se justifica la elaboración de una ley más específica.
Tercero: el asunto de fondo es el siguiente.
Hay dos bienes que defender y conciliar. El primero está en el contenido mismo del proyecto que acabamos de despachar: el derecho del médico a ser el único que prescribe y, por lo tanto, el único iniciador de un proceso de consumo de drogas por parte de un enfermo. Éste no puede ser alterado, de acuerdo a lo que precisamente hemos señalando anteriormente y a las normas éticas y las propias de la farmacopea relativas a la equivalencia, la similitud y la biodisponibilidad. Es decir, dos medicamentos pueden ser iguales en su monodroga, pero ser asimilados de manera distinta.
Por otro lado, está el derecho que debe tener el consumidor de drogas a evitar la distorsión que se ha producido en el último tiempo en orden a que, existiendo una enorme cantidad de medicamentos (a lo menos unos 5 mil, que son los que habitualmente se negocian), algunos son similares y equivalentes -discutible su biodisponibilidad- y sus precios varían hasta tres, cuatro y cinco veces entre sí.
Entonces, el proyecto hace una sola cosa: por una parte, resguardar el derecho del médico a ser el único que indique lo que debe hacerse y qué discutir; por otra, el farmacéutico -no el dependiente- tiene que dar a conocer, mediante un aviso, cuáles son las alternativas.
En el espíritu de la ley, estoy disponible para hacer el cambio en el sentido de que, si se quiere introducir una modificación a lo que el médico ha dicho, se pueda consultar a éste. Hoy día existen condiciones para poder hacerlo. Entonces, no atacamos ni la privacidad de la receta, ni el derecho del médico a ser el único que prescribe; no damos en absoluto posibilidad a los dependientes de meterse en este campo; no ofrecemos al farmacéutico otra posibilidad que no sea la de mostrar lo que existe, ya que se señala que es él el responsable de la farmacia, y no los dependientes ni el dueño, que son ajenos a la profesión de salud; y, finalmente, garantizamos a la gente (que muchas veces es ignara en esta materia, porque la desconoce, e incluso muchos médicos carecen de conocimiento sobre el costo de los medicamentos) que se la informará de los precios.
Como última observación diré que de acuerdo a lo que hoy está sucediendo, con franqueza, esto que parece un retroceso a la larga constituirá un avance. Ello, porque actualmente en las farmacias se está dando todo tipo de medicación por la vía de la autoprescripción o la de entrega a dependientes de información acerca de lo que pueden hacer las personas. Por favor, pido que Sus Señorías vayan a una farmacia; que se paren allí durante 10 minutos, y se darán cuenta así de que cualquiera de las personas que ahí trabajan proporciona indicaciones a quienes les informan de los síntomas que tiene algún familiar. En cambio, con esto estaremos dejando claramente establecido que el profesional químico-farmacéutico es el responsable de lo que suceda; y cómo se puede gastar menos, o más, en el mismo medicamento, pero siempre con la absoluta seguridad de que será el médico quien resuelva.
Por eso, entendiendo que puede ser un tema difícil, porque hay en juego bienes jurídicos distintos y a veces contradictorios, creo que la moción del ex Senador señor Piñera es razonablemente aceptable, y así lo estimó la Comisión anterior por unanimidad. Ahora, en lo personal, quiero decir con mucha franqueza que, habiendo sido partidario de ella en la sesión anterior, por consecuencia debo estar en contra del acuerdo de la Comisión que hoy la rechaza.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Silva.

El señor SILVA.- Señor Presidente, deseo ahondar un poco en el último debate de la Comisión de Salud cuando resolvió, por segunda vez, recomendar el rechazo del proyecto tal como está concebido. En verdad, en la Comisión no se discute que pueda haber una buena intención tras la iniciativa. Pero nos parece que, por su intermedio, se invaden facultades o actividades propias del Ejecutivo. ¿Cuándo? Cuando se entregan determinados cometidos, instrucciones y mandatos específicos al Ministerio de Salud acerca de la forma como deberá proceder con arreglo a lo que se denomina el Listado, el cual se halla regulado por un reglamento emanado de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, dentro del ejercicio de las facultades propias del Ministerio de Salud.
¿Qué hace el proyecto? Sencillamente, establece de manera imperativa: "El Ministerio de Salud, a proposición del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobará" -lo dice categóricamente- "en el mes de abril de cada año un listado actualizado", etcétera. El listado existe desde el año 1984. En la actualidad contiene 22 mil productos, no 5 mil. Y ese listado con 22 mil productos constitutivos de monodrogas se ha entregado a las farmacias, las cuales, es cierto, no lo exhiben. Eso he podido comprobarlo personalmente porque, dada la inquietud que provocaron las observaciones del Honorable señor Ruiz-Esquide, he ido a visitar farmacias como simple comprador o interesado, a fin de ver cómo están procediendo. Imagínense los señores Senadores cómo se podría exhibir un listado de 22 mil productos.
Por otro lado, los farmacéuticos -he conversado con algunos- tampoco se encuentran en disponibilidad de aclarar a cada cliente en potencia si tal o cual producto es recomendable reemplazarlo por otro o no. Frente a esa realidad, ¿qué estiman los médicos? He conversado con varios de ellos, porque creo útil saber cómo avizoran y entienden los interesados un problema de esta índole. ¿Y qué dicen? Ante todo, que por esta vía se les está exponiendo hipotéticamente a cambios en las recetas, y ellos, naturalmente que con fundamento, temen esa posibilidad, ya que deben asumir la responsabilidad por el remedio que dispusieron, y no por otro. Y han hecho presentes, inclusive, casos específicos en que el cambio de una monodroga por otra ha provocado una alteración en el estado de salud del enfermo. ¿Quién se responsabiliza por ello? ¿La farmacia que cambió un producto por otro, o el médico que expidió la receta que en definitiva no fue oída?
En la práctica, la iniciativa provoca problemas de difícil solución. Yo pido a los señores Senadores que se imaginen lo que significa el exponer a las farmacias del país a la permanente petición de los clientes de que se les sugiera un remedio más barato. En una botica grande de Santiago el farmacéutico me llamó la atención sobre lo que estaba pasando en ese momento en el mesón. ¿Quién recomendaba el remedio ante la solicitud del cliente de una alternativa menos costosa? El vendedor, y éste era un simple expendedor de farmacia, no un profesional, que decía -yo lo escuché-: "Mire señor, estamos en condiciones de ofrecerle este medicamento más barato".
Distinto es el caso de los productos del Formulario Nacional, en donde existen fórmulas diferentes, como lo planteó el Senador señor Zurita en la sesión anterior.
¿Qué dice el proyecto, tal como fue concebido en su segunda redacción después de que una serie de instituciones profesionalizadas emitiera juicios adversos a la redacción primigenia de la iniciativa? Primero, que el Ministerio de Salud deberá crear un listado, listado que existe dentro de las facultades que ese Ministerio ha ejercido; segundo: que dicho listado deberá ser expuesto en tales y cuales condiciones, cosa que también establece el reglamento respectivo, y, tercero, que se colocará un letrero que contenga los productos alternativos.
En mi concepto -y ése fue el parecer de la Comisión en la mañana de hoy-, estas son potestades que debe ejercitar el Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Salud. ¿Qué corresponde a nuestro juicio? Lo que hizo presente en la sesión anterior el Honorable señor Bitar: que, de alguna manera, el Senado advierta al Ejecutivo que las normas del reglamento, vigentes desde hace diez años a lo menos, no se están cumpliendo, y por ende, que sería elementalísimo que el órgano competente en esta materia, el Ministerio de Salud, proveyera la forma de que se cumplan. Lo que a la Comisión no le pareció viable ni recomendable es que, a pretexto de un eventual irrespeto de normas vigentes, el Senado sencillamente proceda a reemplazarlas por vía de una ley, en circunstancias de que con ello estaría alterando las disposiciones que constitucionalmente corresponden al ejercicio de las potestades del Ejecutivo.
Por tales razones, señor Presidente, discrepamos, no de la iniciativa, que podría ser perfectamente plausible, sino de la forma como ha sido redactada.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, la verdad es que el fondo de la iniciativa me parece, en sí mismo, atractivo¿
_________________

El señor FOXLEY.- ¿Me permite una brevísima interrupción, señor Senador?

El señor LARRAÍN.- Con mucho gusto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Foxley.

El señor FOXLEY.- Señor Presidente, simplemente deseo solicitar autorización para que la Comisión de Hacienda pueda sesionar simultáneamente con la Sala, ya que tenemos algunos proyectos urgentes en tabla.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
_________________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Como señalaba, me parece que el fondo del proyecto tiene en sí importancia e interés, y así lo han valorado las distintas intervenciones, incluso las de aquellos que están por rechazarlo. Sin embargo, sin entrar en más detalles o análisis sobre lo que plantea, quiero manifestar que, desde mi punto de vista, por tener origen en una moción, adolece de un problema de inconstitucionalidad. Se trata aquí de una moción, es decir, de una iniciativa presentada por un Parlamentario -un ex Senador, en este caso-, tocante a una materia que recae en el funcionamiento de un servicio público.
El artículo 1° de la iniciativa establece que "El Ministerio de Salud, a proposición del Instituto de Salud Pública de Chile, aprobará en el mes de abril de cada año un listado", etcétera. Por lo tanto, le está señalando atribuciones a un servicio público, con lo cual, a mi juicio, contraviene lo preceptuado expresamente por el artículo 62, número 2°, de la Constitución. Éste dispone que corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para "Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados sean fiscales, semifiscales, autónomos, o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones.".
En otras palabras, lo que hace el proyecto es determinar una función o atribución del Ministerio de Salud, y, a mi modo de ver, siendo muy atractiva la idea original, ello no es competencia de un señor Senador.
Por lo tanto, señor Presidente, pido que lo declare inadmisible. De acogerse esa solicitud me sumaría al planteamiento que, según entiendo, hizo el Senador señor Silva en orden a que, dada la importancia que advierte el Senado en la iniciativa, se oficie al Ministerio de Salud o, si se quiere, al Presidente de la República, haciéndole presentes las inquietudes que ha motivado, la falta de aplicación que se advierte en el reglamento y la necesidad de una regulación más precisa. Todo ello, para que el Presidente actúe en esta materia, ya sea a través de la potestad reglamentaria o, si lo estima del caso, de un proyecto de ley de su origen.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La Mesa estima que lo informado por el Honorable señor Silva es acertado en cuanto a que el asunto no es materia de ley, de acuerdo con el artículo 60. Y cree que incluso, si lo fuera, por lo menos el artículo 1º estaría en contradicción con el artículo 62, número 2.º de la Constitución.
En todo caso, en su momento, voy a aclarar lo relativo a la inconstitucionalidad.
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami; y, en seguida, el Senador señor Bitar.

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, sin perjuicio de la decisión que la Mesa adopte respecto de la constitucionalidad del proyecto, deseo hacer algunas observaciones sobre el fondo de él.
Yo participé de la reflexión que se hizo hoy día en la Comisión de Salud. Y me parece que todos estamos de acuerdo en que se trata de una iniciativa que busca resolver un problema existente. A mi juicio, es importante dejar claramente establecido lo anterior.
Hay abusos. En no pocos casos, las personas terminan pagando precios más caros por medicamentos que podrían ser sustituidos por otros mucho más baratos de carácter genérico. Ésa es una realidad. Y me parece que, sin perjuicio de la declaración que la Mesa haga respecto de la constitucionalidad de la iniciativa, el Senado debe tomar una decisión, en el sentido de oficiar al Gobierno, haciendo presente nuestra inquietud al respecto.
Comparto también lo dicho, en el sentido de que sin embargo la solución a este problema no es simple. Porque en la iniciativa existen por lo menos dos salvedades. Una tiene que ver con el hecho de que no hay una sustitución absoluta en el caso de algunos medicamentos. Así como algunos son perfectamente intercambiables, otros, no lo son. Se han dado varios ejemplos al respecto.
Y la segunda objeción se refiere a la desnaturalización que también se pudiera producir respecto de una facultad de este tipo, al quedar radicada en las farmacias. Aquí podría activarse -quizás más de lo que ya está- todo un sistema tendiente a orientar a las farmacias para que cambien las recetas en favor de determinados medicamentos no tanto en razón de las calidades propias de los mismos, sino de los intereses económicos y comerciales vinculados a ellos.
Entonces, en mi opinión, junto con identificar un problema, también es muy importante buscarle una solución efectiva, lo que no sucede con la iniciativa en estudio.
Desde ese punto de vista, me parece útil lo planteado aquí, en cuanto a hacerle ver al Ejecutivo la necesidad de tomar iniciativas en este campo.
No soy experto en la materia; pero se me ocurre que quizás también una sugerencia que se pudiera incorporar es pedir una mayor responsabilidad de los médicos en todo cuanto implica recetar. Al respecto se podría pensar en una instrucción del Ministerio de Salud, en el sentido de ser muy estrictos en algunos casos en cuanto a que la venta de ciertos medicamentos debiera ser mediante una receta perentoria, y que no admita sustitución; y que en otros hubiera posibilidad de apelar a productos genéricos, a monodrogas, de suerte de que no se incurriera en la posibilidad de un cambio inconveniente.
En consecuencia, debemos buscar una solución que dé cuenta de la existencia de abusos que es preciso corregir, y no tomar una determinación formalmente consistente desde el punto de vista de la constitucionalidad del proyecto, pero que deje el problema pendiente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prat.

El señor PRAT.- Señor Presidente, en primer lugar, a mi juicio, esta materia es propia de ley y no de reglamento, como algunos estudios así lo avalan. Yo creo que, a la luz de la Constitución de 1980, el reglamento no habría procedido. En el día de hoy, esta materia debe ser obligadamente regulada a través de una ley. Pero el problema radica en que la materia es de la iniciativa del Ejecutivo, porque compromete y obliga a organismos del Estado.
Sobre el mérito de la iniciativa, creo muy importante tomar en consideración lo planteado por el señor Director del Instituto de Salud Pública de Chile. Él hizo presentes las inconveniencias o dificultades de aplicación de esta iniciativa, por el riesgo de equivocaciones conceptuales, al confundirse lo que es un producto similar y uno equivalente, cuestión que puede provocar en los usuarios problemas no menores.
Se entiende por producto similar a aquel que tiene el mismo principio activo, que puede tener presentaciones diferentes y que efectivamente posee las mismas indicaciones clínicas y terapéuticas. En cambio, un producto equivalente es el que puede tener efectos terapéuticos semejantes, con diferente composición química y diferente principio activo. Es decir, según palabras del Director del Instituto de Salud Pública de Chile, el asunto tiene mucha importancia. La determinación del costo-beneficio y la equivalencia entre dos productos con precios distintos es realmente muy difícil. Así lo señala ese especialista.
Ese personero recordó que su entidad no tiene capacidad para informar respecto de los productos actualmente comercializados, así como tampoco para fijar las estrategias de comercialización. Sólo disponen -dice él- de los productos registrados, que son aproximadamente 32 mil. Los comercializados no superarían los 5 mil.
Es decir, aquí estamos con una iniciativa que tiene una dificultad de orden práctico insalvable. Es poco menos que imposible que un profesional como el farmacéutico -que apoya la labor de la farmacia- llegue a demostrar la relación costo-beneficio y haga una comparación entre dos productos. Y yo creo que es inconveniente legislar respecto de un imposible.
Creo que también debe considerarse la tendencia, muy marcada y a la vez inconveniente, a la automedicación. Y en la medida en que se plantee como de costo cero el llegar a la automedicación por la simple vía de comparar tablas, pienso que la ley estaría provocando una conducta de suyo inconveniente en una población quizás no suficientemente informada respecto de los resultados negativos de la automedicación.
Por eso, sin perjuicio de señalar que la iniciativa adolece de errores de procedimiento, contiene una cuestión de fondo que debe analizarse con más profundidad.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.

El señor BITAR.- Señor Presidente, en vista de que la Presidencia va a declarar inadmisible el proyecto, y en la línea de lo que argumentáramos en la sesión anterior, quiero proponer lo siguiente.
En primer lugar, que el Senado, con el acuerdo de la Sala, oficie al Ejecutivo, solicitándole la actualización del listado que se elaboró en 1984, de acuerdo al artículo 17, número 2, del decreto Nº 466, de 1984, en el cual se estableció que las farmacias dispondrán de un ejemplar actualizado del "Listado de Alternativas Farmacéuticas de Productos Monodrogas Comercializados en el País", que fue aprobado por la resolución del Ministerio de Salud, a proposición del Instituto de Salud Pública de Chile. Mi primera solicitud es, entonces, actualizar ese listado. Han pasado 14 años sin que podamos tener un documento adecuado. Jamás se ha actualizado. Las farmacias no lo tienen.
También pido que ese listado sea puesto a disposición de las farmacias.
Y, en tercer lugar, sugiero que se revise la prescripción reglamentaria, a fin de normar la conveniencia o exigencia de que las farmacias pongan ese documento a disposición del público, según lo establecido en el decreto vigente.
Ésa es mi primera solicitud. En caso de no haber acuerdo para el envío del oficio en nombre del Senado, pido que se haga en el mío propio.
Sostengo lo anterior, porque, obviamente, la Ley de Protección del Consumidor exige que se informe solo sobre precios y no respecto de las equivalencias, aparte que, por distintas razones, estamos en presencia de una integración vertical muy potente. Primero, hay una integración horizontal de un conjunto o redes de farmacias, y, por otro lado, existe una integración vertical de cadenas de empresas que, a su vez, son dueñas de laboratorios, como lo señaló un señor Senador. Entonces, la venta de sus propios medicamentos limita mucho la información al consumidor y, por lo tanto, eleva los precios. En ese sentido, me parece conveniente dar este paso.
En seguida, solicito que también se oficie al Colegio Médico, para que nos dé su opinión acerca del punto de vista del Senado -si hay acuerdo en que así se proceda-, a fin de que, junto con enviarnos su informe promueva entre sus asociados médicos la posibilidad de utilizar con más intensidad las alternativas monodrogas, lo que puede servir para abaratar los precios a los consumidores.
Si hay acuerdo, se podrían enviar ambos oficios en nombre de la Corporación; o, de lo contrario, en el del Senador que habla.
Por último, quiero señalar que, con motivo de este proyecto, pensé que también podríamos haber discutido -no quiero que pase la oportunidad de que así sea- el tema de los productos de venta libre, los cuales no requieren de receta médica. Como saben Sus Señorías, en los países desarrollados aquéllos se expenden en forma muy amplia. De manera que sobre tal materia es conveniente establecer disposiciones que permitan al usuario conocer el medicamento que no requiere receta médica y, eventualmente, con indicación de su posología en el rótulo del envase.
Pienso que lo anterior ayudaría a que el consumidor esté mejor informado y que haya productos más baratos.

El señor PÉREZ.- ¿Me permite una pequeña interrupción, señor Senador?
El señor BITAR.- Con mucho gusto, con la venia de la Mesa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, estimo que el oficio al Ministerio de Salud, por una parte, y al Colegio Médico, por la otra, implica plantear una política de hechos consumados por parte del Senado.
Por todas las razones que aquí se han dado, yo oficiaría al Ministerio después de recibir el informe del Colegio Médico. No sé si comparto la tesis del Honorable señor Bitar o del Senador señor Ominami, en el sentido de que lo que está en el espíritu del proyecto de ley del ex Senador señor Piñera es algo positivo frente a lo planteado por el Honorable señor Silva sobre la biodisponibilidad de distintos medicamentos que pueden ser bioquímicamente iguales, en relación con las responsabilidades civiles y penales por parte de los médicos; y con la injerencia que pueda tener en la receta médica una persona sin título profesional y que trabaja en una farmacia, etcétera.
Por eso, estimo que, con más antecedentes, podríamos oficiar en la línea señalada por el Honorable señor Bitar, aunque con la condición de comunicarse con el Colegio Médico y con otras instituciones para recabar mayor información antes de que el Senado dé una opinión sobre el contenido del proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Bitar.

El señor BITAR.- Señor Presidente, sobre la base de las consideraciones del Senador señor Pérez, me parece importante destacar que, en este caso, al oficiar al Colegio Médico, estamos en el camino adecuado. Porque, si sostenemos que el médico tiene la capacidad para discernir entre distintas drogas, entonces, debemos reiterar que a ese nivel se proceda con mayor rigor e intensidad respecto de las alternativas, con miras a que los precios sean más bajos para el consumidor.
En consecuencia, oficiar en nombre del Senado y, después de revisados los antecedentes, instar a que los propios médicos consideren con más atención el costo de los medicamentos, se ubica perfectamente en la línea de lo que el Colegio Médico ha venido sosteniendo y en lo que se consigna en los informes de la Comisión, en orden a que no se delegue en una persona de escasos conocimientos la posibilidad de vender un producto sucedáneo.
Estimo que, en ese sentido, cumpliríamos con lo que estamos señalando. Solicito que, de ser posible, alcancemos un acuerdo total en el Senado sobre la materia.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, solamente deseo llamar la atención respecto de dos aspectos.
Primero, considero como una situación extraordinariamente rígida y extrema el que no se pueda modificar ninguna disposición reglamentaria. La inmensa mayoría de las leyes son objeto de normas reglamentarias. Por lo tanto, no debemos ser tan estrictos o rígidos, al punto de que no se legisle, porque no puede modificarse un reglamento. En ese caso, ninguna ley se podría enmendar, porque la mayoría de ellas son complementadas por reglamentos. La potestad reglamentaria emana precisamente de la necesidad de ampliar la ley que se dicta. Porque cuando esto sucede, evidentemente hay que modificar también lo que es el producto de esa potestad.
Por consiguiente, no deseo ir tan lejos para aceptar una interpretación de esta naturaleza, que minimizaría, desde luego, las facultades de legislar del Congreso Nacional.
Por lo tanto, no me atrevo a pensar que el proyecto sea inconstitucional por modificar una situación reglamentaria. Estimo que las leyes serían eternas de no poder enmendarse los reglamentos que de ellas se derivan.
Por otra parte, creo que el debate se ha entrabado en una confusión sobre lo que son los productos equivalentes y los similares.
Me referiré solamente a estos últimos. Cuando dos medicamentos que contienen un mismo y único elemento químico son fabricados por laboratorios distintos, con nombre de fantasía diferentes, sus precios pueden variar hasta en 200 por ciento. O sea, un mismo producto, pero con diferentes nombres de fantasía, tendrá dos precios distintos.
¿Y qué ocurre? Que el paciente o usuario desconoce el tema. Desde luego, por no ser químico, no sabe que un mismo remedio puede tener nombres de fantasía diferentes y precios distintos, aunque equivalgan a una misma fórmula. A un usuario se le puede recomendar el producto de un laboratorio extraordinariamente caro; sin embargo, otro laboratorio (el Chile o cualquiera) fabrica y vende exactamente el mismo medicamento a un precio menor. En definitiva, considero que esto atenta contra la libre competencia; y que aquí se está sobreprotegiendo el cartel de algún laboratorio para que imponga un precio, a través de un nombre de fantasía que oculta el real fármaco y que el usuario no pueda distinguir.
El primer principio para la competencia es que si una persona va a comprar manzanas, por ejemplo, sepa que, junto con imponerse de que la fruta sea buena, bonita y barata, pueda distinguir su calidad. ¿Por qué no puede suceder lo mismo respecto de un producto farmacéutico? ¿Por qué tiene que esconderse con un nombre de fantasía que hace subir el precio hasta 200, 300 ó 400 por ciento, aunque se trate del mismo compuesto químico?
En realidad, la defensa que se hace en este caso sirve para beneficiar a los laboratorios, los cuales, con los nombres de fantasía que le ponen a un remedio que el usuario no puede distinguir, reciben ingentes utilidades.
Por esa razón, mi discrepancia se basa en dos aspectos. Primero, en lo formal, porque se afirma que no se puede legislar en la materia por existir una disposición reglamentaria. Y, segundo, porque se atenta contra la libre competencia al colocar productos similares, con nombres de fantasía distintos, al punto que el usuario no los puede distinguir.
Por lo tanto, soy partidario del proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chadwick.

El señor CHADWICK.- Señor Presidente, comparto el argumento de que el proyecto tiene una intención muy positiva y correcta. Lo que me cuesta comprender -porque así lo han declarado y manifestado todos los señores Senadores que han hecho uso de la palabra, y la Mesa así lo ha adelantado también- es que el proyecto es inadmisible por ser inconstitucional. Por lo tanto, quizá el interesante debate que se está llevando a cabo sobre el fondo del proyecto podríamos postergarlo hasta el momento en que la iniciativa sea enviada formal y regularmente, pues ¿qué sentido tiene realizar un debate sobre el fondo cuando estamos de acuerdo en que el proyecto es inadmisible?
En lo referente a la declaración de inadmisibilidad, deseo, sí, formular una precisión que me parece importante, considerando los fundamentos dados por la Mesa para declararla. Comparto plenamente lo dicho por el Senador Larraín en cuanto a que estamos en presencia de un asunto que efectivamente es materia de ley, ya que entrega atribuciones a un servicio público y, además, establece sanciones. A mi juicio, considerando tanto el artículo 62 como las garantías constitucionales, este problema debe ser materia de ley. Cosa distinta es la de que constituya iniciativa exclusiva del Presidente de la República, y ésa es la razón de la inadmisibilidad.
Sin perjuicio de la fundada argumentación del Honorable señor Silva, opino que sería un error que la Mesa declarara inadmisible el proyecto por ese motivo. Creo que sostener que porque una materia ha sido regulada de acuerdo con la potestad reglamentaria del Presidente de la República deja de ser materia de ley y no puede ser regulada por la ley, es un error y limita abiertamente las atribuciones del Congreso Nacional. El error en que pueda haber incurrido el Primer Mandatario en un momento determinado, o bien el hecho de que pueda haber procedido en circunstancias constitucionales distintas de las actuales, no nos impide tratar las materias propias de ley, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Carta Fundamental.
Por eso, creo que la inadmisibilidad que, según entiendo, la Mesa va a declarar, debe ser sobre la base de que se trata de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, y no por ser propia de la potestad reglamentaria, porque de esa manera estaríamos sentando un precedente incorrecto.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
El señor BOMBAL.- Señor Presidente, atendidas las observaciones formuladas por los Honorable señores Chadwick y Larraín, quiero saber si la Mesa emitirá pronunciamiento al respecto, a fin de no entrar a tratar el fondo del tema.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si Sus Señorías me lo permiten, haré un pronunciamiento. Después de escuchar el debate, debo señalar lo siguiente. Lo primero es que, de acuerdo con los antecedentes de que dispone la Mesa, el Ministerio de Salud cuenta con la facultad de establecer el listado. Actualmente, esa Cartera, a proposición del Instituto de Salud Pública, tiene a su cargo la aprobación anual del Listado de Alternativas Farmacéuticas de Productos Monodrogas Comercializados en el País. En virtud de esta atribución, dictó el decreto Nº 466, de 1984. O sea, cuenta con tal atribución, y lo que estamos haciendo por medio de esta iniciativa es reiterarla.
Voy a declarar inadmisibles los cinco primeros artículos, por no ser materia de ley. En el último se dispone algo que no corresponde, y no es materia de ley. Personalmente, estimo que es inadmisible, porque ninguno de los veinte números del artículo 60 de la Carta consigna como materia de ley lo que aquí se establece. Fue ya objeto de un decreto, por lo que su modificación debe serlo por otro decreto.
Soy partidario de aceptar la tesis planteada por los Honorables señores Silva y Bitar en el sentido de remitir estos antecedentes al Ministerio, a fin de que los recoja, proceda a actualizar este listado -pues cuenta con la facultad para hacerlo- y considere además las otras observaciones formuladas al proyecto. En ninguno de los seis artículos propuestos por el ex Senador Piñera se imponen multas, lo que podría ser materia de una ley.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín. El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, quiero insistir en la tesis de que la razón de la inadmisibilidad es porque hay una autorización que se da a un Ministerio, ya que, aunque la tenga, sigue siendo una autorización a un servicio público. Por lo tanto, por esencia, es materia de ley. Tanto es así que el número 2º del artículo 62 de la Constitución establece que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República aquellas materias de ley que otorgan atribuciones a un servicio público. En consecuencia, me atrevo a sugerir que el fundamento de la inadmisibilidad debe ser el que hemos señalado, porque el otro entra en un terreno de mayor discusión y, por lo tanto, se presta a dudas, pues eventualmente el Ejecutivo, con el oficio que le vamos a remitir -entiendo que hay acuerdo en ese sentido- , podría dudar en cuanto al envío de la iniciativa. El señor ZALDÍVAR , don Andrés (Presidente).- ¿Me permite, señor Senador? La Mesa no está de acuerdo con tal planteamiento, porque si aceptara la tesis sustentada por Su Señoría querría decir que estoy negando al Ejecutivo una facultad de la que dispone en la actualidad. Es decir, cuenta con la atribución para dictar un nuevo decreto modificatorio del 466. No creo que sea materia de una ley, porque ya ejerció esa facultad y, de acuerdo con la ley, puede dictar un nuevo decreto para modificarlo. No puedo decir en este momento que sea materia de ley lo que ya está facultado por ella.

El señor LARRAÍN.- ¿Me permite, señor Presidente? Lo que pasa es que esta moción, aunque constituya una reiteración, pretende referirse a una autorización a un Ministerio.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La tiene.

El señor LARRAÍN.- No importa, sigue siendo materia de ley, y la tiene porque la ley se la otorga. Y esta iniciativa, de ser aprobada, constituiría, a lo mejor, una reiteración.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Es redundancia.
El señor LARRAÍN.- Pero ello no la hace inconstitucional; tal vez, inútil. La hace innecesaria o reiterativa, pero sigue siendo constitucional la atribución de dictar leyes en esta materia. La razón por la cual es inconstitucional es su origen parlamentario.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Silva.
El señor SILVA.- Señor Presidente, con todo respeto, debo decir que estamos cayendo en una discusión un poco sutil. En el fondo, las dos disposiciones conducen a lo mismo. Es un hecho claro que, de acuerdo con la Constitución, el Presidente de la República tiene iniciativa para crear servicios públicos, y no la tiene el Congreso. Ello es así desde la dictación de la ley Nº 7.727, de 1943. Tal punto quedó dilucidado cuando se incorporó esa limitación en la Carta Fundamental. Y eso es así en consonancia con la forma como está redactado hoy en la Constitución el artículo 60, que cambió fundamentalmente respecto de la Constitución del 25 en lo relativo a las materias que figuraban tras el encabezamiento "Sólo en virtud de una ley se puede". Pero ahora eso cambió, de suerte que la norma del artículo 62, a la cual se refirió el señor Senador, hay que interpretarla en consonancia con lo dispuesto en el artículo 60, como lo está haciendo el señor Presidente de la Corporación. Y una y otra norma de la Carta Fundamental son perfectamente complementarias, y siéndolo así, creo que la aclaración que el señor Senador solicita viene sencillamente a respaldar aún más el predicamento de la Mesa.

El señor BOMBAL.- Complementariamente, haga la declaración.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Las dos normas constitucionales son complementarias. Una está en función de la otra. Se toman ambas proposiciones de inadmisibilidad y se deja constancia.
Además, enviaremos los antecedentes al Ministerio de Salud.

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, soy partidario de oficiar al Ministerio de Salud transcribiéndole el debate habido en torno de esta materia.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Conforme. Le enviaremos los proyectos de ley y la versión del debate producido al respecto.
El señor PÉREZ.- Porque habemos Senadores contrarios en el fondo a la iniciativa.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LAGOS (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
_________________
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor FERNÁNDEZ:
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, sobre TÍTULOS DE DOMINIO A OCUPANTES O ARRENDATARIOS DE BIENES AGRÍCOLAS EN COMUNA DE NAVARINO (Duodécima Región).
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, acerca de ANTECEDENTES SOBRE PROGRAMAS DE VIVIENDAS Y URBANISMO EN PUERTO AYSÉN (Undécima Región).
Del señor STANGE:
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, referente a IRREGULARIDADES EN VENTA DE AUTOS (Décima Región), y a los señores Ministros de Defensa, de Hacienda y de Agricultura, respecto de FUNCIONAMIENTO DE ADUANAS, POLICÍA INTERNACIONAL Y SAG EN UN SOLO COMPLEJO FRONTERIZO EN PASO VICENTE PÉREZ ROSALES (DÉCIMA REGIÓN).
_________________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el turno correspondiente al Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Lagos.


NO RESPUESTA DEL GOBIERNO A PROPOSICIONES DEL
CONSEJO GREMIAL DE DEFENSA DE ARICA. OFICIO

El señor LAGOS.- Señor Presidente, el Consejo Gremial de Defensa de Arica me ha pedido que a través del Senado se oficie, en mi nombre, al señor Ministro el Interior, solicitándole una respuesta al documento que ese organismo le envió el 19 de mayo del año en curso, con la firma de su presidente, don Sergio Focacci, y de don Jaime Arancibia, vicepresidente y concejal de la Ilustre Municipalidad de Arica.
En dicho documento se proponen fórmulas que permitan potenciar la Ley Arica y se sugieren diversos incentivos a la inversión privada, medidas para reactivar la agricultura, el comercio, la minería y otras actividades. Sin embargo, el señor Ministro del Interior no le ha dado respuesta hasta el día de hoy a ese documento. Además, el señor Intendente de la Primera Región, por una situación derivada de la paralización de actividades en esa ciudad, ha excluido a los representantes de este Consejo de participar en las reuniones llevadas a cabo por una Comisión que el Gobierno envió para analizar estas materias.
Entonces, hablamos aquí de un consejo gremial integrado por diferentes sectores registrados en el Ministerio de Economía, con inscripción al día y representación a través de sus afiliados. De manera que no logramos entender la actitud del Ministerio del Interior, como tampoco la del señor Intendente de la Primera Región.
Por lo tanto, quiero pedir que en mi nombre se oficie al señor Ministro del Interior para que dé respuesta a las proposiciones que planteó este Consejo, que no debe ser víctima hoy día de represalias, menos del Ministro del Interior, y tampoco de las autoridades regionales. El citado Consejo lo conforman gremios de dueños de camiones, agricultores, comerciantes, industriales, es decir, todo lo que queda de lo que fue Arica.
Finalmente, para no prolongar más esta intervención, dejo una copia de la carta que se envió al señor Ministro del Interior, la cual, posiblemente, se le ha extraviado a algún asesor. En todo caso, aquí la vamos a recordar.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Canessa.

El señor CANESSA.- Señor Presidente, creo preferible esperar una ocasión más favorable para referirme al tema que deseaba exponer, ya que hay poca asistencia en la Sala.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Señor Senador, le insinúo que pronuncie su discurso, porque, si bien en la Sala hay pocos Senadores, la intervención de Su Señoría será ampliamente difundida al país mediante la Versión Oficial de Prensa y, además, quedará registrada en el Diario de Sesiones. También entiendo que el señor Senador expondrá un tema muy interesante.


XXIV ANIVERSARIO DEL MANIFIESTO DE REGIONALIZACIÓN

El señor CANESSA.- Señor Presidente, he solicitado usar de la palabra en la hora de Incidentes de la presente sesión, porque se cumplen 24 años desde el momento en que se dio inicio al proceso de regionalización del país.
Me parece altamente significativo que los propósitos recogidos en el ya histórico Manifiesto de la Regionalización, emitido el 11 de julio de 1974 por el entonces Jefe de Estado, General don Augusto Pinochet Ugarte, hayan logrado concitar a través del tiempo la adhesión de prácticamente la unanimidad de la ciudadanía. Se trata, pues, de una causa de carácter nacional, que trasciende las circunstancias y nos compromete a todos, sin distinguir posiciones partidistas ni otros intereses legítimos.
Sin duda, el Manifiesto de la Regionalización es importante y merece ser recordado: tiene el mérito de haber dado forma e impulso constructivo a la solución de una antigua necesidad.
En efecto, ya a fines del siglo pasado, la excesiva centralización del Estado Portaliano contenía el germen de un desequilibrio que perjudicaba al desarrollo nacional, y así era percibido por los grupos dirigentes de la época. No es casual que una de las consecuencias del triunfo del bando congresista en la Revolución de 1891 haya sido el establecimiento de la Comuna Autónoma, una iniciativa que por ser mera copia de una realidad totalmente diferente (la de Suiza) no obtuvo los resultados esperados.
Más tarde, en 1920, al postular a la Primera Magistratura, don Arturo Alessandri Palma formuló en su programa de gobierno la conveniencia de iniciar un proceso que tendiera a la regionalización. En concordancia con esa aspiración, la Carta Fundamental de 1925 estableció las bases programáticas de la descentralización de los servicios públicos, que el Presidente General Carlos Ibáñez del Campo inició como primera fase de la modernización del Estado. Esa Constitución incluso contempló formalmente la existencia de asambleas provinciales. Desgraciadamente, lo anterior no se materializó.
Hubo que esperar hasta 1966 para que la regionalización fuera nuevamente abordada, y el diseño de esa tarea fue confiada a la Oficina de Planificación Nacional, creada en 1967 por el Presidente don Eduardo Frei Montalva. Se efectuaron los primeros estudios y se llegó a consagrar legalmente la existencia de 12 unidades territoriales, incluyendo la Región Metropolitana, pero dicha Administración no alcanzó a definir una política de desarrollo regional, lo que impidió lograr resultados prácticos.
Los designios de la Unidad Popular iban por otros derroteros, muy distintos del desarrollo nacional, lo que explica que ese tipo de iniciativas se estancaron durante su trienio.
A pesar de los múltiples y asfixiantes problemas que afectaban a nuestro país y se hacían sentir dolorosa y apremiantemente sobre toda la población, desde los primeros días de su gestión el Gobierno Militar enfrentó el desafío que suponía para la reconstrucción nacional la existencia de una Administración Pública sobredimensionada y altamente politizada, cuya ineficiencia tornaba más grave aún la crítica situación general.
Para ayudarse en la toma de decisiones, a fines de septiembre de 1973, el Presidente de la Honorable Junta de Gobierno dispuso la creación de un órgano de asesoría integrado de inmediato por Oficiales Superiores y Jefes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, luego complementado con profesionales y especialistas civiles. Así nació el Comité Asesor de la Junta, cuya misión comprendía todas las funciones esenciales de gobierno, entre las que se destacan el orden y la administración interior, los aspectos sociales y económicos, las relaciones exteriores y la seguridad nacional.
Me correspondió organizar y presidir el Comité Asesor. En su seno, pronto se hizo evidente que uno de los factores que gravitaría negativamente con más peso sobre cualquier intento de hacer realidad el desarrollo integral de la nación radicaba en la ineficiencia administrativa del Estado y en la paralizante centralización geográfica y funcional del país. En otras palabras, para tener éxito y sacar adelante al país no bastaba con ordenar el caos que habíamos heredado, sino que era imperativo mirar más lejos y acometer una reforma administrativa profunda y la tan postergada regionalización.
En esa dirección, el 17 de diciembre de 1973 se formó la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa (CONARA), organismo nacido del Comité Asesor, pero independiente de él, encargado de llevar adelante el proceso de la reforma administrativa y la regionalización. Esa Comisión, que también tuve el honor de presidir, propuso a la Junta las disposiciones legales, instrucciones y orientaciones necesarias para ejecutarlas, controlando posteriormente su cumplimiento.
De la lectura del decreto ley Nº 212, que dio vida a CONARA, del 17 de diciembre de 1973, fluye que la reforma administrativa y la regionalización conforman una unidad conceptual. En último término, la división geográfica del territorio es un asunto administrativo. Siempre se dijo, por lo demás, que la regionalización era la forma como las disposiciones administrativas y de gobierno se adaptaban a la realidad geográfica del territorio nacional.
Conviene tener presente -porque se trata de principios cuya vigencia permanece- que la reforma administrativa propiamente tal no sólo se aplicó a los organismos del Estado como reforma estructural, sino también a los sistemas de administración de personal, apoyo técnico y a los procedimientos administrativos como reforma funcional, con el fin de hacerla más eficiente y eficaz.
Asimismo, no se puede perder de vista que los elementos geográficos son determinantes para la conducción del Estado. Napoleón decía que la política es geografía. La complicada realidad de Chile debiera merecer siempre la más atenta consideración del estadista. No hacerlo derrumbará por la base cualquier solución de gobierno que se quiera plantear en el plano político, social, económico o militar.
Son elementos determinantes de nuestro porvenir como nación libre y soberana, dotada de una fisonomía histórica propia, entre otros, la posición geográfica del país, que sitúa su territorio entre la zona tropical y el Continente Antártico; la posición relativa, alejada de las mayores líneas de comunicación mundial e importantísima frente al Océano Pacífico y al control de los pasos australes oceánicos; la considerable extensión del territorio, cuya forma y relieve, únicos en el planeta, ofrecen particulares dificultades a la acción gubernamental.
Ahora bien, el "Manifiesto de la Regionalización", plasmado en el decreto ley Nº 573, de rango constitucional, junto con dejar en claro que su curso estaba inserto en el proceso más integral de la reforma administrativa, y éste, a su vez, en la construcción de una democracia renovada en sus instituciones y en sus hábitos, fijó también sus objetivos. Es útil recordar, entonces, que la regionalización no es un fin en sí misma, sino un medio para aumentar la participación y la representación de los ciudadanos, facilitándoles el acceso a los distintos niveles de decisión que influyen en su destino, evitando que la actividad político-partidista se transforme en el único canal de sus inquietudes y necesidades. Asimismo, la regionalización busca distribuir armónicamente a la población, equilibrando la importancia que, por cierto, tiene la Capital. Este aspecto exige promover el desarrollo regional y local como altísima prioridad.
Gracias a la manera en que fue concebida por el Gobierno de Chile en 1974, la regionalización fue implantada gradualmente y, en el tiempo, ha proporcionado una fórmula realista y efectiva para servir de sostén al esfuerzo creativo que la población despliega en los más variados ámbitos y lugares de la patria. Así, conservando el carácter unitario del Estado, ha logrado descentralizar y desconcentrar significativamente las labores de gobierno y las administrativas, tanto geográfica como funcionalmente.
Con todo, habiendo transcurrido casi un cuarto de siglo desde que se inició, resulta evidente que estamos ante un proceso todavía en curso. Cualquier observador, con buena fe, podría señalar algunas tareas que están pendientes y esperan ser realizadas algún día. Hay deficiencias, y, en general, tienen por causa el debilitamiento de la voluntad y la pérdida del entusiasmo cívico que, en su día, permitió a los chilenos superar esforzadamente una coyuntura difícil e ingrata.
Finalmente, séame permitido señalar que la intención de mis palabras no es emitir juicios severos ni descalificar a nadie. Viví desde muy cerca la génesis del proceso de regionalización, que hoy he estimado pertinente evocar en esta Corporación, y, en la medida de mis fuerzas y capacidades, procuré impulsar sus primeros pasos. Conozco, por tanto, la magnitud de las dificultades que supone profundizarlo. Me interesa, más bien, invitarlos a redoblar la atención sobre la necesidad de avanzar resueltamente en esta materia esencial.
No me parece exagerado afirmar que el desarrollo integral de nuestro país, la defensa de su soberanía y la calidad de vida de sus habitantes dependen en gran medida de un proceso de regionalización más intenso, optimista y generoso.
He dicho.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- Su exposición, señor Senador, fue muy interesante.
La Mesa entiende que Su Señoría aspira a que el discurso que hemos escuchado sea conocido por los gobiernos regionales y otras entidades. Por tanto, conversaremos al respecto para remitirles esa historia de la regionalización, que es muy importante.
Ofrezco la palabra.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, si el Honorable señor Canessa me lo permite, deseo adherir a sus palabras. El señor MARTÍNEZ.- Yo también. La señora MATTHEI.- Y yo, señor Presidente. El señor RÍOS (Vicepresidente).- Se harán constar las adhesiones de Sus Señorías.
Habiendo llegado la hora de término, se levanta la sesión.
_________________
--Se levantó a las 19:20.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción