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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 9ª, en martes 9 de noviembre de 1999
Ordinaria
(De 16:18 a 18:14)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cariola Barroilhet, Marco
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pizarro Soto, Jorge
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia, de Justicia y del Trabajo y Previsión Social.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Fernando Soffia Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 1ª, en 5 de octubre del presente año, que no ha sido observada.
Las actas de las sesiones 2ª, ordinaria, y 3ª, especial, en 6 de octubre del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor SOFFIA (Prosecretario subrogante).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Diez de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, con carácter de "discusión inmediata", respecto del proyecto de ley que sanciona a quienes empleen presiones, amenazas o arbitrios ilegítimos en los procedimientos de cobranza extrajudicial (boletín Nº 1.990-03).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo retira la urgencia y la hace presente nuevamente, con carácter de "suma", respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal para perfeccionar las normas sobre libertad provisional y proteger a las personas ante la delincuencia (boletín Nº 2.176-07).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con los siete siguientes retira la urgencia y la hace presente nuevamente, con carácter de "simple", respecto de los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la ejecución de trabajos por empresas contratistas en faenas que indica (boletín Nº 98-13);
2) Proyecto de acuerdo que aprueba la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968 (boletín Nº 1.265-10);
3) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, relativo a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción (boletín Nº 2.209-10);
4) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código de Aguas (boletín Nº 876-09);
5) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un nuevo Código de Procedimiento Penal (boletín Nº 1.630-07);
6) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código de Justicia Militar, suprimiendo, en la integración de la Corte Suprema, al Auditor General del Ejército (boletín Nº 2.215-07), y
7) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reforma el Código Orgánico de Tribunales (boletín Nº 2.263-07).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el último incluye, en la Convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional, el proyecto de ley que modifica el inciso tercero del artículo 14 de la Ley Nº 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, ampliando la causal de incompatibilidad de los consejeros establecida en la citada norma (boletín Nº 2.038-05);
--Se toma conocimiento.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que los Diputados señores Sergio Aguiló Melo, Sergio Elgueta Barrientos, Arturo Longton Guerrero, Víctor Reyes Alvarado y Manuel Rojas Molina integrarán la Comisión Mixta que debe resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en relación con la elección de Presidente de la República (boletín Nº 2.398-06).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Tres del señor Ministro de Hacienda:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la ejecución presupuestaria dividida por Regiones, a los fondos fiscales administrados regionalmente y a la meta de 42 por ciento comprometida por el Primer Mandatario para recursos de administración regional;
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, referido a la pavimentación de la circunvalación Lago Rapel - El Carmen - El Manzano por Llallauquén, y
Con el tercero atiende un oficio enviado en nombre del mismo señor Senador, concerniente a la pavimentación de la ruta H-780 Las Cabras, Cuesta Quilicura, Quilicura, Cocalán, El Durazno, Los Aromos y El Manzano.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, referido a una carta, remitida por el Senador señor Cariola a un medio de comunicación, en la que se refiere a publicaciones que vinculan a este último con la empresa IANSA en un período en el cual no tuvo participación alguna en la misma.
Del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a inscripción de marcas que indica.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores subrogante, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath en cuanto a la reapertura del paso internacional de Coyhaique.
Del señor Director Nacional subrogante de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, con el que se refiere a un oficio enviado en nombre del Senador señor Adolfo Zaldívar, relativo a la cantidad y los criterios utilizados para otorgar becas alimenticias en cada una de las comunas de la Undécima Región.
Del señor Presidente de la Agrupación de Universidades Regionales, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, en relación con la sede Coyhaique de la Universidad de Los Lagos.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en las observaciones, en segundo trámite constitucional, formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de tres años (boletín Nº 1.934-04).
De la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que prohíbe la fluoración del agua potable en el territorio nacional. (Boletín Nº 1.536-11).
--Quedan para tabla.
Declaración de Inadmisibilidad
Moción del Senador señor Núñez, con la que inicia un proyecto de ley que declara feriados legales los días 30 y 31 de diciembre del año 1999 y los días 2 y 3 de enero del año 2000.
--Se declara inadmisible, por contener materias que son de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República.
Permiso Constitucional
Del Senador señor Boeninger, con el que solicita autorización para ausentarse del país por más de treinta días, a contar del 15 del mes en curso.
--Se accede.
Solicitud
Del señor Javier Antonio Alarcón Valdés, con la que pide la rehabilitación de su ciudadanía. (Boletín Nº S 444-04).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor HOFFMANN (Prosecretario).- En su sesión de hoy, los Comités por unanimidad resolvieron lo siguiente:

1.- Tratar hoy sólo en general el proyecto de ley que modifica la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas y Explosivos, en lo relativo a fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos de similar naturaleza.

2.- Fijar plazo para recibir indicaciones al referido proyecto hasta el próximo lunes 15, a las 12.

3.- Tratar y despachar la citada iniciativa en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria del próximo martes 16.

4.- Modificar el acuerdo adoptado el 19 de octubre, en el sentido de realizar al inicio de la sesión sólo los homenajes a ex Parlamentarios, ex Presidentes y Vicepresidentes de la República y ex Presidentes de la Corte Suprema. En consecuencia, el homenaje al ex Comandante en Jefe del Ejército, General Carlos Prats González, ex Vicepresidente de la República, se rendirá al iniciarse la sesión ordinaria de mañana.
5.- Citar al Senado a sesión extraordinaria para mañana miércoles, de 15 a 16, con el objeto de despachar el proyecto sobre reajuste de remuneraciones del sector público, autorizando a la Secretaría para que tramite dicha iniciativa a la Comisión de Hacienda apenas llegue.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En todo caso, para facilitar la tramitación del proyecto, y ya que existe acuerdo para tratarlo y despacharlo en sesión extraordinaria, el Presidente de la Comisión de Hacienda podría rendir informe verbal.
Si le parece a la Sala, se aprobarían, con este agregado, los acuerdos de Comités.
Aprobados.
V. ORDEN DEL DÍA



TITULARIDAD A DOCENTES "CONTRATADOS". VETO


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Observaciones formuladas por el Presidente de la República, en segundo trámite constitucional, al proyecto de ley que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de tres años, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1934-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 30ª, en 15 de septiembre de 1998.
Observaciones, en segundo trámite, sesión 8ª, en 4 de noviembre de 1999.
Informes de Comisión:
Educación, sesión 28ª, en 7 de septiembre de 1999.
Educación (observaciones), sesión 9ª, en 9 de noviembre de 1999.
Discusión:
Sesión 30ª, en 8 de septiembre de 1999 (se aprueba en general y particular).

El señor HOFFMANN (Prosecretario).- Por oficio de 20 de octubre próximo pasado, la Cámara de Diputados, que fue Cámara de origen, comunicó al Senado que había rechazado el veto del Ejecutivo.
Por su parte, la Comisión de Educación, en su informe, deja testimonio de que procedió a rechazar el veto por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Muñoz Barra, Stange, Díez, Ruiz-Esquide y Vega. En consecuencia, la Comisión propone a la Sala adoptar igual pronunciamiento.
De conformidad a lo establecido en el artículo en el artículo 188 del Reglamento, las observaciones tienen discusión general y particular a la vez. Cada una de ellas puede ser votada separadamente, pero no procede dividir la votación.
En el boletín comparado que los señores Senadores tienen en su poder, aparece en la primera columna el texto aprobado por el Congreso Nacional y, en la segunda, las observaciones formuladas por el Ejecutivo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Debo hacer presente a la Sala que, tratándose de un veto aditivo rechazado por la Cámara de Diputados, cualquier pronunciamiento del Senado no produce efecto. Es decir, las observaciones se entenderían desechadas de todas maneras.
Además, como el rechazo de la Comisión fue unánime, perfectamente la Sala podría adoptar el mismo criterio.
¿Habría acuerdo en tal sentido?

El señor HORVATH.- Pido la palabra.

El señor DÍEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general y particular las observaciones.

Tiene la palabra el Honorable señor Díez; en seguida, los Senadores señores Muñoz Barra, Horvath y Ruiz Esquide.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, contribuí con mi voto a rechazar el veto en la Comisión de Educación por razones distintas del resto de sus miembros.
En primer lugar, se formula un veto aditivo -en circunstancias de que el Gobierno, a través de altas autoridades del Ministerio de Educación, presenció las diversas sesiones en que la Comisión trató el proyecto sin plantear objeciones, sugerencias ni indicaciones de ninguna especie -que no guarda relación con el texto original enviado al Parlamento, sobre todo si se considera que el Presidente de la República tuvo oportunidad de someter sus proposiciones a las enmiendas que pudieran haberle hecho los Senadores o Diputados. Al elegir este camino, el Ejecutivo está limitando la libertad de los legisladores en esta materia. Por ello estimo que el veto es inadecuado.
Por otra parte, la ley Nº 19.526, sobre reforma constitucional de la administración comunal, modificó el artículo 110 de la Constitución en el sentido de facultar a las municipalidades para crear empleos públicos y fijar sus remuneraciones. Con ocasión del debate del proyecto primitivo, planteé una reserva de constitucionalidad. Como el veto insiste en desconocer la autonomía municipal en esta materia, también lo votaré en contra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, respecto de lo que la Mesa informó, quiero señalar que aquí se da una cosa muy curiosa desde el punto de vista constitucional. El artículo 70 de la Carta Fundamental dispone que "Si las dos Cámaras aprobaren las observaciones, el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al Presidente para su promulgación." O sea, habiendo sido rechazadas por la Cámara de Diputados, la decisión del Senado carece de toda importancia. Y creo que corresponde a los constitucionalistas precisar con mayor claridad este asunto, porque aquí no se va a la formación de una Comisión Mixta, como acontece con los proyectos de ley cuando la Cámara de Diputados y el Senado sostienen criterios distintos.
Además, si se examinan las observaciones, puede apreciarse que gran parte de ellas va más allá de la idea matriz de la iniciativa. Incluso podría decirse que, por eso, son inadmisibles.
Me alegro mucho de que ambas Cámaras, por diferentes motivos pero por unanimidad, estén rechazando el veto, porque ello traerá tranquilidad a un número muy apreciable de profesores, cuya cifra es bastante errática. Según el Ministerio de Educación, suman 12 mil, pero para el Colegio de Profesores son 20 mil, lo que no deja de ser importante en un espectro de 120 mil educadores.
Mediante esta normativa, que se aplica por una sola vez, se pone término a una situación de inestabilidad de los profesores, que deben tener gran concentración para enfrentar una reforma educacional muy importante y sustantiva. Y también se elimina la posibilidad de burlar una norma del Estatuto Docente, que dispone que para ser profesor de aula o directivo docente tiene que llamarse a concurso público. Algunos municipios eludían esta disposición legal e, incluso, no cumplían la prohibición de no exceder el 20 por ciento en la contratación de profesores o funcionarios.
Felicito tanto a las respectivas Comisiones de Educación como a las Salas de la Cámara de Diputados y del Senado por mantener un predicamento unánime respecto de una iniciativa de ley de excepción, que se aplicará por una sola vez.
Es cuanto puedo decir, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, sin perjuicio de que en este momento el pronunciamiento del Senado carezca de efecto, pues se requiere la aprobación de ambas Cámaras para que el veto prospere, deseo señalar que la iniciativa aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado -lo que se está rechazando es el veto aditivo- hace justicia a decenas de miles de profesores, quienes todos los años viven una situación bastante delicada en cuanto a la vigencia de su contrato, incluso con algunos abusos: éste se les cancela en diciembre y se les renueva en marzo, dejándolos en condiciones muy poco dignas respecto de sus vacaciones, su continuidad laboral, lo cual, desde luego, influye también en los niños.
Por lo tanto, es de toda razón rechazar las observaciones del Ejecutivo y aprobar el proyecto despachado por el Congreso.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, ya se ha planteado el tema constitucional y la forma como la votación del Senado eventualmente podría generar distintos escenarios, pero, al parecer, hay sólo uno: cualquiera que sea el pronunciamiento de la Sala, el veto será rechazado. Sin embargo, independientemente de ello, como debemos votar, tenemos que exponer nuestros puntos de vista.
Tal como nos pronunciamos en todas las oportunidades habidas en la Comisión y también lo planteamos al Ejecutivo, nuestros votos serán en contra del veto por considerar que la moción, tal como se halla concebida, da satisfacción al fondo de la cuestión, más allá de los recursos de inconstitucionalidad o de los problemas procesales que eventualmente pudiera generar el proyecto.
Estimamos que las limitaciones propuestas por el Ejecutivo carecen de sustentación respecto de lo que nosotros entendemos y creemos que debe ser la estabilidad laboral -que es algo muy diferente de la inamovilidad- de los profesores.
En ese sentido, los Senadores democratacristianos nos pronunciaremos en contra del veto, independientemente de si tiene o no efecto esta votación. Porque deseamos dar a conocer nuestros puntos de vista ante la proposición formulada respecto del problema que afecta a los profesores, a los cuales respaldamos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, con relación al tema del veto, del que se ha hecho cuestión en la Sala, obviamente, no procede trámite de Comisión Mixta, porque se trata de un proyecto ya aprobado por las dos Cámaras. La Comisión Mixta se forma cuando ha habido desacuerdo entre ellas, con el objeto de resolver las divergencias producidas.
En lo referente a las observaciones del Ejecutivo, sin duda, basta el pronunciamiento en contra de una Cámara para que sean rechazadas. No hay que olvidar que el proyecto ya fue aprobado por ambas Corporaciones. Por lo tanto, el Presidente de la República no podría, mediante un veto, aprobar una norma legal con el concurso de una sola de ellas. Para modificar lo sancionado por las dos Cámaras requiere el acuerdo de ambas.
En lo que dice relación al fondo de la materia, se trata de un proyecto ¿como lo planteé durante la discusión en la Sala- que es de justicia, por cuanto reconoce una situación que tiene que ver, por ejemplo, con el Derecho Privado en el campo laboral. En efecto, en el sector privado, éste se aplica en los contratos cuya duración va más allá de cierto tiempo, transcurridos seis meses se entienden de plazo indefinido. Aquí no estamos hablando de seis meses o de un año, como cierta legislación laboral así lo exige, sino de tres años continuos o cuatro discontinuos.
Ahora bien, la calidad de profesor o funcionario que presta servicios a contrata no es irrelevante para la persona que ocupa ese cargo, pues aquí se hallan envueltos temas previsionales, de vacaciones, otros beneficios de orden laboral, y, lo que es más grave, la permanente incertidumbre de que año a año esté sujeto a la buena o mala voluntad del alcalde que deba resolver esa situación.
Por consiguiente, estimamos de absoluta justicia que la situación de esos profesores se regule en la forma como lo estatuye el proyecto. No hay que olvidar que el fundamento de los cargos a contrata era permitir el desempeño de labores de carácter transitorio o de reemplazo de profesores. Sin embargo, no es posible entender que existan contratos transitorios para sustituir los que son de índole permanente.
Por eso, me pronunciaré en contra del veto, teniendo presente que ya fue rechazado por la Cámara de Diputados.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, considero importante esta iniciativa ¿de la cual fui coautor cuando era miembro de la Cámara de Diputados- que concluye su trámite legislativo y pone término a una injusticia que afecta a un sector significativo del magisterio. Además, tiene la relevancia de reforzar el Estatuto Docente y el concepto de estabilidad en el trabajo de los profesores.
Se han esgrimido argumentos en cuanto a una eventual inconstitucional que, a mi juicio, no corresponden y carecen de fundamento, por cuanto es un proyecto especial que vendría, por una sola vez, a modificar una ley. En todo caso, creo importante advertir que el problema puede plantearse si algún alcalde no deseare cumplir con la normativa legal en proyecto aduciendo que, en realidad, es inconstitucional, evento en el cual cada grupo de profesores debería iniciar un juicio. Eso sería extraordinariamente engorroso, lento y largo.
El problema aquí, básicamente, se ha generado, no con el Gobierno, sino con la Asociación Nacional de Municipalidades. Nosotros, como Parlamento, hicimos lo que correspondía, y lo único que podemos esperar es que dicho organismo acate la voluntad del Congreso. De lo contrario, no quedará otra solución que resolver este caso ante los tribunales de justicia.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.
El señor BOENINGER.- Señor Presidente, por la misma razón por la cual en la Sala voté solidariamente en favor del proyecto del Gobierno, a pesar de que sé que ésta es una votación del todo innecesaria, voy a aprobar las observaciones del Ejecutivo, por cuanto me parece que la protección a los trabajadores no debe hacerse sobre la base de rigidizar las plantas.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, con la venia de la Mesa, antes de intervenir concedo una interrupción al Senador señor Muñoz Barra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, deseo aclarar al señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra que no se rigidizan las plantas. No hay que olvidar que las plantas de profesores están determinadas por el PADEM, según el número de horas que corresponden al año siguiente. Por lo tanto, creo que tenemos un enfoque diferente respecto de esta materia.
Hago la aclaración simplemente para que no se genere una confusión, en el sentido de que estaríamos adoptando una medida que significaría mayores costos para los municipios. ¡De ninguna manera! Porque aun los profesores a contrata reciben los mismos beneficios económicos que perciben los titulares. Si una comuna desea cambiar la planta de docentes de un año a otro, va a depender de la matrícula y del número de horas de clases. El profesor, a través del Estatuto Docente, carece de estabilidad incluso en el cargo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, en cuanto al fondo del asunto, deseo señalar que durante toda la tramitación del proyecto hemos estado a favor de él, pues corrige una situación muy poco justificable, toda vez que muchos municipios utilizan el contrato anual con profesores que, de hecho, prestan servicios en forma permanente. La moción, además, establece que se hayan desempeñado como tales durante tres años.
Por lo tanto, no hay razones para expresar que la iniciativa dificulta la gestión de los municipios en el sistema educacional. Por el contrario: da la mínima seguridad a gran cantidad de profesores que, efectivamente ¿lo he comprobado personalmente tanto en las provincias de Talca como de Curicó-, son contratados año a año para ejercer la docencia en los mismos establecimientos, y se encuentran en situación discriminatoria en su condición laboral respecto de quienes cuentan con un contrato de trabajo permanente.
Por consiguiente, nos parece que el proyecto es de toda justicia, y en ese sentido rechazamos el veto del Ejecutivo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag, y luego, se procederá a votar.

El señor SABAG.- Señor Presidente, ante todo, anuncio mi voto en contra de las observaciones del Ejecutivo. Considero que el proyecto constituye una aspiración muy sentida de los docentes que se hallan en la situación a que se hace referencia y, en general, del Colegio de Profesores.
Los profesores a contrata atraviesan por una situación similar a la que vivían todos los profesores en 1990, quienes eran contratados por el año. Desde luego, ya con el Estatuto Docente y con todo lo que hemos avanzado en estos diez años se dio estabilidad en el trabajo a los docentes.
Lamentablemente, se hallaba pendiente la situación de algunos contratados en las condiciones descritas. Y, después de una larga tramitación, el proyecto que corrige esta anomalía fue aprobado por amplia mayoría de votos en ambas ramas del Congreso Nacional.
Por eso, no me parecen pertinentes las observaciones del Ejecutivo, y anuncio que votaré en contra de ellas.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se rechazarán las observaciones del Presidente de la República.
--Se rechaza el veto, con el voto en contra del Senador señor Boeninger.




REGULACIÓN DE TRABAJOS DE EMPRESAS CONTRATISTAS


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que regula la ejecución de trabajos por empresas contratistas en faenas que indica, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (98-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 9ª, en 19 de noviembre de 1999.
Informe de Comisión:
Trabajo, sesión 8ª, en 4 de noviembre de 1999.

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- La Comisión de Trabajo y Previsión Social, luego de detallar el debate habido en ella, consigna en el informe sus acuerdos, dejando testimonio de que la iniciativa fue aprobada en general por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Gazmuri, Parra, Prat, Ruiz y Urenda.
El informe añade que la Comisión, en la discusión particular del proyecto, resolvió -también por unanimidad- abocarse al estudio no del proyecto despachado por la Cámara de Diputados, sino de una indicación presentada por el Ejecutivo que sustituye íntegramente el texto del artículo único aprobado por dicha Cámara.
Durante el análisis del articulado, la Comisión adoptó diversos acuerdos que se consignan en el informe que obra en poder de Sus Señorías.
Cabe dejar constancia de que todos los acuerdos del órgano técnico fueron adoptados por unanimidad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, señores Senadores, la subcontratación es un fenómeno que se ha dado crecientemente en los últimos años, como una de las formas de flexibilizar la producción adoptadas por las empresas privadas y públicas para enfrentar las condiciones actuales del mercado, caracterizado por gran apertura al comercio internacional y una constante y veloz transformación en las formas de producir y comerciar.
Si bien este fenómeno tiene su explicación, y en ciertos aspectos reviste algunos rasgos positivos, no es posible negar que ha causado también nefastas consecuencias en el ámbito laboral, llevando en numerosos casos a una precariedad en las condiciones de trabajo, a niveles preocupantes de inestabilidad e informalidad en el empleo y al debilitamiento de las organizaciones sindicales.
Es claro, además, que en nuestro país la subcontratación ha tenido que ver más con la búsqueda de una reducción en los costos laborales por parte de las empresas, que con una modernización de los procesos productivos.
Existe extendida conciencia acerca de la necesidad de que haya una legislación que, reconociendo las virtudes de este fenómeno, lo regule adecuadamente, a fin de proteger y garantizar convenientes condiciones laborales a quienes trabajan para contratistas, junto con evitar que la "tercerización" sea simplemente un mecanismo fraudulento destinado a eludir el cumplimiento de obligaciones de las empresas con los trabajadores.
Una tarea ineludible que debemos efectuar es enfrentar el tema de la subcontratación y del suministro de personal por terceros con una visión más completa y sistémica, puesto que hasta ahora sólo se ha abordado parcialmente en nuestra legislación y en distintos proyectos presentados al Congreso Nacional sobre la materia.
En ese contexto, nos corresponde conocer, discutir y eventualmente aprobar la iniciativa que hoy nos ocupa.
Su texto, que sólo aborda un par de aspectos de este complejo asunto, mejora en alguna medida la situación de los trabajadores de empresas contratistas, en cuanto establece algunos mecanismos tendientes a garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de éstas con relación a sus trabajadores.
Por una parte, el proyecto aclara lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 64 del Código del Trabajo, que faculta al trabajador para que solicite que se notifique la demanda "a todos aquellos que puedan responder subsidiariamente de sus derechos"; o sea, aquél puede demandarlos subsidiariamente. Es una aclaración, por cuanto la jurisprudencia mayoritariamente ha entendido que existe la posibilidad de que el trabajador demande, en un mismo escrito, al empleador y a todos quienes tengan responsabilidad subsidiaria.
En lo tocante a la nueva norma -establece el derecho del dueño de la empresa, obra o faena, de ser informado acerca del monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que correspondan a los contratistas respecto de sus trabajadores, junto con disponer igual derecho a los contratistas en cuanto a sus subcontratistas-, la estimo apropiada, ya que si se reconoce al trabajador la posibilidad de demandar subsidiariamente a la empresa dueña de las obras, ésta debe tener acceso a la información laboral de sus contratistas, y de este modo evitar la relación con contratistas irresponsables.
También me parece adecuada la norma que permite al dueño de la obra, empresa o faena, retener las obligaciones que tenga a favor del contratista por el monto correspondiente a su responsabilidad subsidiaria, cuando sea demandado en dicha calidad, o cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales. Asimismo, es interesante la disposición que faculta al dueño de la obra, empresa o faena, o al contratista, en su caso, a pagar por subrogación al trabajador o a la institución previsional acreedora.
No obstante, estimo necesario que la Sala apruebe una indicación en el sentido de que si el dueño de la obra retiene montos de dinero por incumplimiento laboral o previsional del contratista, no sólo está facultado para pagar por subrogación, sino que está obligado a ello. De lo contrario podría suceder que si el contratista no cumpliere con sus obligaciones laborales o previsionales y el dueño de la obra retuviera el monto del que es subsidiariamente responsable, éste no pagara a los trabajadores ni a la institución previsional acreedora de dichas sumas.
Por lo tanto, solicito a la Sala aprobar por unanimidad la indicación señalada. Ella es claramente necesaria, y, lamentablemente, al discutir el proyecto en la Comisión no nos percatamos de la situación descrita, que eventualmente podría presentarse.
Por último, considero de la mayor importancia establecer como un deber de la Dirección del Trabajo el poner en conocimiento del dueño de la obra, empresa o faena, las infracciones a la legislación laboral o previsional que se constaten en las fiscalizaciones que se practiquen a sus contratistas o subcontratistas, así como la obligación que igualmente tendrá para con los contratistas respecto de sus subcontratistas.
Con la clara conciencia de que el proyecto constituye un avance parcial en esta materia, anuncio mi voto favorable a él.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Urenda.

El señor URENDA.- Señor Presidente, no quiero repetir lo expresado con bastante claridad por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
Hago presente que estamos ante un proyecto relativamente sencillo, pero que tiende a regular en mejor forma la situación de los contratos y subcontratos de obras y, eventualmente, los derechos de los trabajadores.
El mundo moderno, con su especialización y complejidad, requiere cada vez en mayor grado satisfacer la necesidad de las personas y, obviamente, de las empresas de recurrir a especialistas para la realización de determinados trabajos. Ante tal realidad, reconocida ya en el artículo 64 del Código del Trabajo, se ha intentado aclarar algunas materias que la experiencia demostraba que eran plausibles de ser mejoradas o precisadas.
La primera de ellas -como se ha expresado acá- se refiere a que, cuando demande a su empleador, el trabajador a quien se le adeudan remuneraciones de cualquier naturaleza o suma derivada de su trabajo, tenga la posibilidad no sólo de notificar a quien tiene la responsabilidad subsidiaria, sino de demandarlo subsidiariamente, como medio de economía procesal, a objeto de resolver la materia en un solo juicio, y no en dos etapas. Cabe hacer presente que la jurisprudencia ya se inclinaba en el mismo sentido, pero la corrección del texto facilitará esa mecánica que, a mi juicio, resulta adecuada.
Por otra parte, se ha dicho acá que el dueño de la obra, o el contratista en su caso, o el contratista respecto a sus subcontratistas, tiene el derecho a requerir en cualquier momento la información acerca de cómo se están cumpliendo las obligaciones con los trabajadores. Ello sirve para precaver una situación posterior y permite que ese empleador pueda retener oportunamente, de aquellas sumas que le corresponden al subcontratista, el monto de que es responsable subsidiariamente para destinarlo al pago de los sueldos, imposiciones o derechos de los trabajadores.
Dentro del mismo concepto ¿lo que no se ha mencionado acá- se dispone que el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales puede ser acreditado con certificado de la Inspección del Trabajo. Pero aún más, en la Comisión establecimos que la Dirección del Trabajo se halla obligada, en esos casos, a poner en conocimiento del dueño o contratista tal situación, con el objeto de que adopte las medidas pertinentes. Como consecuencia de ello, se le otorga el derecho a retener y pagar por subrogación.
Lamento que el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra no haya presentado su indicación en la Comisión, para haberla estudiado en su mérito y con el debido detenimiento.
A primera vista, ella resulta innecesaria. Porque si el dueño de la obra o el contratista, haya o no haya tomado las precauciones pertinentes, tiene la responsabilidad subsidiaria de pagar, es obvia su obligación de hacerlo -y creo que no requeriría de una disposición expresa si efectúa una retención por esa circunstancia- con el sólo propósito de pagar el beneficio, remuneración o derecho incumplido hacia el trabajador.
Me parece que, como ha sido aprobada la iniciativa, cumple con el objetivo de facilitar los trámites, de hacer más expedito el procedimiento y de mejorar los derechos de los trabajadores, y debiera ser acogida en forma unánime, tal como ocurrió en la Comisión, la cual la estudió con el debido detenimiento, introduciéndole diversas modificaciones en su redacción para hacerla más clara y expedita.
Por ello, creo que el texto propuesto a la Sala cumple con los objetivos fundamentales y, en consecuencia, debe ser aprobado en general y particular, según recomienda la propia Comisión en su informe.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, el proyecto se aprobará en general y, por no haberse renovado indicaciones, quedaría aprobado también en particular.
Acordado.
Queda despachado el proyecto en este trámite.




ENMIENDA A LEY DE CONTROL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 17.798, de Control de Armas y Explosivos, en lo relativo a fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos de similar naturaleza, con informe de la Comisión de Defensa Nacional.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1502-02 y 1516-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 11ª, en 7 de noviembre de 1995.
Informe de Comisión:
Defensa, sesión 8ª, en 4 de noviembre de 1999.

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- La Comisión deja constancia en su informe de que durante la tramitación del proyecto en la Honorable Cámara de Diputados se ofició a la Excelentísima Corte Suprema con el objeto de recabar su parecer respecto al artículo 2º de la iniciativa, y de que ese tribunal emitió su opinión favorable en cuanto a las materias consultadas.
Posteriormente consigna el debate habido en general, y hace presente que fue aprobada la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Canessa, Fernández, Matta y Romero.
Resume en seguida el debate habido en particular, y concluye esta parte del informe con las proposiciones que somete a la consideración de la Sala. Cabe consignar que todos los acuerdos fueron adoptados por unanimidad.
En consecuencia, la Comisión propone aprobar el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, con las enmiendas que señala.
Deja constancia igualmente de que el artículo 1º del proyecto debe aprobarse con quórum calificado, por cuanto modifica la Ley sobre Control de Armas y Explosivos. Lo anterior, de conformidad al artículo 92 de la Constitución Política, en relación con el artículo 63, inciso tercero, de la misma. De manera que para su aprobación se requiere el voto conforme de la mayoría absoluta de los Senadores en ejercicio, es decir, hoy día, de 23 votos.
Por último, hace presente que el artículo 2º de la iniciativa tiene el rango de norma orgánica constitucional, pues se refiere a materias propias de ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia. Ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 74, en relación con el artículo 63, inciso segundo, ambos de la Constitución Política. De modo que su aprobación requiere el voto conforme de los cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio, esto es, de 26 votos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Senador señor Fernández.


El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, tengo el honor de informar al Senado sobre el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley sobre Control de Armas y Explosivos, en lo relativo a fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos de similar naturaleza, iniciativa que adquiere una relevancia especial al faltar pocos días para la llegada del año 2000, hecho cargado de sentimientos y símbolos para la mayoría de la población del país, el que seguramente significará, si no se adoptan las medidas correspondientes, un gran número de niños y adultos accidentados como consecuencia del mal uso de fuegos artificiales y demás artículos afines.
El proyecto tiene como sus principales objetivos el prohibir la comercialización, distribución, entrega a cualquier título de fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos similares y el uso de ellos por parte de menores de 18 años. Correlativamente, establecer la obligación de cumplir con los requisitos y especificaciones técnicas del reglamento de la ley para todos los fuegos artificiales y artículos o elementos pirotécnicos que se importen, fabriquen o distribuyan en el país, radicándose la competencia para conocer de las infracciones que se cometan vulnerando lo dispuesto en esta ley, en el juez de policía local del lugar donde ellas ocurrieren, concediéndose, además, acción pública para entablar la denuncia correspondiente.
Al iniciarse el estudio del proyecto en el período parlamentario anterior, surgieron en la Comisión de Defensa algunas dudas sobre la constitucionalidad del proyecto, particularmente respecto al artículo 3ºA, nuevo, que se agregó por la Cámara de Diputados a la Ley de Control de Armas y Explosivos en relación con la garantía constitucional de poder desarrollar cualquiera actividad económica consagrada en el artículo 19, número 21º, de la Constitución Política, advirtiendo la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, cuyo informe fue solicitado en su momento por la Comisión de Defensa Nacional, que debía ser la ley la que regule la actividad económica y no el reglamento de la misma. Esta sugerencia junto a otra (constan en las páginas 18 y 19 del informe de la Comisión de Defensa) fueron aprobadas, de modo que en lo tocante a la prohibición de venta, distribución, entrega a cualquier título de fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos similares y el uso de ellos por parte de menores de 18 años, se perfeccionó la idea contemplada en el reglamento de la Ley de Control de Armas y Explosivos, confiriéndole rango legal.
Finalmente, la iniciativa, en su artículo 2º, preceptúa sanciones específicas para quienes infrinjan lo establecido en el artículo 3ºA, nuevo, de la Ley de Control de Armas y Explosivos, en una progresión que se inicia con una multa de 10 a 50 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, el juez estará facultado para decretar la clausura, hasta por 30 días, del establecimiento industrial, artesanal, comercial o importador en que se hubiere cometido la infracción.
Si la conculcación de la ley incidiere en la fabricación de fuegos artificiales y otros elementos, la multa ascenderá de 25 a 75 unidades tributarias mensuales más la clausura definitiva del establecimiento.
En todo tipo de infracción, el juez siempre deberá decretar el comiso de las especies incautadas, remitiéndolas a la Dirección General de Movilización Nacional para los fines que ésta estime pertinentes.
En consideración a lo anterior, la Comisión propone aprobar el proyecto en general.
Concuerdo con lo resuelto por los Comités, en cuanto a fijar plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 15, a las 12. El ejecutivo ha anunciado una indicación de importancia, por lo cual dicho plazo quedará abierto para tal efecto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, anuncio nuestra aprobación en general al proyecto, por las razones que muy bien señaló el Presidente de la Comisión de Defensa Nacional.
En realidad, no hay discusión respecto de la necesidad de prohibir la comercialización a los menores de 18 años de fuegos artificiales de cualquier clase. El problema surge en cuanto a si también tal circunstancia afectará a todo particular, por decirlo de alguna manera. Digo lo anterior, porque es muy probable que en la mayoría de los casos de niños con quemaduras por fuegos artificiales no fueran ellos quienes los adquirieron, sino personas adultas. Es decir, si se prohíbe la comercialización, tal vez ello no evite que los menores los manipulen o usen. Por lo tanto, el riesgo físico y síquico de las quemaduras producidas por estos elementos sigue plenamente vigente. Al respecto, las cifras entregadas por las entidades especializadas que fueron conocidas por la Comisión son realmente alarmantes.
Por otra parte, si se prohíbe a los particulares comercializar fuegos artificiales, ¿qué pasará con quienes desarrollan espectáculos pirotécnicos durante actos conmemorativos, efemérides nacionales e, incluso -como planteó el señor Presidente de la Comisión con justa razón-, la celebración del nuevo milenio?. Estos espectáculos podrían ser autorizados, a fin de que los elementos pirotécnicos se comercialicen por parte de entidades que se hagan responsables no sólo de su manipulación, sino que además cuenten con el conocimiento y manejo técnico necesarios para no producir daño o riesgo en la población.
Es evidente que la iniciativa provoca un cambio total y absoluto en lo referente a la actual comercialización de esos productos y la situación de la gente vinculada a aquélla. El punto está, básicamente, en cómo lograr que no se originen discriminaciones o situaciones arbitrarias en la aplicación de la ley en proyecto para autorizar a quienes puedan usar, comercializar o comprar este tipo de elementos. Pienso que habrá que agudizar todavía más el ingenio para que el tema se clarifique. Entiendo que, en parte, ese fin persigue el Ejecutivo mediante una indicación para modificar el texto, la que lamentablemente no ha sido formulada ni conocida por la Comisión de Defensa Nacional. Espero que, como fue informado por funcionarios del Ministerio de Salud, ella se presente antes del próximo lunes.
Por consiguiente, me parece pertinente aprobar en general el proyecto, para luego introducirle las correcciones que permitan aclarar su texto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
--Se aprueba (36 votos por la afirmativa y una abstención), y se deja constancia de que el plazo para presentar indicaciones es hasta el lunes 15 del presente a las 12.
Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Boeninger, Bombal, Canessa, Cariola, Díez, Fernández, Foxley, Frei, Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lagos, Larraín, Lavandero, Martínez, Matta, Moreno, Novoa, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pérez, Pizarro, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Stange, Urenda, Vega, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Se abstuvo el señor Viera-Gallo.

VI. TIEMPO DE VOTACIONES



PUBLICACIÓN DE LEYES SECRETAS. PROYECTO DE ACUERDO


El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).- Proyecto de acuerdo, formulado por los Senadores señores Parra, Bitar, Lavandero, Matta, Sabag, Ruiz (Don José), Pizarro, Núñez y Ominami, para solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República la publicación de diversas leyes secretas dictadas entre 1973 y 1990.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Hago presente a la Sala que los proyectos de acuerdo se votan sin discusión. Por lo tanto, procederemos de esa forma.


El señor BITAR.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No hay lugar a discusión, Su Señoría.

El señor BITAR.- Quiero proponer una fórmula de consenso, que podría conducir, si existe acuerdo en la Sala, a una resolución común a todos los Senadores.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra.

El señor BITAR.- Más allá de las distintas argumentaciones que uno u otro Honorable colega puede sostener para solicitar la difusión de un conjunto de 160 leyes, decretos con fuerza de ley y decretos leyes que se encuentran en la bóveda de esta Corporación y no son conocidos por diferentes razones, nos encontramos frente a dos proyectos de acuerdo que, desde mi punto de vista, es posible concordar.
Mi sugerencia a los señores Senadores, quienes tienen en su poder ambas redacciones: la presentada por un grupo de ellos perteneciente a la Concertación y la correspondiente a otro de Oposición ¿no deseo referirme a las fundamentaciones, sino ir derechamente al texto mismo-, es la siguiente:
"PROYECTO DE ACUERDO
"Solicitar a S.E. el Presidente de la República disponga la publicación de todas las leyes, decretos con fuerza de ley y decretos leyes que fueron dictados entre el 11 de septiembre de 1973 hasta la fecha, y que no fueron publicados en el Diario Oficial o lo fueron en ediciones restringidas de dicho periódico en tanto, en su opinión, tal publicación no afecte la seguridad nacional.".

El señor LARRAÍN.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La tiene, señor Senador.

El señor LARRAÍN.- Los que participamos en la elaboración de uno de los proyectos de acuerdo hemos convenido con el Honorable señor Bitar en el que acaba de dar a conocer, de manera de evitar dos documentos distintos cuando, en el fondo, si se matizan los aspectos que nos parecen más relevantes, existe consenso.
No tenemos ningún inconveniente en que se publiquen todas las leyes secretas, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta la fecha, en la medida en que el Presidente de la República ¿y confiamos en su criterio- estime que ello no afecta la seguridad nacional. Pensamos que el Primer Mandatario lo puede hacer de todas maneras; pero, como la inquietud sobre el particular ha estado latente, nos sumamos al criterio expresado quienes, como el Senador señor Díez y el que habla, participamos en la elaboración del texto alternativo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Seré breve, señor Presidente. Nos parece bien la redacción que se ha buscado: cumple con los objetivos perseguidos y cautela, lógicamente, los temas que deben mantener la calidad de reservados, así que damos el acuerdo y la suscribimos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.- Por mi parte, también coincido con el nuevo texto, señor Presidente. Deseo consignar, sin embargo, que no es necesaria una autorización o recomendación de esta Corporación para que el Primer Mandatario disponga publicar, porque se trata de una facultad que le es propia y puede proceder independientemente de la voluntad del Senado. Si no lo ha hecho hasta ahora, habrá tenido razones que así lo justifican. En todo caso, aprobaré el proyecto de acuerdo que se acaba de dar a conocer.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Silva.
El señor SILVA.- Con el mayor respeto por mis colegas, señor Presidente, manifiesto mi desacuerdo. Ésa ha sido mi posición respecto de las dos iniciativas presentadas y también lo es en el caso de la recién expuesta, precisamente, entre otras razones, por la que acaba de dar el Senador señor Fernández, ya que, en verdad, la idea me parece absolutamente inoportuna, mucho más en el momento presente. Por lo tanto, me opongo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se acogería, entonces, con la oposición del Honorable señor Silva, el proyecto de acuerdo planteado por el Senador señor Bitar, que refunde los otros dos.
Es necesario que el texto se remita a la Mesa. El señor BITAR.- Le hago llegar el que leí, señor Presidente, que fue concordado con el Honorable señor Larraín y ha sido aprobado por los demás señores Senadores, en el cual se formula una solicitud al Primer Mandatario ¿no constituye una imposición-, con el agregado de la frase "en tanto, en su opinión, tal publicación no afecte la seguridad nacional.".

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo en los términos expresados, con el voto en contra del Senador señor Silva.
--Se aprueba.


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminado el Tiempo de Votaciones.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor HOFFMANN (Prosecretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
______________
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CHADWICK:
Al señor Contralor General de la República, con relación a RESULTADO DE EXÁMENES DE CRÉDITOS DE INDAP A ORGANIZACIONES CAMPESINAS; al señor Intendente de la Sexta Región y al señor Gobernador de Cachapoal, acerca de TRAMITACIÓN DE PENSIÓN DE GRACIA QUE SE INDICA, y al señor Alcalde de San Fernando, en cuanto a MEJORAMIENTOS EN VILLA PARQUE DE LA HUERTA.
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, respecto de REPRESENTACIÓN A ARGENTINA POR SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE CONDECORACIONES DE SENADOR PINOCHET Y NÓMINA DE NACIONALES DE ESE PAÍS QUE HAN RECIBIDO HONORES DE CHILE Y VICEVERSA; a los señores Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, Comandante en Jefe de la Armada, Subsecretario de Pesca y Director del Servicio Nacional de Pesca, tocante a IMPLEMENTACIÓN DE POSICIONADOR SATELITAL EN NAVES PESQUERAS; a los señores Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción y Subsecretario de Pesca, sobre ACTIVIDADES DE SECTOR PESQUERO SEMIINDUSTRIAL Y RECONOCIMIENTO EN LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA, y CUOTA GLOBAL ANUAL DE MERLUZA COMÚN Y ASEGURAMIENTO DE CONTINUIDAD LABORAL; al señor Ministro de Educación, concerniente a PROCEDIMIENTOS DE COBRO DE DEUDAS DE UNIVERSITARIOS, y al señor Contralor General de la República, referente a CONSIDERACIONES PARA CONTROL DE LEGALIDAD DE DECRETO SUPREMO Nº 235, DEL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES, DE 1999.
Del señor LAGOS:
Al señor Ministro de Hacienda, atinente a ASIGNACIÓN DE ZONAS EXTREMAS PARA FUNCIONARIOS DE CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ.
Del señor MORENO:
Al señor Ministro del Interior, en relación con ADQUISICIÓN DE TERRENO Y TRASLADO DE CAMPAMENTO ESTANCILLA, COMUNA DE CODEGUA; al señor Ministro de Obras Públicas, en cuanto a PAVIMENTACIÓN DE RUTA G-84; al señor Director de la Dirección General de Deportes y Recreación, sobre MEJORAMIENTO EN MULTICANCHA DE COLEGIO GIUSEPPE BORTOLUZZI DE FELIP, DE SAN FERNANDO, y al señor Gerente General de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, relativo a REPARACIÓN DE CRUCES FERROVIARIOS EN SAN FERNANDO.
______________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El Comité Institucionales 1, el Socialista, el Institucionales 2 y el Mixto no intervendrán.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Senador señor Adolfo Zaldívar.


FALTA DE POLÍTICA MINERA

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, constituye para nosotros un tema de enorme relevancia lo que ocurra con la minería en el país. Ello no es de ahora. Creo que uno de los aspectos más destacados de la Administración de Eduardo Frei Montalva fue toda su política minera, que también interesó, por cierto, a otro de los grandes de la Democracia Cristiana, don Radomiro Tomic.
Por ello, se trata de una cuestión que para nosotros, además de otras razones que concurren, reviste una gran trascendencia. Y nos sentimos muy orgullosos de que un Senador democratacristiano como Jorge Lavandero haya tenido la valentía de ponerla nuevamente en escena, ya que resulta fundamental para el futuro.
Chile carece hoy de una política minera. Con esta afirmación quisiéramos abordar un asunto de máxima importancia para el país. Más aún: es de incidencia directa en la vida cotidiana de cada compatriota. Sin embargo, se advierte indiferencia, cuando no ignorancia, sobre el punto.
Históricamente, nuestro desarrollo económico se ha encontrado ligado a la minería, lo que también se reflejó en conflictos sociales y políticos que han sido hitos en la vida nacional.
Es bueno recordar que el Inca incita a Diego de Almagro, descubridor de lo que sería Chile, a explorar hacia el sur al relatarle que el oro del imperio provenía de estas tierras.
Pero sólo será en el siglo XIX cuando la impronta minera comience decisivamente a moldear la sociedad chilena, primero con la explotación de minerales de plata de alta ley que se inicia con Agua Amarga, en 1811, para rematar con el descubrimiento del rico mineral de Chañarcillo, en 1832, por Juan Godoy y su explotación por la familia Gallo. Uno de los miembros de ésta, don Pedro León Gallo, quedó inscrito, con su sello personal, en los avatares políticos de la época.
En 1852 se consolida el cobre como la riqueza minera principal al ser descubierto el yacimiento de Tamaya por ese gran emprendedor que fue don José Tomás Urmeneta, lo que sitúa a Chile como uno de los primeros productores en el mundo, con más de 34 mil toneladas anuales.
El origen de la transacción de la libra de metal rojo a 90 días en la Bolsa de Metales de Londres radica en que ése era el tiempo que demoraba un barco desde nuestras costas hasta Inglaterra.
Luego vendrá la conquista del desierto, con hombres como Diego de Almeyda, José Antonio Moreno, José Santos Ossa, quienes, con un temple de hierro, descubrieron y explotaron minerales en Atacama, así como, más al norte, las guaneras y el salitre, que serán la génesis, nada más y nada menos, de un conflicto bélico que termina por configurar física y espiritualmente a la nación chilena.
En el sur se desarrolla el carbón fundamentalmente gracias al empuje y visión de otro gran empresario, como fue don Matías Cousiño.
Si se analiza la actividad productiva realizada en torno y a partir de los yacimientos mineros y de nitratos en el norte y del carbón en la zona de Arauco, se podrá apreciar cómo la actividad minera ha sido decisiva para la industrialización del país.
A partir de entonces, surgen puertos, fundiciones, maestranzas, industrias de toda clase, empresas de transporte, navieras, caminos y vías férreas, telégrafo, bancos y compañías de seguros, que se constituyen en el soporte del progreso. Incluso obras de riego y la producción de las viñas se hallan estrechamente ligadas a las oportunidades económicas que entrega la minería.
El comercio se lleva a cabo a niveles impensables. Valparaíso se constituye en el emporio del Pacífico.
Desde esa época Chile presenta un desarrollo hacia afuera y su suerte quedará ligada al comercio internacional.
La minería transforma al país en todo sentido. Con ella se inicia un fuerte proceso de industrialización y modernización de la sociedad. La educación pasa a ser prioritaria. Se crean escuelas técnicas, de artes y oficios, de agricultura, de minería. Se promueve la venida de ingenieros, técnicos, administradores y operarios de países desarrollados, que vigorizan la actividad productiva y afianzan el hablar de trabajo, ahorro y orden social.
Esa nueva mentalidad de empresa, de crear, no sólo es signo de una elite dirigente. A los cateadores y descubridores de minas los mueve el mismo espíritu.
El Gobierno de la época y la política no están ajenos a este cambio económico social. Lejos de limitar la iniciativa individual, se la incentiva e, incluso, algunas actividades o empresas son subvencionadas. Ese gran estadista que fue don Manuel Montt comprende, al igual que Balmaceda, que la riqueza minera no es infinita y que lo prudente y previsor es aprovechar bien sus inmensos recursos, invirtiéndolos con visión y eficacia en la industrialización y modernización del país, tanto en infraestructura como, fundamentalmente, en educación.
Hay algo que es básico: todo este cambio es dirigido e impulsado por chilenos, sin complejos y seguros de sí mismos, que plasman nuestro ser nacional, permitiéndonos superar toda clase de desafíos y adversidades, sean internas o externas. También en torno de la minería surge la cuestión social en nuestra nación, fuente de grandes tensiones sociales y políticas, las que, no sin pagar grandes costos, significaron que Chile fuera un país de avanzada en ese ámbito en el concierto latinoamericano.
El papel rector de la minería y los grandes intereses que giran a su alrededor quedaron dramáticamente en evidencia para nuestra sociedad durante la Revolución de 1891, donde resultó patética la incomprensión -o condescendencia- de algunos compatriotas respecto del Presidente Balmaceda, quien era partidario de que el país y los empresarios nacionales ejercieran mayor control de esta actividad.
La visión de ese Mandatario me recuerda la siguiente frase del Presidente norteamericano Herbert Hoover: "Si quisiera saber quién tenía el poder en una determinada sociedad, simplemente buscaría a los individuos o clase que controlara la mayor parte de la riqueza mineral.".
Todo lo anterior me lleva a tener una posición muy contraria a la de algunos tecnócratas que postulan la máxima explotación de los minerales por sí, ya que, según la ley natural, éstos son extinguibles. De ser cierto, no es menor, entonces, aplicar una política minera que, junto con explotar estas riquezas finitas, vaya generando una dinámica de creación de otras actividades productivas que el día de mañana sean sustentables más allá de ésta.
También se debió y debe encararse con decisión otro desafío al cual está expuesta cualquier explotación mineralógica, como es su sustitución o abandono por razones técnicas o, incluso, ecológicas. Esto ya nos ocurrió una vez con el salitre, ocasión en que prácticamente desapareció nuestra principal fuente de ingresos, dejando al país sumido en una profunda crisis económica.
Chile debe invertir en ciencia y tecnología. Con los recursos del cobre debe crearse un fondo que permita a nuestras universidades desarrollar una política de investigación del más alto nivel. Tenemos los profesionales y los académicos para ello; sólo falta una decisión política.
Hace más de un siglo y medio, un Senador, don José Victorino Lastarria, abordaba estas materias y sostenía: "Las minas no son susceptibles de reproducción, como los bosques, y un falso sistema de explotación puede causar daños gravísimos a las generaciones futuras".
Con estas experiencias históricas y la realidad contemporánea debiéramos definir una política de Estado integral sobre la minería. Pero ¿reitero- no la tenemos, al punto de que en la actual contienda electoral presidencial no ha sido materia de debate. Esto no puede ser así porque sí. Hay algo más de fondo. Se nos pretende imponer un modelo que va por el camino equivocado, que no es el de Chile. No se están defendiendo nuestros intereses.
Sin ir muy atrás, podemos afirmar que los Gobiernos de Frei Montalva, Allende y Pinochet tuvieron una visión para encarar la cosa minera, no exenta de conflictos y pugnas dentro y fuera de nuestras fronteras.
Respecto de lo que hizo cada uno de ellos en esta área, podemos estar de acuerdo o discrepar, pero sí debemos concluir que cada cual tuvo su política minera y una forma de encarar el progreso y desarrollo del país. Para subsanar tal carencia, tenemos que ser capaces de reconocer y aceptar que, como Concertación, no hemos tenido una ni otra. Ello quedó en evidencia con la baja del precio de varios minerales, en especial del cobre, durante el último tiempo, que abrió interrogantes acerca de lo que se ha hecho o dejado de realizar en esta área.
Con el objeto de centrar el punto en el debate, me referiré a la minería cuprífera, sin olvidar que la carencia de una política de Estado comprende a toda la actividad minera factible de explotar y desarrollar en Chile. No debemos dejar de lado la potencialidad de las producciones de litio, nitratos y yodo, además de las de plata, molibdeno, boro y oro, con las cuales también lideramos mercados en el mundo.
Un elemento revelador de esta falta de política es carecer de una entidad que tenga facultades, recursos y atribuciones necesarias para proponer, desarrollar e implementar coordinadamente una visión de conjunto, nacional e internacional, que sintetice en su seno todo el quehacer relativo a la exploración, fomento, desarrollo, comercialización e investigación de la industria minera y sus derivados.
Como contraste de la necesidad descrita, basta constatar el papel desmedrado y secundario que tiene el Ministerio de Minería en el organigrama estatal y su casi nula injerencia en las grandes decisiones de las empresas del Estado vinculadas al rubro, amén de su total prescindencia en el manejo de la principal riqueza del país, librada hoy a intereses exógenos a Chile.
No hay, por ejemplo, coordinación y planificación entre el quehacer de la gran minería, la pequeña y la mediana. Conste que sólo me refiero a los entes estatales ligados al asunto. Es posible ver que CODELCO y ENAMI, siendo ambas empresas del Estado, no tienen entre ellas la más elemental coordinación.
En seguida, aludiré concretamente al impacto y secuelas que produce en el sector el precio internacional del cobre. Tomando las cifras entregadas por el Presidente Ejecutivo de CODELCO, don Marcos Lima, se puede observar que Chile, en 1990, cuando el valor era de 129 centavos de dólar la libra y se producía un millón 590 mil toneladas de mineral, recibió 4 mil 520 millones de dólares. Hoy, cuando se generan 4 millones 210 mil toneladas de cobre, pero al precio de 65 centavos de dólar por libra, recibimos 6 mil millones de la misma moneda.
¿La caída del precio de la libra del metal a 65 centavos de dólar se debería a que Chile está generando una sobreproducción del mismo? Algunos se inclinan a creer que la baja en el precio del cobre la ocasionó la crisis asiática; por su parte, las autoridades de CODELCO argumentan que el precio está determinado más bien por las expectativas que por los stocks. Cualquiera que sea la explicación coyuntural, echamos de menos un debate profundo y pormenorizado sobre esta cuestión, porque creo que esta mayor oferta, que en cinco o seis años crecerá sustancialmente, puede ser parte importante de la causa en el bajo precio del mineral.
Tampoco se ha discutido a fondo acerca de la responsabilidad de desarrollar la gran minería, a la escala a que ha llegado, en armonía con la pequeña y la mediana. Incluso, si nos ponemos en la situación de que la decisión de mayor producción sea la acertada, debió y debe asumirse la suerte de miles y miles de chilenos condenados hoy a la miseria y cesantía.
Señor Presidente, días atrás tuve la oportunidad de asistir a un cabildo en la ciudad de Chañaral. Agradezco a su alcaldesa, doña Myriam Vecchiola, y a todos los concejales, que hicieron posible su realización. Lo que uno pudo observar en esa oportunidad va más allá de la cesantía, de la desesperación. Hay pueblos enteros, como Taltal, Inca de Oro, El Salvador, Diego de Almagro y otras localidades de la Segunda, Tercera y de la Cuarta Región, que se encuentran realmente en una situación desesperada.
Otro elemento que salta a la vista en la explotación cuprífera es que no existe una política que propenda y estimule procesar nuestro mineral rojo con el fin de darle valor agregado. Nos hemos quedado como meros exportadores de materia prima y, en el mejor de los casos, de concentrados, de los cuales, además del cobre, salen otros minerales de gran valor, pero exentos de todo control.
CODELCO ha avanzado en tal sentido, a raíz, eso sí, de decisiones políticas pretéritas, que han consistido en refinar casi 90 por ciento del millón 400 mil toneladas que produce anualmente; en cambio, el sector privado, que se ha desarrollado enormemente el último tiempo, genera 2 millones 200 mil toneladas, de las cuales no alcanza a refinar un millón en Chile. En los próximos años, con la entrada en operación de nuevos yacimientos, la cantidad de cobre sin refinar que se exporta aumentará a 2 millones de toneladas.
Se argumenta que las compañías que han venido a invertir ponen como condición que el refino se haga afuera, y que para ellas es más rentable producir concentrados. Eso pudo ser aceptable en su momento, en la década de los años 80, para los intereses del país; pero nada impide que abramos discusión con los propios inversionistas extranjeros, con el objeto de buscar la forma de crear mejores condiciones para la explotación y procesamiento de nuestros minerales. Las posibilidades que ellos tienen de producir gran cantidad de cobre y a bajo costo en Chile son óptimas. De modo que no es difícil que busquemos un punto de equilibrio entre los intereses de ambas partes.
No podemos aceptar que el desarrollo de la gran minería del cobre nos imponga producir únicamente concentrados, sin valor agregado, dejándonos sólo en una actividad primaria, pese a ser los dueños de estas riquezas básicas, sin las cuales no cabe a otros tener actividad alguna.
Otra arista de este asunto la constituye la situación de la pequeña y mediana minerías, que, aunque quisiéramos, en teoría, separarla de la gran minería, resultaría imposible hacerlo. Lo que ocurra en el conjunto del negocio a nivel mundial repercutirá de manera directa en ese sector del quehacer nacional, que comprende una vasta zona del país: desde parte de la Segunda Región hasta la Quinta Región, comprometiendo a pueblos enteros y a miles de compatriotas que no tienen posibilidades de llevar a cabo otra actividad. Éste no es sólo un problema económico, sino también social, e incluso cultural.
En la década del 80 en Chile había cerca de 4 mil pequeños mineros, cuyo trabajo generaba ingresos y recursos a alrededor de 30 mil personas; hoy no quedan más de 200. Había 20 a 30 medianos empresarios; hoy no quedan más de 5 ó 6.
¿Qué ha ocurrido? Una consecuencia directa de dejar librada la minería a su suerte, o al mercado -para decirlo más claramente-, es que se ha impuesto en todo el sector el criterio de los más fuertes, ya sean estatales o privados.
En la actualidad carecemos de criterios de Estado para armonizar la principal actividad productiva. En el pasado, desde el Senado de la República se impulsó una política del cobre que entregó a las regiones productoras 10 por ciento de las utilidades del metal rojo y 25 por ciento de dicho porcentaje para la creación de la Empresa Nacional de Fundiciones, con la cual se alentó y sustentó a la pequeña y mediana minerías, lo que por cierto dio vida y progreso a diversas provincias del país.
La ENAMI, heredera de esa entidad, ha terminado abandonando sus políticas de fomento y desarrollo de la minería nacional, para lo cual fue creada. Incluso, en su afán de autofinanciarse, cobra a los pequeños y medianos mineros tarifas de maquila muy superiores a las del mercado.
¿Qué ocurre, por ejemplo, con un pequeño minero que llega con su producción a la planta Matta, en Copiapó, si la ley del mineral que lleva es inferior al 1,5 por ciento? Lo mandan a panteón. O sea (para quien desconoce la terminología minera), pierde su mineral. Eso, en contraste con lo que pasa con la producción de la gran minería, cuya ley por lo general está bajo el uno por ciento.
¿Qué le sucede a un mediano minero con ENAMI? Ésta le cobra 80 dólares por tonelada de concentrado en el proceso de fusión, en circunstancias de que el precio internacional de éste es de sólo 40 dólares. O, si quiere refinar dicho mineral, le cobra 8 centavos de dólar por libra, mientras que afuera el costo es de 3,2 centavos.
¿De qué desarrollo minero nacional se está hablando?
La pregunta adquiere un tono trágico y humillante al advertir que la ENAMI -creada para y por la necesidad de sustentar a la pequeña y mediana minerías- otorga tarifas de fusión y refino más bajas a las empresas extranjeras. La explicación para ello se puede disfrazar en una maraña de datos y cifras técnicas; pero la realidad es que esta forma de hacer las cosas sólo confirma lo que hemos dicho: Chile carece de una política de Estado para su principal actividad económica.
¿Por qué el alegato a favor de la pequeña y mediana minerías, en el contexto de una política minera de Estado? Porque ese sector tiene una dinámica de desarrollo y progreso que llega directamente a la comunidad donde se desenvuelve. Así ha ocurrido históricamente, y de ello pueden dar testimonio diversas regiones del país y cientos de familias que se beneficiaron de esta actividad.
Sin la política de Estado que demandamos, pueden capitular a breve plazo la pequeña y la mediana minerías. Luego, la gran minería nacional, que representa el 40 por ciento de los retornos de Chile por concepto de exportaciones, podría correr la misma suerte. Si no, basta ver la confrontación entre grandes conglomerados internacionales que buscan constituir megaempresas productivas de cobre, primer paso para controlar absolutamente la producción y, por ende, el precio.
Ese tipo de acciones son las que, además, nos llevan a plantear la necesidad de revisar cuidadosamente los alcances de tratados mineros con terceros países, que podrían, más que beneficiar a las naciones de la región, ser funcionales a los intereses de las multinacionales que buscan crear un monopolio mundial.
Seríamos ingenuos, una vez más, si no tuviéramos capacidad de reacción frente a sucesos que se desarrollan ante nosotros, que pueden repercutir contra los intereses nacionales, y -lo más irónico- con nuestros propios recursos.
Iniciemos ya una discusión sobre el tema, que vaya más allá de la coyuntura actual. Debemos hacer que la comunidad nacional tome conciencia sobre el rol determinante, en su vida diaria, de la cosa minera y de cómo las políticas que podamos implementar determinarán la calidad tanto de nuestra vida como de la de nuestros hijos: Chile es y será, por mucho tiempo, un país cuyo destino estará condicionado a lo que ocurra con sus minerales.
Si nuestros antepasados fueron capaces de enfrentar los problemas de la minería y de adoptar políticas en beneficio del desarrollo del país, ahora nos corresponde a nosotros encarar con inteligencia y decisión ese desafío.
Finalmente, espero que a nadie llame la atención que un Senador de la Undécima Región, donde ciertamente hay actividad minera, se refiera a una materia que pareciera reservada a algún representante del norte. Tal razonamiento demostraría no comprender que nuestro país tiene potencial minero desde la Línea de la Concordia hasta la Antártida chilena. Todo el subsuelo y el fondo marino del territorio nacional, por formación geológica y por bendición divina, pueden potencialmente albergar grandes riquezas mineras. Saber explotarlas debería ser responsabilidad de todo ciudadano de la República, y con mayor razón de sus Senadores, sea cual fuere la circunscripción que representen.
Gracias, señor Presidente.

El señor BOMBAL.- ¡Muy bien!

El señor LARRAÍN.- De acuerdo.

El señor MORENO.- Perfecto.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, esas observaciones debieran ser transmitidas al señor Ministro de Minería.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No habría inconveniente si así se pidiera.

El señor LAVANDERO.- Yo lo solicito.

El señor MORENO.- Y yo adhiero a dicha petición, señor Presidente, porque lo expresado por el Senador señor Adolfo Zaldívar es de gran magnitud e importancia.
A mi juicio, también debería oficiarse al Vicepresidente Ejecutivo de ENAMI y al Presidente Ejecutivo de CODELCO.

El señor SABAG.- En nombre del Senado.

El señor FERNÁNDEZ.- Sí. Y para ello habría que recabar la anuencia de la Sala.
--La Sala acuerda enviar el oficio solicitado, en nombre del Senado, a los señores Ministro de Minería, Presidente Ejecutivo de CODELCO y Vicepresidente Ejecutivo de ENAMI.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El Comité Demócrata Cristiano cedió a los Honorables señores Canessa y Vega los seis minutos que le restan.
Tiene la palabra el Honorable señor Canessa.


ANTECEDENTE SOBRE CREACIÓN DE TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. OFICIO

El señor CANESSA.- Señor Presidente, el Senado deberá abordar próximamente la eventual ratificación del tratado que crea el Tribunal Penal Internacional.
En esta materia confluyen principios jurídicos, nociones sobre la soberanía de los Estados y, también, algunas consideraciones morales. Por lo tanto, conviene ir preparando desde ya los antecedentes que nos permitan tomar una decisión fundada cuando llegue la hora de votar el proyecto de acuerdo pertinente.
Como es sabido, dicho Tratado no fue suscrito por algunas de las grandes potencias (por ejemplo, Estados Unidos, Rusia y China), de manera que, en esas condiciones, su eficacia resultaría sumamente discutible. Sin embargo, en Chile hay voces que consideran importante, e incluso le otorgan carácter prioritario, adherir rápidamente a esa Convención.
A fin de estar debidamente informados sobre el particular y tener un dato oficial que nos ayude a fijar nuestra posición, solicito que se oficie al Ministerio de Relaciones Exteriores con el objeto de que nos indique qué Estados ratificaron el Tratado aludido.
Muchas gracias.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Vega, a quien el Comité Renovación Nacional cedió también parte de su tiempo.


TRASLADO DE INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO A PUNTA ARENAS. OFICIOS

El señor VEGA.- Señor Presidente, quiero referirme a un problema que afecta, de alguna forma, al Instituto Antártico Chileno.
Según bien sabemos, ése es un organismo coordinador e integrador de muchas instituciones que trabajan en el continente helado, como universidades, Fuerzas Armadas, etcétera. Fue fundado en 1964, con la misión de coordinar todas las actividades científicas que se llevan a cabo en ese vasto territorio y, además, asesorar a los organismos del Estado y otras entidades científicas nacionales relacionadas con la investigación antártica. En 35 años ha realizado una tarea ardua y difícil, conectando a Chile con otros países respecto de la actividad en dicho continente.
Los trabajos efectuados allí han sido múltiples y variados: levantamientos cartográficos, análisis de ciencias marinas, telemedicina, geodesia satelital, estudios ecológicos y monitoreo de especies de pingüinos y cetáceos, formación de una colección de musgos antárticos, actividades farmacológicas, etcétera.
Sin duda, cuando se asignó el control del territorio antártico chileno al Ministerio de Relaciones Exteriores y no al del Interior, se tuvo muy en cuenta que nuestro país debería discutir firmemente en el ámbito internacional nuestra validación soberana en ese particular territorio.
De acuerdo a las atribuciones, para todos los efectos legales y administrativos, dicho Instituto dependerá del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero gozará de autonomía en cuanto se relacione con sus actividades científicas y técnicas. Asesorará a esa Secretaría de Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, asumidas por el Gobierno de Chile según el artículo 30 del Tratado Antártico del 1º de diciembre de 1959, en materia de cooperación internacional en la investigación científica.
Existen un proyecto y una programación tendientes a trasladar el Instituto Antártico Chileno a Punta Arenas, disposición que ha causado gran preocupación a todos los que hemos trabajado por muchos años en el desarrollo de su presente -obviamente, esto nada tiene que ver con la regionalización; todos estamos de acuerdo con ella; éste es un asunto de Estado, de estrategia de desarrollo político del territorio antártico distinta de la regionalización-, situación única por la particular relación geográfica.
El eventual traslado constituye una seria limitación, desde los puntos de vista operativo y económico, a la soberanía de este especial segmento del territorio.
Trasladar el Instituto a Punta Arenas significaría debilitar totalmente su función. Por ejemplo:
1) La mayor parte de los investigadores científicos de Chile está radicada en la zona central, particularmente en Santiago -en sus universidades-, y también en Concepción. El traslado limitaría su programación y coordinación.
2) Como el INACH tiene conexiones permanentes con organismos similares de los otros países presentes en el territorio antártico, en especial las grandes potencias tecnológicas y científicas del hemisferio norte, su nexo normal y natural se establece a través de embajadas y representaciones diplomáticas, las que precisamente se encuentran en Santiago.
3) En la actualidad, la investigación científica está íntimamente ligada con los avances tecnológicos. Por ejemplo, equipos tales como microscopios electrónicos y múltiples variedades de sensores remotos no tendrían en Punta Arenas un uso significativo que justificara su adquisición.
4) Los científicos del especializado nivel requerido se encuentran dispersos y es difícil lograr su apoyo desde una región con tan complicado acceso.
5) Igualmente, se debilitaría la planificación al nivel de los organismos especializados en las Fuerzas Armadas, que cumplen programas anuales muy complejos y que se realizan desde sus Comandancias Generales en la Región Metropolitana.
Creo en el apoyo que precisan las regiones; pero el primer paso para una descentralización real está íntimamente ligado con su economía. No es un problema de esa austral región, a la que siempre debemos brindar apoyo, atendidas su lejanía y adversidades viales y climáticas. En naciones totalmente descentralizadas (muchas de ellas reales potencias mundiales) se puede observar que los grandes ejes de la ciencia están en sus ciudades capitales:
-En Estados Unidos, la National Science Foundation es una corporación que cuenta con financiamiento estatal y privado, y se sitúa en Washington.
-El British Antartic Service, organización muy similar a la anterior, se encuentra en Londres.
-El Instituto de Ciencias de Rusia se ubica en Moscú.
-Argentina está discutiendo la instalación de la sede mundial del Tratado Antártico en Buenos Aires.
Y así sucesivamente.
Existen en el mundo muchos ejemplos que indican que el Estado, como responsable del interés nacional en la materia, no debe ni puede delegar esta compleja función, ni alejarla del control directo del Poder Ejecutivo y su Ministerio de Relaciones Exteriores.
Chile tiene derechos históricos jurídicos de primer orden en la Antártida. Empero, esta extensión de nuestro país en el continente helado carecerá de valor real si no se toman decisiones que contribuyan prácticamente a su desarrollo, como ha venido sucediendo hasta ahora, justamente por la acción del Instituto en comento, entre otros.
Como conclusiones, señor Presidente, debo manifestar que:
A) Es fundamental que Chile tenga una política antártica compatible, que entre sus contenidos defienda y asegure nuestra soberanía y centralice todos los esfuerzos del Estado y de particulares en la dirección que se ha seguido hasta ahora.
B) En lo relacionado con el traslado del Instituto Antártico Chileno a la ciudad de Punta Arenas, conviene subrayar lo siguiente:
-El Estado no puede delegar esta compleja actividad, relacionada con diversos organismos que están actuando operativamente en la Antártida hoy día.
-La disponibilidad de científicos de excelencia académica en Chile es escasa.
-Las conexiones permanentes del INACH con entidades pares, nacionales y extranjeras; organismos del Estado; Embajadas y otras representaciones diplomáticas que se encuentran en Santiago se verían seriamente debilitadas.
-Las reuniones permanentes de consejos que agrupan a CONICYT, CONAMA, Consejo de Rectores, Departamentos Antárticos de las Fuerzas Armadas, también se verían seriamente debilitadas.
-Los problemas relacionados con los recursos humanos de sus funcionarios son asimismo muy perjudiciales, y difícilmente se podría recuperar una dotación con la experiencia de aquéllos.
Por lo anterior, señor Presidente, solicito que se oficie a los Ministerios Secretaría General de la Presidencia y de Relaciones Exteriores para que, si se insiste en realizar dicho traslado, se efectúe racionalmente, manteniendo el nivel superior jerárquico, orgánico, administrativo y jurídico en Santiago, y llevando a Punta Arenas sólo unidades de apoyo, operativas y de carácter logístico, dada la cercanía de esta ciudad con el territorio antártico.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, en el tiempo que resta al Comité Renovación Nacional, quisiera usar de la palabra sólo por un minuto, para referirme al asunto que acaba de abordar el Honorable señor Vega.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tendría que hacerlo con cargo al tiempo del Comité UDI e Independientes, Su Señoría.

El señor BOMBAL.- Lo cedemos con mucho gusto, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede usar de la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, con el debido respeto, disiento del planteamiento del Honorable señor Vega.
En verdad, Punta Arenas se sitúa en el centro de gravedad de Chile, si uno lo mide y visualiza desde Arica hasta el Polo Sur.
En segundo lugar, por sus condiciones, Punta Arenas es una ciudad excepcional: se halla sobre la media en cuanto a cultura y condiciones de vida en Chile. Y esto, incluso, ha sido investigado objetivamente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Los indicadores objetivos y subjetivos asignan el primer lugar a la Región de Magallanes en lo atinente a condiciones y posibilidades de desarrollo de las más variadas actividades.
Ahora, el Instituto de la Patagonia, la Universidad de Magallanes, los expertos foráneos que se convocan en Punta Arenas debido a su cercanía y el natural despliegue de medios para el abastecimiento de las Bases y la realización de todas las expediciones científicas al sector, hacen erigirse a aquélla como una ciudad privilegiada para potenciar allí un gran centro internacional de estudios científicos al amparo del Instituto Antártico Chileno.
Creo ¿lo afirmo con el debido respeto- que esta materia debiera ser analizada en profundidad. Hoy día los científicos se mueven por INTERNET con mucha flexibilidad. Y les haría muy bien salir de Santiago.
Por eso quería plantear una opinión distinta, como para que sea analizada con la mayor cantidad posible de antecedentes. Y pido que se oficie en este sentido al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Instituto Antártico Chileno.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el turno del Comité UDI e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Bombal.


DÍA DEL NIÑO POR NACER: FALTA DE RESPUESTA GUBERNATIVA A ACUERDO DEL SENADO

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, por acuerdo unánime del Senado y transmitido a Su Excelencia el Presidente de la República a través del oficio Nº 14.264, de 19 de mayo de 1999, se solicitó declarar el 25 de marzo "Día del Niño por Nacer". Sin embargo, hasta hoy esta Corporación no ha recibido respuesta alguna.
Paralelamente, durante el tercer período de evaluación sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, el Comité de Naciones Unidas, en Nueva York, urgió al Gobierno de Chile, mediante documento que obra en poder de nuestra Cancillería, para que revisara y modificara las leyes relativas al aborto, particularmente para asegurar (cito textualmente) "un aborto seguro y permitir la terminación del embarazo por razones terapéuticas o de salud, incluyendo la salud mental de la mujer".
El mismo Comité hizo un llamado al Gobierno en el sentido de que se prevengan los embarazos no deseados, incluyendo para ello la aplicación de todo tipo de anticonceptivos disponibles, garantizando además a las mujeres el derecho de esterilización sin necesidad de solicitar el permiso o autorización de su marido o cónyuge ¿o de cualquiera- previamente.
Estas recomendaciones las recibió el Gobierno de Chile el 1 de julio último, al término de las reuniones relativas a la evaluación del cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que se celebró en Nueva York, como ya he dicho.
Entre el 7 y el 25 de junio pasado, en la misma ciudad, Naciones Unidas recibió de parte de nuestro país un reporte relativo al plan de cumplimiento de la Convención. En consecuencia, dicho Organismo hizo sus recomendaciones después de conocer ese reporte.
En ese contexto, y de acuerdo con agencias informativas de la propia Naciones Unidas, la posición chilena habría sido proclive a un pronunciamiento de esta especie. En efecto, el Comité de esa Organización recibió una denuncia del Comité Latinoamericano de Defensa de las Mujeres (CLADEM) en orden a que sería "evidente" ¿así se planteó- que la legislación de nuestro país viola los derechos humanos de las mujeres al no contemplar el aborto.
Al mismo tiempo, las agencias informativas señalan que la Ministra señora Josefina Bilbao habría declarado que "El aborto es el problema de salud más serio que afecta a las mujeres chilenas. Se estima" ¿prosigue la cita- "que hay un aborto cada cuatro embarazos, ésta es la segunda causa de muerte materna en Chile. Los riesgos médicos asociados al aborto son muy altos y se duplican porque se lo hace en la clandestinidad".
Por otra parte, las mismas fuentes señalan que el doctor René Castro, responsable del Programa para la Mujer del Ministerio de Salud, habría insistido en la gravedad del problema de los abortos clandestinos y reconocido que ya se están aplicando en Chile los procedimientos de contraconcepción de emergencia, que es abortiva, a través de los 350 centros de salud municipal del país.
Sobre la base de lo anterior, señor Presidente, los Comités de Senadores de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente solicitamos una sesión especial para que los Ministros señora Bilbao y señor Quintana expusieran ante la Sala los alcances de la reunión a que concurrieron en Nueva York a mediados del año en curso. Lamentablemente, hasta la fecha no se ha podido celebrar esa sesión, por lo que pido a la Mesa que procure citarla con la mayor brevedad posible.
A mi juicio, esto debe hacerse con urgencia, debido a que ahora se agregan antecedentes nuevos. De acuerdo con información proveniente de la CEPAL, los próximos días 9 y 10 de noviembre -es decir, mañana y pasado mañana- se celebrará en Santiago la "Octava Reunión de los Organismos Especializados y otras Organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas sobre el Adelanto de las Mujeres en América Latina y el Caribe"; el 11 de noviembre se conmemora el vigésimo aniversario de la aprobación de la "Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer"; y el 11 y 12 del mismo mes tendrá lugar, también en la capital, la "Vigésima Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe". A ello se debe agregar una solicitud que, según entiendo, ha llegado a todos los señores Senadores, promovida por las mismas ONG abortistas que denunciaron a nuestro país en Nueva York, en virtud de la cual se pide al Gobierno que establezca el 28 de septiembre como el día de la despenalización del aborto.
Frente a esta escalada de desaciertos, señor Presidente, quisiera, en primer lugar, protestar por la falta de deferencia del Gobierno respecto de un acuerdo unánime del Senado, el cual a lo menos debió haber sido contestado. En efecto, el 19 de mayo se ofició en forma unánime a Su Excelencia el Presidente de la República inquiriendo sobre la posibilidad de declarar el 25 de marzo como el día del niño por nacer.
Reitero, pues, mi protesta por esta falta de deferencia. Sin perjuicio de ello, solicito que se oficie en mi nombre a Su Excelencia el Presidente de la República, haciéndole llegar una copia de lo que he planteado esta tarde y solicitándole formalmente que se margine a nuestro país de toda celebración hasta que no se aclaren el alcance de las recomendaciones realizadas por Naciones Unidas y la posición que Chile habrá de adoptar respecto de ellas.
Como ya lo señalé, tales recomendaciones van por la vía de aprobar en Chile una legislación que contemple el aborto, a fin de terminar definitivamente con lo que se estima una "violación de los derechos de las mujeres". Eso es lo que Naciones Unidas propuso a nuestro Gobierno el 1 de julio último, según consta en nuestra Cancillería. Por eso pedimos una sesión especial para escuchar el planteamiento del Gobierno en la materia. Por lo mismo, no nos parece que debamos estar celebrando, o sumándonos a una cantidad de festejos, antes de conocer cuál fue la posición de Chile en las reuniones de Naciones Unidas y cuáles son los criterios con que nuestro Gobierno va a enfrentar las exigencias que ese Organismo nos está haciendo. Porque, como sabemos, el no cumplimiento de recomendaciones de esta especie puede incidir después sobre otro tipo de programas impulsados por Naciones Unidas, por ejemplo, en educación o en salud, y marginar a nuestro país de los mismos, por no haberlas suscrito o acatado.
En consecuencia, no es tan fácil decirle que no a Naciones Unidas, porque después tiene otros lados por donde apretar.
Para terminar, señor Presidente, le reitero mi esperanza de que se pueda realizar la sesión especial a que he hecho referencia.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de conformidad al Reglamento.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Debo hacer presente al señor Senador que existía acuerdo en torno a la idea de realizar la sesión especial que ha solicitado, pero, por diversos motivos, no se ha podido realizar. En todo caso, le pediría que, en lo posible, planteara esta materia en la reunión de Comités del próximo martes, a fin de que tratemos de fijar allí un día y una hora para llevarla a cabo.
El señor BOMBAL.- Muy bien, señor Presidente.


REVISIÓN DE PROYECTO SOBRE LIBERTAD PROVISIONAL Y PROTECCIÓN DE PERSONAS ANTE DELINCUENCIA

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, en otro orden de cosas, deseo manifestarle mi alegría y agradecimiento por la intervención que Su Señoría está teniendo en el tema tan delicado de la droga a raíz de las informaciones de días recientes que dan cuenta de la puesta en libertad, por falta de méritos, de varios narcotraficantes en Santiago. Reconforta saber que el Senado, alarmado por esas circunstancias, haya decidido revisar el proyecto de ley sobre libertad provisional y protección de personas ante la delincuencia, lo que a todas luces parece atinado. Ojalá en el curso de la semana se logren los acuerdos necesarios para aprobar algunas indicaciones que establezcan mayor claridad en esta materia y propendan a que los jueces no sigan incurriendo en la barbaridad de dejar en libertad a personas que cometen delitos tan graves.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.


DEMORA EN REGISTRO DE PRODUCTOS Y ROL DE INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA. OFICIOS

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, el 2 de octubre de 1998 la empresa "Distribuidora Yates Limitada" ingresó en el Instituto de Salud Pública una solicitud de registro para el producto pesticida de uso sanitario y doméstico "Slug Pellets", destinado al exterminio de babosas y caracoles, que contiene una concentración de 6 por ciento de metaldehydo.
En la etapa de evaluación de preingreso, fueron aprobados los antecedentes entregados por dicha empresa, pero luego de ocho meses se les requirieron otros.
La empresa ha presentado documentos legales que demuestran que "Universal Crop", el fabricante de este pesticida, está autorizado para fabricar y vender el producto; que no tiene restricciones de exportación, y que su planta elaboradora es inspeccionada periódicamente por las autoridades sanitarias de Gran Bretaña.
Cuenta, también, con el Certificado de Exportación, de 1998, emitido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentos de Gran Bretaña, donde se certifica que los productos pesticidas que contienen como ingrediente activo el metaldehydo, están aprobados bajo el control regulatorio de pesticidas y pueden ser legalmente vendidos o distribuidos en Inglaterra.
Existe, además, el Certificado de Autorización Sanitaria, de fecha 16 de abril de 1998, que corresponde a una declaración legalizada ante notario en virtud de la cual se certifica que tales pesticidas son elaborados para exportación de acuerdo a los mismos estándares de calidad que tienen los productos vendidos en el Reino Unido.
A mayor abundamiento, la empresa demuestra que la fábrica es objeto de diversas inspecciones periódicas por parte de las autoridades sanitarias y que mantiene diversos estándares.
Por otra parte, cabe destacar que en nuestro país se comercializan desde hace mucho tiempo otros productos similares, con una concentración de 5 por ciento de metaldehydo, tales como el "Toximol" y otro pesticida de la marca "Lee".
Entonces, llama profundamente la atención que el Instituto de Salud Pública demore más de un año en autorizar el registro de un producto similar a otros que se venden desde hace mucho tiempo en el país.
De pronto se ha empezado a preguntar si los envases son lo suficientemente seguros o no, en circunstancias de que los que usa o desea utilizar esta empresa son iguales a los que emplea la competencia. También se ha comenzado a preguntar como se compara una concentración de 5 por ciento con una de 6 por ciento, no obstante que hay productos en bloques que están formulados entre uno y 20 por ciento, como lo indica una monografía.
Señor Presidente, éste puede ser un problema bastante pequeño de una empresa pequeña; sin embargo, a mi juicio, abre todo un debate en cuanto a cuál es realmente el rol del Instituto de Salud Pública en Chile.
He sabido de personas que han debido esperar un año y medio ¿y a veces hasta dos- la autorización para internar una crema para la cara. Al respecto, quisiera preguntar si alguien cree que un producto cosmético que se vende hace dos, tres o cinco años en los Estados Unidos puede realmente representar un peligro de muerte para alguien en Chile. ¿Tiene sentido que el Instituto de Salud Pública demore dos años y obligue a hacer cualquier cantidad de trámites para autorizar la comercialización de productos que se venden tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, y que han sido probados con los más estrictos estándares de calidad y de salubridad en países que naturalmente poseen muchísimos más recursos que el nuestro para investigar?
Pues bien, en varias ocasiones, cuando se ha discutido la Ley de Presupuestos, he cuestionado el rol del Instituto de Salud Pública. Se me ha garantizado que se están agilizando los trámites y que no se pretende efectuar en Chile lo que ya han hecho otras naciones más avanzadas. Sin embargo, este antecedente que me fue proporcionado ayer demuestra que ello no es así, y que en realidad ese organismo se está transformando en un ente que entorpece el registro de productos similares a otros que se expenden en el mercado -no sabemos por qué- y que han sido admitidos por países que utilizan criterios reconocidamente estrictos para aprobar este tipo de productos.
Por eso, señor Presidente, por su intermedio solicito enviar copia de esta intervención al señor Ministro de Salud, y un oficio al señor Director del Instituto de Salud Pública a fin de que explique tanto la tardanza en autorizar el registro de este producto como los problemas que él tiene. ¿Por qué se le han puesto dificultades a su ratificación por más de un año, no obstante que hay otros de muy similar naturaleza que se venden hasta en los supermercados? ¿Cuáles son las políticas seguidas por ese organismo con respecto a otros productos, como los cosméticos, por ejemplo? Lo cierto es que se les están creando problemas bastante grandes a muchas empresas.
En mi opinión, es hora, primero, de revisar los dineros que se está gastando en el Instituto de Salud Pública y los controles que se estiman indispensables y, segundo, de analizar la conveniencia de gastar recursos de todos los contribuyentes en testear durante uno o dos años cremas para el cutis y de si ésa es una labor que se considera realmente necesaria para resguardar la salud o la vida de los chilenos.


EVENTUAL CIERRE DE CENTRO DE SALUD MENTAL Y FAMILIAR COSAM. OFICIOS

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, quiero referirme a un problema que afecta a la población Tierras Blancas de Coquimbo, lugar en el que funciona un centro de salud mental y familiar denominado COSAM, que realiza una labor muy importante en el propósito de salvar a la juventud de las drogas. En dicho centro, se realizan labores tanto de prevención, en conjunto con otros establecimientos, como de rehabilitación. Con tal fin, existen talleres y se cuenta con sicólogas, siquiatras y terapeutas, que conforman un grupo de personas que desarrollan un trabajo maravilloso. Sin embargo, constantemente están preocupados por el posible cierre de dicho centro.
Se trata de un recinto bastante grande, como lo pude apreciar cuando lo visité. Su construcción es amplia y bien hecha, pero los baños están en un estado calamitoso (realmente dan asco). En general, uno ve el esfuerzo que se ha hecho en materia de equipamiento. Por una parte, dispone, por ejemplo, de un excelente gimnasio; pero, por otra, carece de medios para contar con un guardia los días sábados y domingos. Y, como las panderetas son bajas, prácticamente no hay obstáculo para que la gente las salte, ingrese al recinto y destruya todo lo que hay adentro.
Entonces, cuando se ve que se está gastando plata en el Instituto de Salud Pública para testear cosméticos o para demorar un año el registro de un producto similar a otros dos que se expenden en Chile y, por otra parte, hay un centro de salud mental y familiar que realiza una gran labor en una inmensa población ¿porque no sólo atiende a quienes viven en Tierras Blancas, sino también a toda la Cuarta Región-, pero que carece de dinero para contratar siquiera a un guardia con el objeto de que durante las noches, los sábados y domingos resguarde los implementos que posee, entonces uno se pregunta si realmente se están invirtiendo bien los escasos recursos que tiene Chile.
Por eso, señor Presidente, solicito que también se envíe copia de esta intervención al señor Ministro de Salud, porque tanto el Instituto de Salud Pública como el COSAM dependen de él. Sobre el particular, quisiera que el Secretario de Estado nos contestara si le parece adecuada esta repartición de recursos y si es lógico que el Instituto de Salud Pública efectúe este tipo de estudios, que a mi juicio no tienen mayor importancia. Sí la reviste en lo que concierne a remedios. En ese sentido, necesitamos de todos modos un Instituto de Salud Pública. No estoy diciendo que no lo requiramos. Solamente me estoy refiriendo a si las acciones que se están realizando son realmente las que deseamos que se efectúen.
También quiero saber de parte del señor Ministro de Salud qué se puede hacer para garantizar que el COSAM siga prestando sus servicios no sólo a Coquimbo, sino a toda la Cuarta Región, qué se puede hacer para que efectivamente este centro cuente con un guardia que vele por que los implementos sean debidamente resguardados y cómo es factible asegurar el presupuesto necesario para que el COSAM no esté todos los fines de año temblando por su posible cierre.
También, señor Presidente, solicito por su intermedio que se oficie al señor Director del Instituto de Salud Pública para que nos informe sobre la tardanza de ese organismo en autorizar los registros, así como también para que nos dé a conocer en general cómo visualiza la futura labor de este Instituto. Igual solicitud formulo al señor Ministro de Salud para que nos explique tanto lo relativo al Instituto de Salud Pública como acerca del futuro del COSAM, respecto del cual se han reunido más de tres mil firmas en Tierras Blancas en apoyo de que siga existiendo.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora Senadora, de conformidad al Reglamento.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se remitirán los oficios solicitados -sin perjuicio de entender que ellos no corresponden a actos de fiscalización, lo que no compete al Senado- para que se nos informe sobre las políticas que se aplican en los casos planteados por la señora Senadora.

La señora MATTHEI.- Y también se nos debe informar sobre el adecuado uso de los recursos nacionales, porque esto tiene que ver con dineros.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Por supuesto, se trata de políticas.
La señora MATTHEI.- Exactamente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:14.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción